Con el objetivo de mantener el diálogo institucional sobre los avances en las políticas de justicia y seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad, espacio integrado por representantes de los tres poderes del Estado.Durante el encuentro, que se realizó en el salón Blanco de Casa de Gobierno en Santa Fe, se informó sobre el nuevo sistema de monitoreo para Santa Fe y Rosario, el programa de Recompensas, las vacantes en el sistema penal, y las reformas en el policiamiento urbano y protocolos de crisis.En primer término, Pullaro destacó “la inversión del Gobierno Provincial en cámaras de seguridad para las ciudades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, y la capital provincial. No hay ciudad de Argentina, y muy probablemente de América Latina, que tenga este sistema de monitoreo y inteligencia artificial: va a ser el más eficiente y seguro”.

En total la “inversión es de 64 millones de dólares para el sur santafesino, y de más de 20 millones en la capital provincial y las zonas aledañas. Además, en las ciudades más pequeñas hicimos inversiones, a través de diferentes programas, para que puedan establecer su central de monitoreo”, precisó el gobernador. Con este sistema, los fiscales e investigadores van a tener mayor capacidad para esclarecer cualquier hecho, tanto los de violencia lesiva contra las personas, como los de hurto”. 

A continuación, Pullaro se refirió al programa de recompensas y agradeció a la fiscal General por el acompañamiento en la planificación, porque “no es lo mismo que un hecho, por más que tenga 10 años, no quede esclarecido y haya impunidad. Porque si bajamos la impunidad, va a impactar positivamente en la violencia futura; mientras menos hechos sin esclarecer existan van a continuar bajando los números de violencia”.Por último, el gobernador señaló que se diseñó “un sistema de patrullaje en capas y en cuadrículas”, que redujo los tiempos de respuesta, pero para esto se necesitó tener “los móviles, una flota de reserva, que estén al servicio del sistema 911, y basarse en un sistema de análisis criminal”. “Construimos un sistema de seguridad sumamente robusto, que tenemos que cuidar. Esta política de seguridad es fruto del trabajo conjunto de los tres poderes del Estado”, concluyó Pullaro.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló que “venimos trabajando en la implementación de un programa integral de seguridad pública, que implica restituir y reorganizar el policiamiento preventivo en calle. Es un plan gradual, con resultados más inmediatos y otros a mediano y largo plazo. Las cámaras van a ser disuasivas y preventivas, y van a auxiliar al esclarecimiento de los hechos”.

En tanto, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, detalló que “hoy adjudicamos una nueva plataforma de videovigilancia para toda la provincia, que comienza su implementación en Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez, asociada con la instalación de 4.415 cámaras nuevas, y hace foco en un nuevo sistema de inteligencia artificial que mejorará la operación policial, con la automatización de la búsqueda de objetos y vehículos; y dentro de 45 días se licitará el sistema para la ciudad de Santa Fe. Además, se va a trabajar en la profesionalización de los centros de monitores para la incorporación de esta herramienta, y en la eficiencia de los recursos policiales”.

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, indicó que “hay en marcha 12 concursos de funcionarios y magistrados judiciales, con 1.009 admitidos. Al examen se presentaron 624 y el 25 % superó la instancia de oposición”. En cuanto al fuero penal, “finalizan todos los concursos este jueves, y hacia fines de marzo elevaremos el listado al Ejecutivo para que determina la conformación de los pliegos a considerar por la Legislatura”.

Presentes

Participaron la vicegobernadora Gisela Scaglia; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; los secretarios General de Gobernación, Juan Cruz Cándido; de Análisis y Gestión de Información, Esteban Santantino; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; de Asuntos Penales, Lucía Masneri; y de Seguridad Pública, Omar Pereyra; los presidentes la Cámara de Diputados, Clara García, provisional de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, y de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; autoridades provinciales, diputados y diputadas.

En la tarde de este jueves, legisladores de los distintos bloques dieron media sanción a la ley que impulsaron la socialista Lionella Cattalini y el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido para que se constituya de manera estable la Junta de Seguridad de la provincia, órgano que funcionó durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y agrupaba a integrantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el fin de evaluar y diagramar políticas públicas de seguridad. “Con esta ley queremos que la Junta quede institucionalizada oficialmente para abordar la problemática de la seguridad en conjunto y que no dependa de la voluntad del Ejecutivo de turno” enfatizaron. “Justamente hoy se cumple un año desde que el ex ministro de seguridad anunció que iba a convocar a la Junta provincial de Seguridad, los legisladores y legisladoras seguimos esperando la convocatoria, mientras tanto avanzamos en consolidarla desde lo institucional, esperamos que ya no dependa más de la voluntad de un ministro o un gobernador. Si bien entendemos que no es la solución del problema, porque los problemas no se resuelven de un día para el otro con una sola medida, si entendemos que va a contribuir a que podamos diagramar políticas entre los 3 poderes del Estado que nos permitan, por lo menos, retomar una senda de una paulatina caída de los índices de delitos que se rompió en el 2020”, señalaron Catallini y Cándido. Además explicaron que la Junta Provincial de Seguridad “se había institucionalizado durante la gestión del Gobernador Lifchitz por decreto y era una instancia de trabajo mancomunado entre los 3 poderes del Estado en donde estaban invitados a participar jueces, fiscales, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, legisladores con representantes de las dos cámaras, el poder ejecutivo, ministros, el Jefe de policía” entre otras entidades. Hasta diciembre de 2019 las reuniones se hacían de manera periódica pero con el cambio de gestión “nunca se volvieron a reunir pese a la insistencia de algunos diputados por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. Ambos coincidieron en señalar que “la situación de violencia e inseguridad se fue agravando en los últimos 20 meses, con un índice de homicidios que arroja que hoy en Rosario hay 165 victimas y en toda la provincia 250. Esto es una señal de alerta junto con los ataques al poder judicial, los atentados a diario que sufren familias en los barrios de Rosario, y vemos también que no hay una idea clara de como gestionar los recursos que tiene el Ministerio de Seguridad, lo que si vemos es que se diluyó el slogan de ‘Paz y Orden’ y hoy el gobernador solo reclama ayuda de Nación”. Respecto de la sanción en sí, ambos remarcaron la importancia de que haya avanzado en la Cámara Baja y se mostraron entusiasmados con la posibilidad de que se de rápido tratamiento en la Cámara de Senadores para poder avanzar rápidamente en la implementación “y ver si podemos de alguna manera retomar el camino que permitió a la gestión de Lifschitz y Pullaro obtener un descenso gradual de la violencia y la criminalidad. No vamos a recuperar las vidas que se perdieron pero quizás podamos empezar a devolverle un poco de tranquilidad a los santafesinos y santafesinas”.