El cardiólogo Sebastián Nanni vivió este jueves un momento incómodo durante su declaración judicial, luego de que uno de los abogados querellantes exhibiera conversaciones privadas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona.

Aunque Nanni aclaró que nunca atendió directamente al exfutbolista, reconoció haber colaborado con Luque en situaciones puntuales relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, algunos mensajes intercambiados entre ambos, enviados meses antes de la muerte de Maradona, quedaron bajo la lupa durante la audiencia.

Uno de los chats expuestos correspondía a marzo de 2020 y hacía referencia al aspecto físico del exjugador. En ese intercambio, Nanni le escribió a Luque: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”.

Ante la repercusión del mensaje, el cardiólogo explicó que se trató de una expresión coloquial y sostuvo que únicamente hacía referencia al aumento de peso de Maradona. Según declaró, la última vez que lo había visto personalmente fue en agosto de 2019 y luego notó un cambio físico al verlo por televisión.

Durante la audiencia también se conoció un mensaje enviado en noviembre de 2020, vinculado con la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido Maradona. En ese entonces, Nanni gestionó un turno médico y le comunicó a Luque: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”.

No obstante, el intercambio que más controversia generó fue uno relacionado con una eventual internación del exfutbolista en el sanatorio del médico. En ese chat, Nanni escribió: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

El profesional aclaró más tarde que la frase no aludía a la salud de Diego, sino al estrés que la situación le provocaba a él mismo, al referirse a sus propias arterias coronarias.

En otro tramo de su declaración, Nanni reveló que Luque le había propuesto incorporarse al equipo médico de Diego Maradona. Sin embargo, el ofrecimiento nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020.

La exposición de estos chats volvió a poner el foco sobre el entorno médico que acompañó a Maradona en los meses previos a su muerte y sumó nuevos elementos al proceso judicial en curso.

Uno de los médicos forenses que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona remarcó este martes que la víctima presentó “edematizaciones”, mientras que una anatomopatóloga indicó que padecía “un cuadro compatible con una cirrosis hepática”.

Federico Corasaniti fue el primer testigo en la séptima audiencia del nuevo juicio por la muerte del ex jugador, que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro.

Alrededor de las 10:40, el legista comenzó a declarar mediante la plataforma de videollamadas Zoom ya que vive en España, desde donde recordó haber sido contactado por su colega Carlos Mauricio Casinelli, cuya comparecencia se postergó para el jueves.

“Nos reunimos en una estación de servicio y luego fuimos con los demás peritos” a la casa del barrio cerrado San Andrés, en Tigre, señaló, y consignó que la habitación del paciente tenía “poca luz natural” con “sábanas en las ventanas”, mientras que el cuerpo estaba tendido sobre la cama.

En este sentido, describió que “había botellas de agua mineral a medio tomar, ampollas de medicación, un inodoro portátil u ortopédico” en el dormitorio de Diego, quien estaba en posición de cúbito dorsal con un ”falso hongo de espuma visible, blanquecino" y que luego se tornó "rosado" en la autopsia.

“Se verificó la rigidez, posteriormente se dio vuelta parcialmente el cuerpo para encontrar posibles livideces", citó.

El aire acondicionado y el ventilador estaban “prendidos”, se hallaron signos de “edema generalizado a nivel subcutáneo” y un “abdomen globoso con tres litros de ascitis (acumulación de líquidos)", mientras que las manchas violáceas -livideces- se localizaron a la altura de la pelvis, subrayó.

Corasaniti rememoró que en la necropsia, llevada a cabo junto a Cassinelli, el corazón de Maradona estaba “agrandado, aumentado de tamaño” e indicó que falleció a las 12 del 25 de noviembre de 2020.

Tras un cuarto intermedio que se extendió desde las 13 hasta las 14:30, llegó el turno de la anatomopatóloga Silvana De Piero, quien detalló la pericia toxicológica efectuada sobre las muestras extraídas del cadáver.

Recibida en la Universidad de La Plata y con 23 años en la materia, De Piero respondió preguntas del fiscal Cosme Iribarren y especificó que en ese tipo de análisis, los especialistas “nos basamos en lo que observa el autopsiante”.

La médica exhibió diapositivas con detalles de la pericia realizada el 2 de diciembre de 2020 y señaló que el “hígado” de la víctima “no estaba normal”.

“Este hígado tiene una patología, un sufrimiento, mostraba un cuadro compatible con una cirrosis hepática”, indicó De Piero, quien explicó que el riñón, otro de los órganos examinados, presentaba una “necrosis” como consecuencia de una “hipoxia” (ausencia de oxígeno), por lo que se encontraba “dañado”.

Asimismo, describió que el corazón padecía una “fibrosis subendocárdica, una formación del tejido fibroso anormal dentro del músculo cardíaco, mientras que el pulmón estaba “ascítico” y había “edema” dentro del cerebro.

Finalmente, el bioquímico Ezequiel Ventossi consignó que se recibieron dos tubos de orina de 15 mililitros cada uno, dos recipientes de sangre, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina para llevar a cabo la pericia histopatológica de las muestras de Diego Armando Maradona.

El testigo recordó que “no se detectaron drogas de abuso” como cocaína, TCH, anfetamina y MDMA (éxtasis), como así tampoco “alcohol” en sangre y orina, a la vez que se observaron distintos medicamentos.

El juez Alberto Gaig dictó un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 con las declaraciones del forense Cassinelli, y los toxicólogos Sebastián Zabala y María Agustina Vayo.

El neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los siete acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.

A dos meses del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa entra en una etapa decisiva. El proceso oral comenzará el 16 de junio en Corrientes y buscará reconstruir qué ocurrió el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez. En el banquillo estarán 17 imputados, con distintos grados de responsabilidad según la acusación fiscal.

El expediente llega al juicio con dos grandes grupos de acusados. Por un lado, siete personas están imputadas por la sustracción y el ocultamiento del menor. Entre ellos figuran familiares directos y allegados que estuvieron con Loan el día de su desaparición, así como actores institucionales que intervinieron en las primeras horas de la investigación.

En ese grupo aparecen Laudelina Peña y Bernardino Benítez, tía y tío del niño, además del matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalados como los principales sospechosos. También están imputados Mónica Millapi y Daniel Ramírez, quienes participaron de la jornada en la que Loan fue visto por última vez, y el excomisario Walter Maciel, quien estuvo a cargo del operativo inicial.

