Diputados de distintos bloques de la oposición tienen decidido avanzar la próxima semana con la interpelación y eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que en caso de prosperar tendría como consecuencia el apartamiento del funcionario de su cargo.

El motivo es no aplicar la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso, y que el Poder Ejecutivo terminó promulgando, pero subordinando su implementación a que los legisladores especifiquen de dónde saldrá el financiamiento para los aumentos que prevé.

La oposición planea convocar a una sesión para la semana que viene en la que incluirá un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por el libertario Nicolás Mayoraz, para obligarla a dictaminar la interpelación. Con ese dictamen luego podrá aprobar en el recinto la citación al jefe de Gabinete.

El proyecto de interpelación fue presentado por diputados del bloque Encuentro Federal, a la vez que hizo lo propio el grupo de ex integrantes de La Libertad Avanza ahora nucleado en el interbloque Coherencia y Desarrollo.

"Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, dictar decretos nulos e inconstitucionales y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto", aseguró el diputado nacional Oscar Agost Carreño, miembro del bloque Encuentro Federal en su cuenta de X.

La propuesta sostiene: "El presente proyecto se motiva en la genuina inquietud de garantizar la vigencia del orden democrático. La contundente afirmación en modo alguno resulta una exageración ya que el Poder Ejecutivo ha desoído las leyes sancionadas recientemente por el Congreso".

Además, el bloque insiste en que "el Presidente de la Nación ha utilizado la herramienta constitucional del veto sistemáticamente contra leyes claves como la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica, entre otras y la que aquí nos ocupa, la Ley de Emergencia en Discapacidad".

Las presentaciones incluyen en la fundamentación irregularidades, como "decretos considerados inconstitucionales", "gobernar sin presupuesto aprobado", "reasignaciones arbitrarias de partidas" y "acusaciones públicas contra periodistas y legisladores que constituirían violencia política".

Los legisladores sostienen que las acciones de Francos violan principios fundamentales de la Constitución Nacional. En particular, critican el Decreto 681/2025, que condicionó la aplicación de la Ley 27.793 a explicaciones presupuestarias del Congreso, calificándolo de "inédito" y carente de sustento legal. Citando fallos de la Corte Suprema y la doctrina de Germán Bidart Campos, argumentan que el Ejecutivo no puede suspender o condicionar una ley promulgada tras la insistencia legislativa.

Asimismo, denuncian que el manejo discrecional del presupuesto, como la prórroga del ejercicio 2023 y la reasignación de fondos sin debate, contraviene la exclusividad del Congreso en esta materia, según lo establecido por la Corte en casos como Video Club Dreams (1991).

Francos defendió su gestión y rechazó las acusaciones. Además, confirmó que irá al Congreso si la oposición decide interpelarlo. Crédito: Archivo El Litoral.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la acusación de Francos contra periodistas y legisladores por la filtración de audios que implicarían actos de corrupción. Las declaraciones del funcionario, que incluso aludieron a "potencias extranjeras", no solo fueron desmentidas por la Justicia, sino que también generaron roces diplomáticos que requirieron intervención de la Cancillería. El bloque Coherencia considera que estas acusaciones violan la libertad de expresión (art. 14 de la Constitución) y la inmunidad parlamentaria (art. 68), además de constituir una forma de censura indirecta, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los supuestos agravios de Francos hacia las diputadas Lourdes Arrieta y Marcela Pagano son otro eje del proyecto. Las expresiones del jefe de Gabinete, que incluyen descalificaciones personales y políticas, son señaladas como una forma de violencia de género que vulnera la Ley 26.485 y los estándares de respeto institucional de la Constitución. Los legisladores destacan que estas actitudes agravan la crisis de convivencia democrática.

El bloque Coherencia subraya que la moción de censura, prevista en el artículo 101 de la Constitución, es el "mecanismo de control político más eficaz" para garantizar la responsabilidad del jefe de Gabinete, según el constitucionalista Néstor Sagüés.

De acuerdo con información del sitio web de la Cámara de Diputados, la moción de censura está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. Se trata de un procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo.

