Después de meses de discusiones, de trabajo en comisiones, escuchando a los diferentes actores del sistema, la Cámara de Diputados votó, en forma dividida, un proyecto de ley que apunta a bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

El tablero electrónico marcó 32 votos positivos contra 14 negativos al proyecto iniciado por José Corral (UCR) en septiembre del año pasado. Unidos, bloques aliados y Somos Vida juntaron los votos positivos mientras que el justicialismo y el Frente Amplio por la Soberanía se expresaron en rechazo.

Corral, autor del proyecto que con incorporaciones llegó al recinto. Foto: Gentileza Cámara de Diputados

La iniciativa de Corral proponía reformar algunos artículos del Código Procesal Laboral pero el dictamen llegado al recinto fruto del trabajo especialmente de la Comisión de Asuntos Laborales incorporó más retoques a ese compendio y agregó dos capítulos y disposiciones transitorias. Un capítulo amplio versa sobre el fortalecimiento del Observatorio de las comisiones médicas y el otro aplica nuevas reformas a la ley 14.003 por el cual Santa Fe adhirió a la norma nacional sobre ART.

Los radicales José Corral, Martín Rosúa y Dionisio Scarpin más los socialistas Joaquín Blanco y Mariano Cuvertino plantearon las dificultades que tiene el sistema generando sobrecostos para los empresarios, especialmente de pequeñas y medianas empresas. En cambio, desde el justicialismo Lucila De Ponti y Celia Arena advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la norma y desde la izquierda expusieron en total rechazo, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver.

Corral destacó el rico debate que tuvo el tema en la Cámara que inclusivo el Poder Ejecutivo habilitó en Extraordinarias. "La intención central es bajar los sobrecostos que el sistema de ART le trae al sistema productivo para mejorar la competitividad de las empresas y fomentar el trabajo registrado".

Según el radical, los sobrecostos no son dineros que van al trabajador ni a las empresas sino al sistema burocrático. Corral expuso datos comparativos del costo del sistema tanto a nivel nacional como en provincias vecinas donde las firmas santafesinas son las que más abonan por el servicio producto de la alto litigiosidad pese a la baja accidentología. "Modificamos las medidas procesales y desvinculamos a los peritos del resultado del juicio" remarcó.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 32 votos a favor. Foto: Gentileza Cámara de Diputados

"Hay cada vez menos accidentes laborales pero cada vez más juicios" insistió Rosúa, autor de un proyecto sobre la materia.

Antes, De Ponti admitió la importancia de trabajar en bajar la litigiosidad pero -para el PJ- el enfoque es erróneo y puede ser inconstitucional. Luego, Arena marcó que el problema está en las enfermedades profesionales y no en la accidentología laboral.

Joaquín Blanco defendió la reforma en el debate del recinto. Foto: Gentileza Cámara de Diputados

Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, comisión encargada de las audiencias y de escuchar a las partes actuantes del sistema, se detuvo en historiar y radiografiar un sistema, el de ART, que tiene una decena de jugadores importantes, entre ellas tres de origen cooperativo que tienen sede en la provincia, los casos de Sancor, La Segunda y San Cristóbal. El sistema facturó en 2025, 2700 millones de dólares, informó.

"Este es un primer paso, habrá que dar otros más en el futuro" señaló y marcó la necesidad de una profunda reforma al fuero laboral en la provincia de Santa Fe.

"Nos toca mejorar el sistema y ese será una instancia", repitió el socialista para insistir en que el objetivo central es reparar a los trabajadores que sufren problemas laborales y proteger a las empresas. Marcó que recién ahora, la Corte Suprema de Justicia le tomó juramento a tres peritos oficiales cuya designación había sido habilitada en 2018.

"Es una reforma parcial y necesitamos verificar los resultados, por eso las reformas al Observatorio" marcó y luego Cuvertino se refirió a ese artículo. Ambos instaron a un trabajo coordinado entre los actores, como ministerio de Trabajo de la provincia, la propia Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Seis son los artículos del Código Procesal Laboral que se reforman con la media sanción de la Cámara de Diputados. La primera reforma es al artículo 39 que incorpora el inciso e. "En caso de reclamos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales conforme a las Leyes Nacionales N° 24.557 y 27.348, y su adhesión provincial por Ley 14.003, el actor debe acreditar el agotamiento de la vía administrativa y exponer los fundamentos que sustenten un criterio divergente al sostenido por la Comisión Médica Jurisdiccional".

