En Neuquén, un recién nacido de un día de vida fue trasladado de urgencia desde San Martín de los Andes hacia el Hospital Castro Rendón, afectado por una obstrucción intestinal que ponía en serio riesgo su vida.

Los especialistas consideraron indispensable una cirugía urgente —intervención que según los protocolos tenía “alta probabilidad de requerir una transfusión de sangre” para estabilizar al bebé.

Sin embargo, los padres del recién nacido, miembros de la confesión Testigos de Jehová, expresaron su rechazo rotundo a cualquier eventual transfusión de sangre, amparados en sus creencias religiosas.

Frente a esa negativa, el equipo médico y la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de la IV Circunscripción recurrieron a la Justicia, solicitando una medida urgente para proteger la salud del menor.

El juez de Familia, Luciano Zani, resolvió autorizar la intervención quirúrgica a pesar de la oposición de los padres, fundamentando su fallo en el principio constitucional de “protección integral de la niñez” y en el concepto de “interés superior del niño”.

Zani consideró que la potestad parental —aunque reconocida— no es absoluta cuando una decisión de los progenitores pone en riesgo grave e inminente la vida o salud del menor.

Ante la evidencia médica de que la falta de la operación implicaba un peligro cierto y grave, dictó la medida autosatisfactiva que habilitó a los médicos del hospital Castro Rendón a intervenir sin necesidad de consentimiento parental.

En su fallo, el juez sostuvo que “el derecho a la autodeterminación de los padres y la libertad para ejercer sus derechos sin injerencias estatales encuentra su límite en los derechos del niño”. Añadió que en el caso concreto, esas libertades no podían prevalecer sobre la integridad física y la vida del recién nacido.

Este episodio reaviva un debate que ya tuvo instancias similares en distintas provincias argentinas: ¿hasta dónde debe permitirse que las creencias religiosas de los padres determinen decisiones médicas de sus hijos menores?

La negativa de integrantes de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de sangre no es nueva. Diversos casos en hospitales del país —generalmente con recién nacidos o prematuros— derivaron en intervenciones judiciales cuando hubo riesgo de vida. En 2017, por ejemplo, un prematuro de Mendoza fue transfundido sin autorización parental ante su delicado estado de salud.

En este nuevo fallo, la Justicia vuelve a consolidar la noción de que la libertad religiosa —o de culto— tiene límites cuando se contrapone al derecho a la vida y a la salud de los menores.

Los expertos en derechos del niño advierten que la responsabilidad parental incluye un deber de cuidado —no un poder absoluto—, y que en situaciones extremas la intervención estatal está justificada.

La medida tomada en Neuquén pone en evidencia la tensión entre derechos constitucionales: la libertad religiosa por un lado, y el derecho a la vida e integridad de los menores por otro.

En su fallo, el juez dio prioridad al interés superior del niño sobre la potestad parental, revalidando precedentes donde se priorizó la salud sobre creencias.

Por Dr. Eduardo Orio

En el debate de la reforma constitucional del año 1994, se justificaron las modificaciones atinentes al Poder Judicial de la Nación, en la intención de mejorar la imagen pública de la administración de justicia, deteriorada por el cuestionamiento a la falta de independencia de los jueces y la ineficaz prestación del servicio. Las finalidades indicadas se corresponden a una tendencia que en el mismo sentido se ha verificado en el constitucionalismo comparado, según lo recuerda el jurista Néstor Pedro Sagüés, para quien el Consejo de la Magistratura es un dispositivo que procura resolver "la crisis contemporánea de la legitimidad del Poder Judicial que es triple: de calidad, de imparcialidad y de eficacia".

Aída Kemelmajer de Carlucci, reconocida jurista argentina. Doctora en Derecho de prolífica trayectoria como autora. Gentileza

Este autor considera que dicha crisis resulta producto del fracaso de los tradicionales métodos políticos de designación, ascenso y remoción de los magistrados judiciales y de la burocratización de la justicia, apreciando que los fines que impulsaron históricamente el nacimiento de los Consejos tienden robustecer la autonomía de la judicatura. Los artífices de la reforma constitucional de 1994 captaron esa expectativa social y procuraron encauzar la aspiración de la comunidad a la que representaban, encontrando buenas razones, para la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.

Un juez con "personalidad armónica" es aquel que es capaz de utilizar al máximo su propia habilidad para encaminar a los litigantes hacia el logro del fin primordial de su acción: la solución del conflicto. Gentileza

Enrique Hidalgo nos recuerda que la incorporación del Consejo de la Magistratura en el derecho público argentino comenzó en las provincias. Siendo el primer caso que se recuerda el de la provincia del Chaco en su Constitución sancionada en 1957. Luego, el Consejo fue incorporado, con diversas integraciones y poderes, en muchas provincias. Así, por ejemplo, pueden citarse los casos de Santiago del Estero (1986), San Juan (1986), San Luis (1987), Rio Negro (1988), Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud (1991), Provincia de Buenos Aires (1994), Chubut (1994) y La Pampa (1994).

Juez idóneo "integralmente". El concepto de "idoneidad integral" contiene cuatro puntos esenciales: "idoneidad ética", "idoneidad técnico-jurídica", "idoneidad físico-psicológica" e "idoneidad gerencial". Gentileza

La provincia de Santa Fe tampoco se quedó ausente de la ola reformadora de 1994. Se manejó mediante el programa especial de selección determinado por ley. Y veinticinco años después la Convención reformadora incorporó a la Constitución en el capítulo primero del título quinto el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público, y en el capítulo segundo el Jurado de Enjuiciamiento, definiéndolo como un órgano de carácter técnico (no político), con una composición equilibrada y con el acierto de haber determinado el número de los miembros cada uno de los estamento.

Ahora, los jueces y procuradores del Poder Judicial, los fiscales y defensores del Ministerio Público se designan por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. La designación requiere la intervención previa del Consejo de Selección (artículo 139), quien eleva al Poder Ejecutivo una propuesta vinculante con los candidatos seleccionados (artículo 140 inciso 5). Por definición, los tribunales constituyen un ámbito independiente, sensible y fácil acceso para una rápida y justa resolución de los conflictos que se suscitan, administren con eficacia los recursos públicos puesto a su disposición, y gocen de la confianza de la comunidad en la imparcialidad de sus decisiones.

Si se acepta que tales deben ser las características de la organización. ¿Cuáles deben ser las de quienes la integran? La Constitución (artículo 139) dice que es función del Consejo de Selección organizar un proceso de selección "orientado a garantizar la idoneidad, técnica, ética y funcional y la acreditación de los conocimientos y las competencias para el desempeño del cargo (…)". Entonces, cabe recordar aquella máxima que dice: "al juez debemos requerir una idoneidad integral".

Naturalmente, mucho se ha escrito sobre este tema y hacer siquiera una somera revista de esta cuestión es una tarea irrealizable en el breve lapso de una nota periodística. En particular, porque significaría introducirme -nada menos- en un debate cuya fuerte carga axiológica, filosófica, e incluso ideológica, me hace correr el riesgo cierto de frustrar el propósito central y mínimo que me propongo. A una conclusión similar arribó la doctrina y acordó precisar lo que antes he llamado "idoneidad integral" en cuatro puntos esenciales: "idoneidad ética", "idoneidad técnico-jurídica", "idoneidad físico-psicológica" e "idoneidad gerencial".

La "idoneidad ética" es, sin duda, la condictio sine qua non para ser magistrado. La autoridad de un juez no descansa tanto en la fuerza de que dispone para que se ejecuten sus decisiones, ni en sus conocimientos jurídicos; sino, fundamentalmente, en esa actitud y en esa aptitud que la comunidad le reconoce, pero que también le exige, y, particularmente, en su conciencia cabal de la especial responsabilidad inherente a la función que cumple.

La "idoneidad técnico-jurídica" no se reduce únicamente al conocimiento -que, desde luego, es imprescindible- del Derecho aplicable. La función primordial del juez es la de resolver conflictos y, al hacerlo, no debería dejar de advertir las múltiples dimensiones, no solo jurídicas, que con frecuencia asumen las causas que llevan a su decisión. Para ser un magistrado idóneo no es suficiente con ser un "jurista", es necesario estar también mentalmente abierto a los aportes de otras disciplinas que se ponen a su disposición en el marco del proceso y que resultan particularmente relevantes en el conocimiento de los hechos.

Si las normas que regulan el caso se lo permiten, tampoco debería serle ajena una reflexión sobre las consecuencias de sus decisiones, ya que nunca se subrayará suficientemente el rol preventivo de conductas antisociales que adquiere toda sentencia judicial. La "idoneidad físico-psicológica" del juez no justifica -desde luego- ninguna pretensión fundada en capacidades corporales diferentes. Pero, en la Argentina y en el siglo XXI, el ejercicio de la magistratura supone -en primer término- una dedicación extraordinaria que requiere de un vigor físico adecuado a la magnitud de la tarea que se asume. Sin embargo, es muy probable que en este punto exista una conexión indisoluble con su idoneidad psicológica para la función.

