El Gobierno de la Provincia de Santa Fe implementó durante 2025 el sistema de juicio por jurados establecido por la ley Nº 14.253, que habilita la intervención ciudadana en causas de especial gravedad, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes. La puesta en marcha de este mecanismo significó un avance sustancial hacia un modelo de justicia más participativo y transparente.

El primer juicio por jurados se realizó en junio, en los Tribunales de San Cristóbal, pertenecientes a la Circunscripción Judicial N.º 5. Se trató de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio, en el que intervinieron 12 jurados titulares y dos suplentes, todos ciudadanos seleccionados por sorteo del padrón electoral.

Al evaluar la experiencia, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, destacó que “este año, a partir de una iniciativa parlamentaria y luego de un largo camino institucional, se logró implementar el juicio por jurados para delitos graves, algo que no había sido posible hasta ahora en la provincia”. El funcionario subrayó además una particularidad del modelo santafesino: “Se adoptó un criterio distinto al de otras provincias, ya que el veredicto de culpabilidad requiere diez votos sobre doce, sin exigir unanimidad, lo que reduce el riesgo de que el juicio fracase por falta de acuerdo”.

Hasta el momento, se realizaron cuatro juicios en tres jurisdicciones distintas. “Comenzamos en la Circunscripción Nº 5, con un juicio en San Cristóbal; continuamos en la ciudad de Santa Fe, por un homicidio calificado en ocasión de robo; luego en San Javier, por el homicidio de una jubilada; y el último fue en Reconquista, por un caso de femicidio”, precisó Mascheroni. Para completar el esquema previsto, resta que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije las audiencias correspondientes a la tercera circunscripción, Venado Tuerto, y a la segunda, Rosario.

La implementación del juicio por jurados requirió un intenso trabajo preparatorio y coordinado entre distintos organismos. Participaron la Secretaría Electoral y el Poder Judicial, entre otros actores, para definir los criterios de conformación del padrón inicial, denominado “nube”, del cual se sortean los jurados para cada proceso.

Ese padrón está integrado por hombres y mujeres en condiciones de paridad, respetando la proporcionalidad del padrón electoral de cada una de las cinco circunscripciones judiciales. Incluye a personas de entre 18 y 75 años que no sean abogados ni profesionales del derecho, que no registren deudas alimentarias, condenas penales ni situaciones de quiebra, y que no integren fuerzas de seguridad, fuerzas armadas ni cargos jerárquicos del Estado en ninguno de los tres poderes.

Mascheroni recordó que la ley delimita de manera precisa las figuras penales alcanzadas por este sistema. “Son solo cuatro delitos, los más graves. En el futuro podrá discutirse una eventual ampliación, como ocurrió en otras provincias, pero hoy la prioridad es consolidar la experiencia y mejorar su funcionamiento”, señaló.

El secretario de Justicia también se refirió a los desafíos pendientes del sistema judicial provincial. “Aún resta avanzar en la discusión de un nuevo código penal, más moderno, que incorpore experiencias de otras jurisdicciones y permita un trámite más ágil de los procesos, superando un esquema que sigue siendo predominantemente escriturario”, afirmó.

En ese marco, destacó los avances en mediación, digitalización y, especialmente, en la problemática de la litigiosidad laboral. Recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro asumió un compromiso público para abordar esta cuestión y que recientemente se firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Ese acuerdo permitirá la designación de peritos médicos judiciales y la puesta en marcha definitiva del observatorio de comisiones médicas, con el objetivo de reducir la conflictividad vinculada a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. “Están dadas las condiciones para comenzar a abordar este problema de manera estructural, con herramientas institucionales y reformas legislativas en curso”, concluyó Mascheroni.

A partir de este mes en la ciudad de Rosario se comenzó a implementar el Juicio por Jurados, completando así su aplicación en la totalidad del territorio santafesino. La medida alcanza a la 2da Circunscripción Judicial y consolida un paso histórico en la búsqueda de una justicia más abierta y participativa.“A partir de la entrada en vigencia, en cada circunscripción todos los casos penales por los delitos que establece la ley, que usualmente son los delitos más graves o de mayor conmoción social, las acusaciones que se presenten con posterioridad, esos casos van obligatoriamente a juicio por jurados”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.El sistema prevé que los homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); los casos de abusos sexuales seguidos de muerte (art. 124 del CP); el robo calificado por homicidio (art. 165 del CP) y aquellos casos que involucren a personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio; sean juzgados con el método de Juicio por Jurado. Esto significa que se seleccionarán personas, ciudadanos comunes que conformarán un tribunal que decidirá por la culpabilidad o no del o de los acusados. 

El Juicio por Jurados permite que ciudadanos y ciudadanas integren el tribunal que analizará los hechos denunciados que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Con ello se refuerza la transparencia y el control social sobre los procesos penales, asegurando que las decisiones no recaigan exclusivamente en magistrados y funcionarios judiciales.

Cococcioni destacó que la iniciativa responde al compromiso del gobierno de Maximiliano Pullaro con la democratización del sistema judicial. “El objetivo es acercar la justicia a la gente, generando mayor confianza en las instituciones y garantizando que la voz de la ciudadanía forme parte activa en la resolución de los casos más relevantes”.El proceso comenzó a regir el año pasado en la Circunscripción Judicial N° 5 con sede en Rafaela; luego siguió con la Circunscripción Judicial N° 4 con sede en Reconquista; y la N° 3 con sede en Venado Tuerto. Este año se sumó la Circunscripción N° 1 de Santa Fe Capital y por último y completando toda la provincia este 1° de octubre quedó vigente en la Circunscripción N° 2 de Rosario.

María José Valdéz

El martes marcó un hito judicial en la capital provincial. Tras la declaración de los últimos testigos, el jurado popular emitió su decisión: Iván Carrizo es culpable del crimen de Lautaro Leandro, conocido como “Lato”, ocurrido en septiembre de 2022. La pena impuesta fue la de prisión perpetua, la más alta prevista en el Código Penal argentino.

"Nosotros, el jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Iván Oscar Carrizo culpable del homicidio criminis causa con arma de fuego, conforme al requerimiento de la acusación", leyó el presidente del jurado en la sala de audiencias. Tras el veredicto, la jueza Rosana Itatí Carrara resolvió aplicar la condena de cadena perpetua.

El histórico proceso estuvo presidido por la jueza Rosana Itatí Carrara. Foto: Manuel Fabatia

Lautaro Leandro, un joven de Lomas de Zamora, llegó a Santa Fe en septiembre de 2022 para cumplir un sueño: comprar una moto. Pero el viaje terminó en tragedia. Fue ejecutado de un disparo en la nuca en un episodio que, según la fiscalía, fue premeditado.

El juicio por jurados permitió que doce ciudadanos de la capital provincial escucharan durante dos jornadas los testimonios, pruebas y argumentos de las partes, y luego deliberaran a puertas cerradas hasta llegar al veredicto unánime.

Familiares siguieron cada instancia del primer juicio por jurados en la ciudad. Foto: Manuel Fabatia

Se trata del primer juicio por jurados que se realizó en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la implementación de esta modalidad que busca democratizar la justicia penal. Con este caso, el sistema pone a prueba la participación ciudadana en decisiones de máxima trascendencia.

La modalidad del jurado, integrada por personas comunes elegidas al azar, refuerza la transparencia del proceso judicial y el vínculo entre la sociedad y la administración de justicia. La decisión del tribunal popular será ahora la base para que la jueza determine la pena que deberá cumplir Carrizo.

La familia de “Lato” Leandro escuchó el fallo con profunda emoción. Sus padres, que siguieron cada instancia del debate, destacaron la importancia de haber llegado a este desenlace gracias a su rol como querellantes.

Mientras tanto, el veredicto dejó una huella en la historia judicial santafesina: por primera vez, ciudadanos comunes tuvieron en sus manos la responsabilidad de definir un caso de homicidio de alto impacto social.

Por Federico Aldao*

Una maestra de primaria, un joven recién egresado del secundario, una jubilada, un empleado de comercio, una taxista, un albañil, una estudiante universitaria, un inspector de tránsito, una empresaria local, un comerciante, una médica. No se conocen. No han sido elegidos por títulos, méritos o afiliaciones. No comparten ideología, ni historia, ni vocabulario político o jurídico. No son expertos o funcionarios, ni se han postulado para ocupar ese lugar. Han sido elegidos por sorteo y, de pronto, se sientan en una sala y deben hacer algo extraordinario: escuchar, pensar, discutir, decidir juntos. Lo que digan definirá el destino de alguien más, y también de la comunidad.

Parece un asunto técnico, un trámite judicial más, una carga pública. Pero, al mirar con atención, puede ser que aparezca otra cosa, algo más que se ponga en juego. Algo extraño, olvidado. ¿Y si esa escena —tan sencilla— fuera uno de los últimos lugares donde todavía puede nacer lo político? Porque si lo político es, como pensaba Hannah Arendt, la aparición de un espacio entre personas que, sin necesidad de pensar igual, deciden deliberar y construir algo en común, entonces un jurado es más que un procedimiento técnico: es un ensayo de política, un punto de partida para volver a pensar lo político en tiempos de desencanto.

