El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó el tradicional acto de apertura del año judicial remarcando la “austeridad, eficiencia y eficacia” con que se manejan los tribunales santafesinos, por efecto de la gestión planificada y la valía de sus integrantes, y aún contando con menos presupuesto y personal que las demás provincias.

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, y ante una amplia concurrencia de autoridades y representantes de la sociedad civil, el magistrado defendió firmemente la independencia de poderes, en un marco de colaboración, y con especial énfasis de la tarea judicial como garante de la Constitución y factor “contra mayoritario” en el diseño gubernamental.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió Gutiérrez.

En su discurso, Gutiérrez evitó cualquier confrontación directa, y no hizo referencia ni al proceso de renovación de la Corte impulsado por el gobierno (ni a su anunciada renuncia para este año), y sólo lateralmente a los efectos de la reforma constitucional.

En el inicio de su alocución hizo una expresa referencia al 8 de Marzo, “que nos convoca año tras año a luchar por una mayor igualdad de oportunidades para todas las infancias, mujeres y diversidades.

Tras aludir a las capacitaciones desarrolladas por la Corte en la materia, incluyendo el enfoque judicial con perspectiva de género, informó acerca de la creación de la Oficina de la Mujer, por acordada del pasado 10 de marzo.

Luego de ello, y como contexto general, inscribió sus palabras en un momento en que, por efecto de las nuevas tecnologías y la hiperconexión, el mundo “se ve inmerso en diatribas y tensiones que conmueven los cimientos de certezas sobre las cuales las propias comunidades asentaban sus creencias.

“Los temas de importancia que eran objeto de debate en la sociedad, hoy pasaron a ser rehenes de algoritmos, donde usuarios ignotos y operadores contratados, reducen su consideración a triviales y vacuas frases de impacto, en la búsqueda de lograr mayor exposición y visualización a través del mundo virtual”, añadió.

Y, sobre esa base, estableció que “toda lógica argumentativa, y el enriquecimiento que aporta el análisis contrafáctico de una idea, se sintetiza en un compendio de caracteres desinteresado de cualquier verdad, y orientado a la tan ansiada viralización”.

Un ecosistema que produce “nuevos escenarios y conflictos que, de manera directa o indirecta, erosionan la credibilidad y utilidad de las instituciones” y exigen reivindicar los roles asignados. “Los grandes temas que hoy convocan nuestros esfuerzos y que afectan a la sociedad, nunca encontrarán una resolución que los comprenda si partimos de la base de confrontaciones y disputas”, resumió.

En ese punto, resaltó “la gran función que tiene que tener este Poder del Estado, mantener aquellas normas del funcionamiento social que no son otras que las que están en la Constitución; que en nuestro caso ha sido recientemente reformada, y en cuya materialización seguramente los convencionales han estado animados por los mejores deseos encaminados a fortalecer los referidos principios”.

Y aclaró que “no es una función partidaria. Porque todos los ciudadanos de esta provincia esperan que los jueces protejan sus derechos, y mantengan ese respeto que debe haber por cada uno de ellos, con independencia de cuáles son sus ideas, con independencia del partido al cual pertenecen, con independencia de si viven en la Capital o en el interior, o de la posición social que ocupen”.

“La arquitectura de nuestra Constitución Nacional no concibe la libertad sin un Poder Judicial que actúe como el último baluarte contra la arbitrariedad", dijo.

"La estabilidad de los magistrados y la independencia de los poderes políticos no son privilegios de casta, sino la armadura que protege la imparcialidad del juez: esa equidistancia sagrada que permite fallar sin temor a represalias ni esperanza de favores”, añadió.

Y dejó en claro que “sólo a través de una verdadera autonomía financiera y funcional, el Poder Judicial puede erigirse en un tercero desinteresado, capaz de transformar la letra fría de la ley en una justicia viva. En definitiva, un juez que no es independiente es un juez que no puede ser imparcial, y sin imparcialidad, el Estado de Derecho no es más que una promesa incumplida”.

Con base en el concepto de la división de poderes, aclaró que “ello no obsta a una adecuada relación de coordinación y colaboración en el sistema de tripartición de funciones que establece la Constitución.

"Pero no puede por otro lado debilitar, el riguroso resguardo que debe flanquear una indebida intromisión en potestades ajenas, en tanto se pondría en riesgo el delicado esquema de frenos y contrapesos que hacen de nuestra nación una república”, precisó

“En el estatuto constitucional del poder, nosotros observamos que hay un principio básico que es el gobierno de las mayorías, y las mayorías eligen a sus representantes. Y son esos representantes en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo los que tienen que cumplir con ese mandato que le otorgan las mayorías”, explicó.

Y, a propósito de ello, marcó que “los jueces tienen otra función, son un poder contra mayoritario que debe poner límites a las decisiones de esas mayorías cuando contradicen a la Constitución, cuando afectan los derechos individuales”.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió. Lo que tiene correlato en “el diálogo, el debate, la participación de todos en las decisiones”.

A partir de ese punto, Gutiérrez estructuró su discurso tomando como pilares los conceptos de “austeridad, eficiencia y eficacia”, en lo que podría interpretarse como una velada respuesta a las críticas del gobernador Pullaro, cuando habla de un Poder Judicial “caro e ineficiente”.

Al respecto, el presidente de la Corte puso de resalto que “en los últimos diez años el porcentaje de incidencia de este Poder Judicial en el presupuesto de la Provincia de Santa Fe ha sido del 3,33% promedio; habiendo pasado a ser del 2.7% este año, en tanto la reforma constitucional separó al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa de este Poder Judicial”.

Entre la nutrida concurrencia de autoridades políticas, judiciales, académicas y de la sociedad civil, dos ex gobernadores mencionados en el discurso: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. También las titulares del MPA y la Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson. Y un ex ministro de la Corte, Rodolfo Vigo.

“En este camino, podemos señalar que de las 23 provincias que conforman la República Argentina, nuestro Poder Judicial ocupa el número 20 en el orden de asignación de recursos”, acotó.

Tomando otro parámetro, marcó que Santa Fe “es la provincia con menos agentes por cantidad de habitantes en toda la república Argentina” y que la planta del Poder Judicial, de 3409 personas, no se ha modificado en los últimos cinco años, pese al incremento tanto de la población y como de la litigiosidad.

“Por último, y para no abrumar con más datos, cierro esta descripción precisando que anualmente ingresan y son atendidas en esta Casa de Justicia más de 243 mil causas, de las cuales 224 mil corresponden al derecho privado y 18 mil al derecho penal.

Produciéndose como resultado de ello, más de 216 mil Autos y sentencias anualmente en todo el territorio provincial”, apuntó.

Como explicación de esta “eficiencia y eficacia” con recursos menores a los solicitados anualmente, puso de relieve el proceso de modernización iniciado 20 años atrás, que pasó de informatización integral a la digitalización de expedientes, la despapelización y finalmente la incorporación de la Inteligencia Artificial.

“En números concretos, desde la implementación del proceso digital, allá por el año 2020, y hasta a la actualidad, ingresaron más de 650 mil demandas y 15 millones de escritos en dicho formato; los cuales fueron remitidos por profesionales del derecho desde diferentes partes del mundo donde cuentan con conexión a internet”, recordó. Y añadió allí la incorporación de la firma digital.

