Este lunes 23 de marzo de 2026, comenzó en los tribunales de Río de Janeiro el juicio contra la abogada argentina Agostina Páez (29). El proceso, que capta la atención de la opinión pública de ambos países, busca determinar la responsabilidad de la joven en un episodio de injuria racial ocurrido el pasado 14 de enero.

Páez, quien permanece en Brasil bajo arresto domiciliario y con monitoreo por tobillera electrónica, llegó a la audiencia de instrucción acompañada por su nueva defensa técnica, encabezada por la abogada Carla Junqueira.

Agostina Páez cumple medidas restrictivas ordenadas por la justicia brasileña.

El Ministerio Público de Río de Janeiro ha sido taxativo en su acusación. El hecho se originó tras una discusión por el cobro de una cuenta en un local gastronómico, donde Páez fue captada realizando gestos que simulaban a un mono frente a empleados del lugar. Bajo la Ley 14.532, que equipara la injuria racial al racismo, este delito es imprescriptible y no excarcelable bajo fianza en territorio brasileño.

La fiscalía ha solicitado que se aplique la figura de "concurso material", argumentando que hubo tres víctimas distintas en tres momentos diferentes del altercado. De prosperar este pedido, la sumatoria de penas podría alcanzar los 15 años de prisión efectiva, un escenario que la defensa califica como "desproporcionado".

Desde el inicio del calvario judicial, Páez ha manifestado vivir en un estado de "paranoia constante" y temor por su integridad física. Recientemente, la abogada difundió un video en sus redes sociales donde pidió disculpas públicas y admitió que su reacción fue "horrible", aunque negó ser una persona racista.

Su defensa actual busca demostrar que no existe riesgo de fuga y solicita que se le permita continuar el proceso desde Argentina, pedido que hasta el momento ha sido sistemáticamente rechazado por la justicia carioca para no "debilitar los mecanismos de control".

El caso de Agostina Páez se ha convertido en un emblema de la política de endurecimiento contra la discriminación en Brasil. El gobierno local incluso ha utilizado imágenes del incidente en campañas oficiales, lo que fue denunciado por la imputada como una "utilización política" de su imagen. Mientras tanto, en Argentina, colegios de abogados y familiares han solicitado la intervención de Cancillería ante lo que consideran un trato judicial riguroso en extremo.

El inicio de este juicio marca un punto de inflexión para los ciudadanos argentinos que viajan al exterior. Lo que comenzó como una disputa comercial en un bar de Ipanema ha derivado en un proceso penal que podría cambiar para siempre la vida de una joven profesional. El mensaje de la justicia brasileña es nítido: las conductas discriminatorias ya no son tratadas como contravenciones menores, sino como crímenes de Estado con penas de cumplimiento efectivo.

(Por Juliano Salierno) - Una investigación judicial por enriquecimiento ilícito en la comuna de Villa Saralegui, ubicada en el departamento San Cristóbal, derivó en la detención este jueves, del ex mandatario comunal, Walter A. Sola.

El caudillo local fue apresado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en una causa que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos del MPA, la Dra. Bárbara Ilera. Además, se encuentra privado de la libertad su hijo Nicolás.

La noticia comenzó a circular a media mañana y este mediodía fuentes del MPA confirmaron sendas detenciones.

La investigación tiene eje en la administración comunal de Villa Saralegui. Foto: Archivo

Aunque la causa remite al pueblo de VIlla Saralegui, los allanamientos -unos diez en total-, se realizaron este jueves en la ciudad de San Justo, ubicada a 33 km al oeste, por ruta provincial Nº 2.

Una mutual, un hotel, un estudio contable, comercios y viviendas particulares, estaban siendo resguardados esta mañana por la fuerza policial especializada, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de distintas unidades regionales de la zona.

Las detenciones se produjeron como resultado de una denuncia iniciada en 2023 y ampliada en 2024, cuando un grupo de productores rurales de la zona pusieron bajo sospecha el destino de los fondos recaudados en concepto de la tasa por hectárea, que desde su asunción tuvo aumentos exorbitantes, alcanzando cifras de hasta el 400%.

Walter Sola estuvo una década al frente de la comuna del departamento San Cristóbal. Foto: Archivo

En ese entonces se produjo lo que se denominó una “rebelión fiscal” por parte de los productores locales, que ya habían instalado el caso a nivel nacional, luego de un hecho de violencia en octubre de 2022, cuando los Sola -padre e hijo-, golpearon al productor Leonardo González Kees, vecino del lugar y cuñado del diputado nacional José Luis Espert.

