El Ministerio Público de la Acusación imputó formalmente a José María B. por los delitos de homicidio simple, daño y encubrimiento, en relación con la desaparición y presunto asesinato de Nicolás Christian Godoy, ocurrido entre el 15 y el 17 de julio de 2014 en Venado Tuerto.

La audiencia imputativa se realizó el miércoles y estuvo encabezada por las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Mauro Blanco. En tanto, el juez fue Adrián Godoy.

Según la acusación, en la madrugada del 15 de julio de 2014, Godoy se desplazaba en su automóvil Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda, cuando habría sido interceptado por el imputado.

Los fiscales sostienen que, motivado por un conflicto económico previo, José María B. habría asesinado a Godoy, presuntamente utilizando un arma de fuego.

Qué ocurrió después del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, tras el ataque el acusado habría llevado a cabo una serie de maniobras para ocultar el hecho.

Entre ellas se detallan:

Posteriormente, cuando comenzó a difundirse en los medios el pedido de paradero de Godoy, el imputado trasladó el automóvil fuera del ejido urbano y lo incendió el 17 de julio de 2014 alrededor de las 22.50, con el fin de destruir evidencias.

El conflicto previo

Uno de los elementos que aparece en el expediente es un conflicto económico entre ambos, que se remonta al año 2012.

En aquel momento, José María B. denunció a Nicolás Godoy por el delito de estafa, luego de que este le entregara cheques que posteriormente fueron rechazados por orden de no pagar, tras una denuncia de robo.

Según la declaración del denunciante, Godoy le había entregado cuatro cheques como parte de la compra de un vehículo, los cuales no pudieron ser cobrados.

La causa avanzó durante un tiempo, pero finalmente fue archivada en junio de 2015.

De acuerdo con distintos testimonios incorporados al expediente, desde ese conflicto la relación entre ambos se volvió tensa y conflictiva, y allegados a la víctima aseguraron que Godoy le tenía miedo al ahora imputado.

El testimonio clave

Uno de los elementos centrales de la causa es la declaración de un testigo de identidad reservada, quien aseguró que el acusado le confesó en reiteradas oportunidades haber matado a Godoy.

Según el testimonio brindado ante las fiscales en diciembre de 2025, el hombre solía jactarse del crimen frente a su entorno familiar y amenazar a una persona diciéndole que vas a “desaparecer como Nicolás Godoy”.

De ese testimonio se desprende que el imputado habría contado detalles del hecho, entre ellos:

También aseguró que el acusado le decía que el cuerpo había sido arrojado en un lugar donde “las aguas se juntan”, sugiriendo que los peces lo habrían devorado.

Las pruebas tecnológicas

Otro elemento considerado relevante por los investigadores es el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Oficina de Análisis Criminal del Ministerio Público de la Acusación.

Según el informe policial incorporado a la causa:

La última comunicación detectada del imputado el 18 de julio de 2014 se registró en una celda telefónica que da cobertura a esos sectores.

La detención del acusado

José María B. fue detenido en diciembre pasado en el marco de una causa por violencia de género.

En ese momento circulaba en un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo, denunciado como robado en la ciudad de Rosario el 25 de mayo de 2024.

A partir de esa detención se reactivaron diversas líneas de investigación que finalmente derivaron en la imputación por el homicidio de Nicolás Godoy.

Un hombre de 49 años identificado como Miguel Ángel Medina fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por el juez Adrián Godoy en un juicio oral y público que finalizó en la mañana de este lunes en los tribunales venadenses.

La fiscales que representaron al MPA en el debate fueron Luciana Del Greco y Mayra Vuletic, quienes valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”. Por otra parte, adelantaron que “esperaremos los fundamentos del magistrado para analizar los motivos que lo llevaron a resolver cómo lo hizo”.

“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco. “Los testimonios que la víctima brindó y ratificó, fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado; con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”, remarcó la fiscal.

Del Grecco precisó que “en octubre de 2023, la víctima y el condenado finalizaron una relación de pareja de 30 años, en el marco de la cual tuvieron dos hijos que ya son mayores de edad”. Asimismo, indicó que “la investigación de los ilícitos se inició a partir de que la víctima radicó una denuncia en mayo de 2024 en la sede de la Comisaría de la Mujer”.

Durante el debate, Del Grecco argumentó que “la modalidad de los hechos delictivos cometidos por Medina denota una conducta sumamente violenta y peligrosa”.

