Gustavo Capeletti

El fiscal Nicolás Maglier, en representación del Ministerio Público de la Acusación, expuso en su alegato de apertura del juicio oral y público la acusación contra el policía Danilo Iván Barrientos, imputado en la causa por juego ilegal que involucró a 36 personas.

En el marco del proceso que se desarrolla en los Tribunales de Reconquista y que preside el juez Martín Gauna Chapero, Maglier sostuvo que la Fiscalía buscará demostrar “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad penal del acusado en cuatro hechos delictivos, en un período comprendido entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019.

Según el fiscal, Barrientos, “por sí e integrando una estructura mayor”, habría desarrollado conductas tendientes a la explotación continua y habitual de un sistema de captación de apuestas clandestinas, sin la autorización de la autoridad competente.

El representante del MPA destacó que el imputado integraba una organización con “pluralidad de personas, división de roles y permanencia”, lo que agrava su situación. Además, remarcó que esa estructura no solo cometía delitos vinculados al juego ilegal, sino también “en detrimento del erario público de la Administración Pública”.

Durante el alegato de apertura, Maglier anticipó que la acusación se apoyará en testimonios clave de testigos, que dieron inicio a la investigación, además de prueba documental y audios, más informes de investigadores del propio MPA y declaraciones de coimputados que permitirán explicar vínculos y roles en la organización.

En relación a los hechos calificados como cohecho pasivo reiterado y concusión, el fiscal adelantó que serán probados con pruebas documentales y testimonios en torno a un episodio ocurrido el 7 de noviembre de 2019.

Finalmente, Maglier pidió una condena de 3 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, al considerar que la pena es “justa, proporcional y consecuencia del principio de culpabilidad”, tomando en cuenta la pluralidad de hechos, el tiempo durante el que se extendieron y el cargo jerárquico que ostentaba Barrientos como funcionario policial y jefe de la Comisaría de Fortín Olmos.

Por su parte, la abogada de Fiscalía de Estado, Dra. María Macarena Olivera, sostuvo que los hechos investigados “configuran delitos contra la fe pública, el orden público, la administración y la propiedad”.

Olivera coincidió con la acusación del fiscal Nicolás Maglier y subrayó el impacto económico que genera la explotación clandestina de apuestas:

“La explotación de los juegos constituye una fuente esencial de recursos para la provincia, con un claro y decidido destino social. El juego clandestino provoca un doble daño: el no ingreso de tributos y la no recaudación de lo producido por el juego”.

En ese sentido, remarcó que cada peso apostado en circuitos ilegales se pierde para los fines sociales que sostiene la Lotería de Santa Fe: “La sociedad se ve vulnerada en la satisfacción de necesidades públicas, porque el dinero apostado clandestinamente no tiene obligaciones sociales. En síntesis: menos fondos para el Estado, menos juego responsable y más ilegalidad”.

A su turno, el abogado defensor del acusado, Dr. Ricardo Degumois, rechazó de plano la acusación formulada por el fiscal Nicolás Maglier y la querella de Fiscalía de Estado.

El letrado cuestionó las bases de la imputación: “Entendemos que el imputado no ha incurrido en absolutamente ninguna conducta típica, antijurídica y culpable que pueda hoy conllevar siquiera un análisis serio y convincente de una responsabilidad penal”.

Degumois objetó además que en la acusación se hablara de una “organización” sin que se la calificara expresamente como delictiva: “Organizaciones existen en todos los órdenes. Nunca se mencionó que esa organización tuviera carácter ilícito, y ese es un requisito esencial”.

El defensor resaltó la trayectoria de su cliente dentro de la fuerza de seguridad al afirmar que «jamás se ha dedicado al juego clandestino. Fue, es y seguirá siendo un funcionario honesto, que le ha aportado su vida con tradición familiar a la fuerza de seguridad. Hoy está sentado aquí simplemente por la convivencia con una persona a la que se le atribuyó participación en hechos delictivos”.

Degumois también recordó que en etapas anteriores se había intentado una suspensión del juicio a prueba (probation), lo que -a su entender- demuestra la debilidad de la acusación: “Ese intento, con anuencia del propio Ministerio Público Fiscal, revela el convencimiento de que no existían elementos convictivos sólidos para llegar a juicio”.

Finalmente, el abogado cerró su alegato apelando al costado humano de la causa: “Este es un juicio donde no solo se ventilan hechos, sino fundamentalmente el honor mancillado del señor Barrientos”.

Barrientos fue detenido a fines de diciembre de 2019 en su vivienda de Reconquista por su presunta vinculación con juego clandestino en el norte provincial. Horas después de su detención el entonces jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, dispuso su inmediato pase a disponibilidad. Hasta ese momento fungía como como Jefe de la Inspectoría Zona Norte de la Policía de Santa Fe.