Por ese hecho, Walter y Nicolás Sola deberán enfrentar un juicio oral, fijado primeramente para agosto, pero reprogramado para el 17 de octubre próximo, bajo los cargos de "lesiones, daños y amenazas".

Entre tanto, el 7 de marzo de 2024 el nombre de Sola volvió a los medios, cuando fue acusado de instigar una tentativa de homicidio, cuando un ladero suyo -Rodrigo Nicolás Basigaluppo, quien actualmente está detenido- atacó a balazos a Matías Gamboa, quien lo había enfrentado en las últimas elecciones y había salido electo como primera minoría.

Por Juliano Salerno (El LItoral)

La primera semana de juicio oral a los exjefes de Policía, Omar Odriozola y Rafael Grau, acusados de comandar una asociación ilícita dedicada a lucrar con la reparación de móviles policiales entre 2015 y 2016, terminó con dos declaraciones altisonantes en los Tribunales de Santa Fe.

El viernes el tribunal que integran los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, escucharon a un arrepentido -uno de los 9 condenados en la causa-, que describió con precisión y detalle cómo realizaban la maniobra delictiva. Pero además, complicó a los jefes que, según su versión, estaban al corriente de la trama.

Sus dichos deberán ser evaluados por el tribunal, en el contexto del juicio, en el que todavía falta que declaren unos 40 testigos y quedan por delante tres arduas semanas de audiencias.

La otra declaración que tuvo amplia repercusión pública, fue la del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, “testigo uno” del debate, ya que siendo ministro de Seguridad provincial, denunció el hecho el 4 de mayo de 2016.

El jueves, apenas había comenzado el juicio, Pullaro estuvo dentro de la sala. Llegó acompañado por el actual ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, se sentó frente al estrado, donde prestó juramento y se limitó a responder las preguntas del fiscal Ezequiel Hernández.

“Tenía que ser yo el que llevara adelante la denuncia”, dijo, al resaltar “la gravedad institucional” que implicaba el tema.

Recordó que asumió el Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre de 2015 y terminó su mandato el 10 de diciembre de 2019, pero que a los 5 meses de estar en el cargo “me anoticio de un anónimo que llegó al Ministerio de Seguridad” en el cual “había datos específicos y certeros de corrupción institucional”. Allí se marcaban “vehículos, talleres y reparaciones que no se hacían”.

En los pasillos de tribunales lo aguardaban los principales medios de la ciudad para entrevistarlo, ya no en carácter de testigo privilegiado, sino en su rol de gobernador de los santafesinos.

El mensaje fue claro y contundente y tuvo diferentes destinatarios. Le habló a la tropa cuando dijo que “la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la policía de la provincia de Santa Fe son gente buena”.

Pero también a los que llevan charreteras, al recordarles que “ahora volvimos a actuar de la misma manera” (en alusión a la causa por robo de combustible en la Unidad Regional II de Rosario que tiene a 13 policías -4 comisarios- en prisión preventiva).

Y si bien el mensaje amplio estuvo dirigido a los ciudadanos de toda la bota, aprovechó para recordar a los funcionarios políticos qué es lo que se espera de ellos: “Cuando esas cuestiones llegan a la autoridad política, tiene que tener mucha, pero mucha ejemplaridad”.

“Yo en ese momento me vi muy conmovido con lo que se me anoticiaba a través de un anónimo, muy certero, que venía de alguien que conocía la operatoria (...) que terminaba siendo una defraudación muy grande al Estado de la provincia de Santa Fe”, recordó el mandatario.

“Entendí que como ministro de Seguridad, pero fundamentalmente como máxima autoridad en ese momento de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe, tenía que hacer esa denuncia y acompañé ese mensaje anónimo con mi firma”, destacó.

-¿Le preocupa que haya una matriz que se repite? -preguntó uno de los cronistas, en clara alusión a la causa combustibles de Rosario.

-Nosotros actuamos hace 9 años de una manera y ahora volvimos a actuar de la misma manera. Y tal vez llame la atención, pero estos dos casos suceden cuando estamos en gestión nosotros. ¿Por qué? Porque no toleramos la corrupción institucional.

El ex ministro y hoy gobernador barajó las alternativas que tuvo en aquel momento y dijo que “tranquilamente yo me podría haber hecho el zonzo, podría haber tirado el anónimo y haberlo desconocido, si total nadie se iba a enterar”.

