(Por Mario Cáffaro) – Dirigentes de los once partidos políticos santafesinos que trabajan en la conformación de un frente electoral en la provincia se reunieron este miércoles en Rosario donde repasaron los pasos tendientes a la definición de un documento liminar, programa de gobierno y nombre pero también avanzaron en acercar posturas acerca de tres temas de la agenda parlamentaria santafesina: seguridad, sequía y definiciones de autoridades en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

“El objetivo central es que podamos votar en forma conjunta éstos y los temas que vienen” coincidieron en marcar voceros de las fuerzas presentes. El sector, en principio cuenta con 33 diputados y 7 senadores que le permiten tener la mayoría propia en la Asamblea Legislativa que debe considerar los pliegos del MPA y la Defensa. El avance de los concursos para esos cargos es seguido con detenimiento por los legisladores a la espera de las definiciones que deberá realizar el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes.

En cuanto a sequía, varios de los participantes de la reunión frentista participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con aseguradoras y la Mesa de Enlace por el mensaje del Ejecutivo sobre seguro agrícola. “El tema será analizado y lo vamos a votar con cambios” adelantó el diputado Blanco a El Litoral, pero recalcando que es un instrumento de mediano y largo plazo. “En lo inmediato el gobierno provincial tiene que aportar mayores fondos al sector productivo afectado por la sequía” acotó. En este punto, hay coincidencia en toda la oposición y lo expresarán nuevamente en las próximas sesiones legislativas.

Germán Mastri, delegado en el departamento General López del Ministerio de Gestión Pública de la provincia, mostró su preocupación ante el aumento del número de hechos delictivos que se generan en la ciudad y la ausencia de espacios donde las víctimas puedan ser escuchadas.

“Hoy por hoy es imprescindible la implementación en Venado Tuerto de la Junta de Seguridad Urbana. Es urgente tener un lugar donde expresar las inquietudes de seguridad”.  Y enfatizó: “En campaña electoral, el actual intendente prometió 15 centros de seguridad municipal, y no implementó ninguno”.

Y haciendo un poco de historia reciente, dijo: “En el gobierno de José Freyre la Junta de Seguridad, que se había creado en el mandato de Roberto Scott, contaba con comisiones donde los vecinos, ONGs, iglesias y clubes, opinaban, sugerían y dialogaban con autoridades desde las tres comisiones”.

En tal sentido recordó que funcionaban la comisión de Prevención del Delito, de Disuasión del Delito y de Inclusión social y comunitaria de personas con delitos menores.

Por último, el funcionario aseveró: “Hoy los vecinos victimas de delito no tienen dónde reclamar, no existe un lugar donde se los escuche, es una vergüenza”.

“Los objetivos son los mismos de otras reuniones, discutir, pero víctimas y familiares de víctimas le dio a la reunión otro ámbito, otro tenor. Poder escuchar de bocas de ellos lo que padecen. Es una reunión importante, productiva” detalló el ministro Coordinador, Marcos Corach, entrada la noche de este miércoles y un alto de la concurrida reunión de la Junta Provincial de Seguridad.

Fue la tercera reunión y el gobierno la activó el fin de semana cuando desde la Cámara de Diputados se buscaba coordinar la fecha de la interpelación al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi. La larga mesa instalada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno estaba colmada. El gobernador Omar Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas se sentaron junto a Corach y la ministra de Gobierno, Celia Arena, quien había realizado la convocatoria. Estaba el nuevo ministro de Seguridad y otros funcionarios más el jefe de policía. Pero también asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini quien trazó una especie de hoja de rutas de los temas a afrontar. Una decena de diputados asistieron encabezados por el titular del cuerpo, Pablo Farías, mientras que los dos senadores invitados no estuvieron presentes (Armando Traferri y Rodrigo Borla). Pero el elemento novedoso fue la participación de víctimas o familiares como Graciela Brondino por Santa Fe, Ezequiel Lowden de Rosario, o bien representantes de deliverys o estafados por ciberdelitos quienes de la mano del diputado Oscar Martínez tuvieron voz en el encuentro.

La propuesta de Baclini fue abordar con urgencia lo que está pasando en el Servicio Penitenciario, en los barrios con las intervenciones multiagenciales y hacer notar de que gran parte del delito se estructura dentro de las cárceles para lo cual se necesitan una serie de decisiones legales y políticas para cortar esa posibilidad.

Bien avanzada la noche, el Ejecutivo se mostraba satisfecho con la marcha de la reunión mientras que los diputados de la oposición marcaban que no se veía plan o programa por parte de la nueva gestión del Ministerio de Seguridad. Los más enfáticos en marcar esta deficiencia fueron el radical Juan Cruz Cándido, presidente de la Comisión de Seguridad, y el socialista Joaquín Blanco. Para Martínez, en cambio, hay instancias de diálogo abiertas con las víctimas y consideró que hay posibilidad de trabajar todos juntos. Se pidió reabrir comisarías y entre ellas se marcó la suboctava en nuestra capital para atender la problemática de Coronel Dorrego.

