Dos psiquiatras declararán este jueves en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. Se trata de José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Enrique Gallego, exjefe del Cuerpo Médico de Morón.

La audiencia se desarrolla en una instancia considerada relevante para el debate, debido al peso que tiene la prueba médica en la acusación de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari contra los profesionales y responsables del equipo que atendía al exfutbolista.

Los fiscales imputaron por homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz.

También están acusados el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.

La declaración de los especialistas en Medicina Legal se produce mientras continúa el análisis de diferentes elementos médicos incorporados al expediente.

Durante la jornada anterior, la Junta Médica Interdisciplinaria que analizó la muerte de Maradona revisó documentación vinculada con la historia clínica de su padre, Diego Maradona, conocido como Don Diego.

La situación generó cuestionamientos y renovó las diferencias en torno al desarrollo del juicio. Según explicaron allegados a la investigación, una vez que se establezca la cuestión relacionada con los estudios de Don Diego, se buscará determinar qué análisis y conclusiones se sustentaron en esa documentación para evitar partir de una premisa equivocada.

El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien declaró este martes en el segundo debate oral y público por la muerte del exjugador, habría analizado estudios realizados a Don Diego entre 2012 y 2015. Ese último año permaneció internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su fallecimiento, ocurrido a mediados de junio.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos surgió durante la última audiencia, cuando los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, compararon documentación médica correspondiente a Don Diego con estudios de su hijo realizados en 2019 y 2020.

Según señalaron, los números de afiliado que figuran en los documentos eran diferentes. Ante esa situación, solicitaron realizar una consulta a la empresa de medicina prepaga y pidieron el envío de un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar los ingresos y egresos de Maradona de la Argentina 11 años atrás.

En aquel período, el exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se encontraba en Dubái y regresó al país para participar del cortejo fúnebre de su padre, realizado en el Cementerio de Bella Vista.

De acuerdo con las conclusiones de la Junta Médica, Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, padecía una enfermedad renal crónica.

El informe señaló que sus riñones presentaban una superficie rugosa al ser examinados macroscópicamente. En el análisis microscópico se identificaron necrosis tubular aguda y glomeruloesclerosis, además de fibrosis intersticial y atrofia muscular de carácter leve.

El documento también mencionó el consumo de cocaína entre los posibles factores relacionados con la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, aunque aclaró que no necesariamente se trataría de una causa exclusiva.

Por otra parte, un allegado al expediente negó que algunas de las defensas estén evaluando solicitar la nulidad de la Junta Médica.

Cuatro efectivos policiales brindarán testimonio este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

La cuarta audiencia del debate comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva jornada contará con las declaraciones de cuatro policías, quienes serán convocados ante el tribunal integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Hasta el momento, Álvarez no prestó declaración ante los magistrados durante el debate oral.

En la audiencia realizada el viernes 14 de agosto declaró Carlos Ulises Stiempcich, amigo de Díaz, quien aseguró que intentó intervenir para separar la pelea.

Durante su testimonio, sostuvo que el acusado “le dio un disparo certero en el ojo” a la víctima y que posteriormente efectuó otros tres disparos.

Álvarez había sido detenido luego de confesar el crimen, pero el inicio del proceso judicial sufrió distintas postergaciones debido a su estado de salud mental.

En 2021, el juicio fue suspendido luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el músico no se encontraba en condiciones de ser juzgado. Aunque posteriormente se fijó una nueva fecha para 2023, el debate volvió a suspenderse por su situación psiquiátrica.

Finalmente, el proceso se puso en marcha y la causa continúa bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante las audiencias realizadas hasta el momento, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no brindó testimonio y, según se informó, se quedó dormido en varias oportunidades.

Un cardiólogo declarará este jueves en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y aportará detalles sobre el trabajo realizado por la Junta Médica Interdisciplinaria en 2021.

Se trata de Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse y miembro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

La declaración se dará en el marco de la causa que investiga las circunstancias que rodearon la muerte del reconocido futbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

El análisis fue solicitado por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, junto con la fiscal de la UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra.

Entre las conclusiones, la junta determinó que el corazón de Maradona presentaba un tamaño superior al normal. Además, confirmó los resultados de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando.

Según ese estudio, la causa de muerte estuvo relacionada con una insuficiencia cardíaca congestiva acompañada de edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada.

Otro de los puntos incluidos en el informe señala que Maradona habría agonizado durante unas 12 horas, desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020.

La junta también sostuvo que durante ese período el paciente no habría recibido controles por parte de los enfermeros. Este aspecto fue uno de los cuestionamientos planteados por las defensas durante el proceso judicial.

Los especialistas también analizaron el estado de salud y las capacidades del exfutbolista durante su tratamiento. De acuerdo con las conclusiones del informe, “al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”.

La Junta Médica Interdisciplinaria calificó de “inadecuado, deficiente y temerario” el desempeño del equipo médico que atendió a Maradona.

En el documento, los especialistas también señalaron que, a partir de la documentación analizada, se podía inferir que el equipo tratante había contemplado la posibilidad de un desenlace fatal.

Según la junta, pese a esa posibilidad, no se habrían modificado las conductas ni el plan médico y asistencial establecido, mientras continuaban las omisiones que el informe consideró perjudiciales para el paciente.

La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

Hasta el momento, ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en los Tribunales de San Isidro, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico Pedro Di Spagna.

l médico legista Carlos Mauricio Cassinelli volvió a declarar este martes en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, consignó que la actuación de los enfermeros fue "insuficiente" y remarcó que fue "inadecuado" el retiro de los acompañantes terapéuticos.

