A pocos días de cumplirse tres años del asesinato de Aldo Viscovich, productor agropecuario de Chovet, la investigación pasa a manos de un nuevo fiscal. La causa, que estaba a cargo de Susana Pepino, será reimpulsada por Julián Cochero, con asiento en Melincué. Esta decisión fue tomada por el Fiscal Regional Mauricio Clavero, quien busca generar avances en un expediente que, hasta el momento, no ha logrado resultados contundentes.

El crimen ocurrió el 18 de mayo de 2023, cuando Viscovich, de 70 años, fue hallado muerto en su domicilio de calle España, a solo 70 metros de la comisaría local. Aldo, conocido por su militancia en la Federación Agraria Argentina, fue ultimado con dos puñaladas certeras en el cuello y el tórax, además de varias heridas producto de un forcejeo en defensa de su vida. Curiosamente, el homicida dejó atrás la vaina del cuchillo, no robó el dinero en efectivo que se encontraba en la vivienda, pero sí se llevó un revólver calibre .22.

Desde el día del crimen hasta la fecha, los avances en la causa han sido mínimos. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las pruebas solicitadas no arrojaron resultados que aporten datos clave. En algunos casos, incluso se halló que las muestras enviadas al laboratorio se encontraban contaminadas con sangre de la propia víctima.

La nueva designación de Cochero, quien se encuentra revisando el expediente y las evidencias con las que cuenta, representa un nuevo intento por esclarecer un hecho que ha dejado una profunda marca en la comunidad de Chovet y en el ámbito agropecuario de la región. En este contexto, el fiscal tendrá por delante un desafío considerable, ya que las primeras 72 horas de investigación, cruciales para el esclarecimiento de cualquier crimen, no lograron establecer una línea de acción sólida.

El caso de Aldo Viscovich sigue siendo un enigma, y su resolución dependerá de las nuevas estrategias que el fiscal Julián Cochero adopte en los próximos días.

Lucas Fabricio G., propietario de una empresa de viviendas industrializadas en Firmat, enfrenta cargos por "estafa en dos hechos en concurso real y en carácter de autor". El juicio oral y público se desarrolla en la localidad de Melincué, y la fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión de ejecución efectiva.

Primer caso: una pareja joven afectada

Jerónimo y Candela, una joven pareja de Firmat, firmaron un contrato con la empresa de Lucas Fabricio G. el 23 de diciembre de 2021 para la construcción de una vivienda prefabricada. Realizaron entregas de dinero en pesos y dólares, y aportaron un total de 574.000 pesos. Posteriormente, entregaron 600.000 pesos más en efectivo. La empresa construyó únicamente la platea de la vivienda y no avanzó con la obra. Tras múltiples intentos de comunicación sin respuesta, decidieron presentar una denuncia formal.

Segundo caso: una mujer entregó dinero y una camioneta

María Florencia R., también de Firmat, firmó un contrato el 1 de octubre de 2021 para la construcción de una vivienda tradicional de 95 m². Entregó un anticipo de 3.420.000 pesos, que incluyó una camioneta Nissan Frontier y 4.500 dólares. La empresa construyó la platea en enero de 2022, pero no hubo avances posteriores. Tras reclamos infructuosos, presentó una denuncia penal.

Desarrollo del juicio

El juicio oral y público se lleva a cabo en Melincué. La fiscal Vanina Servidio Pozzi estuvo a cargo de la investigación, mientras que Julián Cochero en la acusación. En tanto, Susana Pepino representa al Ministerio Público de la Acusación. La sentencia se conocerá el viernes próximo.

El 31 de julio dará inicio el juicio contra el policía de Seguridad Vial, Iván Leguizamón (31), acusado de matar de un disparo en la cabeza a su ex pareja de Villa Cañás, Claudia Lorena González (29), el 18 de septiembre de 2021 en Ruta Provincial 90 a escasos kilómetros de la localidad de Elortondo.

Por el violento hecho fueron condenados en procedimientos abreviados otros dos efectivos policías que ese día se movilizaban junto al femicida en el mismo patrullero y no hicieron nada para evitar que se produzca el ataque contra la víctima y un hombre que la acompañaba en el auto, quien salvó su vida de milagro. 

Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación por el Ministerio Público de la Acusación, y dejó en claro que solicitó la prisión perpetua para el imputado.

Al mismo tiempo, indicó a Sur24 que entre los testigos que ofrecerá, fueron citados los dos agentes que presenciaron el brutal hecho.

Historia del caso

El femicidio de González fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021. "El acusado y otros dos policías circulaban por la ruta provincial 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en sentido contrario se trasladaba un automóvil en el que iba su expareja y un hombre", detalló el fiscal en el escrito acusatorio.

