Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la provincia, desbarataron una casa de apuestas ilegales en un procedimiento realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la capital provincial.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además se secuestró material estupefaciente y alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker, en el marco de una causa que investiga el fiscal Roberto Olcese.

La investigación se puso en marcha tras una presentación formulada por Lotería de Santa Fe, a través de su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, a partir de una denuncia anónima recibida el pasado 7 de enero, en la cual se informaba que en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba una casa de juego clandestino.

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe en la Fiscalía General, rápidamente ordenamos la realización de diversas diligencias que permitieron avanzar en la investigación”, ratificó el fiscal Olcese.

“Anoche se realizó un allanamiento en el lugar en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares de los asistentes y de personas que estaban trabajando”.

Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial.

Los efectivos también incautaron dos mesas de póker; la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; cartelería; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($ 500), celestes ($ 1000), rojas ($ 5000), negras ($ 10.000), verdes ($ 20.000), y bordó y amarillo ($ 50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500; y demás elementos de interés para la causa.

Tras constatar movimientos compatibles con una actividad de apuestas clandestinas, como ingreso restringido, vigilancia en puerta, concurrencia nocturna y ausencia de habilitación oficial, el fiscal Olcese solicitó orden de allanamiento al juez Sergio Carraro, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe.

En el lugar se identificó a 30 personas y procedieron a la aprehensión de 8 involucrados, entre ellos el propietario del inmueble, su hija y personas que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

El funcionario del MPA precisó que “ocho personas fueron identificadas en el marco de lo previsto en el artículo 301 bis del Código Penal que sanciona la explotación, administración, operación o comercialización de juegos de azar sin autorización legal”.

Todo el material secuestrado quedó a disposición judicial y los estupefacientes fueron remitidos a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, desbarataron una casa de apuestas ilegales en un procedimiento realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la ciudad de Santa Fe. Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además se secuestró material estupefaciente y alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker, en el marco de una causa que investiga el fiscal Roberto Olcese.

La investigación se puso en marcha tras una presentación formulada por Lotería de Santa Fe, a través de su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, a partir de una denuncia anónima recibida el pasado 7 de enero, en la cual se informaba que en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba una casa de juego clandestino.

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe en la Fiscalía General, rápidamente ordenamos la realización de diversas diligencias que permitieron avanzar en la investigación”, ratificó el fiscal Olcese. “Anoche se realizó un allanamiento en el lugar en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares de los asistentes y de personas que estaban trabajando”.

Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial.

Los efectivos policiales también incautaron dos mesas de póker; la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; cartelería; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($ 500), celestes ($ 1000), rojas ($ 5000), negras ($ 10.000), verdes ($ 20.000), y bordó y amarillo ($ 50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500; y demás elementos de interés para la causa.

Tras constatar movimientos compatibles con una actividad de apuestas clandestinas, como ingreso restringido, vigilancia en puerta, concurrencia nocturna y ausencia de habilitación oficial, el fiscal Olcese solicitó orden de allanamiento al juez Sergio Carraras, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe. En el lugar se identificó a 30 personas y procedieron a la aprehensión de 8 involucrados, entre ellos el propietario del inmueble, su hija y personas que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

El funcionario del MPA precisó que “ocho personas fueron identificadas en el marco de lo previsto en el artículo 301 bis del Código Penal que sanciona la explotación, administración, operación o comercialización de juegos de azar sin autorización legal”. Todo el material secuestrado quedó a disposición judicial y los estupefacientes fueron remitidos a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal, vinculada a la promoción de sorteos ilegales difundidos a través de redes sociales.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un representante de la Caja de Asistencia Social, Lotería de Santa Fe, quien advirtió sobre publicaciones que ofrecían sorteos de dinero y un automóvil sin la debida autorización legal.

La causa es tramitada por el fiscal adjunto Roberto Olcese, de la Oficina de Investigación de Asignaciones Temáticas Especiales de la Fiscalía Regional 1. A partir de tareas investigativas, análisis de redes sociales y resguardo de evidencia digital, se logró identificar a los presuntos responsables y reconstruir la modalidad de comercialización de “chances” mediante transferencias de dinero a distintas cuentas.

Con orden del juez de Primera Instancia Sergio Carraro, los agentes realizaron allanamientos en dos domicilios: uno ubicado en el club de campo “El Paso”, en la ciudad de Santa Fe, y otro en la ciudad de Santo Tomé.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación, un vehículo y otros objetos vinculados al sorteo investigado.

Las dos personas involucradas fueron notificadas e identificadas, quedando imputadas y en estado de libertad, mientras la causa continúa su trámite bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. 

Los fiscales Iván Raposo y Larisa Barucca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Venado Tuerto, ordenaron la detención de dos personas vinculadas a una red de juego clandestino que operaba a través de internet. Una mujer fue arrestada y su pareja permanece prófuga, en el marco de una causa que ya acumula nueve imputados.

La investigación

La causa se inició a mediados de 2024 tras una denuncia formal presentada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena. El organismo estatal alertó sobre maniobras ilegales de apuestas virtuales en la ciudad de Venado Tuerto, que se habrían iniciado en ese mismo año.

Según las pruebas recolectadas por la Oficina de Análisis Criminal del MPA, los implicados integraban una organización dedicada a la administración y operación de apuestas ilegales en la plataforma Pulpubet. Desde allí se generaban usuarios y contraseñas, y se realizaban recargas de fichas virtuales para distintos clientes.

Quiénes son los acusados

Entre los sindicados como organizadores figuran Génesis Melina S., quien fue detenida en la mañana de este viernes, y su pareja, Santiago R., actualmente prófugo. Ambos vivían en una vivienda de calle Mitre al 600 de Venado Tuerto y habrían actuado como administradores principales de la red.

La operatoria incluía la colaboración de dos “cajeras” identificadas como Georgina T. y Brunella R., quienes solicitaban cargas de fichas virtuales que eran provistas por Génesis y Santiago. A cambio, los principales imputados percibían un porcentaje de las ventas, que se depositaba en una cuenta bancaria de la mujer.

Calificación penal y estado de la causa

La fiscalía calificó la conducta de ambos como coautores del delito de administración, operación y organización de juego clandestino, una figura contemplada en la legislación penal argentina. Además de la detención de Génesis, la causa ya acumula siete personas arrestadas y dos prófugas, entre ellas Santiago R.

En tanto, en los próximos días se llevará adelante la audiencia imputativa.