Es muy claro -en segundo lugar- que una personalidad débil, para quien la adopción cotidiana de decisiones de toda índole resulte un esfuerzo insoportable, o no sea capaz de resistir las presiones -no solo, o no en general, políticas- a las que está sujeta la función, sufrirá -tarde o temprano- trastornos de salud de alguna naturaleza. Y, como la experiencia cotidiana lo demuestra, hará uso de licencias recurrentes, con grave perjuicio de la eficaz prestación del servicio de Justicia.

Pero permítanme que agregue algo más específico sobre la idoneidad psicológica, refiriéndome a la que me parece más claro llamar "psicotécnica", es decir, la adaptación concreta de una persona para el desempeño de la magistratura, con independencia de que sea un abogado o un profesor brillante y de que no padezca de ningún tipo de patología psíquica. Ser juez requiere de una personalidad "armónica", término que prefiero a "equilibrada", ya que este alude a fuerzas encontradas que se destruyen mutuamente.

Admitan que caracterice a una personalidad armónica como aquella que, asumiendo acabadamente el papel que le adjudica nuestro sistema institucional, se demuestra capaz de utilizar al máximo su propia habilidad para encaminar a los litigantes hacia el logro del fin primordial de su acción: la solución del conflicto.

Si no se siente sometido por las presiones emocionales -internas o externas- de ningún sentido, sabrá escuchar; encontrar las técnicas más adecuadas de comunicación con las partes y sus letrados; mostrarse sensible ante cada conflicto; y estar siempre atento a la posibilidad de una conciliación de intereses que permita la más rápida y satisfactoria finalización del litigio. Un magistrado con estas aptitudes es el que imaginaron quienes diseñaron al poder judicial como el sostén –no por circunspecto menos irreemplazable- del mantenimiento de la paz social.

Finalmente, está la "idoneidad gerencial". Si bien existe una tendencia global a intentar escindir la función estrictamente jurisdiccional de un juez de todas las demás que cumple cotidianamente, y que no tienen sino una vinculación instrumental con aquella, el hecho es que -aunque sea deseable- no parece factible una próxima implementación entre nosotros de un sistema organizacional en base a tales principios.

Por el momento, pues, todos los magistrados resultan ser también líderes del equipo de trabajo que integra el personal de la unidad judicial que tienen a su cargo. De su aptitud para el cumplimiento de este rol, depende en buena medida el juicio público sobre su propia idoneidad como juez, algo en alguna medida injusto ya que en la Facultad de Derecho no se lo capacitó para desempeñarlo.

Hecha la anterior aclaración, se sabe que la "idoneidad gerencial" de un juez siempre será una condición relevante; ya que, aun en la eventualidad de que sea finalmente desvinculado de toda responsabilidad burocrática, siempre deberá administrar el trámite de las causas que se asignan a su tribunal. En este sentido, debe estar capacitado para detectar prontamente la complejidad o trascendencia de algunas o el fenómeno de alta litigiosidad que se manifiesta en otras, y adoptar en cada supuesto las medidas más adecuadas para una gestión eficaz.

La Constitución obliga al Consejo de Selección seleccionar a los postulantes mediante concurso público de antecedentes y oposición. Este sistema de concurso elegido en la reforma es, sin duda alguna, como supo decir Aída Kemelmajer de Carlucci, el más idóneo para seleccionar los candidatos técnicamente más calificados, para cualquier función que requiera un alto grado de profesionalidad. Y, como expresara Eugenio Zaffaroni, si bien no asegura que siempre accedan los mejores, por lo menos excluye con certeza a los peores.

Es decir que la propuesta remitida por el Consejo de Selección es un acto preparatorio que condiciona la voluntad del Poder Ejecutivo, quien no podrá proponer una persona ajena a esa lista, pero puede discrecionalmente nominar a un candidato de la misma sin seguir rigurosamente el orden de prelación (si lo hubiere) propuesto por el Consejo. Lo que no puede dejar de hacer es de nominar a alguien. El nombramiento debe hacerse con acuerdo de la Asamblea Legislativa, donde se valora la idoneidad del postulante, teniendo ese cuerpo la atribución de rechazar la propuesta, porque la Constitución no se lo prohíbe. Situación que obligaría al Consejo, a declarar desierto el concurso y a proceder a seleccionar nuevos candidatos.

La doctrina ha dicho, que las características de este acuerdo son: su autonomía e irrevocabilidad. Es autónomo porque corresponde de manera exclusiva a la Asamblea Legislativa. Y es irrevocable puesto que no puede volverse sobre el mismo. A los efectos del acuerdo, se los ha clasificado en uno principal y dos secundarios. El primero es completar la voluntad del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los jueces de la Provincia.

Como consecuencia de ello, surgen dos efectos secundarios que son: a) El título obtenido por el Juez es perfecto y vitalicio mientras dure su buena conducta; b) La evaluación de los antecedentes del candidato que analiza la Asamblea Legislativa impide en el marco del juicio de responsabilidad al análisis de los actos realizados por el candidato antes del nombramiento. De lo contrario, el Jurado de Enjuiciamiento vendría a evaluar razones de oportunidad o conveniencia del nombramiento, que ya la Asamblea Legislativa debería haber tenido en cuenta.

Es de advertir, que la designación de un magistrado de instancias inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia es un acto complejo al que concurren el Consejo de Selección en la selección y propuesta vinculante, el Poder Legislativo (Asamblea Legislativa) en el acuerdo, y el Poder Ejecutivo en el nombramiento.

(*) Ex miembro del Consejo de la Magistratura, Poder Judicial de la Nación.

Por Ignacio Nieto Guil

Recientemente se inició el Jury de Enjuiciamiento contra un juez mendocino por mal desempeño en el cargo, tras liberar a tres delincuentes antes del cumplimiento de la condena, que cometieron graves delitos en la provincia andina. En San Luis, la cuestión no es ajena, ya que los jueces están guiados por los mismos principios doctrinales que el magistrado de Mendoza. Un juez de impugnaciones de la segunda y tercera circunscripción -con asiento en Villa Mercedes- salió en defensa del funcionario judicial, hoy sentado en el banquillo de los acusados, y replicó la publicación de Revista Pensamiento Penal que sostiene la inocencia del juez, cargado de falacias jurídicas.

Similar a la conducta del juez cuestionado, los magistrados de San Luis defienden la "puerta giratoria". Reticentes a la aplicación de la "Ley de Reiterancia", dilataciones procesales injustificadas, allanamientos tardíos, hace a una injusticia ineficiente, burocrática y ajena a las necesidades de las personas y los tiempos actuales. Ninguna política en seguridad resultará eficaz sin el correcto actuar de la justicia. Algunos ejemplos que muestran esta realidad fueron el caso del fiscal Fernando "Chulo" Rodríguez en Villa Mercedes o la del camarista civil en Juana Koslay: ambos alcoholizados al volante, provocaron accidentes con graves daños materiales.

La presunta asociación ilícita que se apropiaba de inmuebles que tiene como protagonista al abogado Juan Cruz Domínguez, pareja de la actual presidenta de la Cámara Civil de Villa Mercedes, Nazarena Chada, que es, además, hermana de Cecilia Chada, reciente ex ministra del Superior Tribunal. Por estos días, la fiscal de Villa Mercedes, Daniela Cristina Torres, fue imputada provisoriamente como autora de dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con dos hechos de desobediencia a una orden judicial. Esto son algunos escándalos que sacuden al Poder Judicial de San Luis, conducido por un Superior Tribunal altamente politizado.

En Mendoza, el juez de Ejecución Penal (hoy titular del Juzgado Penal Colegiado N°1), Sebastián Sarmiento, enfrenta a un Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones como magistrado. La denuncia la radicó el diputado provincial Franco Ambrosini junto a la hija de una de las víctimas, al cuestionar el accionar del juez, quien le otorgó libertad condicional al delincuente condenado, Roberto Rolando Pereyra Cruz, con graves antecedentes en su haber, entre ellos, un homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas. Tras salir de la cárcel asesinó al ex policía Héctor Pelayes en su domicilio en ocasión de robo, en presencia de su nieto.

La condena que lo depositó en la cárcel por homicidio fue de apenas 11 años, gracias a que fue sentenciado en un juicio abreviado. La pena prevista por la gravedad del delito podría haber oscilado entre 10 y 25 años. No solo se lo cuestiona por el homicidio del ex policía. Otra víctima del mal accionar del juez, fue un hombre de 59 años, llamado Héctor Quiroga, quien murió en 2019 cuando delincuentes, entre ellos uno liberado por el juez Sarmiento, ingresaron al domicilio de la víctima en la localidad de Maipú, Mendoza.

El tercer caso involucró a una nena de tan solo 12 años, abusada en reiteradas ocasiones con acceso carnal, gracias a que otro delincuente, condenado con pena de reclusión perpetua, fue beneficiado con la recurrente libertad condicional que otorga el juez mendocino. Por si fuera poco, frenó una decisión del gobierno mendocino para secuestrar teléfonos móviles en las penitenciarías mendocinas. Revista Pensamiento Penal -capítulo Mendoza- salió en defensa del juez cuestionado, expresando su "profundo rechazo al proceso de Jury de Enjuiciamiento", pues el pedido "no responde a un incumplimiento de sus deberes, sino al malestar político frente a decisiones adoptadas con plena legalidad", dice el comunicado. Sostiene que las resoluciones fueron dictadas con estricto apego legal y constitucional, afectándose la independencia judicial.

