Una serie de allanamientos realizados este lunes en Venado Tuerto culminó con la detención de dos personas en el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y operaciones ilegales con divisas.

Los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia Federal, en una causa que se desprende de investigaciones previas por comercialización de estupefacientes.

En este marco, el fiscal del MPA, Iván Raposo, explicó que la investigación se originó a partir de declaraciones de imputadas detenidas el año pasado por venta de drogas, lo que permitió avanzar sobre nuevas líneas investigativas.

“Con el análisis de billeteras virtuales y nueva evidencia, se pudo identificar a personas vinculadas a la organización, lo que derivó en los allanamientos realizados este lunes”, detalló el fiscal en diálogo con Antes que Nada (LT29) .

En paralelo, la Justicia Federal investiga otro tramo de la causa relacionado con operaciones económicas, aunque ambas jurisdicciones coinciden en los mismos sujetos investigados.

Desde la órbita provincial se realizaron cuatro allanamientos: dos en domicilios particulares de los titulares de una agencia de turismo local, uno en un domicilio vinculado a familiares y otro en la propia agencia.

En uno de los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo: dispositivos electrónicos (computadoras, celulares y memorias digitales); documentación relevante; dinero en efectivo en distintas monedas (pesos, dólares y euros) y armas de fuego de diferentes calibres.

“Se incautó una gran cantidad de material que ahora deberá ser analizado en profundidad, ya que hoy la información relevante está mayormente en formato digital”, indicó Raposo .

Según explicó el fiscal, la principal línea investigativa apunta a una presunta participación secundaria en el circuito del narcotráfico.

“Lo que se investiga es que estas personas habrían recibido dinero proveniente de la venta de estupefacientes y lo canalizaban a través de operaciones de cambio de divisas, facilitando así la actividad ilícita”, precisó .

En ese sentido, aclaró que no se les atribuye directamente la comercialización de drogas, sino una colaboración en el manejo y circulación del dinero generado por esa actividad.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas dos personas: uno de los titulares de la agencia de turismo y un familiar directo vinculado a la investigación.

Ambos permanecerán detenidos al menos hasta la audiencia imputativa y cautelar, que podría realizarse en los próximos días.

Debido a la complejidad del caso y la existencia de múltiples imputados, el fiscal solicitó la aplicación de un plazo extraordinario de hasta 15 días para avanzar con la imputación formal.

“Se trata de una causa compleja, con organización delictiva y múltiples líneas de investigación abiertas”, remarcó Raposo .

La Justicia Federal condenó a un remisero oriundo de Casilda a 4 años y 3 meses de prisión efectiva por transportar estupefacientes desde Rosario hacia Venado Tuerto. El fallo se conoció tras un juicio oral que marcó un hecho institucional relevante: fue el primer proceso del sistema acusatorio federal llevado a cabo íntegramente en la ciudad.

Durante el debate, los fiscales federales Federico Reynres Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada sostuvieron la acusación contra Rodrigo B., quien se desempeñaba como remisero y fue detenido mientras trasladaba droga el 16 de agosto de 2025.

El caso se originó a partir de un control realizado por la Guardia Provincial GUOR5. En ese procedimiento se detectó que el vehículo en el que circulaban los imputados transportaba 1,113 kilogramos de marihuana y 57 gramos de cocaína.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que continuó con las actuaciones.

En ese momento, el remisero conducía un Renault Logan perteneciente a una empresa de remises de Casilda y viajaba acompañado por otro joven de la misma localidad. Durante la identificación, los efectivos advirtieron que el pasajero intentó ocultar una bolsa entre sus piernas, lo que motivó una requisa.

Dentro de ese bolso se encontraron los estupefacientes que posteriormente fueron secuestrados.

Inicialmente, la causa comenzó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, pero posteriormente fue derivada a la Justicia Federal por tratarse de un delito vinculado al tráfico de estupefacientes.

Tras las audiencias desarrolladas entre lunes y martes, el tribunal integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Mario Gambacorta dictó un veredicto de condena.

Luego, en la etapa de cesura, se resolvió imponer a Rodrigo B. la pena de 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautor del delito de transporte de estupefacientes.

El segundo implicado en la causa ya se encontraba cumpliendo condena. En su caso, la pena fue dispuesta mediante un juicio abreviado celebrado en diciembre y homologado por el juez Aurelio Cuello Murúa.

El fallo marca un antecedente para la aplicación del sistema acusatorio federal en la región y refleja el avance de los procesos judiciales vinculados al transporte de drogas en el sur santafesino.

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, encabezó este miércoles la primera apertura de 2026 de los Buzones de la Vida, acto desarrollado en la Sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal, en el que se recolectaron 95 posibles denuncias de delitos federales, como narcotráfico y trata de personas.

Además de Rocha, de la actividad participaron el director de Control Urbano, Fernando Salinas; el subsecretario de Vecinales, Facundo Rebasti; en representación del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli; los concejales Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Didier Bizet, Micaela Meinero, Gisela Pouillastrou y Carlos Jordán; Marcelo Laiño, en representación del Obispado, y la auxiliar de Fiscalia Federal Rocío Estrada.

“Haber recolectado 95 posibles denuncias significa que esta herramienta es confiable, que los vecinos se han apropiado de ella como un canal para poder denunciar de forma anónima, y al mismo tiempo recibimos la respuesta de la justicia sobre los procesos que se inician a partir de los Buzones de la Vida. El anonimato, la confianza, la transparencia en el proceso, generan que la gente se vuelque al uso de esta herramienta”, señaló Rocha.

Por su parte, Estrada valoró la importante respuesta de la ciudadanía “esto nos demuestra el compromiso del vecino venadense que confía en esta herramienta. Desde la Fiscalía Federal impulsamos investigaciones y nos han dado resultado, porque son datos certeros los que aportan los vecinos”.

La funcionaria judicial también planteó la necesidad de avanzar sobre la erradicación de la trata de personas que “es un delito que sigue vigente y es muy importante para la Justicia Federal, y estamos en la lucha contra eso al igual que contra el narcotráfico”.

Las 95 presentaciones anónimas de los vecinos fueron colocadas en sobres que, con la inscripción “Venado Tuerto-Buzón de la Vida-95 sobres”, fueron llevados a la Fiscalía Federal por la auxiliar Estrada.

Los ocho Buzones de la Vida están instalados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), Terminal de Ómnibus (Centro Territorial de Denuncias), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

A modo de adelanto, Estrada anunció que la semana próxima, “a partir del lunes, se desarrollará en Venado Tuerto el primer juicio acusatorio. El tribunal sorteado a tal efecto viajará a la ciudad el lunes, martes y miércoles, y se trata de un procedimiento realizado por la Guardia Vial el año pasado”.

El juicio se desarrollará en la sede del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con audiencia públicas, donde estarán representados la Sede Fiscal Descentralizada y el tribunal oral compuesto por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci.

Este lunes por la tarde, personal del Comando Radioeléctrico aprehendió en la ciudad de Firmat a un hombre que contaba con un pedido de captura activo. El operativo policial se inició a raíz de un llamado a la central de emergencias 911, donde se indicaba que dos sujetos se encontraban merodeando en la intersección de las calles Las Heras y Ascasubi.

Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron a los individuos para identificarlos y constataron que sobre uno de ellos pesaba una orden de detención solicitada por el Tribunal Federal de Juicio N° 3 de Rosario.

Tras la identificación, el sujeto fue trasladado al hospital local para la confección del informe médico correspondiente. Posteriormente, los uniformados llevaron al detenido a la Comisaría 13ra por cuestiones de competencia territorial, donde el personal de dicha dependencia continuó con las actuaciones de rigor pertinentes.

El Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo de la conjueza Natalia Analía Martínez, rechazó un planteo de inconstitucionalidad realizado por un magistrado contra la ley 27.346 que estableció el Impuesto a las Ganancias para los jueces cuyo nombramiento ocurrió a partir del año 2017.

La acción había sido planteada por Maximiliano Nelson Cossari, un juez local de Rosario, que cuestionó la imposición del gravamen con fundamento en que la distinción temporal (jueces designados antes y después del 2017) viola el principio de igualdad y la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones judiciales.

El accionante también detalla una serie de supuestos particulares, criterios adoptados en distintas jurisdicciones, cortes temporales aplicados a los cálculos del gravemente, y dispares interpretaciones, que generaron un “estado de incertidumbre” y una acción judicial de la Asociación de Magistrados.

Frente a ello, la ex AFIP subrayó el carácter general de toda la normativa y los procesos reglamentarios habilitados, por lo cual no existe una vulneración de derechos individuales o garantías constitucionales. “La voluntad del legislador fue que los magistrados cuyo nombramiento ocurra a partir de 2017, tributen Ganancias”, argumenta, añadiendo que “el sólo hecho de haberse anotado o inscripto en un concurso con anterioridad a ese año no otorga a los concursantes ningún derecho adquirido”.

La jueza Martínez analizó el planteo y rechazó el cuestionamiento. Fundó su decisión al recordar que la garantía de intangibilidad salarial, prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional, tiene como objetivo resguardar la independencia del Poder Judicial pero no constituye una inmunidad tributaria absoluta, sino que protege contra disminuciones discrecionales de los salarios, no contra la aplicación de un impuesto general, no discriminatorio y razonable.

En cuanto al principio de igualdad, la sentencia consideró que el criterio temporal introducido por la ley —la fecha de nombramiento— constituye una categoría objetiva y no arbitraria. Se entendió que el legislador dispuso una delimitación basada en un hecho objetivo para introducir un cambio en el régimen tributario de manera ordenada, sin afectar situaciones consolidadas.

El fallo, además, citó la decisión de la Corte Suprema en el expediente “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN – Consejo de la Magistratura”, donde se revocó una medida cautelar que suspendía la aplicación del tributo de la ley 27.346. Asimismo, se hizo referencia al acuerdo conciliatorio de 2018 que homogeneizó los criterios de retención en el ámbito del Poder Judicial nacional.

“El control de razonabilidad -tanto ponderativo como selectivo- evidencia que la categoría adoptada por el legislador respeta los estándares constitucionales de proporcionalidad, no confiscatoriedad y trato equitativo", consideró

Y añadió que, al mismo tiempo, "que permite conciliar la necesidad recaudatoria del Estado con la preservación del núcleo esencial de derechos de la magistratura, garantizando que las diferencias de trato respondan a motivaciones justificadas y no arbitrarias”, razonó la magistrada.

El análisis se complementó con derecho comparado, específicamente con la evolución jurisprudencial en Estados Unidos, donde se ha establecido que la aplicación de un impuesto general a los ingresos de los jueces no viola las cláusulas de intangibilidad salarial de su Constitución.

Por Ornella Pazzi

Condenaron al abogado santafesino acusado de haber montado un vivero narco de marihuana en Arroyo Leyes. Se trata de Osvaldo Ernesto Ceresole, alias “Patato” quien ejerció su propia defensa en juicio.

La sentencia fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, José María Escobar Cello y Luciano Lauría. Hallaron a Ceresole responsable de los delitos de “cultivo de plantas para producir estupefacientes” en dos hechos, “tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal” y dos hechos de “hurto”.

La pena impuesta al letrado de 56 años consiste en 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 72 unidades fijas. Ceresole asumió su propia defensa, y también contó con la representación del defensor público oficial, Fernando Sánchez.

La acusación estuvo a cargo del Fiscal General, Martín Suárez Faisal, quien consideró a Ceresole el organizador del vivero narco.

La causa conocida como “Vivero narco” se originó tras los allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en el verano de 2024, los días 13 y 14 de febrero.

Estos operativos se centraron en dos emprendimientos de producción de cannabis sativa: un predio rural ubicado en Arroyo Leyes (a la altura del km 19 de la ruta provincial 1) y una casa en la calle Santiago del Estero al 3600 de Santa Fe.

Los operativos resultaron en el secuestro de una gran cantidad de material estupefaciente y logístico: se incautaron 1.531 plantas de marihuana producidas en invernaderos y a campo, más otras 575 plantas cultivadas bajo la modalidad indoor. Adicionalmente, se decomisó gran cantidad de insumos para cultivo, sistemas especiales de iluminación y climatización, y armas y municiones.

Ceresole, quien llegó a juicio privado de su libertad (quedó tras las rejas a mediados de febrero del año pasado), fue señalado por la fiscalía como la "pieza fundamental" y el "organizador" de una red de producción y venta de estupefacientes.

La acusación sostuvo que Ceresole utilizaba como "pantalla" una aparente inscripción ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para el cultivo experimental de cannabis sativa. En contraposición, durante el debate la defensa sostuvo que existía autorización para el cultivo, negando la existencia de delito.

El juicio comenzó el 1 de octubre con ocho personas en el banquillo de los acusados. Siete de ellos decidieron firmar juicios abreviados que supusieron condenas a penas de entre 2 y 4 años de prisión. El único que no aceptó fue el abogado Ceresole.

Dentro de los condenados al comienzo del debate se encuentran el barrabrava del Club Atlético Colón, Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel y el organizador de eventos Mauricio José Zambón. Ellos acordaron penas de cuatro años de prisión en juicios abreviados por los mismos delitos.

También aceptaron los abreviados Adrián Cesar Poncio Nerbutti, Tomás Francisco Benítez, Napoleón Sebastián Cardo, Gastón Celestino Persoglia y Marco Patricio Rioja. Este último fue quien facilitó el uso del campo, mientras que el resto ejerció tareas vinculadas al cultivo.

En el marco de la condena a Ceresole, el tribunal federal ordenó decomisar diversos bienes utilizados o vinculados a los ilícitos. Esto incluye dos camionetas Toyota Hilux, y las armas de fuego secuestradas junto a sus municiones.

Los elementos decomisados serán remitidos a la ANMAC. Como excepción, se ordenó la devolución de una escopeta larga doble cañón, previa acreditación de su titularidad.

Tras dictar la sentencia, el tribunal fijó audiencia para dar lectura a los fundamentos de la condena. La misma comenzará el miércoles 29 de octubre 12.