Según la acusación, a todos ellos se les atribuye haber intervenido en la sustracción, el ocultamiento y el posible traslado del niño, bajo figuras penales que incluyen la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad.

El segundo grupo está integrado por diez personas acusadas de encubrimiento. En este tramo de la causa se investigan maniobras orientadas a desviar la pesquisa, entre ellas la generación de pistas falsas, la manipulación de testimonios y la difusión de versiones contradictorias.

Ambas líneas fueron unificadas en un mismo juicio debido a la relación directa entre los hechos investigados, lo que permitirá al tribunal analizar de manera integral la secuencia posterior a la desaparición.

Uno de los ejes centrales del debate será la hipótesis que sostiene la fiscalía: Loan no se perdió. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el niño habría sido sustraído del lugar donde se encontraba y retirado de la zona en un vehículo, posiblemente vinculado a algunos de los imputados.

La acusación también pone el foco en los movimientos posteriores al hecho. Se señala que varios de los implicados dieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre sus desplazamientos, lo que habría dificultado las primeras tareas de búsqueda.

Otro elemento relevante es la aparición de un botín del niño al día siguiente de la desaparición, en un contexto que la fiscalía considera irregular. Para los investigadores, ese hallazgo pudo haber sido manipulado con el objetivo de instalar la hipótesis de un extravío y desviar la atención de un posible delito más grave.

En paralelo, la causa incorporó distintos tipos de imputaciones contra los acusados, que incluyen desde privación ilegítima de la libertad hasta encubrimiento y falso testimonio, según el rol atribuido a cada uno.

Antes del inicio del juicio, la Justicia tiene previsto realizar una nueva inspección ocular en la zona donde el niño fue visto por última vez. El objetivo es reconstruir el recorrido desde la casa de su abuela hasta el naranjal y otros puntos relevantes, con el fin de precisar detalles que puedan ser incorporados al debate oral.

El juicio se desarrollará con un esquema de audiencias alternadas a lo largo de varias semanas y se espera que incluya la declaración de numerosos testigos, además de la presentación de pruebas documentales y periciales.

A casi dos años de la desaparición, el caso continúa sin respuestas sobre el paradero de Loan. El proceso judicial que se iniciará en junio aparece como una instancia clave para ordenar la evidencia acumulada y determinar responsabilidades en uno de los hechos que generó mayor conmoción en el país en los últimos años.

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comienza este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

Todo volverá a empezar. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero el debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta sus últimos días tendrán que declarar nuevamente.

Las audiencias se llevarán a cabo los días martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el “Diez”.

El año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (TOC N°3), se exhibieron fotografías de la necropsia, audios impactantes de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria, aunque luego recuperó la libertad.

Pero el juicio quedó anulado por las acusaciones de que la jueza Makintach estaba grabando un documental ilegal sobre el caso.

Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la BBC de Londres para formar parte del proyecto, por lo que pidió la recusación de la jueza en una de las audiencias.

El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda, mientras Makintach negaba rotundamente: "Esto no es mío".

En ese momento, Baqué se levantó de su asiento y calificó de "basura" a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, y Julio César Coria -uno de los testigos- presentaron denuncias contra Makintach y se inició una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

A su vez, se realizaron múltiples pedidos de juicio político y el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, también solicitó un jury de enjuiciamiento contra Makintach.

El 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la hija del juez Juan Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

En la causa penal, la ex jueza se encuentra imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Ahora, el TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, tendrá la tarea de llevar adelante el litigio, a más de cinco años del deceso de Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Leopoldo Luque: neurólogo y ex médico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Diego. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma súbdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

Agustina Cosachov: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.

Carlos Díaz: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla.

Ricardo Almirón: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

Mariano Perroni: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

Nancy Edith Forlini fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.

Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp "Tigre".

En una audiencia realizada este miércoles por la mañana en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Godoy homologó un juicio abreviado contra Ramiro Durich, quien fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación como partícipe secundario en el homicidio de Juan Carlos Salinas, ocurrido en noviembre del año pasado.

La resolución contó con el acuerdo de la Fiscalía, la defensa y la querella, que representa a la familia de la víctima a través de la abogada Ana María Regidor. “A partir de hoy tenemos un condenado firme por el homicidio de Salinas en su carácter de partícipe secundario”, explicó la defensora en diálogo con Antes que Nada (LT29).

Durante la audiencia, Durich admitió su responsabilidad penal en el hecho. Según relató Regidor, el joven trasladó a Kevin P., señalado como el autor material del crimen, hasta el lugar donde fue asesinado Salinas.“Durich explicó con varios detalles cómo fue ese traslado y dejó en claro que quien se bajó a ejecutar el homicidio fue el otro imputado, que era quien conducía el automóvil”, señaló la abogada.

El imputado reconoció además que ambos pasaron la noche previa consumiendo alcohol y que luego se dirigieron al sitio donde se produjo el ataque. Las pruebas, entre ellas cámaras de seguridad y pericias de Gendarmería Nacional, respaldaron su versión y coincidieron con la reconstrucción del hecho que ya había presentado la parte acusadora.

“Con esta condena se fortaleció aún más la evidencia sobre la participación de Kevin P.”, subrayó Regidor, destacando que la declaración de Durich refuerza la acusación principal.

Respecto del segundo imputado, la abogada confirmó que la Fiscalía prepara la requisitoria de elevación a juicio. Una vez completada esa instancia, se realizará la audiencia preliminar y luego el auto de apertura a juicio oral, que estará a cargo del juez Godoy.

“Por la gravedad del hecho y la escala penal —de ocho a veinticinco años— el debate será ante un tribunal compuesto por tres jueces”, adelantó Regidor, quien confirmó que la querella pedirá una pena importante, cercana al máximo previsto.

Si bien no se consideró un homicidio calificado, la letrada remarcó que la mecánica del hecho “fue gravísima” y que la víctima se encontraba indefensa.

Si bien el grave hecho con heridas que terminaron siendo letales se produjo en la mañana del 8 de noviembre, la discusión por un perro que habría atacado a Kevin P., había iniciado días antes. Incluso con otros actos violentos anteriores, que incluyeron amenazas y disparos sobre la vivienda de Pringles 88. 

Finalmente, fue ese viernes, alrededor de las 9, cuando Kevin, acompañado de Ramiro, quienes, según informó la fiscal habrían pasado la noche en vela, se hizo presente en la vivienda y casi sin mediar palabras –tal como quedó demostrado en las imágenes aportadas por una cámara de seguridad- le propició dos puñaladas en la zona abdominal, para luego darse a la fuga. 