Cochero precisó que "al advertir quiénes iban en el vehículo, los policías cambiaron el sentido de circulación y comenzaron una persecución –con señas de luces, baliza y sirena encendidas–, hasta que a unos tres kilómetros de Elortondo, los policías cruzaron el patrullero, y el automóvil tuvo que detenerse en la banquina".

"Leguizamón se bajó del móvil oficial, se acercó a la ventanilla del otro auto, le pidió al conductor que descendiera y luego le disparó con el arma reglamentaria en la cabeza a su expareja, ataque que le produjo la muerte de forma inmediata", narró el fiscal.

Cochero indicó que, "inmediatamente después de matar a la mujer, el policía acusado también quiso dispararle con el arma reglamentaria al hombre que estaba con ella". En tal sentido, aclaró que "no consiguió su objetivo porque el arma se encasquilló, razón por la cual comenzaron a pelear y el hombre logró sacarle el arma al acusado, quien luego intentó quitarle la vida ahorcándolo ante la inacción de los otros dos policías".

Calificación penal

En relación a la muerte de González, el fiscal Cochero le atribuyó al policía la autoría de "femicidio, también agravado por la relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad". Por el ataque al hombre que estaba con la mujer, le endilgó la autoría de "tentativa de homicidio agravado por abuso de la función de las fuerzas de seguridad".

Otros policías acusados

Los otros dos policías que iban en el patrullero junto a Leguizamón son Jonatan Rojo (29) y Mario Aguero (26). El fiscal Cochero les atribuyó no haber actuado ante los ataques que cometió su compañero.

"No cumplieron el artículo 25 de la ley provincial número 12.521, en el que se establece el deber del personal policial de defender contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de los derechos de los habitantes", planteó el funcionario del MPA.

Por esto, les atribuyó la autoría del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Finalmente, ambos reconocieron la responsabilidad en un juicio abreviado en el cual fueron condenados a una pena de ejecución condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. 

En la mañana de este lunes en la localidad de Melincué se conoció la sentencia condenatoria a 14 años de prisión en el marco del juicio oral y público contra Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial durante los años 2016 y 2017. Al mismo tiempo se definió la prisión preventiva ordinaria en la Alcaidía departamental, independientemente de las etapas apelatorias con las que contará la defensa del dirigente gremial.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, que en los alegatos de clausura había solicitado una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, en su momento pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución del gremialista.

La sentencia la dieron a conocer en la mañana de este lunes 5 de junio desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre de ese mismo año la denunciante realizó una ampliación de su relato.

En ese momento fue Matías Merlo, quien dio inicio a la investigación y el caso fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal y acoso laboral”.

Luego se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

El 5 de junio se conocerá la sentencia del juicio contra Enzo Juárez

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Cierre de una etapa

El caso se había instalado nuevamente en la agenda mediática desde que comenzó el juicio en el mes de mayo. Finalmente, en la mañana de este lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia a 14 años, la prisión preventiva ordinaria y al mismo tiempo informó el fundamento del fallo.

Ahora, tal cual lo había adelantado el abogado del sindicalista, Franco Gardali, concurrirán a la Cámara de Apelaciones con el objetivo de revertir la condena.

En un juicio oral y público que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en los Tribunales de Melincué, se dictó una medida de seguridad inédita para esta Circunscripción Judicial. En un caso de abuso sexual agravado, la magistrada Dra. Mariana Vidal sobreseyó al acusado al considerarlo inimputable, pero impuso su internación en la Colonia de Oliveros como medida de seguridad.

El juicio, que comenzó el 24 de abril, estuvo a cargo del Dr. Julián Cochero, quien acusó a M.A.M de abuso sexual contra una niña de una localidad vecina.

Por su parte, la defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, argumentó que el acusado era incapaz de enfrentar un juicio y solicitó que el caso fuera remitido a la Justicia Civil.

La Dra. Vidal recordó que esta cuestión ya había sido resuelta en dos instancias previas, primero por el Dr. Aldo Baravalle y luego por el Juez del Colegio de Segunda Instancia, Dr. Tomás Orso.

El fiscal Julián Cochero, en representación del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo que el hecho había sido probado y solicitó una medida de seguridad de ocho años revisables, argumentando la peligrosidad del imputado tanto para sí mismo como para terceros. Aclaró que también era un derecho del acusado que se llevara a cabo el juicio y que la medida de seguridad solicitada tenía como objetivo proteger a la víctima y disminuir la conflictividad.

La Dra. Vidal, al pronunciar su fallo, planteó la pregunta de qué sucede con las personas inimputables que no pueden participar en un juicio y cuya incapacidad se prevé que persistirá durante toda su vida. Subrayó que el propósito del juicio era determinar si el imputado había participado en el delito y evaluar el riesgo existente para sí mismo y para terceros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Código Penal. En consonancia con esto, consideró la imposición de la medida de seguridad y su posterior ejecución, teniendo en cuenta la protección de la víctima.