Las otras reformas son a los artículos 41, 42, 76, 82 y 83. En el 82 determina que "los honorarios de los peritos que no integren el Cuerpo Especializado del Poder Judicial e intervengan en las controversias judiciales, no estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio, ni al porcentaje de incapacidad que se dictamine en caso de pericia médica. Los honorarios revisten carácter alimentario y deberán regularse una vez finalizada su labor o cuando hubiere sido desafectado por causas no imputables a éste.

Serán fijados teniendo en cuenta la apreciación judicial de la labor técnica realizada en el pleito y su relevancia; calidad, celeridad y extensión en lo concreto y no podrá exceder los 5 jus".

La segunda parte de la ley refiere al Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas y allí le fija nuevas funciones para tener estadísticas ciertas sobre el funcionamiento del sistema.

El capítulo referido a la modificación de la Ley 14.003, entre otras cosas, dispone que la actuación de las Comisiones Médicas es supervisada en forma conjunta por el Poder Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conforme el mecanismo que se determine por convenio.

Además crea 6 cargos para conformar un cuerpo especializado de profesionales con dedicación exclusiva, siendo incompatible el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, pública o privada, remunerada o no, que pueda afectar la independencia de criterio, imparcialidad, disponibilidad o el adecuado cumplimiento de las funciones propias del cargo.

Santa Fe lidera la litigiosidad laboral en Argentina con 296 juicios por cada 10.000 trabajadores registrados, una cifra que supera en un 123% la media nacional y que es significativamente superior a otras provincias, como Córdoba, donde un trabajador tiene menos de la mitad de probabilidades de iniciar un juicio.

Esta alta litigiosidad tiene un impacto directo en la economía regional: las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio de ART del 4,03%, lo que representa un 45% más que el promedio nacional (2,78%) y genera un sobrecosto estimado en US$ 100 millones anuales para el sector productivo

Así lo refleja un informe de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los factores principales que explican esta situación, según la UART, son:

• El sistema de honorarios de los peritos: Actualmente, los peritos médicos judiciales cobran sus honorarios en proporción al monto de la sentencia o al porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan. Esto genera un incentivo perverso para asignar porcentajes de lesión más altos de los reales, con el fin de aumentar su propia retribución económica.

• Demora en la aplicación de la Ley 27.348: Aunque la norma nacional busca profesionalizar las pericias a través de Cuerpos Médicos Forenses con honorarios fijos, Santa Fe recién inició en 2025 el concurso para conformar este cuerpo y designar a sus primeros peritos oficiales.

• Falta de obligatoriedad efectiva de las instancias previas: El proyecto de reforma que se debate en la Legislatura provincial busca establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio previo al juicio, siguiendo modelos de otras jurisdicciones que han logrado reducir la litigiosidad de manera más efectiva.

El informe detalla la crítica situación del sistema de riesgos del trabajo en Argentina, subrayando un incremento del 6,4% en los juicios laborales durante 2025. Resulta alarmante para la UART que las demandas aumenten significativamente a pesar de que los accidentes y fallecimientos han disminuido drásticamente en las últimas décadas.

De hecho los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos laborales bajaron un 80%. "Lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas"

"El ingreso de 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un escenario de extrema tensión institucional y financiera", señala la UART.

El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones.

El fenómeno se atribuye a las fallas en el sistema pericial médico, donde los honorarios suelen estar vinculados al monto de la sentencia. Como solución, las empresas proponen la plena implementación de la Ley 27.348 para profesionalizar las pericias mediante cuerpos forenses con sueldos fijos.

Cabe recordar que existe un proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral, impulsado en la provincia de Santa Fe por el diputado provincial José Corral y apoyado por la Federación de Industriales de Santa Fe.

La iniciativa busca corregir lo que califica como distorsiones estructurales que han generado una alta litigiosidad y sobrecostos en el sistema de Riesgos del Trabajo.

Los pilares fundamentales de esta propuesta son:

• Obligatoriedad de las Comisiones Médicas. La reforma propone establecer el paso por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como una instancia obligatoria y previa a cualquier demanda judicial. El objetivo de este paso administrativo es agilizar los tiempos de resolución de los reclamos y evitar que todos los casos terminen directamente en los tribunales.