Gutiérrez también aludió a la modificación de procesos (muchos luego recogidos en reformas legislativas) y la reestructuración de unidades jurisdiccionales, sin incremento de costos ni de personal.

Rescató la puesta en marcha del juicio por jurados, que ya se materializó en cinco oportunidades (uno en San Cristóbal, uno en Reconquista, tres en la ciudad de Santa Fe), con la intervención de más de 140 ciudadanos, de los cuales 56 terminaron siendo efectivamente jurados.

“Para que ello fuera posible, nos encargamos de brindar la asistencia necesaria en pos de que cada uno de los jurados no deba preocuparse más que por cumplir su función”, indicó. Y agregó que, según una encuesta desarrollada posteriormente entre los jurados, esta práctica mejoró su percepción sobre el funcionamiento de la Justicia.

En materia de colaboración entre poderes, repasó el Plan Estratégico diseñado en 2006 en la gobernación de Jorge Obeid, el programa para la Reforma de la Justicia implementado en la gestión de Hermes Binner, el Plan de Infraestructura impulsado por Miguel Lifschitz y el plan “Santa Fe Más Justicia” en el mandato de Omar Perotti.

Gutiérrez dedicó una mención especial al Edificio Anexo de Tribunales, “uno de los desarrollos de infraestructura edilicia más importantes de las últimas décadas para este Poder Judicial”, que “vendrá a resolver definitivamente la crisis edilicia de esta sede, permitiendo la concentración del 90% de los tribunales, y dependencias en un punto concreto”, y que ubicó en “abril o mayo próximo”.

En similar política de gobierno, enmarcó que la próxima inauguración de un moderno eificio en la ciudad de Casilda.

A modo de recapitulación, cifró todo esto en los preceptos de austeridad, eficiencia y eficacia, pero con el concurso insoslayable de “la calidad de nuestros Magistrados, Funcionarios y Agentes. La calidad, capacidad y compromiso que todos demuestran de manera cabal día a día en el desarrollo de sus labores.

“Valores que se vieron reflejados a lo largo de todo el año pasado, donde se vivió un período histórico de 101 vacantes en la Magistratura (casi un 27% del total de jueces en funciones).

En esa ocasión, todos y cada uno de los titulares de sus respectivas unidades jurisdiccionales, no pusieron reparo alguno en hacerse cargo de uno, dos y hasta tres juzgados vacantes, incluso debiendo recorrer largas distancias entre diferentes distritos”, hizo notar.

“Si bien es cierto que a la fecha esta situación ha sido parcialmente atendida, no cabe soslayar que seguimos contando con 66 vacantes definitivas de Magistrados en toda la provincia", dijo.

"Por consiguiente, poder contar a la brevedad con la cobertura de esos cargos, implicará una mejora tangible en la eficiencia del servicio de justicia”, concluyó.

Con el mismo nivel de compromiso, destacó la tarea desarrollada desde el Centro de Capacitación Judicial, que permitió llevar adelante más de 70 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios), diseminadas en todo el territorio de la Provincia, por donde pasaron más de 3.700 personas (entre integrantes del Poder Judicial y profesionales externos).

De la misma manera, destacó el funcionamiento del sistema de mediación judicial gratuito. El cual desde sus inicios, en 1999, y hasta la actualidad ya lleva más de 88.000 mediaciones, con un índice de conciliación de más del 84% en todo el ejido provincial.

Bajo la premisa de “reconocer la realidad para transformarla, sin perder de vista los cimientos que nos sostienen”, Gutiérrez consignó que “mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige.

“Pero la justicia no es una tarea solitaria de este Poder. Por eso, invito a todos los sectores de la sociedad a renovar el valor del diálogo y el respeto por las instituciones. En tiempos de incertidumbre y de verdades fragmentadas por algoritmos, el Poder Judicial debe ser el faro de la certeza”, remató.

(Por Tomás Rodríguez) - Hace 55 años, el deporte argentino vivió uno de los momentos de mayor gloria de todos los tiempos, en el Palazzo Dello Sport, en las afueras de Roma, Carlos Monzón, el doble poseedor de los títulos argentino y sudamericano y ubicado número 1 en el escalafón universal aplicó un golpe violento de derecha a la mandíbula, en el duodécimo asalto y destronó de la corona de peso medio al hasta entonces invencible en su país, el italiano Giovanni Benvenuti.

El nocaut fue de características espectaculares, el relato del joven Santos Nicolini (Oral Deportiva, Edmundo Campagnale de LS5 Radio Rivadavia) y el repetido grito de “Carlos Monzón, campeón del mundo de peso mediano”, produjo un estallido en todos los sectores sociales, culturales, deportivos y políticos.

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, la gente salió masivamente a recorrer  las calles, cantaba, reía, lloraba y al grito de “Dale Negro”, “Dale Campeón”. Miles de hombres, mujeres, jóvenes, niños, daban rienda suelta a la alegría. Las principales arterias, los bulevares, la Costanera, las avenidas de penetración de esta capital eran testigos de acciones inenarrables.

Lo propio acontecía en el Villa Yapeyú, donde el flamante monarca, con sus propias manos había construido una modesta vivienda para su familia; también en la zona estaban sus padres celebrando la conquista ecuménica de “Escopeta” Monzón en el llamado “Bar del 5”, propiedad de su hermano Nicéforo.

Muchos amigos repetían la escena en el bar “La Serrana” de bulevar Pellegrini y Blas Parera (hoy Presidente Perón), del Gallego Antonio González Ojea, que “Pelusa” llamaba “La Facultad” y Carlos frecuentaba de niño cuando vendía diarios y lustraba zapatos, recibiendo solidariamente un plato de comida.

“Yo no me voy a olvidar del gesto de ustedes y cuando sea campeón del mundo los visitaré siempre que pueda”, repetía cuando pasaba por el lugar el flamante  campeón mundial de peso mediano.

El argentino se mostró superior en la mayor parte del encuentro, aunque los jueces -insólitamente, en sus tarjetas daban ventaja al local- en el undécimo asalto se observaba al campeón con signos de cansancio, en tanto Monzón estaba sobrio, fuerte y lo corrió literalmente por todo el cuadrilátero; Benvenutti ya sin ninguna reserva física, con una herida en la boca, capeó la situación y obedeciendo a los últimos recursos que le quedaban a un hombre inteligente, dando la sensación de que estaba para seguir; pero era evidente que no daba más y que sus piernas no lo sostenían.

La decepción en todo el estadio inhibían las gargantas y la mayoría de los aficionados observaba que estaban ante la presencia de un nuevo campeón del mundo, Benvenuti sólo tenía el recurso de que una mano suya entrara de casualidad.

La frialdad y el cálculo del argentino midiendo cada vez más al oponente, terminaron con la paciencia de Benvenuti; no había siquiera roces, ni enganchadas de guantes, ni quejas al árbitro, ni nada; el italiano retrocedía buscando tiempo y aire. Monzón se le iba encima , cerrándoles caminos y no  permitiéndole hacer absolutamente nada siempre.