María José Valdéz

En diálogo con Santa Fe Policiales, el programa que conducen Verónica Ensinas y Danilo Chiapello por CyD Litoral, el vicepresidente Ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, dio detalles del fenómeno y de las investigaciones que derivaron en imputaciones y decomisos millonarios.

“De las transacciones de un solo casino ilegal, en tres meses se registraron más de 40 mil apuestas de menores de 18 años”, reveló el funcionario.

Según explicó, la Lotería detectó una red nacional con 385 sitios de juego ilegal, denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación junto con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda, y el ministro de Educación, José Goity.

El fiscal Nigro tomó algunos de los casos denunciados y logró imputar a ciudadanos argentinos y brasileños vinculados con la empresa Transfero Pagamento SA, una pasarela de pagos sobre la que se cursaban los fondos económicos de las apuestas, y por eso pudo congelar mas de un millón de dólares, en su mayoría en criptomonedas.

El funcionario remarcó que esta red no solo vulnera normas económicas, sino también sociales. “Lo grave es que son los más jóvenes los más expuestos. Muchos empiezan apostando pocos pesos, y en poco tiempo entran en un círculo de ludopatía”, explicó.

La facilidad de acceso en los entornos digitales potenciaron el problema. “La única manera que un menor puede apostar es a través de sitios ilegales, porque los legales tienen validación con el RENAPER y no permiten el ingreso de menores, además de todos los controles que hacemos sobre ellos los organismos reguladores”, aclaró el titular de Lotería.

“Los únicas plataformas de apuestas legales y por lo tanto habilitadas en Argentina son los que sus dominios tienen terminación .bet.ar”, en el caso de Santa Fe, porque el juego se concesiona por provincias, solo dos paginas son legales (Bplay y Citicenter on line), enfatizó.

El titular de Lotería advirtió que plataformas ilegales usan la marca Quini 6..Foto: Manuel Fabatia

Frente a esta situación, la Lotería de Santa Fe lanzó campañas de prevención y charlas en escuelas y clubes. Pero para Di Lena el problema excede lo institucional.

“Necesitamos concientizar también a los padres. Es fundamental que controlen qué hacen sus hijos con el celular y el dinero que manejan”, dijo.

El funcionario relató casos frecuentes: padres que envían dinero por billeteras virtuales “para un almuerzo o una salida”, sin saber que luego ese dinero termina apostado en plataformas ilegales.

Según las encuestas disponibles, uno de cada cuatro menores reconoció haber apostado alguna vez. “No hay condición social que te salve de esto. La ludopatía temprana atraviesa a todas las familias”, advirtió Di Lena.

La preocupación no se limita al comportamiento individual. El fenómeno, explicó, “esconde detrás una industria ilegal multimillonaria” que mueve criptomonedas, datos y publicidad dirigida a adolescentes.

“Nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Este flagelo exige una respuesta colectiva y sostenida”, sostuvo.

El vicepresidente Ejecutivo de Lotería contó además que la provincia detectó un uso ilegal de la marca Quini 6 en plataformas online. “Encontramos casinos que usaban nuestro logo y redireccionaban al usuario a sitios truchos. Es un delito y una estafa”, denunció.

Ante esa situación, la provincia presentó una denuncia civil contra Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram.

Daniel Di Lena, director de la Lotería de Santa Fe, durante la entrevista en SFP. Foto: Manuel Fabatia

“El juez federal nos dio la razón. Ordenó bajar los avisos y revelar quién los pagó. Pero Facebook Argentina se escuda que ellos no son los responsables, que eso es Facebook de EEUU como si no fuera la misma empresa, en definitiva usa artilugios legales para demorar el cumplimiento”, explicó.

La causa sigue abierta, con apelaciones en curso, mientras los avisos ilegales permanecen activos. “Es una muestra de lo complejo que es erradicar estos delitos digitales con las leyes actuales”, remarcó Di Lena.

Por eso, el funcionario apoyó la sanción de una ley nacional que otorgue mayores atribuciones a los organismos de control.

“ENACOM debe poder dar de baja sitios sin orden judicial y tener la tecnología para poder hacerlo como en otros países, el Banco Central controlar las transacciones de menores y la UIF seguir la ruta del dinero. Sin esas herramientas como mínimo, la lucha es desigual”, aseguró.

Di Lena fue tajante: “Esto no se resuelve de un día para otro. Es una problemática transversal y global. Si no hay una ley moderna y que comprenda cuales son los problemas del juego en argentina , las páginas ilegales seguirán apareciendo”.

El avance del juego ilegal online, la ludopatía temprana y la falta de regulación efectiva conforman un cóctel difícil de desactivar. “La justicia avanza, pero las plataformas ilegales siguen funcionando”, concluyó Di Lena.

Mientras tanto, desde la Lotería provincial se continúa con la prevención, la detección de nuevos sitios ilegales y el acompañamiento a familias afectadas. “La batalla contra el juego ilegal recién empieza y nos involucra a todos”, cerró.

En una audiencia que se llevó adelante en la jornada del martes un hombre fue imputado en el marco de una investigación por juego clandestino, aunque recuperó la liberta bajo fianza y estrictas reglas de conducta. Se trata de una causa que dio inicio a mediados de 2024 a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena.

Desde ese entonces, el fiscal a cargo, Iván Raposo, llevó adelante una serie de allanamientos en Venado Tuerto y la región que derivaron en detenciones de al menos seis personas involucradas.

En tanto, el ultimo operativo se concretó el sábado 6 de septiembre por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, en Venado Tuerto, que arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento se secuestraron tres notebooks y tres teléfonos celulares, además de concretarse la detención de la persona que habita la vivienda.

Historia del caso

De acuerdo a lo informado, la PDI había realizado previamente dos allanamientos en septiembre de 2024, donde fue detenida una persona señalada como cabecilla de la organización, y se secuestraron elementos de interés que aportaron datos relevantes para la investigación.

En continuidad con el trabajo, durante los primeros días de agosto de este año se concretaron otros cuatro allanamientos, con la detención de cuatro personas y el secuestro de teléfonos, computadoras y documentación vinculada a la actividad ilícita.

Los distintos procedimientos, dispuestos por el fiscal Iván Raposo, se iniciaron a raíz de una denuncia presentada el año pasado por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, contra Matías P., quien fue señalado como el supuesto administrador y organizador de juegos de apuestas ilegales en línea y detenido tras aquel proceso.

Desde Fiscalía sostuvieron que los actuales procedimientos se basaron en el análisis del celular del venadense Matías P., secuestrado en 2024, y de donde se obtuvo que éste actuaba como cajero para al menos tres personas, incluyendo a Álvaro R. (ya detenido) y Tomás M. (prófugo), y también intentó ser cajero en la plataforma administrada por Georgina T.