Fernando Sabag Montiel fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal N°6 lo encontró culpable de haber intentado ejecutar un crimen con motivaciones políticas el 1° de septiembre de 2022, cuando la entonces vicepresidenta saludaba a militantes en Recoleta.

La condena se compone de dos partes: 10 años por el ataque a Cristina Kirchner y otros 4 años que ya había recibido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El tribunal resolvió unificar ambas penas en una única sentencia.

Además, Brenda Uliarte fue condenada a 8 años por ser "partícipe necesaria" del intento de asesinato a la expresidenta. Nicolás Carrizo, presunto líder de la organización "Los Copitos", fue absuelto de la causa tras pasar 3 años entre rejas.

Durante la audiencia, Sabag Montiel volvió a sostener que la causa estuvo “armada” y llegó a comparar su situación con la del fiscal Alberto Nisman. Además, apuntó contra dirigentes políticos y medios de comunicación, repitiendo teorías conspirativas. Sus palabras fueron interrumpidas por la jueza, que le recordó que el proceso no debía desviarse a otras causas judiciales.

Brenda Uliarte, su ex pareja y también imputada, optó por no declarar antes del fallo. Nicolás Carrizo, señalado inicialmente como presunto jefe de la banda “Los Copitos”, fue liberado tiempo atrás tras pasar tres años preso sin que se formalizara una acusación en su contra.

La fiscal Gabriela Baigún había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel por “homicidio agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”.

El tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, optó por una condena algo menor, pero contundente: 10 años por el intento de asesinato, a los que se sumaron los 4 por su condena previa. La querella, que representa a la expresidenta, había solicitado la misma pena para Sabag Montiel y para Uliarte, aunque el tribunal aún no se expidió sobre su situación.

El ataque ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner regresaba a su departamento de Juncal y Uruguay en medio de una manifestación de apoyo. Mientras saludaba personas en la vereda, Sabag Montiel se acercó, sacó una pistola Bersa calibre .22, y la apuntó a centímetros de su rostro. Gatilló, pero la bala no salió.

El intento de homicidio fue frustrado y el atacante fue detenido en el lugar. Las imágenes del hecho recorrieron el mundo y provocaron conmoción a nivel nacional e internacional. Pocas horas después, se conocieron detalles sobre la planificación del ataque y el entorno de los implicados.

El proceso judicial fue seguido de cerca por dirigentes políticos de todos los sectores. Cristina Kirchner, aunque no declaró durante el juicio, impulsó en paralelo un pedido de jury contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien instruyó la causa. La expresidenta consideró que la magistrada había frenado líneas de investigación que apuntaban al diputado Gerardo Milman.

El fallo no pone fin a todas las controversias del caso. Mientras tanto, Sabag Montiel seguirá detenido bajo el régimen de condena firme, en un pabellón de máxima seguridad.

El presidente comunal de Chabás, Lucas Fanelli, junto a vecinos de la localidad, iniciaron una acción de amparo ante la Justicia Federal de Rosario para encontrar una solución urgente por el estado de la ruta nacional 33. Dicha demanda, fue presentada por los abogados Juliana Ruchelli y Leonardo de Almeida.

El amparo apunta a que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encargue de reparaciones urgentes en las zonas urbanas y rurales del corredor. La acción busca garantizar un tránsito seguro en una arteria que es concurrida por camiones con cereales y oleaginosas.

En marzo de 2025, ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional, se realizaron trabajos de “raspado” para nivelar la calzada. “Después de varios meses de reclamos sobre la Ruta Nacional 33, decidimos hacer un bacheo a la calzada con nuestras máquinas. Tuvimos muchas conversaciones con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien expuso su preocupación sobre el estado de la traza. La idea fue darle la tranquilidad al peatón para que pueda cruzar la calle. Es un parche que va a durar hasta que arranque la cosecha gruesa. Tenemos todos los mensajes guardados, pero no hay respuestas del Gobierno Nacional. Los tiempos de la política no son los mismos tiempos de la gente”, había indicado a Mirador Provincial Lucas Fanelli, presidente comunal de Chabás

En la madrugada de este lunes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detuvo a una mujer de 37 años, quien fue identificada mientras se encontraba en la vía pública.

Al realizar las consultas correspondientes, los efectivos constataron que sobre la mujer pesaba un pedido de captura vigente, emitido por el Juzgado Federal en el año 2023.

Informada la situación a la superioridad policial, se mantuvo comunicación con el Juzgado Oral Federal N° 2 de Rosario. Desde allí confirmaron la plena vigencia del pedido judicial y dispusieron que la detenida permanezca bajo custodia.

La mujer fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia Federal.

En el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, los peritos y colaboradores no descansan. La tarea para revisar cada una de las historias clínicas que llegan a su despacho desde más de 200 hospitales de todo el país es ardua. Ese análisis minucioso sobre los pacientes internados que recibieron tratamiento con el lote contaminado del fentanilo número 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group, hizo posible que la cifra de fallecidos se elevara de 76 a 97. Para los investigadores, el número, escalofriante, no es el techo, lo que habla de la magnitud de la tragedia a la que algunos ya llaman el “Cromañón sanitario”.

Según pudo establecer Infobae, el nuevo reporte de víctimas fatales incluye tres casos del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, un nuevo caso en la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, siete víctimas fatales en el Instituto de Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

De esa totalidad, en el Juzgado Federal de La Plata ponen un asterisco a los 9 casos de Bahía Blanca, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Allí falta contrastar con información complementaria que se podría haber perdido en la última inundación, aunque sí se sabe con certeza que los pacientes fallecidos fueron tratados en la Unidad de Terapia Intensiva con dosis de fentanilo contaminado. En estos casos, en concreto, aún falta establecer que los internados hayan dado positivo en los hemocultivos —análisis microbiológico de sangre, con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. En ese caso, la cifra de muertos sería de 87. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que la causa se abrió por una denuncia del Hospital Italiano de La Plata después de descubrir un brote de neumonía producido por esas dos bacterias resistentes a antibióticos y que había causado la infección de 18 pacientes, de los cuales 15 fallecieron.

“Estamos trabajando a fondo, avanzamos rápido y buscamos establecer las responsabilidades que corresponde”, le dijo el juez Kreplak. Y en esa línea de investigación se orienta la pesquisa. De hecho, el magistrado habilitó la feria judicial y ordenó pericias muy específicas a los integrantes del Cuerpo Médico Forense para que establezcan de forma unívoca que los microorganismos detectados en las ampollas de fentanilo de HLB Pharma son idénticos en su genotipo y fenotipo a los hallados en los hemocultivos de los pacientes fallecidos y otros que se recuperaron.

La información que llega al juzgado suele demorarse. Por ejemplo, el viernes el magistrado ordenó el allanamiento de la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba en busca del historial médico de los pacientes internados allí desde el 1 de abril hasta el viernes 8 de agosto pasado, ya que hasta el momento las autoridades del sanatorio privado solo habían entregado cuatro, entre ellas la del hasta entonces único paciente muerto. Hoy se sumó un segundo.