Se trataba de una situación totalmente incómoda para el monarca, ante un hombre que le pegaba por todos lados; los brazos de Benvenuti se movían, al igual que su cuerpo, en nerviosos bailoteos, sin ton ni son, incomprensibles, y que demostraban su derrumbe. Cuando terminó ese capítulo, los periodistas argentinos tenían tres puntos en favor del pupilo de Brusa.

Monzón durante la pelea ante Benvenuti. Foto: Archivo

El asalto número 12 entró en las estadísticas como el del fin de un reinado legendario; evidentemente, este Benvenuti que enfrentó a Monzón no pudo descifrar un enigma que lo había perturbado.

Para Italia, para Benvenuti, para los periodistas de Roma y de toda la península, la derecha de Monzón impuso respeto desde que lo vieron trabajar en el gimnasio y desde que supieron su récord; pero el argentino, astuto, hábil, bien dirigido y entrenado magníficamente, apoyó su acción durante toda la noche con la mano izquierda que causó estragos en el campeón y que lo dejó sin poder usar la inteligencia, su fuerte.

En el último capítulo, el duodécimo de una pelea pactada a 15, fue un avasallamiento total por parte de Monzón, entero y cada vez más lúcido, dueño absoluto de la situación y que llegó a jugar y a correr por el ring al italiano.

Según el “Gordo” Horacio García Blanco, a los dos minutos llegó la hora esperada; una zurda arriba y una derecha cruzada, hicieron retroceder a Benvenuti; un uno-dos perfecto lanzado por el santafesino con absoluta seguridad y destino exacto; allá se fue el italiano contra las cuerdas; después de cruzar el cuadrilátero caminando hacia atrás y para zafarse de otra zurda de Monzón, se agachó tirándose hacia su derecha; el argentino que ya había “olfateado” esa única salida del local, cercado por el encordado, mandó con todo la famosa derecha; llegó justa, neta, exacta al costado de la boca del italiano, que cayó fulminado.

Monzón se fue al rincón neutral casi sin mirar su obra… El juez corrió para contar, Benvenuti quedó de rodillas, con la mandíbula apoyada contra la lona; quiso reaccionar cuando la cuenta llegaba al fin y se volvió a caer; el out llegó implacable; podían haberle seguido contándole un rato más; alguien, no se sabía cómo, entró en el ring y quiso embarullar el momento, interponiéndose entre el juez y Benvenuti, pero hasta eso era tarde.

El “campeonísimo” había caído abatido, fulminado; tardó un rato en reaccionar; pero más tardó el público, que no lo podía creer. El sanjavierino fue al centro del ring y el árbitro le levantó la mano decretando ganador a Monzón.

En ese lugar, donde Benvenuti era patrón, el santafesino escribió una de las páginas más gloriosa, sino la mejor de todos los tiempos, en materia de lograr un título. Un nocaut brillante buscado sin desesperación y como epílogo de un certero golpe de la mano que había hecho hablar a toda Italia.

El primero en ingresar al ring tras la consagración de Carlos I, fue uno de sus amigos que más trabajó con él en el Luna Park, “Goyo” Peralta, lo levantó y paseó en sus hombros; la felicidad de todo su equipo: el Maestro Amílcar Brusa; Juan “Ardillita” Aranda; José Menno, el Prof. Patricio Russo y Tito Lectoure, que repetía a la prensa italiana “les dije que Monzón iba a ser campeón mundial, hace 60 peleas que se mantiene invicto y se lleva la corona a la Argentina”.

Carlos Monzón junto a Brusa, su legendario entrenador, mentor y figura paterna. Foto: Archivo

A su vez, Brusa, afirmaba: “Monzón es obediente, un gran profesional, el mejor de todos y hoy con un Escopetazo, los romanos se quedaron sin Emperador. Gracias Carlos, Santa Fe y el país están de fiesta”, concluyó.

El flamante monarca de peso medio Carlos Monzón abrazado con el sanjuanino Gregorio “Goyo” Peralta descendió eufórico del cuadrilátero, con su rostro sonriente era la imagen eterna  de un muchacho litoraleño humilde que cumplió exitosamente el sueño de su existencia.

La del mismo muchacho que llegó del barrio La Flecha de su San Javier natal, buscando nuevos horizontes; pasó los momentos difíciles del chiquillo que tuvo que pelear desde niño con una escuela que la tuvo en la calle, luchando por, llevando el producto de su trabajo para fortificar el sustento de los suyos la vida esquiva. Ingresó en el boxeo en el desaparecido Club Cochabamba, luego pasó al de Ricardo Minella, frente al Parque Juan de Garay.

Nunca olvidó a los grandes amigos que lo ayudaron en sus comienzos en el boxeo: Agrafogo, el “Negro” Mendez, Gordillo y todos los que trabajaron en el gimnasio de Amílcar Brusa, en los comienzos en San Lorenzo y Cándido Pujato y luego en el Club Unión.

Luego tuvo el encuentro con Amilcar Oreste Brusa, quien lo hizo como un padre, consejero y amigo, un resumen de amparo total; siguieron la ruta, la cuerpearon en todas y llegaron; atrás quedaron los tropiezos.

Monzón y Brusa llegaron al sitial, el sacrificio coronó todos sus desvelos; a partir de entonces se presentaba un ancho futuro que traería para el nuevo poseedor del  cinturón universal de la división mediana el equilibrio y la solidez económica.

Los poderosos puños del pugilista santafesino habían destruido la imagen de un campeón idolatrado por los italianos que anteriormente había sido campeón olímpico, la izquierda del boxeador sudamericano preparó, la derecha estalló y fue el final del campeón mundial de la península.

En esa noche gloriosa del  sábado 7 de noviembre de 1970, la Argentina poseía dos campeones del mundo: Nicolino Locche y Monzón. Santa Fe, el país y el boxeo eternamente agradecidos.

En el despacho del director de Canal 13 “Santa Fe de la Vera Cruz”, Mercedes Beatriz García (26 años), a quien el nuevo campeón de boxeo de categoría mediano, Carlos Monzón, llamaba cariñosamente “Pelusa”, lloraba de alegría, casi no había hablado durante la pelea por el título universal, seguramente no le interesaba ni pensaba hacerlo porque estaba esperanzada en cada golpe que colocaba su esposo, el retador y que sentía cada golpe de Giovanni “Nino” Benvenuti que a cada instante veía escapársele el titulo.

Cuando concluyó la desigual pelea con el categórico triunfo de su esposo, las cámaras de televisión, los telegramas, los centenares de felicitaciones, las radioemisoras de todo el país queriendo su testimonio por la resonante conquista. La gente quería conocerla.

Mercedes Beatriz “Pelusa” García que un día comenzó a ser “de Monzón”, contestaba, abrazaba, reía, lloraba, pero para muchos, su amor y corazón estaba rebosando de felicidad en Roma.

Esa noche había dejado de ser simplemente, la esposa de Monzón para convertirse en la esposa del Rey del Mundo de los medianos.

El campeonato mundial de Monzón en 1970 según El Litoral. Foto: Archivo

En el modesto “Bar del 5”, en el populoso barrio de Villa Yapeyú, se congregó una numerosa cantidad de parroquianos para observar las alternativas del combate que libraron en el “Palazzo Dello Sport”, en las afueras de Roma, por el título mundial de peso medio, el titular de esa categoría Giovanni Benvenuti, de Italia y el N° 1 del escalafón internacional, el argentino Carlos Monzón.

