Un hombre de 51 años fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Venado Tuerto. La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado impulsado por el fiscal Luis Lagioia. Además, se le impuso una multa de 45 unidades fijas y fue declarado reincidente por segunda vez.

Un allanamiento y el secuestro de cocaína

El condenado es Carlos Daniel Reinoso, quien fue considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El hecho investigado ocurrió durante la noche del 6 de noviembre de 2025, cuando se realizó un allanamiento en su vivienda de calle Caparrós, en Venado Tuerto.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 146,4 gramos de cocaína, 194.150 pesos en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con la acusación, las características del material encontrado y otros elementos recolectados durante la investigación permitieron sostener que la droga estaba destinada a la comercialización.

Filmaciones y testimonios

La investigación no se limitó a los elementos incautados durante el allanamiento. Previamente se habían realizado distintas tareas que permitieron obtener registros fílmicos en inmediaciones del domicilio.

Según consta en la causa, las imágenes captaron situaciones considerados compatibles con maniobras de venta de estupefacientes.

A esas pruebas se sumaron testimonios de vecinos que dieron cuenta de un movimiento frecuente de personas y señalaron la existencia de una actividad vinculada con la comercialización de sustancias ilegales.

Los mismos elementos habían sido mencionados cuando el caso se encontraba en su etapa inicial: tras el allanamiento se habían informado el secuestro de 146,4 gramos de cocaína, dinero y un teléfono celular, además de tareas de vigilancia que documentaron presuntas operaciones de narcomenudeo.

Acuerdo entre la Fiscalía y la defensa

El proceso terminó mediante un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa de Reinoso, ejercida por el abogado Héctor José Marchisio.

Como parte del procedimiento, el acusado aceptó el hecho atribuido, su calificación jurídica y la pena acordada.

La pena acordada fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La resolución también estableció la declaración de reincidencia por segunda vez.

La investigación federal que en noviembre de 2025 tuvo uno de sus capítulos más resonantes con el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína sobre la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo, avanzó en estos días con siete condenas para integrantes de la organización investigada por comercializar estupefacientes en distintas ciudades de la región.

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, homologó los acuerdos plenos alcanzados entre la Fiscalía Federal y las defensas dentro de la carpeta judicial, en tanto que los imputados aceptaron la existencia de los hechos, su participación, la calificación legal y las penas acordadas. Las audiencias se desarrollaron los días 21 y 27 de agosto.

Además, tanto la acusación como las defensas renunciaron a los plazos procesales para recurrir la resolución, por lo cual las condenas adquirieron firmeza.

La sentencia alcanzó a Leonel Víctor Andrada, Carina Elizabet Alviso, Josué Emir Bustos, Ayelén Florencia Castillo, Carla Danisa Enea, Juan José Cabello y Ana Paula Muñoz. El tribunal tuvo por acreditado que participaron, con distintos grados de responsabilidad, de una estructura dedicada al comercio de estupefacientes que mantenía movimientos en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Andrada fue condenado a seis años de prisión efectiva como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

En el caso de Alviso, se acordaron seis años y seis meses de prisión efectiva por comercio agravado y transporte de estupefacientes. Como tenía una condena condicional anterior de la Justicia provincial, se revocó ese beneficio y ambas sanciones fueron unificadas en una pena única de siete años de prisión efectiva.

Bustos recibió tres años de prisión efectiva como partícipe secundario, aunque al unificarse esta pena con otra condena federal anterior deberá cumplir siete años de prisión.

Por su parte, Castillo fue condenada a tres años efectivos y, al acumularse esta sanción con otra sentencia previa, recibió una pena única de cinco años y seis meses. Además, fue declarada reincidente por segunda vez.

Finalmente, Carla Enea, Juan José Cabello y Ana Paula Muñoz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, junto con multas y distintas reglas de conducta. En el caso de Muñoz, el tribunal también le impuso como obligación culminar sus estudios secundarios.

La resolución requirió cupos para trasladar a Andrada, Alviso, Bustos y Castillo al Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los hechos centrales del expediente ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando personal de Gendarmería interceptó un Chevrolet Onix Joy en el kilómetro 133 de la Ruta Provincial 90.

