(Por María José Valdéz) - Cristina Fernández de Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. Al presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, la ex mandataria no sólo defendió su posición en el marco de la causa Cuadernos, sino que además profundizó sus críticas hacia el accionar de jueces y fiscales. En ese contexto, lanzó una frase que marcó el tono de su intervención: aseguró que el proceso está atravesado por “prácticas mafiosas”.

Durante su declaración, la ex presidenta vinculó el avance de la causa con lo que definió como un escenario de persecución judicial. Según planteó, existe una articulación entre sectores del Poder Judicial y factores de poder político y económico que condicionan las decisiones. En esa línea, apuntó directamente contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes responsabilizó por la instrucción del expediente.

“Vengo en calidad de detenida”, expresó al iniciar su intervención, en una frase que rápidamente se replicó en el ámbito político y mediático. A partir de allí, desplegó un discurso centrado en cuestionar la legitimidad del proceso y en advertir sobre un supuesto deterioro institucional en la Justicia.

Kirchner calificó a la causa Vialidad como “emblemática” dentro de lo que considera una estrategia de persecución judicial. Sin embargo, sostuvo que el caso Cuadernos representa un “estadio superior”, en el que —según su visión— se habrían manipulado pruebas para sostener acusaciones.

En ese sentido, afirmó que Bonadio y Stornelli realizaron un “manejo criminal de la figura del arrepentido”. De acuerdo con su interpretación, los testimonios de imputados colaboradores no se ajustaron a criterios de legalidad, sino que habrían sido obtenidos bajo presión. “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”, insistió.

La causa investiga presuntos sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015. Foto: Reuters

La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también planteó objeciones concretas. Entre ellas, cuestionó la autenticidad de los cuadernos que dieron origen a la investigación y sostuvo que las declaraciones de los imputados fueron realizadas en condiciones irregulares. Estos argumentos formaron parte del pedido de nulidad que fue rechazado, lo que derivó en la citación a esta instancia del proceso.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares antes de avanzar en el desarrollo del juicio. En este expediente se investiga una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública entre 2003 y 2015, con la participación de ex funcionarios y empresarios.

Además de Cristina Kirchner, también están convocados otros imputados de alto perfil, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido. La magnitud del caso y el peso político de los involucrados convierten al proceso en uno de los más relevantes del escenario judicial actual.

Militantes se concentraron frente a su domicilio en señal de apoyo. Foto: Reuters

En paralelo, la situación también tuvo repercusiones fuera de los tribunales. Desde temprano, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentraron en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Constitución. Allí expresaron su respaldo y cuestionaron al gobierno nacional, al que acusan de utilizar la causa con fines políticos.

Mientras tanto, el clima de polarización vuelve a escalar. Las declaraciones de Kirchner reavivan el debate sobre la independencia judicial, el uso de la figura del arrepentido y el rol de los tribunales en causas de alto impacto institucional.

El Tribunal Oral Número 7 concluyó este jueves la lectura de la segunda parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal del desprendimiento de la causa de los cuadernos correspondiente a “La Camarita”, y se acerca la etapa de las cuestiones preliminares en el expediente.

El eje en este tramo de la megacausa giró en torno a la cartelización de la obra pública, mecanismo que, de acuerdo a la acusación, funcionó durante más de una década en el área de Dirección Nacional de Vialidad Nacional.

En ese marco, se repasó la confesión del ex financista Ernesto Clarens y otros imputados que describieron cómo un grupo de 19 empresas acordaba la distribución de licitaciones y el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En la audiencia de este jueves se detalló cómo fue el pacto entre empresarios y funcionarios para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y otros, junto a empresarios como Carlos Wagner y el propio Clarens.

Según el Ministerio Público Fiscal, la estructura estaba destinada a generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones espurias vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El método consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, usualmente entre el 3% y el 20%, que eran entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.

Carlos Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema comenzaba con reuniones en las que las empresas acordaban quién se quedaría con cada obra y el valor que incluiría la dádiva; después trasladaba la información a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir esos montos en los listados de pagos mensuales.

Para ello, el rol de Clarens era clave: recibía el dinero, lo convertía a dólares pese a las restricciones cambiarias y se lo entregaba a López. Como imputado colaborador, explicó que las empresas preferían pagar el 3% a su sistema antes que descontar certificados de obra en los bancos, donde las tasas eran más altas y los plazos de cobro imprevisibles.

El ex financista describió también el funcionamiento interno de Vialidad: López elaboraba mensualmente un listado de pagos que derivaba a colaboradores como Fredes y Passacantando, aunque este último no tenía capacidad para decidir los desembolsos.