Sobre el mediodía de esa misma jornada, Kevin P., acompañado de su abogado se entregó en la Fiscalía. La semana siguiente fue imputado y quedó con prisión preventiva en la Alcaidía de Melincué.

Días después, se detuvo a Ramiro Durich, quien este viernes fue condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo en un juicio abreviado.

Por Juliano Salierno

Un hombre de 57 años, detenido el miércoles pasado en la ciudad de Laguna Paiva por un grave episodio de violencia de género, resultó condenado este martes en los tribunales de Santa Fe.

La jueza en lo Penal, Susana Luna, impuso pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para Guillermo Alberto Ríos, por dos hechos violentos cometidos entre el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto, en una vivienda del barrio Dupont, que compartía con su expareja y los hijos de ésta.

La sentencia se produjo a instancias de un juicio abreviado, impulsado por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin y Manuel Cecchini; y que contó con la conformidad del imputado Ríos y la abogada del Servicio Público de la Defensa, Sonia Bustos.

La fiscalía le atribuyó a Ríos haber agredido a la mujer con golpes de puño, la tarde del 11 de agosto, en el interior de la vivienda que compartían, a pesar de que la relación estaba terminada. Y para evitar que lo denunciara, la amenazó con matarla o hacerle daño al hijo de 6 años que tienen en común.

No conforme con eso, la mantuvo retenida contra su voluntad, encerrada en la casa, y sin su teléfono celular, el cual rompió al advertir que ella se estaba mensajeando con otra persona.

El cautiverio se extendió hasta la mañana del miércoles 13 de agosto, cuando uno de los hijos adolescentes de la mujer hizo llegar a la policía una nota escrita de puño y letra que decía: “Necesito ayuda, sin celular, golpeada, auxilio”.

El escrito entregado al personal de guardia de la Comisaría 13º en horas de la mañana, aportaba el nombre de la mujer y daba los datos de la vivienda en la que se encontraba encerrada.

Minutos después, la mujer recuperó la libertad y por contrapartida, el agresor fue detenido y puesto a disposición de la justicia penal.

Los hechos, cometidos en un contexto de violencia de género, fueron calificados como “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo” y “amenazas simples” el primero; y “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con uso de la violencia”, el segundo.

Así lo informó la fiscal Peresin en la audiencia de juicio abreviado, realizada este martes en la Sala 4 del subsuelo de los tribunales de Santa Fe. La representante del MPA destacó el “total sentimiento de libertad e impunidad, sin temor a reproche” con el que se condujo Ríos al cometer los hechos por los cuales la jueza Luna terminó por condenarlo a 3 años de prisión.

El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, adelantó que solicitará la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual en un contexto de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.

Según argumentó, el tribunal oral no advirtió a Contardi que, al firmar un escrito presentado por su anterior defensor, estaba renunciando a un derecho constitucional: ser juzgado por un jurado popular. Sicilia remarcó que esa omisión viola el principio de juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

El letrado sostuvo que el tribunal no garantizó el debido proceso ni el ejercicio pleno de la defensa, ya que se hicieron firmar documentos con tecnicismos legales que su cliente no podía comprender.

También cuestionó la premura con la que se convocó al debate, pese a que demoró un año en iniciarse, y criticó que varias actuaciones se hayan realizado de manera virtual, como la pericia a Prandi en 2022, cuando no existía un motivo sanitario para hacerlo por Zoom.

Además, planteó que, en caso de que la Cámara de Casación le dé la razón, lo más probable es que se convoque a un nuevo juicio, esta vez con jurado popular. De no ser así, advirtió que otro tribunal oral, con vínculos con los jueces anteriores, podría imponerle a su defendido una pena aún mayor.

En paralelo, Sicilia informó que volvió a solicitar la prisión domiciliaria para Contardi. Explicó que ya había presentado un hábeas corpus con el mismo objetivo, pero fue rechazado tras conocerse la condena. Recordó que en una ocasión anterior la Cámara de Mercedes sí lo había concedido, al considerar arbitraria la detención.

El abogado destacó que su cliente siempre se presentó durante los cinco años que duró el proceso y sostuvo que ahora acreditaron documentación sobre su arraigo y situación familiar, lo que refuerza su pedido de morigeración de la pena.

Sicilia también se refirió a las condiciones de detención de Contardi. Señaló que, pese a que se pidió su traslado al Penal de Campana por cercanía con su familia y su defensa, el Servicio Penitenciario Bonaerense lo derivó a la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El traslado complica a su entorno cercano, que debe recorrer 200 kilómetros de ida y vuelta para visitarlo. En este contexto, el defensor expresó preocupación por la seguridad de su cliente dentro de la cárcel, aunque aclaró que las autoridades penitenciarias son conscientes de la exposición pública del caso.

El juez penal Aldo Baravalle, integrante del tribunal que condenó a Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual agravado, explicó los fundamentos del fallo y defendió la decisión de dictar prisión preventiva tras la lectura de la sentencia.

“El tribunal entendió que los hechos que fueron acusados oportunamente tanto por la querella como por la Fiscalía fueron debidamente probados con la prueba que se rindió en el debate”, sostuvo Baravalle, quien también remarcó que la pena impuesta de 15 años se ajusta a los pedidos de las partes y a las escalas penales vigentes.

En relación a la entrega de fundamentos, indicó que quedarán a disposición de todas las partes y podrán ser analizados de cara a eventuales apelaciones. “Seguramente será la defensa quien recurra la decisión”, anticipó.

El magistrado también se refirió a la decisión de dictar prisión preventiva para el condenado, que hasta ese momento transitaba el proceso en libertad con restricciones. “Al haber una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, se agrava la situación procesal del imputado. Evaluamos que era necesario cautelar su persona con la máxima medida, que es la prisión preventiva”, explicó.

Ante la consulta sobre los fundamentos de esta decisión, Baravalle destacó el incremento del peligro de fuga: “El riesgo procesal aumenta considerablemente cuando hay una condena, por más que no esté firme”.

Además, reconoció que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias personales y expectativas de las víctimas al resolver la prisión preventiva: “Cuando una sentencia reconoce los derechos de una víctima, es necesario asegurar que esa decisión se haga efectiva. Si no se ejecuta, se produce una nueva frustración para quienes atravesaron todo el proceso”.