Reconoció que “ese tipo de hechos generan mucho ruido institucional”, especialmente “en una fuerza como la Policía o el Servicio Penitenciario”.

Episodios de ese calibre “le generan tensión a la autoridad política, pero si uno quiere mejores instituciones democráticas en la provincia de Santa Fe, en este caso para que pueda mejorar la seguridad pública, no puede permitir ningún tipo de corrupción”.

También le preguntaron por lo que significa este mensaje puertas adentro de la institución policial, a lo que el gobernador expresó su convicción en que “el mensaje es de profundo apoyo”. "Nosotros respaldamos a la policía para que tenga todo lo que tiene que tener, que no le falte nada, pero no vamos a tolerar nunca la corrupción”.

-¿Qué sintió usted? ¿Se sintió defraudado por quienes eran los máximos jefes en ese momento? -irrumpió otra periodista radial.

-Yo no siento nada, yo hago lo que tengo que hacer como funcionario público, que es no hacerse el boludo en estas cosas. Porque es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen y que no haya crisis institucionales. Entonces, parece que la cosa va derecha, pero en realidad va torcida y cada vez se va torciendo más.

Luego volvió a referirse a “los hombres y mujeres de la fuerza de seguridad” que “lo tomaron como un respaldo porque la policía no es mala. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la policía de la provincia de Santa Fe son gente buena, gente trabajadora, gente honesta”.

Por último apostó a “mejorar las instituciones democráticas” en pos de “un Estado más eficiente” y aseguró que “mientras sea gobernador todos los funcionarios tienen la obligación de denunciar”.

El juez en lo Criminal Fernando Caunedo envió a juicio oral al intendente de La Matanza Fernando Espinoza por presunto "abuso sexual y desobediencia", al rechazar un pedido para dictar el sobreseimiento.

El magistrado dio por clausurada la investigación y remitió el expediente a sorteo de Tribunal Oral procesado por el abuso a Melody Jacqueline Rakauskas, querellante en la causa, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"No obstante el esfuerzo de la defensa en desacreditar a la querellante, y el extenso escrito presentado para reclamar el sobreseimiento del imputado, haciéndose eco de las peticiones coincidentes de ambos fiscales; encuentro inadmisible el cierre anormal del proceso que propone en esta etapa crítica, e improcedente la revisión del caso que de mí se pretende, en sustitución de la discusión que debe darse en un juicio oral y público, como ha previsto el legislador y pide la querellante", resolvió el magistrado.

Espinoza fue enviado a juicio por "haber abusado sexualmente mediante tocamientos en el cuerpo de Melody Jacqueline Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de la intendencia del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en el interior del departamento donde se domiciliaba la referida, sito en la avenida Juan de Garay 492 5° piso “B” de esta ciudad, el día 10 de mayo de 2021, a partir de las 21.30 horas".

"En efecto, en la fecha y hora indicadas, el imputado, intendente del referido municipio y en ese entonces superior jerárquico de la víctima, se presentó en el lugar luego de referirle previamente que quería cenar con ella para conversar sobre su trabajo", según el requerimiento de elevación a juicio firmado hoy por el juez.

La ex secretaria de Espinoza refirió que comenzó a trabajar en la Municipalidad de La Matanza el 28 de abril de 2021, "en negro" y que aludían a ella con un nombre falso, "María Micucci".

A los pocos días, Espinoza la convocó a cenar en su casa, "lo que la tomó por sorpresa puesto que se lo dijo en términos de imposición como algo ya decidido" y eso se repitió en dos ocasiones más hasta la noche del abuso en el domicilio de ella.

Según la denuncia, el Intendente dijo estar contracturado, pidió que le hiciera masajes y luego intentó abusarla. “Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien”, refirió la denunciante que le dijo Espinoza mientras le pedía que le practicara sexo oral. Ella se resistió y Espinoza se fue de su domicilio "ofuscado".

Al enviar el caso a juicio, Caunedo evaluó que es en la etapa de debate oral donde "se debe adoptar una decisión definitiva en el caso, tras una instrucción regularmente cumplida, de acuerdo al desarrollo efectuado al reseñar el trámite procesal".

"A modo de síntesis, cabe destacar que la controversia se ciñe a la credibilidad del discurso de la querellante, como única prueba directa del abuso sexual denunciado, por cierto negado por el imputado, cuyo descargo ha quedado parcialmente desvirtuado con evidencias objetivas, que respaldan su presencia en el lugar al momento del hecho investigado", analizó.