El testimonio del forense, uno de los profesionales que realizó la autopsia del célebre futbolista en la morgue de San Fernando, se refirió a la Junta Médica Interdisciplinaria efectuada en 2021, meses después del deceso, y sostuvo que el paciente agonizó durante varias horas, aunque no pudo precisar el tiempo exacto: el análisis determinó unas 12 horas.

Fuentes del caso informaron que Cassinelli ratificó que el resultado de la necropsia fue una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada.

En este sentido, el especialista que protagonizó cruces con el abogado Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque, resaltó que la psiquiatra Agustina Cosachov era una de las profesionales tratantes.

"No se refirió a la cuestión psiquiátrica porque no era especialista y tampoco habló de la cardiológica por los mismos motivos", indicaron los voceros de la investigación.

Además, calificó de "insuficiente" el rol de los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid -afrontará un debate por jurados populares cuando finalice el proceso principal- y consideró que el retiro de los acompañantes terapéuticos no fue correcto, al tiempo que explicó que Diego presentaba enfermedades preexistentes, tales como una cirrosis hepática.

"Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando “a su suerte” el estado de salud del paciente", sostiene uno de los puntos más sobresalientes de la Junta Médica Interdisciplinaria.

En las próximas audiencias habrá más testimonios de especialistas que intervinieron en el análisis, un tema de relevancia para las querellas, los fiscales y las defensas.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Dos policías que participaron de las primeras horas del operativo de búsqueda señalaron que era él quien impartía las órdenes durante los rastrillajes realizados en la localidad correntina de 9 de Julio.

Además, otro testigo que estuvo presente en el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño aportó su versión sobre los movimientos de Loan antes de que se le perdiera el rastro.

Durante la audiencia declararon el sargento Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes participaron del operativo desplegado tras la denuncia por la desaparición del menor.

Alegre explicó que fue quien recibió el llamado telefónico de María Victoria Caillava para informar sobre el extravío de Loan y posteriormente dio aviso a las autoridades. También relató que quedó a cargo de custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado en el barro, elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido colocado allí por Laudelina Peña.

El uniformado afirmó que desconoce quién encontró el calzado y sostuvo que, cuando llegó al lugar, ya había tres cadetes custodiándolo junto al ex comisario Walter Maciel. Según su declaración, fue Maciel quien le ordenó permanecer en la escena junto a otro efectivo hasta que arribara la perito encargada de levantar la evidencia.

Asimismo, indicó que tomó dos fotografías del botín y del lugar donde fue encontrado, y precisó que el elemento permaneció en el sitio alrededor de una hora y media antes de ser retirado por la especialista.

En la misma audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan.

El testigo recordó que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando junto a otros chicos en un tacuaral cuando expresó: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.

Fernández explicó que esa información surgió del relato de su hijo, quien se encontraba junto a Loan en esos momentos previos a la desaparición.

El fiscal federal Carlos Schaefer convocó para este miércoles a una nueva audiencia en la que declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.

La causa tiene como principales acusados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes enfrentan el juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al expediente.

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña retomará este martes las audiencias en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro testigos, entre ellos dos efectivos policiales que participaron de las primeras actuaciones tras la desaparición del niño.

La información fue confirmada por María Belén Russo Cornara, una de las abogadas que representa a la familia de Loan, quien indicó que los testimonios fueron solicitados por el fiscal federal Carlos Schafer.

Los convocados para esta nueva audiencia son Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte.

Medina y Fernández ya habían prestado declaración durante la etapa de instrucción de la causa. Por su parte, Alegre integró el operativo inicial de búsqueda desplegado en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, donde Loan participó de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina antes de ser visto por última vez en la zona del naranjal.

En tanto, el suboficial Duarte fue quien recibió el llamado telefónico de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava para informar sobre la desaparición del niño y dio aviso a la Comisaría de 9 de Julio.

Russo Cornara también se refirió a la posibilidad de que Laudelina Peña rompa el denominado pacto de silencio entre los acusados.

"Algún día va a declarar o no. Y eso por el momento no ocurrió, y es posible que nunca ocurra; no tienen la obligación de declarar al ser imputados, así que estamos a la espera en realidad", expresó la letrada.

Tras la finalización de la feria judicial en Corrientes, las audiencias volverán a desarrollarse los martes, miércoles y jueves.

En el juicio se encuentran imputados el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; Daniel "Fierrito" Ramírez; María Victoria Caillava y Laudelina Peña, todos acusados por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Además, otras diez personas enfrentan cargos por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos. Ellos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumará este lunes un nuevo testimonio clave con la declaración del nutricionista Luciano Spena, quien intentó asistir al exfutbolista durante su internación domiciliaria, pero no fue recibido.

Su comparecencia se dará en el marco del proceso oral en el que se investiga la presunta responsabilidad de los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.

Luciano Spena había sido convocado previamente por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Sin embargo, no asistió a la audiencia debido a que se encontraba en el exterior junto al plantel de la Selección argentina encabezado por Lionel Messi.

El profesional acompañó al seleccionado nacional en los Mundiales de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

El 18 de noviembre de 2020, Spena acudió a la vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, acompañado por el médico clínico Pedro Di Spagna, también imputado en la causa.

Ambos habían sido convocados por Swiss Medical para evaluar al exfutbolista, aunque Maradona decidió no recibirlos durante esa visita.