A diferencia del juicio político, no requiere demostrar la comisión de un delito ni un mal desempeño comprobado, sino que responde a una decisión política del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

La primera etapa del proceso es la aprobación del pedido de interpelación, que obliga al funcionario a presentarse ante el Congreso para responder preguntas y defender su gestión.

La no aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, a pesar de que fue publicada luego del rechazo del veto, es el principal motivo por el que quieren convocar al Jefe de Gabinete. Crédito: Archivo El Litoral.

Luego, si se somete a votación y la moción de censura obtiene la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras, el Jefe de Gabinete queda removido del cargo. Sin embargo, la Constitución permite que el presidente lo designe nuevamente. El proceso no implica una responsabilidad judicial, sino exclusivamente política.

Francos defendió su gestión y rechazó las acusaciones. Además, confirmó que irá al Congreso si la oposición decide interpelarlo.

"Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional", dijo el jefe de Gabinete en Radio Mitre. Y agregó: "El Congreso no hizo eso. Esto es una discusión de interpretación y competencias".

En cuanto a las consecuencias políticas de una eventual interpelación, Francos manifestó: "Todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme".

También remarcó la falta de antecedentes: "No sé si alguno fue censurado. Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos".

Según el constitucionalista Félix Lonigro, hay tres formas de remover a un jefe de Gabinete. Una está a cargo del Presidente (decreto de remoción); y las otras dos están a cargo del Congreso: 1) Juicio Político (Arts. 53, 59 y 60 Constitución Nacional); 2) Moción de Censura (Art. 101 Constitución Nacional).

"Jamás el Congreso destituyó a un jefe de Gabinete. Ahora se está intentando hacerlo a través de la Moción de Censura, y se dice que, si así fuera, el presidente podría volver a elegirlo. Un delirio. Veamos. Si la destitución fuera por juicio político, el Senado podría destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. En este caso se evitaría que pueda ser nuevamente designado", argumentó el jurista.

Y añadió que "es cierto que el Art. 101, para la moción de censura, no prevé la inhabilitación, pero debe ser aplicada, esa posibilidad, por analogía con el juicio político. No puede ser de otra manera, porque no tendría absolutamente ningún sentido que el Congreso pudiera remover por Moción de Censura y que al día siguiente el removido sea repuesto en el cargo por el primer mandatario".

El oficialismo de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados.

Con su mayoría de 16 miembros (sobre 31 integrantes de la comisión), el Frente de Todos aprobó el informe y decidió dar traslado a los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.

Los magistrados tendrán la posibilidad de hacer sus descargos por escrito, o de presentarse el martes 7 de noviembre para efectuarlos en persona, en tanto que desde la bancada del Frente de Todos anticiparon que la idea es dictaminar entre el 13 y el 17 de noviembre, fecha límite ante el final del período de sesiones ordinarias, que opera el 30.

Al momento de justificar los cargos, el informe del Frente de Todos dice que "la Corte no cumple su rol constitucional actuando como si fuera un constante contradictor de las decisiones del Congreso o del Poder Ejecutivo, esto es, de las autoridades electas de modo directo por el pueblo".

💬| @CaroGaillard: “Los cargos que se le imputan al Dr. Rosatti en la causa Beneficios a genocidas, más conocida como 2x1, resultan afirmativos. Con esto damos por terminada la reunión y se dará traslado a cada uno de los jueces de los cargos formulados”.#40AñosDemocraciaSiempre

"Tampoco cuando se constituye en una suerte de tercera cámara legislativa, derogando con efecto general las leyes que no le agradan o dictando las que las reemplacen, como ocurrió en el caso de la ley del Consejo de la Magistratura", asegura.

En torno a la coparticipación, los diputados oficialistas advirtieron que se trató de "una resolución arbitraria e irregular en virtud de que contiene graves vicios jurídicos y en los que se advierte o se puede presumir, además, un claro desvío de poder por parte de los jueces a raíz de la vulneración del principio de independencia e imparcialidad en el que incurren los supremos".