El propietario del mismo, Nicéforo Monzón, de 35 años, hermano de Carlos, invitó a los padres del challenger Roque Monzón y Amalia Ledesma, además de otros familiares.

Cuando el encuentro se definió en favor del argentino, una multitud de vecinos se hizo presente en el lugar para felicitar a los progenitores del pugilista argentino consagrado en forma espectacular que había nacido en el barrio La Florida de San Javier el 7 de agosto de 1942.

Más tarde, llegó emocionada y con gran regocijo y alegría Mercedes Beatriz García y sus dos hijos Silvia Norma, de siete años y Abel Ricardo, de cuatro, celebrando junto a los vecinos la notable conquista.

Se convirtió en una fiesta de pueblo, de familia; humilde, registrándose escenas muy emotivas, con la participación hombres, mujeres, niños de ambos sexos. Los progenitores recordaron que eran muchos hermanos y que se trasladaron desde San Javier a Santa Fe buscando un bienestar, en primer término en el barrio Barranquitas Oeste.

Amigos son los amigos. Carlos Monzón recibiendo la visita en la cárcel de Las Flores de "Chiquito" Uleriche y de Alain Delon.

Al término de la contienda, fue una odisea  llegar hasta el camerino del argentino Carlos Monzón, una multitud dentro del mismo, entre colaboradores, asistentes, periodistas argentinos. Los italianos, cabizbajos, con la seguridad y cercano al vestuario del destronado pugilista italiano.

El flamante campeón del mundo estaba flanqueado por su adiestrador Amilcar Oreste Brusa; el promotor y gerente del Luna Park, Juan Carlos “Tito” Lectoure y Gregorio “Goyo” Peralta, abrazados y cantaban “Argentina…Argentina” y más atrás con lágrimas, José Menno, un trotamundo del boxeo; Juan “Ardillita” Aranda, campeón argentino welter juniors y el profesor Patricio Russo, vendió su auto para estar en la preparación del sanjavierino.

Los periodistas argentinos de radios, diarios y televisión estaban incontrolables, saltaban, cantaban al grito de “Dale campeón, Dale campeón” estaban: Santos Nicolini (LS5 Radio Rivadavia), tuvo la suerte de relatar el espectacular nocaut del santafesino; Manuel Piri García (El Gráfico), Juan Carlos Rousselot, Pozo Navarro, Ruíz (Crónica), Horacio García Blanco, Pedro Oscar Roteta (El Litoral), Julio Juan Canteros (Nuevo Diario), etcétera.

En un momento dado, el campeón había hablado por radio y televisión santafesina, señalando eufórico: Toda la gente, de los distintos barrios salió a la calle y hay caravanas de camiones, autos, motos, carros y caminando con banderas argentinas. “Este triunfo es para la Argentina y especialmente para Santa Fe”, aseguró el sanjavierino.

(Por Mauro Dalmazzo y Juan Franco) - Este martes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, junto a sus seis pares, comenzaron su visita a Venado Tuerto, que se extendió hasta la jornada de hoy. A lo largo de estas dos jornadas, los magistrados, acompañados por el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas, desarrollaron una intensa agenda de trabajo para evaluar el funcionamiento de la justicia en la región y estrechar vínculos con los actores del sistema judicial local.

La delegación estuvo integrada, además, por los magistrados Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza. 

La visita tuvo como objetivo principal la realización de encuentros con jueces y camaristas de distintos fueros, además de encuentros con referentes del Colegio de Abogados de la 3ª Circunscripción, buscando conocer de primera mano las necesidades y desafíos del sistema judicial en Venado Tuerto.

El martes, los ministros de la Corte se reunieron con jueces de cámara de los fueros Civil, Comercial, Laboral y Penal, evaluando las problemáticas y avances en cada una de estas áreas. En la mañana de este miércoles, el enfoque se trasladó a los jueces de primera instancia, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas de mejora para el sistema judicial. A continuación, se concretó un encuentro con el Colegio de Abogados, donde se discutieron cuestiones relacionadas con la formación y los recursos disponibles para los profesionales del derecho.

El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, destacó la importancia de este tipo de visitas: "Este tipo de encuentros no se puede reemplazar por un Zoom. La interacción directa y el intercambio de opiniones enriquecen mucho más el trabajo y nos permiten generar mayor empatía con quienes están en el día a día del servicio de justicia".

En cuanto a la evaluación de la jurisdicción judicial local, Falistocco resaltó que, aunque en líneas generales la situación es positiva, existen desafíos en áreas como el fuero penal, que enfrenta una alta demanda y complejidad. "Es imposible dar respuesta a todo en el sistema penal, pero el nuevo sistema acusatorio, implementado en 2014, está funcionando adecuadamente", afirmó.

Por otro lado, el fuero civil, que recientemente implementó la oralidad en los juicios, mostró resultados positivos en la reducción de tiempos procesales. Sin embargo, el presidente de la Corte resaltó la necesidad de cubrir algunas vacantes en el fuero laboral y familiar para mejorar la atención de los casos.

"Es importante que podamos abordar las vacantes con más celeridad. No es solo una cuestión de número, sino de eficiencia en la resolución de los casos", agregó Falistocco, subrayando el compromiso de la Corte con el mejoramiento de los servicios judiciales. "Lo que buscamos es que el acceso a la justicia sea ágil y cercano a los ciudadanos".

Falistocco también dedicó un apartado a la evaluación de la infraestructura judicial. Durante la conferencia de prensa, hizo hincapié en los avances en la construcción del Centro de Justicia Penal en el ex Hospital Gutiérrez. "Sabemos que todavía falta tiempo para que el edificio esté terminado, pero lo importante es que ya estamos en marcha. La obra es fundamental para mejorar las condiciones del fuero penal", indicó.

El presidente de la Corte expresó que el nuevo centro permitirá solucionar muchas de las dificultades actuales relacionadas con la falta de salas de audiencia y espacios adecuados para el desarrollo del trabajo judicial. "Este centro va a permitir una organización más eficiente y un mayor contacto entre los operadores judiciales y la comunidad".

Por el momento, se alquiló una propiedad provisional para poder concentrar otros fueros. "Es una solución temporal, pero esperamos que, en el corto plazo, con la finalización de la obra, se resuelvan muchos de los problemas de infraestructura que enfrentamos", agregó.

Uno de los temas más comentados durante la visita de los magistrados fue el avance en la investigación de la megaestafa inmobiliaria, que involucra a varias empresas y personas de la región. Falistocco, al ser consultado sobre este caso, respondió: "Es un caso que tiene gran relevancia, y somos conscientes de la expectativa social que genera. Sin embargo, debemos respetar los tiempos del proceso judicial para garantizar que la resolución sea justa y transparente".

La megaestafa inmobiliaria, que afecta a numerosas víctimas en la provincia, se encuentra en manos de la Corte, y la incertidumbre sobre su resolución genera gran interés público. Falistocco expresó que, si bien aún no se puede anticipar un plazo para la resolución final, la Corte está trabajando para brindar una respuesta adecuada en pocos meses. "Sabemos que la ciudadanía está esperando, pero debemos ser responsables con el proceso. No se trata solo de dictar una sentencia rápida, sino de hacer justicia en base a pruebas claras y contundentes", destacó.