• Reforma del sistema de pericias médicas. Uno de los puntos más críticos que busca resolver es el "desorden pericial". Los cambios incluyen:

• Desvincular los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan.

• Eliminar el incentivo económico que actualmente tienen los profesionales para asignar lesiones más graves con el fin de aumentar su propia retribución.

• Avanzar hacia la conformación de Cuerpos Médicos Forenses con profesionales que perciban honorarios fijos, garantizando mayor imparcialidad y rigor científico.

• Adhesión efectiva a la Ley Nacional 27.348. El proyecto está diseñado para lograr una integración real con la normativa nacional vigente, siguiendo modelos que ya han resultado exitosos en otras provincias para reducir la litigiosidad. Implica la necesidad de corregir plazos como el de caducidad de 2 años.

Según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y los autores del proyecto, los beneficios de esta reforma serían una reducción de costos para las empresas del orden de los US$ 100 millones al año.

Marcan asimismo una mayor competitividad al bajar la litigiosidad "espuria", según la cual las industrias locales dejan de estar en desventaja frente a provincias como Córdoba.

Por último destacan la celeridad para el trabajador en un sistema más ordenado que permite que los afectados que realmente sufrieron un siniestro reciban su reparación de manera más rápida y justa, sin esperas judiciales innecesarias.

Carmelo Calderón Bourband - Néstor Picard

La Legislatura de Santa Fe inició su período ordinario con una agenda de marcado perfil productivo. Para el diputado José Corral, este arranque anticipado representa un "signo de los tiempos". Destacó que, antes del inicio del ciclo lectivo, el cuerpo legislativo ya se encuentra trabajando plenamente en iniciativas clave para la provincia.

En diálogo con CyD Litoral, el legislador vinculó esta dinámica con la impronta de la gestión de Maximiliano Pullaro. Según Corral, el gobernador se encuentra "enfocado en las prioridades que la ciudadanía le encomendó", señalando como ejes transversales a la seguridad, la educación y la obra pública, áreas donde el oficialismo busca reafirmar resultados.

En ese marco, el diputado subrayó los indicadores en seguridad, mencionando que se transitan los dos años con menores índices de violencia. Asimismo, puso de relieve los avances en el sistema educativo santafesino, destacando que en 2025 se superaron los 180 días de clase, un hito que la provincia no alcanzaba desde hacía largo tiempo según su visión.

Otro punto que Corral consideró relevante fue el empeño de los sectores pasivos. "Los jubilados hicieron un gran esfuerzo y ahora se ven medidas que buscan dar sostenibilidad al sistema", afirmó el referente de Unidos.

Con la vista puesta en el jueves 26, el Ejecutivo provincial busca acelerar la reforma del Código Procesal Laboral. Para Corral, el objetivo es "bajar la litigiosidad", entendiendo que los elevados costos no salariales del empleo terminan asfixiando la capacidad de contratación de las Pymes y no se traducen en mejores remuneraciones para el trabajador.

Santa Fe paga 15% más de ART que Córdoba y se registran casi el doble de juicios. Foto: Flavio Raina

El planteo apunta a modificar las reglas procesales para que la instancia judicial sea excepcional. Corral hizo hincapié en las enfermedades profesionales, donde existe una disparidad recurrente entre los dictámenes de las comisiones médicas y las revisiones judiciales, generando una incertidumbre que afecta directamente al sector productivo santafesino.

La comparación con la provincia mediterránea fue una de las definiciones más fuertes de la entrevista. "Tenemos el doble de juicios que Córdoba", sentenció Corral. Explicó que las Pymes locales pagan un 15% más de alícuota de ART, una brecha que resta competitividad a la economía regional y desalienta la inversión en el territorio provincial.

Para dimensionar el impacto, el legislador aportó una cifra alarmante: "En Santa Fe, la estimación es que gastamos unos 100 millones de dólares adicionales por año debido a esta litigiosidad". Para Corral, ese capital debería estar destinado a la inversión productiva o a la mejora de los salarios, en lugar de perderse en los laberintos de la burocracia.

