El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, adelantó que solicitará la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual en un contexto de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.

Según argumentó, el tribunal oral no advirtió a Contardi que, al firmar un escrito presentado por su anterior defensor, estaba renunciando a un derecho constitucional: ser juzgado por un jurado popular. Sicilia remarcó que esa omisión viola el principio de juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

El letrado sostuvo que el tribunal no garantizó el debido proceso ni el ejercicio pleno de la defensa, ya que se hicieron firmar documentos con tecnicismos legales que su cliente no podía comprender.

También cuestionó la premura con la que se convocó al debate, pese a que demoró un año en iniciarse, y criticó que varias actuaciones se hayan realizado de manera virtual, como la pericia a Prandi en 2022, cuando no existía un motivo sanitario para hacerlo por Zoom.

Además, planteó que, en caso de que la Cámara de Casación le dé la razón, lo más probable es que se convoque a un nuevo juicio, esta vez con jurado popular. De no ser así, advirtió que otro tribunal oral, con vínculos con los jueces anteriores, podría imponerle a su defendido una pena aún mayor.

En paralelo, Sicilia informó que volvió a solicitar la prisión domiciliaria para Contardi. Explicó que ya había presentado un hábeas corpus con el mismo objetivo, pero fue rechazado tras conocerse la condena. Recordó que en una ocasión anterior la Cámara de Mercedes sí lo había concedido, al considerar arbitraria la detención.

El abogado destacó que su cliente siempre se presentó durante los cinco años que duró el proceso y sostuvo que ahora acreditaron documentación sobre su arraigo y situación familiar, lo que refuerza su pedido de morigeración de la pena.

Sicilia también se refirió a las condiciones de detención de Contardi. Señaló que, pese a que se pidió su traslado al Penal de Campana por cercanía con su familia y su defensa, el Servicio Penitenciario Bonaerense lo derivó a la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El traslado complica a su entorno cercano, que debe recorrer 200 kilómetros de ida y vuelta para visitarlo. En este contexto, el defensor expresó preocupación por la seguridad de su cliente dentro de la cárcel, aunque aclaró que las autoridades penitenciarias son conscientes de la exposición pública del caso.

Maria Eugenia Chapero

El control coercitivo es una cárcel a cielo abierto. Una afrenta directa a los derechos humanos: a la libertad ambulatoria, a vivir una vida libre de violencia y a la integridad psicofísica. La condena a 19 años de prisión contra Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, marca un hito judicial. Fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia psicológica, económica y amenazas. Pero más allá de los tipos penales, este caso es un manual del control coercitivo: un patrón sistemático de conductas que no solo dañan, sino que anulan por completo la autonomía de la víctima.

Durante años, la pregunta social frente a la violencia extrema ha sido: "¿Por qué no se fue? ¿Por qué no denunció antes?" El concepto de control coercitivo cambia el ángulo: "¿Qué hizo el agresor para que ella no pudiera irse ni denunciar?" En el caso Prandi, las respuestas están documentadas:

- Aislamiento: separación de su familia, limitación en la comunicación y movilidad.

- Dependencia económica: control de ingresos, cobro de su sueldo, manejo de sus cuentas.

- Desgaste psicológico: amenazas, humillaciones y degradación de su autoestima.

- Intimidación y sexualidad forzada: imposición de relaciones sexuales bajo la idea de "obligación conyugal".

- Control del tiempo y del espacio: vigilancia de actividades y vínculos.

No son hechos aislados. Son piezas de una estrategia continua de dominación.

Cuando se reconoce el control coercitivo, el proceso judicial deja de ver "episodios" desconectados y entiende un mismo delito de larga duración. Esto permite:

1) Reconstruir la escena completa: mostrar cómo las agresiones físicas y sexuales se insertan en un clima de dominación constante.

2) Probar la intencionalidad: no es un conflicto de pareja, es un plan sostenido para someter.

3) Evitar la revictimización: se deja de interrogar a la víctima y se examinan las acciones del agresor.

4) Valorar el daño integral: físico, psicológico, social y económico.

