Las hijas mayores de Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna, fueron citadas a declarar en el jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach. La audiencia se desarrolla luego de que el martes las testigos pidieran postergar su participación. Su presencia busca aportar contexto sobre el juicio declarado nulo tras confirmarse que la magistrada había iniciado un documental.

Durante esta jornada también se espera la declaración de José Arnal, socio de la productora La Doble, responsable del film “Justicia Divina”, y del escritor Juan “El Chavo” D’Emilio. Ambos podrían aportar detalles sobre la realización del proyecto audiovisual que motivó la suspensión de Makintach.

En la audiencia anterior, brindaron testimonio el abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, Julio Rivas, la amiga íntima de la jueza, María Lía Vidal Alemán, y la propia acusada, quien volvió a insistir en su inocencia. Makintach reafirmó su confianza en las instituciones y expresó su deseo de que “se sepa la verdad”.

La magistrada pidió volver a declarar en la cuarta audiencia del proceso. En un testimonio de 15 minutos, autorizado por la presidenta del tribunal, Hilda Kogan, explicó su versión sobre el documental, su primer capítulo y el tráiler. “Tengo mucho para decir, voy a intentar ser clara y concisa”, comenzó, negando conocer el contenido del material y aseguró que no participó de su elaboración.

“Vi el teaser porque una amiga, ama de casa y decoradora, me pidió una entrevista sobre mi vida y mi trayectoria judicial. Nunca imaginé que eso pudiera traerme consecuencias. Solo hablé con ella, sin intervención en la producción”, relató.

Entre lágrimas recordó un episodio familiar: “Dicen que hay un tiroteo de mi padre, pero fue un atentado. Yo misma le hice un torniquete porque estaba sangrando. Eso demuestra que no tuve nada que ver con esa escena”.

Makintach reconoció haber estado en los tribunales de San Isidro un domingo, donde se grabaron algunas tomas. Aclaró que no le resultó inusual trabajar ese día, ya que realiza guardias habitualmente. “No hubo nada oculto ni clandestino. Fui tres horas, di la entrevista y me fui”, sostuvo.

Según su testimonio, desconocía a los camarógrafos y productores presentes, salvo a su amiga. “Me pidió que caminara hasta mi despacho y hablara sobre mi vida. Me preguntaron si conocía a los imputados y respondí que no. Era una charla personal, no sobre el juicio”, explicó.

La jueza agregó que después de esa grabación mantuvo un breve contacto el día del inicio del juicio, pero no volvió a tener relación con el equipo del documental. “Mis colegas sabían que una amiga quería hacer un proyecto sobre la Justicia vinculada al caso Maradona. No era lo mismo, pero esa diferencia me trajo hasta acá”, afirmó.

Tras su declaración, los representantes del Colegio de Abogados de San Isidro —parte acusadora— solicitaron reproducir el tráiler, el guion y el primer capítulo de Justicia Divina, incluso en su versión en inglés. La proyección causó sorpresa en la sala: algunos miembros del tribunal se tomaron la cabeza al ver las imágenes.

El proceso continúa con nuevas citaciones y declaraciones, mientras el jury analiza si la conducta de Julieta Makintach vulneró la imparcialidad judicial. El caso, además de su impacto institucional, reaviva el debate sobre los límites entre la exposición mediática y la función judicial en procesos de alto perfil.

El Gobierno Provincial, a través de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, presentó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Mauricio Martelossi, de la ciudad de Reconquista, quien liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez, a pesar de su extenso historial delictivo.

La denuncia se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo 7, inciso 1 y concordantes de la Ley Provincial Nº 7050, que establecen las causales y el procedimiento para la remoción de magistrados por mal desempeño en sus funciones.