"La credibilidad de una u otra versión mejor podrá apreciarse en un juicio oral, merced a las ventajas que presenta la inmediación con las partes y el tribunal, en un contradictorio pleno y con igualdad de armas", concluyó.

Espinoza también fue enviado a juicio por "haber desobedecido el 1º de julio de 2021, en horas de la tarde" una prohibición de acercamiento a la denunciante.

A lo largo de su resolución, el magistrado advirtió que el sistema de justicia tiene el deber de poner su " máximo esfuerzo para su investigación y juzgamiento, conforme a la política de estado en protección de la mujer, siguiendo compromisos internacionales de la Argentina frente a la comunidad de naciones, y a la legislación interna dictada en consecuencia".

"Máxime cuando, por otra parte, se advierte una clara asimetría entre las partes, porque el imputado es la máxima autoridad en el municipio, y la querellante era una mera empleada que acababa de incorporarse a trabajar, sin soslayar la diferencia de edad", advirtió el juez.

El abogado que asumió la defensa de Juan Alfredo “Fredy” Dabove, condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, Arsenio Domínguez, informó que este viernes presentarán la apelación a este fallo de primera instancia, resuelto por el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Benjamín Révori.  

A su vez, confirmó que el martes 6 de agosto, a las 7.15, se llevará a cabo una audiencia oral y pública en los tribunales venadenses con el objetivo de “tratar la cautelar de prisión preventiva”, decisión que también había sido recurrida por la anterior defensora, la Dra. Silvia Cousello. “Allí se confirmará o revocará esta medida dictada por el tribunal actuante en la causa principal”, explicó el letrado en diálogo con VerTv.

Según recordó Domínguez “a Dabove se lo acusa de violación con acceso carnal, que habría sido cometido con un palo, que no se conoce la estructura o dimensiones ya que no fue hallado, o una rama con pinche, que lo asimila a una planta de rosas”, agregando que hay una acusación alternativa subsidiaria que dice que “para el caso de no ser probada esa violación con penetración, que se lo condene por abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la guarda; y en algún tramo de la investigación se lo había intimado por corrupción de menores. Es decir que hay distintos tipos de calificaciones, lo que, a mi opinión, debilita la pieza acusatoria, porque si estuviera tan claro el delito, no hace falta las acusaciones alternativas”, expresó. 

También remarcó que la acusación la hace la madre de los menores, denuncia que se formula en marzo del 2020, hace más de 4 años atrás. 

Luego de todo el proceso y la investigación preparatoria, se llegó al juicio que terminó el pasado 19 de julio, con la condena de primera instancia a 11 años de prisión. “Lo que estamos pidiendo ahora es que se revoque el fallo y se lo declare libre de culpa y cargo porque, a priori, consideramos que no hay elementos incriminantes para semejante acusación”, enfatizó. 

Uno de las pruebas que la defensa considera clave, es el examen del médico forense, que “no vio ningún tipo de hematoma, escoriación, ni fisura, es decir ninguna irregularidad en la zona anal del menor, por lo tanto, nos llama la atención que en este tipo de delitos la prueba clave es el informe del médico forense”, planteó. 

Según el informe del médico forense, el pequeño tenía una pequeña congestión, pero “se puede obedecer a otra causa; no pudo aseverar que haya sufrido algún tipo de penetración. En nuestra opinión, debe prevalecer el informe médico a cualquier pericia psicológica o lo que pueda manifestar el menor en la Cámara Gesell, porque si está diciendo una cosa que la realidad demuestra que no se configura, no puede ser causal para condenar a una persona”.

Además, exclamó: “Según se estableció en la acusación, los casos se habrían producido cuando el menor tenía entre tres y cuatro años, algo que nos llama la atención, porque introducir o penetrar a un menor con un palo o una rama con espina tiene que producir daños en su cuerpo” .

Domínguez también criticó el rol de los psicólogos, ya que “son de parte y está en juego la imparcialidad”. A su vez marcó que dichos profesionales, “en vez de escuchar primero a los menores y formular un diagnóstico, escucharon la versión de su mamá; de ese modo lo que hacen es predisponerse para seguir ese camino”, aseveró.