“El primero de los ilícitos que denunció la mujer fue cometido en mayo de 2024”, relató la fiscal y aclaró que “en esa oportunidad, Medina fue a la casa de la víctima, le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.

Del Grecco también indicó que “días después, el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella”. En tal sentido, agregó que “la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.

“El tercer ilícito también fue en mayo de 2024”, puntualizó Del Grecco. “En esta oportunidad, Medina ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor”, afirmó la fiscal y sostuvo que “no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.

La fiscal del MPA especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.

Medina fue condenado como autor de los delitos de amenazas agravadas reiteradas (por el uso de arma) (dos hechos); lesiones leves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género); amenazas simples reiteradas (dos hechos) y tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género)

Durante una audiencia realizada el lunes en los tribunales de Venado Tuerto, la fiscal Luciana del Grecco imputó a un joven de 20 años por los delitos de estupro y producción y divulgación de imágenes sexuales de menores de edad. La causa fue tratada ante el juez Adrián Godoy, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y dictó prisión preventiva para el acusado.

Según trascendió en el expediente, la víctima tiene 14 años y reside a unas 40 cuadras del domicilio del imputado. Ambos se conocían previamente y, en una ocasión, la adolescente fue a pasar la noche a la casa del joven, donde este vive con sus padres. Allí mantuvieron relaciones sexuales, las cuales fueron grabadas sin el consentimiento de la menor y luego difundidas por el acusado a través de una red social.

Relación desigual y ocultamiento de edad

La investigación revela que el imputado habría ocultado su verdadera edad, haciéndose pasar por un menor de 16 años ante la víctima. Esta diferencia etaria resulta clave para la calificación del delito de estupro, ya que, según la legislación argentina, mantener relaciones sexuales con una persona de entre 13 y 16 años constituye un delito, incluso con aparente consentimiento, si se demuestra un aprovechamiento de la inmadurez o falta de experiencia de la víctima.

Prisión preventiva 

La fiscal del Grecco sostuvo que existen elementos suficientes para considerar la autoría probable del acusado en los delitos mencionados. Por ello, solicitó la prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez Godoy ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación o posible fuga.

Mientras avanza la causa, se continúan analizando pericias sobre los dispositivos electrónicos y la red social utilizada para la difusión del video.

Un hombre de 36 años identificado como Maximiliano Álvarez fue condenado en Venado Tuerto a dos años de prisión de ejecución condicional, luego de ser hallado culpable de múltiples delitos que incluyen violencia de género, amenazas coactivas, lesiones y robos simples. El fallo fue homologado por el juez penal Adrián Godoy, en el marco de un procedimiento abreviado que contó con el consentimiento de las víctimas.

Múltiples hechos de violencia y delitos

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por el fiscal Luis Lagioia, presentó los cargos contra Álvarez. En total, se le atribuyeron cinco hechos delictivos, tres de ellos vinculados con situaciones de violencia de género y dos con delitos contra la propiedad.

Amenazas y agresiones a su ex pareja

Los hechos más graves ocurrieron entre diciembre de 2023 y enero de 2024, cuando Álvarez protagonizó una serie de amenazas y agresiones físicas contra su ex pareja, Carina C., con quien había mantenido una relación de tres años. En uno de los episodios, la amenazó con “prenderle fuego la casa y matarla”, también involucrando a su hija y nieto.

Además, el 4 de enero de 2024, en una discusión ocurrida en el domicilio de la víctima, Álvarez la agredió físicamente, empujándola, arrastrándola por el patio y causándole múltiples hematomas.

Robos en la vía pública

A los hechos de violencia se sumaron dos robos simples registrados en septiembre y octubre de este año. El primero ocurrió el 22 de septiembre, cuando Álvarez sustrajo una amoladora desde la caja de una camioneta estacionada en calle Buenos Aires al 300, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El segundo ilícito fue el 3 de octubre, cuando forzó la puerta de un automóvil Volkswagen Gol estacionado sobre calle Rodríguez Peña al 100. De su interior robó un perfume y golosinas.

Condena condicional y reglas de conducta

En el acuerdo aprobado por la justicia se estableció que Álvarez cumpla una pena de dos años de prisión condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo, aunque con estrictas reglas de conducta por tres años:

Asimismo, se dispuso su libertad, aunque bajo supervisión por parte de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad.