La evidencia también incluyó el envío de comprobantes de pago de compra de fichas y premios, los cuales a menudo se realizaban a través de financieras.

Denuncia de Di Lena

A mediados del año pasado, se realizó un allanamiento en el domicilio de Matías P., ordenado por el entonces fiscal Horacio Puyrredón. Durante este procedimiento, Matías P. fue detenido, y se le secuestraron su celular y una computadora, elementos que resultaron clave para el avance de la pesquisa.

El análisis pericial de esos dispositivos permitió reconstruir el funcionamiento interno de la red. Se descubrió que Matías P. operaba como "cajero" para al menos tres personas, incluyendo a Álvaro R. y a Tomás M.

La evidencia incautada incluyó comprobantes de pago de compra de fichas y premios, que a menudo se realizaban a través de financieras, pagos y transferencias.

La investigación también reveló el uso de cuentas de terceros y sociedades comerciales para canalizar el dinero del juego ilegal, y se sumaron vistas fílmicas de un agente revelador que simuló apuestas y peritajes informáticos.

El trabajo dio inició en julio de 2024, cuando la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, firmaron un convenio para promover acciones conjuntas tendientes a combatir y prevenir el juego ilegal.

La situación fue alertada a la Lotería a través del canal de denuncias habilitado, y por eso su vicepresidente Di Lena pidió la intervención del MPA.

Cómo operaban

Hasta ahora los allanamientos fueron en direcciones de Venado Tuerto, Carmen, y aunque sin resultados positivos, también en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Álvaro R., de Venado Tuerto, líder de una red de cajeros vinculados a Matías P., coordinaba la carga de fichas virtuales y el pago de premios a través de diversas cuentas bancarias; Georgina T. (Carmen), titular de una plataforma de apuestas ilegales, quien habría autorizado su uso a cajeros como Brunella R. y Matías P., a quienes también vendía fichas.

Brunella R., también de Venado Tuerto, que actuaba como cajera directa de Georgina T., comprando y revendiendo fichas virtuales a los apostadores.

Y Néstor O., de Venado Tuerto, acusado de prestar su cuenta a Matías P. para facilitar transacciones de fichas virtuales, permitiendo un mayor flujo financiero en el circuito ilegal.

En la mañana de este sábado, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III realizó un allanamiento en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, en Venado Tuerto, que arrojó resultado positivo. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena.

Durante el procedimiento se secuestraron tres notebooks y tres teléfonos celulares, además de concretarse la detención del principal morador de la vivienda, quien fue trasladado a la Comisaría 2da a la espera de la audiencia imputativa.

La causa está a cargo del fiscal Iván Raposo junto a la fiscal adjunta Larisa Barucca. De acuerdo a lo informado, la PDI había realizado previamente dos allanamientos en septiembre de 2024, donde fue detenida una persona señalada como cabecilla de la organización, y se secuestraron elementos de interés que aportaron datos relevantes para la investigación.

En continuidad con el trabajo, durante los primeros días de agosto de este año se concretaron otros cuatro allanamientos, con la detención de cuatro personas y el secuestro de teléfonos, computadoras y documentación vinculada a la actividad ilícita.

Por Juliano Salierno

Este miércoles, la justicia penal santafesina ordenó mantener inmovilizadas las cuentas en criptomonedas en las que se acumulan alrededor de 1,3 millones de dólares, que se presume, provienen de lo recaudado en plataformas digitales de juego no autorizado.

La decisión adoptada por el juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda instancia, Sebastián Creus, ordena “revocar parcialmente” la medida dispuesta por el juez Pablo Spekuljak, quien el 31 de marzo liberó el levantamiento de los activos digitales de las distintas plataformas de criptomonedas que están siendo investigadas, a cambio de un mínimo depósito en dólares a la Aprad.

La apelación tuvo el triple impulso del Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto con las querellas presentadas en la causa, que representan los intereses del Gobierno de Santa Fe y de la empresa privada Casino de Santa Fe.

El juez Creus confirmó “lo que tiene que ver con las cautelares personales” dispuestas para los imputados, en tanto que revocó “las cautelares reales debiendo volverse al estado anterior, disponiéndose las mismas cautelares vigentes antes de la resolución impugnada”, según consta en el acta.

Es decir que por el momento y de cara a un futuro juicio oral, los activos digitales en criptomonedas, estimados en 1.3 millones de dólares, continuarán congelados bajo la tutela de la Justicia provincial.

En cuanto a la causa penal, se inició el 22 de mayo de 2024, con una denuncia de los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y de Educación, José Goity y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.

Los representantes del Gobierno santafesino apuntaron contra 273 páginas de juego ilegal, lista que fue ampliada el 19 de junio del año pasado alcanzando los 385 sitios de apuestas online ilegales.

Actualmente la investigación tiene como imputados a: Justina Garcia de la Peña; Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo. Además, se investiga a las empresas Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión.

Por parte del MPA estuvieron en la audiencia el fiscal de la causa, Agustín Nigro y el fiscal de cámara, Carlos Arietti; mientras que las defensas de los involucrados fueron ejercidas por los abogados Ignacio Alfonso Garrone; Mariana Oroño y Federico Kienner.

En tanto por las querellas estuvieron el Fiscal de Estado provincial adjunto Leandro Mega y la Dra. Paola Landa -por el Gobierno de Santa Fe-; y el abogado Luis Miguel Massot -por Casinos de Santa Fe-.

El subjefe de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, Mariano Govi, brindó precisiones sobre el procedimiento llevado a cabo este jueves, de madrugada, donde un grupo de 10 personas fueron detenidas como consecuencia de un operativo por juego clandestino en Cullen al 3000 de la ciudad de Rosario. 

Los efectivos de la Policía de Santa Fe comprobaron el funcionamiento de un casino ilegal dentro del lugar apuntado por un vecino mediante una llamada al 911 y procedieron al arresto de los presentes y clausura del mismo por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Al respecto, Govi explicó: “Un llamado al 911, alrededor de las 0.50 horas, nos alertó sobre un desorden en una fiesta clandestina. El personal es comisionado al lugar y allí se sorprende al advertir, a través de un ventiluz de una puerta, de gente sentada alrededor de unas mesas de juego. Sale una persona y admite que está realizando este tipo de actividad, entonces hacen salir a todas las personas y automáticamente las demoran y proceden al secuestro de dos mesas completas de juego con fichas, algo de dinero en efectivo y anotaciones diversas que daban cuenta de posibles transferencias de dinero”.