Sobre los elementos de prueba, Baravalle afirmó que “están analizados en forma exhaustiva en el fallo de fondo”, y que la resolución sobre la prisión preventiva remite a esos argumentos. “Las partes tendrán oportunidad de analizarlos y eventualmente apelarlos”, aclaró.

Finalmente, el magistrado desestimó los dichos de la defensa, que aludieron a una supuesta presión social. “Evidentemente hay casos que generan más atención pública, pero eso no condiciona nuestra tarea. Hemos resuelto muchos juicios por abuso con una sola víctima y sin público, siempre aplicando la ley y los tratados internacionales”, concluyó.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra celebró el fallo, que consideró un avance significativo en la protección de víctimas vulnerables.

Durante la audiencia de lectura del fallo, los jueces hallaron culpable al religioso por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su rol educativo y por el daño ocasionado a la salud mental de una de las víctimas. Además, se lo responsabilizó por tres hechos más de abuso sexual simple, también agravados por su función como docente.

“La Fiscalía había solicitado 16 años y el tribunal condenó a 15, manteniendo las calificaciones legales que propusimos. Estamos muy conformes”, expresó Schiappa Pietra.

Schiappa Pietra también hizo hincapié en la reciente reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que permite considerar una condena de primera instancia como un nuevo factor de peligrosidad procesal para dictar prisión preventiva. “Esto fue discutido durante la audiencia y los jueces coincidieron en que esta reforma no hizo más que reafirmar criterios que ya venían aplicándose”, explicó.

Si bien la medida cautelar ya fue dispuesta, se espera que la defensa de Ortiz y Hontoria apele tanto el fallo como la prisión preventiva. La fiscal anticipó que primero se llevará a cabo la audiencia por la apelación de la cautelar. Mientras tanto, el condenado será trasladado al establecimiento penitenciario de Melincué.

“No venía sintiendo una respuesta que estuviera a la altura del daño sufrido por las víctimas, pero este fallo repara en parte esa deuda y marca un precedente”, concluyó Schiappa Pietra.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

En la previa de su conferencia de prensa en La Plata, Axel Kicillof quedó envuelto en un nuevo foco político tras la filtración de un paper del “Movimiento Derecho al Futuro”, agrupación que responde a su espacio. El texto, titulado Diez razones, defiende la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández y rechaza el fallo judicial de Nueva York, que obliga al Estado argentino a compensar con acciones a Burford Capital.

“El juicio es una maniobra especulativa: Burford compró derechos por apenas 15 millones de euros”, señala el documento. También subraya que la decisión de estatizar YPF fue legal, estratégica y esencial para avanzar con Vaca Muerta y con el autoabastecimiento energético nacional.

El documento plantea que la petrolera estatal, tras la expropiación a Repsol, incrementó producción, reservas y liderazgo. “Sin esa decisión, no existiría el gasoducto, ni soberanía energética”, concluye.

La filtración ocurre en medio de tensiones por el ajuste fiscal nacional y eleva el voltaje político de la conferencia que dará Kicillof hoy a las 18 en Casa de Gobierno.

La Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal de San Isidro sorteará este martes el nuevo tribunal que deberá asumir la reanudación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso fue declarado nulo tras la polémica participación de la jueza Julieta Makintach en el documental “Justicia Divina”.

El sorteo se realizará con bolillero manual a partir de las 11:00 en la sede judicial ubicada en Ituzaingó 340. Según el comunicado oficial, “en primera instancia se procederá a sortear el órgano de juicio. En caso de que el órgano designado sea el Tribunal en lo Criminal N°2, 6 o 7, se procederá a sortear un tercer magistrado que habrá de integrar dicho Tribunal”.

La jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, quedó excluida del proceso, ya que debe presidir el debate por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que comenzaría entre septiembre y octubre.

Los magistrados disponibles para integrar el tribunal son:

A la audiencia deberán asistir fiscales, defensores y abogados de las distintas partes querellantes. Entre ellos se encuentran Fernando Burlando (representa a Dalma y Gianinna Maradona), Mario Baudry (por Verónica Ojeda y Dieguito Fernando), Pablo Jurado (hermanas del “Diez”), Ramírez (Diego Junior) y Félix Linfante (Jana), además de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

También participarán otros letrados como Julio Rivas, Francisco Oneto, Vadim Mischanchuk, Franco Chiarelli, Miguel Ángel Pierri, Diego Olmedo y Nicolás D’Albora.

El juicio busca establecer las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020. Están imputados por “homicidio simple con dolo eventual” el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón.

De igual manera, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la jefa médica de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Ese delito, contemplado en el Código Penal, prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

El juicio fue anulado luego de que se conociera que una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, participó activamente en un documental titulado “Justicia Divina”, centrado en el caso. La magistrada fue grabada sin autorización durante entrevistas y reuniones informales con testigos y abogados, incluso en cuartos intermedios del debate.

Su accionar fue considerado una falta ética grave que comprometió la imparcialidad del proceso. Actualmente, Makintach se encuentra suspendida con una licencia obligada de 90 días y enfrentará un jury de enjuiciamiento por múltiples denuncias.

Las presentaciones fueron realizadas por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el abogado Fernando Burlando; el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez; el exjefe de seguridad de Maradona, Julio César Coria, y legisladores de La Libertad Avanza como Florencia Retamoso, Agustín Romo y Fernando Compagnoni, entre otros.

Juliano Salierno

“Por un lado estaba la reparación real y por el otro lo que no se hacía y se facturaba”, dijo Facundo Testi en uno de los primeros tramos de su declaración, en el juicio que se lleva adelante contra los ex jefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Odriozola y Rafael Grau.

El testigo arrepentido y que fue condenado en el marco de la causa denominada “D4” en su carácter de “organizador” de una asociación ilícita, hizo un pormenorizado relato de cómo funcionaba la corrupción policial en la que se “dibujaban” facturas para la reparación de móviles.

Su declaración frente al tribunal que integran los jueces Celeste Minniti -presidente-, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, se realizó a instancias de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA, representada en el juicio por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera.

El Ministerio Público de la Acusación adelantó este jueves en su alegato de apertura que pedirá condenas de 9 años de prisión para los dos últimos implicados -otras 9 personas fueron condenadas en juicios abreviados-, al sostener que fueron los “jefes de una asociación ilícita” mientras ocuparon el máximo cargo del escalafón policial.

-¿A qué se dedicaba en 2016?

-Me dedicaba al arreglo de móviles policiales. Tenía taller mecánico.

Testi recordó que uno era suyo, mientras que el resto de las empresas que administraba funcionaban con “prestanombres” que junto con él, también fueron condenados.