Seguidamente, hizo referencia al rol de la Cámara Gesell: “Creo que hay que formularle muchas críticas. Primero, porque en el proceso acusatorio, quienes deben interrogar a los testigos son las partes; aquí la que interroga es una psicóloga, mientras que los abogados y los peritos tenemos que estar detrás del vidrio, es decir que no tenemos ningún tipo de participación, más allá de alguna pregunta que se le pueda trasladar. Vemos que los psicólogos van induciendo o llevando al menor, a través de preguntas sugestivas, lo cual está prohibido, a que diga lo que el señor fiscal necesita en un caso; va direccionando el interrogatorio. Segundo, que el entrevistador debe ser designado por el juzgado, no por el fiscal, porque los peritos que toman la Cámara Gesell son funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, o sea que responde a una de las partes”. 

Por última, disparó: “Cómo puede ser que un psicólogo, en una entrevista de 20 minutos pueda determinar si es creíble o no lo que dice un menor”. 

Lo más cercano será el martes con la apelación de la cautelar, donde se determinará si Dabove continuará en prisión o en libertad, y luego se avanzará en la apelación del fallo, lo cual demorará un tiempo. “El expediente tiene que ingresar a la Cámara donde permanecerá 10 días hábiles, para luego designar el tribunal y poner la fecha de audiencia. Es decir que pude demorar un par de meses”, adelantó.

Por último, el abogado señaló que en caso de que la Cámara confirme la prisión preventiva, elevarán el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y si se revoca la decisión del tribunal de primera instancia, tampoco será inmediato, ya que se deberán imponer normas de conducta y fijar caución, pero “sabiendo que debe acatar lo que su superior ha dicho”.

Un preparador físico de 54 años cuyas iniciales son GOC comenzará a ser juzgado por los abusos sexuales que sufrieron nueve personas en un gimnasio en Venado Tuerto. Será en el marco de un juicio oral que, según lo programado, iniciará este martes a las 8.30 en los tribunales venadenses.La fiscal Florencia Schiappa Pietra investigó lo ocurrido y representará al MPA a lo largo del debate. En tal sentido, la funcionaria adelantó que solicitará que el acusado sea condenado a la pena de 35 años de prisión.Por su parte, el tribunal que estará a cargo del debate está conformado por los jueces Benjamín Révori, Aldo Baravalle y Lorena Garini.

“Los hechos que investigamos fueron cometidos en perjuicio de nueve víctimas, todas menores de edad, entre 2008 y 2021”, sostuvo Schiappa Pietra, y agregó que “el acusado perpetró los ilícitos en un gimnasio ubicado en Venado Tuerto al que las niñas asistían en busca de sus servicios como entrenador deportivo”.La funcionaria del MPA se explayó acerca del accionar delictivo y detalló que “GOC agredió sexualmente a las víctimas mientras les hacía supuestos masajes descontracturantes en distintas partes del cuerpo”. Al respecto, aclaró que “los hechos se reiteraron en el tiempo y hubo menores de edad que sufrieron los abusos durante al menos tres años”.“Las víctimas concurrían al gimnasio entre dos a cuatro veces por semana”, indicó la fiscal. “El acusado aprovechó esos momentos en los que quedaban a su cargo y actuó a través de engaños y manipulaciones”, precisó.Schiappa Pietra subrayó que “GOC abusó de su rol de entrenador y de la vulnerabilidad extrema de las víctimas, quienes habían confiado en él para crecer en competencias deportivas”. También puntualizó que “el acusado era reconocido localmente por la supuesta calidad de los servicios deportivos que brindaba y gozaba de cierto poder, el cual configuró el medio comisivo y le facilitó impunidad al momento de desplegar su accionar delictivo”.

Por los delitos en perjuicio de dos de las nueve víctimas, el acusado será juzgado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Todos los delitos fueron atribuidos agravados por ser el acusado encargado de la educación.Al hombre investigado también se le endilgó la autoría de cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante; un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Todos estos ilícitos también son agravados por ser encargado de la educación

Según lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Venado Tuerto, la jornada de mañana empezará este martes a las 8.30 con los alegatos de apertura de las partes y continuará con las declaraciones testimoniales.La Fiscalía presentará más de 70 testigos a lo largo del juicio. Por su parte, tres de las víctimas, que actualmente son mayores de edad, brindarán su testimonio personalmente ante el tribunal.Los alegatos de clausura fueron programados para el jueves 14 de marzo, mientras que el lunes 18 está previsto que se realice la audiencia en la que los jueces darán a conocer la sentencia.