Kreplak y su equipo estiman que hay una cifra negra de fallecidos que no se reportan. En esa clínica, por ejemplo, se habían administrado más de unas 1.700 dosis de fentanilo contaminado, pero se habían reportado 4 casos, entre ellos Giovanni, un bebé de tan solo tres meses que sigue en estado grave. El magistrado quiere establecer, a través de las historias clínicas que los responsables del centro médico no enviaban, si la totalidad del fentanilo adquirido fue aplicada a pacientes o se podría haber desviado al mercado ilegal o informal. Un hecho que aún no se estableció.

“Estamos trabajando sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades que se correspondan con esa verdad. Estamos yendo a fondo, en primer lugar, para que las víctimas sepan qué fue lo que pasó y se pueda establecer las responsabilidades que corresponden”, respondió el magistrado al ser consultado por este medio y aseveró que hay unos 200 hospitales y clínicas en todo el país que adquirieron ampollas del lote contaminado de HLB Pharma.

El juez también confirmó que hasta el momento hay 24 personas sospechadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación y venta del medicamento adulterado. A todas se les trabó una inhibición general de bienes y se les prohibió la salida del país para evitar posibles fugas.

La decisión judicial sobre cada una de ellas se tomará una vez que finalicen los peritajes y se establezca —a eso se aspira— en qué parte del proceso se contaminaron las ampollas con las bacterias.

El juez federal Ernesto Kreplak afirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado alcanzan las 76, aunque advirtió que esa cifra podría aumentar a medida que avance la investigación. La causa está a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, que analiza el alcance y origen de este grave incidente sanitario.

La Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) intervino tras la detección del primer caso fatal en el Hospital Italiano de La Plata.

Se incautaron muestras de todos los lotes implicados y se corroboró la presencia de bacterias multirresistentes en dos de ellos. Uno de los lotes adulterados tuvo amplia distribución, mientras que el otro no llegó a ser utilizado por haber sido retirado rápidamente.

El lote más difundido contenía 154.000 ampollas

Gracias a operativos judiciales y sanitarios, se recuperaron 115.000 ampollas contaminadas y se impidió la aplicación de aproximadamente 30.000 dosis que estaban en hospitales. Según Kreplak, “hoy no circulan ampollas contaminadas”, generando cierta tranquilidad, aunque sin descartar nuevas víctimas.

Para estimar el número real de afectados, los investigadores cruzan bases de datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos. Esto se debe a que muchas de las dosis contaminadas ya no están en stock.

En este marco, el juez advirtió que “esto no llegó a un techo”, y que “con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”.

Uno de los lotes adulterados tuvo amplia distribución

El lote más difundido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 fueron aplicadas en el Hospital Italiano de La Plata. Desde el inicio se estimó un impacto mayor, con más de 100 víctimas potenciales.

Hasta ahora, 24 personas están bajo sospecha, aunque no hay detenidos. Kreplak comentó que la causa es “extensa, compleja, con múltiples aristas” y que se sigue avanzando para determinar responsabilidades primarias y directas.

La Obra Social del Personal de la Televisión deberá cubrir a un joven con discapacidad la cobertura del 100% internación en el Hogar Permanente en que reside de la ciudad de Firmat.

La Justicia Federal de Venado Tuerto declaró el derecho de un joven discapacitado a que perciba el 100% de la prestación de hogar permanente, independientemente del lugar en que resida en la actualidad, y a que se mantenga la provisión completa e ininterrumpida de medicación, alimentación enteral, bomba de infusión para su suministro, oxigenoterapia, kinesiología y pañales.

Además, se declaró la arbitrariedad e ilegalidad de la conducta desarrollada por la obra social. La resolución no pone límite del prestador ni del nomenclador.

La madre en representación de su hijo y con el patrocinio de las abogadas Julia Canet y Carina Mazzeo presentó una acción de amparo para que se le brinde la efectiva y total cobertura del 100% de la prestación de hogar permanente en la institución donde reside, con más el 35% de dependencia emergente del régimen de la seguridad social en los términos de la Ley 24.901 y demás legislación aplicable, proveyendo asimismo de forma oportuna y sin demoras la alimentación enteral, los medicamentos, los pañales, la kinesiología y la oxigenoterapia, conforme lo ha indicado el equipo médico tratante.

Es un paciente joven, con secuela de traumatismo encefalocraneano grave, por accidente en la vía pública que en su momento craniectomía descompresiva, y colocación de válvula de derivación central y fue traqueostomizado.

Inmediatamente después del accidente fue atendido en el Hospital San Martin de Firmat para estabilizarlo y luego fue derivado de urgencia al Hospital Gutierrez de Venado Tuerto para tratamiento agudo y posteriormente al Centro de Rehabilitación Intensiva donde permaneció internado hasta marzo de 2024. La internación en ese centro fue solventada de manera particular.

En el amparo se destacó que es un paciente totalmente dependiente de terceras personas para realizar las actividades de la vida diaria, ya que posee dependencia total. Por ese cuadro se solicitó la derivación a un hogar, ya que el tiempo de rehabilitación intensiva que se se encontraba cumplido y agotado.

El grupo familiar del amparista se compone por su madre y su hermana de 6 años y residen en Firmat. El único sustento del hogar es su madre. En respuesta a las intimaciones cursadas la demandada ofreció internar al joven en una clínica de rehabilitación integral localizada en Funes, a 102 kilómetros de Firmat, lo que complicaría las visitas diarias ya que la madre no tiene vehículo.

En relación a la internación en hogar, la obra social manifestó que no corresponde la prestación. Agregó que ha sido una decisión unilateral de la familiar trasladar al paciente no pudiéndose hacer cargo la obra social de tal cobertura, no solo por no corresponder, sino por tratarse de un efector fuera de red y ofrecer una entidad idónea como lo es la clínica de Funes.

La demandada informó que está cumpliendo algunas de las prestaciones requeridas. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, al hacer lugar al amparo sostuvo que “se entiende Hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente”.

Añadió que “la ley 24.901, instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.

La senadora por el Departamento General López, Leticia Di Gregorio, confirmó que recibió la notificación oficial de Vialidad Nacional, en cumplimiento del fallo emitido por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa. La resolución judicial había ordenado, a instancias de la legisladora, realizar intervenciones urgentes en los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 7, 8 y 33.

“Recibimos el informe por escrito justo antes de Semana Santa. La realidad es que tiene sabor a poco”, expresó Di Gregorio, y detalló el estado actual de las obras. En la Ruta 7, se realizan trabajos de bacheo entre Rufino y Diego de Alvear. En cuanto a la Ruta 33, Vialidad informó que está en proceso de compra de la mezcla asfáltica, aunque según la senadora, no hay avances concretos: “Dicen que está en análisis el contrato del sistema modular, pero esa obra fue dada de baja con el decreto del 8 de marzo. Esa información no se condice con la realidad”.

Respecto a la Ruta 8, Vialidad intimó a Corredores Viales SA, empresa que administra el peaje, a iniciar los trabajos. Di Gregorio remarcó que “la respuesta parece hecha solo para cumplir con los plazos”, y adelantó que exigirá que la empresa sea incluida formalmente en el expediente judicial.