Luego, fue imputado por el entonces fiscal Aldo Gerosa por “organización, explotación y administración del sistema de captación de juegos de azar sin habilitación, asociación ilícita en grado de miembro, cohecho y concusión”, que son exacciones ilegales en beneficio propio y quedó en prisión domiciliaria.

Sobre el mediodía de este lunes, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa contra las cuatro personas detenidas sobre el cierre de la semana pasada, tras una serie de allanamientos realizados en Venado, Carmen, ciudad de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa por explotación de apuestas ilegales virtuales. 

Los cuatro los sospechosos —dos mujeres, Brunella R. (Elortondo) y Georgina T. (Carmen) y dos hombres, Álvaro R. y Néstor Hugo O. (ambos de Venado Tuerto) — quienes estuvieron detenidos hasta la audiencia de este lunes, finalmente fueron imputados por el delito de “explotación, administración, operación y organización de juego clandestino”, previsto en el artículo 301 bis del Código Penal, con penas que van de tres a seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

Tras darse a conocer los detalles de la imputación, los cuatro involucrados podrán recuperar la libertad, aportando una caución de 15 millones de pesos cada uno y deberán cumplir reglas de conducta, que incluye la imposibilidad de salir del país, no tener contacto entre ellos ni con otros involucrados en la causa y el bloqueo de las cuentas bancarias.

Según se precisó, esta decisión de otorgar la libertad bajo fianza está fundada en que no había riesgos procesales, ya que todo el material y pruebas se encuentran secuestrados y asegurados. Además, se trata de personas que no tenían antecedentes penales y poseen trabajo fijo y domicilio en la jurisdicción de Venado Tuerto.

El fiscal de la causa, Iván Raposo, recordó que el expediente se inició en noviembre del año pasado, bajo la instrucción del fiscal Horacio Puyrredón, a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.

“En aquella oportunidad se detuvo a un ciudadano de Venado Tuerto que realizaba actividades ilícitas vinculadas al juego clandestino. En ese procedimiento se secuestró su teléfono celular, y del análisis surgió información muy relevante que permitió ampliar la investigación”, señaló Raposo.

El material extraído del celular del primer imputado, reveló que el primer detenido operaba al menos tres plataformas de apuestas virtuales no autorizadas. Esa línea de trabajo llevó a la fiscalía y a la Agencia de Investigación Criminal a desplegar allanamientos el jueves pasado en Venado Tuerto, Carmen, Córdoba capital y Ciudad de Buenos Aires.

Como resultado, fueron arrestadas tres personas en Venado Tuerto y una en Carmen, quien en principio no fue imputada. Según Raposo, una de las mujeres detenidas en Venado Tuerto cumplía funciones de “cajera”, mientras que los dos hombres mantenían vínculos directos con el primer imputado del año pasado.

El fiscal aseguró que se investiga “una estructura organizada de juego clandestino” que utilizaba transferencias bancarias, billeteras virtuales y entidades financieras para mover el dinero proveniente de las apuestas.

“Toda esta red está sujeta a investigación. Con el peritaje de teléfonos, computadoras y redes sociales, podrían producirse nuevas detenciones. No hay dudas de que estamos ante un sistema que operaba fuera de cualquier control del Estado provincial”, subrayó Raposo.

El artículo 301 bis del Código Penal argentino establece que será reprimido con prisión de tres a seis años quien “explotare, administrare, operare u organizare por cualquier medio juegos de azar no autorizados”. La figura penal apunta tanto a la explotación física como virtual y tiene en cuenta el impacto social y económico de estas prácticas ilegales.

La investigación sigue en curso, con el foco puesto en desarticular la red y bloquear las plataformas virtuales utilizadas, que operaban sin autorización y sin control fiscal, privando al Estado de la recaudación correspondiente y exponiendo a los apostadores a un circuito ilegal.

A mediados de esta semana se desarrollaron diferentes procedimientos en el sur de Santa Fe, en base a denuncias por la presencia de apuestas clandestinas. Se realizaron allanamientos en San Gregorio, Carmen y Venado Tuerto.

El último proceso tuvo lugar este jueves 7, en el marco de una causa que tuvo origen en 2024, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo allanamientos que definieron cuatro detenciones relacionadas con apuestas ilegales online en Venado Tuerto y Carmen.

Los procedimientos, dispuestos por el fiscal Iván Raposo, se iniciaron a raíz de una denuncia presentada el año pasado por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, contra Matías P., quien fue señalado como el supuesto administrador y organizador de juegos de apuestas ilegales en línea y detenido tras aquel proceso.