El jury en la provincia de Mendoza se encuentra regulado en el artículo 164 de la Constitución de Mendoza (data de 1916) y en la Ley 4970. Perece ser que la revista garantista, con fomento a las ideas del polémico ex magistrado Eugenio Zaffaroni, obvia las leyes que pueden remover a los jueces en el incumplimiento de sus deberes, dentro del mismo marco constitucional y legal que alega para defender al juez sindicado. Es la garantía que tenemos los ciudadanos, para que los jueces sean garantes de nuestros derechos.

Pero cuando esto no sucede, deben responder ante un jurado de enjuiciamiento, compuesto por actores de diversos ámbitos: poder judicial y legislativo, y abogados del foro local (en el caso de San Luis), asegurando un sistema mixto en la composición del jurado, que le permite imparcialidad. El "sentido común" indica que el juez Sarmiento con sus decisiones provocó la muerte de dos personas y la violación a una nena de solo 12 años, por permitirles a estos delincuentes salir de la cárcel antes de tiempo.

La revista dedicada al pensamiento penal, sesgada en su ideología garantista, pero refugiada en el formalismo academicista y legal, falla en su "adecuación a la realidad" (Adaequatio rei et intellectus). Se aíslan en un mundo jurídico abstracto y sistémico. En otras palabras, carecen de realismo, no poseen sentido común, las que tienen personas de a pie o la que posee el "Hombre Común" (en términos del gran escritor inglés G. K. Chesterton), ya sea por su ideologismo o por su tecnicismo legal (cuando es conveniente uno u otro argumento).

Aíslan el derecho, pretendiendo hacer una "teoría pura" al estilo kelseniano, usando atajos normativos para legitimar decisiones equivocadas, sin coherencia. En las primeras páginas de la famosa "Teoría pura del derecho", Hans Kelsen, sostiene: "La teoría pura constituye una teoría sobre el derecho positivo (…) Al caracterizarse como una doctrina 'pura' con respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener solamente un conocimiento orientado hacia el derecho, y porque desearía excluir de ese conocimiento lo que no pertenece al objeto precisamente determinado como jurídico".

El escudo normativista y el posicionarse en el rol del victimario y no de la víctima, hace olvidar la función que cumplen los jueces de administrar justicia sobre aquellas conductas no deseosas dentro de la comunidad. El abstraccionismo jurídico les hace violentar principios rectores de la realidad como el de dar a "cada uno lo suyo" (Suum cuique tribuere) y criterios morales que todo juzgador debe tener, que precisamente no son estrictamente jurídicos, sino que emanan de la objetividad del mundo real (no ideal), al buen discernimiento en orden a un fin justo, que escapa de las formas legalistas. Además, de escudarse bajo un argumento de autoridad, solo por el hecho que la ley habilita la discrecionalidad del juzgador.

Por supuesto que el juez Sarmiento puede otorgar la libertad condicional bajos ciertos parámetros, que, por otro lado, también fueron incumplidos en los casos precedentes de acuerdo a las pericias psiquiátricas de los condenados. Pero no olvidemos que los jueces deben tener criterio y hacerse cargo de sus decisiones con las graves consecuencias sociales, por más que la "ley vigente" los habilitó a liberar delincuentes. El magistrado cumplió con la ley a costa de que tres personas sufrieran en manos de los reos liberados. Dos personas que ya no están más en sus hogares y con sus familias. Y una nena marcada de por vida por los abusos sufridos.

Cuestionar al juez garantista por su incumplimiento funcional, no es estar en contra de las personas privadas de su libertad, ni que se menoscabe su dignidad, como seres humanos. Eduardo "Coco" Oderigo, creador de la fundación "Espartanos" y del programa de rugby en las cárceles, sostiene: "No queremos que se vayan ni un día antes de la cárcel, queremos que salgan mejores". Esto significa dar las herramientas para que puedan reinsertarse en la sociedad sin atentar contra la integridad de otras personas. Pero cuando esto no sucede, un juez no puede liberar arbitrariamente, quien no está apto para salir antes de tiempo de la cárcel.

Es sano para la sociedad que los jueces rindan cuentas y que asociaciones ideologizadas como la Revista de Pensamiento Penal estén en oposición, es muestra cabal de su postura en contra al sistema republicano que garantiza la revisión de los actos públicos, en este caso del juez marcado por sus graves faltas ante la sociedad. Esperemos que el jury de enjuiciamiento que inició el 31 de julio y avanzó con 16 votos a favor y 5 en contra, destituya a quien no protegió la vida de dos personas y la integridad sexual de una menor, al menos para darles consuelo a las víctimas por el grave daño sufrido.

(*) Abogado, escritor y articulista con trayectoria en medios nacionales e internacionales.

El acto formal de apertura de las Jornadas será el próximo jueves 18 desde las 11, en el salón de actos de la Corte Suprema en Santa Fe, que tendrá por principales oradores al presidente de la sede anfitriona, Rafael Gutiérrez, y a la presidenta de la Jufejus, María del Carmén Battaíni. A posteriori se llevará a cabo la reunión de la Comisión Directiva de la entidad.

Por la tarde, desde las 18.30, se desarrollará la Conferencia Magistral a cargo del prestigioso académico y ex ministro de Corte Rodolfo Vigo, quién tratará el tema "Desafíos en el Siglo XXI del Poder Judicial".

El viernes 6 desde las 9, las actividades se trasladarán a la ciudad de San José del Rincón (Quinta del Colegio de Magistrados de Santa Fe). En primer término expondrá Alfonso Santiago sobre "El control judicial de las políticas públicas"; a posteriori lo hará Pablo Hirschmann sobre "Cuestiones políticas no justiciables" y finalizará el encuentro el politólogo Enrique Zuleta Puceiro, abordando el tema "Legislación y jurisdicción en una época de transformación".

El presidente de la Corte Santafesina, Rafael Gutiérrez, recordó que la entidad nació en el año 1994, a partir de los debates que pusieron en la superficie el reconocimiento de las limitaciones y deficiencias que tienen los sistemas judiciales, y en pos del mejoramiento de los mismos; y resaltó: "Que la integran los ministros de las Cortes Provinciales de la República y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Entre sus objetivos principales se cuentan: preservar la independencia de los Poderes Judiciales Provinciales; propiciar el reconocimiento del Poder Judicial como contralor de los otros poderes y garante de la seguridad jurídica de la sociedad, dentro de la organización federal; resaltar el rol de los Poderes Judiciales como hacedores de las políticas judiciales, y en función de ello promover disposiciones acordes con el sistema democrático en lo concerniente a la designación y remoción de los jueces; y enfatizar el concepto de la independencia funcional de los magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional, entre otros.

El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió una investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado por fiscales de la provincia por su desempeño en la investigación de la causa contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (actualmente suspendido), que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal. El planteo está firmado también por la fiscal regional María Iribarren, paradójicamente también hoy transitoriamente apartada de su función por una intervención.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, la decisión tomada por el organismo consiste en notificarle al juez que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desea, pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".

La apertura de la investigación fue solicitada por Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro. En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015. El planteo se hace en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la PSA Emilio Maximiliano Lencina.

Por otra parte, el Consejo también ordenó investigar al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, a quien acusaron de haberse "arrogado la competencia" en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como "actuaciones de prevención", cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.

La Justicia dictaminó este martes por la noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes. Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

Por Juan Manuel Peratitis

Una situación considerada como poco usual, y casi inédita, se dio en el contexto de la vida institucional de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Coronda ya que un fallo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nro. 1 en lo Laboral de Santa Fe, primera nominación, obligaría a la institución a pagar casi 6 millones de pesos como corolario de un juicio laboral iniciado por una bombera voluntaria que cumplió funciones como radio operadora entre 2016 y 2019.

En 2021 una mujer que cumplía tareas en el cuartel de Juan de Garay 1765 decidió enviar una carta documento e iniciar una querella laboral contra la institución.

De acuerdo a la sentencia, en ella se estableció que “la actora, E.S. promovió demanda por cobro de pesos laborales contra la Asociación de Bomberos Voluntarios de Coronda y Luis A. Girola. Señaló que comenzó a prestar servicios a favor de la accionada el día 1 de noviembre de 2016, realizando tareas de operadora de radio y miembro del cuerpo activo de la asociación. Mencionó que se le abonaba una remuneración de 7.500 pesos y que laboraba 24 horas y descansaba 48”.

Más adelante, el fallo establece que “indicó que la relación laboral no estaba registrada. Explicó que en agosto de 2019 se le negó la dación de tareas. Por tal motivo intimó la registración del vínculo y que se aclare la situación laboral. Y frente al desconocimiento del vínculo laboral, se consideró despedida e injuriada por culpa de la empresa reclamando los rubros remunerativos e indemnizatorios” y “ofreció pruebas” solicitando que “se haga lugar a la demanda instaurada, más intereses y costas”.

Por su parte, y de acuerdo a lo explicado en una conferencia de prensa realizada en la jornada de este miércoles, por el presidente Luis Girola, el tesorero Luis Norberto Peralta y el también directivo Daniel Cabrera, si esta sentencia no se modifica,” se sentará un precedente que podría cambiar para siempre el funcionamiento del voluntariado bomberil”.