El presidente de la Corte remarcó que la prioridad es la garantía del debido proceso y que, a pesar de la complejidad del caso, se encuentran trabajando con el objetivo de lograr una resolución que cumpla con las expectativas de las víctimas y la sociedad en general.

Durante la rueda de prensa, Falistocco también reflexionó sobre la importancia de los avances legislativos en la provincia. Destacó los beneficios de la reciente reforma constitucional, especialmente en cuanto a la creación de un Consejo de la Magistratura más fortalecido y con mayor capacidad de decisión. "La reforma trajo tranquilidad en cuanto a los procesos de selección y enjuiciamiento de jueces. Sin embargo, aún estamos en proceso de evaluar cómo funcionará el nuevo sistema del jury de enjuiciamiento", concluyó.

La agenda de la jornada de este miércoles dio inicio a las 9.30 con la reunión con jueces civiles, comerciales, laborales y de familia; a las 10.30, con jueces penales; a las 11.30, con el Colegio de Abogados; y pasadas las 12.30, los miembros de la Corte recorrieron las obras en construcción del Centro de Justicia Penal. La jornada culminó a las 13.30 con la visita a los Tribunales de la calle San Martín.

Por Mario Cáffaro

En toda la última semana, el Poder Ejecutivo publicó los decretos que venía reclamando el Poder Judicial acerca de nombramientos, ingresos y ascensos de personal. Estos decretos más los 85 pliegos remitidos a Legislatura -la mayoría de ellos para jueces- marca un clima de distensión entre los dos poderes.

El sábado pasado, horas antes de enviar los pliegos y empezar a firmar los nombramientos, el gobernador informó en su cuenta de Instagram que recibió al presidente de la Corte, Roberto Falistocco, en la delegación del gobierno en Rosario.

Los pliegos de jueces, fiscales y defensores se considerarán en Asamblea Legislativa el 25 de septiembre.

En cuanto a los decretos de esta semana refieren a personal que ya está en funciones. “Que se deja constancia que el personal cuya designación se efectúa en carácter de titular, ha sido propuesto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en base al Concurso oportunamente realizado” dicen todos los decretos.

Un tercer párrafo agrega “que la Dirección General de Administración del Poder Judicial informa que los cargos a cubrir se encuentran vacantes y constata la existencia de partidas presupuestarias disponibles para atender el gasto requerido”.

Hay decretos de designaciones individuales y colectivos. En total, son 155 los agentes que tenían frenado el expediente tal cual lo marcó una acordada firmada el pasado 5 de agosto por todos los ministros de la Corte santafesina. Uno de los principales de esos decretos, el 1991, abarca 75 designaciones para las circunscripciones 2 y 3 con cabecera en Rosario y Venado Tuerto.

En el acuerdo de agosto, la Corte hablaba de “relentización” del trámite que había motivado cortocircuitos el año pasado y que fueron analizados ese domingo 8 de septiembre cuando el gobernador Pullaro recibió -muy temprano- a todo el máximo tribunal.

En agosto, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".

En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados".

Y agregaba: "Convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".

Aclaraba la Corte que, a agosto, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial".

En doce mensajes, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo para su análisis las propuestas de 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces de cámara, jueces de primera instancia así fiscales subrogantes y adjuntos del Ministerio Público Fiscal y defensores del Servicio Público de la Defensa.

La larga lista -cuyo envío anticipó El Litoral- será tema de análisis de la Comisión de Acuerdos ni bien finalice la Convención Reformadora donde el presidente y vice de la comisión legislativa, Lionella Cattalini y Raúl Gramajo, tienen un rol clave en la discusión de la futura Constitución.

Más de la mitad de las propuestas corresponden a la Circunscripción Judicial N° 2 con cabecera en Rosario donde son 45 los postulantes. 20 son de la N° 1 con cabecera en Santa Fe; 10 para la N° 5 con sede en Rafaela; otros 6 para la N° 4 con referencia en Reconquista y 4 para la N° 3 en el norte con cabeza en Reconquista.

El paquete de pliegos con los antecedentes respectivos tiene mayoría de mujeres (46) sobre los hombres (39).

El envío de los pliegos viene a responder en gran parte a los planteos de la Corte Suprema de Justicia así como a las titulares del Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente. El tribunal superior emitió varias acordadas haciendo saber al Poder Ejecutivo la necesidad de cubrir vacantes en distintas zonas de la provincia.

Los mensajes con los pliegos no fueron enviados por circunscripción judicial sino por los fueros respectivos.

Jueces penales de segunda instancia: Silvia Castelli, Miguel Moreno, Ismael Manfrin y Nicolás Foppiani (Rosario).

Vocales de Cámara de Apelación en lo Laboral: todos para Rosario, María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler.

Jueces de primera instancia en lo Laboral: Ignacio Eduardo Pandullo (Santa Fe), María Clara Benassi (Esperanza). Mariana Otarola (San Lorenzo); Martín Borselli (Venado Tuerto) y María del Mar Della Rosa (Reconquista).

Jueces de primera instancia en lo Penal: Federico Martín Rébola, Lisandro Artacho, Luciano Vallarella, Natalia Benvenuto, Jorge Andrés Rodríguez, Juan Ignacio Gasparini y María de los Angeles Granato (todos para Rosario).

Guillermo Lanfranco Pari (Cañada de Gómez), Andrea Melisa Cavallero (Venado Tuerto) y Shirli Tomasso (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Menores: Héctor José Aielo (Santa Fe), Leandro Matías Lucente (Rosario); Fabiola Piemonte (Casilda); Brenda Coassolo (Cañada de Gómez) y José Alberto Boaglio (Tostado).

Jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial: Guillermo Adrián Vales; Francisco José Depetris, Rodrigo Carlos Ureta Cortés y Viviana Naveda Marcó (todos para Santa Fe). Sabrina Campbell y Sebastián Rupil (Rosario).

David Alberto Lisandrello (VIlla Constitución), Franco Raschetti (Reconquista), Mauro Daniel García y Marcelo Gelcich (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Familia: Jorgelina Daneri (Venado Tuerto), María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal) y Hernán Andrés Julián (Reconquista), en este último caso como subrogante.

Jueces de primera instancia de Circuito: Sebastián Pantaleón Faravelli (Coronda), Hernán Guala (El Trébol), Martín Carlos Chasco (Venado Tuerto); José Ignacio Pastore, ejecución de Circuito en Santa Fe.

Fiscal adjunta: Virginia Gabenara (Rosario)

Fiscales adjuntos subrogantes: Agostina Aime, Jesica Bernard, Laura Gerard, Natalia Giordano, Julio Lema y Pablo Lipowy (todos para Santa Fe). Sofía Cudos, Abi Luz Cabrera, Anabel Cerutti, Javier Hugo Paz, Rocío Cosgaya, María Belén Oliva, Florencia Vergili, Lucila Cornier, Federico Aranda, Eliana Zingoni, Lucía Pazos y Mariana Vigo (Rosario).