La declaración del nutricionista será una de las últimas previstas antes del inicio de las audiencias dedicadas a la Junta Médica. En esa etapa, dos equipos de peritos expondrán conclusiones diferentes sobre las circunstancias del fallecimiento de Maradona.

La audiencia se realizará un lunes por segunda vez debido a que continúa la feria judicial en la provincia de Buenos Aires.

En este proceso están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual en relación con la atención brindada a Maradona.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares una vez que concluya el debate principal. Ese juicio permanece postergado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, cuya resolución está pendiente ante un tribunal superior.

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores participarán este miércoles de una nueva audiencia de revisión dentro del proceso penal que se lleva adelante en un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

La instancia judicial será un trámite de seguimiento del expediente y, según lo previsto, no se espera que el tribunal establezca una fecha para el inicio del juicio.

Se trata de la tercera audiencia celebrada en Nueva York desde la captura de la pareja en su residencia de Caracas, ocurrida el 3 de enero pasado.

Maduro se declaró no culpable ante la Justicia estadounidense en enero y permanece detenido desde hace más de seis meses en una prisión federal ubicada en Brooklyn.

Durante la audiencia, las partes trabajarán sobre aspectos relacionados con la organización del caso, entre ellos la clasificación y preparación de las pruebas, además de posibles mociones previas al juicio, que todavía no tiene fecha definida.

Los fiscales y los abogados defensores continuarán así con la etapa preparatoria de un proceso considerado de alta complejidad por la cantidad de elementos legales involucrados.

La audiencia había sido programada inicialmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó trasladarla a este miércoles debido a cuestiones vinculadas con la seguridad y la logística del traslado del acusado.

En la presentación judicial, el Gobierno estadounidense sostuvo que la modificación era necesaria para evitar inconvenientes relacionados con la programación del operativo y garantizar tanto el traslado seguro del acusado como la seguridad pública.

La audiencia requiere la presencia física de Maduro y Flores en la sala judicial de Manhattan. Por ese motivo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) debe implementar un amplio dispositivo para el traslado terrestre desde Brooklyn.

Durante junio y la primera mitad de julio, las fuerzas de seguridad de Nueva York estuvieron concentradas en los operativos relacionados con el Mundial de fútbol 2026, que finalizó el domingo.

Otro de los puntos de atención de la jornada estará puesto en el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, de 92 años. En la audiencia anterior, el magistrado mostró una voz fatigada y algunos lapsus, situaciones que generaron comentarios entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que podría extenderse durante un largo período.

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. En tanto, Cilia Flores está acusada por delitos vinculados con la importación de drogas y la posesión de armas.

En las audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro contaba con inmunidad por haber sido jefe de Estado y el propio acusado llegó a definirse como un “prisionero de guerra”.

La estrategia de la defensa

Los equipos legales encabezados por Barry Pollack y Mark Donnelly podrían intentar avanzar con planteos para buscar la anulación del proceso, basándose en las circunstancias y el procedimiento utilizado durante la captura de la pareja en Caracas el 3 de enero de 2026.

Además, en abril, Estados Unidos autorizó modificaciones en las sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pudiera afrontar el pago de los honorarios de los abogados defensores, un tema que había sido tratado en las audiencias anteriores.

Mientras continúa la etapa preparatoria, el tribunal deberá resolver distintos aspectos procesales antes de que eventualmente se defina el comienzo del juicio.

El capitán del remolcador implicado en la colisión que provocó la muerte de Mila Yankelevich y de otras dos niñas en la Bahía de Biscayne se declaró culpable este martes ante la Justicia federal de los Estados Unidos. El imputado alcanzó un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio oral y cumplirá una condena de un año de prisión efectiva más seis meses de arresto domiciliario.

El acusado, identificado como Yusiel Lopez Insua (47 años), se presentó ante el tribunal federal estadounidense para asumir formalmente su responsabilidad por el delito de homicidio involuntario por negligencia marítima. Aunque enfrentaba una pena máxima de hasta diez años de cárcel en caso de ir a debate oral, la defensa rubricó un pacto con la fiscalía del Distrito Sur de Florida para reducir la condena.

El capitán del remolcador implicado en la colisión que provocó la muerte de Mila Yankelevich y de otras dos niñas en la Bahía de Biscayne. Crédito: AP

El acuerdo se preveía desde mayo pasado. A la salida de la audiencia celebrada este martes, el abogado defensor Walter Reynoso fundamentó la decisión de su representado: "Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a sus hijas", declaró a la prensa local, remarcando que el objetivo fue no exponer a los deudos a revivir la tragedia en un juicio.

Las familias de las víctimas no asistieron a la sala del tribunal durante la admisión de culpabilidad, aunque se prevé la presencia de algunas de ellas el próximo 13 de octubre, fecha en la que el juez fijó la lectura formal de la sentencia.

El siniestro náutico ocurrió el 28 de julio de 2025 en las aguas de la Bahía de Biscayne, Miami. El remolcador de 25 pies operado por Lopez Insua empujaba una barcaza de 108 pies y 149 toneladas repleta de escombros de hormigón con destino a la isla Di Lido.

En esa misma zona navegaba un velero Hobie Getaway de 17 pies perteneciente al campamento de verano del Miami Yacht Club, capitaneado por un monitor de 19 años y con cinco niñas a bordo. Al intentar cruzarse con la barcaza, el velero perdió propulsión. Pese a que el instructor intentó ponerse de pie para hacer señas de advertencia a la tripulación de la nave de carga, el impacto resultó inevitable.