Al respecto, el titular de la Asociación corondina expresó que “esta conferencia de prensa la organizamos para que se enteren de los problemas que nos ha ocasionado una bombero por el solo hecho de atender el teléfono desde la guardia, nos hemos encontrado con un juicio laboral por casi 6 millones de pesos que reclama y que en primera instancia le salió favorable”.

Por otra parte, Girola agregó que “no solamente le meten la mano en el bolsillo a Bomberos, sino al pueblo, a lugares aledaños, como Desvío Arijón, Arocena, Larrechea, donde prestamos servicio” y aclaró que “nunca hemos tenido un problema, menos con esta bombero, comisión directiva no se mete en la parte operativa y sinceramente esto no tiene precedentes en la provincia al menos” aclararon desde la versión de la comisión directiva de la Asociación.

Peralta explicó entonces que “esto surgió cinco años atrás cuando la bombero no acudía a los llamados de jefatura porque decía que tenía problemas con familiares y de salud, no cumplía su rol, bomberos la convocó en su carácter de voluntaria, en el medio de eso surgió una carta documento donde nos reclamaba sueldos actualizados y aguinaldos, buscamos un abogado de la federación, un estudio de Coronda y Santa Fe la auspició, tuvimos que presentar pruebas, contamos con el testimonio de ocho bomberos, de jefes, subjefes, porque esto es voluntario y no debía percibir sueldo, la ayudamos permanentemente con una cosa o con otra, pero está claro que ninguno recibía sueldo, bomberos es para voluntarios”.

El tesorero manifestó además que “este fallo sienta un precedente, están llamando de todos lados, de la federación, estamos peligrando de que nos cobre alguien un sueldo por cualquier cosa en cualquier cuartel” por eso “para afrontar esta situación se nos hace cuesta arriba. Para solventar esa suma, igualmente nosotros presentamos la apelación, vamos a esperar unos dos o tres meses, ya hablamos con el intendente Ricardo Ramírez como titular de la Junta de Defensa Civil, con los presidentes de comuna, buscamos un sustento por si llegamos a tener la confirmación del pago”.

El dirigente explicó además en la rueda de prensa cómo se mantiene el cuartel: “Con la cuota societaria, la rifa, la tasa, ingresos por Autopista y las tres comunas, desde Iapip y la cárcel colaboran con la comida de los chicos, nunca les exigimos nada a las comunas, ellos entienden, este es un cuartel abierto, nadie se da cuenta lo malo que sería que un cuartel tenga las puertas cerradas, el 80% las tiene, Coronda y Gálvez por ejemplo lo tienen abierto con todo lo que eso significa para la seguridad de la comunidad” y agregó que “un voluntario en ejercicio de bombero tiene Iapos, y a los 25 años de servicio tiene una ayuda como pensión, pero si tenemos que poner un operador con tres turnos, las 24 horas, y pagar sueldos, imagínense, sería inviable, esta no es una entidad de lucro”.

Por su lado, Daniel Cabrera enfatizó que “este fallo es único en el país, es un peligroso precedente, hay que ver qué dice la Cámara, nunca se vio que un bombero voluntario le inicie juicio a la institución. Ella era operadora, no subía a los camiones, no iba a apagar incendios, sólo hacía eso y en el marco de un voluntariado, nunca hubo discusiones ni problemas con ella. La llamamos porque no venía en su momento y ahí arrancó todo”.

A poco de cumplirse los tres meses después del crimen de Tomás Tello, el adolescente asesinado por una patota durante la celebración de Año Nuevo en Santa Teresita, siete de los 14 sospechosos que estaban bajo custodia fueron puestos en libertad.

La decisión, emitida por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, ordenó la liberación inmediata por falta de pruebas suficientes a Diego Alberto Cejas, Avedis Kopelian, Nahuel Flecha, Julián Cejas, Dylan Chávez, Octavio Cejas e Iván Canaveri, quienes fueron acusados de ser partícipes principales.

"No hay pruebas que vinculen a nuestro cliente con el trágico asesinato de Tello", declaró el abogado de Chávez, Rodrigo Bentaberry, a los medios. Sin embargo, todos los liberados continuarán siendo investigados.

Por otro lado, en febrero pasado, la Cámara de Apelaciones ordenó la prisión preventiva para Damián Kopelian, acusado de homicidio agravado con alevosía como autor; así como para Gonzalo Brandan, Nicolás Ochoa y Carlos Amestoy, señalados como partícipes principales necesarios del delito, y para Dylan Morel, Alexis González y Lucas Carrillo, considerados partícipes principales.

El homicidio de Tomás Tello ocurrió la mañana del 1 de enero de 2024, durante los festejos de Año Nuevo. En la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de Santa Teresita, una patota lo rodeó y lo golpeó brutalmente.

Uno de los agresores lo apuñaló en el pecho, y Tomás fue llevado de urgencia a un hospital local, donde lamentablemente falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

Según el informe de la fiscalía, la policía respondió a un llamado al 911 y realizó una búsqueda. Durante las entrevistas con testigos, se reveló que el grupo de atacantes había estado persiguiendo a la víctima y a sus amigos desde una cuadra antes del lugar del crimen, en la calle 39 y la avenida Costanera.

Roberto Saba vino a Santa Fe para dictar clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y dictó una conferencia sobre "Un constitucionalismo para tiempos de emergencia" en el marco del Ciclo de Diálogos Públicos en torno al constitucionalismo argentino a treinta años de la reforma de la Carta Magna. Además conversó con Sur24.

- La Constitución reformada está cumpliendo treinta años y se encuentra ante un desafío enorme que es ser regla de juego en un país donde el presidente de la Nación es minoría en ambas cámaras del Congreso y no tiene gobernadores de su propio espacio político

- Esta Constitución y cualquier Constitución enfrenta un desafío fuerte cuando hay un gobierno con un apoyo popular mayor al normal y con cierta voluntad de esquivar los límites constitucionales. El problema -acá y en otros países- es un desafío para la democracia constitucional. No solo la Constitución sino que todas las instituciones que rodean a la democracia constitucional como el Poder Judicial, como el Congreso, en Argentina están funcionando. Incluso funcionan los partidos políticos, muy afectados, hay frustración y descreimiento, pero no desaparecieron. No tenemos el caso de El Salvador donde Bukele no tiene a nadie enfrente y puede sacar el 85% de los votos. Acá esto todavía no puede pasar porque hay un marco constitucional que está funcionando, no solo en su texto sino en esas instituciones. Es un desafío, nada asegura que sea siempre así. Las elecciones legislativas del año próximo van a ser un hito en ese proceso. Si el gobierno sacara, por ejemplo, un porcentaje muy alto para cubrir cargos legislativos, esto podría comenzar a cambiar. Hoy por hoy, las instituciones y la Constitución tienen la posibilidad de contener cualquier posible derrame o avance sobre esos límites.

- Más allá del diálogo entre poderes, hoy hay tensión entre poderes

- Hay tensión pero, por ejemplo, desde la justicia le están diciendo a un poder que quiere avanzar sobre el otro, momento. Cada semana, aparece una sentencia nueva sobre la constitucionalidad, por ejemplo, de algún aspecto de un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Un Parlamento que todavía tiene mayorías para bloquear decisiones como pasó en el Senado con el DNU o para proponer este leyes que podrían avanzar en determinados temas. No está allanado el camino para quien quiera avanzar sobre esos límites, pero claro, eso genera tensiones. Tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Creo que habrá mayores tensiones con el Poder Judicial porque cuando empiecen a llegar a la Corte Suprema de Justicia temas sobre el DNU ya no serán temas de un tribunal inferior sino que habrá que ver y observar qué posición toma la Corte.

- El gobierno lleva cuatro meses y no logró una sola ley del Congreso por falta de acuerdos

- Voy a decir algo obvio: nuestro sistema es un presidencialismo bastante fuerte pero no es omnímodo. Tener el Congreso en contra produce estas situaciones donde no podés tomar todas las decisiones que quieras. Las instituciones están funcionando, están obligado a la negociación, al consenso, ceder para poder acordar. Es cierto que el presidente tiene como política, y se ha construido una imagen, en no negociar. Días atrás el ministro de Economía (Luis Caputo) afirmó que negociar y acordar es parte de la vieja política que nos trajo hasta acá y que ellos vinieron a cambiar eso. Su forma de encarar los problemas es no negociar, pero en una democracia como la nuestra no se pueden tomar las decisiones sin negociar, salvo que lo hagas con DNU y está quedando en evidencia que es algo que tiene riesgos de ser rechazados por el Congreso.

- El otro tema que se ve desde el interior es que las provincias han sido ignoradas, se les han cortado recursos para funcionar y parte del ajuste pasa por los estados provinciales, a los que se les cortó obra pública, fondos para docentes, transportes, etc.