“Con todos estos elementos y ante la clara situación de estarse desarrollando una actividad de juego clandestino, realizan la consulta al fiscal de Flagrancia en turno quien ordenó el traslado y la detención de todas estas personas y la derivación del procedimiento a la comisaría. Hay también teléfonos celulares secuestrados y demás evidencia que los relaciona con la actividad de juego clandestino”, agregó.

Sobre el final, el subjefe de la URII resaltó la importancia de la utilización del 911 “para todo lo que sea prevención, movimientos extraños, gente ajena, que tiene un resultado positivo para desbaratar este tipo de actividades”.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe observa con atención la inminente resolución del juez de Cámara Sebastián Creus, quien deberá definir si revoca el fallo del juez Pablo Spekuljak, que ordenó liberar más de USD 1,3 millones en criptoactivos vinculados a una red de apuestas ilegales con base en Santa Fe.

La causa investiga el funcionamiento de 385 sitios web de apuestas clandestinas que operaban desde territorio santafesino, con siete personas imputadas —cinco argentinas y dos brasileñas—. La resolución del juez Spekuljak, que autorizó la liberación de criptoactivos a cambio de una caución de apenas USD 70 mil, generó un fuerte revuelo político e institucional.

Según los elementos probatorios, existían alias bancarios relacionados con apuestas, anotaciones manuscritas como “Gamming = Riesgo Penal” y flujos financieros compatibles con maniobras delictivas. No obstante, el magistrado consideró que no se podía estimar con precisión el perjuicio al Estado, y por eso accedió a la morigeración de las medidas cautelares reales.

El primero en criticar el fallo fue Daniel Di Lena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, respaldado públicamente por el ministro de Gobierno Fabián Bastía. Ante esta situación, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, solicitó la constitución de la provincia como querellante en la causa, reafirmando la postura oficial contra el juego ilegal.

La polémica llegó también a la Legislatura. El diputado provincial Marcos Corach presentó un proyecto de comunicación para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe informe si ha tomado conocimiento del fallo y de las declaraciones oficiales que lo critican.

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia informe, si ha tomado conocimiento de las declaraciones del vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, quien cuestionó la resolución judicial del Juez Pablo Spekuljak, que habría beneficiado en cifras millonarias en un caso de juego clandestino. En caso afirmativo, solicitamos información sobre si se ha iniciado algún tipo de acto administrativo al respecto y las acciones que se están llevando a cabo para abordar esta situación”.

El texto también solicita que se detalle si se inició algún tipo de actuación administrativa.

El magistrado de Cámara, Sebastián Creus, debe resolver la apelación presentada por el fiscal Agustín Nigro. Si confirma el fallo de primera instancia, los fondos quedarían definitivamente fuera del alcance de un eventual decomiso, aun si los imputados resultaran condenados. En ese sentido, su decisión será crucial para marcar el rumbo de la causa y sentar precedente sobre la firmeza del Poder Judicial frente a delitos económicos vinculados al juego clandestino.

La resolución de Creus no sólo tendrá impacto en una causa judicial compleja y de alto perfil económico, sino que también pondrá a prueba la coherencia institucional del sistema de justicia santafesino ante una problemática que preocupa a todo el arco político: el avance del juego ilegal digital.

Por Juliano Salierno (El LItoral)

Un fallo judicial de primera instancia considerado adverso por la Provincia de Santa Fe, que es denunciante en una de las causas más importantes del país contra el juego clandestino online, movilizó a las autoridades de Lotería de Santa Fe que pusieron en crisis la decisión del magistrado que liberó cuentas millonarias (1,3 millones de dólares) de los presuntos responsables de la maniobra ilícita.

En entrevista con El Litoral, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expuso los motivos por los cuales considera central hacer justicia y marcar el rumbo, porque “el avance favorable de una causa como esta puede ser disuasivo de seguir reproduciendo esta lógica de delito”.

-¿Los sorprendió la morigeración de las cautelares que definió la justicia?

-La verdad que nos sorprendió. Más allá que el 27 de diciembre, que fue la audiencia para prorrogar las medidas cautelares, el mismo juez entendió que debía morigerar algunas de las medidas -levantó el bloqueo de los Cuit a cambio del embargo de vehículos a cada uno de los imputados-, no nos pareció tan ilógico en su momento.

Después vino esta resolución, que nos pareció más preocupante, donde el juez habilita -para nuestro criterio un número irrisorio- y dispone el levantamiento de los activos digitales de las distintas plataformas de criptomonedas tan solo cuando cada uno de los imputados destine la mínima cantidad de dólares en un depósito a la Aprad.

Nos pareció ilógico porque el fiscal comprobó que en una ventana de 3 meses -de junio a agosto de 2024- hubo más de un millón de transacciones que equivalen a 16.500 millones de pesos, que en ese entonces eran 16 millones de dólares.

Y el fiscal había logrado hacer el congelamiento por 1.3 millones de dólares en criptomonedas, pero el juez decidió el levantamiento de todos los bloqueos y como garantías fijó un depósito ante la Aprad que suman 70 mil dólares.

Claramente para nosotros es preocupante y llama la atención terriblemente el por qué autorizó esto. Cuál fue el cambio en estos últimos meses, porque siempre fue el mismo juez.

La causa comenzó el 22 de mayo cuando denunciamos con los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, (Victoria) Tejeda y de Educación, (José) Goity, 273 páginas de juego ilegal y luego ampliamos el 19 de junio sobre 112 páginas más; lo cual totaliza los 385.

-¿Toda la causa está concentrada en los tribunales de Santa Fe, en la misma carpeta judicial, o son diferentes investigaciones?

-Todo está en la misma investigación, en los tribunales de Santa Fe. A partir de esta denuncia el fiscal (Agustín) Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos de la Fiscalía Regional 1° del MPA arranca la investigación, donde además del pedido de bloqueo de los sitios, pudo desentrañar este entramado jurídico y económico.

-¿Quiénes son los siete imputados? Se hace eje en la empresa más grande que es Transfero Pagamento S.A., pero ¿hay otras? ¿Cuáles son?

-La empresa es una (Transfero Pagamento SA), pero existen otras que son utilizadas para otras cuestiones. Actualmente hay siete personas imputadas, dos de nacionalidad brasileña y cinco argentinos, una de las cuales está vinculada a casinos de Entre Ríos y Formosa.

-¿Qué delitos se les atribuye y si pretenden llevarlos a juicio o podría derivar en acuerdos de juicios abreviados?