La palabra de las víctimas y el cierre del caso

Durante la audiencia, el fiscal Lagioia informó que las víctimas fueron consultadas y manifestaron su conformidad con el acuerdo, optando por no participar de la audiencia. La defensa, a cargo del abogado público Mariano Mascioli, también se adhirió al pedido del fiscal.

Finalmente, el juez Adrián Godoy dictó la homologación del acuerdo y el sobreseimiento de Álvarez en uno de los hechos que había sido inicialmente imputado, correspondiente a un hurto en grado de tentativa.

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la venta de estupefacientes en Venado Tuerto. Se trata de Emilio Alberto Zeman (62), quien fue hallado culpable de tenencia de drogas con fines de comercialización, tras una investigación encabezada por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación.

Un procedimiento planificado

Las tareas de inteligencia comenzaron el 18 de junio de 2025 con agentes de la Policía Federal Argentina. Las observaciones en el domicilio ubicado en calle Urquiza al 400 revelaron un patrón típico de comercialización de drogas: personas que ingresaban al lugar, específicamente al fondo del terreno, y salían pocos minutos después.

Frente a estos indicios, el fiscalsolicitó una orden de allanamiento, que fue ejecutada el 2 de julio. En el procedimiento, los efectivos hallaron 10,42 gramos de marihuana picada y 5,65 gramos de cocaína, además de una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. También se encontraron objetos de dudosa procedencia: garrafas, bombas de agua, amoladoras, herramientas y bicicletas, aunque finalmente estos fueron restituidos a sus poseedores al no comprobarse su origen ilícito.

Finalmente, gracias a distintas pruebas, se ordenó la detención de Zeman el 3 de julio de 2025. El procedimiento judicial avanzó rápidamente y, con acuerdo entre las partes, se llevó a cabo un juicio abreviado.

Condena firme

El juez interviniente, Adrián Godoy, a instancias el fiscal Iván Raposo, resolvió condenar a Emilio Alberto Zeman a cuatro años de prisión efectiva como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en violación a la Ley Nacional de Drogas 23.737. La defensa estuvo a cargo del abogado Omar Ianni.

Finalizó en los tribunales de Melincué un juicio oral y público donde se juzga a un sujeto acusado e abusar sexualmente de su hermana en reiteradas oportunidades. Durante la audiencia final, el fiscal Julián Cochero fundamentó la solicitud de una pena de 20 años de cárcel para Brian Alejandro F. de 29 años, a quien se le atribuyen distintos episodios, ocurridos desde que la víctima tenía entre 9 y 10 años hasta el año pasado.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación, representado en esa etapa por Vanina Servidio Pozzi. La defensa del acusado fue ejercida por la abogada Jaquelina Cortes Luchesi. El tribunal que en los próximos días dará a conocer la sentencia está integrado por Lorena Garini, Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

Hechos denunciados

De acuerdo con el expediente judicial, los abusos comenzaron en la vivienda familiar de calle Saavedra, en el barrio La Hermosa de Firmat, cuando los hermanos convivían bajo el mismo techo. Según el expdiente, Brian aprovechaba los momentos en que se quedaba solo con la niña para someterla, bajo amenazas de muerte contra ella o contra su padre.

Los ataques se repitieron en diferentes momentos de la infancia y la adolescencia de la víctima, incluyendo episodios de tocamientos, violencia física y accesos carnales forzados. El último hecho habría ocurrido en 2024, en la cocina de la casa familiar, cuando el acusado la amenazó con un cuchillo antes de abusarla.

La calificación legal

El Ministerio Público encuadró la conducta de Brian Alejandro F. en los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia, abuso sexual con acceso carnal agravado por las mismas circunstancias, y amenazas, todos en concurso real y en carácter de autor.

Por la gravedad de los hechos y la prolongada duración de los abusos, la Fiscalía solicitó la pena de 20 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales correspondientes.

Ahora resta que el tribunal dé a conocer la sentencia definitiva que determinará el futuro del acusado.

En Venado Tuerto, en la mañana de este jueves, fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión tres hombres acusados de abuso sexual con acceso carnal, facilitamiento de la prostitución, privación ilegítima de la libertad y tenencia de pornografía infantil, entre otros cargos.