Hoy hablar de política se ha vuelto incómodo y aburrido. La palabra aparece gastada, saturada, contaminada. Para muchos, “la política” es sinónimo de corrupción, burocracia, lucha de intereses, promesas vacías. Se percibe como algo lejano, ajeno y manipulado. La ciudadanía, mientras tanto, se replegó. Se volvió escéptica, desconfiada. A esto se suma una cultura que premia el consumo rápido, la reacción inmediata, el aislamiento voluntario. El resultado es una paradoja inquietante: las sociedades siguen siendo profundamente conflictivas, desiguales y diversas, pero sus ciudadanos cuentan cada vez con menos lugares concretos para aparecer, hablar, escuchar, decidir. Y sin esos lugares, no hay experiencia política en sentido fuerte.

Tal vez el problema sea que lo político no simplemente está en crisis. Está ausente. No colapsó. Se evaporó. Vivimos en una época marcada por el olvido de lo político.

Es necesario pensar el juicio por jurados, como que se realizó en nuestra provincia, como un “minuto cero”. No como política plena, sino como un umbral. Un ejercicio donde se reactivan, en condiciones mínimas, algunos gestos fundamentales de lo político: juicio, deliberación entre iguales, exposición ante otros, responsabilidad compartida. 

Lo político es acción y palabra entre seres humanos que se atreven a mostrarse y a juzgar. Eso ocurre, de forma mínima pero real, en un jurado. El juicio por jurados encarna ese “entre” —siempre frágil— que sostiene la vida pública. No es debate partidario, pero sí deliberación entre libres e iguales. No es representación, pero sí presencia. No es discurso político, pero sí palabra compartida. Es lo político sin “política”: sin partidos, sin anuncios, sin grandes relatos. Pero con algo fundamental: personas que, sin conocerse, deben hacer algo juntas.

Ese gesto —escuchar, considerar, argumentar, cambiar de opinión, llegar a una decisión compartida— puede parecer menor. Pero en un contexto donde la política se volvió espectáculo, cálculo o enfrentamiento, recuperar el valor de la palabra entre iguales tiene una potencia inesperada. No es automático. No es natural. Es un aprendizaje. Y, como tal, tiene un valor político profundo.No es el ágora ateniense. No es la revolución americana. Es otra cosa: el minuto cero de lo político. Un reinicio. La punta de un hilo que podemos empezar a tirar. Un lugar donde todavía puede prenderse la chispa. Porque ahí hay algo que ya no vemos en ningún lado: extraños que se escuchan de verdad. Que no pueden silenciar al otro, ni bloquearlo, ni insultarlo con emojis. Tienen que argumentar, cambiar de idea, sostener una decisión que los trasciende.

El juicio por jurados no es una respuesta a todas las carencias de la democracia. 

Es legítimo preguntarse si no estamos viendo política donde solo hay procedimiento. Podría objetarse que no todo lo que implica deliberación es político. Que el juicio por jurados sigue siendo una práctica limitada, regulada, con márgenes acotados. Que no hay creación de mundo, sino evaluación de hechos. Y todo eso es cierto. Pero justamente por eso hablamos de minuto cero, no de política en su plenitud. Es un punto de partida. Una escena que contiene, en estado latente, gestos políticos fundamentales. Allí donde ya no confiamos en las instituciones, donde la palabra pública parece agotada, donde la acción colectiva se debilita, debemos recuperar espacios donde pensar juntos sea todavía posible.

Y no, no es perfecto. A veces habrá prejuicios, errores, manipulaciones. Pero la perfección no es política. Lo político es lo que se juega en lo frágil, en lo incompleto, en lo que podría fallar... en lo humano.

Lo que el juicio por jurados pone en juego es una política en estado germinal: sin aparato, sin representación, sin ideología. Pero con algo esencial: la posibilidad de que ciudadanos elegidos por sorteo ejerzan su capacidad de juzgar con otros, reactiven una forma de lo común. Su legitimidad radica en el ejercicio compartido del juicio. En el hecho de que cada uno debe pensar por sí mismo, pero no puede decidir solo.

Esto no resuelve la crisis de la democracia. Pero en tiempos donde lo común se desintegra, donde el diálogo cede ante el algoritmo, donde la diferencia se convierte en amenaza, sentar a un grupo de desconocidos en una misma mesa y pedirles que piensen juntos puede parecer ingenuo. Pero quizás —y esto lo sabían muy bien quienes pensaron la democracia en sus orígenes— sea justo allí, en ese gesto tan frágil como insistente, donde la política aún tenga algo que decir.

* Profesor de Filosofía y tesista de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Miembro y becario de investigación del Instituto de Filosofía en la misma facultad. 

Noelí Rojas

Tras dos horas de debate del jurado, el acusado fue declarado culpable por los delitos de: Homicidio cometido en estado de emoción violenta, Lesiones leves no intencionales, Tenencia ilegal de arma de uso civil y Daño calificado.

El juicio comenzó el lunes por la mañana, en jornada con doble turno, al igual que en el día de la fecha. Fue presidido por el juez Nicolás Stegmayer, mientras que actuaron como fiscales del Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal Silvina Verney y Hemilse Fissore. El imputado estuvo representado por los abogados Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci.

Tras la instancia de deliberación secreta que tiene un plazo mínimo de duración de dos horas, el jurado popular decidió por unanimidad condenar al imputado. La pena será determinada en días posteriores por el juez luego de celebrarse la audiencia de cesura.

Al finalizar el juicio, los abogados defensores expresaron sus sensaciones y manifestaron que, si bien fue declarado culpable Ulrich, las penas correspondientes a esos delitos son menores, así que fue una victoria para ellos y se pudo observar su festejo con apretón de manos y puños cerrados.

“Nos vamos muy conformes en todo sentido, primero porque fue un juicio muy prolijo, con un juez que lo dirigió a la perfección, permitió que fuese ágil, que haya respeto entre las partes. La teoría que teníamos como defensores y que la expusimos en los alegatos fue la que logró triunfar. Entendemos que se trabajó con pruebas que fueron contundentes y eso ha convencido al jurado. Agradecer al sistema, estamos satisfechos, mañana vamos a requerir la libertad de nuestro defendido, porque el tiempo que lleva en prisión y por el tipo de delito condenado estaría en condiciones de lograr su libertad”, indicó el Dr. Torres del Sel.

Según explicó el abogado, el delito mayor es el daño calificado que tiene un máximo de 4 años y el homicidio con emoción violenta tiene un máximo de 3. Ulrich saldría beneficiado porque no tiene antecedentes penales y estuvo preso 2 años y 5 meses, entonces sería corta la pena que dicte el juez.

Sobre el acusado contaron que tras conocer el fallo estuvo emocionado, feliz y llorando, además que vivió mucha incertidumbre porque el pedido de pena de la fiscalía era de prisión perpetua. “Volvió a nacer”, dijo Torres del Sel.

Este lunes, la provincia de Santa Fe dio un paso histórico con el inicio de su primer juicio por jurados, un mecanismo que otorga a los ciudadanos la responsabilidad de decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados en ciertos casos de alto impacto social. María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, brindó detalles sobre esta implementación, que finalmente se concreta luego de años de debate legislativo.

Blotta destacó la importancia de la sanción de la ley que habilitó los juicios por jurados, subrayando que la participación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fue clave para su implementación. "Es una deuda pendiente respecto a la justicia penal de la provincia, ya que, si bien contamos con un sistema acusatorio con juicios orales y públicos, la participación ciudadana era el eslabón faltante", explicó. Para la funcionaria, la implementación de este sistema de juicios se presenta como una forma de reforzar la democracia y permitir que la comunidad tenga un papel activo en el sistema judicial.

La selección del jurado es un punto clave en la implementación de este sistema. Blotta detalló que el proceso comienza con la creación de un padrón electoral de ciudadanos aptos para participar. "El Poder Ejecutivo hizo un gran trabajo para realizar un filtro de aquellos que por diferentes razones, como ser matriculados en colegios de abogados o tener otros impedimentos establecidos por la ley, no pueden formar parte del jurado", comentó.

Una vez conformado este padrón, se realiza un sorteo aleatorio de los posibles jurados, que en esta primera instancia involucra a 36 personas, de las cuales se seleccionan 12 titulares y 2 suplentes. "Este sorteo se realiza a través de la lotería de Santa Fe, garantizando la transparencia del proceso", explicó Blotta. A partir de ese momento, las partes involucradas en el juicio (fiscalía y defensa) participan de una audiencia de selección del jurado, en la que pueden recusarse a ciertos candidatos.

La obligación de participar como jurado es clara, aunque existen algunas excepciones. "El jurado es una carga pública, pero también es un derecho participar. Si alguien es convocado y tiene razones válidas para no asistir, puede justificar su ausencia ante el juez", aclaró Blotta. La funcionaria también destacó que, una vez seleccionado un jurado, este quedará inhabilitado para participar en otro juicio por jurado durante tres años, lo que busca evitar convocatorias repetidas a la misma persona.

La subsecretaria aprovechó para informar a los oyentes que pueden consultar si figuran en el padrón de jurados ingresando al sitio web santafe.gob.ar y verificando su situación con su DNI. La lista de personas seleccionadas tiene una vigencia de dos años, por lo que es posible que la misma persona quede excluida en futuras convocatorias.