En el vehículo viajaban Carina Alviso y M.A.E, quienes se dirigían desde Cañada de Gómez hacia Venado Tuerto. En el interior de una mochila fueron encontrados cuatro paquetes que posteriormente arrojaron un peso exacto de 4.279,77 gramos de cocaína. También se secuestraron $418.110, una navaja y otros elementos.

Un informe de ARCA-Aduana Venado Tuerto incorporado al expediente determinó que el valor de plaza de la cocaína secuestrada ascendía a 90.846 dólares.

El procedimiento había sido informado en su momento por Sur24, que dio cuenta de que los ocupantes regresaban hacia Venado Tuerto después de abastecerse en Cañada de Gómez. Aquella detención desencadenó nueve allanamientos: seis en viviendas, uno en una celda de la Unidad Penal de Coronda y otros dos en sectores de la Alcaidía de Melincué. En total participaron alrededor de 40 efectivos de Gendarmería y 12 móviles.

La reconstrucción de la investigación permite además precisar un eslabón que todavía no tiene sentencia firme. R.E.T, oriunda de Cañada de Gómez, aparece sindicada como una de las proveedoras de la estructura, y sería en esa ciudad donde Alviso habría retirado la cocaína posteriormente encontrada sobre Ruta 90.

Ese tramo será parte de la continuidad del expediente, porque R.E.T, M.E, A.W.C, S.E y C.A.O aún permanecen sometidos al proceso penal federal. La propia sentencia menciona a esas cinco personas como integrantes de la organización junto con los siete ahora condenados y otros sujetos todavía no individualizados.

Como informó Sur24 cuando se produjo el operativo de noviembre, la pesquisa había comenzado en abril de 2025, a partir de denuncias anónimas ingresadas mediante el Buzón de la Vida de Venado Tuerto.

A partir de esos datos, la Fiscalía Federal fue cruzando información con otra investigación que meses antes había permitido desarticular un clan familiar que comercializaba drogas en barrio Villa Moisés. De esa manera comenzaron a identificarse distintos niveles de la estructura: proveedores, personas encargadas del transporte y vendedores con actividad en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

La causa de Villa Moisés también se había iniciado por denuncias anónimas y, en febrero de 2025, derivó en cinco allanamientos, detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana, municiones, dinero y teléfonos. La investigación reveló además la presunta intervención de un expolicía provincial y su esposa, quienes habrían brindado información a los integrantes de aquella organización sobre posibles procedimientos.

La resolución conocida esta semana, por lo tanto, no cierra por completo la carpeta judicial. La situación de A.W.C, M.E, R.E.T, S.E y C.A.O todavía debe resolverse.

Para el próximo lunes 31 de agosto está prevista la audiencia de control de la acusación, instancia previa al eventual avance hacia un juicio oral. Sin embargo, algunos de los imputados ya adelantaron su voluntad de formalizar acuerdos plenos, por lo que podrían seguir un camino procesal similar al de los siete condenados ahora.

Actualmente, todos se encuentran en prisión preventiva por disposición del Juzgado Federal, con excepción de S.E.

Entre ellos se encuentran dos protagonistas de uno de los episodios centrales del expediente: M.E, quien conducía el automóvil interceptado con los 4,2 kilos de cocaína, y R.E.T, señalada en la pesquisa como proveedora desde Cañada de Gómez. De esta forma, la próxima audiencia marcará otro paso relevante dentro de una causa que ya produjo siete condenas firmes, pero que todavía mantiene abierto un segundo frente judicial.

El fallo también dedica un apartado especial al acuerdo correspondiente a Alviso, ya que el artículo 323 del Código Procesal Penal Federal establece que el procedimiento abreviado procede cuando el Ministerio Público Fiscal considera suficiente una pena privativa de la libertad inferior a seis años, mientras que en su caso se habían pactado seis años y seis meses.

Cuello Murúa consideró que esa diferencia no impedía homologar el convenio y para fundamentarlo citó jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y antecedentes de otros jueces federales de Garantías de Rosario, entendiendo que, con la conformidad de la acusada y su defensa, superar ese límite no afectaba garantías constitucionales y permitía dar una resolución más rápida al conflicto.