Defensores adjuntos subrogantes: Valentín Acuña, Lucía Mognaschi, Esteban Montenovi (todos para Santa Fe). Para Rosario, Agustina Morielli, Wanda Vaschetto, Julieta Belén González, María Virgina Llaudel Maza, Lucía Araya, Matías Daruich, Pablo Bufarini, María Virginia Quiroga, Antonela Dalzotto, Flavia Renzi.

María Gimena Galbusera, Valeria Tourn y Tania Stechina (Reconquista) y Bruno Rossini y Victoria Romano (Rafaela).

La Legislatura tiene un plazo de 30 días para votar los pliegos, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta. No es el propósito, se dijo en fuentes legislativas a El Litoral. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución -a mediados de mes- la Legislatura pasará a tener 45 días para pronunciarse sobre el acuerdo o no.

Por Emerio Agretti

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves los pliegos de los tres candidatos a cubrir las vacantes para la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Así, los Dres. Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, se perfilan como las nuevas caras de la máxima estructura del Poder Judicial de la provincia.

La decisión de amabas cámaras (Diputados y Senadores), se conoció en horas de la siesta de este jueves 13 de febrero, luego de que el día anterior, los tres se presentaran en entrevista secreta ante la Comisión de Acuerdos, que preside el senador Joaquín Gramajo.

El mismo miércoles, luego de las entrevistas, los tres candidatos participaron de una audiencia pública, que fue el paso previo a la votación de los pliegos.

Noticia en desarrollo...

Finalmente, después de más de treinta años de haber iniciado el trámite y obtenido el beneficio, Armando Luis Drago decidió jubilarse. Drago integraba la Cámara de Apelación Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, y su caso había sido planteado públicamente por el gobierno provincial como una suerte de "paradigma" para retratar la conducta de muchos integrantes del Poder Judicial que "especulaban" con la solicitud del beneficio jubilatorio, pero permanecían en la condición de activos.

El ministro Fabián Bastia lo había citado con nombre y apellido, como ejemplo de aquellos magistrados que "como resguardo", iniciaron el trámite pero siguieron en el cargo. "Hace 31 años tiene su trámite de jubilación concluido, pero sigue en funciones", había dicho. La actitud "especulativa" encuentra una fundamentación por doble vía: se goza de una situación más favorable (en términos de ingresos) como activo, y asimismo, se cuenta con el reaseguro del trámite concedido, ante eventuales modificaciones al sistema previsional.

La reforma jubilatoria que será sancionada este jueves, de hecho, plantea en unos de sus artículos transitorios, que aquellos agentes que hubieran paralizado "voluntariamente" durante más de seis meses el expediente, si no acceden al beneficio antes de votada la nueva ley, deberán iniciarlo de cero.

El caso Drago se ajustaría a esa circunstancia, aunque para adoptar la decisión final del cese, habría pesado también el pedido de juri de enjuiciamiento presentado en la Cámara de Diputados por su desempeño en los comicios del año pasado, como integrante del Tribunal Electoral provincial.

Como publicara El Litoral oportunamente, la mera discusión pública de la reforma previsional disparó el número de trámites de integrantes del Poder Judicial que comenzaron a solicitar la jubilación. Según revelaba el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, el número de pedidos de renuncia para iniciar luego el trámite jubilatario se había "duplicado" de febrero a la fecha, en términos comparativos con idéntico período del año pasado.

Según pudo confirmar este diario, ésa siguió siendo la constante y hasta se habría acentuado el número de solicitudes, ante la inminente sanción de la nueva ley.

En los últimos días, incluso, el Poder Ejecutivo firmó al menos ocho decretos con la aceptación de renuncias. El 15 de agosto fue el caso de Carlos Damián Renna; se venía desempeñando como camarista en Vera y había presentado su nota de renuncia el 10 de junio. El mismo día, se firmó el decreto de aceptación para Silvia Beatriz Zabala, quien había remitido nota de renuncia como Defensora Pública de Vera, el 2 de mayo.

El 9 de setiembre, se firmaron cuatro decretos que aceptan la renuncia de Carlos José Guillermo Garibay como juez de primera instancia de Santa Fe, de Ignacio José Falconi como Prosecretario de la Corte de los Tribunales de Rosario, de Mabel Beatriz Medina como Defensora General de Firmat, y de Gustavo Alejandro Ríos como integrante de la Cámara de Apelaciones de Circuito de Santa Fe. Con fecha 11 de setiembre ya fueron publicados otros dos decretos; uno, acepta la renuncia de Cristina Beatriz Fortunato como jueza de Primera Instancia en lo Penal de Rafaela, y otro, la de Eduardo Enrique Pastorino, como juez de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario. Todos, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

Finalmente, la Corte de Santa Fe decidió de manera formal solicitarle una audiencia al gobernador Maximiliano Pullaro. Así lo resolvió el tribunal en la reunión de Acuerdo de este martes, que contó con la participación de todos los ministros de manera presencial.

La solicitud se canalizó este miércoles por las vías correspondientes y serán los ministros los que concurran a la Casa de Gobierno, si así lo dispone el Poder Ejecutivo. Casi en simultáneo con el momento en que los magistrados definían los detalles del pedido de audiencia, el Poder Judicial volvía a ser centro de las críticas del propio gobernador. En Rosario y consultado sobre el proyecto de reforma previsional que impulsa su gobierno, Pullaro aseveraba que la iniciativa se propone terminar con los beneficios de "quienes creen que tienen coronita". "Lo que hago – dijo el mandatario- es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y de aquellos que creían que tenían coronita. Y ustedes saben bien quiénes son: son los jueces y es el Poder Judicial de la provincia. Acá se terminaron los privilegios", insistió.

La audiencia

Según se pudo saber, la agenda que la Corte llevará al gobernador, en caso de que la audiencia sea concedida, incluirá aspectos meramente institucionales. Replica, prácticamente, los puntos que habían comenzado a conversarse cuando respondieron a la invitación de los magistrados, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Incluye vacantes no cubiertas – plantean que el 25% de los juzgados de la provincia carece de juez-; designaciones freezadas por el Poder Ejecutivo – hablan de un centenar de decretos que afectan a entre 300 y 400 agentes-, y partidas presupuestarias insuficientes que ya han obligado a ralentizar o paralizar obras de infraestructura en distintas ciudades de la provincia.

El punteo no incluye el proyecto de reforma previsional, que detonó el viernes - entre otros unos - una inédita protesta de jueces en Rosario, y prevé una asamblea del personal judicial este jueves en las escalinatas de los Tribunales de Santa Fe. El anuncio de la movilización anticipa, incluso, la presentación de reclamos administrativos contra la futura ley.

Sin embargo, el verdadero trasfondo que emerge de la puja de poderes es la renovación de la Corte. Tanto la falta de presupuesto como las designaciones dilatadas podrían ser comprendidos como inconvenientes de gestión, propios de un contexto económico ajustado. Pero la interpretación que se desliza desde Tribunales es que cada una de esas decisiones son deliberadas, e impartidas desde el gobierno como respuesta a la resistencia de los ministros de la Corte que no han facilitado la renovación del tribunal promovida por la actual gestión.