Uno de los temas que más preocupó a la audiencia fue la seguridad de los jurados. Blotta aseguró que la ley contempla medidas para garantizar la libertad de los jurados en el ejercicio de sus funciones. "Si un jurado recibe amenazas o presiones, esto será considerado un atentado contra su libertad de acción, y se activarán los mecanismos legales correspondientes", explicó.

En caso de que se presenten problemas de seguridad, las autoridades judiciales tomarán las medidas necesarias para proteger a los jurados y asegurar que puedan tomar su decisión de manera libre y sin presiones externas.

Blotta también informó sobre el cronograma de implementación de los juicios por jurados en las distintas circunscripciones de la provincia. Aunque en Rosario el sistema comenzará en octubre de 2025, en el resto de las localidades ya se encuentran activas. "Venado Tuerto es uno de los centros pioneros en la implementación, y ya está habilitado para la realización de juicios por jurados", indicó.

Para los delitos que son susceptibles de ser juzgados por jurados, la funcionaria explicó que se seleccionaron delitos graves, como homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte, homicidios en ocasión de robo y situaciones de enfrentamiento con la fuerza policial. "El sistema no está diseñado para todos los delitos, sino para aquellos que tienen un gran impacto social", subrayó.

La funcionaria también explicó que el modelo de jurado adoptado en Santa Fe es el jurado popular clásico, en el cual los miembros del jurado no necesitan ser expertos en derecho, sino simplemente ciudadanos sin antecedentes que actúan como jueces imparciales. Esta modalidad, según Blotta, permite dar una respuesta más democrática a ciertos tipos de delitos, al involucrar a los ciudadanos directamente en el proceso judicial.

En un paso histórico hacia un modelo de justicia más participativo, Santa Fe puso en marcha este lunes el sistema de Juicio por Jurados. El debut tuvo lugar en los Tribunales de San Cristóbal, Circunscripción Judicial N.º 5, en un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio, con la intervención de 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos seleccionados por sorteo del padrón electoral.

Del acto participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; y el fiscal regional, Carlos Vottero.

La Ley N.º 14.253, sancionada el 21 de marzo de 2024 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro el 27 de ese mes mediante el Decreto N.º 418, establece el juicio por jurados para delitos graves: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

Participación democrática 

Cococcioni señaló que la implementación del Juicio por Jurados fue “un largo reclamo de diversos sectores” y que “Santa Fe se pone en sintonía con otras provincias, comenzando por los casos más graves como los homicidios calificados, conforme a lo que establece la Constitución”. Aclaró que no se descarta su aplicación futura a otros delitos.

Mascheroni remarcó que se trata de “un avance en la participación democrática, donde la ciudadanía juzga a sus pares”. Detalló que los delitos incluidos son cuatro: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes.

El senador Michlig, por su parte, destacó la decisión política del gobernador Pullaro de impulsar esta ley para “hacer más visible la justicia y lograr una mayor participación ciudadana”, lo que calificó como “un paso clave para mejorar el sistema judicial, fortalecer la institucionalidad y cumplir los preceptos constitucionales, en un momento en que se reclama una justicia más ágil y democrática”.

Momento institucional clave

La fiscal general Vranicich aseguró que desde el MPA “venimos capacitándonos desde hace meses porque este cambio representa un gran desafío” y afirmó que “era lo que faltaba al sistema acusatorio adversarial”. Agregó que, a partir del 21 de junio, también se adaptará el sistema penal juvenil, permitiendo que los jóvenes punibles sean juzgados conforme a la Constitución. “Vivimos un momento institucional muy importante”, subrayó.

El fiscal regional Vottero resaltó que “celebrar este primer Juicio por Jurados oral y público es un hecho histórico que nos involucra directamente”. Explicó que el jurado deberá determinar la culpabilidad o no del imputado, y en caso afirmativo, el juez técnico aplicará la pena correspondiente.

Ciudadanía activa y protegida

El modelo prevé 12 jurados titulares y 2 suplentes, sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Están excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes.

La convocatoria es una carga pública similar al sufragio e incluye mecanismos de protección: viáticos por traslados, resguardo laboral durante el juicio y una remuneración diaria cercana a medio jus, unidad que regula los honorarios judiciales.

Los juicios por jurado se implementarán gradualmente en toda la provincia. Tras San Cristóbal y Rafaela, seguirán Reconquista y Venado Tuerto, para luego avanzar en Santa Fe y Rosario.

“Con este nuevo esquema, Santa Fe da un paso trascendental hacia una justicia más cercana, donde la ciudadanía asume un rol activo en la resolución de los conflictos penales más graves. Es un hecho inédito que marca el inicio de una etapa más participativa, transparente y democrática”, concluyó Mascheroni.

El primer juicio por jurados a realizarse en la provincia de Santa Fe desde la sanción de la Ley Nº 14.253 comenzó a tomar forma con el sorteo de los 36 potenciales candidatos para conformar el tribunal popular. El último viernes, se realizó un sorteo complementario y sólo queda pendiente la audiencia de selección de los jurados, como instancia previa al inicio del debate.

Si bien el viernes 25 de abril se llevó a cabo, en los tribunales de San Cristóbal, el sorteo de 36 ciudadanos que integran el padrón que confeccionaron las autoridades para el nuevo proceso, lo cierto es que no todos pudieron ser localizados y el juez del caso, Nicolás Stegmayer, debió disponer un sorteo complementario.

El bolillero digital se puso en marcha el pasado viernes 9 de mayo, y de allí se extrajo una nueva lista de 26 personas que serán citadas hasta completar el número original de 36 postulantes.

De ese total sólo quedarán 14 -12 titulares y 2 suplentes-, cuyo filtro será la audiencia de selección de jurados fijada para el lunes 9 de junio, en la antesala del juicio oral.

El caso que se lleva a debate es por el crimen del policía Franco López (40) y las lesiones contra Jésica L., ocurridos en zona rural de Monigotes la madrugada del 17 de enero de 2023.

Rubén Ulrich (58) se encuentra detenido, en prisión preventiva, por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja" y "lesiones leves dolosas calificadas, mediando violencia de género”.

Ambos delitos agravados por el uso de arma de fuego, en concurso ideal; además de los delitos de “daño calificado y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.

Ulrich llega a juicio acusado por las fiscales del MPA, Silvina Verney y Hemilce Fissore, quienes solicitarán al jurado que se lo condene a prisión perpetua; mientras que los abogados defensores Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci, creen que se trató de un caso de emoción violenta y pedirán que se lo absuelva.

A propósito de ello, el Dr. Scarinci habló con El Litoral y contó que es lo que esperan de este nuevo e histórico proceso.

-¿En qué consistió el sorteo del último viernes?

-Fue un sorteo complementario al que se había hecho (el 25 de abril) para buscar seleccionar los 36 potenciales jurados que se sortean del padrón confeccionado de forma previa.

Por la información que nos han brindado, no se ha podido encontrar a todas esas personas y no llegaron a notificar a los primeros 36, entonces se decidió completar una nómina mayor de jurados. La idea es contar con una base mayor de personas seleccionadas para la selección.

-¿Cuántos serán finalmente los jurados que participarán de la audiencia de selección?

-Van a ser los 36 que marca la ley. Se tiene que llegar a completar ese número.

-¿Qué expectativas tienen de las personas que formen parte del tribunal popular?

-Con relación a la expectativa de las personas que vayan a integrar el jurado, sabemos cuál es la teoría del caso de la fiscalía y tenemos la nuestra. Como base pretendemos un jurado independiente, que sea permeable a poder evaluar la posición de la defensa.

Somos conscientes que no queremos un jurado cerrado en las consideraciones, ni con prejuicios formados sobre circunstancias relacionadas sobre la violencia o las relaciones interpersonales.

Tenemos un prototipo de jurado que pretendemos intervenga en el debate, el cual a partir de una estrategia de litigación se irá seleccionando con los cuestionarios que se formulen en la audiencia de selección de jurados, que es sumamente importante.

Estamos convencidos que un jurado que entienda la importancia de su participación en el debate y que las relaciones interpersonales no se limitan a situaciones estancas o preestablecidas, podrá evaluar con imparcialidad suficiente la teoría de la defensa.

Juliano Salierno

El juez penal de Rafaela, Nicolás Stegmayer, ordenó realizar un nuevo sorteo de potenciales jurados, para la audiencia de selección que se fijó para el próximo 9 de junio en los tribunales de San Cristóbal, en lo que será el primer debate en la provincia de Santa Fe bajo la nueva modalidad de jurados populares.

Las notificaciones comenzaron a llegar este lunes 5 de mayo a las partes, convocando a una nueva audiencia cuya fecha y hora iba a definirse en el transcurso de la jornada, pero no se descarta que se fije para el próximo viernes 9 de mayo.

En tanto, el viernes 25 de abril se llevó a cabo el sorteo de 36 ciudadanos que figuran en el padrón electoral con domicilio en la Circunscripción Judicial Nº 5 -cuya sede es Rafaela-, y que tienen como carga pública integrar el tribunal popular.