Sostuvieron que esa situación "revelaría la clara intención de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso haciendo una interpretación y aplicación manifiestamente arbitraria del derecho vigente" y advirtieron sobre una "connivencia entre algunos jueces integrantes de la Corte Suprema de justicia con la fuerza política que administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Sobre el fallo que benefició a militares genocidas, los diputados hicieron referencia a los principios jurídicos defendidos en el voto del juez Rosenkrantz en el caso "Muiña", al sostener que "resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad".

"Se postula que este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones", afirmaron los diputados.

En torno al Consejo de la Magistratura, los legisladores advirtieron que "Rosatti se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas se lo impedían" y consideraron que "dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, Rosatti debió excusarse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa".

Asimismo, afirmaron que los integrantes del máximo tribunal "se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores".

Los cargos votados se suman al que hace un par de meses se había avalado contra Maqueda por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

En el caso de Maqueda y la obra social, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.

Agenda de pendientes

Entre las cuestiones a resolver se encuentra el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el juez Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.

De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.

Hasta ahora, y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.

El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen "sobrados elementos como para avanzar" en ese proceso.

El opositor Congreso de Ecuador resolvió este martes (09.05.2023) someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.

Veintitrés diputados se opusieron y cinco abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.

La moción de juicio político contra el mandatario fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017).

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Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de “fuera Lasso” en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con una docena.

Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su “obligación poner la cara ante el pueblo”.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este jueves a discutir si abre el proceso de remoción a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a partir del proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en “mal desempeño”, al que luego fueron sumando otras presentaciones.

La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) comenzará a analizar los expedientes que plantean el juicio político al presidente Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; algunos en conjunto, y otros por separado.

“Acá hubo un mal procedimiento de la Corte y nosotros no lo podemos dejar pasar. Nuestra voluntad política es comenzar este jueves con el juicio político. Las pruebas serán contundentes y podemos terminar con una mayoría que apoye la remoción de los jueces de la Corte en el recinto”, señaló Eduardo Valdés, autor del principal proyecto, a Radio FutuRock.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero. El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

Sin embargo, esa instancia no sería inminente, y se prevé que los debates semanales que podrían continuar hasta junio. Esto considerando que ya se solicitaron 35 testimonios, pero la lista se seguiría extendiendo el día 9, cuando se vote la admisibilidad de la acusación contra los jueces.

Así las cosas, la premura parece estar lejos de los intereses del oficialismo, que dilatará el desfile de presentaciones. “Queremos saber cuántos opositores defienden a los jueces después de escuchar varios meses de testimonios en su contra”, afirmaron los encargados de acumular pruebas, según el sitio La Política Online. La estrategia podría no apuntar tanto a la definición parlamentaria, como a la exposición política a las puertas de la campaña electoral.

Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quorum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno.

“Es una situación que daña institucionalmente al país, que no tiene destino, que no tiene salida, salvo en la relación que debería ser armoniosa entre los distintos poderes del Estado”, remarcó Pablo Tonelli a DiputadosTV.

El diputado del PRO consideró que “en este contexto se desprestigia a la Argentina y el diálogo entre el oficialismo y la oposición está muy difícil”, por lo que “es posible que no tengamos actividad en las próximas semanas”.

“Es la única que nos queda, no hay otra, no vamos a sesionar ni hacer más nada hasta que no se resuelva este absurdo pedido de juicio político a los jueces de la Corte”, continuó.

Aclaró que “no hablamos de que nos gusta o no nos gusta el tema, porque muchas veces vamos al recinto sabiendo que se van aprobar proyectos que no queremos, pero planteamos nuestra posición y el que tiene más votos gana”.

“Acá esta en juego el estado de derecho, la vigencia de la Constitución, está en juego la República, entonces tenemos que apelar a medidas extremas porque los fundamentos son absurdos y ridículos”, sentenció.

Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que “la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”, y recuerdan que “en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional”.

