Por Juliano Salierno (El Litoral) 

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe fijó fecha de inicio para el juicio oral y público contra el preso “super VIP” Juan Ignacio Suris, acusado de haber pagado a quienes estaban a cargo de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, para mejorar sus condiciones de detención entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.

Con él, enfrentan cargos dos exjefes de la PFA -el comisario Leonardo Rafael Benítez (también detenido) y el subcomisario Guillermo Gabriel Gallo- cuya responsabilidad era custodiar a Suris; y una mujer entrerriana -Mariana Martínez- quien lo visitaba con frecuencia y se encargaba de la logística para que mejoraran las condiciones del detenido.

Los cuatro deberán comparecer a partir del miércoles 18 de febrero de 2026 y durante dos semanas en el edificio de calle Primera Junta y San Jerónimo, donde enfrentarán cargos por los delitos de cohecho -activo y pasivo-, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secreto, según cada caso.

El tribunal, integrado por los camaristas José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Ricardo Moisés Vázquez, programó audiencias para los días 18, 19, 25 y 26 de febrero próximo, lapso durante el cual está previsto que declaren 41 testigos, entre ellos, efectivos de la fuerza que relataron que debían cocinar el asado que compraba Suris para compartir con otros internos.

También comparecerán otros presos federales que compartieron la estadía con Suris y veían como éste recibía un trato verdaderamente diferenciado. Además habrá testigos de actuación de los allanamientos y de concepto.

El juicio a Suris y los jefes de la federal santafesina tendrá interés central en la agenda pública santafesina, no sólo por las características del principal imputado -su nombre estuvo vinculado al mundo de la farándula la década pasada cuando estuvo en pareja con una vedete y actriz uruguaya-, sino por el equipo de abogados que participarán del debate.

Tres de los cuatro imputados cuentan con defensas de renombre nacional.

La defensa de Suris la ejerce el Dr. Carlos A. Broitman, defensor de ricos, famosos y narcos de alta gama. Defendió al empresario Matías Garfunkel, en una disputa millonaria con Victoria Vanucci; también a Mariana Nannis hace muchos años.

Pero sobre todo se lo vincula a causas pesadas como el triple crimen de la causa efedrina, cuando representó a Ivar Pérez Corradi; o a los hermanos Juliá, en la causa “narcojet” cuando transportaron casi mil kilos de cocaína a España.

Aunque con un papel casi secundario en la causa, Mariana Martínez cuenta con la representación de Fabián Améndola y Fernando Burlando, este último, quizás el más mediático de la Argentina.

Por su parte, el comisario Benítez delegó su defensa en el Dr. Leandro N. Amuy; mientras que el subcomisario Gallo contará con asesoría letrada de la Defensa Pública Oficial.

La acusación estará encabezada por el fiscal general Martín Suárez Faisal y su equipo, quienes parten del trabajo realizado por sus pares de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, encargados de requerir la elevación a juicio en mayo de 2025.

El pedido de elevación a juicio atribuye a los cuatro investigados graves cargos de corrupción.

Los comisarios, particularmente, están acusados de haber recibido dinero, supuestamente canalizado por Martínez en nombre del detenido Suris (quien enfrenta cargos de cohecho activo), a cambio de otorgarle privilegios especiales durante su reclusión, como acceso a teléfonos, visitas sin restricciones y uso de áreas no autorizadas.

Además, Benítez es acusado de violación de secretos por filtrar información confidencial de una investigación judicial a Suris. El documento acusatorio detalla las pruebas documentales, testimoniales y periciales reunidas que respaldan la solicitud de llevar la causa a juicio oral.

Juan Ignacio Suris, empresario y financista bahiense condenado a 8 años de prisión por asociación ilícita fiscal y comercio de estupefacientes, fue detenido el 23 de noviembre de 2023 en Esperanza y alojado luego en la División Unidad Operativa Federal Santa Fe (DUOF) de la Policía Federal Argentina.

A los pocos meses de su detención, se reveló que Suris habría recibido tratos de privilegio sistemáticos, al punto de ser apodado por los propios agentes como “el tercer comandante” o “el inquilino”.

Según el Ministerio Público Fiscal, el detenido tenía acceso a oficinas de mando, participaba en reuniones internas, utilizaba instalaciones a discreción y contaba con el servicio de los agentes para realizar compras, pedir comida por aplicaciones o incluso preparar asados para él y otros reclusos.

La maniobra, que según la pesquisa se extendió entre el 27 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2024, quedó al descubierto tras una denuncia anónima.