La iniciativa del Ejecutivo se trataría el jueves 26 en la Legislatura. Foto: Fernando Nicola

Un punto crítico de la reforma es el esquema de los peritos. Actualmente, perciben un porcentaje de la sentencia, lo que Corral cuestionó como un "incentivo distorsivo". El proyecto propone que el trabajo profesional no tenga relación con el resultado económico del juicio, garantizando mayor objetividad y previsibilidad en los procesos judiciales.

La iniciativa busca consolidar un cuerpo profesional de peritos dentro del Poder Judicial. "No deben ser elegidos por las partes, sino ser empleados judiciales con criterios unificados", explicó. Este cuerpo especializado actuaría en primera instancia para determinar si se justifica la apertura del proceso, buscando evitar el conflicto innecesario.

En paralelo al debate provincial, Corral fijó posición sobre la Reforma Laboral a nivel nacional. Se mostró a favor de actualizar una legislación que considera "vetusta" frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organizar el trabajo. Para el legislador, es imperativo adaptar las normas a la realidad del siglo XXI para fomentar el empleo.

No obstante, el diputado de Unidos marcó matices importantes. Advirtió que, si bien la actualización es necesaria, "hay debates para dar" y ciertos puntos deberían ser modificados para no vulnerar los derechos de los trabajadores. Según su mirada, la reforma debe ser una herramienta de progreso que equilibre la seguridad jurídica con la protección social.

Finalmente, ubicó la discusión dentro del complejo escenario macroeconómico nacional. Sostuvo que, si bien Santa Fe tiene condiciones productivas excepcionales para liderar el crecimiento, requiere de un contexto de estabilidad y de reglas claras que no castiguen a quienes apuestan por la generación de riqueza y empleo genuino en la región.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un pedido de revocatoria contra su sentencia del 29 de febrero pasado en la que dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses para el cómputo de una indemnización. Una sala de esa cámara ya receptó el nuevo criterio y dictó un primer fallo, donde el monto indemnizatorio se ajustó por CER, para preservar el valor del crédito laboral, sin que se produzca un "enriquecimiento ilícito".

En su sentencia del 29 de febrero, la Corte consideró que la aplicación del Acta 2764/2022 de la Cámara Nacional del Trabajo para el cómputo en una indemnización por despido no se encuentra prevista en la ley y provocó un incremento desproporcionado de la condena (del 7745,30%).

En el caso, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una condena por indemnizaciones laborales, elevó su monto y dispuso que al capital de la condena se le sumaran intereses calculados según los términos del Acta 2764/2022, invocando un supuesto sustento en el artículo 770 del Código Civil y Comercial.

La aplicación del Acta implicó imponer el pago de intereses calculados a tasas activas desde el momento de exigibilidad de los créditos laborales y, además, que esos intereses se capitalicen al momento de la notificación de la demanda y sigan capitalizándose sucesivamente en forma anual hasta la fecha de la liquidación de la condena.

El caso llegó a la Corte que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró arbitraria la sentencia de la Sala IX. Entendió que "aun cuando lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa, cabe apartarse de tal principio cuando la decisión cuestionada, amén de carecer de sustento legal, arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento".

En tal sentido, señaló que "la capitalización periódica y sucesiva ordenada con base en el acta 2764/2022 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación". El Máximo Tribunal recordó que el artículo 770 del Código Civil y Comercial establece una "regla clara" según la cual "no se deben intereses de los intereses". Asimismo, remarcó que dicho artículo establece excepciones taxativas y de interpretación restrictiva, que no se dan en el caso.

La Corte apuntó que "la decisión impugnada y el acta que la sustenta dejan de lado el principio general fijado por el legislador y crean una excepción que no está legalmente contemplada".

En la causa, dijo el Tribunal, la capitalización periódica y sucesiva de intereses derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo, que representó un incremento del 7745,30% del capital de condena en el término de ocho años.

En razón de ello, la Corte sentenció que "el fallo recurrido no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa", por lo que resulta arbitrario, y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara.

Contra ese pronunciamiento, la parte actora planteó un pedido de aclaratoria, invocó la existencia de errores materiales y, en suma, pretendió la revocatoria de lo resuelto.

En su sentencia del 12 de marzo, la Corte, con la firma de sus cuatro ministros, recordó que "las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno (…), sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina" y desestimó el planteo.