Desde Fiscalía sostuvieron que los actuales procedimientos se basaron en el análisis del celular del primer detenido, el venadense Matías P., secuestrado en 2024, y de donde se obtuvo que éste actuaba como cajero para al menos tres personas, incluyendo a Álvaro R. (ya detenido) y Tomás M. (prófugo), y también intentó ser cajero en la plataforma administrada por Georgina T.

La evidencia también incluyó el envío de comprobantes de pago de compra de fichas y premios, los cuales a menudo se realizaban a través de financieras.

A mediados del año pasado, se realizó un allanamiento en el domicilio de Matías P., ordenado por el entonces fiscal Horacio Puyrredón. Durante este procedimiento, Matías P. fue detenido, y se le secuestraron su celular y una computadora, elementos que resultaron clave para el avance de la pesquisa.

El análisis pericial de esos dispositivos permitió reconstruir el funcionamiento interno de la red. Se descubrió que Matías P. operaba como "cajero" para al menos tres personas, incluyendo a Álvaro R. y a Tomás M.

La evidencia incautada incluyó comprobantes de pago de compra de fichas y premios, que a menudo se realizaban a través de financieras, pagos y transferencias.

La investigación también reveló el uso de cuentas de terceros y sociedades comerciales para canalizar el dinero del juego ilegal, y se sumaron vistas fílmicas de un agente revelador que simuló apuestas y peritajes informáticos.

La trama inició en julio pasado, cuando la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, firmaron un convenio para promover acciones conjuntas tendientes a combatir y prevenir el juego ilegal.

En ese marco hay una serie de investigaciones en marcha. Una de ellas se llevaba adelante en Venado Tuerto, y tuvo como resultado la detención de un “cajero” de apuestas clandestinas, procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI). 

La situación fue alertada a la Lotería a través del canal de denuncias habilitado, y por eso su vicepresidente Di Lena pidió la intervención del MPA. Como consecuencia, este lunes la Policía realizó dos procedimientos.

En virtud de esto, el personal de la PDI, con colaboración del Departamento Operativo de Investigación y División Microtráfico del distrito Venado Tuerto, por orden del fiscal Horacio Pueyrredón, allanó en principio la casa del sospechoso, cuyas iniciales son M.D.P., ubicada en calle Los Ciruelos. Posteriormente se allanó una agencia que administraba este sujeto, donde precisamente se encontraba en ese momento. El local está ubicado en calle Chapuis.

Además de ser detenido, a este individuo se le incautaron diferentes elementos, como computadoras y anotadores con datos de interés para la causa abierta. Se cree que allí M. D. P. llevaba registro de las apuestas ilegales que administraba.

A partir de la información obtenida, el fiscal Iván Raposo solicitó nuevas medidas, que resultaron en la detención de cuatro personas en las últimas horas. Los allanamientos fueron en direcciones de Venado Tuerto, Carmen, y aunque sin resultados positivos, también en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Álvaro R., de Venado Tuerto, líder de una red de cajeros vinculados a Matías P., coordinaba la carga de fichas virtuales y el pago de premios a través de diversas cuentas bancarias; Georgina T. (Carmen), titular de una plataforma de apuestas ilegales, quien habría autorizado su uso a cajeros como Brunella R. y Matías P., a quienes también vendía fichas.

Brunella R., también de Venado Tuerto, que actuaba como cajera directa de Georgina T., comprando y revendiendo fichas virtuales a los apostadores.

Y Néstor O., de Venado Tuerto, acusado de prestar su cuenta a Matías P. para facilitar transacciones de fichas virtuales, permitiendo un mayor flujo financiero en el circuito ilegal.

Este viernes se llevó a cacabo en los tribunales venadenses una audiencia de control de detención, donde la defensa de dos diputadas, Georgina T. y Brunella R., solicitó que la detención se realizará en sus domicilios respectivos hasta la audiencia imputativa, que será el lunes 11.

Sin embargo, la jueza Borrello no hizo lugar a este pedido, lo que implica que la fiscalía (o la acusación) logró mantener la detención de las imputadas.

En este tipo de procedimientos, prima facie, se suele solicitar la prisión preventiva por tres años, a menos que surjan elementos que contradigan esta medida o que minimicen el riesgo de fuga.

Un allanamiento realizado el miércoles 6 de agosto en la localidad de San Gregorio culminó con la imputación de una mujer y el secuestro de elementos vinculados a apuestas ilegales. La intervención fue llevada adelante por personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de una causa que se investigaba desde mediados de junio.