En resumen, el juicio oral y público concluyó con el sobreseimiento del acusado debido a su inimputabilidad, pero se impuso una medida de seguridad que incluye su internación en la Colonia de Oliveros. Esta decisión busca brindar asistencia al acusado y proteger tanto a la sociedad como a la víctima del delito. Cabe destacar que este fallo marca un precedente en la jurisdicción y refleja la complejidad de abordar casos donde la inimputabilidad es un factor determinante.

En próximo 5 de junio se conocerá la sentencia absolutoria o condenatoria en el marco del juicio oral y público en el que estuvo sentado en el banquillo de los acusados Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, sindicado como autor de un abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial durante los años 2016 y 2017.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, que en los alegatos de clausura que se realizaron el último lunes solicitó una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución de su defendido.

La sentencia la darán a conocer en las próximas horas desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Enzo Juárez, acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre la denunciante realizó una ampliación de su relato.

Carolina Walker Torres es la abogada que defiende a Daniela y se presentaron como querellantes.

En ese momento fue Matías Merlo, quien dio inicio a la investigación y el caso fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal y acoso laboral”.

Luego se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Comenzó el juicio contra un sindicalista de Firmat acusado de abuso sexual

Palabra del fiscal

Julián Cochero manifestó que “hicimos los alegatos de clausura y volvimos a solicitar una condena de 14 años de prisión. Ahora será el turno de los jueces de hablar a través de la sentencia. Pero nosotros además solicitamos la prisión preventiva, la que será resuelta en el momento de informarse la sentencia. Se trata de un fallo en primera instancia, después hay una vía recursiva que se puede seguir”.

Posición de la querella

Daniela se presentó como querellante en el juicio. Carolina Walker Torres es su abogada, quien tras finalizar los alegatos sostuvo que “nosotros consideramos que se encuentra totalmente acreditado el hecho que denunció la víctima. Las pruebas son contundentes para la pena que hemos solicitado, por encima de lo que pidió la fiscalía. Por un lado, por el grave daño a la salud y por otro, por todas las consecuencias sociales y familiares que ha tenido”.

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La letrada descartó la hipótesis de una cuestión política-gremial, diciendo que “es algo que han manifestado desde un primer momento, pero no lo han podido acreditar. No basta con mencionar la teoría, sino tienen que comprobar lo que dicen, y es algo que no ha ocurrido. En ningún momento han podido probar que ella participara de alguna interna. Sino que pasó todo lo contrario: es una mujer que se quedó sin trabajo en el gremio y en la municipalidad”.

Por último, sostuvo que “lo importante del alegato es que además de la pena, la que será seguramente condenatoria, hemos solicitado la prisión preventiva. Es decir, que por más que la sentencia no esté firme, ese mismo día quede en prisión domiciliaria”.

Abogado defensor

Enzo Juárez lleva más de 27 años al frente del Sindicato de Municipales. Cuando surgió la primera denuncia expresó en una conferencia de prensa que todo era producto de una interna gremial. Y lo relacionó con cuestiones electorales.

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Posteriormente evitó seguir expresándose sobre el caso en los medios de comunicación.

En tanto, su representante legal sostuvo que “pedimos la absolución, y ahora hay que esperar la sentencia. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias legales. Estamos en una primera instancia, y si es necesario apelaremos, o incluso llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Lo cierto es que “nosotros estamos convencidos de la inocencia de Enzo, y que esta denuncia surge de un entramado político, de baja política, de mala política. Estamos ante una interna gremial donde la oposición utilizó a una persona buena con un discurso que no es verdadero”, finalizó Franco Gardali.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DE LUNES 29/05/23

En la mañana de este martes comenzó el Juicio Oral y Público en el cual Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, es acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, quien está solicitando una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución de su defendido.

La sentencia se conocerá el próximo lunes, cuando la den a conocer desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre la denunciante realizó una ampliación de su relato.

Manifestantes frente a los tribunales de la localidad de Melincué solicitando que se haga justicia.

“Es una causa que se inicia en el año 2020, donde una persona que cumplía funciones en el sindicato comienza realizando una denuncia por Acoso Sexual y Laboral que venía padeciendo. Del desarrollo de la investigación y de diferentes evidencias que fuimos recolectando, podía verse que el hecho ocultada una situación más grave, en virtud del estado anímico y psicológico de la víctima”, detalló en se momento Matías Merlo en diálogo con Sur24.

Producto del desarrollo de la “investigación, se pudo corroborar (luego del proceso de develamiento) tras la ampliación de la denuncia, que había sido abusada sexualmente por el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat. Fuimos recolectando un sin número de evidencias que se sumaron a la causa”, agregó.