- Es claro que el gobierno tiene un objetivo principal que es donde está centrando todo su esfuerzo: la reducción del déficit y lo va a realizar como sea, si el federalismo es un obstáculo, pasará por arriba del federalismo. El objetivo es reducir el déficit y de ese objetivo depende su legitimidad, porque llegó al gobierno prometiendo que va a acabar con la inflación. No creo que el federalismo, sea preocupación del gobierno. El tema central es que cierren las cuentas. En un sistema constitucional como el nuestro, que está funcionando, va a traer conflictos entre las provincias y el gobierno federal y en última instancia se van a terminar dirimiendo en la Corte. La situación, por ahora, no llegó con fuerza al Poder Judicial pero va a tener gran protagonismo la Corte.

- Más allá de que el presidente de la Corte haya dicho que la política debe definir los temas

- (Horacio) Rosatti es consistente en ese punto. Lo ha dicho, incluso en fallos, que la Corte debe ser deferente al poder político, que el poder político tiene que llegar a acuerdos, pero a instancias en las que la Corte no va a poder no pronunciarse como, por ejemplo, la postura del gobierno nacional para con los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un punto donde si se plantea una demanda y la demanda está fundada, tendrá que tomar una decisión. Entiendo que la Corte esté parándose en el medio de este escenario político y dice, primero la política, pero si se dan conflictos entre gobierno nacional y gobierno provincial, conflictos entre derechos individuales y políticas del gobierno no le va a quedar mucho espacio para no intervenir. Vamos camino a que la Corte tenga un rol importante

- Un gobierno que anunció la postulación de dos ministros para la Corte.

- De acuerdo al decreto 222 del 2003 que regula el proceso de nominación del Ejecutivo en algún momento debería oficializar esa nominación y abrir un proceso de consulta pública para que la sociedad civil se pronuncie sobre él o los candidatos. Yo diría el candidato porque cubriría la vacante que dejó (Elena) Highton de Nolasco al retirarse y el otro es cuando se retire (Juan Carlos) Maqueda en diciembre. Hay un proceso formal que parecería que se va a habilitar pronto. El mismo decreto que el presidente invoca para iniciar ese proceso -el 222- dice expresamente que el presidente buscará un equilibrio de género, un equilibrio de expertises profesionales y un equilibrio de procedencia federal y que no lo respetó. Esto es claro. El decreto 222 no dice que tiene que designar un cupo de mujeres en la Corte, pero dice que observará el equilibrio de género. Tenés tres jueces varones, dos vacantes, una a cubrir y otra a cubrir a futuro y propones dos varones parece ser un mensaje. Parece decir "no estoy interesado en cumplir con este requerimiento" y es consistente con otras decisiones que ha tomado el gobierno vinculados a las cuestiones de género. Es parte también de su propuesta política que es una reacción a todo lo que se ha avanzado en ese tema.

- La designación de un ministro requiere una mayoría especial del Senado, cuerpo que tiene representación de mujeres y de las provincias.

- Sí, habrá que ver que pasa. Desgraciadamente muchas veces en los acuerdos políticos y partidarios, han producido u obligado a que algunos votos de mujeres comprometidas con los temas de género terminaron desplazados por la disciplina partidaria en algún acuerdo. Habrá que ver si el Presidente está buscando algún tipo de acuerdo en el Senado para lograr los dos tercios y si eso implicará o no, que que por ejemplo mujeres que han militado en el tema de género, desconozcan el mandato partidario. Los dos tercios es algo muy difícil de alcanzar, llevamos unos 16 años sin nombrar Defensor del Pueblo porque ningún gobierno llegó a ese porcentaje para poder lograrlo, llevamos siete años sin Procurador General por el mismo motivo y dos sin nombrar juez en la Corte.

- Al exigirse estas mayorías especiales ¿El problema es la Constitución o es la política?

- No creo que el problema sea la Constitución, al contrario en la Constitución lo que está buscando es que para que se elija al órgano que va a cumplir el rol de controlar a las mayorías, necesitas una mayoría superior a la simple. Si tengo una mayoría del 52% de apoyo, 52% de votos en el Congreso y en la Constitución te dijera que para elegir al juez de la Corte que va a controlar, necesitas una mayoría simple sería casi renunciar a ese control. Lo que hace la Constitución es ponerte una mayoría más alta que la que se requiere para ganar una elección de modo que tengas que hacer el esfuerzo de consensuar, con más representantes de otros partidos, de la oposición incluso para nombrar a quien va a ser el referí del partido. El punto es no poder elegir el referí con los votos de un solo equipo.

- La Constitución busca que no haya hegemonías

- Toda Constitución trata de lograr equilibrios, no hegemonías porque si tuvieras una Constitución que le concediera todo el poder a la mayoría que gana una elección, esa Constitución perdería sentido. Las constituciones son un límite a las mayorías democráticas. Cuando decimos que no se puede censurar a la libertad de prensa, se está diciendo que las mayorías democráticas por más personas que las compongan, no pueden censurar. Es un control al poder de las mayorías. Para aplicar ese límite está el Poder Judicial , para elegir a ese Poder Judicial necesito una mayoría mayor que la requerida para ganar una elección. No es un problema institucional, el modelo está bien, está justificado, recién en los últimos años la política no fue capaz de llegar a esos consensos. Hasta hace quince años no había problemas para designar jueces en la Corte. Cuando llegó Alfonsín al gobierno estaba la Corte de la dictadura que -justificadamente- se aparta entera, se compone una Corte nueva y se logran los dos tercios en el Senado donde el peronismo era mayoría. Se conocen a qué respondían cada uno de los ministros. Cuando Kirchner tiene que nombrar cuatro ministros de la Corte se llega a los dos tercios gracias al proceso del decreto 222 que lo hace transparente. Kirchner debió proponer candidatos a la Corte que fueran suficientemente aceptables para llegar a los dos tercios. Primero Zaffaroni que tenía mucho prestigio, luego a Highton, Argibay, Lorenzetti. El gobierno hizo esfuerzos para conquistar los dos tercios. La cosa se empieza a romper con la polarización con el segundo gobierno de Cristina Kirchner y propuso dos candidatos que no lograron dos tercios. Macri también tiene dificultades y sabiendo que no tenía los dos tercios avanzó con una designación por decreto pero, fue tanta la resistencia, que el proceso se reencauzó buscando los dos tercios en el Senado y finalmente las designación de Rosatti y Rosenkratz fueron constitucionales cuando Macri consiguió los dos tercios. El fracaso de la política tiene un momento bastante identificable, estos últimos seis o siete años. Esta propuesta del presidente de los dos candidatos parece que no ayuda para lograr los dos tercios, quizás lo logre pero no parecen ser candidatos que logren consensos, dividen mucho.

- Uno de ellos procede de Comodoro Py, un palacio de la justicia federal porteña que tiene una fuerte connotación social.

- Muchos antecedentes hacen desconfiar de nominaciones a la Corte de magistrados que provengan de ese fuero judicial. Más allá de los candidatos, no parece haber una intención del gobierno de buscar candidatos de consenso. Es difícil lograr consenso cuando hay un solo lugar porque es difícil negociar. Con dos, hay opciones de buscar consensos, no parece ser el camino. Parece que la presidencia nomina dos candidatos sin interés por el consenso. Es muy difícil pronosticar, veo difícil que se llegue a los dos tercios en Senado.

Roberto Saba es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires (1990), Master en Derecho de Universidad de Yale (LLM 1995) y Doctor en Derecho en esta misma universidad (JSD 2011). Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y, hoy dirige el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad. Fue co-fundador y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina (2001-2009) y director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparency International (1995-1998). Además, es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo desde el año 1997.

Diputados con rectores de universidades nacionales

Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados, la comisión de Educación y los presidentes de los bloques del cuerpo mantendrán una reunión con los rectores de las universidades nacionales con asiento en la provincia. Participarán los rectores de la UNL, Enrique Mammarella, y de la UNR, Franco Bartolacci; y los decanos de la UTN de Santa Fe, Eduardo Donnet, y de Rafaela, Oscar David. También estarán presentes el rector de la UN de Rafaela, Dr. Rubén Ascúa, y el director del Conicet Santa Fe, Carlos Piña.

El objetivo es que expongan la situación institucional y presupuestaria de las casas de estudios y luego realizar un intercambio con los legisladores provinciales.

Finalmente será la Justicia rosarina la que podrá investigar las denuncias contra los titulares de los terrenos incendiados en las islas, que golpearon fuertemente a Rosario y la región, por lo que las causas se destraban y avanzan por los daños y perjuicios sufridos en la salud o los bienes de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Según explicó a El Litoral Matías De Bueno, abogado especialista en Derecho Ambiental y Director Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a esta resolución se llega porque “había diferentes acciones que tenían que ver con el reclamo de los daños y perjuicios de vecinos y vecinas de la segunda circunscripción, -es decir Rosario y alrededores- contra titulares registrales de los terrenos en las islas, que también vivían en la segunda circunscripción”.

Resulta que “hubo dos o tres demandas de este tipo”. En general, “son prácticamente todas las que nosotros asesoramos”. En este sentido, “la Fiscalía Extra Penal plantea también una acción mera declarativa que lo que pretende es establecer si existe una relación entre ser titular registral de los terrenos -unos 20 propietarios aproximadamente-. Hay uno de ellos que le plantea a la Justicia una excepción de incompetencia, aludiendo que la competencia debería ser federal porque el daño original se produce en Entre Ríos”.