Los empresarios, urgidos por deudas acumuladas, negociaban directamente con el exsecretario de Obras Públicas y luego acudían a Clarens para entregar el porcentaje acordado.

Según los dichos de Clarens, el endeudamiento crónico de la DNV con las empresas provocó que López implementara un mecanismo para buscar frenar la acumulación de certificados: pedía a las compañías que redujeran el ritmo de obra, aunque esto las perjudicaba. Muchas estaban al borde del concurso preventivo y dependían de los pagos del Estado para sobrevivir.

Por otra parte, Ernesto Clarens señaló que el sistema atravesó dos etapas. La primera, entre 2004 y 2010, implicaba el pago de un retorno del 10% del contrato en cuotas mensuales. Tras la muerte de Néstor Kirchner, el mecanismo mutó y López concentró el control absoluto sobre la recaudación, exigiendo el 3% de lo cobrado y gestionando quién entraba o no en los listados de pago.

El Ministerio Público concluyó que pese a los conflictos y las molestias, el esquema seguía sosteniéndose porque tanto funcionarios como empresas terminaban ganado. La llamada “Camarita” elaboraba mensualmente listados detallados con las obras adjudicadas, los montos, los sobreprecios y un ranking de compañías cartelizadas.

Clarens aseguró que nunca intervino en la selección de adjudicatarios, pero sí trasladaba a López las quejas de los empresarios, quienes, aun sabiendo que el Estado demoraba los pagos, debían cumplir con los retornos para no quedar fuera del circuito. En varias ocasiones, relató, debió llamar personalmente a las empresas para reclamar el 3% correspondiente.

La acusación del fiscal Carlos Stornelli señala que estos acuerdos configuraban auténticos pactos corruptos: los empresarios obtenían favores del Estado, mientras que los funcionarios se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita. Los pagos ilegales estaban siempre ligados a decisiones oficiales como la liberación de fondos, la adjudicación de obras, la extensión de concesiones o la entrega de subsidios.

El juicio se reanudará el próximo martes 16 a las 13.30 , cuando está previsto que se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra para pasar a la valoración de la prueba.

La Corte Suprema desestimó este jueves un recurso de reposición de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro por la causa de la tragedia de Once.

El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En aquella resolución, del 11 de noviembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían declarado “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa, y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Tras ese fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta.

Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.

De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.

Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.

Julio De Vido ya está en la cárcel de Ezeiza. El exministro de Planificación del kirchnerismo fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4.

El exfuncionario se había presentado en Comodoro Py pasadas las 8.15, horas después de que el máximo tribunal rechazara los planteos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. La decisión se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos por “inadmisibles”.

Con la resolución de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la condena quedó firme y se ordenó su inmediato traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde deberá comenzar a cumplir la pena de prisión e inhabilitación especial perpetua.

De Vido se presentó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once.

El TOF 4 condenó a De Vido en 2018 al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. El tribunal entendió que no cumplió con su deber de controlar el destino de los fondos asignados a la concesionaria TBA, responsable del servicio de la línea Sarmiento.

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo —relacionado con la muerte de 51 personas en el choque del 22 de febrero de 2012—, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos públicos. Los informes oficiales previos y posteriores al accidente ya advertían sobre el deterioro del sistema ferroviario.

Trasladaron a Julio De Vido a Ezeiza para cumplir su condena por la Tragedia de Once. Foto: REUTERS

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa llegó hasta la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal de De Vido, pero ordenó revisar la pena, que finalmente se fijó en cuatro años de prisión.

El último recurso intentó declarar prescripta la causa, pero la Corte lo desestimó junto con los planteos de la fiscalía. Sin más instancias abiertas, el expediente quedó cerrado y De Vido inició formalmente el cumplimiento de su condena.

La Tragedia de Once marcó uno de los momentos más dolorosos del sistema ferroviario argentino. A más de trece años, la resolución judicial sobre uno de los principales responsables políticos se convierte en un capítulo clave del extenso camino hacia la rendición de cuentas.

El exministro Julio de Vido anunció que impugnará la orden de detención ante un organismo de la ONU y pidió cumplir la pena en su domicilio, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso y quedara firme su condena de cuatro años por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once.

La defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, difundió un comunicado en el que cuestionó con dureza la decisión del máximo tribunal y advirtió sobre la existencia de un planteo pendiente sobre la prescripción de la acción penal.

Tras el rechazo de la queja por parte de la Corte, el juez del Tribunal Oral Federal N°4 encargado de ejecutar la sentencia, Ricardo Basílico, citó a De Vido para que se presente a ser detenido; la convocatoria original a las 10 fue adelantada a las 8.30 para no solaparse con la audiencia del juicio por los cuadernos.