Se trata de Néstor Enrique Zapata quien deberá cumplir una condena de 15 años. Fabián Miguel Viltes, pasará 13 años tras las rejas. Y Antonio Daniel Payru, sentenciado a 12 años de cárcel. 

La investigación la llevó adelante la fiscal Mayra Vuletic, mientras que el tribunal estuvo integrado por Mauricio Clavero (presidente), Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

El caso

El hecho principal involucra a J.T., quien denunció haber sido víctima de reiterados abusos sexuales, explotación sexual y violencia de género entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Según la acusación, los imputados actuaban en conjunto, beneficiándose económicamente o a través del intercambio de drogas.

Encierro, abusos y explotación

Néstor Enrique Zapata, ex pareja de J.T., fue señalado como quien inició el círculo de violencia. Según el expediente al que accedió Sur24, mantenía encerrada a la víctima, la privaba de comida y la obligaba a mantener relaciones sexuales con él y con otros hombres, a cambio de dinero o drogas. También facilitaba su domicilio para los encuentros sexuales.

Fue sentenciado a 15 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal” y “facilitamiento de la prostitución agravado”.

Abuso sexual y pornografía infantil

Fabián Miguel Viltes fue condenado a 13 años de prisión por mantener relaciones sexuales no consentidas con la víctima a cambio de drogas y dinero, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. También por la tenencia de más de 20.000 archivos con contenido pornográfico, de los cuales al menos 16 contenían imágenes explícitas de menores de edad. Además, enfrentó una causa previa por haber herido gravemente a un hombre con un arma blanca en febrero de 2020.

La calificación legal fue “lesiones graves dolosas”, “abuso sexual con acceso carnal” y “tenencia de pornografía infantil”.

Abuso con arma de fuego

Antonio Daniel Payru estaba acusado de haber abusado sexualmente de J.T. en reiteradas oportunidades y de haberla amenazado con un arma de fuego para cometer los hechos. Su participación se enmarca dentro del mismo contexto de explotación sexual en el domicilio de Néstor Zapata. También enfrentó una causa previa por hurto de un teléfono celular a una mujer en 2021.

En consecuencia, deberá afrontar 12 años de prisión al ser encontrado responsable de “hurto simple” y “abuso sexual con acceso carnal”. 

Rescate

La víctima fue rescatada de la vivienda en donde eran cometidos los abusos producto de un trabajo en conjunto de la fiscalía, la Comisaría de la Mujer y el equipo de Género de la Municipalidad de Venado Tuerto. 

Kevin P., acusado de apuñalar a Juan Carlos Salinas en el marco de una discusión por un perro, fue autorizado en la jornada del martes a realizar un trámite presencial en una entidad crediticia de Venado Tuerto. El joven de 31 años se encuentra alojado en la Alcaidía de Melincué imputado por “homicidio en grado de tentativa”, y al parecer desde el poder judicial no estaban anoticiados al respecto.

Distintas fuentes consultadas por Sur24 coincidieron en que lo ocurrido al menos es “polémico”, y otros los definieron como algo “escandaloso”.

En tanto, la víctima de 68 años continúa internada en estado crítico en Terapia Intensiva del Hospital Gutiérrez.

 La noticia fue confirmada a este medio por Ana María Regidor, abogada querellante, quien formalmente en la mañana de este miércoles está llevando adelante una serie de planteos legales solicitando explicaciones sobre lo ocurrido. 

Al parecer, existe una “Circular” vigente del poder judicial que autoriza a los detenidos a contar con salidas extraordinarias por cuestiones de salud y fallecimiento de un familiar entre otros puntos. Pero lo cierto es que no está muy en claro si eso abarca la posibilidad de realizar un trámite bancario.

Además, en caso de que eso ocurra, el protocolo a seguir indica que el abogado defensor del joven agresor tiene que enviar un correo electrónico a la Oficina de Gestión Judicial informando sobre la situación, cosa que no ocurrió.

Kevin contó con el visto bueno de las autoridades de la Alcaidía departamental para viajar con custodia a Venado Tuerto y realizar en persona un trámite en una entidad crediticia. Es más, fue fotografiado por distintos vecinos, quienes dieron aviso de la situación al poder judicial. 

Con el correr de los minutos se pudo corroborar que ni la fiscal Mayra Vuletic, ni el juez Adrián Godoy, ni la querellante Ana Regidor, ni la oficina de Gestión Judicial, estaban al tanto de la situación. 

