En la reciente edición de su herramienta de comunicación interna, denominada Boletín, correspondiente al mes de agosto, la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asignó un espacio relevante en la sección “Por las provincias”, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Primera Nominación de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, cuya titular es Celeste Rosso.

“Este juzgado tiene dos características que lo particularizan: una amplia diversidad de problemáticas cruzadas por las condiciones geográficas y socioeconómicas de la jurisdicción, y la reciente incorporación del sistema de oralidad como método de composición de intereses en un programa piloto de la Justicia de Santa Fe. En cuanto a las materias, trabajamos sobre civil, comercial y responsabilidad extracontractual”, explica la magistrada venadense.

“Las sucesiones, por ejemplo, involucran a las grandes propiedades de campos que forman parte del acervo hereditario como sociedades de trascendencia, situación que determina algunas veces desavenencias importantes entre quienes consideran que les asiste un derecho hereditario, así como juicios de cobro de pesos, ya sea entre particulares o reclamos a entidades bancarias o financieras, quiebras y concursos, juicios relativos a derechos reales, como lo es el juicio de escrituración, o las cuestiones entabladas entre vecinos por ruidos molestos o inmisiones”, enumera Rosso sobre las incumbencias de su juzgado. 

Y agrega: “En este crisol de problemáticas también se atienden los daños y perjuicios emergentes de los accidentes de tránsito, y los amparos en general por cuestiones de salud. En cuanto a tendencias, han venido en ascenso los reclamos de consumidores y consumidoras interpelando ante las frecuentes denuncias de estafas bancarias. Para abordar las causas con celeridad y prontitud y verificar la tutela judicial efectiva, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe por medio de la acordada 48/2017 implementó el Plan Piloto de Oralidad (PPO) en los procedimientos de conocimiento civiles y comerciales, compatibles con los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. Uno de sus ejes es la reducción de los tiempos procesales, asegurar y facilitar la accesibilidad del ciudadano a la justicia y transparentar sus actos". 

“Según este plan -continúa-, luego de trabada la litis se dispone una audiencia preliminar a la que denomino multipropósito porque en ella se dan sucesivas etapas de concreción. Primero se busca la conciliación sin abordar el fondo de la cuestión, tratando de acordar pautas de negociación con la presencia de las partes, aunque le hayan otorgado poder a sus representantes para que con inmediatez el juez o la jueza intenten una solución pacífica e inmediata. En caso de no lograrse acuerdo, se continúa con el debate y se exponen los hechos controvertidos y se propone toda la prueba sobre la que el tribunal decidirá cuál se produce para recibirla en una nueva audiencia oral. Con este esquema, conseguimos un promedio de casi el 30% de acuerdos en la audiencia preliminar. Este logro se basa en el previo estudio de cada causa, pues conocer la problemática en debate permite abordarla desde la perspectiva adecuada al punto en conflicto, ayudando así al desarrollo del debate y con una escucha en la audiencia”. 

“Asimismo -prosigue la jueza Rosso-, dicho porcentaje de conciliación también estuvo generado por la implementación de reuniones informativas previas a cada audiencia preliminar en cada expediente, como una modalidad propia del tribunal. Reuniones, y no audiencias, porque son facultativas para las y los profesionales, con el objetivo de explicarles este sistema y escuchar alternativas viables para componer los intereses en juego, sus teorías del caso y potencial material probatorio. Con esta metodología llana, las partes reciben una demostración concreta y efectiva de que el Estado, a través del Poder Judicial, está trabajando para solucionar su problema”.

La jueza que interviene en la quiebra del geriátrico Santa Fe, Celeste Rosso, junto con el síndico Luis Carletta se reunieron durante la mañana con los empleados para brindar precisiones sobre la situación que se encuentra el establecimiento. Según detalló, los esfuerzos están puestos en poder seguir sosteniendo esta institución que hoy alberga a una veintena de adultos mayores y personas con discapacidad. “La quiebra, por ley, no implica el cierre”, indicó.

Finalizado el encuentro con los trabajadores, quienes minutos antes llevaron a cabo una protesta frente al edificio ubicado en avenida Santa Fe al 600, dialogó con la prensa y contó: “En el expediente de quiebra estaba prevista la visita junto al síndico, al médico forense y el asesor que representa a los adultos mayores y personas con discapacidad que están en el geriátrico, porque cuando salió la sentencia, el 26 de mayo, se estableció una norma, que es excepcional, para la continuación de la explotación al tratarse de un servicio esencial en este marco de pandemia por Covid-19”.

“A partir de ahí -continuó- se comenzó con un arduo trabajo, como por ejemplo constatar en el Ministerio de Salud de la provincia que el geriátrico tuviera habilitación, lo mismo en la Municipalidad local”. Al estar todo en regla para funcionar, se convocó a los trabajadores a seguir brindando servicio, ya que se requiere la aceptación de la mayoría de los empleados, quienes deberán conformar una cooperativa laboral.

Según Rosso, el síndico que fue seleccionado por sorteo, “tiene experiencia en la continuación de empresas a través de cooperativas de trabajo, incluso ya empezamos a entablar diálogo con organismos nacionales como el PAMI para poder realizar un nuevo convenio”. Y añadió: “Yo puedo disponer por ley que se sostenga el servicio, pero necesitamos dos cuestiones: que los abuelos puedan quedarse, esto va a permitir que PAMI pague y los trabajadores para que brinden los servicios”.

“Dentro del marco de la ley voy a hacer todo lo posible para que el geriátrico y sanatorio Santa Fe continúe su explotación, no sólo por las fuentes laborales y las personas alojadas, sino por Venado Tuerto y la región”, enfatizó.

Por su lado, el síndico Luis Carletta expresó: “Lo que nosotros queremos realmente es que los abuelos que se han ido, que son la mitad de los que había hace diez o quince días, vuelvan, dándoles todas las garantías de un buen servicio, no sólo a ellos sino también a las familias que confían en este geriátrico. Además, hoy no sabemos dónde fueron llevadas las personas mayores y en qué condiciones están las residencias que los están albergando”.

Para un buen funcionamiento se necesita volver a contar con un número similar o superior al que venía teniendo el establecimiento que duplicaba con amplitud los 20 que hay actualmente. “Hubo una mala información de PAMI, porque cuando la propietaria del nosocomio manda la recesión unilateral del contrato con el organismo nacional, se comunicó a los familiares que debían retirar a los abuelos porque la institución cerraba, sin esperar la resolución judicial, que determinó a los pocos días la continuidad”, sentenció.