Matías Merlo, el fiscal que inicio la investigación en el año 2020.

Puntualmente, se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Posición de la defensa

Enzo Juárez lleva más de 27 años al frente del Sindicato de Municipales. Cuando surgió la primera denuncia expresó en una conferencia de prensa que todo era producto de una interna gremial. Y lo relacionó con cuestiones electorales.

Tras el pedido de elevación a juicio realizado por Matías Merlo, desde este diario se entabló contacto con el acusado, quien sostuvo que no iba a realizar declaraciones.

Abusos

Según Matías Merlo, “el hecho que denuncia la víctima habría ocurrido entre el año 2017 y 2018. Pero ya venía padeciendo una situación previa de hostigamiento en ese período de tiempo, con situaciones de acoso laboral y sexual”.

Por último, sostuvo que “hubo todo un contexto de violencia contra la mujer, donde había circunstancias en la cual la víctima se sentía intimidada en su libertad sexual, con diferentes comentarios y actitudes que tenía”.

En la tarde del sábado en dos allanamientos personal policial recuperó los elementos robados en la comuna de Melincué e incautó plantas de marihuana. El hecho delictivo se había registrado en la madrugada del viernes, y los ladrones con máscaras de La Casa de Papel quedaron registrado por las cámaras de seguridad.

En representación de la comuna, se había presentado en sede de la Comisaría 1° Yamila G. mientras que a cargo de la investigación se puso el fiscal Julián Cochero.

El hecho

Fuentes consultadas por Sur24 precisaron que alrededor de las 02:55 de la madrugada del viernes ingresan dos personas que llevaban puestas unas mascaras de los personajes de la serie La Casa de Papel.

Por las cámaras de monitoreo se ve que entran saltando el tapial de calle Maipú. Y gracias al sistema de videovigilancia del corralón, los denunciantes reconocieron a uno de los sujetos, que en un descuido se quitó la máscara, a quien señalaron como Facundo R.

A la hora de revisar el lugar, desde la comuna notaron la faltante de herramientas, un alargue de 10 metros y una escalera doble de ocho escalones.

Operativo policial

Desde el poder judicial ordenaron dos allanamientos: uno en calle Rivadavia al 200 y el restante en un inmueble de 25 de Mayo entre Brown y J. J. Paso.

Los investigadores encontraron “plantas de marihuana en una de las viviendas. Y en la otra, un total de cuatro frascos de vidrio de diferentes tamaños, un tapper tipo ensaladera de color naranja y una bolsa de papel madera de tamaño grande similar a las de harina de las panaderías: todo con flores de marihuana”.

El caso de la mujer que fue abusada en Cafferata luego de que le pusieran una pastilla en la bebida tuvo un giro inesperado en la investigación. Se sospecha que toda la maniobra estuvo organizada por su esposo, quien a cambio de dinero la “ofreció” a un amigo para tener sexo.

De esta manera, son dos las personas detenidas en la Alcaidía de Melincué: la pareja, y el sujeto que puso la droga en la cerveza y luego se aprovechó de la joven mujer.

La noticia fue confirmada a Sur24 por el fiscal Julián Cochero, quien se mostró sorprendido por los ribetes de la causa.

El caso

Todo habría ocurrido en el garaje de una vivienda familiar, donde se juntaron un grupo de personas a disfrutar de la noche, con música y bebidas.

Pero todo terminó de la peor manera cuando la joven de 28 años comenzó a sentirse mal y al día siguiente tomó dimensión de la gravedad de lo ocurrido.

Pasada las horas se presentó en sede de la Subcomisaría 15° de Cafferata, donde realizó una ampliación de su testimonio y llevó como prueba los envases de cerveza para que sean analizados.

En ese momento el fiscal ordenó que se le tome declaración a todas las personas que estaban presentes esa noche, que las botellas sean enviadas a laboratorio y al mismo tiempo que se proceda a la detención del acusado de abuso sexual, Carlos Wilfredo Z. de 21 años.

Fuentes consultadas por Sur24 indicaron que la damnificada relató que “el día sábado fueron a su casa Francisco, Selena y Franco. Ella les comentó que sentía que algo había dentro de la cerveza que tomó que había llevado el tal Wilfredo, porque después de tomar de esa botella comenzó a sentirse muy extraña hasta que perdió casi el conocimiento”.

Ante esa consulta, uno de los amigos le dice que “también se sintió re mal, que tenía arcadas. Y le contó a la chica que ella se sentaba arriba de todos. Y que Wilfredo le pasaba la mano por atrás de la espalda hasta la cola pasando hacia adelante y le tocaba todo el pecho”, agrega la información.