Los legisladores expusieron los proyectos en marcha, los ofrecieron para seguir discutiéndolos y advirtiendo que muchos de ellos están en el Senado. Martínez fue enfático en la necesidad de evitar las excarcelaciones de aquellos que portan armas de fuego al ser detenidos así como de profundizar el control sobre desarmaderos o chacaritas.

“No hay pases de facturas. Entendemos que el problema nos aqueja a todos” subrayó Corach. “La reunión es una muestra de madurez política, hablamos de inversiones, del Servicio Penitenciario, el fiscal Baclini hizo una propuesta de trabajo. Hay un diálogo maduro”, destacó el ministro.

Corach admitió que la presencia de las víctimas hizo cambiar el tenor de la reunión. “Escuchar y que ellos se sientan escuchados y, en algunos casos, después de pedir durante doce años justicia y haberse sentido maltratados por parte del Estado nos lleva a todos a tener una mirada crítica y de autocrítica sobre como nos comportamos”, añadió para retirarse optimista en la posibilidad de acordar leyes en materia de seguridad.

Luego también expusieron políticas de intervención del Estado en los barrios conflictivos por parte del vice ministro de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz y el secretario de Seguridad, José Córdoba Ríos. En tanto, Oscar Martínez se acercó a evaluar el encuentro con representantes de víctimas y de deliverys. El legislador subrayó la importancia de la presencia de ellos. “Todos los santafesinos somos víctimas de la inseguridad y de la violencia que nos atraviesa. Es responsabilidad de los tres poderes de dar la respuesta adecuada”, señaló. “Celebramos el compromiso de poder abordar la situación de los deliverys y la necesidad de entender que la víctima del delito está en situación vulnerable y es responsabilidad del Estado tener empatía y que necesita del amparo del Estado que no le garantizó la seguridad o que no hace justicia ante su padecimiento”, subrayó. Fernanda Fernández, trabajadora de delivery, dijo estar esperanzada en que se cumpla el compromiso para con ellos. El rosarino Ezequiel Lowden pidió acuerdos a la política para la prevención, el acompañamiento ante la justicia y que dejen de tirarse con los muertos.

Desde el radicalismo se cuestionó la falta de un programa elaborado de seguridad por parte del nuevo titular de la cartera, Rubén Rimoldi. “No hemos logrado que el ministro hable del plan de seguridad, objetivos de la cartera” dijo Fabián Palo Oliver al retirarse del encuentro que llevaba más de dos horas de duración. No obstante destacó que las asociaciones de víctimas reclamaron que la política deje de tirarse con los muertos y trabajen en búsqueda de consensos.

En tanto, Juan Cruz Cándido observó falta de respuestas del Ejecutivo ante la gravedad del problema pero además pidió que la provincia debe actuar con mayor énfasis en los puertos. “Es un huevo de la serpiente lo que pasa en los puertos y el tráfico se paga con droga que se queda en el territorio y que es violencia en los barrios. Se paga la logística con droga, y esperamos que el tema sea eje de la próxima reunión de la junta”, se esperanzó.

Rimoldi puso eje en insistir con la colocación y mejora de las cámaras de seguridad en las diferentes localidades, apostar a la ciberseguridad y tener una fuerte presencia social en los barrios.

El socialista Joaquín Blanco fue muy crítico. “Preocupados y decepcionados porque el ministro no explicitó ideas, políticas de hacia donde quiere ir. El gobierno está en una situación preocupante ante la realidad de violencia e inseguridad y parece que no hay reacción. Nos vamos preocupados y dejamos una serie de propuestas y sugerencias para controlar las cárceles, políticas sociales en los barrios. Veníamos a escuchar un plan y nada ha aparecido” marcó. Para el socialista no fue una buena noticia que los senadores no hayan participado del encuentro. “No queremos que el próximo gobierno encuentre tierra arrasada en materia de seguridad”, señaló.

El gobernador Omar Perotti convocó para este martes a la segunda reunión de la Junta Provincial de Seguridad, reunión que tendrá por escenario El Molino Fábrica Cultural. El encuentro se hará desde las 16 con la participación de representantes de los tres poderes del Estado. La ministra de Gobierno, Celia Arena, está cursando las invitaciones “por expresas indicaciones del señor gobernador”, dice la nota. El 17 de febrero se realizó la primera reunión de la instancia prevista por la vigente ley de Emergencia en Seguridad y Penitenciaria sancionada en diciembre último. “Este tiene que ser un ámbito donde nos escuchemos, hay muchas cosas que compartimos todos” había señalado Omar Perotti en la apertura de ese encuentro. La Junta Provincial de Seguridad es un órgano institucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad constituida por los tres poderes, de acuerdo a lo que dice la ley de emergencia. En esta ocasión, han sido invitados ocho diputados, entre ellos el presidente de la Cámara, Pablo Farías. El decreto establecía cinco legisladores y a la primera reunión no asistió el titular del cuerpo, hecho que fue advertido por el propio Perotti que ahora elevó el número de representantes.