Hechos que motivan la denuncia

La denuncia se presenta a raíz del homicidio, en la ciudad de Reconquista, de Juan Carlos Martínez, remisero de la localidad. Pocas horas después, el sospechoso fue detenido, por el rápido y eficiente accionar policial, y se le secuestró en su domicilio el arma homicida. El detenido, Joaquín Carrizo, resultó ser un delincuente conocido de la región, que registra 13 causas penales, y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas: “A pesar de que un análisis mínimamente riguroso de sus antecedentes permitía advertir con claridad el riesgo concreto de que su conducta violenta derivara en una tragedia”, precisa el escrito.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar el 28 de agosto de 2024, cuando protagonizó un asalto a mano armada en una vivienda de la ciudad de Avellaneda, lo que dio origen a una causa penal en la que el fiscal interviniente solicitó la prisión preventiva del imputado. La medida cautelar se mantuvo vigente hasta la realización de la audiencia preliminar el 6 de marzo de 2025, oportunidad en la que el juez penal Mauricio Daniel Martelossi, resolvió no hacer lugar al pedido de la Fiscalía y conceder la libertad del imputado, imponiéndole ciertas condiciones, que resulta evidente ninguna fue cumplida.

Esto pone de manifiesto la “ligereza e irresponsabilidad” con la que el magistrado actuó, omitiendo los antecedentes penales, y permitiendo la libertad de una persona ya condenada, con conductas delictivas reiteradas, y con problemas psicológicos o psiquiátricos reconocidos; y desestimando criterios procesales elementales del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Provincia, sobre hipótesis que permiten valorar el riesgo procesal.

Fundamentos

Por este motivo, la denuncia presentada sostiene que “el accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto. En nuestra doble condición de ciudadanos y de funcionarios de un gobierno que ha demostrado un compromiso firme con la protección de derechos y garantías para toda la sociedad, consideramos no solo pertinente, sino necesario, reclamar su destitución, en resguardo de los principios fundamentales que deben regir la administración de justicia”.

Al respecto, el ministro Bastia señaló “la gran responsabilidad es del juez que ordenó la liberación de esta persona. Es inadmisible. El juez Mauricio Martelossi va a tener que dar cuenta de su deficiente accionar e irresponsable decisión”; y destacó el accionar policial, que “en muchas oportunidades aprehendieron a este delincuente, por distintos hechos”.

Por último, la presentación adjunta elementos probatorios, como el prontuario policial de Joaquín Camilo Carrizo, copia del fallo en autos “Carrizo, Joaquín Camilo s/ Resistencia a la Autoridad”, y acta de la audiencia preliminar del 6 de marzo de 2025.

Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada del jury de enjuiciamiento a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, en el marco del crimen de Lucio Dupuy, un proceso en el que también está acusada la asesora de menores Elisa Alejandra Catán. Ambas funcionarias son juzgadas por presunto mal desempeño luego de haberle otorgado la tenencia de la víctima a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien junto a su pareja, Abigaíl Páez, actualmente purgan una condena a prisión perpetua por haber asesinado al nene, de 5 años.

A diferencia de lo que sucedió en la apertura del debate y del horario programado para los días siguientes, la jornada del miércoles fue por la tarde. El primero en presentarse a declarar fue Juan Pablo Meaca, funcionario a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.

El testigo afirmó que a los cuatro días de la muerte de Lucio, después de pedirle informes a las Unidades de Niñez de Santa Rosa y General Pico, le indicaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que no había denuncias sobre presuntos malos tratos.

“Incluso al día de hoy, y después de una sentencia (condenatoria) no hay informes, denuncias, exposiciones o actas, de organismos públicos y privados, que mostraran algún indicador que el niño estuviera sufriendo situaciones de vulnerabilidad”, sostuvo.

Meaca señaló, por otra parte, que “el derecho del niño a ser escuchado depende de su desarrollo y su grado de madurez”. Y agregó: “Pero tampoco hay que poner al niño a decidir un conflicto entre adultos, si se va con mamá o papá, como por ejemplo en cuestiones de alimentos, regímenes comunicacionales o cuidados personales”.

Durante su testimonio, el abogado Pablo Rodríguez Salto, representante de la jueza acusada, le preguntó al testigo si es una negligencia grave entregar a un niño con los genitales paspados. El interrogante tuvo relación con la imputación que pesa sobre Pérez Ballester, acusada de haber omitido comunicarle a la Dirección General de Niñez de que esa lesión figuraba en la denuncia que la madre del chico formuló contra el tío Maximiliano Dupuy porque, presuntamente, le impedía el contacto con Lucio.

Meaca respondió: “Todos tuvimos hijos y a todos se nos han paspado… Hay que ver el contexto o si se trató de un hecho suelto para intervenir o no”.