Consultado acerca de la maniobra en sí, dijo que “por un lado estaba la reparación real y por el otro lo que no se hacía y se facturaba”. Para llevarlo a cabo “los contadores (con rol de Habilitado) me suministraban una planilla con los montos a facturar que se dividían en bienes y servicios”.

“Por ejemplo, si había 100 mil pesos, la mitad se usaba para arreglar, el otro 50% se facturaba pero no se hacían” los trabajos. “Yo preparaba todo el trabajo, me daban los cheques, cobraba y llevaba el dinero a la contaduría”, reveló.

“Teníamos una planilla de Excel donde se registraban los móviles que se hacían y los montos tenían que ser exactos” para que coincidieran con los montos erogados. “Tenía mi trabajo real y después estaba el otro, el que se armaba, donde el número de móvil lo ponía el contador”.

También explicó que “llevábamos el control de lo que se facturaba y no se hacía, para no repetir los datos” y no despertar sospechas. Entonces “lo que yo podía arreglar era hasta ahí, lo demás lo tenía que dibujar”. “‘No te pasés de los términos’, me decían”, recordó Testi.

-¿Qué pasó el 13 de mayo de 2016?

-Creo que fue el allanamiento. Me secuestraron computadoras, remitos, facturas, todo lo referido a la Policía de Provincia, la Comunitaria y Protección a Testigos; mi celular y el de los empleados.

Luego explicó cómo se repartían la plata. En los trabajos que se facturaban y no se hacían, “el 70% era para el contador, el 30% lo cobraba yo para impuestos”. “De lo real también tenía que dejar una parte: el 10% de mi trabajo en bienes y 20% por el servicio”.

Es decir que el retorno a la policía era, en el caso de los servicios reales (es decir la mano de obra trabajada), el 20% de lo facturado; en tanto para los bienes reales (repuestos que se colocaban), debía retornar el 10%. Para las facturas denominadas “dibujadas”, el 70% de servicios y bienes iba a la caja de Jefatura y a Testi le quedaba el 30%.

La fiscalía le preguntó por las facturas que referían a la reparación de móviles de la Comunitaria o del Programa de Protección a Testigos, donde “los valores eran más chicos”, porque “eran menos autos y se hacía difícil dibujar, era más complejo”.

La fiscalía indagó acerca de los pagos, qué pasaba una vez que cobraba los cheques. “Yo le dejaba las planillas a la secretaria de Raúl Patriarca (habilitado) y ella me completaba los números de cheques. Lo que era dibujo lo tenía que hacer firmar por el jefe de Logística”.

Después “sacaba el dinero y lo tenía que dejar en un sobre marrón, siempre se lo di a la secretaria. Después de Patriarca vino Ariel Villanueva y se sigue con la misma temática”.

-¿Cómo se completaba el circuito de facturas y cheques?

-Yo recibía el cheque, el endoso lo hacíamos nosotros y lo cobrábamos en el banco.

“La planilla con el sobre con el dinero se la daba siempre a Ariel, una vez al mes”, dijo Testi cuando le preguntaron por el cambio de contador. Cuando cambian de habilitado, de Patriarca a Villanueva, “logré que me pague más” porque “a Ariel lo conocía de la facultad”. Al principio él “no sabía de la maniobra y yo se la expliqué. Le pregunté qué quería hacer y me dijo que ‘seguimos como está’”.

La fiscalía preguntó una vez más por el allanamiento del 13 de mayo, quiso saber qué recordaba el testigo de esa jornada. “Era de día, creo que era a la siesta, veo un montón de policías en la puerta y no entendía nada porque nosotros trabajábamos para ellos. Lo llamo a Rafael Grau y me dice que era un allanamiento, que les abra. Yo no sabía qué hacer”.

El Dr. Hernández le preguntó a Testi por qué había facturas en blanco en los factureros, y éste le respondió que “nos pedían que no sean correlativas y debíamos esperar 5 días entre una y otra por un tema del Tribunal de Cuentas”.

-¿Cuál era su relación con Odriozola?

-La relación era de proveedor y jefe de Policía. Nos comunicábamos por teléfono. Lo tenía agendado como “Flaco”. Yo lo podía llamar a él si el contador se atrasaba con el pago de reparación de vehículos.

“Yo lo llamaba a Odriozola para que le dijera al contador que no se hiciera el boludo y que pague” porque “más allá del negocio, los talleres existían, teníamos empleados”, intentó justificar.

También recordó cuando tuvo que repararle el auto a su hijo Emiliano. “Yo entendía que ciertos favores me servían”; y cuando le preguntaron por esos favores Testi dijo que eran “arreglarle el auto al hijo o llevarlo al taller”.

En ese entonces el hijo de Odriozola tenía un Ford Ka rojo “recuerdo que lo fuimos a buscar un par de veces”. También contó que “yo tenía un VW Bora negro y se lo vendí a Emiliano”.

-¿Y su relación con Grau?

-Era proveedor y él era el jefe. Yo tenía la necesidad de cobrar mi trabajo y siempre había un favorcito extra. Una vez chocó la hija y la fui a auxiliar en avenida Freyre. Fui hasta el lugar, me encargué de llevarlo al taller de Soto para que lo reparen. Los arreglos personales le decía al contador que me pedía ‘ponelo en la planilla y cobralo de ahí’, porque el trabajo se hacía.

El auto chocado era un Fiat Uno rojo que luego pasó a nombre de Soto. Después “él (Grau) me hace un pedido de un auto que iba a comprar, para ponerlo a nombre de Daniel Soto, era un VW no me acuerdo el modelo”.

La fiscalía ahondó en la relación de Testi con la hija de Grau y el tallerista confesó que “me llamaba por los autos”, “me lo pedía a nombre de su papá, el jefe”.

-¿Sabían los jefes de esta maniobra?

-Creería que sabían.

También contó que después del allanamiento del 13 de mayo se reunió con Villanueva y Grau, arriba de un auto, en inmediaciones de Mitre y Castellanos, recordó que en la esquina había un bar llamado “Balcarce”. “Yo tenía muchos remitos sin firmar” y a ellos “les preocupaba que tenía que firmar Leiva (ex jefe del D4). Eran los remitos de los trabajos dibujados y yo no los tenía firmados”.

De las conversaciones telefónicas posteriores a los allanamientos surge que Grau le pidió que le reservara un hotel al abogado Miguel Pierri, que fue el encargado de su defensa material en las primeras audiencias. “Yo accedí a hacer los favores para seguir trabajando. Lo hacía nomás…”, lamentó el testigo.