La pesquisa comenzó el 17 de junio, a partir de una denuncia que alertó sobre la realización de apuestas clandestinas en el bar “El Fortín”. Agentes del Distrito Rufino, dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones Región 3, efectuaron tareas de observación encubierta, confirmando que en el lugar se reunían personas para apostar en carreras de caballos, en su mayoría provenientes del Hipódromo de San Isidro.

La investigación tomó mayor impulso luego de que un apostador, tras ganar una suma de dinero en el local, fuera interceptado y asaltado en las inmediaciones. El hecho motivó al fiscal interviniente, Dr. Mauro Menéndez, de la Unidad Fiscal de Rufino, a solicitar la orden de allanamiento.Con la autorización judicial, el 6 de agosto efectivos de la PDI irrumpieron en el bar, donde se encontraban unas doce personas y la encargada del lugar, identificada como Marta Liliana M. La mujer fue puesta a disposición de la Justicia.En la requisa se incautaron un televisor, un CPU, una ticketera, un teléfono celular, talonarios, cuadernos con anotaciones de apuestas y la suma de $296.400 en efectivo. Todos los elementos fueron remitidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para su análisis.En el operativo participaron también agentes de la Comisaría 15ta de San Gregorio y de la PDI de Venado Tuerto. La imputada fue trasladada a la dependencia policial local, donde quedó sujeta a la causa por infracción a la legislación vigente sobre juego clandestino.

En un paso clave para el crecimiento del sector de juegos en Santa Fe, la provincia anunció la llegada del TeleKino, un popular producto de lotería que comenzará a venderse a partir de noviembre. Durante una conferencia de prensa, Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de la Provincia, junto a Gonzalo Atanasof, presidente de la Lotería de Provincia de Buenos Aires, y Ricardo Saggese, presidente de TeleKino, brindaron detalles sobre el acuerdo y sus implicancias.

"Estamos muy contentos, hoy hicimos una jornada de trabajo con la lotería de Córdoba y Buenos Aires", señaló Daniel Di Lena. Además, resaltó la importancia de la cooperación entre las diferentes provincias para el éxito de este tipo de iniciativas. Según el funcionario, el TeleKino será uno de los productos que se lanzarán en Santa Fe gracias a la colaboración entre las loterías provinciales. "Para nosotros siempre es importante la colaboración entre las loterías", añadió Di Lena, subrayando que Buenos Aires es una de las provincias que más vende productos como el Quini 6, originario de Santa Fe.

Por su parte, Gonzalo Atanasof, destacó la relevancia del TeleKino en Buenos Aires, señalando que este producto es uno de los más exitosos de la lotería de la provincia. "Este es uno de los caballitos de batalla que tiene la provincia de Buenos Aires", afirmó. Atanasof también enfatizó que este tipo de productos genera importantes ingresos que se destinan a políticas públicas tanto en Buenos Aires como en Santa Fe.

Además, el presidente de la Lotería de Buenos Aires se refirió a uno de los temas más delicados en el ámbito de los juegos de azar: la ludopatía juvenil. "Es un gran drama", advirtió Atanasof, destacando la creación del Consejo Provincial de Ludopatía en Buenos Aires y las medidas adoptadas para combatir el juego ilegal, como los recientes operativos que desmantelaron casinos clandestinos. "El juego ilegal permite el acceso a los menores de edad, algo que nosotros, como loterías oficiales, controlamos de manera muy rigurosa", explicó.

En tanto, Ricardo Saggese, presidente de TeleKino, expresó su entusiasmo por la llegada del juego a Santa Fe. "Muy contentos para estar acá y con mucha expectativa", dijo Saggese, quien también adelantó que en diciembre habrá premios especiales como viajes y camionetas, para incentivar la participación de los santafesinos. "La ilusión que tiene cualquier apostador de poder ganar algo, independientemente de los pozos que se acumulan", agregó, asegurando que el TeleKino generará grandes expectativas entre los jugadores. "Para eso la gente se ilusiona y nosotros le convertimos esa ilusión en realidad" enfatizó Saggese.

A partir del lunes 4 de noviembre, los santafesinos podrán adquirir sus cartones para participar en los sorteos de TeleKino, con la posibilidad de ganar importantes premios como autos, casas y viajes.

Los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina, imputaron este martes al senador por el departamento San Lorenzo, el justicialista Armando Traferri y lo acusaron de liderar una organización criminal que, entre otras cosas, le brindaba "cobertura" a Leonardo Peiti, conocido empresario del juego clandestino, del que habría percibido al menos 200 mil dólares.

Tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, son algunas de las pesadas acusaciones -contenidas en más de 300 páginas- que recayeron sobre el otrora influyente dirigente peronista, quien tenía previsto comenzar a esgrimir su defensa este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

Para los fiscales, Traferri "cooperó a la organización de juegos de azar aprovechando las influencias como senador por Santa Fe infiltró al Ministerio Público de la Acusación".