La defensa anunció que presentará un pedido ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para activar un mecanismo de “acción urgente” contra la orden de detención.

Según el comunicado, la presentación buscará que el organismo inste al Estado argentino a impedir lo que la defensa califica de una “privación de libertad arbitraria”.

“La Corte Suprema rechazó sin siquiera tratarlo el recurso de queja, y no tenía jurisdicción porque está pendiente un planteo sobre la prescripción”, Maximiliano Rusconi, abogado>

La defensa sostiene que el delito tiene una pena máxima de seis años y que el plazo de prescripción habría vencido el 10 de diciembre de 2024; por ello considera que cualquier detención sería ilegítima y violatoria de garantías.

Fuentes cercanas indicaron además que De Vido, de 75 años, pidió expresamente la posibilidad de cumplir la condena en su domicilio y que continuará en libertad mientras se tramitan los recursos.

El juez Basílico fijó la comparecencia para ejecutar la sentencia y dispuso medidas para garantizar la conexión con el debate por los cuadernos, en el que De Vido también está imputado.

Además de la condena por la tragedia de Once, De Vido presenta otras sentencias: cuatro años por la compra de trenes chatarras y otra condena vinculada a la compra de gas natural licuado.

El tribunal adelantó la citación para evitar coincidencias de audiencias y aclaró que tomará las medidas necesarias para integrar ambas diligencias.

Por ahora, De Vido sigue en libertad y el proceso de ejecución de la pena continuará con la citación del juez, lo que definirá de manera inmediata si se concreta la detención.

El 6 de noviembre del 2025 comenzará el juicio oral por la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”, un caso que sacudió al país y que involucra a 75 imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este proceso, considerado el más grande en la historia de la corrupción en Argentina, busca esclarecer el supuesto pago de sobornos para obtener contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El caso se originó gracias a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, quien detalló en sus anotaciones los viajes que realizaba transportando bolsos con dinero de sobornos. Según las investigaciones, los pagos provenían de empresarios que buscaban mantener contratos con el Estado, mientras que los funcionarios eran los encargados de recolectar esos fondos.

Entre los señalados figuran la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la líder de una asociación ilícita, y exfuncionarios de alto rango como el exministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta. También hay decenas de empresarios, como Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y Cristóbal López.

El Tribunal Oral Federal N° 7, compuesto por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, será el encargado de llevar adelante el proceso. Se estima que el juicio podría extenderse por más de tres años debido a la gran cantidad de acusados (75) y testigos (626). Las audiencias se realizarán por videoconferencia, todos los jueves, y los imputados ya fueron notificados de esta modalidad.

Por la cantidad de personas involucradas, el tribunal deberá buscar un lugar adecuado para garantizar la seguridad y la operatividad del juicio.

El juicio abarcará solo una parte de los 10 expedientes acumulados en esta investigación. Otros imputados, que también enfrentan graves acusaciones, esperarán nuevas fechas para ser juzgados.

Entre las pruebas presentadas, los registros de los cuadernos indican que parte del dinero terminaba en un departamento de Recoleta vinculado a Cristina Kirchner, donde, según las investigaciones, lo recibía Daniel Muñoz, un secretario personal de la familia Kirchner ya fallecido.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 absolvió este jueves al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) por el intento de ingresar al país una valija con 790.550 dólares en 2007 traída por el ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson en un vuelo privado que llegó al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces Ignacio Fornari, Diego García Berro y Luis Losada absolvieron a De Vido y a Echegaray, en el veredicto dado a conocer este mediodía en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

Además, condenaron por "encubrimiento de contrabando agravado" por su condición de funcionario público a penas de cumplimiento en suspenso a cuatro ex funcionarios de Aduana que fueron sometidos a juicio.

En cuanto a Uberti, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por "intento de contrabando" de divisas, en el vuelo que compartió esa madrugada con Antonini Wilson.

Las penas no se ejecutarán hasta que queden firmes en todas las instancias de apelación. Los jueces escucharon por la mañana las últimas palabras de los acusados.

Al hablar ante el Tribunal, Uberti reclamó ser absuelto porque "quedó demostrado ante mis pocos amigos que conservo, mi familia, mis pocos vínculos laborales que no tuve participación alguna, todo lo demás son rumores", sostuvo el imputado quien viajaba en el avión junto a Antonini Wilson.

De hecho, Uberti destacó que el ciudadano venezolano "hoy se encuentra prófugo" y fue quien "se quedó hasta la madrugada contando los billetes de su propiedad, ofreció repartirlos y firmó el acta".