“Vamos a pedir que informen periódicamente cada avance y que el juez también lo siga. Desde el territorio, yo también lo voy a controlar personalmente”, sostuvo. Además, enfatizó que el pedido original incluía tareas de señalización y posibles desvíos. “El bacheo es lo más importante, pero también pedimos señalización urgente. Es una cuestión de seguridad vial”.

Por último, la senadora confirmó que este lunes presentó tres nuevos pedidos judiciales: incluir a Corredores Viales como actor del expediente, exigir informes periódicos y corregir lo informado sobre la Ruta 33. “No vamos a aflojar. Estas rutas las transitamos todos los días”, concluyó.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio brindó más detalles de presentación del recurso de amparo y de la medida cautelar ante la Justicia Federal que tienen como objetivo exigir la reparación inmediata de las rutas nacionales 33, 8 y 7, en su paso por el departamento General López. La acción legal está dirigida contra la Dirección Nacional de Vialidad y responde a la decisión del gobierno nacional de frenar todas las obras públicas por falta de fondos.

"Nos cayó como un baldazo de agua fría el decreto del presidente Javier Milei ordenando frenar todas las obras públicas. Ya veníamos mal y esto agrava aún más la situación", expresó Di Gregorio.

Cabe recordar que el recurso de amparo solicita la repavimentación completa de los tramos afectados, mientras que la medida cautelar exige intervenciones urgentes en sectores críticos: la ruta 33 entre Sancti Spiritu y Firmat, la ruta 8 entre Venado Tuerto y el cruce con la 94, y la ruta 7 en toda su extensión dentro del departamento.

Di Gregorio enfatizó la gravedad de la situación y la falta de respuesta por parte del gobierno nacional: "Circular hoy es una ruleta rusa. No hay mantenimiento, no hay pintura, no hay corte de pasto. Están descalzados los bordes, se han formado esas lomas llamadas ‘ballenas’ que son un peligro para los conductores. Estamos pidiendo lo mínimo: repavimentación y mantenimiento".

Además, la legisladora recordó que en diciembre pasado el gobierno nacional había anunciado un listado de 80 a 85 obras viales en todo el país, entre las cuales figuraba la repavimentación de la ruta 33. "Había un poco de esperanza, pero ahora volvimos a foja cero", lamentó.

El antecedente de un amparo favorable presentado por el diputado Dionisio Scarpin para la ruta 11 en el norte de Santa Fe genera expectativas sobre una pronta resolución judicial en este caso.

"Este martes mismo salió la resolución a favor del amparo que presentó Scarpin para la ruta 11. Esto nos da un antecedente y esperamos que en 15 días la justicia se expida también a favor de nuestro reclamo".

Según la senadora, un juicio ordinario podría demorar años, por lo que la urgencia del pedido radica en evitar que la situación empeore aún más. "Por eso presentamos la medida cautelar, que debería resolverse en pocas semanas", explicó.

Di Gregorio señaló que, a pesar de los reiterados reclamos políticos, no han obtenido respuestas de Nación. "El gobernador Maximiliano Pullaro incluso pidió que se transfieran las rutas a la provincia para poder repararlas, pero ni siquiera quieren cederlas", denunció.

En este contexto, intendentes y presidentes comunales han asumido tareas de mantenimiento que no les corresponden. "Hay que agradecerles a los intendentes, que, a pesar de no ser su responsabilidad, cortan el pasto, cambian luces y bachean. Si no, ya no se podría transitar", destacó.

La senadora también reconoció que su iniciativa ha recibido críticas, especialmente en redes sociales por parte de sectores afines al gobierno nacional. "Entiendo que defiendan su gobierno y los recortes en muchas áreas, pero esto es otra cosa. No es un gasto innecesario, es la seguridad de la gente. Yo transito estas rutas todos los días y sé lo peligrosas que están", disparó.

Finalmente, confirmó que seguirá insistiendo con reuniones en Buenos Aires con funcionarios del área, incluyendo el ministro de Economía, Luis Caputo, y autoridades de Vialidad Nacional.

"No nos vamos a cansar de reclamar. Vamos a hacer todo lo necesario para que estas rutas sean reparadas", sentenció.

 Este miércoles, a pedido de la actual Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo, conjuntamente con la Dra. Daniela Ghiorzi, y la orden del Juzgado Federal de Garantías a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, se realizó un allanamiento en una celda de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, tarea en la que se contó con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Si bien durante el registro no fueron hallados elementos de interés, se puso a disposición del Juzgado al sospechado, ya que hay elementos suficientes que lo vinculan con el comercio de material estupefaciente.

La investigación que derivó en esta medida comenzó el 25 de mayo del 2023, cuando personal de la Unidad Operativa Regional 5 de Venado Tuerto, dependiente de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe detuvo la marcha de un taxi donde se trasladaba un hombre identificado como Nahuel Agustín M., quien admitió que estaba trasladando marihuana en el vehículo, procediéndose a requisar el taxi donde dentro de una bolsa que estaba en la parte trasera, había envoltorios con marihuana y otra con cocaína.

Así, se produjo la detención del sujeto y el secuestro de once panes de marihuana, como también dos envoltorios que contenían aproximadamente 7.819 gramos de marihuana y 103 gramos de cocaína.

En dicho procedimiento intervino el Juzgado Federal de Venado Tuerto y la Fiscalía Federal de esa ciudad, luego del trámite correspondiente en el mes de octubre la causa fue elevada a juicio y finalmente el 11 de abril de 2024 Nahuel Agustín M. fue condenado a la pena de cinco años por el Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario.

Oportunamente, la Fiscalía Federal dispuso diferentes medidas de prueba, entre las que se destaca el peritaje del teléfono celular secuestrado a Nahuel Agustín M.

El análisis del contenido, particularmente de un chat de más de 2600 páginas, permitió ascender en la escala de responsables, de esta forma se determinó que el enlace del imputado para el traslado de la cocaína desde la ciudad de Venado Tuerto a Rosario y su posterior fraccionamiento y distribución era un detenido que actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Piñero, llamado Hugo Rafael Z., oriundo de Rosario, quien había sido condenado por la Justicia rosarina por diferentes hechos de hurto y robos calificados.

Desde dicha unidad, Hugo organizaba la logística para adquirir y revender la droga, de acuerdo a las conversaciones de Whatsapp que mantenía con Nahuel Agustín M., en donde también compartían fotografías de estupefacientes, armas, cálculos y comprobantes de transferencias.

Uno de los últimos mensajes entre ambos se da momentos previos a la detención de Nahuel Agustín M. en el procedimiento del 25.05.2023, quien le expresó a Hugo Rafael Z. “me pararon”, “la ley”, “perdí”. 

Por Mario Cáffaro

El juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, dejó sin efecto la resolución de la Junta Electoral del PRO santafesino que mantenía la convocatoria a internas con cierre de listas previsto para este martes.

Además, la decisión del magistrado ordena el inmediato cumplimiento de la resolución número 3 de la Junta Electoral nacional de esa fuerza política.