El allanamiento de Gendarmería a la sede de la DUOF permitió secuestrar documentación y recoger testimonios de agentes y otros detenidos que confirmaron el cuadro de privilegios.

Suris manejaba dinero en pesos y dólares dentro del lugar, administrado y registrado por personal policial en un libro interno especialmente habilitado. También compró materiales para realizar una remodelación de su lugar de encierro.

Como consecuencia, la Justicia Federal de Santa Fe ordenó la indagatoria de Benítez primero y avanzó en una causa que expone un funcionamiento irregular dentro de la dependencia, donde un preso condenado por delitos graves habría logrado convertirse en un detenido “súper VIP” con acceso y beneficios completamente prohibidos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados vayan a juicio oral por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, al rechazar recursos extraordinarios de las defensas, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal avaló la decisión que había tomado al respecto la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio en el caso que se abrió por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó en octubre de 2021 a todos los acusados por inexistencia de delito. "El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito", dijeron en aquel fallo los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, en una decisión que fue apelada por la DAIA y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

En septiembre, la Cámara Federal de Casación había anulado el sobreseimiento de Fernández de Kirchner en la causa, donde la ex mandataria está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA, y ordenó que se realizara el juicio oral.

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó Nisman, y en la que sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de detención de Interpol que pesaban sobre ellos.

La Corte consideró que el de Cristina era un recurso inadmisible, ya que lo que se apelaba no es una sentencia definitiva. El fallo desestimó el planteo por unanimidad. Contó con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"La gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que esta Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. No toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional", expresaron los cortesanos.

En otra resolución, la Corte rechazó una recusación planteada por el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini contra los miembros del Máximo Tribunal y ratificó a los tres jueces para el juicio.

Dos de ellos ya condenaron a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y ahora volverán a juzgarla en fecha todavía sin determinar en el expediente por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.

Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu y el flamante presidente de la Asociación de Magistrados, Fabián Basso, quienes integrarán junto a Javier Feliciano Ríos el tribunal que se encargará del juicio por la Causa Memorando.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, y los días 7, 8, 9, 22 y 23 de este mes, la Casa de la Cultura del Bicentenario suspenderá sus actividades por el desarrollo de un juicio oral y público en sus instalaciones. De esta forma el Gobierno de Venado Tuerto da cumplimiento a un pedido formal del Poder Judicial de la Nación, gestionada por el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario, Mario Gambacorta.

Las audiencias se desarrollan entre las 9 y las 15, por lo cual durante estos días estará interrumpido el programa de actividades que el Gobierno Municipal lleva adelante en ese espacio.

Tal como se había anunciado, poco después del mediodía de este miércoles 12 se dio a conocer la sentencia en el marco del juicio oral y público denominado “Megaestafa inmobiliaria”, en la cual el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como el líder de la banda delictiva, recibió la pena de 12 años de cárcel (el fiscal Matías Merlo había solicitado 16 años por considerarlo jefe de una asociación ilícita), además de la inhabilitación por el mismo lapso para ejercer la profesión.

En tanto, para el gestor Raúl Jaime el castigo es de 10 años de prisión (la Fiscalía pidió 12 años), y de tres años y medio para Marcelo J. Sava (se habían solicitado seis años).

Todos ellos habían sido acusados de apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos en Venado Tuerto y un gran campo en la localidad de San Eduardo.

Cabe mencionar que el Tribunal pidió que el encarcelamiento de Di Benedetto, Jaime y Sava, sea en un presidio provincial.

Entre los funcionarios locales y provinciales presentes en el auditorio, sobresalieron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el subsecretario de Asuntos Registrales en el gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, Matías Figueroa Escauriza; las diputadas provinciales Clara García y Rosana Bellatti; y los concejales Nahuel Pasquinelli y Leonardo Calaianov.

El juicio había comenzado el martes 10 de mayo y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Luego del paso de decenas de testigos por los tribunales, a comienzos de septiembre se llevó adelante el alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó “un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo” dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

En tanto, luego fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto.

Nahuel Pasquinelli, Matías Figueroa Escauriza, Clara García, Leonel Chiarella y Rosana Bellatti, minutos antes de la condena a los culpabes.

El fiscal Merlo había señalado, previo a la condena, que las principales pruebas son “testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hizo las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compra-venta para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que hicieron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. Es un abanico grande de pruebas (…) En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto, acusado en este juicio”.

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Díaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dall’Armellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez, fueron sentenciados a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

NOTICIA EN DESARROLLO

En referencia a la información cubierta y publicada días atrás por Sur24, sobre la condena a prisión de 17 personas por tráfico de estupefacientes, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, mencionó que continuará denunciando “estos actos delictivos para que se sigan desbaratando bandas que venden droga y que afectan a la seguridad de los venadenses”, recordando que en 2018 formalizó una denuncia indicando 10 lugares de venta de droga en la ciudad.