A continuación, Mariángeles López, defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, recordó que el organismo recibió dos consultas de Espósito Valenti, una “por un juicio que ya estaba cerrado” y otra para que colaboren “para que salga una sentencia sobre un trámite en la Anses”, en el expediente del cuidado personal.

Y acotó que a raíz de ello se comunicó con Pérez Ballester. “Lo escribimos a los cuatro o cinco días del fallecimiento de Lucio, al mes y hace una semana. Como Defensoría no encontramos ningún indicador que hiciera sospechar que el niño estaba siendo vulnerado. Al día de hoy seguimos revisando y no encontramos ninguna situación de vulneración que nos hiciera sospechar de maltratos”, aseguró.

A su turno, María José Mendoza, quien entre 2019 y 2021 fue responsable de la Unidad de Niñez de General Pico, respondió acerca de si tuvo una comunicación con la Policía de esa localidad respecto de un acta de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo por violencia de género. “No, no tuvimos intervención. En ningún momento recibimos una denuncia para hacer un seguimiento de una situación” relacionado con el caso, fue la respuesta.

En tanto, el director general de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, Rodrigo Lofvall, aclaró que ese organismo “no es el de aplicación de la ley cada vez que se vulnera un derecho, sino que es la autoridad de aplicación de la ley”. Y siguió: “O sea que, cuando se constata la vulneración de derechos, puede intervenir directamente o articular con otros organismos para garantizar esos derechos”.

En esa línea, remarcó que están obligados a intervenir “si nos dan intervención” y, ante una consulta sobre si tienen la obligación de emitir informes, contestó que “a veces sí y a veces no”. “Nosotros nos enteramos quién era Lucio Dupuy por los diarios y ya con los hechos consumados. Previamente, no existió ningún pedido de intervención”, explicó ante el tribunal.

Posteriormente, tomó la palabra Cecilia Andrea Milanese, fiscal adjunta de la Unidad de Atención Primaria de General Pico. Ella fue quien recibió una denuncia de Maximiliano Dupuy contra Espósito Valenti por impedimento de contacto con Lucio. Explicó que la desestimó porque, al momento de recibirla, el conflicto ya estaba resuelto (el niño había vuelto con su tía Leticia Hidalgo) y porque no había delito, sino un incumplimiento del régimen comunicacional.

Su colega Andreína Marisol Montes también prestó testimonio. Puntualmente, se refirió a una denuncia de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy en la que le tocó intervenir.

“La denuncia arrancó con la madre diciendo que quería volver a tener a su hijo. Ahí deslizó que su pareja (Abigail Páez) había visto un sarpullido en Lucio y que no lo había llevado al médico. Previamente, había existido una exposición donde no había dicho nada de eso. Al niño no se lo revisó porque lo del sarpullido había sido cinco días antes”, relató. También manifestó que la madre no puso reparos cuando se archivó la denuncia.

Montes dijo que se le dio intervención a la Unidad de Niñez de General Pico, contradiciendo a la testigo Mendoza, quien un rato antes había afirmado que no tuvieron intervención.

Por su parte, la fiscal adjunta en la UAP de General Pico, Ana María Ballari, trabajó en una denuncia de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy por entorpecimiento de contacto. La misma se originó el 31 de mayo de 2020, cuando el tío le había dado a Lucio porque ella fue a visitarlo. Ahí surgió lo de Abigail Páez y el sarpullido. “Descarté que hubiera un delito y que el niño fuera víctima de un delito. Fue un hecho aislado”. No recordó si se le dio intervención a la Unidad de Niñez y ella fue quien archivó la causa. Previamente, le dio vista a la madre de Lucio.

Ballari, al archivar la causa, entendió que el Juzgado de Familia era el organismo más competente para resolver el desacuerdo ante el interés de la madre de volver a tener el cuidado del niño.

El octavo y último testigo en declarar fue Luciano Nahuel Rebechi, fiscal de género de General Pico. En su caso, recordó que, ante esa misma denuncia por impedimento de contacto, se le dio intervención a Unidad de Niñez. Dijo que previamente ese organismo ya había intervenido porque “ese mismo día hubo dos exposiciones cruzadas”. Además, indicó que en las horas posteriores Lucio fue restituido a su tía Leticia Hidalgo, quien por entonces tenía la tutela. Y manifestó que “hay constancias policiales de que intervino la Unidad de Niñez”.