De ese listado se deberán seleccionar 14 personas -12 titulares y 2 suplentes- que serán quienes a partir del 9 de junio participen del debate oral como jurados.

La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Cristóbal, a cargo del ingeniero Rubén Gavegno, inició el proceso de notificaciones a través de los oficiales de justicia con los que cuenta el Poder Judicial en la región.

A propósito de la nueva convocatoria para sortear candidatos, fuentes tribunalicias señalaron que al igual que en el último proceso electoral ordinario -el sorteo se realiza sobre el mismo padrón- se ha registrado un “60% de éxito con las notificaciones efectivas” para el juicio.

“La gente está siendo llamativamente receptiva y no han habido casos de personas que se hayan rehusado a participar”, señala la fuente consultada.

Es decir que el nuevo sorteo no significa un fracaso de la herramienta, sino que se encuentra dentro de las previsiones, dado que “muchos domicilios se encuentran desactualizados” o se ha constatado que la persona citada mantiene el domicilio pero efectivamente vive en otra ciudad, fuera de la circunscripción rafaelina.

Para el caso particular, a diferencia de otras notificaciones, los oficiales de justicia no dejan la cédula debajo de la puerta, sino que han sido capacitados para entablar una entrevista con los candidatos y “en general han tenido una recepción positiva” por parte del ciudadano, apuntan.

Este lunes, las representantes del Ministerio Público de la Acusación, fiscales Silvina Verney y Hemilce Fissore; al igual que los abogados particulares Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci, fueron notificados de la nueva convocatoria.

La cédula señala que: “atento a que de las diligencias de notificación de los ciudadanos sorteados se desprende que no se ha logrado convocar a una cantidad suficiente de potenciales jurados, de modo de verse comprometida la posibilidad de desarrollar adecuadamente la audiencia de selección, surge evidente la necesidad de complementar el listado inicial”.

Y sigue: “En consecuencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al juicio por jurados y las facultades de dirección del proceso, se ordena a la OGJ que proceda a fijar fecha y hora para la realización de un nuevo sorteo complementario a fines de obtener un número adicional de 26 ciudadanos para integrar el listado de potenciales jurados para la audiencia de selección”.

El caso, que tiene a Rubén Alberto Ulrich (58) acusado por el crimen del policía Franco López (40), ejecutado el 17 de enero de 2023, de una perdigonada de escopeta cuando se encontraba con la esposa del agresor, en una vivienda de la zona rural de Monigotes, en el departamento San Cristóbal.

La fiscalía acusa a Ulrich como autor de los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja" -en perjuicio de López-.

Además, se le atribuyó "lesiones leves dolosas calificadas, mediando violencia de género, todo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal; daño calificado y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”, cuya víctima fue su ex pareja Jésica L.

El proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona avanzó con nuevas instancias clave. Este miércoles, se realizará una audiencia en los tribunales de San Isidro, presidida por la jueza María Coello, donde se buscará definir la fecha del juicio por jurados que involucra a varios profesionales de la salud acusados en el caso.

La enfermera Dahiana Gisela Madrid, imputada por "homicidio con dolo eventual". En esta audiencia, la jueza Coello establecerá los plazos para el inicio del juicio por jurados, que podría comenzar a mediados de este año.

Este juicio se desarrollará luego del proceso ordinario en el que están acusados el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos responsables directos de la atención médica de Maradona en sus últimos días.

Además de Madrid, Luque y Cosachov, el proceso judicial involucra a otros profesionales de la salud:

Todos ellos enfrentan cargos por "homicidio con dolo eventual", acusados de negligencia en los cuidados brindados a Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 en una residencia de Tigre.

La jueza Coello citó a declarar a diversas personas del entorno de Maradona, entre ellas:

Sus testimonios serán clave para esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona y definir la responsabilidad de los acusados.

Inicialmente, el juicio estaba previsto para junio de 2024, pero sufrió varias postergaciones. La última reprogramación fijó el inicio para el 11 de marzo de 2025, decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro tras aceptar un pedido de las defensas de Luque, Cosachov y Díaz.

El juicio determinará la posible responsabilidad de los acusados en la muerte de Maradona, quien falleció a los 60 años debido a una insuficiencia cardíaca crónica pocos días después de someterse a una cirugía cerebral. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El secretario de Justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, brindaron detalles de cómo será el proceso de selección de ciudadanos y ciudadanas para los juicios por jurados.

Vale recordar que este jueves se realizó el sorteo del listado principal de ciudadanos que eventualmente pueden ser convocados a ejercer como jurados en un juicio, sistema que en la provincia de Santa Fe comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre en la Circunscripción Judicial N°5 (Rafaela), y progresivamente se hará lo propio en el resto de las circunscripciones.

Mascheroni explicó que para el proceso de la deliberación “en la provincia Santa Fe no se siguió de manera exacta el modelo norteamericano de exigir unanimidad, sino que aquí puede haber veredicto de culpabilidad con 10 votos sobre los 12: la primera discusión es la búsqueda de la unanimidad; si no se consigue, el juez da nuevas instrucciones, el jurado delibera nuevamente, y con 10 votos sobre los 12 puede haber veredicto”.

Asimismo, la ley contempla que “en el caso que el juez de la causa así lo determine, puede aislar al jurado de su vida cotidiana durante el juicio. Si las características del juicio no lo exigen, el jurado puede participar normalmente de su vida. Sí van a quedar aislados mientras duran las deliberaciones y deban producir el veredicto”.

Las autoridades provinciales también diferenciaron los roles entre el juez y el jurado: “Hay un juez del proceso, él no interviene, sino que dirige el proceso; los verdaderos actores son la acusación -a través de la Fiscalía-, la defensa, y eventualmente la querella”. 

Mientras, “los jurados no pueden ser interrogados durante las audiencias: ellos ven, oyen, y no participan en el marco deliberativo”. Llegado el momento de deliberar, “su opinión, su votación y sus criterios son absolutamente reservados, no pueden reflejar cómo fue la discusión interna y cómo votó cada uno, ni tienen que dar razón de sus dichos cuando el juez los convoque después de deliberar. El juez les da una serie de instructivos antes de que pasen a la sala de deliberación, y los jurados se van a tener que circunscribir sí o sí a lo que vieron en el juicio, a lo que escucharon, a cómo fueron los interrogatorios a las partes, a la prueba documental, que es lo que define en el juicio y es lo único que pueden tener los jurados para valorar los argumentos de su veredicto”.

Una vez que finalizó la deliberación, “el juez le va a requerir al vocero del jurado que diga si llegaron o no al veredicto, si hay culpabilidad o no culpabilidad. Luego se hace un juicio que se llama juicio de cesura, donde el juez técnico va a tener que determinar la pena: el jurado emite el veredicto y el juez técnico va a dictar la sentencia, absolutoria o condenatoria, con la determinación de la pena”, detalló Blotta.

Causas criminales

Vale recordar que esta modalidad de resolución judicial está prevista para cuatro tipos de delitos contemplados en las causas criminales: el homicidio calificado, el crimen de odio o el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento de las fuerzas de Seguridad que termina con la muerte de un civil.

Implementación progresiva

La aplicación del Juicio por Jurados en la provincia se aplicará de manera progresiva, comenzando por la Circunscripción Judicial N°5 (Rafaela) a partir del 1 de octubre de 2024; y continuará con la Circunscripción Judicial N°4 (Reconquista) desde el 1 de noviembre de 2024; la Circunscripción Judicial N°3 (Venado Tuerto) desde el 1 de diciembre de 2024; la Circunscripción Judicial N°1 (Santa Fe) a partir del 1 de abril de 2025; y la Circunscripción Judicial N° 2 (Rosario) el 1 de agosto de 2025.

El Gobierno de la Provincia dio un paso más en la implementación del Juicio por Jurados (Ley Nº 14.253) al realizar el jueves el sorteo del listado principal de ciudadanos que eventualmente pueden ser convocados a ejercer como jurados en un juicio, sistema que en la provincia de Santa Fe comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre en la Circunscripción Judicial N°5 (Rafaela), y progresivamente se hará lo propio en el resto de las circunscripciones.

El secretario de Justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, brindaron detalles de cómo será el proceso, aclarando que “los jurados se van a sortear cuando se confirme que se realizará el juicio. Hay listados de aproximadamente 1.000 personas para cada una de las circunscripciones 3, 4 y 5, y unos 2.800 para Santa Fe y Rosario. Esto hace un universo general de unos 10.000 iniciales que quedan como el listado esencial del cual se sortearán los jurados oportunamente”.

Mascheroni mencionó que el Servicio de Notificación del Poder Judicial de la Provincia será el encargado de comunicar a aquellos ciudadanos que sean seleccionados como jurados. “Las notificaciones serán a través de funcionarios judiciales que van a llevar un instructivo, le van a dar una explicación a los jurados, y además le van a entregar una copia dela declaración jurada que debe llenar en el caso que se considere que no está obligado o que tiene alguna causal de justificación”.

Por otro lado, indicó que cuando deba conformarse un jurado para una determinada jurisdicción, “se va a hacer el sorteo de los 36, y ahí empieza un mecanismo de selección que lo realizan los abogados, tanto de la acusación como la defensa, para discutir y acordar quiénes de esos 36 van a quedar definitivamente como jurados” (12+2), y recordó al respecto que “tienen que respetar paridad de género para la conformación definitiva”.