-Los comprendidos por el artículo 301 bis del Código Penal, delito de explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas.

-¿Si bien la provincia es denunciante, es también querellante en la causa?

-Al día de hoy se presentó como querellante Casino Santa Fe, como damnificado por ser uno de los titulares de las dos licencias para operar en la provincia. Pero hoy en día, viendo lo que pasó en este último fallo, me comuniqué con el ministro de Gobierno, el Dr. Fabián Bastia y estamos analizando presentarnos como querellantes esta semana.

-Se dijo que el fiscal apeló o apelará la medida del juez Spekuljak, ¿qué expectativas tienen en segunda instancia?

-Tenemos entendido que el fiscal va a apelar ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia y nuestra expectativa está en que él o los jueces que entiendan en esta materia tengan una mirada y criterio diferente y que puedan dar vuelta rápido la decisión de primera instancia.

Mientras tanto, el levantamiento del embargo no se hizo efectivo porque antes los imputados debían abrir cuentas a nombre de la Aprad donde depositar los montos fijados por el juzgado.

Dos razones sociales -Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión- están siendo investigadas por la justicia santafesina desde que se inició la causa, entre mayo y junio del año pasado.

Pero además, son siete las personas físicas que integran la lista de imputados, dos de ellos de nacionalidad brasileña.

Los extranjeros son Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo. En tanto los cinco restantes, de nacionalidad argentina son: Justina Garcia de la Peña; Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo y Santiago Corbetta.

Un allanamiento por “juego clandestino” se llevó adelante en la jornada de ayer lunes en Venado Tuerto en un inmueble ubicado en calle Pueyrredón al 100. En el lugar se incautó dinero en moneda nacional, dólares y fue detenida una persona a la cual se le formó la correspondiente causa.

Se trata de una investigación que llevó adelante el fiscal Iván Raposo, y que tuvo su cierre en la tarde del lunes.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que “en el momento del allanamiento había unas 10 personas jugando”.

Como consecuencia del operativo los uniformados incautaron aproximadamente un millón de pesos y 3.000 dólares. También quedó detenido el propietario del inmueble, a quien se le formó causa por infracción al artículo 301, para luego recuperar la libertad.

En tanto, el resto de los apostadores que se encontraban en el lugar no fueron detenidos.  

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, realizó ayer martes cuatro allanamientos en la ciudad de Cañada de Gómez, Departamento Iriondo, en el marco de una causa por juego ilegal. Como resultado de los procedimientos llevados adelante por personal policial de la Región II, Distrito Rosario - Cañada de Gómez, siete personas quedaron a disposición de la justicia y se secuestró dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, teléfonos celulares y materiales de interés para la causa.

Gracias a una denuncia realizada por la vicepresidencia de la Lotería de Santa Fe, en virtud de otras denuncias por juego clandestino en Cañada de Gómez, el Ministerio Público de la Acusación de esta jurisdicción, a través del fiscal Santiago Tosco, ordenó tareas investigativas y de campo.

Producto de las actuaciones, con la colaboración de la PDI Distrito Las Rosas, Distrito Casilda, agentes de la Unidad Regional X y personal de la Guardia Urbana Municipal, se efectivizaron cuatro allanamientos en dos domicilios de calle Ovidio Lagos al 100, Bolivia al 500 y Colón al 300, todos en Cañada de Gómez.

Luego de los procedimientos, seis mujeres y un hombre fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la justicia. Se trata de: Valeria Vanesa R., de 43 años, María Eva S., de 72, Cintia Gisela C., de 32, Micaela Rocío A., de 24, Lucas Leandro A., de 42, Lucrecia Milagros Q., de 18 y Rocío F., de 24. Asimismo, se secuestró la suma de 1.102.130 pesos en efectivo, siete teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, un DVR, tres impresoras, seis tickeadoras, tres CPU, un monitor y documentación relevante para la investigación.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe realizará por primera vez encuestas a estudiantes de los últimos tres años del nivel secundario en 400 escuelas de gestión pública y privada. “El relevamiento permitirá tener un diagnóstico certero sobre la relación que los adolescentes tienen con los juegos online, y el juego compulsivo que se está volviendo un consumo problemático que afecta los aprendizajes en las aulas”, indicó la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, y agregó “directivos y docentes nos piden hablar del tema y es fundamental involucrar a las familias en las acciones que llevemos adelante”.

El trabajo que lleva adelante el Ministerio de Educación no pretende ser solamente de tipo cuantitativo respecto a páginas de apuestas, juegos en línea o aplicaciones, sino que el objetivo también es medir el impacto que tienen en la modificación de hábitos y conductas y que consecuentemente influyen en los procesos de aprendizajes. 

Cabe destacar que para esta actividad se trabajó de manera articulada en una mesa interministerial con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud, Lotería de Santa Fe y la Asociación de Pediatría, entre otros y se indaga sobre las preferencias en el uso del tiempo libre por parte de los estudiantes, el tiempo destinado al uso de los celulares y dispositivos tecnológicos, el conocimiento que tienen sobre la ludopatía, la vinculación con el dinero en ese tipo de juegos y sobre lo que les aportan estos juegos en linea, entre otros temas. 

“La idea es contar con una herramienta sobre la cual planificar políticas públicas para que las escuelas puedan hablar con los estudiantes sobre la problemática de la ludopatía y prevenir conflictos” afirmó Gallo Ambrosis y recordó que “desde el Ministerio se está abordando el tema con docentes y directivos, ahora sumamos a los propios adolescentes para concientizar y prevenir el abuso de estos tipos de juegos”. 

Capacitación sobre ludopatía

En este marco, el próximo martes 10 de septiembre, de 11 a 13, en la Granja de la Infancia (Av. Perón 8000) de la ciudad de Rosario se realizará una capacitación sobre ludopatía y su impacto en las infancias y adolescencias, bajo el lema “Azar no es sinónimo de juego”, en donde se dialogará sobre los juegos y apuestas online, y cómo fortalecer la prevención desde las instituciones educativas. La formación estará a cargo Lucas Raspall médico psiquiatra y psicoterapeuta y profesor universitario.

La capacitación estará destinada exclusivamente a los equipos de supervisores de nivel secundario de escuelas públicas y privadas de las regionales educativas 5º, 6º y 7º, que lo harán de manera presencial en la Granja de la Infancia. Mientras que para el resto de las delegaciones (1º, 2º, 3º, 4º, 8º y 9º) se realizará de manera virtual y asincrónica.

Cabe destacar que este espacio de trabajo se enmarca en la labor que se viene desarrollando en las instituciones educativas de la provincia sobre la temática de consumo problemático en relación a las apuestas. 