La resolución de Rodríguez se conoció este lunes pasado el mediodía a instancias de la presentación del afiliado Fernando Oldani patrocinado por Manuel Stratta.

El cronograma electoral interno en Santa Fe del PRO fijaba para este martes la presentación de listas y son dos sectores los que pugnan por presidirlo: Por un lado, la continuidad de Cristian Cunha con el respaldo de Federico Angelini , y por otro la vicegobernadora Gisela Scaglia.

Como informó Sur24, la Junta Electoral nacional suspendió las internas aduciendo irregularidades en el proceso de convocatoria, afiliaciones, etc pero la Junta Provincial ratificó el cronograma. Tras una serie de consideraciones, la decisión fue "continuar con el cronograma electoral vigente". Ahora, fue la justicia electoral la que lo dejó sin efecto y, en principio, la decisión fue acatada por las dos partes.

Este lunes, la vicegobernadora Scaglia y Cunha -secretario de Cooperación de la provincia- mantuvieron un largo encuentro a solas buscando algún principio de entendimiento para evitar la interna que puede impactar en la alianza Unidos.

Por lo que dejaron trascender allegados a ambos dirigentes no hubo entendimiento. Sobre las primeras horas de la tarde, el juez Rodríguez determinó que no habrá internas en el PRO santafesino, por ahora.

Por Juan M. Peratitis

Casi a la pasada y no de manera oficial, el gobierno santafesino se enteró a través de una entrevista que el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, brindó a una radio de Rosario que el gobierno nacional no cederá la administración del final de obra y puesta en funcionamiento de la Cárcel Federal de Coronda al gobierno provincial.

"La lucha de Pullaro es nuestra batalla, sabemos del esfuerzo personal que pone", pero insistió con la negativa a cederle el control del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino al gobierno santafesino: "Nuestro compromiso es tener eso y que sea administrado por el Estado nacional para la problemática de Rosario". "Es un complejo federal", sentenció Curi.

Recordemos que tanto Maximiliano Pullaro como Pablo Cococcioni habían asegurado que "así como está la obra de la cárcel, se la ponemos a funcionar en menos de una semana" con el objetivo de descomprimir las cárceles provinciales de presos con causas federales, de sacar detenidos de las comisarías y de liberar a todos los policías para que se ocupen de realizar patrullajes preventivos en las calles.

También si el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación encabezado por Patricia Bullrich, quien se había reunido ya con Pullaro sobre este tema, daba el visto bueno, se convocaría a concurso para hacer ingresar personal provincial que provisoriamente custodiaría la unidad hasta tanto llegasen las fuerzas federales previstas para el caso. Incluso esos nuevos guardias santafesinos no iban a quedar sin trabajo porque serían los que se derivarían a la obra de la cárcel para presos de alto perfil con 3000 plazas que también tiene en mente hace rato esta gestión provincial.

Pese a todo, en el gobierno provincial son optimistas e insisten en la búsqueda de soluciones para estos temas vinculados con la seguridad, por lo que pondrán un hombre de confianza a mediar para que la obra se concluya y no haya un parate como se anunció hace horas que seguramente habrá, poniendo en riesgo varios puestos de trabajo, en su mayoría de corondinos.

Tras conocerse la negativa desde Nación, el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, fue muy enfático en su cuenta de X: "Esperemos, entonces, que la terminen y la pongan en funcionamiento. Esto también es una emergencia".

Esperemos, entonces, que la terminen y la pongan en funcionamiento. Esto también es una emergencia. https://t.co/lvgVg8d9SG

Sin embargo, y lejos del deseo del ex diputado radical, este jueves surgió una novedad que de cierto modo le da la razón al gobierno santafesino que quiere terminar la obra y hacer andar el penal. ¿Por qué? Porque el Jefe de obra de la Cárcel Federal y representante de la Unión Transitoria de Empresas Insa-Ocsa en el obrador, Arq. Mariano Day, explicó que "con el cambio de gobierno y de políticas la empresa no está cobrando, no tiene actualización de precios, lo que se hace hoy se cobra a valor de julio 2023 y la incertidumbre a nivel país y con esta obra que tuvo tantos altibajos, es muy cuesta arriba y no se puede continuar".

Ante eso, Day advirtió que "está en juego el futuro laboral de 15 familias que dependen de esta obra, más los contratistas y proveedores. Estamos entre el 93 y 94% de la obra lista, faltan cuestiones de seguridad propias de la cárcel, como sistema de cámaras, cerraduras electrónicas, aberturas, y en ese sentido hay que redeterminar precios, los proveedores están pero al no cobrar no podemos afrontar los gastos".

La conclusión es que "esto va a terminar en una suspensión de obra hasta que se actualice, hoy estamos trabajando con lo poco que hay, hubo reducción de 27 a 15 empleados hace un tiempo, la gente de la Uocra tuvo siempre buena relación con nosotros, y ahora estamos visibilizando este conflicto juntos". Y advirtió que "va a cesar la obra, se dejará una guardia, porque la construcción sigue a cargo de la UTE. El deudor es el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, la UTE paga y se va quedando sin fondos por cumplir con los empleados, incluso han cobrado en tiempo y forma siempre". Según se supo, desde noviembre no surgen pagos a la UTE que a su vez sí realiza erogaciones.

Si se normalizara la situación, Day aclaró que en tres meses la obra estaría lista sí o sí. Recordemos que en diciembre de 2015 se hizo el primer movimiento de tierra y a más de 8 años los trabajos no se culminaron.

El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación votó la destitución del juez federal de Mendoza, Walter Bento, por mal desempeño de sus funciones, falta al decoro en su función y por haber deshonrado a la justicia. En paralelo, la Justicia federal lo detuvo en el marco de una causa que lo investiga por los presunto delitos de coimas, enriquecimiento ilícito y acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero para beneficiar a presos. En la causa tenía un pedido de prisión preventiva que se activó. Sin fueros, el ex magistrado quedó preso en el subsuelo de la Unidad Carcelaria Federal 32 de la ciudad de Mendoza, en el mismo edificio donde estaba su despacho.

El caso es muy resonante en la zona de Cuyo. Hacía seis años que el Consejo de la Magistratura no destituía a un integrante del Poder Judicial. El último fue el camarista federal Eduardo Freiler.

La acusación en el Consejo fue llevada adelante por Miguel Piedecasas, presidente de la Comisión de Acusación y representante de los abogados, quien habló con Sur24 a los pocos minutos que una mayoría de 6 a 1 del jury firmó la remoción de Bento. El presidente del Tribunal, Javier de la Fuente votó por no hacer lugar a la remoción.

- ¿Cuáles son algunos de los fundamentos del Jurado para resolver la remoción?

- En sus fundamentos el Jurado de Enjuiciamiento determinó que Bento realizó diversas maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial; omitió declarar que era una persona políticamente expuesta y eludió el posterior embargo del inmueble; obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario destinado a vivienda única; omitió incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los ejercicios 2005 hasta el 2020 (entre ellos los fondos con los que pagó decenas de viajes y cientos de días de estadía en el exterior); contravino la normativa aplicable a los concursos ante el Consejo de la Magistratura, a sabiendas de que no reunía las condiciones para concursar para otro cargo.

