Tres pliegos de los 36 candidatos a jueces comunitarios de pequeñas causas fueron rechazados por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Se trata de René Alzugaray que había sido propuesto para la localidad de Llambi Campbell, de Martín Ceschi para La Criolla y de Ignacio Cristiani para Puerto Gaboto. En el primero hubo 52 votos en su contra y solo 10 en su favor, con pocas abstenciones; para el segundo, 45 legisladores votaron contra la designación y 16 favorablemente; y en el último se contaron 51 negativos y apenas 4 aceptaciones.

Además hubo otros dos tratamientos en los que los números estuvieron más que ajustados, en una sesión que por su extensión en distintos momentos tuvo más o menos bancas ocupadas, aunque nunca perdió su quórum. Por apenas un voto (23 a 22) fue aprobado el pliego de Sandra Arias para la localidad de Máximo Paz y por un par (25 a 23) se aceptó la nominación de Vanesa Martínez Massaro en Zavalla.

Todos los demás propuestos lograron votos suficientes para la aprobación por mayoría, con cifras más o menos holgadas que no pocas veces los cronistas han tenido que apuntar sólo las abstenciones y los votos negativos porque así lo informó la presidencia.

Un extenso debate sobre el proceso de selección de candidatos a estos cargos anticipó el tratamiento en particular de cada pliego. Se repitieron argumentos en contra de la transparencia de los concursos desde el radicalismo y se defendieron en cambio las evaluaciones previas a la elección del gobernador desde el justicialismo, el socialismo y Juntos por el Cambio.

Tal como ocurrió con las posiciones que públicamente fueron asumiendo los bloques semanas antes de la sesión de Asamblea, fue Fabián Palo Oliver el primero de los radicales en expresar su fuerte rechazo y sus sospechas de falta de equidad en los concursos. Sus críticas se apoyaron en que el primer examen (de múltiple choice) otorgó un puntaje que luego no se tuvo en cuenta en las etapas posteriores. Dijo que sobre 100 puntos la mayor parte de los propuestos apenas llega a 75 y que el mínimo fue de 60 para aprobar. La cuestión no es menor ya que Leandro Busatto (PJ), Julián Galdeano (JxC) y Joaquín Blanco (PS) entendieron que era simplemente una instancia para aprobar o rechazar y no un órden de mérito.

Lo siguió un irónico discurso de Fabián Bastia sobre los méritos que exige el Poder Judicial para sus cargos administrativos y la liviandad con que, a su criterio, ha hecho que se salteen 10 y hasta 20 personas con mejor puntaje para elegir a quienes no tuvieron las mejores calificaciones (otra vez sobre la primera prueba escrita). Fue autocrítico Leandro Busatto al hilvanar una respuesta que partió de considerar que eran erradas sus críticas cuando el peronismo dominaba ambas Cámaras y fue necesario un cambio en la reglamentación de los concursos para que se pueda avanzar con el nombramiento de fiscales y defensores para poner en marcha la reforma procesal penal. Y luego Galdeano, con términos más didácticos explicó que según los decretos del ex gobernador Antonio Bonrfatti ya no hubo méritos en esas primeras calificaciones.

A Blanco le tocó explicar que no hubo desde el PS un acuerdo o una negociación poco transparente de su bloque de 14 con el oficialismo y la Casa Gris. Y aseguró que de cada caso se tomaría una decisión que, en efecto, mostraría a los 14 con una sola posición. Los radicales no pudieron decir lo mismo, ya que fue fuerte la dispersión entre senadores de la UCR con pliegos como los de Jorge Lagna para el Enress y luego (en menor medida) con los jueces comunales y los jueces penales y de otros fueros.

Por resolución de la Asamblea Legislativa quedó sin tratamiento, y reservado mientras dure una cautelar de la justicia, el pliego de Pablo Rangel para un cargo de juez comunitario de pequeñas causas para la localidad de Empalme Villa Constitución.

Los legisladores estuvieron al tanto pero solo informalmente y por un documento de la red social whatsapp de una resolución de Cámara que le hubiera permitido al Legislativo tratar al propuesto, pero -de acuerdo con lo informado en el recinto- la justicia no envió debida y formalmente por mesa de entradas esa comunicación.

Así, se suspenden para el caso de ese cargo los plazos y se reserva la posibilidad de su tratamiento. El recurso de amparo fue interpuesto por otro concursante que sostiene que fue afectado por el proceso de selección.