Mientras el oficialismo cierra filas con los 16 votos de que dispone para aprobar el inicio del procedimiento, los 14 diputados de Juntos por el Cambio que integran la comisión debaten cual será la postura a asumir en ese ámbito: algunos quieren que también se traten los pedidos de juicio político contra Alberto Fernández y otros prefieren no abrir el juego.

La otra definición es sobre si conviene pedir nulidades este jueves o esperar al siguiente, cuando expongan los autores de los 12 pedidos de juicio político. Una semana después se vota la admisibilidad y después empiezan los testimonios.

Para el 2 estarán invitados los diputados de la Coalición Cívica que en 2021 presentaron un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti.

La propia dirigente opositora adelantó, en declaraciones radiales, cuál será la estrategia de su partido. “El juicio político a Lorenzetti lo mantenemos, pero por nuestras razones, no por las del Gobierno. Cuando se inicia el juicio político se analiza juez por juez. Entonces nuestro bloque y nuestros representantes en la comisión van a analizar que no es admisible a Rosatti, a Rosenkrantz y a Maqueda, porque es una embestida de Cristina contra estos jueces por imparciales”, explicó Carrió. “Cuando se tenga que analizar Lorenzetti, se tienen que analizar todos los expedientes”, adelantó.

El pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema impulsado por el Frente de Todos ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y se dieron a conocer las pruebas que buscará producir el oficialismo, así como las citaciones a testimoniales que planteó.

La presentación cuenta con un total de 410 páginas, de las cuales tres cuartos corresponden a documentos respaldatorios del planteo como el pedido original firmado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, fallos del máximo tribunal, recortes periodísticos e imágenes de chats filtrados.

El proyecto contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue introducido en la Cámara baja por quince diputados del Frente de Todos: Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marin, Mabel Caparros, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.

Este jueves el Poder Ejecutivo había ratificado que además de incluir en el temario el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, enviará un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal.

El período de sesiones extraordinarias regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximo.

El temario completo

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le presentó a el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Tras el encuentro citado en la Quinta de Olivos, el legislador santafesino Martínez reveló que el mandatario nacional realizará la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de enero, incluyendo el proyecto que apunta a la Corte.

La reunión se da un día después de la polémica firma de gobernadores al pedido de juicio político del presidente, donde el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se vio obligado a desmentir su rúbrica en el documento en cuestión.

Martínez expresó este miércoles: “Alberto nos dijo que está trabajando para convocar a extraordinarias con las áreas de coordinación parlamentaria y que estaban trabajando fuerte para terminar de cerrar los temas vinculados al Senado y en función de eso podamos estar en condiciones ya con sesión extraordinaria la segunda quincena de enero”.

“Y en eso creo que merece toda la rigurosidad, toda la seriedad, toda la tranquilidad y el apego a las cuestiones institucionales que merece un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema”, remarcó en diálogo con un medio de comunicación de la ciudad de Buenos Aires.

Convoqué a @gerpmartinez y @CaroGaillard, presidentes respectivamente del Bloque de FdT y de la Comisión de Juicio Político para entregarles el pedido de Juicio Político a miembros de la CSJN que impulsamos con gobernadores. Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo. pic.twitter.com/BCtl040uLg

— Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2023

A través de las redes, Fernández comentó: “Convoqué a Germán Martínez y a Carolina Gaillard, presidentes respectivamente del Bloque de Frente de Todos y de la Comisión de Juicio Político, para entregarles el pedido de Juicio Político a miembros de la CSJN que impulsamos con gobernadores. Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo”.

El presidente del bloque oficialista en Diputados detalló dos puntos de relevancia sobre el caso y que fueron resaltados por Alberto: “por un lado el desquicio que armaron en el Consejo de la Magistratura llevándolo a una parálisis absoluta” y específicamente “el fallo por los fondos para la Ciudad de Buenos Aires”.

(Por Luis Rodrigo) – Es un escándalo que un gobernador haya tenido que salir a desmentir su firma, en un documento en el que sí han puesto su rúbrica el presidente de la Nación y once pares suyos. Más si se trata de un pronunciamiento para pedir el juicio político contra el titular del máximo tribunal de la Argentina.