Gastos, derechos y plazos para los jurados

Mascheroni y Blotta abordaron también otras cuestiones referidas a este nuevo proceso que se pone en marcha el 1 de octubre, en principio en la circunscripción Rafaela. En ese sentido recordaron que “esto es una carga pública para quien es sorteado como jurado, y también para el empleador, sea público o privado, que debe respetar esa carga”; en tanto que el Estado “asume todos los gastos que signifique el armado, la estructura, el alojamiento y la atención del jurado mientras dure el juicio”.

En cuanto al jurado, “tiene el derecho de pedir un estipendio equivalente a medio JUS (Unidad de Medida Arancelaria) por cada día que dure el juicio” en concepto de remuneración.

Al respecto, Mascheroni aclaró que “el juicio propiamente dicho es desde el momento que empieza la audiencia, hasta que terminan las deliberaciones y el jurado emite un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad”, y estimó que ese proceso “puede durar entre uno y tres días, en promedio, y como máximo cinco días, que es lo que han durado los juicios más complejos”.

El secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, informaron que este jueves se realizará el sorteo del listado principal de ciudadanos que eventualmente pueden ser convocados a ejercer como jurados en un juicio, sistema que en la provincia de Santa Fe comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre en la Circunscripción Judicial N°5 (Rafaela), y que progresivamente se implementará en el resto de las circunscripciones.

“Es una etapa importante que mañana vamos a concretar en la ciudad de Santa Fe, vinculada a la preparación y puesta en marcha inminente del Juicio por Jurados en la provincia”, explicó Mascheroni durante la conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno. 

El sorteo se realizará en la sede de la Lotería de Santa Fe: “Vamos sortear a los jurados potenciales para ser elegidos” en un caso de Juicio por Jurados, indicó el funcionario, quien recordó que “previamente se hizo un trabajo desde la Secretaría de Justicia junto con la Secretaría Electoral de la Provincia: este universo está conformado por un padrón general -que debe respetar paridad de género-, que son sorteados del Padrón Electoral General de la Provincia y que tiene que mantener una representación proporcional a cada una de las circunscripciones judiciales en la que va a estar afectado”.

Mientras, Blotta reflejó que “mañana es un día muy importante en lo que es la implementación del Juicio por Jurados para la provincia”, y explicó que este “listado Principal es el primer listado, que luego va a requerir un trabajo de depuración para que se conforme lo que se va a denominar luego el listado Definitivo de jurados”. 

Conformación de listados

La Ley Nº 14.253 de Juicio por Jurados (sancionada el 21 de marzo y promulgada el 27 de marzo de 2024) establece que los jurados para los juicios estarán conformados por 14 personas: doce titulares y dos suplentes. Para llegar a la elección de esos ciudadanos se tomó el padrón electoral como base para el sorteo, que sufrió una depuración de aquellas personas que por diferentes motivos contemplados por la ley no pueden cumplir con esta responsabilidad (ese proceso se realizará cada dos años). 

De ese padrón depurado se sortearán 10.000 santafesinos (proceso que se realizará este jueves en la Lotería de Santa Fe), los que a su vez serán divididos de acuerdo a la circunscripción judicial a la que pertenezcan (Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe y Reconquista) dependiendo del lugar en el que residan. Esa nómina será nuevamente depurada para llegar al listado Definitivo.

Posteriormente, se hará un nuevo sorteo que permitirá elaborar listas por cada circunscripción judicial. Así, cuando un juicio requiera la conformación de un jurado, de esa nómina se sortearán las 36 que dispone la ley, de las cuales surgirá el jurado definitivo de 14 individuos (12 titulares más 2 suplentes). 

Quedan excluidos de la posibilidad de conformar un jurado los abogados, escribanos, funcionarios, personas ligadas al poder judicial, fuerzas de Seguridad, personas con antecedentes, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan algún vínculo con las partes. Asimismo, se contempla que quien haya sido elegido para integrar un jurado, no podrá volver a ejercer esa función por el lapso de un año.

Causas criminales

Vale recordar que esta modalidad de resolución judicial está prevista para cuatro tipos de delitos contemplados en las causas criminales: el homicidio calificado, el crimen de odio o el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento de las fuerzas de Seguridad que termina con la muerte de un civil.

Implementación progresiva

La aplicación del Juicio por Jurados en la provincia se aplicará de manera progresiva, comenzando por la Circunscripción Judicial N°5 (Rafaela) a partir del 1 de octubre de 2024; y continuará con la Circunscripción Judicial N°4 (Reconquista) desde el 1 de noviembre de 2024; la Circunscripción Judicial N°3 (Venado Tuerto) desde el 1 de diciembre de 2024; la Circunscripción Judicial N°1 (Santa Fe) a partir del 1 de abril de 2025; y la Circunscripción Judicial N° 2 (Rosario) el 1 de agosto de 2025.

Por Francisco Carlos Cecchini

El 7 de julio pasado, El Litoral publicó una nota de nuestra autoría, bajo el título siguiente: "Una morosidad legislativa más que centenaria. El juicio por jurados". En dicho escrito exponemos algunas reflexiones que se vinculaban precisamente con el tiempo transcurrido desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1853, pasando por reformas como las de 1957 y 1994, que mantuvieron la instauración del juicio por jurados en la nación. Por otra parte, hace unos días nos hicieron, generosamente, una entrevista radial muy puntual y escueta sobre la incorporación en el sistema procesal penal santafesino del juicio por jurados, ocasión en la que intentamos, en tiempos muy estrechos, hacer una referencia al mismo.

En tal oportunidad intentamos aludir a casos que la ley santafesina no prevé para ser sometidos a ese sistema de juzgamiento, por ejemplo los crímenes provenientes de organizaciones y métodos delictivos que son de competencia federal (trata de personas, narcotráfico, etc). Ellos involucran precisamente la morosidad a la que nos referimos en la nota arriba mencionada, que tenía como objeto la legislación nacional en cuyo seno radica la consagración de normas de carácter federal. Es así como la ley provincial no incluye tales casos delictuales, por ser precisamente ajenos a la competencia provincial.

Así las cosas, instamos a que en la nación se instrumente la normativa que consagre ese sistema de juzgamiento tal como la Constitución lo ha indicado y ordenado, aún cuando no haya puesto plazo para hacerlo. Lo que quisimos destacar es que más de una centuria y media excede ampliamente aquellas "circunstancias de oportunidad que podría estimar el órgano legislativo nacional para cumplir con la Constitución". Nuestra provincia, siguiendo los pasos indicados por la Constitución Nacional, y el sendero marcado por otras provincias que se han puesto al día con aquel mandato constitucional -por solo citar algunos casos: Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Mendoza o Buenos Aires-, ha implementado el juicio por jurados para los casos que la propia ley prevé.

Aplaudimos dicha iniciativa, aún cuando no compartimos que se haya dispuesto implementarlo, pareciera que, a modo de ensayo, en determinadas circunscripciones judiciales, y no lo ha hecho simultáneamente en la totalidad del territorio provincial. Aun cuando sea por poco tiempo, como parece indicarlo la decisión tomada desde el Poder Ejecutivo, se estaría provocando una situación de desigualdad ante la ley, toda vez que tratándose de una garantía constitucional la de la igualdad, también es una garantía constitucional lo que ha dado en llamarse el juzgamiento por los pares que el juicio por jurados consagra.

Ese mismo "pecado" se perpetró en la nación con la incorporación del sistema acusatorio en determinadas provincias, sin que abarque la totalidad del territorio nacional. Ya había caído en dicha falta la propia provincia de Santa Fe con la instrumentación de la oralidad en algunas materias civiles, solo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, sin haberlo hecho en el resto de las circunscripciones. Nosotros lo destacamos en ocasión de publicar un artículo en la revista Jurisprudencia Santafesina (Editorial Jurídica Panamericana) bajo el título "Ínsulas procesales en la provincia de Santa Fe".

En dicha oportunidad hacíamos hincapié en que no se podía dar un trato diverso, en materia de juzgamiento civil, a los habitantes de una misma provincia. Y destacábamos que tal diferenciación había atentado contra el cambio cultural y cívico que significaba aquella diferenciación. Fue así como el sistema oral se contaminó con el escriturario y se abogó, en muchas ocasiones, en descartarlo. Ahora pareciera que en materia civil o privada se intenta -lentamente- caminar hacia el proceso por audiencias, con la vigencia plena del método oral.

El Poder Ejecutivo toma esta decisión, tal vez, en concordancia con el Poder Judicial. Pero no sabemos si en la cuestión de parcelar el juzgamiento por jurados pudo haber intervenido el Poder Legislativo, pues la ley nada dice al respecto, si bien cita en su primer artículo aquellos de la Constitución Nacional que conducen a la instauración del sistema que consagra. También cita el artículo 9 in fine de la Constitución Provincial y los artículos 4 y 44 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, por lo que ha evaluado las razones para instrumentar el sistema diferenciadamente para ciertas circunscripciones, postergando su puesta en funcionamiento en otras aún cuando haya determinado tiempos para abarcar todo el territorio provincial.