Las próximas horas serán fundamentales para determinar si se trató de un procedimiento legal o completamente viciado. 

Historia del caso

Juan Carlos Salinas vive en calle Pringles 88 y sufrió una seguidilla de ataques desde el 23 de octubre a este parte. En esa fecha, su perro corrió a Kevin P., quien está refaccionando una casa en el barrio para ir a vivir con su novia. 

No quedó en claro que si el animal alcanzó a morderlo. Lo cierto es que, a los pocos minutos, el joven de 31 años regresó y ejecutó una serie de disparos al aire y contra el inmueble de Juan, impactando uno de ellos contra una camioneta que estaba estacionada en la vereda.

La víctima radicó la denuncia, y desde ese entonces las cosas empeoraron.

Según consta en la audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, posteriormente Salinas fue atacado con una patada en el pecho. Días más tarde, la novia de Kevin habría ido a la casa de Salinas a pedirle que levante la denuncia, ofreciéndole hacerse cargo económicamente de cuestiones relacionadas con la salud o por si tenía que ir al médico.

La fiscal Mayra Vuletic, expuso que el 7 de noviembre Kevin fue nuevamente a la casa de Salinas. En esta oportunidad le ofreció 2 millones de pesos para que “levante” la denuncia, caso contrario lo “iba a cagar a tiros” y lo “iba a matar”, porque él es “muy amigo de Los Monos (banda narcocriminal rosarina)”.

Tras una llamada al 911 por parte de los vecinos, el joven dueño de la concesionaria fue detenido por personal policial, pero liberado a las pocas horas.

Debía presentarse el viernes 8 en tribunales a las 11 horas, pero según consta en la investigación, acompañado de otro sujeto se dirigieron a las 9 de la mañana en un Fiat Palio al domicilio de Salinas. Uno de los dos descendió con un casco en la cabeza, y le propinó dos puñaladas a Juan Carlos, que se encontraba en la vereda. Una de esas lesiones punzocortantes ingresó 7 centímetros en el cuerpo del hombre de 68 años, provocándole un corte importante en el hígado.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente en forma urgente en el hospital local, pero su cuadro se complicó y desde entonces se encuentra internado en la Unidad de Terapia intensiva en estado crítico y con pronóstico reservado. 

Este martes, en los Tribunales de Venado Tuerto, se llevó a cabo la audiencia imputativa y cautelar contra Kevin P., de 31 años, acusado de apuñalar a Juan Carlos Salinas, de 68 años, el pasado viernes 8 de noviembre. Además de este hecho puntual que fue calificado como “homicidio en grado de tentativa”, se le imputaron otros hechos vinculados con tenencia de arma de fuego y amenazas. 

La audiencia comenzó pasado el mediodía, con la presencia de la fiscal que entiende en la causa, Mayra Vuletic; el abogado defensor Ignacio Blanc Codina, la querellante Ana María Regidor y el juez Adrián Godoy. 

En el inicio, se dieron a conocer los hechos imputados que abarcan desde amenaza hasta tentativa de homicidio:

El primero de ellos fue por “portación ilegal de armas”, que data del mes de marzo de 2024, en un episodio poco claro que se produjo en el subsuelo del edificio donde vive el imputado. 

El segundo fue por amenazas y disparos el pasado 23 de octubre de 2024. Allí, Kevin P. habría amenazado a Juan Carlos Salinas, disparando contra su casa, luego de que el perro lo mordiera.

El tercero fue por agresión y coacción, con fecha 7 de noviembre. Según reza en la causa, el acusado ofreció una suma de 2 millones de pesos a Salinas a cambio de que retirara la denuncia y, además, lo amenazó de muerte en caso de que no accediera.

También hay daños que habría provocado en la Comisaría Segunda.

Finalmente, y el hecho más grave se suscitó el viernes 8 de noviembre, cuando se dio el ataque violento con puñaladas que terminó con Salinas internado en el Hospital Gutiérrez. 

Según las investigaciones, el imputado no habría actuado sólo, incluso no se pudo determinar hasta el momento que haya sido él el autor material del ataque, ya que el agresor llevaba un casco. Hay una persona identificada como posible complico o coautor, aunque se encuentra prófuga. 

Durante su declaración, Kevin P. negó su participación en los hechos de las puñaladas y las amenazas, calificándolas como "mentiras". 