Se sabe: el entrerriano Gustavo Bordet figuraba en la primera versión, siempre oficial, de pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti pero su nombre fue borrado luego de que el hombre de la Costa del Uruguay negara públicamente haberse sumado. Como si se tratara de un club de amigos, o una peña, en la que se quitan y ponen nombres sin consultar porque hay confianza.

Han quedado desde hoy, en una vereda, Alberto Fernández y 11 gobernadores entre los que pesa como si fuera medio país la provincia de Buenos Aires. Fuera de la firma del gobernador bonaerense Axel Kicillof, sus pares pertenecen a jurisdicciones con escasa población del norte y del sur del país (Tucumán escapa seguramente a esa observación).

Es una novedad política importante para 2023 lo que ha sucedido este 4 de diciembre, a media mañana. El “no” de Bordet deja en su lugar a la Región Centro. No es la vereda de enfrente, sino otra senda.

El partido de gobierno está en transición, con el liderazgo de Cristina Fernández Kirchner que tropieza con dos dificultades inmediatas: su anuncio de que no será candidata (aunque ahora parezca amagar y recular con el argumento de la proscripción, que en 2023 no puede ser efectiva por el fallo por corrupción en primera instancia) y sobre todo con su exclusiva decisión de ser la responsable de la presidencia de Alberto Fernández. El precandidato a presidente fue elegido por la precandidata a vicepresidenta. Sólo por ella.

En ese contexto, el nuevo mapa muestra de un lado que es evidente el peso específico del gobernador bonaerense “más diez”. Como sucede con un equipo de fútbol que tiene solo una estrella, que cierra filas en torno a los gustos del kirchnerismo contra la Corte. Ahora se pide la cabeza de Rosatti sin medias tintas y con argumentos que, aunque provengan de una escucha ilegal y seguramente inaceptables en términos judiciales, tendrían que ser seriamente respondidos por los cuestionados. Son demasiado graves los contenidos, las palabras, las confianzas, de las escuchas ilegales que se han divulgado entre un colaborador de Rosatti y un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, dentro del peronismo hay tres gobernadores de las provincias más fuertes, que tienen ya consolidado un acuerdo regional que cumplirá en agosto nada menos que 25 años y que constituyen una porción importante de la economía argentina. La RC tiene una marca y nació a fines de los ’90 como una suerte de reclamo del interior del país por mayor equilibrio con Buenos Aires, con los dos: con que le da nombre a la ciudad que es capital federal y con el que da su apellido a la provincia más grande.

Perotti y Schiaretti. Y ahora Bordet. Son tres gobernadores que han dicho no, pero aún no son un trío. Habrá que prestar atención a sus voces.

Previo a su viaje a Brasil para asistir a la asunción de Lula da Silva, Alberto Fernández comenzó 2023 anunciando que junto a un grupo de gobernadores solicitará el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.

De esa manera, afirmó: “Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.

Y sostuvo que es su deber “promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.

A continuación, el comunicado completo del presidente de la Nación:

Querido Pueblo Argentino:

Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías, pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos.

Contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado.

Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente.

El empleo también ha crecido. Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores.

Registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas. El trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal.

Terminamos el año disfrutando el éxito de nuestra Selección Nacional de Fútbol. La merecida obtención del título que durante tanto tiempo nos resultó esquivo llenó de alegria a la Argentina en pleno. Toda nuestra gratitud para el plantel de jugadores y para el equipo técnico. Nos han demostrado lo que somos capaces de hacer unidos cuando el valor de las convicciones asoma en nosotros.

Aún cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho.

En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.

Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica.

He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.

También ordenaré al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.

Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado.

Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución.

Mis mejores deseos de felicidad para todas y todos ustedes.

El presidente estuvo en el programa “A dos voces” cuando hizo la reprochable comparación.

El interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció este jueves en conferencia de prensa que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos contra Diego Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que las declaraciones de Alberto Fernández causaron “gran conmoción” y señaló que son “más propias de un código mafioso que de un Presidente”. A su vez, denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”.

Por su parte, Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, reconoció que desde la oposición entienden “la responsabilidad que implica el pedido de un juicio político” pero aclaró: “Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”. En ese sentido, mencionó que el artículo 53 de la Constitución permite pedir una medida del estilo: “Lo vamos a presentar por medio del interbloque de Juntos por el Cambio”, detalló.

En una entrevista en el canal TN, el Presidente fue consultado sobre la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad. “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani”, respondió.

“El Presidente debe entender que vive en un Estado de derecho y tiene que aceptar la decisión de la Justicia. No puede indultar a la Vicepresidenta porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad”, agregó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Y completó: “Ojalá que la Vicepresidenta entienda que los actos que cometió son delitos y tiene que aceptar los tribunales de la Constitución porque sus conductas estaban previstas como delito”.

A su turno, Margarita Stolbizer llamó a la “concordancia y la paz” y recordó que el fiscal Luciani “cumple con su papel y su rol” en la causa de Vialidad.

“Ayer se pasaron todos los límites tolerables. No solo se ha querido violar el debido proceso, se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para resolver lo que no pueden afrontar en sede judicial”, completó Ricardo López Murphy.

El Frente de Todos tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, la oposición no tiene posibilidades de avanzar con un dictamen de mayoría. Además, en caso de lograrlo, luego se necesitarían dos tercios de los votos en el recinto para poder destituirlo.

“Ese pedido de juicio político no va a prosperar, porque es una paparruchada sin fundamentos para hacer circo, porque les molesta que nuestra fuerza política esté unida en este momento de persecución política a nuestra Vicepresidenta”, aseguró a Infobae la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

Durante la conferencia de prensa, Stolbizer reconoció que el pedido “tiene más que nada un valor simbólico” dada la mayoría agravada que se necesita para avanzar.

Sin embargo, Ritondo instó a los bloques de la oposición que no firmaron el pedido, como el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas, el bloque SER, que ayuden a construir una mayoría en el recinto para emplazar a la comisión para que debate el tema.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó esta madrugada realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero.

Tras una jornada maratónica de 24 horas los diputados resolvieron por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los Papeles de Pandora.

La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente. Sin embargo,la oposición necesitaría el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan

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Un discurso de 15 horas para conseguir un voto crucial en el juicio político

La sesión quedó marcada por la insólita proeza del diputado socialista Jaaime Naranjo: habló durante 15 horas para darle tiempo de llegar a la votación al diputado Giorgio Jackson, cuya cuarentena por haber sido contacto estrecho de covid-19 concluía a medianoche.

Tengo un discurso de 1.300 hojas. Hablaré todo el tiempo que sea necesario”, advirtió Naranjo, de 70 años, antes de comenzar. Precisó asimismo que iba a leer “el texto completo de la acusación constitucional” que presentaron el 13 de octubre todas las bancadas de oposición para destituir al mandatario conservador a cuatro meses de concluir su segundo periodo (2018-2022).

“Nunca en la historia de este país un presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y haber comprometido el honor de la nación, por eso yo espero que esta sala apruebe la acusación”, dijo finalmente Naranjo.

Apenas sonaron las 12, Jackson salió en su auto y recorrió los 120 kilómetros que separan Santiago de Valparaíso, donde se encuentra el Congreso. Al ingresar al hemiciclo de la Cámara Baja, Jackson se fundió en un abrazo con Naranjo.

La llegada de Jackson era crucial porque si bien la izquierda tiene la mayoría de representantes en la Cámara Baja (83 diputados), sin él solo tenían 77 votos asegurados, uno menos de los necesarios para aprobar el proceso contra Piñera.

Jackson y otro parlamentario habían quedado fuera de esta sesión debido a que tuvieron contacto estrecho con el también diputado izquierdista y candidato a la presidencia Gabriel Boric, que dio positivo en covid-19 la semana pasada y tampoco pudo acudir a esta votación.