La actividad está organizada por el equipo de Convivencia y Construcción de Ciudadanía dependiente de la Secretaría de Gestión Territorial junto a la Secretaría de Educación.

Para abordar la problemática del juego ilegal online y evitar la participación de niños, niñas y adolescentes en juegos de apuestas online, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe publicó la Resolución Nº 39 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, que dispuso bloquear y dar estándares de ordenamiento de los sitios de internet y dominios de empresas de juegos legales o ilegales.

El secretario de Tecnologías para la Gestión de la provincia, Ignacio Tabares, informó las medidas dispuestas por el Gobierno santafesino para abordar con acciones concretas la problemática del juego ilegal online, y evitar así principalmente la participación de niños, niñas y adolescentes en este tipo de plataformas de azar. Se trata de cuatro medidas publicadas en la Resolución N.º 39 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión que “desde lo tecnológico se suman a un abordaje integral para mitigar lo que es el juego compulsivo, por un lado, y por otro cómo se acentúa esto en menores de 18 años, adolescentes, niñas y niños, donde se convierte una problemática un tanto mayor”.

La primera disposición es que “el viernes se bloqueó el acceso a 385 páginas webs y plataformas de juego en línea que son consideradas ilegales conforme la normativa vigente dentro de la provincia”, dijo Tabares, quien agregó que el bloqueo es “en wifi público y en escuelas que se conectan a través del Sistema Centralizado de acceso a Internet. Eso también afecta a a usuarios que acceden desde los organismos de la administración pública central”.

La segunda medida es que “aquellos ministerios, organizaciones ministeriales, dependencias y escuelas de gestión pública y privada, que tienen contratados servicios de Internet por fuera del esquema central, también se les ordena que efectúen el mismo bloqueo, que es un bloqueo de dominio, de URL, de dirección web, y también es un bloqueo IP”.

Asimismo, “y reforzando la solicitud que la Lotería y el Ministerio Público de la Acusación le hicieron al Enacom como un organismo competente en la materia a través de las comunicaciones federales -continuó Tabares-, se invitó a las empresas de telefonía móvil que prestan servicios dentro de Santa Fe, a que aquellos dispositivos móviles que se registran en antenas emplazadas dentro del territorio provincial, también se le efectúe el bloqueo de páginas webs y plataformas; como así también aquellos prestadores de Internet en servicios domiciliarios, se pueda llegar a proceder con el mismo bloqueo. Eso es una invitación que les hacemos a las empresas que prestan servicio de Internet en forma privada”.

Finalmente, el secretario de Tecnologías para la Gestión indicó que “con la intención de que las tiendas de aplicaciones puedan conocer cuál es la normativa vigente, se notificó tanto a Apple como a Google para que puedan tomar las medidas que ellos consideran pertinentes, informándoles que este tipo de aplicaciones que son descargables también desde los dispositivos móviles, se consideran ilegales dentro del territorio provincial”.

Las disposiciones se agregan “a lo que ayer sucedía a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ordenó la suspensión de las plataformas de pago este tipo de plataformas de juego online”, dijo Tabares, que enumeró además “el bloqueo que se dio durante estos días a 669 perfiles en redes sociales, una intimación a influencers que a través de sus redes promulgan, publicitan y promocionan los juegos en línea que hoy día son considerados ilegales dentro de Santa Fe”.

Estrategia interministerial

Esta resolución fue el resultado de una reunión interministerial del Gobierno de la Provincia para abordar estrategias para la prevención del consumo del juego compulsivo en los jóvenes.

La reunión fue convocada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, y estuvieron presentes los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y de Educación, José Goity. También participaron el director provincial de Abordaje Terapéutico de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones (Aprecod), Andrés Carassai; el presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, Oscar Romanini; funcionarios del Ministerio de Salud; y miembros de los distintos equipos de trabajo de cada ministerio y de la Comisión de Juego Responsable de la Lotería de Santa Fe.

En menos de un mes y con el accionar de la justicia, la provincia logró dar de baja a casi 400 páginas ilegales destinadas al juego online. Pero la lucha es "desigual", admitió Daniel Di Lena, titular de la Lotería de Santa Fe. En diálogo con El Litoral, el funcionario reconoció la "preocupación" que genera la alta participación de adolescentes en la realización de apuestas deportivas, que aún no han sido autorizadas en Santa Fe. Ello conlleva el riesgo latente de la ludopatía temprana. Según detalló, una de los principales desafíos es legislar para debilitar o bloquear el financiamiento de estas prácticas, así como agilizar mecanismos judiciales que permitan actuar con mayor celeridad. Santa Fe prevé habilitar las apuestas deportivas a través de un proceso licitatorio que se abriría antes de fin de año.

- ¿Cómo analizan el crecimiento del juego clandestino online?

- La verdad es que estamos muy preocupados. Más allá de que es cierto que puede parecer una contradicción porque somos los que los autorizamos y es nuestra función regular tanto el juego tradicional como el online, estamos preocupados porque claramente acá hay una realidad que es la invasión de páginas ilegales.

Tenemos infinidad de páginas que se renuevan permanentemente; por lo general terminan en '.com' y permiten que cualquier menor de edad pueda jugar a la ruleta o hacer apuestas deportivas, que son las que más impacto tienen en la población adolescente. Nosotros hacemos una defensa del juego online legal, que siempre finaliza en '.bet.ar'. Son páginas autorizadas por las distintas jurisdicciones de Loterías en el país y tenemos la garantía de que cuentan con el control de identidad que se hace con el Renaper. Requiere, además, de otras condiciones como una CBU que es necesario completar para poder entrar a jugar ahí. De ese modo, es imposible que un menor de edad juegue en páginas oficiales. Puede haber habido casos en los que el menor robó los datos al adulto, pero son casos muy puntuales y están identificados. El problema hoy son las páginas ilegales que permiten abiertamente que cualquiera pueda ingresar y jugar.

- ¿Ustedes sostienen que regulando el juego online, existe como una suerte de garantía de que sólo el adulto juegue?

- Sí, estamos convencidos, y por eso es que hicimos la denuncia en su momento de las 273 páginas que encontramos, más las 112 de esta semana. Pero sabemos que hay muchas más. También hicimos una reunión días atrás con los representantes de Meta en Argentina, porque si bien tenemos firmado un convenio con ellos a través de ALEA que permite dar de baja a famosos, deportistas o influencers que hacen publicidad del juego clandestino, lo que estamos viendo hoy es que a través de Meta también están publicitando a casinos ilegales, están buscando a cajeros para esos casinos ilegales, y hasta te ofrecen crear tu propio casino online para ganar plata.