La aprobación del pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, por impulso del kirchnerismo en el Senado y mediante una votación que terminó siendo desempatada por la presidenta pro témpore del cuerpo, habilitó interrogantes sobre la procedencia del trámite, la manera en que se producirá la reinserción de la magistrada y los efectos que esto podría tener sobre los fallos que dispusieron llevar adelante el juicio oral en las causas Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán.

A esta altura, algunas pocas dudas comenzaron a quedar despejadas. Específicamente, la desvinculación de Florencia Kirchner de la causa por lavado de dinero en los hoteles de la familia en El Calafate, ya que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, decidió no apelar el sobreseimiento que resolvieron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Cuando los camaristas firmaron la resolución que se concentraba en las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero, y anularon la decisión de dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que habían sobreseído a todos los acusados a fines de 2021, fueron determinantes en la necesidad de que la inocencia o culpabilidad de los imputados, se resuelva en la instancia de debate.

La única excepción en aquel fallo fue Florencia Kirchner: Petrone y Barroetaveña no revocaron su sobreseimiento. Su edad fue un factor clave, y el rol de su hermano y la dinámica familiar también fueron tenidos en cuenta por los camaristas. Entendieron que no se le podía "exigir" una conducta distinta a la que tuvo en este caso y que, si existió un delito, lo decidieron "otras personas" que "mantenían con ella una relación asimétrica", de autoridad, porque eran sus padres y su hermano. El fiscal compartió el criterio de los magistrados y no apeló, por lo cual ésa cuestión está zanjada.

En cambio, no ocurrió lo mismo con la decisión de enviar a juicio oral a Cristina Fernández y Máximo Kirchner, decisión que la defensa pretende anular. Entre los argumentos, criticaron que la decisión haya salido con la firma de dos camaristas y sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, cesada en sus funciones por la Corte a principios de mes.

"La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada (Ana María Figueroa) a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa", manifestaron los abogados

Figueroa cumplió 75 años, la edad límite que establece la Constitución Nacional para su ejercicio como magistrada, el 9 de agosto.

La jueza Ana María Figueroa cumplió 75 años el pasado 9 de agosto.

La Corte Suprema, con el voto de sus cuatro integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), había resuelto dejar cesante a Figueroa el 6 de septiembre. Ahora, tras el extemporáneo trámite en el Senado, el Gobierno pretende que vuelva a su puesto, clave en las causas de Hotesur y Los Sauces y en la del Memorándum con Irán.

La jueza necesitaba el aval del presidente Alberto Fernández para continuar en la Cámara Federal de Casación por 5 años más. Luego de alguna demora que alentó especulaciones, el Ejecutivo lo firmó este martes por la noche. Con esa norma en la mano, y los fundamentos que la sustentan, la jueza debe reclamar ahora su restitución ante el Consejo de la Magistratura. Se entiende que eso habilitará una consulta con los jueces del fuero de Casación Penal, y eventualmente ante la Corte, que ya se expidió.

De todo este proceso resultará establecer si se trata de una nueva designación (y por lo tanto la magistrada deberá volver a prestar juramento), o de una extensión de sus funciones anteriores, que ya habían cesado. Y también si podrá volver a su antiguo puesto: la presidencia de la Cámara está ocupada ahora por Mariano Borinsky, y se tomaron medidas para cubrir el cargo. O si, finalmente, se considera que el trámite no se hizo de la manera correcta, considerando que se trata de una "ex jueza" (como ya dijo la Corte),.

De acuerdo al artículo 99, inciso 4, de la Carta Magna argentina, el Presidente tiene entre sus atribuciones designar jueces "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos". Allí también se especifica que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años". Y agrega: "Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

La votación en el Senado para que Figueroa continúe por cinco años más fue muy ajustada. Al oficialismo le costó conseguir quórum y una vez que lo logró hubo doble empate a la hora de votar. Terminó desempatando la legisladora santiagueña Claudia Ledesma Abdala (esposa del gobernador de esa provincia Gerardo Zamora) quien estaba a cargo de la presidencia provisional de la Cámara ya que Cristina Kirchner se había retirado del recinto.

Invocando esas circunstancias, y el texto literal de la Constitución, se presentó una denuncia contra los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad en Casación de Figueroa. La Fundación Apolo, con la firma de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Manuel Otegui, los denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la presentación de Apolo, los legisladores en cuestión "ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia", ya que buscan "retrotraer 'contra legem' la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta".