Producto de la colisión cayeron al agua e ingresaron debajo de la estructura metálica Mila Yankelevich (7 años), nieta de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich; Erin Victoria Ko Han (13 años, de nacionalidad chilena); y Arielle “Ari” Mazi Buchman (10 años, de familia argentina). Las tres niñas murieron por ahogamiento, mientras que el consejero y otros dos menores lograron sobrevivir. La Guardia Costera confirmó en su momento que todas las víctimas llevaban puesto el chaleco salvavidas.

El escrito de acusación presentado en marzo de 2026 por el Departamento de Justicia de EE. UU. expuso severas irregularidades en la conducción de la embarcación. Las pericias forenses sobre los dispositivos electrónicos revelaron que el teléfono celular de Lopez Insua permanecía desbloqueado en el puente de mando y que el capitán se encontraba navegando por portales de comercio electrónico instantes antes y durante el impacto.

A la imprudencia tecnológica se sumó la falta de visibilidad en la cabina —obstruida por la grúa, los escombros de hormigón y la caseta de cubierta— y el incumplimiento de las normas básicas de navegación, dado que ninguno de los dos tripulantes a bordo había sido asignado al rol imprescindible de vigía.

Producto de la colisión cayeron al agua e ingresaron debajo de la estructura metálica Mila Yankelevich y dos niñas más. Crédito: NA.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones enfatizó tras las investigaciones de la Guardia Costera y la Comisión de Pesca de Florida que el hecho constituyó "una pérdida de vidas que pudo haberse evitado totalmente" de haberse respetado los protocolos esenciales de la navegación comercial.

Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales como JEC, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por haber cometido distintos delitos contra su expareja en un contexto de violencia de género en la localidad de Hughes, departamento General López.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de Melincué. La investigación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación.

Según informó el fiscal, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, período en el que el condenado ejerció distintos episodios de violencia contra la víctima.

Cochero indicó que, durante ese lapso, el hombre maltrató verbal y físicamente a su expareja en reiteradas oportunidades y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

Además, el funcionario del MPA sostuvo que el condenado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la agredió sexualmente.

A esos hechos se sumó el hostigamiento a través de redes sociales. Según la acusación, el hombre envió mensajes intimidatorios y llegó a amenazar de muerte a la mujer.

En relación con el contexto en el que se produjeron los delitos, Cochero remarcó que el condenado ejercía violencia de género contra la víctima, quien se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por las características del caso.

En el marco del juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, lesiones leves dolosas, amenazas y violación de domicilio, todos cometidos en un contexto de violencia de género.

Junto con su abogado defensor, también aceptó la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Por disposición de resguardo, la identidad completa del condenado no se publica para evitar la revictimización de la víctima, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña del sur santafesino.

El cardiólogo Sebastián Nanni vivió este jueves un momento incómodo durante su declaración judicial, luego de que uno de los abogados querellantes exhibiera conversaciones privadas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona.

Aunque Nanni aclaró que nunca atendió directamente al exfutbolista, reconoció haber colaborado con Luque en situaciones puntuales relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, algunos mensajes intercambiados entre ambos, enviados meses antes de la muerte de Maradona, quedaron bajo la lupa durante la audiencia.

Uno de los chats expuestos correspondía a marzo de 2020 y hacía referencia al aspecto físico del exjugador. En ese intercambio, Nanni le escribió a Luque: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”.

Ante la repercusión del mensaje, el cardiólogo explicó que se trató de una expresión coloquial y sostuvo que únicamente hacía referencia al aumento de peso de Maradona. Según declaró, la última vez que lo había visto personalmente fue en agosto de 2019 y luego notó un cambio físico al verlo por televisión.

Durante la audiencia también se conoció un mensaje enviado en noviembre de 2020, vinculado con la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido Maradona. En ese entonces, Nanni gestionó un turno médico y le comunicó a Luque: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”.

No obstante, el intercambio que más controversia generó fue uno relacionado con una eventual internación del exfutbolista en el sanatorio del médico. En ese chat, Nanni escribió: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

El profesional aclaró más tarde que la frase no aludía a la salud de Diego, sino al estrés que la situación le provocaba a él mismo, al referirse a sus propias arterias coronarias.

En otro tramo de su declaración, Nanni reveló que Luque le había propuesto incorporarse al equipo médico de Diego Maradona. Sin embargo, el ofrecimiento nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020.

La exposición de estos chats volvió a poner el foco sobre el entorno médico que acompañó a Maradona en los meses previos a su muerte y sumó nuevos elementos al proceso judicial en curso.

Uno de los médicos forenses que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona remarcó este martes que la víctima presentó “edematizaciones”, mientras que una anatomopatóloga indicó que padecía “un cuadro compatible con una cirrosis hepática”.

Federico Corasaniti fue el primer testigo en la séptima audiencia del nuevo juicio por la muerte del ex jugador, que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro.

Alrededor de las 10:40, el legista comenzó a declarar mediante la plataforma de videollamadas Zoom ya que vive en España, desde donde recordó haber sido contactado por su colega Carlos Mauricio Casinelli, cuya comparecencia se postergó para el jueves.

“Nos reunimos en una estación de servicio y luego fuimos con los demás peritos” a la casa del barrio cerrado San Andrés, en Tigre, señaló, y consignó que la habitación del paciente tenía “poca luz natural” con “sábanas en las ventanas”, mientras que el cuerpo estaba tendido sobre la cama.