Ante este escenario, el Juzgado realiza una serie de análisis. Se suspenden todos los procesos “para que no haya fallos contradictorios hasta que el Tribunal Colegiado Extracontractual II se pronuncie sobre cuál es la competencia sobre la cual se deben desarrollar estos procesos”, detalló De Bueno.

Además, uno de los argumentos de este demandado es que ya había una declaración de competencia en materia penal y que lo habían enviado a la justicia federal todos los procesos.

Finalmente “el Tribunal concluye que, al ser distinto, que es de responsabilidad Civil, que se produce el incendio en Entre Ríos, pero que acá se produce el daño y que al haber intervenido tribunales provinciales de esta especie específica y que tiene que ver que haya vecinos de esta provincia, reconoce que la competencia es correcta en los tribunales de Rosario y que se va a avanzar en estas causas”.

Esta decisión implica que se “destraba” el freno y las causas avanzarán por los carriles normales. Entonces “se seguirá en estos reclamos concretos que son por los daños y perjuicios sufridos en la salud o los bienes de los vecinos y vecinas de la localidad, y que además tiene que ver con la cercanía con los incendios”, concluyó el abogado que asesora a muchos afectados, en especial a una docente que inició una demanda colectiva.

A través de la resolución del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario –a la que se llegó mediante la posición favorable de los jueces Edgardo Bonomelli y la jueza Jorgelina Entrocasi, con disidencia de Marcelo Quaglia– se rechazó el pedido de incompetencia que había interpuesto un productor agroganadero y destacó que se debe actuar "en protección de los rosarinos por los daños indirectos a su salud".

De este modo, el Tribunal avaló un proceso judicial que apunta a investigar y penar las eventuales conductas delictivas que hayan causado los últimos incendios en las islas, por parte de unos 19 particulares denunciados por la fiscal extra penal María Laura Martínez.

En el fallo de 58 carillas, se determinó que la Justicia local "actúa en protección de los derechos individuales homogéneos de los ciudadanos domiciliados en Rosario por los daños indirectos a su salud" que generaron las quemas; se resaltó que "el medio ambiente es un bien colectivo. La protección del mismo es un deber de todos y cada uno de los habitantes, también de los jueces que vivimos en él, sobre todo ponderando el rol que la sociedad exige a la judicatura moderna. No podemos ser indiferentes a lo que acontece. Incluso en el marco de una cuestión estrictamente procesal como la resolución de competencia, cabe extremar la salvaguarda de derechos fundamentales como la defensa del medio ambiente", señala la resolución.

Aun contemplando que el productor que solicitó la incompatibilidad de la justicia provincial en esta causa "es el primer perjudicado en referencia a las quemas denunciadas, ya que su propiedad se vio ostensiblemente disminuida en cuanto al valor económico por hectárea... siendo el obrar deficiente, paupérrimo y negligente de los Estados Provinciales el que impide detener el supuesto ecocidio y no una conducta omisiva de su parte", deja en claro que "todo ello será materia de la causa, y no hace a la determinación de la competencia".

En la base jurídica que sustenta la decisión del Tribunal, se incluye la teoría de "ubicuidad" y se sostiene que se parte de "la base fáctica de que la geo-localización del factor degradante y contaminante se encuentra en el territorio de la provincia de Entre Ríos y que el daño se produjo en el distrito judicial Nº 2": Rosario. En esa línea, señala: "Puede considerarse que el lugar donde se realizó el hecho que dio origen a esta demanda podría ser tanto aquel dónde se omitió la acción debida –departamentos de Victoria y Gualeguay, Entre Ríos– como también aquél donde se lesionaron los bienes individuales personales y patrimoniales –distrito judicial Nº 2–. Pero subraya que "se tendrá por lugar de comisión del hecho el lugar donde se lesionaron los bienes individuales y se afectaron derechos individuales homogéneos, cual es el Distrito Judicial Nº 2".

Los integrantes del Tribunal defendieron lo actuado por la Fiscalía Extrapenal del Distrito judicial 2, la cual –según consideraron– "actúa en protección de los derechos individuales homogéneos de los ciudadanos domiciliados en este distrito por los daños indirectos a su salud y bienes a consecuencia de los hechos invocados; y que todos los demandados son personas domiciliadas en este mismo distrito".

También mencionan que en varias oportunidades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en materia ambiental y estableció que “corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan".

Por Ornella Pazzi

Un santafesino de 38 años fue condenado por haber publicado fotos y videos íntimos de su expareja en sitios de pornografía y en redes sociales. La sentencia fue por un tipo especial de "injuria", deberá abonar $20.000 y además hacerse cargo de las costas del juicio.

La mujer lo llevó a juicio a través de una querella privada, y fue representada por los abogados Martín Durando, Julio César Loss y María Eugenia Espósito. El debate contra Pablo Daniel T. fue presidido por el juez Nicolás Falkenberg, mientras que su representación legal estuvo en manos de la defensora pública Virginia Balanda.

El vínculo entre Pablo T. y la víctima comenzó en 2005 y culminó en 2019. Tras la ruptura, la mujer dijo haber sufrido hostigamientos por parte de su expareja: llamadas, mensajes y apariciones imprevistas en su casa.

Pasaron algunos años hasta que ella se dio cuenta, debido a una publicación de Instagram, que Pablo T. había sido denunciado por publicar fotos y videos íntimos en un sitio web de pornografía. En algunos estaba ella, y en el resto se podía observar a distintas mujeres.

Este fue el puntapié para que la víctima comenzara a averiguar si existían más publicaciones, y encontró que Pablo T. había creado perfiles en distintos sitios pornográficos, donde había subido fotos y videos íntimos -tanto de ella como de otras mujeres-.

Los abogados de la mujer sostuvieron que el accionar de Pablo T. tenía como objetivo dañar a su ex, y además lucrar con el material de contenido sexual, ya que al pie de los videos y fotografías proporcionaba nombres y apellidos, se refería a ella como "mi ex" y coordinaba con diferentes sujetos para "hacer intercambio de mayor material, o recibir algún tipo de premio o contraprestación, ya sea monetaria o crediticia".

Al finalizar el juicio, el juez Falkenberg condenó a Pablo T. por un tipo específico de "injuria", el "descrédito", configurado en el artículo 110 del Código Penal. Se esperan los fundamentos del magistrado.

Los querellantes señalaron que "la injuria necesita una expresión a través de cualquier medio que venga a dañar la imagen de una persona, o la dignidad de la misma, e incluso perjudicar la reputación de la persona".

"Es sabido que la denuncia de injuria, para que progrese, debe tratarse de un hecho grave que cause un perjuicio claro. Es por ello que esta injuria impartida por el denunciado, realizada en los medio más masivos actualmente (internet/redes sociales/ Whatsapp), trasciende y logra el perjuicio y gravedad que la figura requiere y, claro está, se condice con la intención del agraviante"

En este caso, señalaron que el accionar de Pablo T. se enmarcó en la figura del "descrédito, que se da cuando las imputaciones ofensivas ocurren ante terceros y así se daña la reputación de un persona, con lo cual el sujeto pasivo -la víctima- queda difamado".

Aquí, "la conducta exteriorizada por el agente tiene carácter ultrajante de todo y cualquier honor, crédito, imagen de una persona sobre un modo de exposición susceptible de valoración peyorativa, estigmatizante, ultrajante y humillante para con la personalidad del ofendido".

La querella también señaló que Pablo T. "ha colocado una cámara oculta en el baño de la residencia que compartía con la víctima para tomar fotos y videos de las personas -mujeres- que asistían al baño (amigas, familiares, etc.), sin saber si en alguna oportunidad lo hacía con los menores que asistían a la residencia".

En la jornada de este viernes, Sur24 había adelantado que las nuevas autoridades comunales de Melincué, lideradas por Yamila Gallisso, habían efectuado una presentación en la Unidad Penal de Melincué para que se inicie una investigación sobre la administración de los fondos comunales durante la gestión del renunciante Silvio Garbolino.

En la mañana de este sábado se conocieron más detalles a través de una publicación de la Comuna de Melincué en sus redes sociales, donde se ratifica que Yamila Gallisso, “en representación de la Comisión de Gobierno, y acompañada por la minoría, se presentó ante la justicia a raíz de los hechos que son de público conocimiento”.

Y agrega el posteo que lo hicieron munidos de algunas evidencias que justifican sus sospechas, tales como “cheques rechazados sin fondos, que no tienen su partida respectiva de gastos o ingresos”.

En función de esta situación, la presidente comunal de Melincué solicitó a la justicia que “se investigue el flujo de fondos y el porqué de esos cheques emitidos sin su correspondiente documentación de respaldo” por parte de la gestión que finalizó el último 18 de enero inmersa en una polémica que adquirió notoriedad regional y provincial.

La Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa por la “ruta del dinero k” al ser rechazado un planteo de su defensa.

De esta forma, es Sebastián Casanello el juez de primera instancia quien junto con el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión.

Ahora fue el turno de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, quien ante un planteo hecho por la exVicepresidenta contra el fallo de la Cámara Federal “resulta improcedente” y por eso rechazaron la apelación.

Cristina Kirchner de esta forma volverá al centro de la escena en esta causa de la que Casanello en dos oportunidades le dictó la falta de mérito por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar.