La del martes, además, fue la primera audiencia judicial a la que asiste el senador sanlorencino (en su cuarto mandato y protegido por fueros propios de su cargo) tras cuatro años en que se negó a declarar ante Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los primeros fiscales que lo apuntaron.

En diciembre de 2020 Traferri se negó a declarar y logró el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara para rechazar un pedido de desafuero de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a los que el por entonces titular del bloque del PJ consideraba parciales.

Una y otra vez, desde su banca, Traferri acusó a viva voz al ex ministro de Seguridad y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, de promover por "razones políticas" esa causa. Sostenía que los fiscales eran parciales y finalmente fueron apartados de la investigación.

Tras tres años, el 18 de octubre de 2023, con el mismo Senado de mayoría justicialista, se votó a favor de que Traferri pueda ser interrogado e imputado. Se aclaró entonces que no podrá ser detenido aún si así lo pidieran los fiscales: un paso de ese tipo requeriría (eventualmente) de un nuevo pronunciamiento del Senado.

Desde que el legislador quedó en condiciones de declarar y así poder defenderse ante fiscales que considera que no serán parciales la cita se demoró. Tanto que en tres oportunidades, durante 2024 reclamó formalmente a través de sus abogados poder saber de qué se lo acusa y así armar su defensa.

Cambiaron los fiscales acusadores pero no el tenor de las imputaciones formuladas antes de la pandemia, en 2020.

Tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, son algunas de las pesadas acusaciones -contenidas en más de 300 páginas- que recayeron sobre el otrora influyente dirigente peronista, quien tenía previsto comenzar a esgrimir su defensa este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

Miércoles y jueves, continuarán las audiencias que preside la jueza Eleonora Verón, quien debe resolver si acepta o no la calificación legal contra Traferri, quien este miércoles debía defenderse de los hechos que le imputan.

Son los fiscales quienes imputan a Traferri. El sistema acusatorio, deja clara que la facultad de imputar es del fiscal, y lo hace precisamente en una audiencia imputativa, como la que se desarrolló el martes.

En dos de sus puntos claves, se explicita que "la Investigación penal preparatoria (I.P.P.) es la etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores. Tiene por finalidad preparar la acusación, determinando la prueba relevante que se producirá en el juicio. El responsable de la investigación penal preparatoria es el Fiscal, y actúa bajo el control de un Juez que debe garantizar la regularidad de su intervención".

Y también que "la Audiencia imputativa refiere al momento en que el Fiscal le informa a una persona (imputado) que es señalada como posible autora o partícipe de un delito determinado, posibilitándole ejercer su derecho de defensa. Esta audiencia se realiza ante un Juez."

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó dos allanamientos en Venado Tuerto el último lunes en el marco de una investigación por juegos ilegales.

Las medidas se llevaron a cabo en una vivienda de calle Los Ciruelos al 1200 y un local comercial en Av. Luis Chapuis al 2000 donde funciona una agencia de lotería.

Como resultado de los procedimientos la policía aprehendió a Matias P. (32) y secuestró teléfonos celulares, una tablet, una computadora, cds, una tarjeta de memoria, anotaciones varias y elementos de interés para la causa que se investiga.

Personal del Departamento Complejas Región III, Distrito Venado Tuerto, fue puesto en conocimiento por la Fiscalía interviniente a cargo del Dr. Horacio Puyrredón por un hecho que fue ingresado el pasado mes de julio en el que la Caja de Asistencia Social, como Autoridad de Aplicación en los juegos de azar en la provincia de Santa Fe tomó conocimiento de un hecho en apariencia ilícito a través del canal de denuncias de juego ilegal habilitado. Esto se dio en el marco del Protocolo para la  realización de Reportes y/o denuncias de juego ilegal.

Es por ello que los efectivos de PDI, bajo las órdenes de la Fiscalía interviniente, procedieron a realizar tareas investigativas y con los resultados obtenidos el pasado lunes, conjuntamente con personal del Departamento Operativo y la División de Microtráfico de PDI, llevaron adelante dos órdenes de allanamientos arrojando resultados positivos para la causa que se investiga.

Intervención provincial

En julio pasado, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, firmaron un convenio para promover acciones conjuntas tendientes a combatir y prevenir el juego ilegal.

En ese marco hay una serie de investigaciones en marcha. Una de ellas se llevaba adelante en Venado Tuerto, y tuvo como resultado la detención de un “cajero” de apuestas clandestinas, procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI). Esta persona fue imputada este miércoles por la Justicia. El delito del que se lo acusa tiene condenas previstas de entre tres y seis años de prisión, de acuerdo al Código Penal. 