En este sentido, describió que “había botellas de agua mineral a medio tomar, ampollas de medicación, un inodoro portátil u ortopédico” en el dormitorio de Diego, quien estaba en posición de cúbito dorsal con un ”falso hongo de espuma visible, blanquecino" y que luego se tornó "rosado" en la autopsia.

“Se verificó la rigidez, posteriormente se dio vuelta parcialmente el cuerpo para encontrar posibles livideces", citó.

El aire acondicionado y el ventilador estaban “prendidos”, se hallaron signos de “edema generalizado a nivel subcutáneo” y un “abdomen globoso con tres litros de ascitis (acumulación de líquidos)", mientras que las manchas violáceas -livideces- se localizaron a la altura de la pelvis, subrayó.

Corasaniti rememoró que en la necropsia, llevada a cabo junto a Cassinelli, el corazón de Maradona estaba “agrandado, aumentado de tamaño” e indicó que falleció a las 12 del 25 de noviembre de 2020.

Tras un cuarto intermedio que se extendió desde las 13 hasta las 14:30, llegó el turno de la anatomopatóloga Silvana De Piero, quien detalló la pericia toxicológica efectuada sobre las muestras extraídas del cadáver.

Recibida en la Universidad de La Plata y con 23 años en la materia, De Piero respondió preguntas del fiscal Cosme Iribarren y especificó que en ese tipo de análisis, los especialistas “nos basamos en lo que observa el autopsiante”.

La médica exhibió diapositivas con detalles de la pericia realizada el 2 de diciembre de 2020 y señaló que el “hígado” de la víctima “no estaba normal”.

“Este hígado tiene una patología, un sufrimiento, mostraba un cuadro compatible con una cirrosis hepática”, indicó De Piero, quien explicó que el riñón, otro de los órganos examinados, presentaba una “necrosis” como consecuencia de una “hipoxia” (ausencia de oxígeno), por lo que se encontraba “dañado”.

Asimismo, describió que el corazón padecía una “fibrosis subendocárdica, una formación del tejido fibroso anormal dentro del músculo cardíaco, mientras que el pulmón estaba “ascítico” y había “edema” dentro del cerebro.

Finalmente, el bioquímico Ezequiel Ventossi consignó que se recibieron dos tubos de orina de 15 mililitros cada uno, dos recipientes de sangre, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina para llevar a cabo la pericia histopatológica de las muestras de Diego Armando Maradona.

El testigo recordó que “no se detectaron drogas de abuso” como cocaína, TCH, anfetamina y MDMA (éxtasis), como así tampoco “alcohol” en sangre y orina, a la vez que se observaron distintos medicamentos.

El juez Alberto Gaig dictó un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 con las declaraciones del forense Cassinelli, y los toxicólogos Sebastián Zabala y María Agustina Vayo.

El neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los siete acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.

A dos meses del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa entra en una etapa decisiva. El proceso oral comenzará el 16 de junio en Corrientes y buscará reconstruir qué ocurrió el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez. En el banquillo estarán 17 imputados, con distintos grados de responsabilidad según la acusación fiscal.

El expediente llega al juicio con dos grandes grupos de acusados. Por un lado, siete personas están imputadas por la sustracción y el ocultamiento del menor. Entre ellos figuran familiares directos y allegados que estuvieron con Loan el día de su desaparición, así como actores institucionales que intervinieron en las primeras horas de la investigación.

En ese grupo aparecen Laudelina Peña y Bernardino Benítez, tía y tío del niño, además del matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalados como los principales sospechosos. También están imputados Mónica Millapi y Daniel Ramírez, quienes participaron de la jornada en la que Loan fue visto por última vez, y el excomisario Walter Maciel, quien estuvo a cargo del operativo inicial.

Según la acusación, a todos ellos se les atribuye haber intervenido en la sustracción, el ocultamiento y el posible traslado del niño, bajo figuras penales que incluyen la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad.

El segundo grupo está integrado por diez personas acusadas de encubrimiento. En este tramo de la causa se investigan maniobras orientadas a desviar la pesquisa, entre ellas la generación de pistas falsas, la manipulación de testimonios y la difusión de versiones contradictorias.

Ambas líneas fueron unificadas en un mismo juicio debido a la relación directa entre los hechos investigados, lo que permitirá al tribunal analizar de manera integral la secuencia posterior a la desaparición.

Uno de los ejes centrales del debate será la hipótesis que sostiene la fiscalía: Loan no se perdió. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el niño habría sido sustraído del lugar donde se encontraba y retirado de la zona en un vehículo, posiblemente vinculado a algunos de los imputados.

La acusación también pone el foco en los movimientos posteriores al hecho. Se señala que varios de los implicados dieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre sus desplazamientos, lo que habría dificultado las primeras tareas de búsqueda.

Otro elemento relevante es la aparición de un botín del niño al día siguiente de la desaparición, en un contexto que la fiscalía considera irregular. Para los investigadores, ese hallazgo pudo haber sido manipulado con el objetivo de instalar la hipótesis de un extravío y desviar la atención de un posible delito más grave.

En paralelo, la causa incorporó distintos tipos de imputaciones contra los acusados, que incluyen desde privación ilegítima de la libertad hasta encubrimiento y falso testimonio, según el rol atribuido a cada uno.

Antes del inicio del juicio, la Justicia tiene previsto realizar una nueva inspección ocular en la zona donde el niño fue visto por última vez. El objetivo es reconstruir el recorrido desde la casa de su abuela hasta el naranjal y otros puntos relevantes, con el fin de precisar detalles que puedan ser incorporados al debate oral.