Los principios que rigieron el dictado de la sentencia original en la causa Oliva ya fueron receptados días atrás por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esta Sala resolvió aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para el cálculo de los intereses de una indemnización por un accidente de trabajo y, de este modo, desoyó lo dispuesto en el Acta 2764.

En una sentencia dictada el 4 de marzo (Expediente Nº CNT 8056/2019/CA2), la Cámara entendió que la Corte, en la causa "Oliva", "al sostener que el Acta 2764 multiplicó 'de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas', excediendo 'sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable', lo que hizo fue convocar a los magistrados a adoptar, en materia de accesorios, un criterio que, con el debido respaldo, combine la razonabilidad con la protección que debe garantizarse a los créditos laborales".

En esa línea, la Cámara agregó que "la premisa de partida es clara: es necesario encontrar un método de compensación, de los créditos de los trabajadores, que no lleve a que los reajustes representen un costo de tal magnitud, que exceda los valores del dinero en el mercado y derive en un posible enriquecimiento sin causa. A la par, es indispensable que ese método de compensación mantenga incólume el poder de compra -el 'valor'- del crédito laboral."

Los jueces Victor Pesino y María Dora González no dejaron de advertir "el alucinante incremento del costo de vida y, lo que es peor, del precio de los artículos de primera necesidad y de consumo diario" y señalar que "por una cuestión de política económica, se ha decidido 'congelar' la tasa de interés en un valor inferior a la inflación pasada y futura esperable". En ese contexto, afirmaron: "Si el Poder Ejecutivo Nacional ata sus deudas en pesos al 'CER' y el Banco Central de la República Argentina avala los depósitos a plazo fijo atados al 'CER', nada impide al Poder Judicial utilizar esta misma variable para penar la mora".

Para los jueces, "una tasa inferior implicaría licuar la deuda del acreedor, en la medida en que solo podría referirse a monedas cuyo valor permanezca incólume a través del tiempo, cosa que en nuestro país no ocurre". Y se añadió: "no aplicar el criterio esbozado, en las condiciones económicas actuales, resulta atentatorio contra un elemental derecho de propiedad, siendo deber de la justicia desalentar las prácticas evasivas y dilatorias que permitan financiarse a través del denominado 'dinero judicial barato'.

En tal sentido, resolvió que "la aplicación, a los créditos, del mecanismo del 'CER', guarda total y absoluta razonabilidad -en los términos exigidos, por la Corte en 'Oliva' y por la Constitución Nacional- en la medida que, indudablemente, su resultado no excede 'sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación' (art. 771, CC y CN)."

Así, la Cámara concluyó en utilizar, como interés moratorio, el índice "CER", publicado por el BCRA, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) solicitaron hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22. Asimismo, reclamaron que se reemplace por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad.

Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.

La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo. De esta manera, se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas.

Y es que la aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La tasa establecida por el acta implica, indirectamente, una modificación de la LCT. Así se obtienen indemnizaciones mayores al mes por año, cambio que, necesariamente, requeriría de una la ley del Congreso de la Nación. Esta vía indirecta de variar judicialmente la ley de fondo viola el art. 31 de la ley Suprema en tanto son sólo las leyes y la Constitución Nacional (CN) las que pueden regir la vida de los habitantes.

A su vez, también viola el art. 75 inc. 12 en tanto únicamente es atribución del Congreso de la Nación dictar el Código del Trabajo. Y, finalmente, también se violenta el art. 116 de la CN en tanto concierne a los tribunales el “conocimiento y decisión” de las causas a ellos sometidas, pero nunca y en ningún caso la modificación de las leyes. Por último, al cambiar la ley en forma indirecta se viola el derecho de propiedad.

Si el Poder Judicial continuara desnaturalizando la ley se trataría de confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que está sucediendo con la tasa del Acta 2764/22, que, se reitera, termina estableciendo cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el art. 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año.

Como conclusión, SRA, CAME y Coninagro expresan que, conforme un parámetro de razonabilidad, la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino, es el máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada. Fuera de ello, cualquiera fuera el parámetro, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente.

Cabe destacar que la presentación de las tres entidades se acompañó de un “Informe Económico de Razonabilidad del Acta 2764”, suscripto por el titular del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin, que ilustra con claridad la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y/o tiene disponible el Banco Central de la República Argentina (BCRA).