Tales pasos, quizás entendidos como necesarios, a nuestro criterio no respetan la igualdad ante la ley para todos los habitantes de la provincia, como tampoco lo hace aquel parcelamiento que dispusiera la nación para la implementación del sistema acusatorio. Lamentamos también, en este último caso, que se haya inclinado por dicho sistema sin acudir, para determinados delitos, al que marca la Constitución Nacional desde 1853. Quizás intervinieron en tales decisiones cuestiones presupuestarias u otras que desconocemos, pero no podemos dejar de señalarlo, por la trascendencia de los derechos que quedan postergados al hacerlo, al menos desde nuestra óptica.

Entendemos que a treinta años de la Reforma Constitucional celebrada en nuestra ciudad capital, resultaría saludable que tanto desde el gobierno de la nación como el de la provincia se agudice la mirada en el texto constitucional, con una óptica de cumplimiento irrestricto de su texto y no generar desigualdades, nada menos que en el sistema de juzgamiento. Sobre todo, ante un escenario en el que el Poder Judicial, como todas las instituciones de la república, muestran una aguda falta de credibilidad ciudadana como la que se advierte ya, desde hace años.

En otro orden, estamos siendo testigos perplejos e incrédulos de un caso que ha tomado dimensión nacional, el del niño correntino Loan Peña, en el que tanto jueces como fiscales son sometidos a los avatares de una investigación que llevan a cabo organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo, sea el de la provincia y otros de la nación, sin la instrumentación de una Policía Judicial que conduzca el propio Ministerio de la Acusación. Así se evitaría, en la medida de lo posible, la contaminación con intereses políticos que deben ser ajenos a una investigación judicial.

Esto último lo decimos a modo de reflexión, aspirando a un sistema judicial que excluya "bacterias" o "virus" que enferman al propio sistema y a la República, y con ello a la credibilidad ciudadana. Enhorabuena si estas líneas instan al debate, al intercambio de pareceres, al diálogo y, finalmente, al hallazgo de soluciones más saludables para las instituciones de la república y a la atención focalizada en la constitución, tanto la nacional como la provincial.

Desde septiembre, y de manera progresiva, comenzará en la provincia el sistema de juicios por jurado, de acuerdo al cronograma elevado por el Gobierno de Santa Fe a la Mesa de Diálogo que en marzo, desde la sanción de la ley, se constituyó para diagramar su puesta en marcha. 

En la mesa de implementación participan los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, con los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni, y sus equipos; y representantes de los cinco colegios de abogados de la provincia, de la Corte Suprema, la Legislatura y las Universidades.

La decisión salida de esos encuentros es comenzar con esta modalidad por las circunscripciones de menor complejidad para ir ajustando los detalles y poder llegar a los mayores centros urbanos (Rosario y Santa Fe), con una experiencia acumulada que permita abordar esas regiones donde las estadísticas indican que se presentan un mayor número de causas al año, vinculadas a delitos que pueden abordarse por los jurados populares.

Vale recordar que esta modalidad de resolución judicial está prevista para cuatro tipos de delitos: el homicidio calificado, el crimen de odio o el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento de las fuerzas de Seguridad que termina con la muerte de un civil.

Al respecto, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, indicó que “planteamos a la mesa de implementación, para ser considerado, un cronograma que define iniciar en algunas circunscripciones los juicios por jurado a mediados de septiembre. Estas circunscripciones podrían ser Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela; y en el caso de Santa Fe y Rosario quedan para una segunda oportunidad, sin duda en el 2025”.

En este sentido, recordó que “la ley permite la implementación escalonada y creemos que es lo más adecuado. Ponerlo en marcha en toda la provincia no es lo conveniente, sino empezar por circunscripción, para ir haciendo una experiencia porque en esto se va construyendo sobre la base de una serie de cuestiones que son necesarias en el inicio pero que el propio ejercicio va perfeccionando”.

De manera progresiva

En la última reunión de la mesa de implementación, realizada a mediados de junio se propuso que en septiembre será el comienzo, luego en noviembre, para seguir en febrero del 2025; mayo posteriormente, para completar en septiembre del 2025 la incorporación de todo el sistema.

Además, Mascheroni señaló que “lo más importante en esta etapa es la elaboración del padrón del cuál van a salir los futuros jurados, que van a ser proporcionales a la cantidad de personas que integren cada una de las circunscripciones. Y hemos avanzado con la Secretaría Electoral para realizar una prueba del sorteo, que tiene que ser público”.

El secretario de Justicia detalló que “estamos aguardando la respuesta del Poder Judicial sobre el cronograma, pero especialmente sobre por cual circunscripción empezar” y con esta respuesta “vamos a estar convocando a una nueva reunión de la mesa de implementación y de capacitación”.

Por último, indicó que “ya han empezado los cursos de capacitación a los operadores directos del sistema, que ha impulsado la Corte Suprema, pero también está la decisión de implementar instancias de capacitación para otros actores, para que tengan una referencia de como va a operar en el caso de ser jurados”.

Cómo se eligen los jurados

Los delitos comprendidos en la posibilidad de Juicio por Jurado comenzarán a celebrarse con 12 jurados más 2 suplentes, elegidos por sorteo entre los habitantes de la región, y entre 36 personas previamente convocadas a esos efectos y que pasarán por el tamiz de la fiscalía y la defensa para depurar la lista hasta llegar a la docena que deberá, además, estar conformada respetando la paridad. 

Abogados, escribanos, funcionarios, personas ligadas al poder judicial, fuerzas de Seguridad, personas con antecedentes, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan algún vínculo con las partes, quedan excluidos.

La convocatoria será una carga pública y está previsto viáticos en caso de tener que trasladarse y al igual que en el caso de las elecciones, quienes sean seleccionados contarán por ley con el resguardo de su puesto de trabajo y un pago diario de aproximadamente medio jus, que es la unidad que regula los honorarios jurídicos. 

En el proceso del juicio, primero se buscará la unanimidad del veredicto y cuando esto no fuera posible se utilizará la “mayoría agravada”; se necesitarán 10 votos. Una vez decidido esto, el juez será quien imponga la pena.

El secretario de Justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni, confió en que en la segunda mitad del año comenzará a aplicarse en el territorio santafesino el trámite de juicio por jurados. En diálogo con El Litoral, se centró en las implicancias del nuevo mecanismo y en los avances de la Mesa de Implementación para definir los aspectos operativos.

Esta Mesa de Implementación está conformada por representantes del Poder Ejecutivo, concretamente Ministerio de Gobierno, y de Seguridad y Justicia, del Poder Judicial, de los colegios de Abogados y Magistrados, y del ámbito académico vinculado al Derecho.

"Hemos avanzado en distintas cuestiones. Una es la elaboración de la matriz de padrón sobre la cual oportunamente se van a tener que sortear los eventuales jurados. Se trabajó con el Padrón Electoral de la Provincia, a través de la Secretaría Electoral. El padrón debe contemplar paridad de género y proporcionalidad de la circunscripciones a la que refiera. No se elige en conjunto: si es Santa Fe, hay que hacer la elección en proporción a la cantidad de habilitados que hay, y lo mismo si es Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto o Rosario. Son distintos los universos en cada una de las circunscripciones. Y también proporcionalidad en las edades, en la franja de entre 18 y 75 años.

- Este sería el primer filtro para determinar quiénes podrías participar.

- Así es. Se hace en el padrón, y eso va a ser trabajado con la Secretaría Electoral. Ahí se elimina por incompatibilidad, por una inhabilitación que la ley establece, a todos los profesionales del Derecho, abogados, escribanos, procuradores de ese campo; incluso a quienes enseñen Medicina Legal, aunque no sean abogados.

- Y los abogados, incluso los que no ejerzan, porque aquí se trata de la formación…

- Exactamente. Algunos lo podremos determinar pidiendo información al Colegio. Pero en otros casos puede surgir la incompatibilidad por declaración jurada del interesado, que plantea eso con honestidad, o por que puede operar como causal de tacha en el momento de constituir el jurado propiamente dicho.

- ¿Cómo se van a enterar los ciudadanos?

- Es un padrón que se va a poder consultar, como el electoral. Y a la vez, se celebró con el Poder Judicial un convenio que nos permitirá hacer las notificaciones a jurados y postulantes con el Sistema de Información Judicial, con oficiales de Justicia que explicarán con un instructivo específico las características, el alcance, las modalidades de este sistema.

- ¿Y quienes tengan alguna otra razón para no participar?

- Tenemos también elaborado un modelo de declaración jurada para que el ciudadano o la ciudadana que esté incluido y quiera excusarse o plantear que tiene alguna de las incompatibilidades que la ley establece, lo pueda informar. Porque hay cosas que no las vamos a poder determinar a priori. Por ejemplo, personas que pueden cambiar su estado y ser incompatibles después de que fueron sorteadas. Y otras cuestiones que podemos tener registradas, pero ir variando. Por ejemplo, no podrán ser jurados tampoco los funcionarios nacionales, provinciales o municipales a partir de determinadas categorías. Tampoco los ministros de cualquier culto, las autoridades ejecutivas de las organizaciones o partidos políticos, los condenados, los deudores morosos alimentarios, etcétera. Hay cuestiones que son información sensible, que tampoco la vamos a andar manejando públicamente, y eso quedará cifrado en la información de la que pueda disponer el Poder Judicial. Esto ya está en marcha.