“Yo estoy como testigo arrepentido en esta causa. Fui parte de la maniobra, me arrepiento de lo que hice. Opté por lo equivocado, por eso estoy acá. Estoy arrepentido por mí, por mi familia. Uno se equivoca y paga”, se quebró

Nueve años después, Testi agradece haber podido rehacer su vida. “Nadie me obligó”, dijo. “A veces uno no sabe manejar esta situación. Era trabajo, lo necesitaba, pero me equivoqué”, cerró.

La investigación de la causa identificada como “D4”, referida a hechos de corrupción dentro del Departamento de Logística (D-4) de la Jefatura de Policía de la provincia. Se inició el 4 de mayo de 2016 cuando el entonces ministro de Seguridad Provincial, Maximiliano Pullaro, radicó la denuncia en el MPA.

Se trata de una asociación ilícita que defraudó al Estado santafesino mediante reparaciones falsas de móviles policiales y compras inexistentes de repuestos que tiene a tres policías y seis civiles condenados.

En orden de responsabilidad funcional se encuentran el exjefe del departamento de Logística (D4) José María Leiva y los contadores Habilitado de la Jefatura provincial, Raúl Alberto Patriarca y Ariel Hernán Villanueva. Los tres recibieron condenas a 3 años de prisión en su rol de “miembros de la asociación ilícita”.

Entre los civiles destaca Facundo José Testi, responsable de "T-gráfica" e identificado como el "organizador de la asociación ilícita". Lo siguen con el rol de miembros Andrés Daniel Soto (chapista del taller "Los Hermanitos"); Rodrigo Exequiel Ruiz (responsable de "Servicio Mecánico"); Maximiliano Edgardo Ambrosio (Servicios Mecánicos); y Noelia y Artemio Biscari ("TC Repuestos").

Ornella Pazzi

El juicio que dirimirá si dos exjefes de la Policía de Santa Fe comandaron una red de corrupción durante 2015 y 2016 acaba de comenzar.

El tribunal presidido por la jueza Celeste Minniti, e integrado también por los Dres. Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, dio inicio a la primera audiencia del debate que se desarrolla en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

En el banquillo de los acusados están Rafael Grau y Omar Odriozola, quienes llegaron a esta instancia acusados de haber sido jefes de una organización ilícita que se dedicó a defraudar a la administración pública.

El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), expondrá los términos de su acusación en sus alegatos. Además, solicitará que ambos imputados sean condenados a 9 años de prisión efectiva, se les impongan 10 años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Luego será el turno de las abogadas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Ileana Echaniz y Virginia Balanda, quienes representarán a Grau y Odriozola respectivamente.

Los exjefes policiales son los únicos imputados en el marco de la compleja investigación que decidieron ir a juicio, ya que el resto firmó juicios abreviados reconociendo haber formado parte de un entramado criminal.

Al culminar los alegatos de las partes, se dará inicio a la etapa de producción de la prueba.

Se espera que el primer testigo sea el gobernador Maximiliano Pullaro, quien en 2016, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, realizó una presentación ante el MPA que disparó la investigación.

En ese momento, Pullaro sostuvo que se anotició de los hechos a través de una carta anónima que apareció en la sede del ministerio.

Está previsto que el gobernador declare en el transcurso de la mañana, mediante una videoconferencia.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, ha sido suspendido por una semana. Esta decisión fue tomada debido a una controversia relacionada con la jueza Julieta Makintach.

La fiscalía solicitó la suspensión tras acusaciones de parcialidad contra la magistrada, quien presuntamente autorizó la realización de un documental sobre el caso sin el consentimiento de las partes involucradas. Ante estas acusaciones, la jueza expresó su disposición a apartarse del juicio si se considera necesario para garantizar la imparcialidad del proceso.

Este juicio comenzó el 11 de marzo de 2025 y tiene una duración estimada de casi cinco meses. Durante el proceso, se escucharán más de 100 testimonios de testigos. El tribunal está compuesto por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.

Los acusados enfrentan la imputación por "homicidio con dolo eventual", un delito que conlleva penas de entre 8 y 25 años de prisión, dependiendo de la implicancia de cada uno en los hechos.

Ocho profesionales de la salud están acusados de haber tenido responsabilidad en el cuidado de Maradona durante sus últimos días. Los imputados son los siguientes:

Leopoldo Luque: Neurocirujano y médico personal de Maradona, acusado de omitir información sobre la salud del paciente y de falsificar documentos.

Agustina Cosachov: Psiquiatra de Maradona, imputada por presuntamente falsificar un certificado médico y no regular adecuadamente la medicación del paciente.

Carlos Ángel Díaz: Psicólogo que formaba parte del equipo de salud de Maradona.

Nancy Edith Forlini: Médica coordinadora de la empresa de medicina prepaga que brindaba servicios a Maradona.

Ricardo Omar Almirón: Enfermero que asistió a Maradona durante su internación domiciliaria.

Mariano Perroni: Jefe de enfermeros que supervisaba el equipo que atendía a Maradona.

Pedro Pablo Di Spagna: Médico clínico que formaba parte del equipo de salud de Maradona.

Gisela Dahiana Madrid: Enfermera que será juzgada por jurado, como solicitó su defensa.

Todos los acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, aunque las circunstancias y responsabilidades varían según el rol que desempeñaron en el tratamiento de Maradona.

La suspensión del juicio fue una medida tomada tras la solicitud de la fiscalía para investigar las acusaciones contra la jueza. Durante este tiempo, se evaluará si existen razones suficientes para recusar a la jueza Makintach del caso. El juicio se reanudará el próximo martes a las 10:30 de la mañana, con la expectativa de que todos los imputados estén presentes.

En la 17ª audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna Maradona declaró durante más de siete horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Acompañada por su madre, Claudia Villafañe, su hermana Dalma y su hijo Benjamín, la hija menor del astro futbolístico rompió en llanto al recordar los últimos días de su padre.

“Me quería ir con él”, confesó Gianinna, al relatar el profundo dolor que sintió tras el fallecimiento de Diego el 25 de noviembre de 2020. Pidió disculpas a su familia por haber atravesado una etapa en la que no encontraba motivos para seguir adelante y destacó la ayuda psicológica y psiquiátrica que recibió para poder salir adelante y criar a su hijo.