En consecuencia, la joven considera que “en esa cerveza había algo”.

Horas más tarde, los agentes del orden público procedieron a la detención de Carlos Wilfredo, quien fue trasladado a la Alcaidía departamental de Melincué.

Pero también fue detenido la pareja de la víctima, (de quien aún no trascendieron los datos filiatorios). El sujeto está acusado de provocarle lesiones a la víctima y de “entregarla” a cambio de dinero a Wilfredo para sostener relaciones sexuales.

Ambos afrontan una dura acusación, y luego de las audiencias realizadas, quedaron detenidos bajo prisión preventiva sin límites de plazos.

El próximo paso que dará el fiscal es tomar declaración al resto de las personas que estaban en “la fiesta” y mediante cámara Gesell a los dos hijos de la joven mujer, que también se encontraban en el domicilio esa noche.

Una joven de 28 años denunció a una persona por meterle droga en la bebida y posteriormente abusar sexualmente de ella. La víctima, María Belén M. de 28 años, se presentó en sede de la Subcomisaría 15° de Cafferata, donde realizó una ampliación de su testimonio en las últimas horas y llevó como prueba los envases de cerveza para que sean analizados.

En tanto, el fiscal a cargo de la investigación, Julián Cochero, ordenó que se le tome declaración a todas las personas que estaban presentes esa noche y al mismo tiempo que se proceda a la detención del acusado, Carlos Wilfredo Z. de 21 años.

Fuentes consultadas por Sur24 indicaron que la damnificada relató que “el día sábado fueron a su casa Francisco, Selena y Franco. Ella les comento que sentía que algo había dentro de la cerveza que tomó que había llevado el tal Wilfredo, porque después de tomar de esa botella comenzó a sentirse muy extraña hasta que perdió casi el conocimiento”.

Ante esa consulta, uno de los amigos le dice que “también se sintió re mal, que tenía arcadas. Y le contó a la chica que ella se sentaba arriba de todos. Y que Wilfredo le pasaba la mano por atrás de la espalda hasta la cola pasando hacia adelante y le tocaba todo el pecho”, agrega la información.

En consecuencia, la joven considera que “en esa cerveza había algo”.

Horas más tarde, los agentes del orden público procedieron a la detención de Carlos Wilfredo, quien fue trasladado a la Alcaidía departamental de Melincué.

Un hombre y una mujer investigados penalmente por estafar a una anciana oriunda de Firmat debieron entregarle 280 mil pesos como reparación al daño que le causaron. Así lo resolvió el juez Aldo Baravalle, en el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba -también conocida como probation-, realizada en los tribunales de Melincué.

Además, a los dos imputados como coautores del delito se les decomisó un automóvil marca Chevrolet modelo Onix y se les prohibió ingresar al departamento General López. A su vez, debieron fijar domicilio y tendrán que someterse al control de la Dirección del Servicio Post Penitenciario.

El fiscal a cargo de la investigación es Julián Cochero, quien valoró que “la víctima fue notificada sobre lo dispuesto y manifestó su conformidad”.

Dinero y joyas

El hecho ilícito que investigó Cochero fue cometido alrededor de las 16:30 del jueves 16 de junio de este año. El fiscal del MPA indicó que “a partir de un acuerdo previo con el hombre investigado, la imputada como coautora llamó por teléfono a la víctima y se hizo pasar por una persona de su confianza”.

“Le aseguró a la anciana que Estados Unidos se había apoderado de la Argentina y que ella tenía tiempo hasta las 17:00 de ese mismo día para entregar ‘todo lo de valor’ que había en su vivienda”, relató el fiscal. “Luego le dijo que un hombre iba a pasar por su casa a buscar las pertenencias con el fin de resguardarlas en un banco”, agregó.

“Minutos después, el imputado llegó a la casa de la víctima, simuló ser un empleado bancario y, producto del engaño, ella lo invitó a pasar y le dio 70.000 pesos, 500 dólares y joyas de oro”, enumeró el funcionario del MPA en la audiencia.

Cochero afirmó que “tras llevar adelante la maniobra defraudatoria, el hombre investigado se fue del lugar a bordo del automóvil que fue decomisado”.

Cámaras de seguridad

El funcionario del MPA destacó que “en el marco de la investigación, se logró identificar el vehículo de los imputados en imágenes registradas por cámaras de seguridad”, e informó que “tiempo después, ambos imputados fueron detenidos y el auto secuestrado por agentes policiales”.

En la tarde del lunes personal de Comisaría Decimocuarta cumplimentó una orden de allanamiento dispuesto por la Fiscalía de Melincué para el domicilio de calle Correa Llovet al 400, donde demoraron a un joven de 25 años y procedieron al secuestro de varias partes de una moto marca Honda XR Tornado 250 cc. que habría sido sustraída en la cabecera departamental. Los uniformados procedieron al traslado del principal sospechoso junto con lo secuestrado a sede policial.