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini. Y se sumó al profuso entramado de planteos judiciales que atraviesan las causas en cuestión, y a los tres poderes del Estado junto con ellas.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, recusó a los cuatro jueces de la Corte Suprema en el marco de la reapertura de la causa por el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA.

El funcionario presentó un Recurso Extraordinario ante el máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Casación que anuló el sobreseimiento de todos los imputados, apartó a los jueces que lo habían dispuesto y ordenó la realización del juicio oral.

Zannini no estaba entre los originalmente denunciados por el difunto fiscal Alberto Nisman, pese a lo cual el fallecido juez Claudio Bonadio lo incluyó en la acusación, lo procesó y lo metió preso.

Zannini, a través de su abogado, Mariano Fragueiro Frías, también pidió la separación de la causa de los jueces de Casación –Diego Barroetaveña y Daniel Petrone- que ordenaron la reapertura del expediente.

"Los magistrados firmantes de la decisión impugnada demoraron la resolución del recurso por casi dos años, término en el que la tercera integrante del Tribunal (Ana María Figueroa) cumplió la edad en que, para permanecer en el ejercicio de su cargo, el Senado debe prorrogar su nombramiento", argumentó la defensa.

Zannini interpretó que Petrone y Barroetaveña "intencionadamente la excluyeron de la deliberación, privándola de emitir su voto en la resolución de este recurso".

Sobre los jueces de la Corte Suprema, la defensa del procurador del Tesoro consideró que no pueden intervenir en esta instancia porque prejuzgaron al ordenar el cese en funciones de la jueza Figueroa cuando estaba pendiente su reválida en el Senado.

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Comenzó el juicio oral a un hombre de 38 años que es investigado por abusar sexualmente de tres niñas en la ciudad de Venado Tuerto. Los ilícitos fueron cometidos en contra de la hija de una mujer con la que el acusado mantenía una relación de pareja y de dos personas que integran el entorno familiar de esa víctima.

El debate inició hoy a la mañana ante un tribunal compuesto por los jueces Silvina Marinucci (presidenta), Mauricio Clavero y Lorena Garini. Por su parte, la fiscal que representa al MPA es Florencia Schiappa Pietra, quien en su alegato de apertura manifestó que solicitará que el acusado sea condenado a 15 años de prisión.

La fiscal afirmó que “el acusado, cuyas iniciales son DAG, vulneró la integridad sexual de la hija de su pareja durante alrededor de 10 años”, y precisó que “los primeros abusos ocurrieron cuando la niña tenía edad para ir al jardín de infantes y los últimos, cuando la víctima transitaba la escuela secundaria”.

Asimismo, indicó que “el hombre atacó a las otras dos niñas durante aproximadamente dos años”, y detalló que “el accionar delictivo en perjuicio de ellas comenzó en la época en la que cursaban la escuela primaria”.

Schiappa Pietra dijo que “los abusos ocurrieron en diferentes viviendas en las que el acusado residió junto a la hija de su pareja y otros integrantes de la familia”, y aclaró que “a raíz del vínculo que las unía a la niña, las otras víctimas solían ir de visita a esos domicilios”.

Por otra parte, la funcionaria del MPA valoró que “en el marco de la investigación, las tres personas a las que el hombre investigado atacó fueron entrevistadas en cámara Gesell y relataron de forma contundente sus padecimientos”.

Al hombre investigado se le atribuye la autoría de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravados (por la guarda y por haber sido cometidos en contra de una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente); de abuso sexual gravemente ultrajante; y de abuso sexual simple.

La querella se constituyó en relación a una de las víctimas y está representada por la abogada Ana Regidor.

De acuerdo con lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) venadense, la lectura de la sentencia será el miércoles de la semana que viene.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El fiscal federal Diego Velasco pidió hoy que se rechace el planteo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, de sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y de otros acusados en las causas Los Sauces y Hotesur y que se haga el juicio oral. El fiscal planteó que toda la prueba se debe analizar en el proceso oral para el que pidió que se fije su fecha de inicio para juzgar una presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Velasco presentó esta mañana su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que ahora debe resolver si sobresee a Cristina Kirchner y al resto de los acusados o si rechaza los planteos y confirma la realización del juicio oral.

