Un Perú bajo estado de sitio vivía este jueves otro día de tensión, con una movilización nacional en apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y una audiencia judicial para definir si sigue preso, en medio de protestas que ya dejaron nueve muertos.

La emisora RPP dijo que la novena víctima por las protestas contra la presidente Dina Boluarte y en exigencia de elecciones inmediatas y la disolución del Congreso es un campesino que murió atropellado en un corte de ruta en el norte de Perú.

También para este jueves, el Congreso tiene previsto reunirse para definir la fecha de las elecciones, luego de que Boluarte especulara con adelantarlas a fines de 2023 después de que una oferta anterior de celebrarlas en 2024 no lograra erosionar las manifestaciones.

El estado de sitio empezó a regir desde la madrugada en todo Perú por 30 días, lo que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y a la Policía para “mantener el orden y la seguridad”, según dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declararlo.

En tanto, un quinto aeropuerto, el de la ciudad central de Ayacucho, suspendió sus actividades para hoy luego de que el Ejército advirtiera que manifestantes tenían previsto ingresar en él, informó Aeropuertos Andinos del Perú, la empresa que lo opera.

Los aeropuertos de otras cuatro ciudades, Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, se encuentran clausurados por las protestas, y la ciudadela inca de Machu Picchu, una de las principales atracciones turísticas del país, anunció su cierre para los turistas.

Castillo, un maestro rural y activista de izquierda de 53 años, fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de que intentara disolver el Congreso antes de que este votara, por tercera vez desde su asunción, en julio de 2021, una moción para destituirlo.

Las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo, y el Congreso, dominado por la oposición de derecha, votó su destitución.

Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al poder.

En desafío al estado de sitio, para hoy está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de Lima, hasta donde vienen representaciones desde diferentes puntos del país a participar, y manifestaciones en numerosas regiones.

Sometida a creciente presión, Boluarte dijo este miércoles que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, luego de haber dicho inicialmente que completaría el mandato de Castillo, hasta 2026, y después que los comicios se adelantarían a abril de 2024.

El Congreso está citado hoy a las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, el recorte de los mandatos de la presidenta y los legisladores.

En paralelo, la Justicia postergó para este jueves una audiencia en la que evaluará si libera a Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para que siga en prisión preventiva por 18 meses.

El juez Juan Carlos Checkley aclaró hoy que Castillo deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia, a las 8.30 (10.30 en la Argentina).

Castillo, que desde hace tiempo denunciaba intentos de destituirlo ilegalmente, ha condenado su detención y afirma que sigue siendo presidente. Los Gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia le manifestaron su apoyo y han pedido su libertad.

En cuanto a la violencia en las calles, anoche se sumó un nuevo muerto, que sería el noveno desde que comenzaron las protestas en respaldo a Castillo, que sacuden sobre todo el sur del país, que es más rural y donde es mayor el apoyo al exmandatario.

La víctima, el campesino Yoni Rosalino Cárdenas Escobal, de 51 años, murió atropellado en una ruta del norteño departamento La Libertad, como resultado de un choque durante una tregua del bloqueo, dijo RPP.

Pablo Haro, presidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, dijo a RPP que el hombre fue golpeado por la parte trasera de un camión que previamente había chocado con otro vehículo.

Otras seis personas han muerto en el sureño departamento de Apurímac, una en el de Arequipa y otra más en La Libertad, también este miércoles.

El juez César San Martín decidió anoche “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.

El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, pues Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario de izquierda permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este miércoles, cuando se celebrará otra audiencia, a las 9:30 (las 11:30 en la Argentina), para decidir su suerte.

La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, informaron desde el Ministerio Público.

En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: “Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”.

“Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la Policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo.

“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Castillo fue detenido por la Policía el miércoles pasado, tras su intento de disolver el Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.

Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.

Anoche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la aplicación del estado de emergencia en las sureñas regiones de Arequipa e Ica, que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.

De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.

En Lima, por la noche, decenas de manifestantes que querían llegar al Congreso se enfrentaron con piedras a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.

También hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.

Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.

Gobiernos de izquierda o progresistas de Latinoamérica defienden a Castillo.

“Sigue siendo Pedro Castillo el Presidente” de Perú, afirmó el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.

Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un “golpe de Estado”, y pidió a los países ayudar a Perú a “resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.

La Fiscalía investigaba a Castillo desde antes de su dstitución por presuntamente liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.

La fiscal general de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.

Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.

Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.