En la causa a través del juicio que se hizo fueron condenados el empresario Lázaro Báez a diez años de prisión; su hijo Martín a 9 años; el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios.

La exVicepresidenta nunca fue procesada en el caso y el año pasado en un dictamen fue Marijuan quien llamativamente luego de impulsar la denuncia en reiteradas veces en su contra, reconoció que no hubo pruebas por lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero dijo que no existió delito alguno para investigar.

Pero la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo de una ONG y ahora tras éste fallo que se confirma, Marijuan y Casanello seguirán adelante con el caso.

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad pidió que al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2 que habilite la feria judicial y defina si el mega DNU 70/2023 que empezó a regir el 30 de diciembre de 2023 del presidente Javier Milei es constitucional o no.

"Sustentamos el pedido de habilitación de feria judicial, ya que con la entrada en vigencia del DNU, la población argentina está sufriendo una transformación radical de su modo de organización social y económica, eliminación de derechos reconocidos por leyes del Congreso, sin haber tenido la posibilidad de participar en su debate a través de sus representantes electos democráticamente que integran las cámaras del Congreso", justificó la ONG.

"La imposición de un modelo de desarrollo, a contramano de lo que establece el actual ordenamiento jurídico y la Constitución que dispone un progreso con justicia social, se instaura autoritariamente con la quita de cientos de derechos de la ciudadanía en temas habitacionales, de consumidores, laborales, etc", añadieron.

Para argumentar la rapidez en su resolución, la Asociación también pone como ejemplo que se ha derogado la ley de alquileres que afecta a más de 9 millones de personas, derechos laborales o también cuestiones del ámbito de la salud por la medicina prepaga por el aumento de la cuota.

Ante la solicitud, el Juzgado remitió el planteo al fiscal Miguel Ángel Guilligan para que opine si corresponde o no habilitar el receso de verano para resolver el amparo, aunque la expresión del representante del Ministerio Público no es vinculante para el magistrado.

El Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo Federal es donde se están concentrando muchos de los planteos porque ha dispuesto tratarlo como amparo colectivo y fue el primero en hacerlo: por ello muchas presentaciones hechas en otros juzgados del fuero o bien de otros están siendo centralizadas allí para que no haya resoluciones contrapuestas y sea allí donde se defina la situación.

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, que ha mantenido contactos previos con el presidente electo, Javier Milei, destaca su complementariedad con el presidente electo: “Él es libertario en lo económico y yo soy libertario en lo jurídico, ya nos complementamos muy bien”. Esta alineación ideológica forma la base de su enfoque para transformar la Justicia.

Al analizar el estado actual de la Justicia, Libarona observa: “Pienso que hay muy buenos jueces, pero que los pocos malos jueces han mancillado el honor y la credibilidad de todos”.

Esta percepción negativa es un punto central de su plan de reforma, donde busca dotar a los jueces de más herramientas legales y estructurales para actuar con independencia.

Los tiempos procesales actuales y la sobrecarga de trabajo en los juzgados son preocupaciones destacadas por Libarona: “No son razonables los tiempos que se manejan hoy. Terminan siendo equilibristas, no jueces”. Propone, por tanto, agilizar los procesos judiciales y mejorar la asignación de jueces.

En cuanto a las propuestas de reforma, Libarona, declaró en una entrevista con El Cronista que: “Estamos trabajando en muchas reformas. Queremos juicios rápidos y en plazos casi matemáticos”.

También menciona la necesidad de un control más estricto sobre los plazos procesales y la aplicación efectiva del sistema de enjuiciamiento a nivel nacional.

Sobre la judicialización de la política, Libarona señala: “Yo se lo asigno a la enorme injerencia del poder político en la Justicia y todos sus ámbitos”. En respuesta a esto, su enfoque se centra en asegurar la independencia judicial y evitar la politización de los nombramientos judiciales.

En relación con la Inspección General de Justicia, Libarona tiene planes específicos: “A la IGJ hay que hacerla de nuevo”. Su objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia de este organismo.

El tema del autofinanciamiento del Poder Judicial también es abordado, con Libarona apoyando la idea de Milei de explorar opciones para que el Poder Judicial genere sus propios fondos, lo que potencialmente aumentaría su independencia.

También, Libarona aborda la crisis carcelaria, destacando la necesidad de una mejor gestión y posiblemente de la participación privada en ciertos aspectos de la administración penitenciaria.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación realizó este lunes su brindis de fin de año, con la destacada presencia del futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En el evento se reclamó por la implementación, en todo el país, del sistema acusatorio, para otorgar mayor protagonismo a los fiscales. Así lo marcó el titular de la Asociación, el fiscal de Salta Ricardo Toranzos: "con el sistema acusatorio los fiscales asumen, de manera exclusiva, la responsabilidad de la persecución penal, con el compromiso de desarrollar procesos de trabajo y capacidades eficientes para la investigación y litigación".

Además, en su discurso, Toranzos sostuvo: "El deseo es que el año que viene se adopte la decisión política de ampliar la vigencia total del Código Procesal Penal Federal en otras jurisdicciones", dijo en su discurso, recordando que ese sistema ya fue probado en Salta y en Jujuy.

La presencia de Cúneo Libarona fue uno de los principales focos de atención de la velada dado que muchos de los invitados buscaron tener algún intercambio de palabras con él.

Una de las preguntas que se repetía entre los asistentes era quién será el próximo jefe de los fiscales, cargo que ocupa de manera interina el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, quien participó del evento y ofreció un discurso breve.

Casal ocupa ese cargo desde 2017: sucedió a Alejandra Gils Carbó y permaneció en ese lugar durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, quienes no lograron aval parlamentario para sus candidatos.

Uno de los nombres que trascendió para ocupar es el presidente de la Cámara del Crimen Marcelo Julio Lucini: es una de las tantas ideas que tiene en mente Cúneo Libarona quien pretende frenar la danza de nombres para evitar que desde otros sectores políticos, como el referenciado con Mauricio Macri, esmerilen a sus candidatos para imponer otros.

Entre esos nombres, está también el de Marcelo Gallo Tagle, juez civil y todavía presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quien estaba en el evento y es el hombre al que Cúneo Libarona le ofrecería ser representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, según informaron a Télam fuentes al tanto de los armados del futuro gobierno.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella destacó el accionar del fiscal regional Matías Merlo y su equipo, y de los jueces, tanto de primera instancia como de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, que condenaron a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “megaestafa inmobiliaria” y consideró que es “una buena noticia” que el abogado venadense “esté preso por ser el principal responsable de esta estafa, estableciendo que era el jefe y líder de la asociación ilícita que tanto daño causó a la ciudadanía”.

“Para nosotros es un paso concreto y muy importante el que se dio para que este delincuente de guantes blancos termine preso, tras las rejas. Estas sentencias terminan con la impunidad de esta banda delictiva, de traje y corbata, que le han robado a muchos vecinos y lastimado a muchísimas familias”, enfatizó el mandatario en diálogo con “A pesar de Todo” (LT29).

Para Chiarella también el mensaje que se le da a la sociedad con “un fallo histórico como este” es significativo porque “no era bueno para ninguno ver a este delincuente tomando café en el centro de la ciudad, deambulando por las calles como si nada pasara y con total impunidad, y hasta ejerciendo la profesión. Ahora eso cambió con una decisión judicial que nos devuelve la esperanza en la Justicia, que funciona y que personas que cometen estos delitos tan graves terminan tras las rejas”.

Además remarcó que este tipo de sentencias sirven como una advertencia a quienes cometen delitos de esta naturaleza, “creyendo que nadie los toca por usar traje o tener una profesión, los que comúnmente se los conoce como peces gordos”, señaló.

El intendente venadense resaltó la decisión política que asumió el exgobernador Miguel Lifschitz a través del secretario del Registro de la Propiedad Matías Figueroa Escauriza de investigar este tipo de causas. “A partir de allí se inició la investigación que luego continuó la justicia, a través del fiscal Matías Merlo, con el claro objetivo de desentrañar toda una actividad ilícita que estaban llevando adelante estos delincuentes que se estaban quedando, ni más ni menos que con los terrenos de la gente, por un monto de 20 millones de dólares”, subrayó.

Chiarella a su vez, aseveró que Di Benedetto “es un abogado que está vinculado al narcotráfico, por eso, que esté preso, para nosotros es muy importante”, recordando que el letrado representaba a “Matías Álvarez, uno de los líderes de las bandas narcos que operan en nuestra ciudad, que hoy está preso en Marcos Paz, incluso con vínculos con la banda rosarina de los Alvarado, cuyo jefe quiso escaparse de la cárcel en helicóptero”.

A su vez, indicó que Di Benedetto “habría aportado contactos” para el desarrollo del plan de fuga de Alvarado, como el caso del piloto del helicóptero -hoy prófugo- quien sería una persona cercana a Di Benedetto, según relató el intendente. “No me quedan dudas que formaba parte de esta estructura delictiva”, sentenció.

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, presentó este miércoles su renuncia al cargo, horas después de que se conociera que quiso presionar a una subsecretaria de esa cartera para ocultar información a la Justicia sobre el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

La noticia de la renuncia fue revelada por Telenoche y confirmada por los diarios El País y La Diaria, que detallaron que Bustillo conversó la decisión con el presidente Luis Lacalle Pou, que estaba hoy en Estados Unidos.