La situación fue alertada a la Lotería a través del canal de denuncias habilitado, y por eso su vicepresidente Di Lena pidió la intervención del MPA. Como consecuencia, este lunes la Policía realizó dos procedimientos. 

En virtud de esto, el personal de la PDI, con colaboración del Departamento Operativo de Investigación y División Microtráfico del distrito Venado Tuerto, por orden del fiscal Horacio Pueyrredón, allanó en principio la casa del sospechoso, cuyas iniciales son M.D.P., ubicada en calle Los Ciruelos. Posteriormente se allanó una agencia que administraba este sujeto, donde precisamente se encontraba en ese momento. El local está ubicado en calle Chapuis. 

Además de ser detenido, a este individuo se le incautaron diferentes elementos, como computadoras y anotadores con datos de interés para la causa abierta. Se cree que allí M. D. P. llevaba registro de las apuestas ilegales que administraba.

La investigación había podido establecer, según obra en el expediente, que esta persona “recibía dinero para ser acreditado en cuentas de páginas de juego en línea ilegales”. La metodología utilizada por estos delincuentes, implica que quien apuesta contacta al "cajero", le indica el monto que quiere jugar, entrega el dinero de manera física o vía transferencia bancaria y el “cajero” lo vehiculiza a la plataforma de juego a través de distintos medios.

La jueza Paula Borello, en quien derivaron las actuaciones, imputó a este hombre por los delitos investigados, mientras la investigación sigue en marcha y no se descarta que pueda tener más derivaciones. 

Desde Lotería, concretados los procedimientos, se procedió a anular la licencia que tenía esta persona para tener la agencia.

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvana Di Stefano, destacó la importancia de las denuncias interpuestas por el Gobierno de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación, por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar por parte de sitios web de apuestas.

Cabe recordar que, a través de distintas denuncias, se solicita que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 385 dominios demandados, que no sólo afectan los erarios públicos, sino que posibilitan el acceso a gran número de habitantes -entre ellos menores de edad- a juegos, apuestas o sorteos.

“Combatir el juego online ilegal también es pensar en nuestros jóvenes y su educación, incluso muchas de estas transacciones fueron detectadas por las redes de internet de las escuelas”, señaló Di Stefano.

La temática también tuvo eco en el Encuentro Nacional de legisladoras y legisladores, del cual Di Stefano fue parte y se desarrolló bajo el lema “Las Infancias y Adolescencias en Argentina: situación actual y desafíos inmediatos”.

A lo largo de las dos jornadas, hubo también un espacio destinado al intercambio de experiencias y proyectos provinciales, donde los legisladores compartieron el estado actual de las políticas destinadas a juventudes en sus diferentes jurisdicciones.

 “Es un tema que nos preocupa, principalmente por las consecuencias nocivas y en ocasiones dramáticas que el juego online provoca en los adolescentes y sus familias”, lamentó la presidenta del Bloque de la UCR.

“Muchos jóvenes santafesinos acceden a plataformas legales a través de transferencias de dinero en billeteras virtuales. Por esta razón es que sugerimos que se tomen medidas para evitar el ingreso de menores de edad al universo del juego y evitar la proliferación de casinos online clandestinos”, cerró la legisladora.

El Gobierno provincial amplió este miércoles la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de la Acusación, el pasado 23 de mayo, por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo, 301 bis del Código Penal), en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas. La presentación está firmada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.

En este caso, la documentación dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, suma 112 nuevos sitios, a los 273 ya enumerados en la denuncia inicial; y se solicita sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias. Son, por lo tanto, 385 los sitios demandados. 

En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la provincia de Santa Fe, ha advertido que sumado a los sitios de internet descriptos en la denuncia de fecha 23 de mayo de 2024, “se han detectado otros, que de igual modo permiten apostar al margen de la ley, amén de violar las disposiciones del Código Penal antes citadas y la normativa vigente en materia de regulación del juego, ya que no  cuentan con autorización de la Caja de Asistencia Social para funcionar”.

Estos sitios, posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, se indica en el documento, que afirma que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.

Asimismo, la denuncia detalla que la actividad desarrollada por sitios de juegos y apuestas no autorizados cuentan con “ausencia de control respecto de las normas y acciones referentes al Juego Responsable y el lavado de dinero”. 

Al respecto, Di Lena había señalado que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguna de los veinticuatro organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio “.bet.ar”, es ilegal”, aclaró.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los nuevos sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.