Además de las penas, el tribunal dispuso el decomiso de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión, un disco rígido y dos motocicletas, entre otros bienes considerados vinculados con la actividad investigada. Asimismo, autorizó al Ministerio Público Fiscal a destruir el material estupefaciente secuestrado.

La sentencia deja otro dato de magnitud: los dictámenes químicos y las pericias sobre teléfonos realizados por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la UNIPROJUD Venado Tuerto de Gendarmería Nacional representan un costo total de $228.906.897,93, suma incluida dentro de las costas consignadas en el proceso.

Así, el procedimiento abreviado permitió cerrar la situación de siete integrantes de una estructura cuya investigación comenzó con información aportada anónimamente por vecinos y tuvo su imagen más contundente en aquellos cuatro paquetes de cocaína interceptados sobre Ruta 90. La causa, sin embargo, aún no terminó: otros cinco acusados afrontarán el lunes una instancia decisiva ante la Justicia Federal de Venado Tuerto.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a dos mujeres a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en una red de apuestas ilegales mediante casinos online. Una tercera imputada permanecerá en prisión preventiva durante 30 días mientras avanza la investigación, que abarca Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel.

Las audiencias estuvieron y la investigación estuvieron a cargo de la fiscal Mayra Vuletic. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las involucradas cumplían distintas funciones dentro de una estructura dedicada a vender créditos virtuales, recaudar dinero y transferir las ganancias hacia niveles superiores que todavía no fueron identificados.

Condena para Carla Celeste Giménez

Carla Celeste Giménez, de 30 años, oriunda de Villa Cañás, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras un acuerdo abreviado homologado por la Justicia. Se la responsabilizó como autora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino, y como coautora de amenazas calificadas por ser coactivas.

Según la acusación, Giménez (junto a otra persona) habría intimidado a través de redes sociales a una mujer identificada como Mariana P, exigiéndole el pago de un millón de pesos en concepto de una deuda originada en créditos otorgados para apostar en plataformas de casino online. Los hechos incluyeron además una presentación en el domicilio de la víctima, en Villa Cañás, con amenazas de incendiar la vivienda si no se saldaba la deuda. Los episodios se produjeron el 20 y 21 de junio pasado.

En la causa por juego clandestino, se le atribuyó a Giménez la función de "cajera" dentro de la organización, encargada de ofrecer fichas y cargas, y de recibir las ganancias para luego distribuirlas hacia niveles jerárquicos superiores que, hasta el momento, no fueron identificados.

Como parte del acuerdo, el tribunal impuso a Giménez un conjunto de reglas de conducta por tres años: fijar residencia y notificar cualquier cambio de domicilio, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de vincularse con sitios de apuestas no homologados por la provincia, mantener prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su grupo familiar, y no cometer nuevos delitos. Tras la homologación, se dispuso su inmediata libertad.

Rodríguez, condenada por su rol como "cajera"

También fue condenada Zulma Mónica Rodríguez, de 54 años y domiciliada en Venado Tuerto, quien recibió idéntica pena de tres años de prisión condicional como coautora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez habría cumplido funciones de "cajera" en la misma estructura de apuestas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada en mayo pasado. El tribunal le impuso reglas de conducta similares a las de Giménez y ordenó su inmediata libertad tras la homologación del acuerdo.

Prisión preventiva para P.B.H.

Distinta fue la situación de P.B.H., domiciliada en Santa Isabel, para quien la Justicia dispuso prisión preventiva por 30 días.

Según la fiscalía, P.B.H. habría cumplido un rol de financiamiento dentro de la estructura, realizando transferencias de importantes sumas de dinero a Giménez, quien (según la acusación) oficiaba de "cajera" en la red. A esto se sumó un segundo hecho: durante un allanamiento realizado en su domicilio el 24 de julio, la imputada habría inutilizado su teléfono celular arrojándolo al piso, con el objetivo de impedir el acceso a la información allí contenida, un elemento que la fiscalía considera clave como prueba.

Por estos hechos, P.B.H. fue imputada como coautora de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino y como autora del delito de violación de medios de prueba.

Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en un violento robo ocurrido en una vivienda de Venado Tuerto y por otro hecho relacionado con la confección de un boleto de compraventa de una motocicleta a nombre de un menor de edad.

Se trata de Oscar Ezequiel Di Cecco, de 37 años, quien arribó a un acuerdo de procedimiento abreviado con la Fiscalía en dos causas tramitadas ante la Justicia de la Tercera Circunscripción Judicial.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, mientras que la defensa del acusado fue ejercida por el abogado Guido Baudracco.

El acuerdo contempló una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los hechos atribuidos en ambas investigaciones.

Un violento ingreso a una vivienda

El episodio más grave ocurrió el 22 de mayo de 2025, alrededor de las 19:40, en una casa ubicada en calle Salta al 400 de Venado Tuerto.

Según surge de la investigación llevada adelante por Mayra Vuletic, Di Cecco participó del robo junto con Gustavo Fantino y un tercer hombre cuya identidad no había sido determinada.

Los asaltantes llegaron hasta la vivienda y violentaron la puerta de ingreso utilizando un ariete. Una vez en el interior, intimidaron a los moradores y los apuntaron con un arma de fuego.

En esas circunstancias sustrajeron 100.000 pesos en efectivo, un revólver calibre 32, un pulóver y un alhajero negro.

La secuencia se modificó cuando un vecino advirtió lo que estaba ocurriendo y acudió en ayuda de las víctimas.

En ese momento, uno de los delincuentes forcejeó con el hombre antes de que los involucrados escaparan del lugar con los elementos que habían sustraído.

Un robo con tres agravantes

La investigación encuadró el episodio como un robo agravado por diferentes circunstancias.

Entre ellas se contempló el uso de un arma de fuego que no fue hallada durante la pesquisa, la participación de varias personas y la efracción, debido a que los autores forzaron el acceso a la vivienda para ingresar.

El ataque tuvo además la particularidad de haberse producido durante las primeras horas de la noche y mientras los propietarios se encontraban dentro del inmueble.

La venta de una moto a un adolescente

La condena también comprende un segundo episodio ocurrido tres días antes del robo.

Según la investigación, el 19 de mayo de 2025 Di Cecco confeccionó en Venado Tuerto un boleto de compraventa correspondiente a una motocicleta Guerrero Trip.

En el documento figuraba como comprador un adolescente de 16 años y el ahora condenado aparecía como vendedor.

La acusación sostuvo que Di Cecco realizó el documento sabiendo que el joven no tenía la edad ni las condiciones legales requeridas para concretar por sí mismo ese acto.

Además, la Fiscalía consideró que la operación tenía incidencia en la investigación penal relacionada con el violento robo a la vivienda.

Por esa situación se inició una causa por falsificación de documento privado, que finalmente fue incorporada al acuerdo alcanzado entre las partes.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad de Venado Tuerto, presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual Joel Facundo Barrios, conocido como “Motoneta”, aceptó una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Raposo y permitió acreditar que el 9 de abril de 2025, aproximadamente a las 16:00, Barrios llegó junto con otras personas a una vivienda ubicada en Jujuy al 1.400 de Venado Tuerto.

Según la atribución fiscal, Barrios descendió de un automóvil portando una pistola calibre 9 milímetros y efectuó disparos, uno de los cuales impactó en el interior de la vivienda. Otro de los involucrados llevaba un revólver, con el que golpeó a una de las personas presentes, mientras que una mujer exhibía un arma blanca. Una cuarta persona permaneció en el vehículo.

La intervención policial se produjo inmediatamente después del ataque y culminó con la aprehensión de Barrios y otras personas sindicadas como participantes. En el lugar, personal de Policía Científica secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros y constató un impacto compatible con un proyectil de arma de fuego en una de las paredes del inmueble.

La responsabilidad de Barrios también fue respaldada por la declaración de una de las víctimas, quien lo identificó como la persona que portaba la pistola y efectuó los disparos. Para la Fiscalía, el testimonio, la evidencia científica obtenida en la escena y la inmediata actuación policial conformaron un cuadro probatorio sólido y concordante.

Los hechos fueron calificados como abuso de armas y amenazas calificadas por el uso de armas, en concurso con portación indebida de armas de fuego, agravada por la existencia de antecedentes condenatorios.