La Asamblea Legislativa deberá tratar este jueves los 36 pliegos que enviara el Poder Ejecutivo a las cámaras para cubrir juzgados comunitarios en la provincia. A la fuerte controversia política generada entre diferentes sectores de la oposición – hubo denuncias cruzadas de supuestos pactos con el oficialismo-, se sumó la judicialización del procedimiento, a partir del amparo presentado por uno de los postulantes. La medida la impulsó el abogado villense Juan Manuel González, quien estaba primero en la terna para el Juzgado Comunitario de Santa Taresa, sin embargo, su nombre no fue incluido en el pliego. La jueza en lo civil y comercial de Villa Constitución, María Agueda Orsaria, hizo lugar a la cautelar y ordenó a la provincia suspender el proceso de designación para ese juzgado en particular. El gobierno apeló a través de la Fiscalía de Estado y se espera que este miércoles, la cámara resuelva.

Legisladores de la oposición advirtieron la semana pasada acerca de un posible “efecto dominó”, que redundaría en la presentación de otros participantes con buenas posiciones en el orden de mérito, pero cuyos nombres no fueron seleccionados como candidatos a jueces.

Pese a ello, desde el Poder Ejecutivo se siguió defendiendo la legalidad y legitimidad de los concursos, y se insistió en que incluso la judicialización del proceso, es una maniobra promovida por la oposición. Así lo expresó consultado por El Litoral, el ministro de Gestión, Marcos Corach.

– ¿Qué opina sobre la judicialización del proceso?

– La ministra de Gobierno (Celia Arena) y el secretario de Justicia (Gabriel Somaglia) estuvieron en la Legislatura reunidos con los diputados y dieron las explicaciones. Ahora, el proceso se judicializa. Lo que creo, más allá del caso de María Teresa, es que esto tiene mucho que ver con el ruido que se genera alrededor del proceso; lo genera intencionadamente la oposición y hace que (el trámite) termine en la Justicia.

– ¿Lo atribuye a una cuestión política más que técnica?

– Las cuestiones técnicas ya las explicaron hasta el hartazgo los funcionarios, tanto la ministra como el secretario de Justicia.

– Pero hay un participante del proceso que se queja, va a la justicia, la justicia le da la razón y acepta el amparo…

– Está bien, y seguirá su proceso.

– ¿Entonces todo es político?

– No es que todo sea político. Lo que digo es que la oposición hace rato que viene meneando con esto de la judicialización del proceso. Hay alguien que ha tomado la decisión de presentar un amparo porque no está conforme con el resultado, y el mismo será evaluado.

Cuatro diputados presentaron este viernes una nota por mesa de entradas del Ministerio de Gestión Pública solicitándole al gobernador, Omar Perotti, el retiro de los 39 pliegos puestos a consideración de la Legislatura para la cobertura de otros tantos juzgados vacantes de Pequeñas Causas. “El pedido se motiva en la falta de transparencia y objetividad que ha tenido este procedimiento concursal donde se evidencia irregularidades en torno a la conformación de las ternas, violándose los derechos de la mayoría de los postulantes que han dedicado tiempo y preparación para poder ingresar a la Justicia”, señala la nota firmada por Fabián Palo Oliver (Radicales Libres), Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura).

La decisión había sido anunciada por Palo Oliver en la semana en conferencia de prensa donde adelantó el cuestionamiento a varios de los postulantes. El jueves las bancadas de la UCR de Senado y de Diputados sumaron sus cuestionamientos al tema en un duro documento donde hablan de un acuerdo entre el partido gobernante y el Partido Socialista. La cuestión hizo caer la sesión de Diputados de la semana cuando aún faltaba el tratamiento de numerosos temas entre ellos la autorización del viaje de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, al exterior. También faltaba el tratamiento del pedido de presencia de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y de un pedido de informes de Mónica Peralta (Gen) sobre la cuestión, ambos temas acordados en Labor Parlamentaria.

En la nota de los diputados dejada en Casa de Gobierno se señala que “se advierte que no existen criterios objetivos de evaluación y no se garantiza el tratamiento igualitario en la evaluación y constatación de los requisitos de idoneidad, al permitirse que se ameriten cuestiones iguales con diferentes criterios. De esta manera surge una situación extremadamente discrecional que posibilita imponer patrones discriminatorios y marca la falta de fundamentación por parte del Ejecutivo en la elección de los postulantes propuestos para ocupar cargos vacantes de Jueces de Pequeñas Causas. Cabe aclarar, que si bien el Gobernador tiene la potestad de modificar el orden de mérito de la terna seleccionada previamente por concurso, esa decisión debió ser fundada, por lo que haber omitido dicho requisito se aparta de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordemos que del principio republicano consagrada en nuestra Carta Magna surge que todos los actos de gobierno deben ser fundados, impidiendo así la arbitrariedad”.

También dice la nota que “resulta extraño las modificaciones realizadas en algunas localidades de la provincia donde se advierte postulantes que obtuvieron las mejores calificaciones y no aparecen seleccionados”. Señalan que tampoco se respetó la condición de dar transparencia y publicidad a los concursos así como lo referido a los puntajes obtenidos por los concursantes en cada etapa, o las valoraciones de la entrevista personal en la que debe informarse si el postulante superó ampliamente o no el nivel requerido y el puntaje global para conocer si es correcto el orden de mérito y que ello pudo haber impedido el correspondiente medio de impugnación para ejercer el derecho de revisión y/o impugnación de los postulantes” .

