La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada en la que se resolvió volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli, quien no asistió a exponer ante ese cuerpo, bajo la advertencia de hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.

Sin la presencia del fiscal, la comisión -que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT)- continuó este martes por la tarde con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Gaillard dio inicio a la reunión, avisó que la comisión de Juicio Político pediría volver a citar al fiscal y advirtió que “si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”.

“Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente”, anunció la presidenta de la comisión, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.

El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue votado en la comisión y aprobado por 16 votos. También se aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, a propuesta del FdT.

En su exposición, Ramos, que brindó testimonio el pasado 23 de febrero ante esa comisión, archivó a instancias de Stornelli una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D’Alessandro con Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

En el desarrollo de la reunión se produjeron fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, que le atribuyó al FdT “un manejo ilegal de la comisión” y aprovechó la audiencia para cuestionar al gobierno nacional por la situación de violencia e inseguridad en Rosario.

En el marco de la reunión, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, rechazó la actitud de Gaillard de, según dijo, tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” para pedir la concurrencia presencial de Stornelli y sostuvo que el fiscal “no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito”, por lo tanto, afirmó, “no es un testigo reticente”.

Además de Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, pero pidió reprogramar su presencia.

En tanto, se espera para el resto de este martes las exposiciones del exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y los secretarios judiciales de la Corte Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.

La ONG Poder Ciudadano expresó su preocupación por el hecho de que el oficialismo aliente el juicio político de la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el plante “no se encuentra debidamente fundado ni motivado” y anticipó la intención de, para el caso de que el trámite prospere, llevar a cabo acciones para controlar que se ajuste estrictamente al Estado de Derecho.

“Preocupa el intento de juicio político contra la totalidad del Supremo Tribunal, ya que avasalla al poder del Estado, cuya función es la de garantizar los derechos y el cumplimiento de la Constitución. Prestaremos especial atención a los motivos que han llevado a tan grave acusación hacia los cuatro jueces de la Corte. Recordemos que, de prosperar el juicio político, la Corte se quedaría acéfala”, expresaron en un comunicado.

Por otra parte, hicieron notar que “nadie puede soslayar la evidencia de que el juicio político surge tras algunos fallos adversos al partido de gobierno, especialmente el que favorece presupuestariamente a la ciudad de Buenos Aires (expuesto inclusive como una de las causales) y luego de que la Justicia fallase en primera instancia en contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa de corrupción. Cabe señalar que el contenido de las sentencias no puede ser contemplado como fundamento para llevar adelante un juicio político tal y como lo establece la Ley N° 24.937 que indica que ‘queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia de contenido de sus sentencias'”, manifestaron.

“Desde Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, consideramos que no se encuentra debidamente fundado, ni motivado, el pedido de juicio político promovido por el Poder Ejecutivo y, en caso de prosperar, asumimos el compromiso cívico de controlar que ese trámite se mantenga dentro de los cauces institucionales debidos, con estricto apego al Estado de Derecho”, completaron.

En concreto, Poder Ciudadano creará un Observatorio del Juicio Político con participación de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia para monitorear todas las actividades del proceso en curso. Por otro lado, requerirán a la comisión legislativa a que “de manera urgente y de conformidad con el art. 114 bis, incisos a) b) y c) del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, se convoque en Audiencia Pública a las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen participar para hacer conocer su parecer sobre el asunto sometido a debate”.

También harán un pedido de acceso a la información pública a la Comisión de Juicio Político bajo el derecho que otorga la Ley N° 27.275 y exigir máxima divulgación de los procedimientos y documentos que se tengan en cuenta y elaboren. Generarán material explicativo a la ciudadanía sobre el significado de la constitución de la Comisión de Juicio Político, y de los alcances de la acción, y difundirán en medios periodísticos y redes sociales “toda la labor del espacio que se constituye, a fin de dotar de transparencia y control social a las acciones que lleve a cabo la comisión”.

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, apuntó contra la Corte Suprema por el avance del narcotráfico en Santa Fe al señalar que “la parálisis del Consejo de la Magistratura significa menos jueces para la provincia, o sea menor capacidad de poder combatir al delito”.

“Estamos con gravísimos problemas con respecto al desarrollo del delito narco en Santa Fe. Para el combate al delito narco, además de las Fuerzas de Seguridad, necesitás fiscalías y juzgados federales absolutamente activados alrededor de este tema: hoy hay una enorme cantidad de vacantes en la provincia de Santa Fe porque el Consejo de la Magistratura está paralizado”, sostuvo el santafesino.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista alertó que el hecho de “que el Consejo de la Magistratura esté paralizado significa menos jueces para Santa Fe, o sea menor capacidad de poder combatir al delito narco”.

Al referirse al juicio político contra los cuatro magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el legislador oficialista se mostró confiado en poder sumar apoyo de otros espacio a medida que se conozcan todas las pruebas en contra de los jueces.

