El gobierno de Javier Milei celebró este viernes que la Corte de Apelaciones de Nueva York resolviera mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago en el juicio por la estatización de la compañía.

La medida frena de manera provisoria la ejecución de la sentencia dictada en junio, que establecía la entrega de los papeles de la petrolera como cancelación de la deuda. La defensa argentina había presentado una cautelar temporaria a mediados de julio.

La jueza Loretta Preska había ordenado transferir el 51% de la petrolera. Foto: Archivo

Con la decisión, el Segundo Circuito habilita al país a apelar el fallo de Preska, que fija una condena de US$ 16.100 millones más un interés diario superior a US$ 2 millones. La disputa se mantiene abierta mientras avanza el proceso judicial.

El caso comenzó en 2015, tres años después de la expropiación del 51% de YPF a Repsol. El litigio no discute el derecho de la Argentina a expropiar, sino la falta de realización de la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la empresa.

Burford Capital, un fondo especializado en la compra de derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo contra la Argentina. La empresa adquirió el derecho a litigar y reclama el pago total más los intereses acumulados.

Burford Capital es el principal beneficiario del fallo contra la Argentina. Foto: Xinhua

La cautelar otorgada ahora permite al Gobierno evitar la entrega inmediata de las acciones mientras se tramita la apelación. El resultado final dependerá de lo que resuelva la Corte de Apelaciones tras evaluar los argumentos presentados por ambas partes.

La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó un nuevo capítulo de máxima tensión: mientras la Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.

La orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.

En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF "causaría un daño irreparable a la República" y "podría desatar un conflicto diplomático significativo" con Estados Unidos.

El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska "vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero" y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.

Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.

Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía.

Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado se destacó la violación de la legislación nacional porque la entrega de las acciones va en contra de la legislación nacional.

También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.

En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.

La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.

También se argumenta que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa.

Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.

A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.

Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.

Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.

En respuesta al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.

Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron como “amicus curiae” en la Corte de Apelaciones de Manhattan, en Estados Unidos, para que la Argentina no sea condenada a pagar US$16.000 millones por la causa que investiga la expropiación de la petrolera YPF en 2012, durante la Presidencia de Cristina Kirchner.

“Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras del país”, reza un fragmento publicado por el diario Financial Times respecto de los escritos que presentaron los países sudamericanos.

En ese sentido, consideraron que el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Presta “amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos”.

Estos cuatro países sostienen que el tribunal estadounidense intercedió en un asunto doméstico, puntualmente en una empresa que se encuentra en Argentina, regida por estatutos y leyes locales.

Preska en su fallo explicó que YFP cotiza en Wall Street y las empresa accionistas fueron los que hicieron la demanda por verse perjudicadas tras la expropiación.

Según compartió el mismo medio, en el escrito, Brasil y Uruguay remarcan que “los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción”.

A su turno, citan que Chile y Ecuador hicieron hincapié sobre el peligro de estas sentencias “cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses”. De ese modo, advirtieron que ello podría impactar de manera negativa en la participación de empresas de la región en Wall Street.

Por otro lado, en la corte de Estados Unidos también hicieron sus presentaciones algunas provincias productoras de hidrocarburos como Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego; el Colegio Público de abogados de CABA y ex jueces argentinos.