- ¿La aplicación va a comenzar de manera progresiva?

- Estamos analizando por dónde empezar. Porque se acordó en la Comisión que el inicio del proceso sea en alguna de las tres circunscripciones que no tienen tantos casos como Santa Fe o Rosario, es decir, Rafaela, Venado Tuerto o Reconquista. Lo que estamos haciendo ahora es ponderar la existencia de infraestructura adecuada, capacitación del recurso humano y cantidad de casos. Sobre capacitación, la Corte ya nos notificó que ha puesto en marcha el Instituto de Capacitación del Poder Judicial para vincular a los que son los operadores directos de la Justicia que puedan actuar en el juicio por jurado. Lo mismo del MPA y el Servicio de Defensa.

- ¿Y a partir de cuándo comenzaría la implementación?

- Según nuestro criterio, pasado julio, en agosto o septiembre podríamos estar marchando en una o dos circunscripciones, empezando por una. Naturalmente, con los juicios que puedan ser tratados con este sistema, que son solamente los referidos a homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte o enfrentamiento entre fuerzas de seguridad o penitenciarias con delincuentes. Y esto restringe bastante la actuación. Porque tomando lo que son valores del año 2023, prácticamente la única causa que ha existido es la de homicidio calificado, con lo cual de mantenerse esa situación sería prácticamente la única figura penal que se resolvería en el marco de juicio por jurado. Pero este es un tema que obviamente se va a resolver a partir de los legajos que existan en cada circunscripción.

- La excusación tiene que ser por una causal prevista, o una circunstancia razonable, porque se trata de una carga pública...

- Exacto. Los mayores de 70 años pueden por causas fundadas, enfermedad, imposibilidad, solicitar al juez la liberación de la responsabilidad. También las mujeres que estén este el período de lactancia pueden solicitar ser excluidas en el caso de ser sorteadas. Esto la ley lo prevé. Y obviamente cuestiones que pueden ser sobrevinientes. Por ejemplo, un estudiante de abogacía, que en el momento en que sale sorteado ya se recibió.

- Son dos momentos, entonces.

- Sí. Uno, cuando se es incluido en el gran padrón de jurados y postulantes, y después, el sorteo que se hace específicamente para un juicio. Que después incluye un proceso con observaciones, recusaciones, hasta conformar un cuerpo de 12 miembros titulares y dos suplentes, es decir, 36 personas en total.

- También habrá que resolver otras cuestiones operativas, como el alojamiento de los jurados, la custodia, la reserva de identidad...

- Sí. Con respecto al alojamiento, la ley lo prevé, no como una obligación, sino para el caso de que el juez determine el aislamiento del jurado; que en algunos casos puede no ser necesario. Naturalmente, eso corre por cuenta del Estado. Del mismo modo, hay una remuneración de 1,5 jus por día, que el jurado puede solicitar si quiere. Hay que recordar que el carácter de carga pública aplica también para el empleador de la persona que haya sido sorteada para integrar a un jurado. En cuanto a la custodia no hay un régimen especial, corresponde en general al Estado al igual que para jueces y fiscales. Y obviamente rige la reserva de identidad, y el secreto absoluto respecto de la votación o de la deliberación: nadie puede conocer lo que discutieron o votaron los jurados.

- Hay que comenzar a hacerse a la idea de que le puede tocar a cualquiera, y sin muchos más puntos de referencia que la literatura o las películas…

- Es así. Pero a la vez, podemos tomar como referencia a Entre Ríos, donde ya se está aplicando, al igual que en otras varias provincias. Vamos a hacer acciones conjuntas con ellos y capacitaciones. Pero hay que asumirlo como parte del desafío de encarar la administración de justicia de un modo democrático y participativo. Es la comunidad que juzga a su par, y no tiene que hacer un juicio de naturaleza jurídica, sino determine culpabilidad o no culpabilidad en base a los hechos que se discutieron en el proceso y la prueba que se aportó en el mismo. No existe otra cosa. El marco jurídico lo va a dar el juez en función del veredicto del jurado.

En la ciudad de Paraná es noticia, las escuelas secundarias de Entre Ríos incorporan contenidos con el fin de preparar a sus alumnos para cumplir con el rol que les reserva el juicio por jurados. Se estima que en el primer semestre del año habrá 26 procesos de este tipo en la provincia vecina y se sabe que durante el 2023 se llevaron a cabo 39.

Este año Santa Fe se sumó a la lista de provincias que disponen de ese sistema, al aprobarse la Ley 14.253 tras su debate en ambas Cámaras. En el Senado santafesino, otra iniciativa plantea seguir los pasos que -entre otros- han dado los entrerrianos.

A cuatro de las comisiones del Senado de la Provincia de Santa Fe fue derivado un proyecto de ley de Rubén Pirola (PJ- Las Colonias) que crea el programa "Ser Jurado", con "el objetivo de consolidar el sistema de juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, a través del conocimiento y la difusión" de la norma sancionada el 21 de marzo.

El texto que se discutirá en las comisiones de Seguridad Pública; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, dispone que sea el Ministerio de Seguridad y Justicia la autoridad de aplicación, no el Ministerio de Educación. Ambos coordinarán la incorporación en la currícula escolar de las escuelas de nivel secundario del sistema educativo provincial de acciones de difusión del sistema de juicio por jurados.

Las acciones a realizar por el Poder Ejecutivo Provincial tendrán como fin: a) Resaltar el carácter democrático del juicio por jurados y el papel protagónico que detentan los ciudadanos en la administración de justicia; b) Crear conciencia ciudadana sobre la participación en el sistema de justicia, la carga pública de ser jurado y los derechos y obligaciones inherentes; c) Promover la realización de simulacros de juicios por jurados en las escuelas secundarias del sistema educativo provincial, en instituciones de la sociedad civil, universidades y colegios profesionales; d) Coordinar acciones y trabajos conjuntos con el Poder Legislativo y Poder Judicial, en el marco y alcance de las respectivas competencias; e) Difundir las experiencias de juicio por jurados llevados adelante en otras provincias; y f) Realizar las acciones establecidas en el artículo 94, segundo párrafo, de la Ley N.º 14253.

En los considerandos se recuerda que "Santa Fe se ha sumado a las provincias de nuestro país que han incorporado a su sistema de administración de justicia el instituto del juicio por jurados". Una lista de un mes atrás señalaba que otras once ya lo han hecho. Destaca que en el artículo 94, segundo párrafo, se autoriza al Ministerio de Seguridad y Justicia para la "suscripción de convenios con instituciones a los fines de realizar las capacitaciones a los operadores judiciales, la difusión entre la población, la realización de investigaciones empíricas sobre el funcionamiento del sistema de jurados¨.

El autor de la ley a debatir en el Senado agrega: "considero conveniente que las acciones de capacitación y de difusión que encomienda la Ley puedan ser realizadas en el marco de una ley específica, que permita llevar adelante un programa continuado y sostenido a los fines de consolidar el sistema de enjuiciamiento por jurados en nuestra provincia, que sin dudas constituye un gran paso en nuestro sistema de administración de justicia".

El presidente del bloque del justicialismo menciona "experiencias e iniciativas que han sido llevadas adelante en otras provincias para difundir y capacitar sobre juicios por jurados". Y recuerda que en Entre Ríos se "sancionó la Ley 10799, en diciembre de 2019, por la que se crea el Programa Ser Jurado con la 'función de formar a la ciudadanía en general y a los alumnos de los últimos años del secundario en particular, sobre qué significa ser jurado y cuál es el rol que le compete a cada uno de ellos' ".

Otro tanto, en Chaco su Ley 3292-E, que en diciembre de 2020, "creó el 'Programa Yo Jurado' para ser "incorporado en los diseños curriculares para los alumnos de 4° y 5° año del nivel secundario y en los institutos terciarios de formación docente de toda la Provincia, instituido por ley 2364-B".

"Resultaría útil adoptar una modalidad similar en nuestra provincia y jerarquizar las acciones de difusión", subraya Pirola en los fundamentos.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante la primera Mesa para la Implementación del Juicio por Jurados en la provincia. Del encuentro participaron los representantes de todas las instituciones que tendrán a su cargo la ejecución de la nueva Ley. 

El acto estuvo encabezado por la vicegobernadora Gisela Scaglia; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni junto a funcionarios de sus respectivas carteras. Además, participaron el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez; la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; la defensora general, Estrella Moreno Robinson; legisladores, representantes de colegios de abogados, y directivos de las distintas universidades.

El objetivo de esta primera mesa era lograr el consenso y delinear los detalles y las capacitaciones previas a la implementación de esta nueva modalidad de juicios que se llevará adelante de manera progresiva y por circunscripciones en todo el territorio provincial. 

