El gobierno nacional consiguió en el Senado el aval de los bloques dialoguistas a unos 80 pliegos para cubrir cargos en la Justicia federal de todo el país. Entre ellos, Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para Santa Fe, y Santiago Saux para Rafaela.

Fue luego de la última audiencia para escuchar a los postulantes, en la que la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto escuchó a una veintena de aspirantes a jueces, defensores, camaristas y conjueces, la mayor parte para cargos en las provincias.

La comisión de Acuerdos avaló unos 80 pliegos para cargos judiciales. HCSN

Todos los postulados tuvieron dictamen y quedaron habilitados para ser votados en la próxima sesión que se programe en la Cámara alta. Lo mismo ocurrió con todos los pliegos que se trataron en las tres reuniones públicas previas.

Los bloques dialoguistas decidieron firmar todos los despachos luego que el Gobierno haya enviados unos cincuenta pliegos donde están los cargos para ocupar juzgados del interior del país, como reclamaban el PRO, la UCR y bloques provinciales.

De esta forma, el oficialismo podrá poner en tratamiento en la próxima sesión un buen número de pliegos, entre los que figuran los de la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, y los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Oral de Santa Fe. HCSN

Uno de las postulaciones que mas generaron expectativas fue la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, que tuvo una impugnación en contra que fue rechazada por el oficialismo.

Rosatti arrancó detallando sus comienzos, en 2007, como escribiente auxiliar en Santa Fe, para luego ser prosecretario, y llegar en 2013 a ser secretario electoral. En 2018 llegó al tribunal oral donde ahora es secretario de Cámara.

Ante los legisladores, hizo hincapié en que casi el 70% de las causas que se tramitan en el Tribunal en el que aspira a desempeñarse versan sobre estupefacientes.

“Es de los tribunales que mayor cantidad de sentencias dictaron en el país en los últimos años. Funciona muy bien; la mayor complejidad está en la secretaría de ejecución, que tiene casi 450 detenidos, no se descansa", añadió.

Y precisó que "no hay un juez de ejecución determinado para esta secretaría, por lo cual los jueces del tribunal se turnan año a año para ser jueces de ejecución. Esto creo que es el mayor desafío, pero es un tribunal que funciona muy bien”.

Resaltó que la provincia ha adherido a la Ley de Narcomenudeo, entonces “se pueden suscitar cuestiones de competencia", porque “no es fácil decir: hasta aquí es narcomenudeo, hasta aquí es narcotráfico, y ver qué parte va a la Justicia federal y qué parte va a la provincial”.

Advirtió también sobre las distintas fuerzas de prevención que intervienen en Santa Fe: federales, provinciales, también Prefectura. “Todos pueden actuar en los distintos ámbitos y pisarse en las investigaciones; las investigaciones pueden frustrarse si no hay una organización”, advirtió.

El actual fiscal federal Walter Rodríguez, propuesto para el juzgado federal No. 2.

A su turno, Walter Alberto Rodríguez, quien aspira a convertirse en juez del Juzgado Federal de Garantías Nº 2, señaló que pasó por todos los cargos que componen la estructura del juzgado Federal de San Isidro, que es en el que hizo la carrera. Cumplió también funciones de juez federal subrogante y contó que hace 14 años desempeña el cargo de fiscal.

En base a estadísticas del juzgado, dijo haber tomado noción del “enorme caudal de trabajo” que pesa sobre el mismo.

En primer lugar, hay causas sobre seguridad previsional; en segundo lugar, la tramitación de los reclamos en el ámbito de las deudas líquidas y exigibles de ARCA y Aduana. “Hay una creciente demanda también en lo relativo a amparos, principalmente de salud, y completan este panorama los trámites de naturaleza contencioso administrativo”, comentó.

Santiago Saux, para el juzgado federal de Rafaela. Guillermo Di Salvatore

Finalmente, Santiago Joaquín Saux, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, mencionó que se trata de un tribunal “bastante nuevo”, puesto en funcionamiento en 2014.