En sendas audiencias llevadas a cabo en las jornadas de lunes y martes en la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista, presididas por la jueza penal Claudia Bressán, 20 regenteadores y explotadores del juego clandestino fueron condenados a diversas penas según cada caso, con suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad y juicio abreviado.

Las figuras penales atribuidas fueron juego clandestino, la captación de juegos de azar sin autorización, en concurso ideal con asociación ilícita y defraudación al Estado, que ameritó el resarcimiento a la provincia, y cohecho. Sobre este último delito, el fiscal admitió que «lamentablemente no tuvimos mucho éxito sobre quiénes eran las personas que recibían, si bien tenemos fuertes sospechas, pero eso no bastan para llevarlos a juicio».

El acuerdo integral al que arribó la fiscalía y las defensas de los involucrados constó de cuatro escritos firmado en forma conjunta. “En el día de ayer se realizó una suspensión de juicio a prueba para 13 de los imputados, que básicamente son las terceras líneas, casi todas mujeres, que son las que atendían los kioscos donde se tomaban las apuestas”, precisó el fiscal regional Rubén Martínez, a cargo del caso.

En la resolución judicial se estableció que estos encartados deberán realizar trabajos comunitarios por el plazo de un año, una vez cada 15 días por cuatro horas cada vez, en una institución de bien público. Asimismo deberán asistir a un curso para el juego responsable o contra la ludopatía que será organizado por la Caja de Asistencia Social de la Lotería de la Provincia.

El funcionario del MPA agregó que “en el día de hoy se celebró un abreviado para 20 de los acusados, que son los cabecillas principales, más los colaboradores cercanos, con una condena de tres años de prisión condicional, más reglas de conducta que deben cumplir”.

El jefe de los fiscales del noreste santafesino indicó además que a Sixto José Rossi, alias «Pajarito», el cual tiene 86 años y una salud muy precaria, se le aplicó un “criterio de oportunidad, y va a resarcir a la provincia con 5 millones de pesos que la provincia acordó con él por separado”.

Ese monto, explicó el Dr. Martínez, se va a unificar con el 80 por ciento del dinero secuestrado en los procedimientos, que tanto en pesos con en dólares está depositado en el Banco de Santa Fe, y va a conformar una indemnización de 18 millones de pesos en total.

La provincia reclamaba unos 23 millones, con lo cual “la diferencia la va a poder ejecutar en forma individual a todos aquellos condenados que en los secuestros no les hayan sacado una cantidad similar”, ahondó.

El regional recordó que la causa llevó mucho tiempo de investigación contra 36 personas que estaban delimitadas en tres líneas: “Una línea eran los cabecillas, las segundas líneas eras los colaboradores más inmediatos y la tercera línea eran los ‘levantadores’, aquellos que tenían los kioscos y demás”, reveló.

Sobre ese punto, contó que a partir de la presentacion de «la acusación comenzaron las negociaciones para salidas alternativas, pues nos encontramos en un proceso largo, de muchísimas pruebas, un juicio complejo”.

Detalló que una vez que la defensa evaluó todas las pruebas que teníamos en su contra planteó salidas alternativas y “eso incluyó conversaciones con la provincia de Santa Fe, a través de conversaciones con el fiscal de Estado, con Lotería de Santa Fe, a través de su presidente, con los agencieros oficiales de Reconquista”.

Consultado sobre el resultado final del proceso, puso de relieve que “hemos llegado a un acuerdo razonable, 20 condenados no es cosa de todos los días, hay un beneplácito muy grande de parte de los agencieros oficiales que vieron cómo aumentaron sus ganancias a raíz de que aumentó la recaudación, hoy el juego clandestino está disminuido”.

El fiscal Martínez subrayó que “de acá en más vamos a marcar un camino claro en la lucha contra el juego, sabiendo aquel que siga insistiendo con estas situaciones que se va encontrar con una situación similar. Y si bien es una condena de ejecución condicional, no deja de ser una condena sujeta a reglas de conducta que si no se cumplen se pueden revocar la condicionalidad”.

“De otra forma – acotó – nos hubiésemos enfrentado a un juicio largo, complejo y hubiésemos tenido sentencia en 4 ó 5 años. Esto empezó en el año 2018, tuvimos que hacer toda la investigación con gente de afuera porque había influencia en las fuerzas de seguridad locales”.

En final de la entrevista con medios de prensa, dedicó un agradecimiento especial al “Organismo de Investigaciones del MPA, que me ayudó a hacer una investigación extraordinaria que yo solo no hubiese podido hacer, a la gente de Lotería y a los agencieros oficiales que siempre estuvieron conmigo, acompañándome”.