Finalmente, el santafesino evitó ahondar en la estrategia del Frente de Todos de cara a las próximas jornadas del juicio político para “no vaciar de contenido a la Comisión” y manifestó: “El jueves de la semana que viene se planteará por qué cortesano se empieza y por qué presuntos delitos”.

Este jueves, el Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

Además, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.

“No es control, es amenaza”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet advirtió que “no vamos a dar quórum en nada, sesión ni comisión de trabajo, mientras el Congreso esté funcionando como un ataque hacia otros poderes. Cuando seamos gobierno, vamos a ser responsables del estado del país, por el momento nuestro objetivo es frenar los avasallamientos que está intentando el kirchnerismo”.

Y habló puntualmente en la instrumentación de un juicio político. “Como herramienta republicana sirve para controlar los poderes y garantizar la división de los mismos pero hoy tenemos un mal uso de eso: el Poder Ejecutivo está persiguiendo al Poder Judicial. En vez de usarlo como un freno (el oficialismo) lo utiliza como una amenaza”.

Según Ajmechet lo que hizo el kirchnerismo “fue revisar los fallos que los perjudican, sin mencionar que esta arremetida contra el Poder Judicial viene justo después de la sentencia contra CFK, porque es de la única de la cual no hablan explícitamente: ese fue el detonador”, indicó.

La diputada anticipó que, “al día siguiente que esto se trate en Cámara, se muere, porque no tienen los votos suficientes” y explicó la razón por la cual el oficialismo busca dilatar dicho proceso judicial. “Es para embarrar la cancha, esto va a generar un hoyo político, lo vimos con la reunión de la semana pasada en donde usaron la bandera de los Derechos Humanos, no para defenderlos, sino para defender la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, para hacer negocios, para chorear (sic): este es el nivel de circo que está haciendo el kirchnerismo”, cerró.

Al mediodía de este jueves diversos autores de la decena de proyectos que buscan enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia – total o parcialmente – expusieron sus argumentos en alrededor de 15 minutos cada uno. Antes de ello, algunos diputados nacionales brindaron su mirada al respecto.

“Venimos cumpliendo lo que dice la Ley. Hoy toca que los autores vengan a exponer”, dijo el sanjuanino José Luis Gioja. El ex presidente del PJ aseguró que “no se trata de cambiar nada, sino de cumplir la Ley” y que desde la oposición “se quiere extorsionar a este cuerpo a que no trate este tema para que (la cámara de diputados) pueda seguir funcionando”. Sobre el rol de la Corte, el candidato a gobernador en su provincia denunció que “me afecta como provinciano que me quiten recursos para dárselo al distrito más rico”.

El ex integrante del Consejo de la Magistratura y diputado por el PRO, Pablo Tonelli, asegura que “la denuncia (del oficialismo) carece de fundamentos y de motivos para que prospere”. Ante ello, aseguró que “vamos a tratar de que este show que montó el oficialismo termine lo antes posible”. Ante las acusaciones justicialista de que ‘traban’ la realización de sesiones, reconoció que “es posible. No podemos aceptar embates contra el sistema republicano como este” ya que “están en juego la instituciones del país” y por ello “tenemos que apelar a medidas extremas”.

Un alfil de Lilita Carrió, histórica denunciante de Ricardo Lorenzetti, señaló que “nosotros pedimos el juicio político contra Lorenzetti en el 2017 por motivos muy distintos a los que usa ahora el oficialismo para pedirlo contra todos los miembros de la Corte”. En esa diferenciación, el propio diputado Juan Manuel López destacó que “no hay ninguna causal en nuestra denuncia que sea por fallos de Lorenzetti, sino por la administración de la Corte, de algunos organismo de ella y del patrimonio “oscuro” de Lorenzetti”.

El radical y jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, también habló con El Litoral. Apuntó que desde el kirchnerismo “no toman dimensión de lo que han hecho y saben que no les dan los números” y que “tendrían que hacer terapia de grupo” para resolver los problemas internos”. Para el cordobés, “reactivaron una comisión y no incluyeron los demás pedidos de juicios políticos, contra la vice y contra el propio presidente” por eso asegura que “lo que les interesa es limar y mandar un mensaje a los jueces”. Sobre los demás temas en agenda de extraordinarias, también señaló que el oficialismo “actuó como si tuviera mayoría absoluta” y se preguntó por qué no se giraron leyes como la vinculada a los alquileres. Sobre otra que está fuerte en la agenda pública, cargó contra Gabriela Cerruti: “la vocera presidencial tiene que ir al psicólogo, dijo que en el senado no se trató la ‘Ley Lucio’ porque la oposición no da quórum pero allí tienen mayoría propia”, disparó. Para Negri, además, “el gobierno está en franco paso de anarquía”.