“Con competencia múltiple”, dijo, apuntando que abarca “una zona muy grande, es el 30% del territorio provincial, muy productiva, que tiene su punto de conflicto”, que ejemplificó en el amplio trazado de la ruta 34, que es competencia del juzgado de Rafaela.

Se refería al narcotráfico que llega desde Bolivia al puerto de Rosario. “Ha habido un trabajo interesante de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, detectando una importante cantidad de estupefacientes”.

En tanto, en la sesión de este jueves en el Senado tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.

El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.

Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.

En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa. Entre ellos figura Florentino Malaponte, para la Cámara Federal Rosario, Sala A.

Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.

El juez federal N° 1 de Santa Fe, Reinaldo Rubén Rodríguez, presentó este lunes su renuncia a partir del 1 de diciembre, dimisión que deberá ser aceptada por el presidente Javier Milei. El magistrado -oriundo de provincia de Buenos Aires pero afincada en esta ciudad desde que fue nominado para el cargo- cumplirá 75 años el próximo 6 de febrero, límite constitucional para ejercer la magistratura.

Para continuar más allá de los 75 años, los jueces federales necesitan que su pliego sea enviado por el Poder Ejecutivo al Senado habilitando un período de cinco años, hecho que no ha ocurrido en este caso y en ningún otro desde el inicio de la administración de Milei.

Con la salida de Rodríguez, la ciudad y la zona se quedará con los dos juzgados federales vacantes, situación que también tiene Rafaela. Además, el juzgado a cargo de Rodríguez es el que tiene competencia electoral, hecho que cobra relevancia debido a que en 2025 hay elecciones de legisladores nacionales.

En el Consejo de la Magistratura ya fue elevada al Poder Ejecutivo la terna de candidatos para ocupar el juzgado federal de Rafaela pero el Ejecutivo no remitió el pliego al Senado. En cambio, el trámite para cubrir el juzgado N° 2, vacante desde la renuncia de Francisco Miño, está entrando en su etapa final en el Consejo. Resta la realización de las entrevistas personales a los postulantes. Hasta el momento, los tres mejores conceptuados para el cargo son Santiago Díaz Cafferata; Walter Alberto Rodríguez y Giselle Wade. Siguen en el orden de mérito Gustavo Javier Zapata, Santiago Joaquín Saux, María Noel Severo, Juan Sebastián Marichal y Luis Francisco Márquez Chada.

En el caso de Rafaela, la terna remitida por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo el pasado 17 de abril está integrada por Santiago Díaz Cafferata, Santiago Joaquín Saux, y Verónica Andrea Medina.

En tanto, en Rosario, hay dos jueces federales cuando son cuatro los previstos por ley y también tienen sus miembros titulares Venado Tuerto y Reconquista, aunque en este último caso, el tribunal de alzada es Resistencia, Chaco.

Este martes 5 de diciembre, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS-UNL) fue sede del Concurso N° 493, organizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Esta iniciativa busca cubrir seis cargos de Juez/a Penal Federal con funciones de garantía en diversas ciudades de la provincia, incluyendo Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

En este contexto, Claudia Levin, decana de la UNL, destacó la importancia de esta convocatoria. "Estamos muy contentos y agradecidos de que se realicen los concursos para cubrir las vacantes de la Justicia Federal, y además que se realicen en los lugares donde son las vacantes, realmente con un criterio muy federal", sostuvo.

"Desde la universidad pública tenemos las puertas abiertas para contribuir con lo que esté a nuestro alcance y devolver algo a la sociedad", agregó Levin.

A su turno, María Fernanda Vázquez, representante del Consejo de la Magistratura, brindó detalles del proceso, mencionando que "estamos dando inicio al concurso 493 que tiene como finalidad la cobertura de seis cargos para jueces penales con funciones de garantía. Han participado 85 postulantes, siendo la mayoría de ellos de la región", explicó.

El concurso se enmarca en la Ley 27.715 de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que propone una transformación significativa en la Justicia Federal. Además, se destacó el carácter federal del proceso, buscando descentralizar las convocatorias y promover la participación de postulantes de la región.