- ¿Cuánto tiempo demandó el proceso que terminó con la remoción?

- La denuncia fue efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el 5 de mayo de 2021. Se votó en la Comisión de Acusación el 17 de mayo de 2023 y en el plenario el 31 de mayo de 2023. Ayer el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento. La duración total fue de dos años y seis meses.

- Ya actuó en otros casos como acusador, ¿qué opinión le merece este caso y cuál es la reflexión final?

- La acusación que llevamos adelante con la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, sostuvo que la sociedad estaba agobiada por esta situación; que se había roto toda confianza pública en el magistrado y que no se podía tolerar una constante actuación al margen de la ley. En base a estas consignas sostuvimos los cargos –que fueron de diversa índole y naturaleza- y logramos acreditar el mal desempeño que se le había imputado al magistrado. Los estándares de conducta que se exigen en el desempeño de la magistratura son muy altos y deben demostrarse dentro y fuera de la actividad jurisdiccional y hacen al decoro, la honestidad, imparcialidad, objetividad, austeridad republicana, que nunca pueden ser motivo de sospecha por parte de la ciudadanía. La magistratura está sujeta a un constante escrutinio público y no puede haber duda o sospecha alguna sobre su conducta o actuación.

El ahora ex juez federal de Mendoza Bento fue detenido en los tribunales federales de Mendoza donde se presentó cuando en simultáneo conoció la noticia que había sido destituido por mal desempeño en su cargo por el jurado de enjuiciamiento. Estará con prisión preventiva hasta finalizar el juicio que tramita en su contra. En este juicio oral que se tramita en Mendoza, está acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales. Además, "vendió un inmueble omitiendo declarar su calidad de persona políticamente expuesta y eludió el embargo de la medida cautelar preventiva que recayó al ser procesado" en la causa penal.

Bento está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados, junto con otras 28 personas, entre ellas su esposa y un hijo. La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Según la imputación, "al menos desde el año 2007" Bento lideró una organización ilegal cuyo "propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía".

El tribunal rechazó una invocación de la defensa del ahora ex juez sobre las implicancias de su destitución en la continuidad del tratamiento de uno de sus hijos que sufre de una discapacidad.

El Jurado de Enjuiciamiento dentro del Consejo de la Magistratura fue instituido a partir de la reforma constitucional de 1994. Lleva aproximadamente 25 años de funcionamiento efectivo. Durante ese lapso ha realizado 37 enjuiciamientos, de los cuáles resultaron 19 destituciones; 12 renuncias y 6 absoluciones. La primera destitución había sido la del ex juez de Santa Fe, Héctor Hermes Brusa (2000) y la última la del ex juez Freiler (2017).

A la hora de justificar el pedido de remoción de Bento ante el jury, el acusador, Piedecasas, utilizó esta fundamentación:

"El magistrado ha incurrido en mal desempeño conforme los artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional; no ha mantenido la idoneidad para el cargo, que exige el artículo 16 de la Carta Magna. Ha incurrido en graves desórdenes de conductas personales, y ha violado –en reiteradas oportunidades- normas legales y reglamentarias, conforme lo establece el artículo 25 de la ley 24.937. Ha violado la ley de ética pública, al no demostrar honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Ha recibido beneficios personales indebidos. Ha restringido información, privilegiando su interés particular por sobre el interés público. No se inhibió de intervenir en causas judiciales donde se encontraba comprometida su imparcialidad. Tuvo conductas reprochables, como concurrir a lugares destinados a juegos de azar, pese a estar expresamente prohibido para la magistratura. No ha justificado su incremento patrimonial, ni los gastos de viajes y estadías en el exterior; ni la tenencia de dinero, la realización y pago de mejoras en inmuebles y otros incumplimientos reprochables. Ha adoptado conductas respecto de sus ingresos, declaraciones juradas; confusiones de patrimonios; que hacen surgir enormes dudas sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial, encontrándose en muchos supuestos, absolutamente injustificados. No ha cumplido con los altos estándares de conducta que se requieren a los magistrados de nuestra Nación. Ante el escrutinio público ha exhibido conductas reprochables; de ostentación; falta de justificación de ingresos y gastos y un comportamiento que no se compadece con la dignidad de la función. Se encuentra quebrada la confianza pública en su persona para el ejercicio de la magistratura; habiendo actuado en innumerables situaciones al margen de la ley, por lo que le cabe la total responsabilidad política institucional de sus actos y hacen procedente su remoción".

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado por mayoría que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones, y luego quedó detenido en Mendoza tras perder la inmunidad de arresto y como parte del juicio penal que investiga delitos graves cometidos en su desempeño como juez.

El jurado estimó que el mal desempeño de Bento quedó "acreditado en forma concluyente durante el debate oral y público" que refirió las "maniobras" de entorpecimiento del juez sobre la investigación penal.

En paralelo al jury, Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

"Bento, desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una investigación penal a su respecto, realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación", señaló el jurado en los fundamentos.

Además, el jurado de legisladores y funcionarios de la justicia, tuvo en cuenta que el ahora exmagistrado "procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta" y que obtuvo "inescrupulosamente" un crédito hipotecario con "datos falsos e inexactos".

El jurado, designado por sorteo, estuvo integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.

El magistrado federal fue destituido por seis de los siete jurados, ya que el camarista De la Fuente se opuso a la destitución con un voto de minoría que consideró que "la causal de mal desempeño atribuida en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos que no han sido probados".

Las audiencias del juicio en el Consejo finalizaron a principios del mes pasado, con los alegatos de las partes y las palabras finales del mismo magistrado que dijo ser inocente de todos los cargos y solicitó al jurado que aguarde el resultado del juicio penal para decidir sobre su caso, un pedido que parece haber atendido De la Fuente con su voto.

La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.

El fallo del jurado del Consejo de la Magistratura no es apelable pero incluyó, a manera de excepción, una solicitud a la obra social del juez para que mantenga vigente la atención médica sobre uno de sus hijos con capacidades especiales.

Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza, ubicados sobre las calles España y Pedro Molina, escoltado por dos policías federales.

La lectura del veredicto comenzó puntualmente al mediodía, y se extendió una media hora, y sobre las 13.30, Bento fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo.

Luego de la notificación, Bento fue llevado a otro sector del edificio a través de los ascensores asignados a los magistrados, desde donde fue trasladado detenido a la Unidad 32, ubicada en los subsuelos de la sede judicial y luego al penal federal, ubicado en Cacheuta.

Juliano Salierno

El Ministerio Público Fiscal de la Nación con base en Santa Fe y Rafaela elaboró un informe, a través del cual pretende mostrar los resultados, obtenidos en ambas jurisdicciones, en la persecución del delito de lavado de activos.

La tarea emprendida por los fiscales federales Walter Rodríguez (fiscalía Nº 1 de Santa Fe), Gustavo Onel (fiscalía Nº 2 de Santa Fe y Rafaela) y Martín Suárez Faisal (fiscalía general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe), tiene su anclaje temporal a mediados de 2019, año a partir del cual realizaron el cohorte para el análisis.

