Este martes 17 de junio comenzó el juicio oral y público contra Pedro Ortiz y Hontoria, exdirector del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Está imputado por cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas menores de edad, ocurridos tanto en el ámbito escolar como durante viajes institucionales a Santa Rosa de Calamuchita.

El juicio, que se desarrolla en los tribunales venadenses, se extenderá durante al menos dos semanas, con audiencias previstas hasta fines de junio y una extensa lista de testigos, entre los que figuran padres, profesionales de la salud, docentes y personal del establecimiento. También se proyectarán las cámaras Gesell de las niñas víctimas y de otras testigos menores.

La Fiscalía acusa a Ortiz y Hontoria de haber cometido abusos entre 2019 y 2021, aprovechando su condición de autoridad pedagógica y su cercanía con las alumnas. La querella está a cargo de la abogada Ana María Regidor, representante de una de las familias, quien remarcó: “Estamos juzgando a un hombre adulto que abusó de cuatro niñas menores de edad. Esto no es un juicio contra la Iglesia ni contra la congregación ni contra el colegio”.

Regidor subrayó que los hechos denunciados comparten una mecánica reiterada, basada en el abuso de poder, el aislamiento de las víctimas, y una constante presión psicológica ejercida por el imputado, quien —según el relato de las niñas— aprovechaba situaciones cotidianas, como clases, actividades extracurriculares o salidas escolares, para perpetrar los abusos.

La primera jornada estuvo marcada por la presentación de incidencias procesales por parte de la defensa, que intentó invalidar la constitución del tribunal, argumentando supuestas irregularidades en la excusación de una de las juezas originales. Según alegó, la jueza Marinucci, quien se había excusado por proximidad con una de las víctimas, no había formalizado correctamente su apartamiento, lo que —a criterio de la defensa— tornaba nula la integración actual.

Sin embargo, tras un cuarto intermedio, los jueces desestimaron el planteo por considerarlo extemporáneo y carente de agravio concreto. “El tribunal está constituido desde septiembre de 2024 y la defensa nunca cuestionó su composición hasta hoy”, explicó Regidor, quien agregó que la defensa incluso admitió no tener objeciones personales contra el juez que se integró en reemplazo.

Sí fue admitido un segundo pedido de la defensa: que el imputado pueda seguir el debate en forma remota vía Zoom, por “dificultades para permanecer en Venado Tuerto durante el proceso”. La excepción fue concedida con la condición de que Ortiz y Hontoria se presente en forma presencial el día de la lectura del fallo.

La primera testigo del juicio fue una psicóloga que declaró no en su rol clínico, sino como referente de la Oficina para la Recepción de Denuncias de Abusos de parte del Clero o Consagrados, una estructura eclesiástica de investigación interna. Según explicó, fue la primera en recibir la denuncia de padres preocupados por el comportamiento del religioso, lo que dio origen a una investigación interna en el ámbito de la Iglesia.

De ese proceso resultó un expediente actualmente radicado en Roma, aún sin resolución canónica. La testigo aseguró que ni el hermano Santos ni el hermano Lázaro —referente nacional de la congregación— consideraron verosímil la denuncia. Según su declaración, atribuían las actitudes del imputado a su carácter, restando importancia a las señales de abuso.

“Cuando los padres no obtuvieron respuesta en el plano eclesiástico, decidieron avanzar con la denuncia penal”, explicó Regidor.

Los cuatro hechos por los que se acusa a Ortiz y Hontoria habrían ocurrido dos en el interior del colegio y dos en un hotel de Santa Rosa de Calamuchita, durante actividades recreativas organizadas por la institución. La querella indicó que la mecánica del abuso fue reiterada: acercamiento físico injustificado, comentarios de connotación sexual, manipulación emocional y sometimiento en contextos donde el imputado tenía autoridad directa sobre las niñas.

“Una de las niñas incluso relató que sufrió abusos tanto en el colegio como en el hotel”, agregó Regidor. Los testimonios, tanto de las víctimas como de otras menores que actuaron como testigos, serán claves para reconstruir el patrón de conducta del imputado.

Según lo previsto, las audiencias continuarán durante esta semana y la próxima. Este miércoles se realizará la cámara Gesell de la niña representada por Regidor, acompañada por los testimonios de terapeutas y psicólogos que la asistieron durante su tratamiento. “Es un cronograma flexible, puede haber modificaciones si hay convenciones probatorias o testigos que desistan de declarar”, aclaró la abogada.