Asimismo, nos reunimos con algunos legisladores que pertenecen a las comisiones que hoy están tratando en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ludopatía o juegos problemáticos.

No queremos quedar como los defensores del juego, sino que pretendemos hacer hincapié en que no vamos a combatir esto si sólo regulamos el legal poniéndole muchas más trabas o prohibiendo la publicidad (del clandestino). Porque el (juego) ilegal lamentablemente existe, encuentra la manera de publicitarse, de meterse en los chicos y es evidente que esto pasa hoy.

Entonces, lo que planteamos a los legisladores es que no tenemos ningún problema en discutir, revisar y en regular aún más cosas del juego legal, pero sobretodo, debemos hacer fundamental hincapié en el ilegal; cómo hacemos para garantizar que el ENACOM automáticamente pueda bajar las páginas ilegales en Argentina. O cómo hacemos para que el Banco Central tenga la obligación de cortarle la posibilidad a toda billetera virtual, transferencia o tarjeta que pueda ingresar a través de una página ilegal. Son todas cosas que hoy no están previstas en ninguna normativa y que ayudarían muchísimo.

- ¿Entonces se lo combate atacando las fuentes de financiamiento?

- Estamos convencidos de que más allá del ENACOM que puede tumbar una página…; uno tumba una y aparecen diez. Con la tecnología, hoy, vamos en desventaja, siempre. Es una lucha muy desigual. De todos modos, creemos que incorporando estas cosas en la ley se puede avanzar un montón. Por ejemplo, hoy ENACOM no baja una página si no es por orden de la Justicia y eso demora muchísimo. Ahora estamos tratando de hacerlo sólo con oficio del fiscal. Pero si eso lo ponemos en la ley, para que ante la mera denuncia, ya ENACOM ordene la baja o si le traslada ese poder a las propias Loterías, ya ganarían muchísimo tiempo.

De la misma manera, lo que le pedimos a los legisladores es, fundamentalmente, lo de la financiación. El Banco Central tiene que tener una herramienta que nos permita cortar absolutamente (ese flujo de dinero) y que no haya posibilidad alguna ni por billetera virtual ni por transferencia ni por tarjeta de crédito o débito de destinar dinero a través de esas páginas para jugar. Hay que encontrar el mecanismo que impida esto.

- Respecto de los adolescentes, está comprobado que el principal problema son las apuestas deportivas ¿no?

- Exacto. Nosotros en Santa Fe no las tenemos habilitadas…

- Pero vamos camino a eso… La pregunta es si es pertinente su habilitación, sabiendo las consecuencias que conlleva esencialmente para esa población joven… ¿O es la legalización una manera de frenar lo clandestino?

- Desde mi punto de vista, la legalización es una manera justamente de frenar lo clandestino; por un lado, porque lo clandestino no debería existir y en consecuencia, no debería haber posibilidad hoy de que nadie en la provincia de Santa Fe puede hacer una apuesta deportiva. Pero sabemos que las hacen. Entonces, estamos convencidos de que si combatimos contundente y eficientemente el juego clandestino on line, la regulación de una página on line ayuda porque se toman todas las precauciones para que solamente juegue el mayor de 18 años.

- ¿Qué se viene en ese sentido en la provincia?

- Tenemos autorizado por la última ley de juego online que se sancionó en diciembre, el llamado a licitación para apuestas deportivas. No se habla allí de plazos; se hablaba de un período de 180 días para que la explotación fuese sólo de la Lotería, pero eso significaría hacer todo un proceso y un programa un software demasiado caro. De ese modo, la decisión en principio sería hacer un proceso licitatorio. Sería una licitación nacional e internacional y creo que podría ser este año.

- ¿Qué volumen de dinero estiman que mueven en la provincia las apuestas clandestinas on line?

- En Argentina, según las estimaciones que hace la Asociación de Casinos y Bingos junto con Alea, el juego legal representa entre un 18 y un 20% de lo que se juega. El 80% restante se presume que es clandestino. Con esos parámetros, estimamos que por mes se juegan de manera clandestina por apuestas online unos 13 mil millones de pesos por mes en la provincia.

El vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe Daniel Di Lena, junto con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda y el ministro de educación José Goity presentaron una denuncia pidiendo la baja de 273 páginas web de juego ilegal. El Gobierno de Maximiliano Pullaro pone en agenda una problemática que se agrava día a día y que tiene que ver con el consumo compulsivo de juego ilegal por parte de niñas, niños y adolescentes.

En Santa Fe existen solo dos páginas autorizadas para juego en línea y a las que solo se puede acceder siendo mayor de edad, el resto, son sitios de juego clandestino on line que violan todo tipo de normativa.El vicepresidente ejecutivo de las Caja de Asistencia Social de Santa Fe resaltó que todos los sitios de dominio de juegos legales en Argentina deben contar con un dominio .bet.ar y para obtenerlo es necesaria la aprobación de los organismos de regulación y control establecidos en cada jurisdicción del país.

Combatir la ilegalidad

“Es necesario proyectar un trabajo solidario entre las distintas provincias, ya que la complejidad del caso exige compromiso y acciones concretas”, manifestó Di Lena, al tiempo que agregó: “Asumimos la responsabilidad y sabemos que la problemática plantea un desafío desde lo político, desde lo educativo y desde la sociedad civil en su conjunto para poner atención a este flagelo que desde la pandemia y hasta la actualidad creció exponencialmente”.

La denuncia presentada ante la fiscal general de la provincia María Cecilia Vranicich solicita el bloqueo de acceso a los sitios y además pide que se ordene la clausura de las cuentas bancarias, que se identifiquen las firmas que explotan el juego, que se embarguen los fondos y que se les ordene a las empresas que facilitan el pago electrónico se abstengan de realizar transacciones con esas páginas ilegales.

Daniel Di Lena, quien además integra la junta directiva de A.L.E.A como vicepresidente primero, comentó que desde la organización que nuclea a todas las loterías estatales del país se están llevando a cabo importantes acciones para combatir también la ilegalidad del juego en línea, denunciando a los denominados influencers que desde sus cuentas de Facebook e Instagram fomentan y promocionan el acceso a paginas no autorizadas.

“Sistemáticamente desde ALEA, cursamos denuncias a la empresa Meta, propietaria de las redes sociales Facebook e Instagram para que bajen las cuentas de famosos que sin criterio publicitan sitios de juegos no autorizados. La tentación de ganar dinero con un par de clics y el gusto por la inmediatez exponen hoy en día dos variables propias de nuestro tiempo y principalmente los adolescentes, se configuran como víctimas de un esquema que los daña en sus entramados sociales”, reflexionó el funcionario.