En el marco del proceso penal llevado adelante por el fiscal Martínez fueron condenados Graciana Valeria Agustini, Raúl Javier Arraga, Gregorio Néstor Ramírez, Adrián Marcelo Mai, Marcelo Andrés Driussi y Santiago Alejandro Saucedo como autores penalmente responsables de los delitos de

explotación, administración y organización del sistema de captación de juego de azar sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad competente, en concurso ideal con asociación ilícita y en concurso real con defraudación al Estado o administración pública, y cohecho.

En la misma audiencia fueron condenados María Alejandra Pujato, Dalila Elisabet Yoris, Selene Soledad Baragiola, Lorena Paola Correa, Delia del Carmen Marti, Luciana Beatriz Calderón, Gregorio Néstor Ramírez, Emilse Luisina Martínez, Adriana Griselda Ghan, Carlos Emilio Mariani, Juan Angel Alegre, Claudia Mabel Pereyra, Vanina Adriana Mai y Aldo Gustavo Ghan, como autores materiales y penalmente responsables de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juego de azar sin contar con la debida autorización emanada de autoridad competente, en concurso ideal con asociación ilícita en carácter de miembro y en concurso ideal con defraudación al estado o administración pública.

Como querellante, en representación de la provincia, actuó la Dra. Cecilia Renna; la Dra. Georgina Díaz asistió al MPA; y fueron abogados defensores de los abogados Andrés Ghío, Martín Binaghi, Ricardo Degoumois, Mariana Zechín y Daniel Baralle.

La secuencia se inició cuando los uniformados fueron comisionados a acudir hasta un inmueble ubicado en Pellegrini 4072, ante la sospecha de un hecho ilícito.  

Ni bien arribados los agentes informaron a la operadora del 911 que el frente de la vivienda tenía vidrios espejados. Agregaron que en ese instante un hombre salió de la de la casa, observando gran cantidad de máquinas y otras dos personas en el interior. 

Con los recaudos legales del caso los policías irrumpieron en la propiedad y procedieron a detener a los involucrados (tres hombres de 30, 74 y 53 años) dando cuenta de la situación a la Dra. Beltramone, quien toma el requerimiento e imparte las medidas de rigor. 

Se procedió al secuestro de 15 máquinas de juegos con su respectivo CPU y monitor; 1 máquina madre con CPU (server) red que abastece las demás CPU con monitor; 1 CPU sin monitor y la suma de $ 14.060 pesos argentinos. 

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Seccional 2da. de Rosario que interviene por razones de jurisdicción. 

(Por Carlos Retamal) El ex diputado provincial Darío Scataglini fue imputado formalmente por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidieron que quede en prisión preventiva, pero la jueza le otorgó la libertad bajo el cumplimiento de unas reglas de conducta. 

En una audiencia llevada a cabo en la mañana de este sábado 4 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario; los fiscales de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron a Scataglini haber realizado negociaciones (haciendo uso de sus influencias) para que la Lotería de la Provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Leonardo Peiti –imputado como capitalista de juego ilegal–, la explotación de máquinas para apuestas online, lo que se llama VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por la Lotería. 

Las negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia, con el fin de que se beneficiaran Peiti y el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, señalaron los fiscales. 

El ex diputado fue detenido pasado el mediodía del jueves por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en su vivienda ubicada en inmediaciones de pasaje Lassaga y bulevar Pellegrini, de la ciudad de Santa Fe. 

La detención había sido ordenada por los fiscales Edery y Schiappa Pietra, a partir de inconsistencias entre las explicaciones dadas en su momento por el ex diputado en su declaración, con nueva evidencia recolectada por los fiscales. 

Entre esas pruebas estaba una escucha telefónica al teléfono de Peiti, en la cual Scataglini le dijo que hablaba en nombre del senador, quien quería hablar con él. “Nos pareció sugestivo que llamara un senador a una persona que tenía emprendimientos de juego clandestino. No teníamos muy en claro su rol, por eso primero lo llamamos (a Scataglini) como testigo; pero después vimos que su declaración no tenía consistencia con las evidencias de la causa”, dijo el fiscal Edery. 

Según se dijo en la audiencia, el 11 de marzo de 2020, el ex diputado se reunió con Peiti, José Fernández Chemes y el senador del PJ, Traferri, en la oficina de trabajo de este último, ubicada en calle General López 2600 de la ciudad de San Lorenzo. En esa reunión se acordaron las gestiones que cada uno debía llevar a cabo para que el Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe celebre un convenio con la empresa Wildar Gaming para habilitar la colocación de las máquinas de juego online. 

El rol de Scataglini, según dijeron los fiscales, era usar sus influencias ya que en su momento integró la comisión Bicameral de Bingos y Casinos, para lograr esa habilitación.