De qué se lo acusa a Piñera

Sebastián Piñera es acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, y por haber comprometido el honor de la nación. Fue por su vinculación en la polémica venta del proyecto minero Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora.

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Según la investigación de los medios chilenos CIPER y LaBot, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo del presidente- por 152 millones de dólares durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).

El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.

Una vez que Piñera asumió el poder, esa área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección como había recomendado su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).

Los ambientalistas afirman que el proyecto minero a cielo abierto amenaza una colonia de pingüinos de Humboldt, así como otras especies marinas como ballenas jorobadas y lobos marinos y fauna silvestre como guanacos y zorros patagónicos.

Al destacar que en el caso de Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como Presidente se benefició (a él) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, sostuvo.

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe se reunió el jueves último para tratar e iniciar la etapa de investigación de la denuncia realizada contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. “No solo ha tenido un trato injuriante contra las santafesinas y los santafesinos, sino que manejó información privilegiada con fines políticos durante su licencia al frente del Organismo de Investigaciones”, explicó la diputada provincial Georgina Orciani, quien agregó de manera tajante: “La renuncia de Sain, incomunicada al Poder Legislativo y no publicada en el Boletín Oficial, no anula las potestades de las Cámaras. No sabemos los argumentos ni los motivos de la renuncia, solo la designación del nuevo ministro”.[/vc_column_text][vc_column_text]De la reunión de la comisión participaron sus nueve miembros y por mayoría de siete, se resolvió abrir un expediente atento a la denuncia presentada en la Justicia y se citará a la denunciante, la diputada nacional Lucila Lehmann, para ampliarla y dar más pruebas. “Le pedimos al Fiscal General, Jorge Baclini, y a la Auditora General del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, que eviten la reincorporación del exministro ya que no puede volver a estar en un organismo de investigaciones con el nivel de información que manejó y con funcionarios de confianza dentro de la cartera de Seguridad”, dijo la diputada radical, al mismo tiempo que advirtió que tendría que investigar “su propia gestión como ministro o la de sus ex compañeros de gabinete” e incluso “condicionar” el desempeño de su sucesor (Jorge Lagna). En este sentido, por ejemplo, debería investigar la denuncia en su contra realizada por legisladores del Frente Progresista en relación a la licitación de compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad.

La diputada que integra el bloque de la UCR liderado por Maximiliano Pullaro indicó que la renuncia por parte de Sain y su posterior aceptación no interfieren en el trámite constitucional del juicio político ni en sus consecuencias. “Ningún acto del Ejecutivo interrumpe un juicio político que es potestad exclusiva de la Cámara, ya que el pedido ingresó antes de la renuncia”.[/vc_column_text][vc_column_text]Trato injuriante

Durante su desempeño como ministro de Seguridad de Santa Fe, el polémico exfuncionario se destacó por ser noticia con sus declaraciones suspicaces contra la prensa y contra las santafesinas y los santafesinos. “Sain demostró agresividad para conducir y descalificación para con todo aquel que pusiera en discusión su manera de estar al frente de la Seguridad de la provincia”, destacó Orciani.

De la Comisión de Juicio Político participan: Joaquín Blanco (presidente), Pablo Farías, Clara García, Marlén Espíndola y Georgina Orciani por el Frente Progresista; Nicolás Mayoraz del bloque Somos Vida; Julián Galdeano de Juntos por el Cambio; Matilde Bruera del bloque Justicialista; y Oscar Martínez del bloque Frente Renovador.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El audio de la polémica

A través de un audio de WhatsApp se pudo escucha al entonces ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, criticar con dureza y descalificar enérgicamente a sus subordinados, los policías santafesinos.

“Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D”, dice Sain para, con una metáfora futbolera, explicar que tiene más pergaminos que los necesarios para manejar la policía santafesina.

El audio comienza del siguiente modo: “Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos…”.

Luego Sain calificó con dureza a los integrantes de la policía santafesina: “Y son… son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (…). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”, concluyó.

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