Por Juan Manuel Peratitis

Entre jueves y viernes personal de la Agencia de Investigación Criminal San Jerónimo, con asiento en Coronda, practicó seis allanamientos en la ciudad de San Genaro, ordenados por el fiscal que entiende en una causa por juego clandestino, con la autorización del juez Dr. Jorge Patrizzi.

Como consecuencia de esos procedimientos casi simultáneos, las fuerzas de seguridad secuestraron cartas españolas, anotaciones varias de interés para la causa, fichas de apuestas de póker, 3 paños de mesa, una escopeta calibre 16 sin documentación, 1 notebook y cinco teléfonos celulares para peritar.

Al mismo tiempo, la policía detuvo a 4 imputados para notificarlos por la causa vinculada con apuestas prohibidas, mientras que se espera el desarrollo de las respectivas audiencias imputativas para esta semana.

Colaboraron en los allanamientos personal de la Comisaría de San Genaro, el grupo táctico y la AIC de la región.

Senador departamental Lisandro Enrico

Este miércoles 21 de junio (a las 11 horas) se verán por primera vez la cara el senador Provincial Lisandro Enrico, con Leonardo Peiti, quien fuera condenado por varios delitos asociados al juego clandestino.

El motivo de la medida judicial es la citación que ordenó el Juez Maximiliano Cossari con motivo de la demanda que el senador le iniciara al empresario vinculado al juego clandestino, por haber intentado involucrar con falsos testimonios a Lisandro Enrico en un supuesto pago de sobornos.

“Es muy grave que una persona condenada por juego clandestino y corrupción se desquite contra los que denunciamos el delito, tratándonos de involucrar en componendas mafiosas de las cuales nunca formamos parte y a las que siempre enfrentamos” afirmó el Lisandro Enrico que hace más de un año, y tal como anunció, le inició acciones legales al propio Leonardo Peiti, quien conducía una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe y fuera condenado.

Leonardo Peiti fue enjuiciado y condenado por dar sobornos a funcionarios públicos a cambio de una supuesta impunidad de su negocio mientras esparcía su red de juego clandestino. La condena la recibió en el año 2021 luego de un fuerte recorte de pena su pena.

Peiti en una de sus declaraciones había sostenido que había mandado dinero al senador Enrico pero no sabía si había llegado, lo que motivó la automática denuncia del senador por la falta de veracidad de los dichos.

Para rematar, Lisandro Enrico aseveró: “Puse mis fueros a disposición de la justicia, este caso debe seguir investigándose y el señor Peiti debe ser condenado por tirar cortinas de humo que solo sirvieron para distraer la verdad sobre la ruta del dinero”.

Finalmente, el legislador anunció que lo que se obtenga de la indemnización que le corresponda pagar al señor Peiti en caso de ser condenado será íntegramente entregado a una Escuela para niños con problemas de discapacidad profunda.

El argumento utilizado por Casal para aconsejar a la Corte nacional actuar en ese sentido es que no hay coincidencia en los fundamentos de los votos expresados por los cinco ministros que conformaron la mayoría: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, con disidencia del actual presidente del tribunal, Daniel Erbetta.

En el marco de una investigación penal preparatoria, los representantes del Ministerio Público de la Acusación citaron a Traferri a audiencia imputativa. El senador se negó invocando sus fueros, y el desafuero solicitado por los fiscales fue rechazado por el Senado, manteniendo la inmunidad de Traferri.

La investigación sobre Traferri todavía tiene puertas abiertas

A partir de allí se inició el camino judicial. Los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal y del artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en cuanto establecen la inmunidad de proceso de los legisladores provinciales, con un alcance mayor del que asiste a los legisladores nacionales (que sí pueden ser procesados e incluso juzgados, aunque no encarcelados) y en violación del principio de igualdad y de los tratados internacionales.

A principios de 2021 la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los fiscales e impidió que se cite a audiencia a Traferri. Meses después, el camarista José Luis Mascali dio la razón a los fiscales: desconoció la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador es inconstitucional. Y autorizó la audiencia imputativa.

El 22 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con mayoría de cinco de sus seis integrantes y abundante fundamentación, validó la constitucionalidad plena de los fueros legislativos al rechazar la resolución de Mascali. Pero los fiscales apelaron ante la Corte nacional, y es en este punto en que se produce el dictamen de Casal.

Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales

El procurador de la Corte considera que al revisar la decisión de Mascali, por la cual se autorizaba citar a audiencia a Traferri, “dos jueces del tribunal superior (Gutiérrez y Spuler) se pronunciaron sin más por la validez del régimen de inmunidades, tal como se encuentra previsto en el orden local, por considerar que no excedía el margen bajo el cual la Constitución Nacional garantiza a cada provincia el ejercicio de su autonomía. Sin contradecir ese aserto, otros dos jueces (Falistocco y Netri), en cambio, lo vincularon a una interpretación determinada de las normas locales según la cual —y al contrario de lo que postuló la cámara— la inmunidad de proceso relativa que rige en la provincia no impedía citar al legislador a la audiencia imputativa, sino que era la inmunidad de arresto la que en todo caso podía impedir la celebración de esa audiencia en el caso de que el legislador se negare a concurrir voluntariamente. Finalmente, la restante opinión que concurrió a la mayoría (Gastaldi), afirmó que el fallo debía revocarse por apartarse de las constancias de la causa que indicaban que, de hecho, el órgano acusador no sólo citó al legislador para formularle cargos, sino que el acto se cumplió”.

El procurador interino señaló que “de esta forma, no se puede asegurar que exista una clara y explícita mayoría de fundamentos concordantes, y ello también se evidencia en la dificultad de la parte impugnante para identificar cada uno de los fundamentos individuales que confluyeron en la decisión y someterlos a su crítica, con el riesgo que ello supone de que sea una parte interesada la que le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo”.

Casal abundó citando criterios fijados por la propia Corte nacional, en el sentido de que “los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve”.

“Atento lo expuesto –concluye Casal- y en vista de los antecedentes antes narrados, estimo que la resolución recurrida no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta, por lo que opino que corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva”, indicó.

Cabe subrayar que la opinión de Casal no opera más que como una recomendación hacia la Corte nacional, y será el cuerpo el que deba resolver en el sentido propuesto o de otra manera, sin que tampoco tenga plazos perentorios para hacerlo.