El juicio se desarrollará con un esquema de audiencias alternadas a lo largo de varias semanas y se espera que incluya la declaración de numerosos testigos, además de la presentación de pruebas documentales y periciales.

A casi dos años de la desaparición, el caso continúa sin respuestas sobre el paradero de Loan. El proceso judicial que se iniciará en junio aparece como una instancia clave para ordenar la evidencia acumulada y determinar responsabilidades en uno de los hechos que generó mayor conmoción en el país en los últimos años.

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comienza este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

Todo volverá a empezar. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero el debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta sus últimos días tendrán que declarar nuevamente.

Las audiencias se llevarán a cabo los días martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el “Diez”.

El año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (TOC N°3), se exhibieron fotografías de la necropsia, audios impactantes de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria, aunque luego recuperó la libertad.

Pero el juicio quedó anulado por las acusaciones de que la jueza Makintach estaba grabando un documental ilegal sobre el caso.

Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la BBC de Londres para formar parte del proyecto, por lo que pidió la recusación de la jueza en una de las audiencias.

El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda, mientras Makintach negaba rotundamente: "Esto no es mío".

En ese momento, Baqué se levantó de su asiento y calificó de "basura" a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, y Julio César Coria -uno de los testigos- presentaron denuncias contra Makintach y se inició una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

A su vez, se realizaron múltiples pedidos de juicio político y el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, también solicitó un jury de enjuiciamiento contra Makintach.

El 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la hija del juez Juan Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

En la causa penal, la ex jueza se encuentra imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Ahora, el TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, tendrá la tarea de llevar adelante el litigio, a más de cinco años del deceso de Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Leopoldo Luque: neurólogo y ex médico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Diego. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma súbdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

Agustina Cosachov: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.

Carlos Díaz: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla.

Ricardo Almirón: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

Mariano Perroni: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

Nancy Edith Forlini fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.

Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp "Tigre".

En una audiencia realizada este miércoles por la mañana en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Godoy homologó un juicio abreviado contra Ramiro Durich, quien fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación como partícipe secundario en el homicidio de Juan Carlos Salinas, ocurrido en noviembre del año pasado.

La resolución contó con el acuerdo de la Fiscalía, la defensa y la querella, que representa a la familia de la víctima a través de la abogada Ana María Regidor. “A partir de hoy tenemos un condenado firme por el homicidio de Salinas en su carácter de partícipe secundario”, explicó la defensora en diálogo con Antes que Nada (LT29).

Durante la audiencia, Durich admitió su responsabilidad penal en el hecho. Según relató Regidor, el joven trasladó a Kevin P., señalado como el autor material del crimen, hasta el lugar donde fue asesinado Salinas.“Durich explicó con varios detalles cómo fue ese traslado y dejó en claro que quien se bajó a ejecutar el homicidio fue el otro imputado, que era quien conducía el automóvil”, señaló la abogada.

El imputado reconoció además que ambos pasaron la noche previa consumiendo alcohol y que luego se dirigieron al sitio donde se produjo el ataque. Las pruebas, entre ellas cámaras de seguridad y pericias de Gendarmería Nacional, respaldaron su versión y coincidieron con la reconstrucción del hecho que ya había presentado la parte acusadora.

“Con esta condena se fortaleció aún más la evidencia sobre la participación de Kevin P.”, subrayó Regidor, destacando que la declaración de Durich refuerza la acusación principal.

Respecto del segundo imputado, la abogada confirmó que la Fiscalía prepara la requisitoria de elevación a juicio. Una vez completada esa instancia, se realizará la audiencia preliminar y luego el auto de apertura a juicio oral, que estará a cargo del juez Godoy.

“Por la gravedad del hecho y la escala penal —de ocho a veinticinco años— el debate será ante un tribunal compuesto por tres jueces”, adelantó Regidor, quien confirmó que la querella pedirá una pena importante, cercana al máximo previsto.

Si bien no se consideró un homicidio calificado, la letrada remarcó que la mecánica del hecho “fue gravísima” y que la víctima se encontraba indefensa.

Si bien el grave hecho con heridas que terminaron siendo letales se produjo en la mañana del 8 de noviembre, la discusión por un perro que habría atacado a Kevin P., había iniciado días antes. Incluso con otros actos violentos anteriores, que incluyeron amenazas y disparos sobre la vivienda de Pringles 88. 

Finalmente, fue ese viernes, alrededor de las 9, cuando Kevin, acompañado de Ramiro, quienes, según informó la fiscal habrían pasado la noche en vela, se hizo presente en la vivienda y casi sin mediar palabras –tal como quedó demostrado en las imágenes aportadas por una cámara de seguridad- le propició dos puñaladas en la zona abdominal, para luego darse a la fuga. 

Sobre el mediodía de esa misma jornada, Kevin P., acompañado de su abogado se entregó en la Fiscalía. La semana siguiente fue imputado y quedó con prisión preventiva en la Alcaidía de Melincué.

Días después, se detuvo a Ramiro Durich, quien este viernes fue condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo en un juicio abreviado.

Por Juliano Salierno

Un hombre de 57 años, detenido el miércoles pasado en la ciudad de Laguna Paiva por un grave episodio de violencia de género, resultó condenado este martes en los tribunales de Santa Fe.

La jueza en lo Penal, Susana Luna, impuso pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para Guillermo Alberto Ríos, por dos hechos violentos cometidos entre el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto, en una vivienda del barrio Dupont, que compartía con su expareja y los hijos de ésta.