Por su parte, el abogado defensor, Blanc Codina, solicitó la libertad bajo reglas de conducta o, en su defecto, que fuera internado en un centro en Buenos Aires para tratamiento de adicciones. Sin embargo, el juez Adrián Godoy resolvió que permanezca en prisión preventiva ordinaria, pero con el seguimiento y tratamiento farmacológico necesario para su adicción a las drogas, que había sido documentada en el proceso.

En declaraciones a la prensa, la fiscal Vuletic expresó su satisfacción con la resolución del juez, destacando que la prisión preventiva de Kevin P. era una medida razonable y proporcional dada la gravedad de los delitos que se le atribuyen. Aclaró también que, aunque el imputado no recibirá internación, se le continuará con el tratamiento farmacológico en el servicio penitenciario. Además, subrayó la importancia de que las evidencias presentadas por la fiscalía fueron determinantes para que el juez decidiera esta medida de prisión preventiva.

En cuanto al otro sospechoso, la fiscal detalló que aún se están trabajando en los detalles de su identificación, aunque ya se tiene conocimiento de su identidad y se espera su pronta detención.

La audiencia, que se extendió por varias horas debido a la cantidad de evidencias presentadas, concluyó con la confirmación de que Kevin P. permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones en torno a los hechos y al prófugo.

La discusión entre el imputado y la víctima habría comenzado por el comportamiento del perro de este último.

Días previos, al parecer el animal corrió a Kevin, lo cual posteriormente habría desembocado en un ataque del joven contra la vivienda del hombre de 68 años.

Como consecuencia, Juan Carlos radicó la correspondiente denuncia. Y Kevin iba a ser imputado en una audiencia que se desarrollaría en los tribunales venadenses a las 11 del viernes, cosa que nunca ocurrió porque el ataque se registró a las 9.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo.

Rubén Abel Gómez (49) fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva al ser considerado el instigador del hecho violento que dejó al borde de la muerte a Santiago Admella el 17 de febrero de 2024 en la localidad de Murphy.

El joven de 25 años recibió un sinnúmero de puñadas por parte de dos sujetos que actualmente se encuentran detenidos y que serán condenados en los próximos días.

La audiencia se desarrolló en los tribunales venadenses en la jornada del lunes. El fiscal que llevó adelante la investigación fue Eduardo Lago fiscal, mientras que Ignacio Blanc Codina representó al empresario acusado y Marcos Tasello a la víctima, aunque no se constituyeron como querellantes. En tanto, Adrián Godoy fue el juez que homologó el acuerdo en el marco de un juicio abreviado.

 Historia del caso

El hecho se registró en la noche del sábado 17 de febrero en plena vía pública, cuando la víctima fue atacada por dos personas que le propinaron un sinnúmero de puñaladas, de las cuales una le perforó el intestino y otra el vaso sanguíneo, quedando internado en Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gutiérrez a lo largo de cinco semanas. 

A las pocas horas fueron detenidos Guillermo de 44 años (oriundo de provincia de Buenos Aires) y a Gabriel de 48 (de Elortondo) sindicados como los dos principales sospechosos de cometer el ataque. 

Días más tarde, fue apresado Rubén Abel Gómez, un empresario nacido en provincia de Buenos Aires, y radicado en Murphy, señalado como el instigador del ataque.

Los tres sujetos fueron imputados bajo distintas carátulas y quedaron en prisión preventiva hasta la actualidad. 

A la hora de dar precisiones en relación a la agresión sufrida por Santiago Admella, el fiscal precisó que “la víctima de la ‘tentativa de homicidio’ es un hombre con el que el imputado (Rubén Abel Gómez) y su grupo familiar mantenían un conflicto previo”. 

Relató que “el sábado 17 por la tarde, los autores materiales circulaban a bordo de un automóvil y se encontraron con la víctima, quien iba a pie y advirtió que querían hacerle daño”. En tanto, afirmó que “corrió hasta que fue alcanzado por los atacantes, quienes habían descendido del vehículo”.

El fiscal sostuvo que “en la esquina de Balcarce y Rivadavia lo apuñalaron con una cuchilla en diferentes partes de su cuerpo”, y especificó que “así le perforaron el intestino y le provocaron otras heridas en el abdomen, así como en la cabeza, los brazos y las manos”. 

Finalmente, luego de transcurrido 8 meses Gómez fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva, mientras que los otros dos agresores se exponen a un juicio por una pena mayor. 