Justicia y Seguridad

"Agradezco a todos los que de una manera u otra están involucrados en la implementación de esta norma que se enmarca en un conjunto de leyes vinculadas a justicia y seguridad logradas en estos meses iniciales de nuestra gestión”, aseguró Bastia para luego recordar que con muchos de los presentes “ya hubo reuniones anteriores por otras medidas, como la implementación de la Ley de Microtráfico, que nos encontró ya en enero trabajando y poniendo esfuerzos en común. Esa es una norma que ya está funcionando, aplicándose y con resultados altamente positivos".

Por su parte, Cococcioni indicó: "Cuando faltaba poco tiempo para asumir nos pareció prudente pedirles a los legisladores que estaban trabajando este proyecto, que pudieran devolver la iniciativa a comisión para estudio de la gestión entrante, porque temíamos asumir el gobierno el 11 de diciembre con una agenda rígida de implementación que luego no pudiéramos gestionar adecuadamente. Y en un gesto muy importante y que valoramos de la Legislatura en su conformación anterior, así se hizo. Se devolvió a comisiones, tomando a su vez el nuevo gobierno el compromiso de plantearlo con algunas revisiones". En ese sentido, el Ministro de Justicia y Seguridad agregó: “Tuvimos la oportunidad de revisarlo en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde se había planteado buena parte de -si se quiere-, el primer paquete de leyes propuestas por nuestra parte que tenían que ver más que nada con cuestiones de emergencia y atinentes a temas del sistema penal con impacto directo en la seguridad pública".

A su turno, la fiscal Vranicich celebró “esto que está ocurriendo porque en reiteradas oportunidades he dicho, en distintas mesas, con distintos objetivos, que una vez que habíamos implementado el sistema adversarial acusatorio lo que nos faltaba era la cereza del postre, y la cereza del postre era justamente el juicio por jurados. Entonces hoy estar aquí sentada en el rol que me toca de Fiscal General es una enorme alegría. En una provincia que está acostumbrada a implementar acciones en las que los tres poderes del Estado se sientan a dialogar, entiendo que con el juicio por jurados estamos en el mismo camino". 

Por último, la defensora Moreno Robinson dijo que "desde la Defensa Pública estamos de acuerdo con la implementación progresiva” al tiempo que marcó la necesidad de “recursos humanos” para su área. “Por lo tanto deberíamos definir en cuál de las circunscripciones chicas se podría aplicar el juicio por jurados en una primera etapa para que la ejecución sea exitosa”. “Y desde la capacitación, por supuesto proponemos trabajar en conjunto con los colegios de abogados para todo lo relativo a la defensa. También es importante tener capacitaciones conjuntas, con jueces, fiscales y defensores”, subrayó.

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley N° 14253 que instaura los juicios por jurados en la provincia para cuatro tipos de delito mientras que el ministerio de Justicia y Seguridad ya trabaja en la confección de los listados principales de ciudadanos que participarán del sorteo para integrar esos cuerpos.

Más allá de este plazo de 30 días para confeccionar la lista, en Justicia y Derechos Humanos se aclaró que no es inminente la entrada en funcionamiento de los juicios por jurados. Es más, lo primero será conformar una mesa de trabajo para la implementación del sistema que se aplicará para los delitos de homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte; robo calificado por homicidio y el personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio.

"Estamos definiendo los alcances de la mesa que, en principio tendrá a la Corte Suprema de Justicia, representantes del Ministerio Público de la Acusación, del servicio de la Defensa; universidades nacionales, colegios de abogados", señaló un vocero de esa cartera ante la consulta de El Litoral.

Otro vocero de la cartera señaló que será clave la difusión pública que se haga del sistema para que la ciudadanía se entere cómo funciona el sistema, cuál será el rol de los jurados, qué obligaciones tendrá, etc.

Los proyectos para reglamentar juicios por jurados tuvieron un largo y fallido trámite parlamentario en la provincia hasta este año en que la Legislatura acompañó la decisión del Poder Ejecutivo de dictar la ley respectiva. Lo aprobó Diputados, luego el Senado introdujo algunas correcciones y fue Diputados que terminó aceptando el texto que -sin observaciones- ya fue promulgado.

Tema no menor es armar el padrón para el sorteo de ciudadanos con los filtros de quienes deberán ser excluidos del sorteo: profesionales del derecho, morosos alimentarios, funcionarios de los tres poderes del Estado, etc, advirtió uno de los funcionarios que trabaja en la reglamentación de algunos aspectos de la norma.

Una de las primeras cuestiones a resolver por la mesa de implementación es determinar si aplicación del juicio por jurados será en toda la provincia o bien por circunscripciones y en caso de primar esta última alternativa, por cuál de las cinco regiones judiciales avanzar. En esa mesa se definirá además qué artículos de la ley ameritan una reglamentación específica.

El artículo 93 de la ley es taxativo y marca que "dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la presente, el Ministerio de Justicia y Seguridad procederá a confeccionar los listados principales de ciudadanos detallados en la presente y a efectuar el correspondiente sorteo en audiencia pública. El resultado del sorteo será inmediatamente remitido a la Corte Suprema de Justicia a los fines previstos en la presente. Si por cualquier razón los listados principales no estuviesen confeccionados dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento será iniciado y concluido por la Corte Suprema de Justicia, a cuyos efectos convocará a través de las respectivas oficinas de gestión judicial de cada circunscripción a la audiencia pública a que refiere el artículo 14, llevará a cabo el sorteo y la posterior depuración con el objetivo de definir el primer listado definitivo".

Según la norma, el jurado estará integrado por 12 miembros titulares y, como mínimo, por 2 suplentes, y es dirigido por un Tribunal penal unipersonal. El Tribunal puede ordenar que haya más suplentes, según la gravedad o complejidad del caso. El panel de jurados titulares y suplentes debe garantizar la paridad de género entre varones y mujeres. Está previsto que este tipo de juicios se realicen en la circunscripción judicial en la que se hubiera cometido el hecho delictivo. "Cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el juez puede disponer, sólo a pedido del acusado y mediante resolución fundada, que el juicio se lleve a cabo en otra circunscripción judicial, mediante sorteo público", dispone la ley.

El capítulo II de la norma es el que determinada las condiciones para ser jurado y las incompatibilidades que motivarán la depuración del padrón. El capítulo siguiente está destinado a la formación, publicidad y notificación de las listas de jurados mientras que el siguiente regla la preparación del juicio. Los artículos posteriores apuntan a definir la integración del tribunal así como deberes y derechos de cada uno de los jurados.

El marco legal marca las reglas que se deben cumplir en dichos juicios así como se debe hacer la clausura del debate, las instrucción, deliberación y el veredicto. "El veredicto declara al acusado 'no culpable', 'no culpable por razón de inimputabilidad' o 'culpable' sin ningún tipo de aclaración o aditamento, salvo el veredicto de culpabilidad, que debe indicar el delito o grado de éste por el cual debe responder el acusado. Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con otros delitos inferiores necesariamente incluidos en el delito mayor, el veredicto rendido especifica el grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable al acusado", dice el texto. En principio se deberá dar el veredicto por unanimidad aunque luego se acepta una mayoría de diez integrantes.

Los últimos capítulos de la ley se encargan de modificar algunos artículos de la Ley 10.160, la Orgánica del Poder Judicial para dar cabida al nuevo instituto.

La Cámara de Diputados convalidó los cambios que introdujo el Senado al mensaje que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura en los primeros días de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para incorporar el Juicio por Jurados, por lo que la norma quedó sancionada, como informara El Litoral. El Poder Ejecutivo saludó en forma inmediata la sanción.

Así, Santiago Mascheroni, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, destacó que la Constitución de 1853 ya previó el Juicio por Jurados, y luego se fueron implementando en las provincias. "En Santa Fe hubo intentos legislativos que tuvieron media sanción en Diputados y no prosperaron en el Senado. Felizmente esta iniciativa del Poder Ejecutivo se transformó en una norma concreta".

Mascheroni consideró además que, por sus características, esta ley va a requerir una reglamentación muy particular, en la que se debe ir avanzando paulatinamente. "A modo de ejemplo se debe conformar un padrón, porque es una carga pública, y se va a tomar el padrón general, para luego sortear, uno de cada 1.000 empadronados, lo que va a dar aproximadamente un universo de entre 2.000 y 2.500 ciudadanos y ciudadanas que pueden formar parte de un jurado", Subrayó la gradualidad en la implementación de ciertos aspectos instrumentales de la ley. "Cuando la infraestructura lo permita se irán incrementando las causas en las que pueda actuar un jurado", acotó.

Quienes tengan entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Para las personas de más de 70 años es opcional. No podrán integrar jurados abogados, profesionales del derecho, ni quienes trabajan en la administración pública en áreas de justicia. También quedan exentos policías, y personas que hayan recibido alguna condena.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad, Florencia Blotta, destacó la importancia de esta incorporación, y señaló la necesidad de que la ciudadanía se informe sobre este mecanismo.

"En el marco de la implementación de la ley, es central la difusión de la normativa para que la ciudadanía conozca esta herramienta y este derecho y carga pública de participar y prestar el servicio de justicia en calidad de jurado", explicó Blotta, al tiempo que indicó la necesidad de capacitación.

"Será de suma importancia también la generación de espacios de capacitación específica con todos los operadores judiciales y la participación de las Universidades y Colegios de Abogados, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial", concluyó la subsecretaria Blotta.