El Magistrado interviniente dispuso que al demorado le formen causa por Hurto Calificado en la Vía Pública.

Fue liberado bajo reglas de conductas Matías Q., el joven de 33 años que el 9 de septiembre amenazó con secuestrar al intendente de Firmat, Leonel Maximino. Estuvo alojado en un hospital en las últimas semanas, y el primer examen practicado arrojó que “tiene graves problemas psicológicos y no comprende la criminalidad de sus actos”, confirmó el fiscal Julián Cochero.

Al mismo tiempo, el funcionario judicial indicó que una junta médica le realizará un segundo estudio de salud mental, aunque por el momento no está confirmada la fecha, debido a la ausencia de psiquiatras forenses en el sur de Santa Fe.

La audiencia imputativa había sido suspendida productos de las incongruentes respuestas, entre ellas dijo ser hijo de Adolf Hitler.

Una de las publicaciones en la red social Facebook realizada por Matías Q.

Historia de los hechos

La amenaza contra el Jefe del Ejecutivo firmatense llegó vía mensaje de Facebook. El texto iba acompañado de la foto de una extraña simbología (la cual definiría la intención de cometer un secuestro) que estaría pintada en un espacio público de la ciudad. El escrito rezaba: “Si esto no es para mí, es para vos”.

En ese momento Maximino radicó formalmente la denuncia en el MPA. Rápidamente comenzó a trabajar en el caso fiscalía, ordenando una serie de diligencias a integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron con el IP de la computadora desde donde salió la amenaza.

Munidos de esa información, se llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Güemes al 1.900 en donde secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un abrigo con el cual aparece el sujeto en la foto de perfil de la red social. También incautaron, textos nazis, prendas de vestir de tipo militar, una nota donde el aprehendido da detalles de un proyecto “para purgar la ciudad” de Firmat, entre otras prácticas del nazismo.

En distintas publicaciones muestra su simpatía por el accionar de la última dictadura cívico-militar.

Audiencia trunca

El mismo viernes 9 de septiembre se dio inicio a la audiencia imputativa y las autoridades decidieron suspenderla a los pocos minutos.

Al ser consultado por sus datos filiatorios, el acusado dijo haber nacido en “Alemania, pero me anotaron en Firmat”. Posteriormente dio correctamente su nombre, apellido y el de su madre. Pero cuando le consultaron sobre los datos del padre, dijo ser “hijo de Adolf Hitler”.

En ese momento las autoridades judiciales decidieron suspender la audiencia, y la jueza Silvina Marinucci ordenó que Matías Q. sea internado en el hospital de Firmat o Venado Tuerto con el objetivo de que se le realicen estudios para determinar su salud mental.

Palabra del fiscal

Si bien en un primer momento la causa estuvo a cargo de Horacio Puyrredón, a los pocos días fue Julián Cochero quien continuó con la investigación.

“El muchacho tiene graves problemas psicológicos, dictaminaron. Y no se le pudo tomar audiencia imputativa porque no comprende la criminalidad de sus actos. Lo que se dispuso, en un acuerdo con la defensa, es un tratamiento psicológico para esta persona, más pautas de seguridad como no entrar a las redes sociales, no acercarse a la víctima”, detalló el fiscal.

En base al diagnóstico “de la junta médica se va a definir si es imputable. Por ahora tenemos el informe del forense. Y necesitamos el informe de dos psiquiatras forenses más”, agregó.

El fiscal dejó en claro que al no tener antecedentes y la pena en expectativa no es de ejecución efectiva, no corresponde dictaminar la prisión preventiva.

Actualmente Matías Q. “está en su casa bajo tratamiento psicológico. Y estamos a la espera del estudio de salud mental que deberán hacer dos psiquiatras forenses, que lamentablemente no tenemos en el sur provincial. Con lo cual es necesario llevarlo a Rosario”, finalizó Julián Cochero.

La audiencia de medidas cautelares sobre el femicidio en ruta 90 del último sábado, se llevó a cabo en los Tribunales de Melincué desde las 7.15 hasta las 13.45 de este miércoles, donde el fiscal Julián Cochero y la querella pidieron la prisión preventiva sin plazos para los tres agentes de la Policía de Seguridad Vial pero la jueza Silvina Marinucci hizo lugar a este pedido solo para el autor material (Iván L. de 29 años) quien ejecutó en plena ruta 90 a su ex pareja, Claudia González (29).