Desde entonces y hasta una semana atrás, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe emitió 7 sentencias condenatorias para 14 personas por el delito de “lavado de activos de origen ilícito”, todas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Dichas investigaciones fueron impulsadas por las fiscalías de primera instancia antes mencionadas (Nº 1 y 2 de Santa Fe y de Rafaela) y una vez finalizadas, elevadas a juicio ante el TOF que conforman los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y completa un tercer magistrado que subroga el cargo que quedó vacante por jubilación de la Dra. María Ivón Vella.

Además, existen otras seis “causas en trámite con imputaciones” por lavado, de las cuales sólo una es ajena al negocio de la venta de drogas y es la ‘precuela’ de la “causa Bolsafe”, vinculada a los mercados bursátiles. Son aquellos expedientes que han superado la instancia de elevación a juicio y están prontos a resolución, ya sea por la vía del juicio oral y público como del juicio abreviado.

Del primer grupo, se trata en su mayoría de causas que tuvieron gran exposición pública en su surgimiento, pero con el correr del tiempo su publicidad ha ido menguando y quedando fuera de la agenda mediática, especialmente cuando primero se juzgaron hechos por infracción a la ley nacional de estupefacientes Nº 23.737 y luego por lavado.

CAMIÓN DEL LEYES: Entre las más reconocidas se encuentran las maniobras de lavado derivadas de la causa por el “camión del Leyes”.

El 12 de junio de 2019 el TOF impuso 4 años de cárcel y una multa millonaria para el ex sargento de policía Alejandro “Aguja” Agüero; ya condenado en 2017 por el secuestro de 1662 kilos de marihuana en 2014 en Arroyo Leyes. La sentencia alcanzó a su esposa, una enfermera del hospital de Niños y su padre, jubilado como portero de escuela

CLAN GALLARDO: Más acá en el tiempo, en 2021, el mismo tribunal condenó a miembros del clan de Peregrino Gallardo, una mafia narco santafesino-cordobesa que operaba en el límite interprovincial de Frontera y San Francisco.

EL PADRE DEL FANTASMA: La llamada “causa Paz” también fue llevada a juicio oral en los tribunales santafesinos, donde el narco rosarino Luis Paz, que se mudó a la capital provincial escapando de Los Monos fue sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión por narcotráfico y lavado.

UN NARCO EN EL COUNTRY: Otro caso de enorme trascendencia pública fue el del narco Vicente Pignata, buscado en una casa del country El Paso de Santo Tomé en 2018 y desaparecido desde entonces. La justicia siguió la pista del dinero y llegó hasta su esposa, Elizabet Campos y el padre de ésta, Ramón Darío Campos, quienes no pudieron justificar el origen de 12 vehículos y 6 inmuebles que tenían a su nombre. Ambos fueron condenados en un juicio abreviado el 13 de mayo de 2022 a la pena de 3 años de prisión.

EL “TURCO” PAIDUJ: El 7 de junio de 2023 fueron condenados Julio César Paiduj, el “Turco” (4 años) y su hija Valentina (3 años en suspenso) luego de que el hombre oriundo de Rafaela atravesara varios procesos penales -federales y provinciales-. En su momento se constató que tenían un mini Cooper y una Toyota Hilux, pero ninguno de los dos tenía un trabajo que permita justificar ingresos legales.

CUMBIA, DROGAS Y LAVADO: Otro personaje que tuvo su época de esplendor como representante de grupos de música tropical, pero sucumbió al negocio de las drogas es Raúl Narciso “Beto” Basimiani, quien purga una condena que en total suma 20 años de prisión en una cárcel federal. La última, por lavado de activos junto con su ex pareja Angélica Soledad González.

La mujer recibió pena de 1 año y medio en suspenso como partícipe secundaria de lavado. Para la justicia, prestó su nombre para ocultar dos vehículos, una casa y el 50% de otra propiedad que estaba a su nombre.

400 KG DE COCAÍNA: Por último, el 23 de octubre último el TOF condenó a dos hombres y una mujer que en 2021 quedaron fuertemente vinculados al tráfico de 400 kilos de cocaína, que fueron secuestrados en una cochera de Villa Gobernador Gálvez.

La banda, integrada por Sebastián Romera, Gustavo Daniel Núñez y Jorgelina Galligani, fue condenada por delitos de organización del tráfico y almacenamiento de estupefacientes y lavado de activos.

Por el último delito se les decomisó una flota de 30 vehículos, 4 inmuebles, casi un millón de pesos en efectivo; 1930 dólares y otras sumas de dinero en moneda extranjera (9.000 guaraníes, 50 pesos uruguayos, 160 euros y 174 reales).

Media docena de causa en trámite superaron la instancia del requerimiento de elevación a juicio (REJ):

La primera, y única que no tiene vínculos con el negocio de las drogas, es la que se desprende de la “causa Bolsafe” y que tiene al contador condenado Mario José Enrique Rossini como imputado principal. Con él se encuentran procesados Favio Carlos Meijome; Antonio Iturrioz y Leonardo Perrotta, los tres empleados de Valfinsa Bursátil SA, donde las empresas de Rossini tenían cuentas comitentes que luego fueron investigadas.

En segundo lugar aparece una vieja causa asociada al narco de Alto Verde, Sergio Villarroel, a quien la justicia le secuestró hace ya tiempo una cupé BMW Z-4 que perteneció al “Fantasma” Paz, el hijo de Luis Paz, el narco rosarino que supo ser mánager de boxeo y que terminó condenado en Santa Fe. Pero también tiene como implicados a dos personas que eran los encargados de disimular los bienes que el “Zurdo” acopiaba de manera ilícita.

La tercera investigación que podría tener sentencia en los próximos meses refiere a los bienes que el narco de Barranquitas, Diego Martín Mustafá -asesinado el 6 de julio de 2022 en Sauce Viejo-, puso a nombre de su hermana, que ahora es la única implicada en la causa.

En cuarto orden aparece parte del clan Paz, que encabeza el propio Luis Paz, e involucraba a el “enano” Emanuel Maximiliano González, quien fue hallado sin vida en la cárcel de Coronda a fines de 2021, donde purgaba condena por narcotráfico. En total, serían once personas las procesadas por narcolavado, entre ellas las tres hijas y la exesposa del narco rosariono.

La quinta causa refiere a “El Sabalero” Marcelo Raúl Ferreyra y su pareja Ivana Lía Mendoza, quienes bajo distintas pantallas administraban un comercio de venta de drogas en su casa del barrio Los Troncos, en la zona noroeste de la ciudad capital. Además, la justicia detectó que la empresa criminal había crecido a punto tal que tenían a su nombre 15 autos, motos y una embarcación, además de inmuebles.

Por último y en sexto lugar aparece otra narcofamilia que operaba en la zona de Barranquitas y Villa del Parque en Santa Fe y que recibió condena en 2021 en la “causa Baigoría”, liderada por un expolicía provincial.