Cabe recordar que el jefe del ejecutivo local presentó una denuncia con nombres, apellidos, direcciones y fotografías de personas que en un principio se dedicarían a la venta de estupefacientes. Y una vez avanzado el proceso, declaró en la causa como testigo el pasado 21 de junio.

El intendente Chiarella declaró como denunciante y testigo contra vendedores de droga

“Este martes (21/06) me presenté a declarar como denunciante en el marco del juicio oral que se está llevando adelante en nuestra ciudad en contra de diferentes bandas que operaban en distintos barrios con venta de estupefacientes”, señaló en ese momento Chiarella luego de su exposición ante la justicia. El mandatario recordaba que esta declaración reafirma la presentación que realizó en 2018 ante el Juzgado Federal venadense, con información sobre 10 lugares de venta de droga en la ciudad, denuncia en la que adjuntó fotos y nombres de personas dedicadas a este delito.

En este sentido, hoy señaló: “Esperamos que la Justicia acompañe nuestros esfuerzos; la sociedad necesita penas duras con el fin de que estos delincuentes no vuelvan a recuperar la libertad en poco tiempo”, haciendo referencia al fallo resuelto en el marco del primer Juicio oral y público federal desarrollado en Venado Tuerto.

Aurelio Cuello Murúa como Juez y Javier Arzubi Calvo como fiscal, iniciaron las actuaciones el 7 de octubre de 2018, a raíz de un llamado anónimo efectuado a la Central de Emergencias 911 de la Policía de la provincia de Santa Fe, mediante el cual una persona puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes, de Venado Tuerto, se estarían llevando a cabo conductas relacionadas con el comercio de material estupefaciente, y que en ese lugar viviría “el gordo C.”. En razón de los distintos seguimientos efectuados y de las intervenciones telefónicas, se determinó que las personas investigadas se dedicaron al comercio de material estupefaciente, llevando a cabo las maniobras en las localidades de Venado Tuerto, Rufino, Firmat y Melincué, operando algunos desde la cárcel de Coronda. En consecuencia, se hicieron efectivos 20 allanamiento el 27 de febrero 2019, donde se procedió al secuestro de distintas cantidades de material estupefaciente, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos. Y se procedió a la detención de varias de las personas investigadas. A un número importante de los aprehendidos se les atribuyó “sembrar, cultivar y guardar para producir estupefacientes” distintas plantas de cannabis sativa que fueron encontradas en los domicilios. Como así también, en otros casos, la comercialización de cocaína.

Venado Tuerto: condenaron a 17 personas por venta de estupefacientes

En nota publicada, como único medio, el pasado 11 de julio se daba a conocer que el Tribunal hizo lugar a los pedidos de suspensión de juicio a pruebas respecto de Romina Daiana Rocío Pietracola y Juliana Anahí Chávez, por el término de un año, imponiéndole las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y mantenerla por todo el lapso indicado, realizar las labores comunitarias ofrecidas en la ONG Imagina y en el merendero Manos Solidarias del Centro Comunitario Barrio Islas Malvinas, ambas dependencias de Venado Tuerto, que se harán efectivas tres horas semanales. Absolver a Ángeles Tatiana Brun, por falta de acusación del Ministerio Público Fiscal. Condenar a Natalí Rafaela Castelli, a las penas de seis años y seis meses de prisión, como coautora del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y sirviéndose de un menor de dieciocho años. Imponer a Guillermo Sebastián López mediante el método de unificación de penas, la pena única de nueve años de prisión por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y sirviéndose de un menor de dieciocho años de edad o en perjuicio de él. Para Jesús Alberto Beltrán, mediante el método de unificación de penas, la pena única de siete años de prisión, por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, declarándolo reincidente Condenar a Lucas Damián Spada, a las penas de siete años de prisión, por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, manteniendo la declaración de reincidente. Condenar a Natalí Caroline Macedo González, a la pena de seis años de prisión, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Condenar a Lucas Videla Mirazu, mediante el método de unificación de penas a siete años y nueve meses de prisión, por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Condenar a Fabricio Martín Monsalvo, mediante el método de unificación de condenas, a la pena única de once años, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Condenar a Georgina Ayelén Fernández, la pena de 6 años por considerarla coautora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Condenar a Martín Ezequiel Cardozo, mediante el método de unificación de condenas, a la pena única de prisión perpetua, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio. Condenar a Lucas Leonel Benítez, mediante el método de unificación de condenas, la pena única de cinco años y seis meses de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio. Condenar a Cristian Leonardo Pérez, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio. Condenar a Florencia Natalí Pessarello Aguilera, a la pena de cuatro años de prisión, por considerarla autora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio. Condenar a Denis Enrique Tognoni, mediante el método de unificación de condenas, a la pena de cinco años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio. Condenar a Facundo Alejandro Ramiro Rodríguez, a las penas de cuatro años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio. Condenar a Rosa Haydee Rodríguez, a las penas de tres años de prisión de ejecución condicional, por considerarla partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada; en concurso real con del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y en carácter de autora. Condenar a Maira Jaquelina Crespo, a las penas de tres años de prisión de ejecución condicional, por considerarla partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Condenar a Belén Cristina Fernández, a las penas de tres años de prisión de ejecución condicional, por considerarla partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Absolver por el beneficio de la duda a Walter Castelli. Absolver por el beneficio de la duda, a Luis Emiliano Bonahora Curi (agente de la Policía Federal). Mantener el estado de libertad de los encartados que así llegaron a esta instancia, hasta tanto el presente pronunciamiento adquiera firmeza.