Además, se espera el testimonio de personal del colegio, peritos que relevaron los espacios donde habrían ocurrido los abusos, y profesionales que elaboraron los informes psicológicos incorporados como prueba.

Cobertura periodística y fotos: Mauro Dalmazzo. 

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván Gastón Raposo, presentó una requisitoria de acusación contra Miguel Oscar H. (44), conocido como "El Sodero", por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión efectiva.

El hecho

Según la investigación, el hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2020 a la 1:20 de la madrugada, en las inmediaciones de la calle Salvadores al 100, en Venado Tuerto. La víctima, Carlos Alberto S., fue atacada con un arma de fuego calibre 32. “El Sodero” disparó cuatro veces: tres tiros impactaron en la cabeza de la víctima y uno en el abdomen. Milagrosamente Carlos Alberto sobrevivió.

Pruebas y testimonios

La acusación del MPA se fundamenta en múltiples pruebas, entre ellas:

Antecedentes y conflicto previo

Según testimonios, Miguel Oscar y Carlos Alberto tenían una relación conflictiva previa. Dos semanas antes del ataque, la víctima habría prendido fuego unas tarimas que pertenecían a “El Sodero”. El enfrentamiento entre ambos se habría agravado con el tiempo, aunque la víctima declaró que no esperaba un ataque de tal magnitud.

Calificación legal y pedido de pena

El fiscal calificó el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa" y solicitó una pena de seis años de prisión efectiva. Argumentó que agresor actuó con plena conciencia de sus acciones y sin ningún justificativo legal que atenúe su responsabilidad.

En la tarde de este martes el intendente municipal, Leonel Chiarella, se presentó en el Juzgado Federal local para declarar en carácter de denunciante y testigo en el juicio contra un grupo de vendedores de drogas de la ciudad.

El inicio de la causa se produjo en 2018 cuando el entonces concejal denunció con nombre y apellido a personas que, supuestamente, se dedicaban a la venta de estupefacientes.

Sala de los Tribunales Provinciales en Venado Tuerto donde se desarrolla el juicio

“Este martes me presenté a declarar como denunciante en el marco del juicio oral que se está llevando adelante en nuestra ciudad en contra de diferentes bandas que operaban en distintos barrios con venta de estupefacientes”, señaló Chiarella luego de su exposición ante la justicia.

El mandatario recordó que esta declaración reafirma la presentación que realizó en 2018 ante el Juzgado Federal venadense, con información sobre 10 lugares de venta de droga en la ciudad, denuncia en la que adjuntó fotos y nombres de personas dedicadas a la venta de droga.

“Esta es nuestra manera de enfrentar al narcotráfico y avanzar contra estas bandas que generan tanto perjuicio a la sociedad, y ahora esperamos que este juicio oral y la justicia dicten penas duras y ejemplares contra estos delincuentes”, remarcó Chiarella.

Juez Federal Osvaldo Fasciano.

La causa

Las actuaciones iniciadas a partir de las denuncias del intendente Chiarella comenzaron el 7 de octubre de 2018, a raíz de un llamado anónimo efectuado a la Central de Emergencias 911 de la Policía provincial, mediante el cual una persona puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes, de Venado Tuerto, se estarían llevando a cabo conductas relacionadas con el comercio de estupefaciente.

En razón de los distintos seguimientos efectuados y de las intervenciones telefónicas, se determinó que las personas investigadas se dedicaban al comercio de material estupefaciente, llevando a cabo las maniobras en las localidades de Venado Tuerto, Rufino, Firmat y Melincué, operando algunos desde la cárcel de Coronda.

Asimismo, se determinó que en algunas de las maniobras estaría implicado un integrante de la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

Fuerte operativo por calle Chacabuco, frente al Juzgado provincial.

En este marco, el 27 de febrero de 2019 se efectuaron 20 allanamientos, donde se procedió al secuestro de distintas cantidades de material estupefaciente, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos, y se procedió a la detención de varias de las personas investigadas.

En la denuncia presentada en 2018 cuando Leonel Chaiarella aún era concejal, figuran distintos domicilios, entre los que sobresalen uno de calle Correa Llovet esquina Antártida Argentina, otro de Roca al 1100, República de Irlanda al 1600 y Miguel Tonelli al 1300.

Fotos: Sur24