En este caso, poner el foco en el patrón y no solo en los delitos puntuales, permitió comprender:

- Que las agresiones sexuales fueron posibles gracias a una estructura previa de miedo, dependencia y control.

- Que la demora en denunciar no fue omisión de la víctima, sino el resultado de un cerco invisible, construido a fuerza de degradar la autoestima y desbastar la subjetividad, hasta inmovilizar por completo.

- Que romper ese cerco solo fue posible después de atravesar un largo proceso de reconstrucción personal y de autoestima, suficiente para dar el primer paso hacia la denuncia.

- Que ese paso requirió un enorme esfuerzo personal, mediático y judicial, y aun así, la respuesta institucional fue lenta.

La condena repara en parte el daño, pero también expone la urgencia de:

- Formar a operadores judiciales para detectar patrones coercitivos desde la primera denuncia.

- Incorporar esta perspectiva en pericias, medidas cautelares y valoración de pruebas.

- Crear políticas públicas que traten el control coercitivo no solo como factor de riesgo, sino como delito autónomo.

Conclusión: el caso de Julieta Prandi demuestra que las violencias más destructivas no siempre empiezan con golpes. Muchas veces, nacen de un control sutil, que se acumula, se normaliza y termina encerrando a la víctima en una cárcel sin barrotes. Detectarlo y nombrarlo a tiempo puede salvar vidas.

Mientras en Argentina aún no existe un tipo penal específico para el control coercitivo, Francia discute hoy su incorporación al Code Pénal, mientras que Irlanda, Escocia, Inglaterra, Australia, Canadá y Bélgica ya lo han tipificado o incorporado en sus marcos legales, reconociendo su capacidad para esclarecer el contexto de la violencia y sancionar de forma integral la conducta del agresor.

Este tema ha sido objeto de un ciclo especial organizado por la Red de Mujeres para la Justicia, en colaboración con la Embajada de Francia en Argentina, que contó con la participación de la Embajadora de Derechos Humanos de Francia, Isabelle Rome, la magistrada francesa Isabelle Drean-Ivette y la psicóloga especializada Andreea Gruev-Vintila, autora de una obra de referencia sobre el control coercitivo.

La actividad reunió a integrantes del mundo judicial y académico de la Argentina, generando un espacio de intercambio internacional sobre los desafíos y la urgencia de legislar esta figura. Este camino comparado y este trabajo de articulación muestran que legislar el control coercitivo no es solo una opción técnica: es una herramienta para prevenir, proteger y hacer justicia.

(*) Jueza de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. Presidenta de la Red Mujeres para la Justicia.

Luego de varios años, la Justicia finalmente elevó la juicio la causa contra Claudio Contardi por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado contra Julieta Prandi y le impuso una restricción de acercamiento por un plazo de seis meses.

La resolución del Juzgado N° 3 de Garantías de Escobar agravó en la imputación por la reiteración de los ataque denunciados y el hecho de haber “causado un grave daño en la salud mental de la víctima”.

En cuanto a la restricción de acercamiento, le impone al acusado la prohibición de ingresar al domicilio de la modelo y la obligación de mantener una distancia de 300 metros.

Sin embargo, el fallo no hizo lugar al pedido de que se le aplique una tobillera electrónica a Contardi ni al pedido de embargo e inhibición de bienes que había solicitado la querella.

La elevación a juicio había sido solicitada en octubre por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Distrito Escobar luego de que se le tomara declaración al empresario.

Tras conocerse la noticia, Julieta Prandi habló con TN, donde expresó: “La verdad que es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más”. Durante la entrevista la conductora explicó que el Fiscal ya había dado lugar a la elevación del juicio oral, pero ahora también lo solicitó el Juez, un paso más que importante.

En 2019 recayó la primera denuncia contra Claudio Contardi luego de que Prandi haya anunciado que se había separado del empresario después de haber estado ocho años casada y tener dos hijos.

En ese entonces, la modelo relató el calvario y sufrimiento que vivió durante varios años donde padeció diversas formas de violencia de género y es por eso que después del divorcio decidió denunciar.