Este miércoles, en la localidad de Venado Tuerto, en el marco del juicio oral y público que se realiza contra una asociación ilícita que se dedicaba a estafar a vecinos del sur santafesino, el Registro de la Propiedad Inmueble participó en su calidad de denunciante, entre un total de 80 testigos.

En representación del organismo provincial, dialogó con El Litoral el exdirector Matías Figueroa Escauriza, quien explicó que se trata de una organización que se apropiaba ilegítimamente de campos, lotes y casas con un accionar “burdo, pero a la vez sofisticado”. “Buscaban campos cuyos dueños estaban fallecidos o ya no vivían en Venado Tuerto, hacían poderes apócrifos -como que el dueño de la propiedad daba un poder de venta- y las transferían a nombre de terceros, sacándolas del patrimonio de sus verdaderos dueños y, en muchos casos, ya transfiriéndolas nuevamente a terceros que compraban de buena fe estos inmuebles”, detalló. “Esto lo vienen haciendo sistemáticamente hace mucho tiempo, son más de mil hectáreas de campo y en las ocho denuncias que presentamos son más de 39 inmuebles de Venado Tuerto”, añadió el exfuncionario.

Figueroa Escauriza indicó que el Registro de la Propiedad Inmueble tomó conocimiento de la situación por un caso de casi 500 hectáreas en el que la víctima se enteró que se estaban vendiendo sus campos quería saber si era verdad. “Empezamos a investigar, verificamos que efectivamente se estaban vendiendo y que el dueño del campo del que era heredero había fallecido hacía quince años y le habían falsificado la firma y empezamos a hacer un trabajo de inteligencia que vino también de la mano con la modernización del registro de la propiedad, para poder detectar este tipo de estafa inmobiliaria”, recordó el entonces director del organismo.

“Esta fue la primera denuncia -presentada en agosto de 2017- de 39 estafas que hicieron y que se fueron detectando internamente en la repartición, por la decisión política, en su momento, de Miguel Lifschitz, que decía que investiguemos todos los delitos complejos”, agregó.

Ahora que comenzó el juicio oral y público, todos los testigos tienen que declarar y se espera que en un mes y medio tiene que estar la sentencia para conocer qué responsabilidad penal les cabe. “Está estipulado para el 3 de julio pero se calcula que se va a extender medio mes más”, estimó.

En cuanto al destino de los terrenos, el exfuncionario manifestó que al día de hoy, todos estos bienes están congelados y se necesita la sentencia, “para primero empezar a devolverle a las víctimas; y, en los casos donde haya un adquirente de buena fe, con el patrimonio de estos delincuentes, se va a resarcir a las víctimas”.

“Son delincuentes de guantes blancos -consideró Figueroa Escauriza-, porque eran profesionales: abogados, escribanos, contadores, médicos, empresarios, prestanombres, que formaban parte de esta organización criminal; y es la causa de megaestafa inmobiliaria más grande que se investigó en la historia de la provincia de Santa Fe, porque tienen un patrimonio estafado en más de veinte millones de dólares -al día de hoy cuatro mil millones de pesos- para que tomemos dimensiones de la magnitud y la cantidad de terrenos y campos que han estafado a víctimas del sur santafesino”.