La sentencia se produjo a instancias de un juicio abreviado, impulsado por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin y Manuel Cecchini; y que contó con la conformidad del imputado Ríos y la abogada del Servicio Público de la Defensa, Sonia Bustos.

La fiscalía le atribuyó a Ríos haber agredido a la mujer con golpes de puño, la tarde del 11 de agosto, en el interior de la vivienda que compartían, a pesar de que la relación estaba terminada. Y para evitar que lo denunciara, la amenazó con matarla o hacerle daño al hijo de 6 años que tienen en común.

No conforme con eso, la mantuvo retenida contra su voluntad, encerrada en la casa, y sin su teléfono celular, el cual rompió al advertir que ella se estaba mensajeando con otra persona.

El cautiverio se extendió hasta la mañana del miércoles 13 de agosto, cuando uno de los hijos adolescentes de la mujer hizo llegar a la policía una nota escrita de puño y letra que decía: “Necesito ayuda, sin celular, golpeada, auxilio”.

El escrito entregado al personal de guardia de la Comisaría 13º en horas de la mañana, aportaba el nombre de la mujer y daba los datos de la vivienda en la que se encontraba encerrada.

Minutos después, la mujer recuperó la libertad y por contrapartida, el agresor fue detenido y puesto a disposición de la justicia penal.

Los hechos, cometidos en un contexto de violencia de género, fueron calificados como “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo” y “amenazas simples” el primero; y “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con uso de la violencia”, el segundo.

Así lo informó la fiscal Peresin en la audiencia de juicio abreviado, realizada este martes en la Sala 4 del subsuelo de los tribunales de Santa Fe. La representante del MPA destacó el “total sentimiento de libertad e impunidad, sin temor a reproche” con el que se condujo Ríos al cometer los hechos por los cuales la jueza Luna terminó por condenarlo a 3 años de prisión.

El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, adelantó que solicitará la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual en un contexto de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.

Según argumentó, el tribunal oral no advirtió a Contardi que, al firmar un escrito presentado por su anterior defensor, estaba renunciando a un derecho constitucional: ser juzgado por un jurado popular. Sicilia remarcó que esa omisión viola el principio de juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

El letrado sostuvo que el tribunal no garantizó el debido proceso ni el ejercicio pleno de la defensa, ya que se hicieron firmar documentos con tecnicismos legales que su cliente no podía comprender.

También cuestionó la premura con la que se convocó al debate, pese a que demoró un año en iniciarse, y criticó que varias actuaciones se hayan realizado de manera virtual, como la pericia a Prandi en 2022, cuando no existía un motivo sanitario para hacerlo por Zoom.

Además, planteó que, en caso de que la Cámara de Casación le dé la razón, lo más probable es que se convoque a un nuevo juicio, esta vez con jurado popular. De no ser así, advirtió que otro tribunal oral, con vínculos con los jueces anteriores, podría imponerle a su defendido una pena aún mayor.

En paralelo, Sicilia informó que volvió a solicitar la prisión domiciliaria para Contardi. Explicó que ya había presentado un hábeas corpus con el mismo objetivo, pero fue rechazado tras conocerse la condena. Recordó que en una ocasión anterior la Cámara de Mercedes sí lo había concedido, al considerar arbitraria la detención.

El abogado destacó que su cliente siempre se presentó durante los cinco años que duró el proceso y sostuvo que ahora acreditaron documentación sobre su arraigo y situación familiar, lo que refuerza su pedido de morigeración de la pena.

Sicilia también se refirió a las condiciones de detención de Contardi. Señaló que, pese a que se pidió su traslado al Penal de Campana por cercanía con su familia y su defensa, el Servicio Penitenciario Bonaerense lo derivó a la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El traslado complica a su entorno cercano, que debe recorrer 200 kilómetros de ida y vuelta para visitarlo. En este contexto, el defensor expresó preocupación por la seguridad de su cliente dentro de la cárcel, aunque aclaró que las autoridades penitenciarias son conscientes de la exposición pública del caso.

El juez penal Aldo Baravalle, integrante del tribunal que condenó a Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual agravado, explicó los fundamentos del fallo y defendió la decisión de dictar prisión preventiva tras la lectura de la sentencia.

“El tribunal entendió que los hechos que fueron acusados oportunamente tanto por la querella como por la Fiscalía fueron debidamente probados con la prueba que se rindió en el debate”, sostuvo Baravalle, quien también remarcó que la pena impuesta de 15 años se ajusta a los pedidos de las partes y a las escalas penales vigentes.

En relación a la entrega de fundamentos, indicó que quedarán a disposición de todas las partes y podrán ser analizados de cara a eventuales apelaciones. “Seguramente será la defensa quien recurra la decisión”, anticipó.

El magistrado también se refirió a la decisión de dictar prisión preventiva para el condenado, que hasta ese momento transitaba el proceso en libertad con restricciones. “Al haber una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, se agrava la situación procesal del imputado. Evaluamos que era necesario cautelar su persona con la máxima medida, que es la prisión preventiva”, explicó.

Ante la consulta sobre los fundamentos de esta decisión, Baravalle destacó el incremento del peligro de fuga: “El riesgo procesal aumenta considerablemente cuando hay una condena, por más que no esté firme”.

Además, reconoció que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias personales y expectativas de las víctimas al resolver la prisión preventiva: “Cuando una sentencia reconoce los derechos de una víctima, es necesario asegurar que esa decisión se haga efectiva. Si no se ejecuta, se produce una nueva frustración para quienes atravesaron todo el proceso”.