En cambio, para sus compañeros (Jonatan R. y Mario A.) le concedió la prisión preventiva por 90 días “porque al ser partícipes había cuestiones que aclarar y por falta de indicios de peligrosidad procesal”, dijo el funcionario del MPA de Melincué a Sur24, sobre la explicación de la jueza para no dar lugar a la preventiva sin plazos. Aunque adelantó que seguirá pidiendo la ampliación de esta medida.

Tanto el femicida como sus dos compañeros habían sido imputados el último domingo. A los tres policías, el fiscal Cochero les atribuyó los delitos de homicidio doloso calificado (por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio); por relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad) y tentativa de homicidio agravado (por abuso de la función de fuerzas de seguridad).

Al imputado Iván L. le atribuyó las calificaciones penales en calidad de autor, mientras que a los otros dos policías investigados, les endilgó los delitos como “partícipes secundarios”.

Lo que destacó el Dr. Cochero de la audiencia de este miércoles que se extendió por largas horas, fue que la defensa pública de los compañeros del agresor “pidió la libertad de éstos, la reincorporación al cargo y subsidiariamente la domiciliaria”.

Y agregó que los jóvenes policías, considerados partícipes necesarios por no detener a tiempo al femicida, declararon este martes en la ampliación de la imputativa, que “ellos actuaron bajo órdenes y que intentaron desarmarlo y defender a la pareja de la joven”. Cuestión que para Cochero está fuera de la realidad, ya que el marido de Claudia, quien también declaró ante el fiscal ayer, relató lo que se viene dando a conocer, que “peleó solo y ellos no hicieron algo para impedirlo”, y recordó que “pasaron unos 20 minutos entre el disparó (que mató a Claudia) y cuando los compañeros lo arrestaron”.

Según el informe de la autopsia del cuerpo de la joven, detalló Julián Cochero, falleció “por un disparo que ingresó por el parietal derecho y tiene orificio de salida por debajo de la aurícula izquierda”, y agrega que no hay signos de defensa por parte de la víctima “solo un leve movimiento para correr la cabeza”, es decir que el femicida efectuó el disparo a quemarropa y sin posibilidad para la joven de poder defenderse ni tampoco habría habido forcejeo. “’Vino a matarla’, dijo el marido de ella, en una declaración terrible del hecho”, enfatizó el funcionario judicial.

Cabe recordar, que la abogada querellante de la familia González, Carolina Walker Torres, había destacado a este medio que el marido de la víctima había accedido a que hable con ella “porque lo notó tranquilo” y que “actuó consciente de lo que hacía”.

Con el aporte de los testimonios, se va armando la escena que compromete más al asesino ya que habría actuado sin alteración y ultimado a su ex pareja sin darle posibilidad de defenderse.

Para proseguir con el caso y la investigación, el fiscal señaló que el hecho “duró como media hora en ruta 90, no creo que en ese lapso de tiempo haya pasado un solo testigo, por eso pedimos que vengan a presentarse porque a veces parece un testimonio intrascendente pero para nosotros nos completa un cuadro, como por ejemplo el del tiempo”, solicitó.

En otra audiencia, también realizada este miércoles por la tarde, la jueza Marinucci dictó la prisión preventiva sin plazos para el hombre de Hughes de 59 años imputado por tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio), contra su ex pareja de 52 quien quedó en grave estado luego que el agresor la apuñaló en la vía pública.

En este caso, el pedido del fiscal Julián Cochero, también a cargo de este caso, fue concedido por la magistrada y el autor de la brutal agresión permanecerá detenido.

Un hombre de 59 años cuyas iniciales son OHG fue imputado por atacar con un cuchillo a su expareja en la localidad de Hughes (departamento General López). La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Julián Cochero en una audiencia llevada a cabo ayer a la tarde en los tribunales de Melincué ante el juez Aldo Baravalle.

El funcionario del MPA está a cargo de la investigación del caso y aclaró que “al imputado le atribuimos la autoría del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.

Cochero precisó que “la tentativa de femicidio que investigamos fue cometida el sábado último minutos después de las 20” y aclaró que “ocurrió en la vía pública, en inmediaciones de Aarón Castellanos y 25 de Mayo de la localidad de Hughes”.

Sobre la modalidad del accionar delictivo, el funcionario del MPA explicó que “el imputado atacó a su expareja con un arma blanca tipo cuchillo”. Al respecto, indicó que “tuvo intención de darle muerte a la mujer y le provocó un corte de gravedad en su cuello”.

Cochero relató que “el hombre investigado fue detenido por personal policial y se le secuestró el cuchillo que utilizó para cometer el ilícito”. Por su parte, aclaró que “la víctima logró sobrevivir gracias a la atención médica inmediata que recibió en un Hospital de la ciudad de Venado Tuerto”.

La audiencia en la que se tratará la medida cautelar del imputado está programada para este miércoles en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Melincué. El fiscal Cochero adelantó que solicitará la prisión preventiva del hombre investigado.