También tuvieron oportunidad de hablar Echegaray y De Vido, quienes de manera breve agradecieron al Tribunal y sus abogados y luego los ex funcionarios de la Aduana juzgados en el debate, quienes ratificaron que el procedimiento esa madrugada del 4 de agosto de 2007 fue correcto, ajustado a la ley, que el dinero se contó, fotografió y secuestró.

Los exfuncionarios de Aduana remarcaron que "hicieron lo correcto". Se trata de Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli. Los cuatro recibieron condenas en suspenso de entre 10 meses y un año de prisión.

El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control aduanero en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery una valija con ese dinero, luego de llegar al país en un vuelo privado contratado en ese momento por la empresa estatal Enarsa.

Antonini Wilson, considerado "rebelde" por la Justicia argentina porque se fue del país apenas lo ocurrido se hizo público, se radicó en Estados Unidos y no se logró su extradición; viajaba junto a funcionarios de ese organismo, Uberti y otros compatriotas en el avión que partió de Venezuela.

El juicio oral comenzó el 8 de marzo pasado, a 16 años del hecho. Echegaray era por entonces titular de la Dirección General de Aduanas.

El fiscal general Marcelo Agüero había pedido 5 años de prisión para De Vido, y 4 años y 10 meses de prisión para Uberti, el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como coautores del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas.

La acusación se basó en que habrían permitido el ingreso de 790.550 dólares que llevaba Antonini Wilson la madrugada del 4 de agosto de 2007, al arribar en un vuelo desde Venezuela al aeroparque porteño.

En relación a otro de los juzgados, Echegaray, la fiscalía pidió el sobreseimiento por "carencia de pruebas".

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray conocerán este miércoles el veredicto en su contra por el escándalo de la valija con los 800 mil dólares que intentó ingresar desde Venezuela a nuestro país el empresario Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007.

Unos 16 años después la Justicia emitirá el primer fallo del caso. Principalmente, en la causa están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros.

En el juicio, el fiscal Marcelo Agüero Vera no pidió pena para Echegaray al considerar que no había pruebas en su contra con lo cual al no haber otros acusadores, es probable que de coincidir con el criterio del Tribunal, será absuelto.

Antonini Wilson.

En cambio, el fiscal sí pidió ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico la pena de cinco años para el ex ministro De Vido por el delito de “contrabando de divisas” a raíz del ingreso a la Argentina del empresario venezolano.

En la etapa final del juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico, el fiscal reclamó también cuatro años y diez meses de prisión para el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti por el mismo delito.

La figura penal reprochada es la de “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por haber intervenido más de tres o más personas y por tratarse los imputados de funcionarios públicos”, cuya pena en expectativa va de los dos a los ocho años de prisión.

Antonini Wilson.

El fiscal pidió además, para De Vido y Uberti las penas de tres y dos años de inhabilitación para el ejercicio del comercio y para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

En tanto, para los ex funcionarios aduaneros, Guillermo David Lucángeli, María Cristina Gallini, Jorge Lamastra y Rosa Nélida García, el fiscal pidió dos años de prisión en suspenso por el delito de “encubrimiento”.

El principal acusado, Antonini Wilson, no comparece en el juicio porque está prófugo de la Justicia argentina.

Dicho juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Oral número 1, a cargo de los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada. Según el fiscal, el intento de ingreso del dinero proveniente de Venezuela ocurrió “a pedido de Uberti” y “por orden y disposición de De Vido”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tal y como lo prometió, Cristina Kirchner usó sus redes sociales para hacer un descargo frente al pedido de la fiscalía de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ella, Lázaro Báez, Julio De Vido y Julio López en la causa conocida como Vialidad. 

Al inicio de su exposición dijo que le hubiese gustado “hablar hoy ante el tribunal” que la juzga en la causa denominada Vialidad luego de que los fiscales “leyeron su guion durante nueve jornadas”, en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar hoy su indagatoria. 

La vicepresidente aseguró que la “sentencia” en su contra por fraude en la obra pública “está escrita” y que todo fue “un armado”, luego de conocer el pedido de pena de 12 años de prisión en su contra hecho por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

Además, criticó a los fiscales por “leer” durante los alegatos – algo que no está permitido- y mostró documentos de la causa donde aseguró que 49 de las 51 obras por las cuales se las acusa ya habían sido revisadas por la Justicia y hubo un sobreseimiento. 

“Llegó un nuevo Gobierno y en 2016 empezó feroz campaña política” dijo la vicepresidenta. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGYU50YmkxdFNpV28lMjIlMjB0aXRsZSUzRCUyMllvdVR1YmUlMjB2aWRlbyUyMHBsYXllciUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYWNjZWxlcm9tZXRlciUzQiUyMGF1dG9wbGF5JTNCJTIwY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlJTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZ3lyb3Njb3BlJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]