Según detalló, “uno de los imputados es un gestor que estaba todo el día dentro del Registro de la Propiedad, que tenía acceso a mucha información y está sindicado como uno de los principales responsables de esta asociación”, pero también “había un médico que firmaba certificados como que las personas tenían capacidad para firmar las escrituras y realmente eran certificados “truchos”; así como dos escribanos, abogados, contadores, y el fiscal, en la apertura, pidió la pana de 16 años de prisión para el líder, un abogado de apellido Di Benedetto… era una mafia muy grande y como se denomina vulgarmente ‘de guantes blancos’, que son por lo general difíciles de imputar”.

“Aportamos pruebas a todos estos juicios desde hace seis años, desde que está esta causa en marcha y por eso estamos contentos de que ya haya llegado a juicio y se esté por fallar porque realmente es un ejemplo para la sociedad: si quien roba una bicicleta va preso, cómo puede que ser una persona que robó veinte millones de dólares, después de seis años siga tomando un café en el centro de Venado Tuerto, porque esto es lo que la sociedad no entiende con la justicia, que tengamos ciudadanos de primera y de segunda, y pedimos que se resuelva rápido”, manifestó. “Si cometió un delito, no importa la profesión que tiene; tiene que pagar”, concluyó el exdirector del Registro.

La causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria” llega a juicio oral y público. Así fue confirmado por la Oficina de Gestión Judicial. La primera de las audiencias será el 3 de mayo. 

Desde el organismo además confirmaron que el tribunal pluripersonal estará integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baraballe, mientras que el fiscal será Matías Merlo.  

En el banquillo de los acusados estarán aquellos imputados por ser integrantes de la banda delictiva que se quedaba con campos, casas y terrenos a través de distintas maniobras fraudulentas y que no aceptaron aún condenas o  apelaron la sentencia que ya habían aceptado en el juicio abreviado, entre ellos el abogado venadense Antonio Di Benedetto, indicado como el cabecilla de la asociación ilícita, quien cambió de abogado defensor y será defendido por Ángelo Rossini (defensor de Leonardo Peiti en la causa por juego clandestino), quien ocupa el lugar de Joaquín Fraga. El comerciante venadense Marcelo Sava, quien sería el que figuraba como titular en las transacciones inmobiliarias, también estará en el banquillo de los acusados.  

Fiscal Matias Merlo.

Cabe destacar que el abogado penalista Antonio Di Benedetto había recibido una condena a través de un juicio abreviado donde acetó su culpabilidad, pero luego presentó una apelación rechazando la condena a seis años y seis meses de prisión. 

Además de Di Benedetto, en el mismo juicio abreviado aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: Raúl Jaime (cinco años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva). 

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño. 

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos complejos en 2017. 

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de viviendas y terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías. 

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional. 

Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo.

Dos mujeres y un hombre fueron condenados a tres años de prisión por la autoría del delito de lavado de activos cometido en Melincué y en otras localidades del sur provincial. Así fue resuelto por el juez Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral y público, en el cual el MPA fue representado por el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Matías Merlo.

Las condenadas son Ana Inés Llovera, de 80 años, y Andresa Ramona Baéz, de 47 (de nacionalidad paraguaya), mientras que el hombre condenado es Gustavo David López, de 51. Además de la pena de prisión -que en los tres casos será de cumplimiento condicional-, se les impuso el pago de multas.

Llovera deberá abonar 2.873.462 pesos; Baéz tendrá que pagar 1.437.912 pesos; y la multa impuesta a López es de 4.311.374 pesos.

En su resolución, el juez Baravalle también dispuso el decomiso de dos camiones y de dos acoplados. Asimismo, rechazó los planteos de incompetencia, nulidad e incongruencia que fueron presentados por el abogado defensor.

Merlo detalló que “en este caso, el dinero había sido obtenido por López del facilitación y la explotación económica de la prostitución de mujeres que prestaban y ofertaban sus servicios sexuales en el bar nocturno El Encuentro”. El funcionario del MPA recordó que “el condenado y otro hombre eran los administradores del local comercial”.

“En el debate pudimos demostrar que se configuró el lavado de activos”, remarcó Merlo. “Aportamos pruebas que permitieron establecer con certeza la relación entre las ganancias ilícitas, la explotación sexual de las mujeres y la compra de los bienes para introducirlos en el mercado legal”, añadió.

Merlo se mostró conforme con la decisión de condenar a los acusados. Sin embargo, dijo que “leeremos en profundidad los argumentos del juez para poder sacar conclusiones y analizaremos los pasos a seguir”.

Por último, el fiscal subrayó que “si bien en la provincia hay algún registro de condenas por lavado de activos, habían sido impuestas en procedimientos abreviados, por lo que la del juicio oral y público que finalizó hoy fue la primera por este delito”.