Gianinna recordó con angustia el último cumpleaños de su padre, celebrado el 30 de octubre de 2020. Describió a Diego como “perdido en tiempo y espacio”, rodeado de personas que no velaban por su bienestar. “Fue espantoso”, afirmó, al relatar que encontró a su padre dormido, descompuesto y sin conexión con la realidad, mientras otros continuaban la celebración.

Intentó llevarse a Diego a una habitación para cuidarlo, pero fue enfrentada por personas del entorno que incluso intentaron agredirla. “Era luchar contra una mafia”, denunció, señalando la falta de apoyo y comprensión en ese momento crítico.

Durante su declaración, Gianinna cuestionó duramente la internación domiciliaria en Tigre, donde Diego pasó sus últimos días. Aseguró que fue una “puesta en escena nefasta” y que el equipo médico, encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, no brindó la atención adecuada.

“Yo elegí creer en Luque, Cosachov y Díaz, que lo venían siguiendo a mi papá”, expresó, pero lamentó que la propuesta de una internación seria nunca se cumplió. Además, recordó que una semana antes del fallecimiento, advirtió que Diego estaba muy hinchado, pero Luque minimizó sus preocupaciones.

Gianinna concluyó su testimonio con un pedido de justicia para su padre y una reflexión sobre el dolor que aún siente. “Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza”, expresó, visiblemente afectada. “Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”.

Este martes, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza con las declaraciones de dos figuras clave en su atención médica: Pablo Dimitroff, director de la Clínica Olivos, y Pablo Rufino, el neurocirujano que lo operó por un hematoma subdural.

Ambos médicos se presentaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde se juzga el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista. Este delito está penado con una condena de entre 8 y 25 años de prisión.

Pablo Dimitroff, director de la Clínica Olivos, relató que conoció al médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, y a la psiquiatra Agustina Cosachov durante las internaciones del paciente. Además, mencionó que su relación con Nancy Edith Forlini, coordinadora de cuidados médicos, era estrictamente laboral.

En su testimonio, Dimitroff explicó que, desde su posición, no podían seguir con la internación clínica de Maradona una vez que el paciente manifestó su deseo de irse. Esta declaración será clave para entender el contexto de las decisiones tomadas respecto al tratamiento de Maradona.

Por su parte, el neurocirujano Pablo Rufino, quien operó a Maradona tras detectar el hematoma subdural, también declaró. Aunque en un principio se había señalado a Luque como el cirujano responsable de la intervención, se confirmó que Rufino fue quien la realizó. Esta discrepancia sobre la autoría de la cirugía forma parte de las cuestiones que se investigan en el juicio.

El juicio está centrado en la acusación de homicidio simple con dolo eventual, un cargo que involucra a varios profesionales de la salud. Entre los acusados se encuentran:

Los acusados están bajo sospecha de haber actuado con negligencia y de haber tomado decisiones que contribuyeron a la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020. El juicio sigue su curso en el Tribunal de San Isidro, donde se escucharán más testimonios y se continuarán evaluando las pruebas.

A medida que se desarrollan los testimonios y se presentan nuevas pruebas, el tribunal busca esclarecer las responsabilidades de los profesionales de la salud implicados. La comunidad y los seguidores del exfutbolista aguardan con expectación el desenlace de este proceso judicial, que no solo involucra la figura de Maradona, sino también la de quienes lo atendieron en sus últimos días.

En la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el fiscal Patricio Ferrari presentó una imagen del día en que el astro del fútbol falleció, el 25 de noviembre de 2020. La foto, que muestra a Maradona recostado en una cama en su casa de Tigre, fue utilizada para ilustrar las condiciones en las que se encontraba en esos momentos. “Así murió Maradona”, expresó el funcionario judicial al mostrar la imagen ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de San Isidro.

El fiscal, que representa la acusación en este caso, argumentó que durante el juicio se probará que entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, Maradona fue trasladado a su hogar en Tigre sin estar en “el uso pleno de sus facultades mentales” y sin poder tomar decisiones sobre su salud. Según Ferrari, la decisión de mantenerlo en esa situación y bajo cuidados médicos deficientes fue clave para su fallecimiento.

Además, calificó la internación domiciliaria de Maradona como “calamitosa” y al equipo médico responsable de su atención de “improvisados”. “Fue una internación domiciliaria temeraria, deficiente, sin precedentes. Ningún tipo de control existió durante ese período que terminó con la vida de Maradona”, aseguró ante el tribunal, y agregó que los profesionales a cargo de la salud del exfutbolista no tomaron las medidas necesarias para evitar una tragedia que, según él, fue completamente evitable.

Los acusados principales por la muerte de Maradona son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”. También están implicados el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz. Cada uno de ellos será juzgado por su presunta responsabilidad en el tratamiento de Maradona, que, según la fiscalía, no fue adecuado.

En cuanto al juicio, Ferrari presentó más detalles sobre el proceso que está comenzando. De acuerdo con lo informado por el fiscal, se espera que más de 100 testigos sean convocados durante el transcurso del juicio, el cual podría extenderse durante casi cinco meses. Entre los testigos se incluyen médicos que intervinieron en la salud de Maradona durante los últimos días de su vida, familiares cercanos, y otros profesionales que estuvieron involucrados de alguna forma en su atención.

Por otro lado, antes del inicio del proceso, Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Giannina Maradona, aseguró: “Vamos a escuchar cosas que van a estremecer”.

“Lo que hicieron fue un asesinato”, aseguró el letrado en comunicación con Radio Mitre. Además, consideró que el juicio permitirá brindar muchas respuestas a la familia y a la sociedad, pero quienes más ansían tener una respuesta de la Justicia son sus hijas.

En este sentido, Burlando determinó: “Lo internaron engañando a la familia, en un lugar inapropiado, sin ningún tipo de condición para una internación domiciliaria, una persona que tenía muchos problemas de salud. Se lo interna y se lo deja prácticamente en el abandono y la demencia de mucha gente, que hizo cualquier cosa con él, menos cuidarle la salud”.

Respecto a las responsabilidades de cada uno de ellos, consideró que era posible salvar al exfutbolista: “Hasta el día 24, él fue internado en esta casa que era una tapera, el día 11/11 al 24 a Diego le salvaban la vida con un llamado telefónico. El que hubiese visto los síntomas notorios y que eran muy visibles, llamaban un taxi o un remis, lo ponían en un sanatorio y sabían qué hacer”. Además, afirmó que alguien o más de una persona podría haber contratado “a esta gente y llegaron a este resultado”.