Este martes, durante la primera jornada, declararon 12 testigos, entre ellos, familiares de la víctima y las funcionarias que intervinieron en la discusión por la tenencia del menor. Uno de los que declaró fue el padre de Lucio, Christian Sebastián Dupuy, quien contó que estuvo de acuerdo con que su hijo estuviera a cuidado de su hermano y su cuñada.

“Por lo que me contaban mi papá, mi hermano y mi cuñada, ella (Magdalena Espósito Valenti) siempre los amenazaba”, aseguró ante el tribunal. En ese sentido, aprovechó para mostrarse arrepentido de la forma en la que actuó y ya con el daño hecho, tomar conciencia de que tuvo la oportunidad de hacer algo diferente. “Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé lo que iba a pasar”, remarcó.

Consultado sobre su participación en los trámites judiciales sobre la tutela de su hijo, Dupuy padre sostuvo: “Jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes. Contraté a una abogada (Yamila Isoardi) para establecer un régimen de visitas”. Precisó que ese régimen tuvo lugar en 2021, cuando Espósito Valenti ya tenía otorgado el cuidado personal.

“En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto”, agregó.

Comienza el jury de enjuiciamiento contra la jueza que le otorgó la tenencia a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, mamá y madrastra de Lucio Dupuy, quienes meses después se convirtieron en sus asesinas.

Estaba previsto para que arrancara el lunes, pero finalmente se votó para mover la fecha al martes.

Ana Clara Pérez Ballester es titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico, y tuvo a cargo el expediente que tramitaba el cuidado personal del nene de 5 años. Ahora está en juego su carrera judicial, ya que podría ser destituida.

También está imputada por “mal desempeño” su asesora, Elisa Alejandra Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de la misma ciudad.

El jurado que integra el Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.

El debate comenzará a las 8, en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados provincial. En esta jornada, el Tribunal leerá la imputación, se harán los alegatos de aperturas de las partes y podrán declarar las dos acusadas.

El miércoles será el turno de los familiares de Lucio: el papá Christian Sebastián Dupuy, su abuelo Ramón Dupuy, su abuela paterna Silvia Noemí Gómez, entre otros. Además, están citados a dar su testimonio los allegados a las asesinas.

También declararán personal del servicio de Niñez y otros funcionarios públicos: Andreina Marisol Montes, Ana María Ballari, Cecilia Andrea Milanese, Luciano Nahuel Rebecchi, María José Mendoza, el director de Niñez Rodrigo Lofvall, Mariángeles López y el defensor de Niñez Juan Pablo Meaca.

Entre el jueves y el viernes darán su testimonio otras 20 personas por parte de la defensa, entre abogados y allegados a las acusadas. Los citados son: Yamila Luján Isoardi, Celia Marina Assel, María Sofía Peroni, Oriana Resch, Sergio Horacio Acuña, Rocío Rodríguez, Fabián Marcelo Allara, Alejandra Noemí Campos, María Celeste Pierini, María Laura Maccione, María del Carmen García Fava, María Gabriela Sanz y Cecilia Sala.

También integran la lista distintos funcionarios del poder judicial, entre ellos la defensora civil Ana Belén Pagano, las juezas María Marta Marciante, Fabiana Nieves, Andrés Nicolás Zulaica, María Anahi Brarda, Daniela de la Iglesia, María de los Ángeles Pérez, Dina Deballi, Cecilia Ruffini, Leticia González, Alina Acebal, Andrea Beatriz Tormena y el abogado Norberto Eduardo Godoy.

El juicio seguirá el martes 19, desde las 8, en una jornada en la que las partes pronunciarán sus alegatos de cierre. Al final, se sorteará el orden de los votos del jurado.

El miércoles 20 se llevará a cabo la deliberación desde las 8 de la mañana. Mientras que el viernes 22 se efectuará la lectura de la sentencia. Allí se conocerá si finalmente son destituidas de su cargo.

Mientras tanto, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa manifestaron públicamente su respaldo a la jueza y aseguraron que la magistrada “no había hecho entrega del niño” y que en la causa “no se habían denunciado ni existían indicios que alertaran situaciones de violencia”.