En tanto, el proyecto presentado por Peralta y no tratado apunta a que se expliquen “los criterios para no hacer efectiva la publicación de notas de antecedentes y oposición de los y las postulantes, tomando en cuenta lo establecido en el decreto 593/14 en cuanto a dar transparencia y publicidad en los pasos de concurso, como así también donde se encuentra la publicación de las notas de las entrevistas.”

La diputada sostuvo que entre las cuestiones irregulares por ejemplo, se dio que luego del examen de oposición en lugar de publicarse las notas de antecedentes y del examen, solamente se publicó: ‘No se superó’ o ‘Sí se superó’. “Lo mismo pasó luego de las entrevistas orales; imposibilitaron a cada uno de quienes se postularon poder conocer los puntajes obtenidos”, aseguró.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación de Fiscales de Santa Fe informaron que han resuelto integrar una comisión conjunta para el seguimiento de los procesos de selección y designación de fiscales, fiscales adjuntos/tas y autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación.

“Ambas instituciones coincidimos en asumir que es fundamental la participación y el monitoreo de la sociedad civil sobre el curso de estos procesos, con el fin de promover una actuación correcta, transparente y pública”, señala la nota entregada a la prensa.

Señalan que luego de acercar al Poder Ejecutivo propuestas para la gestión de los concursos en marcha, ambas organizaciones fueron convocadas por la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena y por el Fiscal de Estado, Rubén Weder “quienes se mostraron interesados en los aportes y puntos de vista presentados por quienes representamos a las y los fiscales/las y funcionarios/rias del MPA de Santa Fe”.

También informan que “las Asociaciones hemos expresado nuestro parecer: que las reglamentaciones sobre concursos del MPA, vigentes desde 2016, no cumplen con los estándares de calidad institucional que la sociedad merece. En consecuencia, manifestamos que abogamos para que se extremen los cuidados con relación a la implementación de los concursos y procesos de selección en marcha, y para que, en el futuro próximo, se reformen estas normativas, en procura de un esquema reglamentario que se ajuste con cabalidad a los valores enunciados por la ley de la provincia: transparencia, publicidad, excelencia, celeridad y paridad de género”.

En la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la ciudad de Santa Fe, se realizan las pruebas de oposición para el Concurso de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas, destinado a cubrir vacantes en 36 Juzgados de la Provincia de Santa Fe.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, recorrió las aulas de la UTN en las que se desarrollan las pruebas de oposición y señaló que “hoy pudimos definitivamente concretar el examen para los pretensos jueces comunitarios, hoy se le van a tomar 300 postulantes y así se hará también este martes y el miércoles”.

“Es un evento trascendente, porque es la primera vez que en la provincia hay más de mil postulantes para cubrir 36 vacantes de jueces, por lo tanto es todo un desafío haber concretado estos exámenes”, agregó Somaglia.

Mientras, el subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Fernández Vigil, expresó que “hoy hablamos de algo inédito porque son 36 juzgados vacantes, con 926 inscriptos admitidos, que rendirán el aula Moodle con un resultado que se conocerá en el momento, y todo esto lleva una organización más compleja de lo que venimos utilizando”.

“Tomar examen a esta cantidad de personas es algo superador, porque no pasó nunca, y solo se puede realizar a través del aula virtual”, explicó Fernández Vigil. “Las pruebas se hacen en tres días, con cuatro turnos el lunes, cinco turnos el martes y el  miércoles, lo que nos plantea un gran desafío”.

Al respecto, los funcionarios indicaron que el último concurso de jueces comunitarios y de pequeñas causas fue en 2014, con 450 concursantes.

En esta oportunidad, los juzgados con más inscriptos fueron Llambi Campbell con 142, La Criolla con 143, en Recreo y San José del Rincón se anotaron más de 100 postulantes, y en Fighiera 130. Al respecto, Fernández Vigil remarcó que “no hay relación entre la cantidad de población con la cantidad de personas que se presentan para concursar para los diferentes juzgados”.

El examen que deben realizar los aspirantes se realiza a través de la plataforma Moodle -aula virtual de la Secretaria de Tecnología para la Gestión de la Provincia-. Los participantes sólo podrán ingresar con DNI y tendrá una duración de 60 minutos.

El cuestionario contendrá 50 preguntas en total. Aprobarán la prueba de oposición aquellos que obtuvieren un mínimo de sesenta 60 puntos.

La calificación resultará de asignar a cada respuesta correcta un valor de dos puntos; por cada respuesta incorrecta se descontará un punto, y la falta de respuesta no sumará ni descontará puntaje. El resultado obtenido en la oposición será verificado y visualizado por cada concursante inmediatamente al concluir el examen.