Vázquez resaltó la importancia de esta descentralización: "La mayoría de los postulantes son de aquí. Antiguamente se tomaban en Buenos Aires, y lo que estamos haciendo es que se tomen en las regiones donde serán cubiertos los cargos. También procuramos que se realicen en universidades públicas" comentó.

Finalmente, Miguel Piedecasas, representante del Consejo de la Magistratura, indicó que estos concursos representan el inicio de la transformación de la Justicia Federal en la provincia, con un total de 51 cargos a cubrir, incluyendo magistrados/as, fiscales y defensores/as. Destacó la importancia de la Ley de Fortalecimiento como respuesta a la demanda de un mejor servicio de justicia.

Piedecasas subrayó que este proceso de selección es el inicio de una etapa transformadora: "Toda la cantidad de cargos que hay hoy en la provincia de Santa Fe en la Justicia Federal son 28, y estamos dando este inicio a la cobertura de 14. Es una enorme transformación que ocurrirá en la Justicia Federal".

El concurso se desarrollará en varias etapas y se espera que para finales del próximo año se tengan resultados concretos. El Consejo de la Magistratura se comprometió a cumplir con los plazos establecidos.

La pronta puesta en funcionamiento de los tribunales permitirá abordar los desafíos de la criminalidad organizada en la región.

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el miércoles el llamado a concurso de los 14 cargos de jueces para el nuevo sistema federal penal de Santa Fe. Fue a un año y pocos días de la “cumbre judicial” que se realizó el 12 de mayo de 2022 en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Allí se reunieron integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación y un centenar de magistrados junto a autoridades políticas de todos los niveles, incluido el gobernador santafesino Omar Perotti, y legisladores de todas las representaciones partidarias.

El objetivo en común fue debatir la problemática del narcotráfico que asolaba y sigue asolando a la ciudad del sur, e impulsar medidas para el fortalecimiento de la Justicia Federal con competencia en ese delito.

A aquella reunión siguió el debate en ambas cámaras legislativas nacionales a partir del proyecto presentado por el santafesino Roberto Mirabella (FdT), el acompañamiento de bloques del oficialismo y la oposición, la sanción de la ley que se logró a mediados de abril, y su promulgación con el número 27.715.

Ahora se dio un paso concreto en la materialización de la norma con el llamado a concurso. “Fue un día histórico para la Justicia de Santa Fe”, aseguró el consejero Miguel Piedecasas, representante de los abogados.

En diálogo con Sur24, Piedecasas explicó que “lo primero que se aprobó en la comisión fue la decisión de comenzar el proceso de selección en 3 categorías, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución para todas las sedes establecidas en la ley”.

“Ahora se va a proceder al sorteo y conformación del jurado, que es el primer paso que hay que dar. Después viene el llamado a inscripción, y luego de superadas, entre otras, las etapas de las impugnaciones, se define el lugar y fecha de la prueba de oposición. Que en este caso es probable que sea en Rosario o en Santa Fe y en tres días seguidos (en fecha a confirmar) para que todos aquellos participantes en los tres concursos múltiples que vamos a abrir, puedan tener la posibilidad de presentarse”.

Consultado sobre los plazos que va a demandar este proceso, el abogado, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, señaló que “desde que se toma la prueba de oposición en adelante hay 90 días hábiles judiciales prorrogables por otros 30 días hábiles judiciales para que el concurso esté concluido”. Y aportó que en la reunión del miércoles, en la que se definió el llamado a concurso, se tomó el compromiso de cumplir todos los plazos establecidos, “de manera tal que si esto se lleva adelante como corresponde, a fin de año o principio del año que viene, tendríamos que tener terminados los concursos para los 14 jueces de garantías, revisión y ejecución”.

Además, en la Comisión de Administración y Financiera se decidió “volver a poner en movimiento la obra de construcción del Centro Judicial Federal de Rosario, que es importantísimo porque una vez que estén designados todos los jueces y juezas, hay que tener las estructuras edilicias e informáticas y de personal para poder darles cabida”.

“Así que me parece, como señalaba, que ha sido un día muy importante para la justicia federal de Santa Fe, por lo menos en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación”, concluyó.

La ley establece la creación de 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales vinculadas al narcotráfico.