Sobre los elementos de prueba, Baravalle afirmó que “están analizados en forma exhaustiva en el fallo de fondo”, y que la resolución sobre la prisión preventiva remite a esos argumentos. “Las partes tendrán oportunidad de analizarlos y eventualmente apelarlos”, aclaró.

Finalmente, el magistrado desestimó los dichos de la defensa, que aludieron a una supuesta presión social. “Evidentemente hay casos que generan más atención pública, pero eso no condiciona nuestra tarea. Hemos resuelto muchos juicios por abuso con una sola víctima y sin público, siempre aplicando la ley y los tratados internacionales”, concluyó.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra celebró el fallo, que consideró un avance significativo en la protección de víctimas vulnerables.

Durante la audiencia de lectura del fallo, los jueces hallaron culpable al religioso por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su rol educativo y por el daño ocasionado a la salud mental de una de las víctimas. Además, se lo responsabilizó por tres hechos más de abuso sexual simple, también agravados por su función como docente.

“La Fiscalía había solicitado 16 años y el tribunal condenó a 15, manteniendo las calificaciones legales que propusimos. Estamos muy conformes”, expresó Schiappa Pietra.

Schiappa Pietra también hizo hincapié en la reciente reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que permite considerar una condena de primera instancia como un nuevo factor de peligrosidad procesal para dictar prisión preventiva. “Esto fue discutido durante la audiencia y los jueces coincidieron en que esta reforma no hizo más que reafirmar criterios que ya venían aplicándose”, explicó.

Si bien la medida cautelar ya fue dispuesta, se espera que la defensa de Ortiz y Hontoria apele tanto el fallo como la prisión preventiva. La fiscal anticipó que primero se llevará a cabo la audiencia por la apelación de la cautelar. Mientras tanto, el condenado será trasladado al establecimiento penitenciario de Melincué.

“No venía sintiendo una respuesta que estuviera a la altura del daño sufrido por las víctimas, pero este fallo repara en parte esa deuda y marca un precedente”, concluyó Schiappa Pietra.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

En la previa de su conferencia de prensa en La Plata, Axel Kicillof quedó envuelto en un nuevo foco político tras la filtración de un paper del “Movimiento Derecho al Futuro”, agrupación que responde a su espacio. El texto, titulado Diez razones, defiende la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández y rechaza el fallo judicial de Nueva York, que obliga al Estado argentino a compensar con acciones a Burford Capital.

“El juicio es una maniobra especulativa: Burford compró derechos por apenas 15 millones de euros”, señala el documento. También subraya que la decisión de estatizar YPF fue legal, estratégica y esencial para avanzar con Vaca Muerta y con el autoabastecimiento energético nacional.

El documento plantea que la petrolera estatal, tras la expropiación a Repsol, incrementó producción, reservas y liderazgo. “Sin esa decisión, no existiría el gasoducto, ni soberanía energética”, concluye.

La filtración ocurre en medio de tensiones por el ajuste fiscal nacional y eleva el voltaje político de la conferencia que dará Kicillof hoy a las 18 en Casa de Gobierno.

La Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal de San Isidro sorteará este martes el nuevo tribunal que deberá asumir la reanudación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso fue declarado nulo tras la polémica participación de la jueza Julieta Makintach en el documental “Justicia Divina”.

El sorteo se realizará con bolillero manual a partir de las 11:00 en la sede judicial ubicada en Ituzaingó 340. Según el comunicado oficial, “en primera instancia se procederá a sortear el órgano de juicio. En caso de que el órgano designado sea el Tribunal en lo Criminal N°2, 6 o 7, se procederá a sortear un tercer magistrado que habrá de integrar dicho Tribunal”.

La jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, quedó excluida del proceso, ya que debe presidir el debate por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que comenzaría entre septiembre y octubre.

Los magistrados disponibles para integrar el tribunal son:

A la audiencia deberán asistir fiscales, defensores y abogados de las distintas partes querellantes. Entre ellos se encuentran Fernando Burlando (representa a Dalma y Gianinna Maradona), Mario Baudry (por Verónica Ojeda y Dieguito Fernando), Pablo Jurado (hermanas del “Diez”), Ramírez (Diego Junior) y Félix Linfante (Jana), además de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

También participarán otros letrados como Julio Rivas, Francisco Oneto, Vadim Mischanchuk, Franco Chiarelli, Miguel Ángel Pierri, Diego Olmedo y Nicolás D’Albora.

El juicio busca establecer las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020. Están imputados por “homicidio simple con dolo eventual” el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón.

De igual manera, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la jefa médica de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Ese delito, contemplado en el Código Penal, prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

El juicio fue anulado luego de que se conociera que una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, participó activamente en un documental titulado “Justicia Divina”, centrado en el caso. La magistrada fue grabada sin autorización durante entrevistas y reuniones informales con testigos y abogados, incluso en cuartos intermedios del debate.

Su accionar fue considerado una falta ética grave que comprometió la imparcialidad del proceso. Actualmente, Makintach se encuentra suspendida con una licencia obligada de 90 días y enfrentará un jury de enjuiciamiento por múltiples denuncias.

Las presentaciones fueron realizadas por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el abogado Fernando Burlando; el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez; el exjefe de seguridad de Maradona, Julio César Coria, y legisladores de La Libertad Avanza como Florencia Retamoso, Agustín Romo y Fernando Compagnoni, entre otros.