La misma lectura subyase de la nueva ley previsional, que además de intentar erradicar los "privilegios" mencionados por el gobernador, acorrala a los integrantes de la Corte que hayan iniciado el trámite para jubilarse y obtenido el beneficio, pero sin solicitar el cese correspondiente.

Con la cuerda cada vez más tensa, y aun cuando desde la Corte se aguarde una respuesta positiva al pedido de audiencia resuelto este martes, en los ámbitos tribunalicios ya comienza a escucharse una invitación a posar la lupa sobre cada uno de los poderes del Estado y sus respectivos gastos, para poder concluir en si "sólo y exclusivamente" la casta la constituye el Poder Judicial.

Mediante un pedido de informes, el bloque de senadores del PJ pide precisiones a la Casa Gris sobre el envío de tres pliegos de candidatos a jueces de ejecución penal. La minuta fue aprobada como es costumbre por unanimidad por la Cámara alta de la Legislatura el jueves 8, porque se parte de la base de que el control de los actos de gobierno por los legisladores requiere saber de ellos y preguntar.

El oficialismo tiene cómodos números (14 bancas sobre 19) y votó afirmativamente por respeto a esa sana tradición legislativa. Acaso como un gesto en el mismo sentido, desde la minoritaria bancada del peronismo se optó por no hacer comentarios sobre el texto votado. Ni siquiera cuando se leyó la convocatoria de la presidenta del Senado, la vicegobernadora Gisela Scaglia, para que el jueves 29 la Asamblea Legislativa trate, a las 13, "el pedido del Poder Ejecutivo de acuerdo legislativo para la designación de un Vocal de Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, Circunscripción Judicial N° 1, Tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe; y dos Vocales de Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, Circunscripción Judicial N° 2, Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario".

Son breves los considerandos del texto firmado por los cinco senadores encabezados por el presidente de la bancada, Rubén Pirola. Indican que el bloque está al tanto del ingreso de los pliegos del Ejecutivo "para las vacantes judiciales que en el cuerpo en el pedido de informes se individualiza" y que "simultáneamente se ha recibido un pedido de la Presidencia del Partido Justicialista observando la existencia de posibles apartamientos al criterio de merito técnico de los postulantes propuestos, lo que afectaría la calidad de los pliegos y el principio de igualdad que asiste a los postulantes que superen las instancias de concurso sobre la base del merito de su desempeño y antecedentes".

Y sigue: "a efectos de no dar por supuestos los extremos mencionados se entiende necesario solicitar precisiones al Poder Ejecutivo para que sean evacuadas antes que esta Legislatura deba considerar los pliegos en la Comisión de Acuerdos".

"El principio de transparencia de los actos públicos, la igualdad de derechos y el merito técnico constituyen los pilares esenciales de la credibilidad del procedimiento de selección para la cobertura de cargos judiciales, por lo que la afectación de los mismos no solo conspira contra la credibilidad social de las instituciones sino también contra la voluntad manifiesta del Partido Justicialista de promover el acceso de los mas aptos para un mejor servicio de justicia".

El pedido de informes pide precisiones sobre cuatro aspectos, que a continuación se reproducen: "1) Desempeño técnico e instancias de aprobación de los postulantes Valeria Pia Haurigot, Horacio Hugo Pueyrredón y Mario Guedes Javier, correspondiente al concurso de Vocales de Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de la Circunscripciones 1 y 2; 2) Especifique si los mencionados han obtenido la condición de aprobado en cada una de las instancias de manera directa o en alguno de los supuestos la misma se ha adquirido por vía de recurso o reconsideración administrativa dispuesta por autoridad política o instancia superior del Consejo de la Magistratura o cualquier otra ajena a los Jurados de Evaluación dispuestos para los concursos. En su caso, especifique número de trámite de recurso interpuesto y acto administrativo o preveido que se hubiese dictado a tal efecto; 3) Indique si, fuera de los postulantes mencionados, existen otros que hubiesen recurrido (para los concursos de las citadas vacantes) las instancias de calificaciones y si el criterio y tratamiento respecto de estas peticiones ha sido idéntico; 4) De manifestarse por la afirmativa el Poder Ejecutivo respecto de las particulares condiciones de promoción de los citados pliegos sírvase explicitar los argumentos por los cuales considera que tal criterio repercute favorablemente en la calidad de los procesos de selección y del perfil de los cargos funcionales, excepción hecha de la simple cobertura de la vacante".

El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó de forma oficial a través del Boletín su propuesta para que Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema cuenta en la actualidad con cuatro integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El juez Maqueda está próximo a cumplir los 75 años y Milei pretende acelerar el proceso de selección para que el sucesos esté disponible para la jura en noviembre.

De no contar con la habilitación del Poder Ejecutivo, Maqueda deberá acogerse a la jubilación, dejando así un lugar más por ocupar en el máximo tribunal.

Ariel Oscar Lijo, actual Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 de la Capital Federal, se “destaca por su experiencia en la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, entre otros”.

Lijo es profesor Adjunto interino, de Delitos contra la Propiedad Intelectual Leyes 11.723 y 22.362 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Director y Profesor del Curso “Delitos Complejos”, Organizado por la Secretaría de Capacitación de la U.E.J.N. y dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Por su parte, Manuel José García Mansilla, es actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y posee un perfil académico.

Es Doctor en Derecho por la Universidad Austral y cuenta con un Master of Laws (LL.M.) por la Georgetown University Law Center de Estados Unidos. Su experiencia docente abarca tanto grado como posgrado, siendo profesor titular de Derecho Constitucional y Seminario de Historia del Derecho.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial, se abre un período de quince días para que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos presenten sus posturas, observaciones y circunstancias respecto a los candidatos propuestos. Posteriormente, el Senado debatirá los pliegos de los postulantes antes de su eventual designación.

Presentación de Lijo by El Litoral

Presentación de García Mans... by El Litoral

El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió una investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado por fiscales de la provincia por su desempeño en la investigación de la causa contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (actualmente suspendido), que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal. El planteo está firmado también por la fiscal regional María Iribarren, paradójicamente también hoy transitoriamente apartada de su función por una intervención.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, la decisión tomada por el organismo consiste en notificarle al juez que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desea, pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".

La apertura de la investigación fue solicitada por Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro. En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015. El planteo se hace en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la PSA Emilio Maximiliano Lencina.

Por otra parte, el Consejo también ordenó investigar al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, a quien acusaron de haberse "arrogado la competencia" en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como "actuaciones de prevención", cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.

(*) Por María Florencia Gonzalez

Se han hecho públicas, atento la vacante producida hace casi tres años y la que se produciría por estos días, las postulaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Más allá de los antecedentes de los candidatos, estas dos nominaciones masculinas están desconociendo, la normativa vigente y los valores que defiende nuestra sociedad hoy.

El decreto número 222 del 2003, dictado oportunamente por el ex presidente Néstor Kirchner como respuesta a todo un movimiento de organizaciones no gubernamentales y provenientes de distintos espectros ideológicos, que incluso editó un documento que se llamó "Una Corte para la democracia", algunas de cuyas propuestas se plasmaron en la mencionada norma, ahora se modifican abruptamente por el decreto 267/2024.