Tras el fallo de la Justicia brasileña ante el juicio por abuso sexual a Thelma Fardín, Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión. Ahora, salieron a la luz las pericias psicológicas que le realizaron al actor durante el juicio que le inicio a Calu Rivero por daños y prejuicios.

“Acaban de conocerse las pericias psicológicas realizadas al actor Juan Rafael Pacífico, como es su verdadero nombre, en el marco de la causa que él mismo le inició a Calu Rivero por daños y perjuicios”, informaban en N8:00, Canal de la Ciudad.

“Ellos compartieron elenco en la novela ‘Dulce Amor’ y ella, luego de haberse ido a otro país en el medio de su primer protagónico, mucho tiempo después contó que había decidido irse de la novela porque se sentía muy incómoda en las escenas románticas que tenía que hacer con Darthés”, relataron la línea temporal del caso.

Sobre los resultados de las pericias agregaron: “Dicen que Darthés presenta una actitud colaboradora y abierta, pero que se torna tensa y resistente al hablar de otros temas. Su gesticulación es acorde a lo manifestado. Se encuentra lúcido y no presenta indicios de estrés postraumático en lo que respecta a la causa que inició contra Calu Rivero”.

“También aseguran que exhibe ira y resentimiento con lo que él considera una injusta condena social. El documento cierra asegurando que presenta una evaluación en una estructura de personalidad neurótica adaptada a la realidad”, finalizaron.

Los fiscales a cargo de la investigación sobre la muerte de Cecilia Strzyzowski solicitaron este martes que el caso sea llevado a juicio. César Sena, pareja de la víctima, será el único imputado y enfrentará cargos como autor material del hecho.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres del principal sospechoso, serán enjuiciados como "partícipes necesarios", ya que, según los fiscales, su participación fue crucial para la consumación del crimen. Sin su presencia, el exmarido de la víctima no habría podido cometer el crimen.

El pedido de juicio por jurados debe ser aprobado por el juez de Garantías, aunque los abogados defensores podrían oponerse al requerimiento fiscal. A pesar de posibles objeciones, la investigación ya ha concluido, por lo que el proceso está listo para ser llevado a cabo. No obstante, una vez confirmada la elevación a juicio, se determinará la fecha de inicio del mismo.

César Sena enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la violencia de género, y la fiscalía buscará una condena a cadena perpetua.

Por otro lado, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, empleados del clan Sena, también están involucrados en el caso y enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

Los fiscales a cargo destacaron que la nueva imputación, que redefine los roles de cada acusado, se basa en un minucioso análisis de las pruebas recopiladas durante la investigación.

Este lunes comenzó el juicio oral en los Tribunales Provinciales de Casilda por el asesinato de Walter Hervot, el hombre que falleció luego de recibir una feroz golpiza en los festejos de Navidad en la localidad de Chabás en el 2022. El mismo durará una semana.

Actualmente, la causa está caratulada como Homicidio Preterintencional Agravado por la participación de un menor de edad, carátula que la querella apela y buscará un cambio en la figura judicial, solicitando Homicidio Agravado con Alevosía.

En su oportunidad, la policía había detenido a tres personas y a una menor de 16 años que también habría participado de las agresiones. Durante estos días, se harán presentes testigos, médicos y policiales que intervinieron

“Sigo pidiendo justicia por Walter, en una fiesta en medio de todo el pueblo fue asesinado a golpes a sangre fría, por cuatro o más personas. ¿En qué nos convertimos? Que alguien me lo explique porque con el alma destrozada, ya no lo entiendo. Necesitamos más testigos, repito que estaba casi todo el pueblo en la fiesta del ferrocarril. El que no habla es cómplice de los asesinos. Necesitamos la máxima difusión y que nos acompañen a pedir justicia”, había expresado Claudia Hervot, hermana de la víctima.

Walter Alexis Hervot tenía 32 años. Fue hallado sin vida en la madrugada del 25 de diciembre en la localidad de Chabás. Su cuerpo estaba en una a zanja en la zona de las vías a la altura de la pasarela que cruza la Ruta Nacional 33. La familia de la víctima denunció que habría sido golpeado y asfixiado.

Durante la jornada del domingo, la Agencia de Investigación Criminal realizó las tareas necesarias con el fin de dilucidar rápidamente lo sucedido. Finalmente, los agentes lograron la detención e incomunicación del posible autor del hecho, siendo este un joven 21 años de edad, oriundo de ese distrito del sur santafesino.

El juez Juan Merchan mostró intención este martes de sancionar a Donald Trump por presuntamente violar la orden de silencio en su caso penal relacionado con el pago de dinero por silencio. Durante la jornada, el exjefe de American Media Inc., David Pecker, testificó sobre la investigación de supuestos romances de Trump y su rol en los acuerdos de "atrapar y matar".

La audiencia del martes abordó las 10 presuntas violaciones de Trump a la orden de silencio, y culminó con el testimonio de Pecker sobre cómo trabajó con Michael Cohen para enterrar historias negativas sobre Trump durante las elecciones de 2016.

El juez Merchan cuestionó las explicaciones de los abogados de Trump sobre sus publicaciones en redes sociales, expresando su escepticismo sobre la naturaleza política de estas. A pesar de la festividad de Pésaj, el día fue desafiante para Trump, quien mostró frustración por la cobertura mediática y las restricciones de la orden de silencio.

La próxima audiencia contará nuevamente con el testimonio de Pecker, quien ya ha detallado dos de los tres acuerdos de entierro de historias de Trump. Se espera que Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos, testifique el jueves.

Entre los puntos clave del día, destaca la ampliación de la orden de silencio por parte del juez Merchan, que Trump apeló, así como la negativa del juez a aceptar las explicaciones de los abogados de Trump sobre sus publicaciones en redes sociales.

El juez no ha emitido una decisión sobre la posible sanción a Trump, pero su postura sugiere un posible fallo en su contra. Mientras tanto, el fiscal del distrito solicita una multa de US$ 1.000 por cada violación y advierte sobre posibles consecuencias adicionales.

La jornada también destacó el testimonio de Pecker, quien detalló el papel de Cohen en la supuesta conspiración de "atrapar y matar" historias negativas sobre Trump. Según Pecker, Cohen actuaba como intermediario para obtener y gestionar estas historias durante la campaña de 2016.

La próxima audiencia promete seguir arrojando luz sobre este controvertido caso penal que involucra al expresidente Trump y su presunto pago de dinero por silencio durante su campaña electoral.