A fines de octubre la defensa de la vicepresidenta y de sus hijos, a cargo del abogado Alberto Beraldi, pidió la desvinculación del caso. Luego se sumaron otros imputados, empresarios y el contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios acusados. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La defensa de los Kirchner planteó varios argumentos para pedir el sobreseimiento. Sostuvo que no hubo lavado de dinero porque el dinero para pagar los alquileres estaba bancarizado y que se puede seguir su trazabilidad. También que si no hubo lavado tampoco existió la asociación ilícita. “La ausencia de afectación del bien jurídico tutelado en la norma que prohíbe la conducta de lavado de activos fulmina cualquier posibilidad de progreso a la imputación que en esta dirección se efectúa respecto a nuestros defendidos, por su atipicidad, lo cual entendemos evidente y no precisa de la realización de un debate oral para su comprobación”, analizó la defensa para pedir el sobreseimiento.

Con la opinión de las defensas luego fue el turno de los acusadores. La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante en la causa, no dijo si se debe aceptar o rechazar el sobreseimiento. Los abogados de la UIF sostuvieron el lunes que el Tribunal Oral debe resolver el planteo y que se debe tener en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

Esta mañana dictaminó la Fiscalía en un escrito de 72 páginas al que accedió Infobae. Velasco sostuvo que los pedidos de sobreseimiento se deben rechazar. Explicó que todavía hay prueba pendiente que se está realizando -dos peritajes que están en el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un pedido de informes a la municipalidad de Río Gallegos que hace dos años no contesta- y que todo eso se debe analizar en un juicio oral. Agregó que los planteos de sobreseimiento violan el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a analizar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción.

También señaló que un planteo similar ya fue resuelto por el TOF 5 y que actualmente se encuentra apelado en la Corte Suprema. La Fiscalía citó en sus argumentos el fallo “Blaquier” del máximo tribunal en el que sostuvo que la Cámara Federal de Casación no puede analizar prueba si el juicio no se realizó. Velasco agregó que si Casación no puede hacerlo, tampoco un Tribunal Oral que es una instancia inferior.

“Existe un peligro de resolver cuestiones inherentes a otros procesos en trámite que provocarían un conflicto jurisdiccional sin precedentes”, señaló Velasco. La referencia es porque las defensas sostienen que si el delito precedente del lavado son las obras públicas que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Lázaro Báez, uno de los acusados del caso, esa situación ya fue desestimada por la justicia de Santa Cruz. Pero el fiscal señaló que otro tribunal oral está haciendo el juicio por las obras públicas.

Así, el fiscal planteó que los pedidos de sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los acusados se deben rechazar y avanzar al juicio oral. Sobre eso, Velasco le solicitó al TOF 5 que le ponga un plazo a los peritos de la Corte Suprema para finalizar los peritajes y que cuando estén terminados fije fecha para iniciar el juicio oral.

Con todos los planteos ahora deben resolver los jueces del TOF 5, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Esa integración tiene un límite. A fin de mes Grünberg deja el tribunal porque se le termina su subrogancia, por lo que la expectativa está puesta en si los magistrados tratarán los pedidos antes de que termine noviembre o si la resolución llegará a partir de diciembre con el nuevo juez que se integre a Palliotti y Obligado.

La decisión que tome el tribunal puede ser apelada a la Cámara Federal de Casación Penal y luego a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el caso llegue a Casación intervendrá la Sala I. Es la misma que en abril pasado sobreseyó a Cristina Kichner en la causa de dólar futuro.

Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral en cinco causas después que dejó en 2015 la Presidencia de la Nación. En dólar futuro y en la firma del memorándum de entendimiento con Irán fue sobreseída. En el expediente por las presuntas irregularidades en las obras públicas que Báez recibió para la provincia de Santa Cruz está siendo juzgada desde mayo de 2019. En Los Sauces-Hotesur busca ahora su sobreseimiento. Y el quinto expediente, el llamado de “los cuadernos de la corrupción”, está a la espera de a definición de qué prueba se analizará que se fije de la fecha de inicio del juicio.

Esta es la segunda vez que el fiscal Velasco dictamina sobre un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner. Lo había hecho en la causa de dólar futuro en la que también pidió que el pedido sea rechazado. Y los jueces Grünberg y Obligado también resolvieron causas de la vicepresidenta. Grünberg votó por el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro -sus dos colegas del TOF 1 opinaron en contrario y el sobreseimiento en ese expediente lo dictó Casación- y Obligado hizo lo propio en la firma del memorándum con Irán.

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