Además de la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, el acuerdo contempla una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Barrios reconoció su responsabilidad y prestó conformidad con los hechos, la calificación legal y la pena acordada. El procedimiento deberá ser evaluado por el juez interviniente, quien resolverá sobre su homologación.

Nahuel Agustín Fredes (19) fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un procedimiento abreviado que comprendió nueve hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Venado Tuerto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. Asimismo, participó en las tareas investigativas la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo fiscal coordinado por Raposo.

La condena comprende distintos delitos contra la propiedad, entre ellos hurto, robo simple, tentativa de robo calificado por escalamiento y robo calificado por el uso de un elemento punzante como arma impropia. También se incluyeron reiterados incumplimientos de medidas judiciales y un hecho de daño.

Entre los episodios de mayor gravedad se encuentra el robo cometido contra un adolescente con discapacidad, a quien Fredes interceptó al salir de una panadería y amenazó con un elemento punzante apoyado sobre el abdomen para sustraerle su teléfono celular.

La investigación permitió reunir testimonios de las víctimas, registros de cámaras de seguridad, actuaciones policiales, inspecciones oculares, reconocimientos e informes técnicos. La valoración conjunta de esas evidencias permitió acreditar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del condenado.

En el acuerdo se tuvo especialmente en cuenta la cantidad y reiteración de las conductas, la violencia empleada, la vulnerabilidad de algunas de las víctimas y la afectación provocada. Fredes reconoció los hechos y prestó su conformidad con la calificación legal y con la pena impuesta, que deberá cumplir de manera efectiva.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Brandon Andrés Rodríguez, de 23 años, a una pena única de siete años y seis meses de prisión efectiva por un hurto cometido en un comercio y un violento asalto a una vivienda. El fallo también lo declaró reincidente y dispuso que continúe detenido en una unidad penitenciaria provincial.

La resolución fue adoptada mediante un procedimiento abreviado homologado por la jueza Andrea Cavallero. El acuerdo fue presentado por la fiscal Larisa Barucca y la defensora pública María Cecilia Tosco. El imputado aceptó su responsabilidad y las víctimas expresaron su conformidad con la aplicación de este mecanismo judicial.

Ingreso a un comercio

El primero de los hechos ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:25, en el comercio Burger Club, ubicado en Casey al 200 de Venado Tuerto.

Según quedó establecido en el acuerdo judicial, Rodríguez sustrajo previamente la llave de acceso al negocio a una joven que en ese momento era su pareja. Luego utilizó esa llave para ingresar al establecimiento y apoderarse de aproximadamente 100.000 pesos.

Por este episodio fue considerado autor del delito de hurto calificado.

Asalto en una vivienda

El segundo hecho fue cometido durante la madrugada del 5 de enero de 2026. De acuerdo con la acusación, Rodríguez ingresó junto con otro hombre —que todavía no fue identificado— a una vivienda de calle Belgrano al 1500.

En el interior del inmueble se encontraba un hombre de 68 años. Los asaltantes lo amenazaron con un arma blanca tipo cuchillo y le exigieron la entrega de dinero.

Los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 67.600 pesos, documentación personal y otros elementos. Después escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

Rodríguez fue localizado poco después durante un operativo policial realizado en inmediaciones de Avellaneda al 300. Según consta en la causa, estaba oculto detrás de un tapial e intentó escapar cuando advirtió la presencia de los agentes.

Por este episodio fue condenado como coautor de robo calificado por el uso de arma.

La unificación de las penas

Por los dos hechos, la Fiscalía y la Defensa habían acordado una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

Sin embargo, Rodríguez tenía una condena condicional anterior, dictada el 5 de septiembre de 2025. El tribunal resolvió revocar ese beneficio y unificar las dos sanciones, estableciendo una pena única y total de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La jueza también hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y declaró reincidente al condenado.

Para calcular el vencimiento definitivo de la pena deberán contemplarse los períodos en los que Rodríguez estuvo privado de su libertad. El joven permaneció detenido entre el 27 de julio y el 5 de septiembre de 2025, durante un mes y nueve días, y volvió a quedar preso el 5 de enero de 2026.