Jeremías Natanael Sárate (23), peligroso delincuente venadense, fue condenado a cuatro años de prisión acusado de nueve hechos delictivos registrados durante el año 2023. La sentencia se dio en el marco de un juicio abreviado desarrollado en la jornada del lunes, donde Iván Raposo representó al Ministerio Público de la Acusación, mientras que el juez de la causa fue Adrián Godoy.

El joven, está acusado de ingresar a viviendas donde robó electrodomésticos y teléfonos celulares. También de circular en motocicletas robadas y con armas de fuego. Y de ejecutar una balacera donde resultó herida una persona.

Si bien Jeremías admitió haber cometido los delitos, desde el poder judicial consideraron que la pena no debía ser mayor a la acordada teniendo en cuenta el contexto social en que fue criado el acusado y el objetivo de poder lograr una reinserción.

“Se considera la vulnerabilidad del imputado dado por la falta de educación, una historia de vida donde la carencia de contención y atención adecuados, con problemáticas de adicciones que lo vincularon a personas que han influenciado negativamente su conducta, dificultando la internalización de pautas de conducta aceptables”, se destaca en el juicio abreviado.

En consecuencia, “para evitar que, con una prisonización excesivamente alta, sus efectos incidan negativamente en su reinserción social. Se estima que la individualización y modalidad resultan proporcionales a la gravedad del injusto y la culpabilidad …… en pos de las finalidades de readaptación social del condenado”, agrega. 

Hechos delictivos

Sárate fue sentenciado por ingresar de forma ilegal en una vivienda de calle Sáenz Peña al 800 junto con dos menores de edad el 6 de marzo de 2023, para luego huir corriendo por los techos. 

Por otro lado, asumió haber robado un teléfono celular en un inmueble de calle Saavedra al 2.500 el 30 de mayo del mismo año.

A la lista se suma “haber tenido participación de manera conjunta con el llamado Matías David Castillo, apodado ‘Jeringoso’, en una balacera registrada en calle Junín y Agüero, donde efectuaron dos disparos con un arma de fuego tipo pistola de 9mm contra Lautaro B. y Sergio C., impactando uno de ellos en una pierna del ultimo mencionado. Posteriormente se dieron a la fuga en una motocicleta Honda Biz, de 110 c.c. Hecho ocurrido en Venado Tuerto el 21 de mayo del 2023 a las 23:50 horas aproximadamente”.

También fue sentencia por movilizare en una motocicleta marca Honda modelo Twister sin dominio visible, la cual era conducida a alta velocidad por Matías C., por las inmediaciones de calle Eterovich. Al ser advertidos por personal del Comando Radioeléctrico, hacen caso omiso a la voz de alto y se dan a la fuga hasta calle Pavón, doblando hacia la derecha hasta llegar a calle Carelli, donde el conductor pierde el control del motovehículo y cae al piso y al reincorporarse desprende entre sus prendas un arma de fuego tipo revólver calibre 38 marca CBC con seis cartuchos y un teléfono celular, para luego continuar su huida en forma pedestre hasta introducirse en un pasillo de la denominada Villa Moisés. Mientras que Sárate fue detenido por la policía. Hecho ocurrido en Venado Tuerto el 1 de junio de 2023 a las 04:10 horas aproximadamente.

De ese mismo hecho se desprende que la motocicleta en que se movilizaban era robada.

Entre otro episodio, también fue culpad por ingresar el 18 de junio de 2023 a una vivienda de calle Almafuerte al 2.600 y robar una bicicleta. 

Otro delito fue cometido el 20 de julio del mismo año. Ingresó a una casa por el patio, discutió con un joven y le robó el teléfono celular. 

Y por último, admitió haber entrado el 22 de enero de 2024 en un inmueble de Goumond al 500

forzando la persiana de rollo de la ventana frontal, sustrayendo dos televisores LED smart, uno marca Noblex de 50 pulgadas y uno marca LG de 42 pulgadas, trasladarlos a una vivienda de Maxwell al 400, y regresar al domicilio de calle Goumond. Luego intentó darse a la fuga por el patio trasero del inmueble, donde finalmente fue detenido por la policía. 

Condena 

Jeremías Natanael Sárate fue condenado a cuatro años de prisión de ejecución efectiva “siendo la modalidad de uso de armas de fuego la circunstancia más grave que se atribuye” en el juicio abreviado.