Este sábado 18, dos hechos impactaron a la región y en ambos se cometieron actos de violencia de género ya que fueron víctimas mujeres que en el caso del episodio de ruta 90 la joven cañaseña de 29 años perdió la vida en el acto, tras recibir un disparo en la sien de parte de su ex pareja; más tarde en Hughes, un hombre ya denunciado por su mujer por ataques violentos, reincidió e intentó matarla con varios cortes en el cuerpo con un arma blanca, lo que le provocó que hasta este momento se encuentre en estado reservado en el Hospital de Venado. En ambos hechos interviene el fiscal del MPA de Melincué. Dr. Julián Cochero.

Según lo manifestado por Cochero, el autor del femicidio (I.L. de 29 años), integrante de la Policía de Seguridad Vial “estaba haciendo un operativo de control junto a otros dos compañeros en intersección de rutas 90 y 93, que después verificaré de qué tipo de control se trataba”, destacó en un principio.

Al volver del operativo, cuando van pasando Chapuy este agente se da cuenta que pasa la ex pareja con el ex marido (con quien tiene un hijo) en un auto Peugeot 307, azul. Giran en “U” “y comienzan a perseguirlos, los interceptan a 3 kilómetros de Elortondo, le cruzan la patrulla con sirenas, se bajan los tres pero se aproxima el agresor del lado del conductor”.

“A prima facie”, relató Cochero, sobre el momento del homicidio “se ponen a discutir (con el acompañante de la víctima) pidiendo hablar con la joven, entonces el ex marido se va adelante del auto como para hablar con los dos compañeros y el agresor da la vuelta hacia la ventanilla del acompañante y le ejecuta un tiro en la cabeza. “Está en investigación si hubo varios disparos”, aclaró el funcionario judicial ya que hay versiones de que habría más tiros sobre el vehículo.

Tras cometer el asesinato, el agente de Seguridad Vial también intentó ultimar a la pareja de la joven “pero se encasquilla el arma o aparentemente se le cayó el cargador”. Tras esto, se produce una pelea entre ambos hombres y cuando el homicida está a punto de ahorcarlo se arrepiente y el agredido, que es víctima de este hecho, trata de calmarlo.

Toda esta escena, cuenta el fiscal, se produce ante “la participación pasiva” de los otros dos uniformados, es por eso que también serán investigados primero por permitir una persecución de unos 20 km y luego por no intentar arrebatarle el arma.

En tanto, el cuerpo de la joven (que era cadete del ISEP de Murphy) fue trasladado a la Morgue de Venado Tuerto, donde le realizaron la autopsia el sábado por la noche y se espera un pre-informe.

El Dr. Cochero aseguró que “hubo contaminación de la escena del crimen” ya que familiares de la víctima llegaron y “hasta rompieron un vidrio del auto”.

Respecto al femicida confirmó que la audiencia imputativa será este domingo, a las 14, donde se lo imputará por “Tentativa de Homicidio Agravado por el hecho de ser policía y Homicidio doblemente Agravado por el hecho de ser integrante en función de la fuerza de Seguridad y por la relación de pareja que tenía con la víctima”.

En tanto, este lunes será la de medidas cautelares y anticipó que aún no pedirá la prisión preventiva “a la espera de más informes”. Y a los compañeros se los investiga como “partícipes secundarios”.

Respecto al hecho ocurrido en Hughes, este sábado, alrededor de las 18, donde un hombre intentó matar a su pareja y luego quiso suicidarse, Cochero contó que el ataque fue en la vía pública (intersección de calles Aarón Castellanos y 25 de Mayo) donde la vio y la interceptó con la camioneta “y le pega cuchillazos con intención de matarla y tras esto se hace unos cortes en las muñecas, diciendo que se quería suicidar”.

El agresor (O.H.G, de 59 años) y la víctima (E.M.S de 52 años) fueron trasladados al Hospital de Venado Tuerto, donde él fue dado de alta alrededor de las 11.30 y luego encarcelado. En tanto, la mujer, hasta este domingo sigue internada en Terapia Intensiva con pronóstico reservado, presentando lesiones múltiples en abdomen, tórax, cuello y miembros. Debió ser operada y le realizaron una esplenectomía, sutura vascular y reparación de lesión de tráquea. Y hasta el momento, permanece con respirador.

Asimismo, el fiscal de Melincué expresó que el hombre “ya había estado en cautelar por violencia de género por denuncia de esta mujer”, pero no recibió la prisión preventiva de parte del juez y estaba libre y si bien no estaba al tanto si tenía o no un impedimento de acercamiento (perimetral), es posible que haya violado esta medida para agredir a la víctima nuevamente.