Un rato después, la dimisión fue oficializada en la cuenta oficial de los Medios Públicos en la red X y trascendió la carta con que Bustillo dimitió.

"Deseo manifestar que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte tramitado para el señor Marset, en cuya instancia tampoco tuve participación ni conocimiento alguno", afirmó el flamante exministro en ese texto.

"Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria", aseguró, y apuntó a la entonces vicecanciller: "La Dra. Ache, descontextualizó conversaciones y obró de mala fe".

Bustillo subrayó que "las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente".

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregó hoy a la Fiscalía unos chats que cruzó con el hasta hoy canciller, en los que este le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Marset.

Luego de que esta información tomara estado público, el Frente Amplio (FA) había reclamado la renuncia de Bustillo y una explicación de Lacalle Pou.

Medios montevideanos señalaron que Lacalle Pou estuvo en contacto con su segunda, Beatriz Argimón, y atribuyen a fuentes del Ejecutivo la idea de que presidente y vice esperaban que Bustillo renunciara por su cuenta, sin que hubiera que pedírselo explícitamente.

El mandatario está en Estados Unidos, donde se reunirá con su par local, Joe Biden, y participará de una cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP).

Marset es un delincuente que en la última década actuó en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Está involucrado en el transporte de cocaína al hemisferio norte, entre otros graves crímenes, y en una breve detención que tuvo en Qatar presentó un pasaporte uruguayo vigente.

En agosto último, logró escapar de un operativo policial en Bolivia, donde se investiga ahora si tuvo ayuda policial y de funcionarios.

En Paraguay se sospecha, además, que puede tener relación con el asesinato, en mayo del año pasado, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, muerto a tiros en una playa de Cartagena, Colombia, durante su luna de miel.

En la conversación filtrada, Bustillo le dice a Ache que el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, es "un tarado", pero que no va a dar la información que reclamaba la Justicia, vinculada a las conversaciones con ella sobre Marset, y advirtió que si lo hacía, "se incrimina solo".

Maciel fue el primer funcionario que compareció ante la Fiscalía y evitó hablar con la prensa sobre el caso.

Bustillo se refiere a las conversaciones del 21 de septiembre y el 3 de noviembre de 2021, en las que Maciel le consulta a Ache sobre la detención de Marset en Dubai y le advierte que es un narcotraficante "pesado y peligroso".

"Yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos, se pegaría un tiro en el pie. Maciel no zafa mandándote al frente a vos, no zafa. Los únicos que podían detener la expedición del pasaporte o no es el Ministerio del Interior. Más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad a él, superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo, me parecería un anormal si hace eso, se incrimina solo", expresó Bustillo en la conversación con Ache.

Cuando la exsubsecretaria le planteó que Maciel ya había "volanteado" esas conversaciones, Bustillo respondió: "Sí, porque es un tarado, pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa por ahí; yo creo que el tipo es un tarado".

"Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando escenarios (...) hay que ir sorteando esto es paso a paso", apuntó el canciller.

En otro audio, Bustillo le dice que va a tratar de hablar con Carlos Mata -director de Asuntos de Frontera- en busca de evitar entregar los chats en la investigación administrativa y sortear la indagatoria de la funcionaria Karina Antelo: "Que por lo menos no guaranguee con las preguntas, que mande a un tercero y que no sea tan incisivo".

Cuando Ache le dice que no hay manera de no entregar los WhatsApp, Bustillo le responde: "Busquemos la vuelta para que no tengas que entregar eso porque ahí te dejan repegada, al cuete. Dejame hablar con Mata para ver si hay algún tipo de forma en la que él pueda hablar con la tipa (la funcionaria sumariante) e incidir".

Ache le plantea a Bustillo que igual después esos mismos chats se los va a pedir la Fiscalía en la investigación penal, a lo que el ministro de Relaciones Exteriores le responde: "Eso es otro cantar, acá hay que ir ganando tiempo y llevándola".

Además, Ache aportó a la fiscalía documentación para probar que el asesor de Presidencia de la República Roberto Lafluf destruyó un acta notarial de la Cncillería que contenía los chats y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.

En ese contexto, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, estaba evaluando la posibilidad de disponer la reserva de esa declaración, por lo que la causa continuaría sin que los abogados de los otros investigados tengan acceso a la declaración de Ache.

A la salida de su declaración, en conferencia de prensa, Ache manifestó que renunció a su cargo por negarse a "cometer un delito".

La declaración de Ache fue rápidamente tomada por el opositor Frente Amplio, que reclamó la renuncia de Bustillo y explicaciones del gobierno por medio del senador Alejandro Sánchez. Además, el Secretariado del FA hizo una reunión de urgencia para evaluar el tema.

Sánchez dio una conferencia de prensa en la que exigió "un acto de honradez de parte del gobierno" de Lacalle Pou, porque se trata de "un escándalo de proporciones inimaginables para el Uruguay".

"El gobierno tiene que salir a explicar" la situación "al pueblo uruguayo": cómo es que "altas autoridades del gobierno se reunieron para hacer desaparecer un celular, para no entregarle información a la Justicia, para venir a mentirle al Parlamento", continuó Sánchez.

Un tribunal italiano ha ordenado a dos hombres de 42 y 40 años a abandonar la casa de su madre, que había recurrido a la Justicia para desalojar a sus propios hijos alegando no sólo que no contribuían a la economía familiar sino que tampoco aportaban ningún tipo de ayuda en las tareas domésticas.

La madre, Simona Caterbi, de 75 años y residente en Pavía, en el norte de Italia, había intentando convencer en vano a sus hijos para que se fueran y un juez ha terminado dándole la razón. Los dos hombres deberán abandonar el domicilio antes del 18 de diciembre.

En la sentencia, se establece que la convivencia podía estar "inicialmente fundada", en la medida que los progenitores tienen una "obligación alimentaria" hacia sus hijos, pero hoy en día "ya no parece justificable" que los dos hombres tengan que permanecer en el domicilio junto a su madre. Se tienen en cuenta, por ejemplo, "que los dos acusados son sujetos mayores de cuarenta años", informa la cadena RAI.

Un reciente estudio de Eurostat concluyó que los jóvenes se independizan de media en Italia a los 30 años, un dato similar al de España y el séptimo más alto dentro de los Veintisiete. La media dentro de la UE es de 26,4 años, con Finlandia, Suecia y Dinamarca con datos por debajo de los 22 años.

El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak envió una batería de exhortos a los Estados Unidos, Uruguay y España, en el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio.

La razón no sólo es el viaje que encararon Insaurralde y Clerici en septiembre pasado, sino además los bienes de todos ellos.

En un exhorto hacia España vía Cancillería fue con requisito ante la autoridad judicial de ese país conocer el itinerario de ambos, desde que llegaron a Madrid pasaron por Marbella y luego retornaron. Ella viajó el 7 y el el 15 de septiembre, y ambos volvieron por vuelos distintos el 21 de ese mes.

Kreplak quiere saber cómo fue el viaje desde Madrid a Marbella de Insaurralde y Clerici, la forma, cómo se pagó y donde se hospedaron ambos. Toda la información se canalizó vía Cancillería y es para que sea respondida por una autoridad judicial española.

También el juez remitió a los Estados Unidos vía Ministerio de Justicia, a raíz del pacto de colaboración que tiene con aquel país, para conocer si el ex jefe de Gabinete cuenta con bienes allí y teniendo en cuenta que registra muchos viajes con ese destino.

Otro de los exhortos vía Cancillería fue a Uruguay pidiendo información ante un posible acuerdo de divorcio que habrían hecho Insaurralde y Cirio, del cual trascendió que podría ser de 20 millones de dólares aunque ella lo niega.

En Uruguay el Banco Central por un lado y un fiscal iniciaron una investigación a raíz de una presentación de Graciela Ocaña y se intenta determinar si hubo un acuerdo, y si efectivamente esa suma existió.

La Cámara Contencioso Administrativa 2 de Córdoba autorizó, por mayoría, la solicitud de la familia de un paciente de 64 años, quien había estado hospitalizado desde marzo debido a un traumatismo craneal severo, supuestamente resultado de una agresión durante un intento de robo.

La decisión ordena al Hospital Municipal de Urgencias retirar la asistencia respiratoria al paciente, quien permanecía en estado de coma desde hace más de seis meses.

La familia basó su solicitud en el concepto de "muerte digna", que implica retirar el soporte vital a un paciente terminal con su consentimiento o el de su familia cuando se considera que su condición de salud es irreversible.

Dos comités de bioética confirmaron esta condición médica. La medida fue respaldada por las vocales María Soledad Puigdellibol y Daniela Susana Sosa, quienes enfatizaron el respeto por la voluntad del paciente reconstruida a través de los testimonios de sus familiares y el principio de la dignidad humana.

Sin embargo, la vocal María Inés Ortiz de Gallardo votó en contra, argumentando que los procedimientos seguidos garantizaban plenamente la defensa y que no se cumplían los requisitos médico-legales.

Esta decisión marca el primer caso en el que la Justicia de la provincia aprueba la "muerte digna" desde la sanción de la ley.