En definitiva, fue sentencia bajo las siguientes calificaciones legales: Abuso de armas en concurso ideal con el delito de lesiones leves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego y portación indebida de arma de fuego de guerra; portación de arma de guerra y desobediencia; encubrimiento; desobediencia a la autoridad; hurto; hurto simple; robo calificado por efracción y violación de domicilio".

Desde el poder judicial dictaron la prisión preventiva ordinaria para el hombre de 62 años (D.I.B.) acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de una mujer de 24 en la vecina localidad de Carmen.

La audiencia imputativa y cautelar se llevó adelante en la tarde del martes en los tribunales de Venado Tuerto, con Damián Casullo como fiscal acusador y Adrián Godoy como juez.

Si bien la abogada defensora había solicitado la libertad del detenido bajo una serie de normas de conductas, finalmente el magistrado no hizo lugar al planteo.

Igualmente, las partes acordaron una serie de puntos, entre ellos que el hombre reciba la medicación correspondiente, ya que es hipertenso. 

Historia del caso

El sujeto de 62 años fue acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de una mujer de 24 años en una vivienda ubicada en el casco urbano de la localidad de Carmen el jueves 10 de octubre. 

Fuentes del caso consultadas por este medio indicaron que “no existe un grado de parentesco entre el denunciado y la víctima”, pero sí dejaron en claro que serían “familiares el marido de la joven de 24 años y el detenido por el abuso”. 

Tras la denuncia “el hombre quedó detenido ya que, a pesar de las pocas horas que llevaba la investigación, se había recabado la evidencia necesaria para solicitar la audiencia imputativa y cautelar (de detención)”, sostuvo una fuente del Ministerio Público de la Acusación. 

Fiscal Leandro Mai

El ex fiscal Mauro Blanco fue condenado a tres años de prisión efectiva, en el marco de un Juicio abreviado desarrollado en la jornada de ayer, con acuerdo de partes.

La investigación e imputación fue desarrollada por el fiscal de Reconquista, Leandro Mai. Mientras que el Juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, fue quien ratificó el acuerdo.

Blanco fue condenado por revelación de información secreta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y allanamiento ilegal.

Fuentes judiciales consultadas por Sur 24 confirmaron que el cumplimiento de la condena será domiciliario. Esto fue avalado por el Juez Adrián Godoy a pedido del Fiscal Mai y del Defensor.

Los fundamentos se basaron en dos puntos: por un lado, un problema de salud que atraviesa el condenado. Y por otro, la crianza del hijo de 12 años, debido a que la madre falleció en el mes de febrero como consecuencia de una enfermedad terminal.

El ex funcionario había sido detenido tras una serie de allanamientos que se llevaron adelante en las ciudades de Rufino y Venado Tuerto el 16 de abril.

Posteriormente el 19 de abril se realizó la audiencia imputativa y cautelar, en la cual se definió la prisión preventiva domiciliaria.

En tanto, el 29 de abril en sesión especial conjunta, con el debido quórum y las mayorías requeridas para sendas Cámaras, se votó por unanimidad el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que recomendó la medida más dura para Blanco, que le impide ingresar a las dependencias del Ministerio Público de la Acusación y lo inhabilita para intentar concursar por el cargo diez años, siendo apartado de su función.

Acusación y Juicio Abreviado

Juez Adrián Godoy

El 19 de abril Mauro Blanco fue imputado de nueve hechos: enriquecimiento ilícito de funcionario público; omisión de insertar datos en la declaración jurada; omisión de denunciar; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (dos hechos); incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal.

Finalmente, en el Juicio, aceptó la culpabilidad de tres: un hecho de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otro de revelación de información secreta y otro de allanamiento ilegal.

El Juez Adrián Godoy probabilizó autoría por 4, mientras que el acuerdo procesal fue por tres.

En tanto, por las seis acusaciones restantes el fiscal Mai declinó no seguir con la acción penal y solicitaron las partes su sobreseimiento.

Además, desde el Poder Judicial resolvieron la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años.

En tanto, en este tipo de penas a los 8 meses de privación de libertad, es factible obtener la libertad condicional. Con lo cual, Mauro Blanco estaría en condiciones de acceder a la misma en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que está detenido desde el 16 de abril. Y cumplirá la condena domiciliaria en una vivienda familiar de la ciudad de Rufino.