Efectivamente, el ex presidente Kirchner, con la potestad de proponer un candidato o candidata a la Corte Suprema, estableció determinados parámetros -básicamente dos-, en la selección de estos candidatos o candidatas. Uno de esos parámetros era la diversidad de género y el otro la perspectiva federal.

En este sentido, existiendo en el mediano plazo dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la postulación de dos hombres está desconociendo estos parámetros, tanto el de la perspectiva de género, como también (evaluando la trayectoria de los candidatos y desde mi óptica sustancialmente integradora) el de la perspectiva federal. Sin ir más lejos, la reciente Ley de Enjuiciamiento por Jurados en nuestra provincia, obliga a la paridad de género para la selección del jurado tanto en los titulares como en los suplentes, respeto a la paridad de género que para integrar la Corte Suprema debería ser ejemplo y no lo es.

La nominación del catedrático y del juez luce regresiva de una construcción constitucional y convencional de la cual se había hecho una sana práctica, en donde estas dos variables tenían una importancia de peso a la hora de decidir el candidato/candidata, habida cuenta de nuestra historia constitucional y de la protección al universo de las mujeres que brinda nuestra Constitución Nacional y varios tratados sobre derechos humanos incorporados a la misma, que tienen la misma jerarquía que la norma máxima.

La Constitución requiere para los cargos públicos, idoneidad. No requiere "poder de rosca", "capacidad de lobby" o determinada posición ideológica, claro ejemplo de lo que digo se dio con el nombramiento en el tribunal cimero, en su oportunidad, de la Dra. Carmen Argibay, tendencia en relación al género, menos sesgada pero deficitaria que también se observa en los tribunales inferiores.

Considero que, al menos dos de los cinco miembros de la Corte deberían ser mujeres, no sólo porque hay excelentes abogadas que pueden (y deben) ocupar esos cargos, sino porque, también a la hora de juzgar, la mirada femenina expone otra visión que es sin dudas, más enriquecedora y completa.

Por todo esto, como aporte constructivo, positivo y femenino, es importante que en la búsqueda de postulantes en caso de no prosperar estas dos nominaciones masculinas (van a ser muy interesantes los argumentos y posiciones que adopten las senadoras nacionales a la hora de evaluar los pliegos), en su reemplazo se postulen dos mujeres, en base a los argumentos vertidos y como homenaje a nuestras mejores prácticas institucionales.

(*) Abogada y diplomada en derecho laboral

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, al considerar que "son muy buenos candidatos".

"Los dos son idóneos", señaló, y agregó que "el presidente (Javier) Milei me pidió que se mantenga la división de poderes y la independencia" en el máximo tribunal.

La propuesta del juez federal Lijo fue la que más reacciones despertó, sobre todo por su alto perfil en el fuero, que hizo que recibiera un fuerte respaldo de sus pares, pero también marcadas críticas desde distintos sectores por su accionar en determinadas causas y las denuncias que en su momento pesaron sobre él.

En algunos casos, las críticas estuvieron a cargo de instituciones de peso, pero dirigidas al magistrado de manera indirecta, a la vez que centradas en la necesidad de que el puesto que en su momento dejara vacante Elena Highton sea ocupado por una mujer. En el mismo sentido se pronunció la vicepresidenta Victoria Villarruel, que a la vez no se privó de deslizar algún cuestionamiento a la manera en que el magistrado se condujo en causas emblemáticas, como la del asesinato de José Ignacio Rucci. Lijo fue quien estableció en 2017 que el ex titular de la CGT y hombre de confianza de Juan Domingo Perón fue asesinado en 1973 por miembros de la organización Montoneros, pero que no era un crimen de lesa humanidad ni podía, por lo tanto, ser imprescriptible.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) consideró necesario emitir un comunicado donde remarcar que los candidatos deben ser "personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio reconocimiento y valoración ante la opinión pública".

"Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", remarcó, en la misma línea, el comunicado de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

La ONG vinculada al mundo de la Justicia Rejía, en tanto, fue mucho más directa al titular a su pronunciamiento como "Lijo, una mala elección" y hablar de "un magistrado de cuestionada solvencia moral".

Por su parte, la Coalición Cívica anticipó que impugnará la candidatura del juez federal, al que cuestionó también el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los casos se marcó la ausencia de mujeres, que también generó reproches de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Red de Mujeres para la Justicia y el Colectivo Mujeres del Derecho, entre otras entidades.

Frente a este cuadro, Cúneo Libarona no dudó en salir en defensa de Lijo, consideró que "muchos hablan sin saber, sin conocerlo" y remarcó que "es un hombre muy respetado en su juzgado y en todo el ámbito judicial".

Y acerca de las causas que afrontó este magistrado, remarcó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que "ya fueron juzgadas y archivadas".

"A él se lo investigó mucho, y cuando un juez dictamina, algunos están a favor y otros no", añadió.

A la nominación de Lijo se sumó la de Manuel García-Mansilla, pero en este caso recién para hacerse efectiva a fin de año, cuando el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años, edad límite para ser juez según la Constitución.

Si ambas nominaciones superaran el Senado y esas designaciones quedaran firmes, la Corte Suprema estará integrada solo por cinco hombres durante los próximos diez años. El decreto 222 de Néstor Kirchner, que reglamentó el trámite para las nominaciones y designaciones de jueces de la Corte, estipula que debe haber "paridad de géneros" en la composición del máximo tribunal de justicia del país.

Y más allá de las consideraciones que abarcan a ambos candidatos (casi todas favorables en el caso de García Mansilla, de quien solamente a algunos disgusta su perfil conservador, pero por lo demás resulta inobjetable), ése es uno de los filtros que deberá atravesar la propuesta oficial para obtener el voto de dos tercios de los senadores presentes al momento de votar los pliegos; que si fuera la totalidad del cuerpo supondría 48 senadores sobre 72. Un número imposible de alcanzar sin los 33 de Unión por la Patria, entre cuyos integrantes la cuestión de género (y el mandato póstumo de Néstor Kirchner) constituyen un factor de peso; más allá de los cuestionamientos que el magistrado merece de parte de Cristina Fernández, entre otras razones por supuestamente haber filtrado aquellos audios telefónicos en los que insultaba a Oscar Parrilli. Por todo lo cual, lo único que lo haría viable sería un acuerdo político con este sector, con todo lo que ello implica. Sobre todo porque, inevitablemente, muchos ojos estarán posados sobre cada uno de los senadores al momento de la votación.

La jueza de Familia y la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, asesinado en 2021 en La Pampa, a su madre y la pareja de ésta, actualmente con prisión perpetua, fueron absueltas este viernes por el jury donde llegaron acusadas por mal desempeño en sus funciones.

En un fallo por mayoría, el Tribunal de Enjuiciamiento de la Pampa absolvió y restituyó en sus cargos a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1; y a Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, se descompensó al escuchar el fallo que exculpa de responsabilidades a la jueza y la asesora y, pese a que se negó a ser trasladado en una ambulancia a un centro médico, fue atendido por médicos en la sede de la Legislatura de La Pampa, donde se desarrollaron todas las audiencias.

El fallo fue festejado por Pérez Ballester, que se abrazó a sus abogados, mientras que Catán no estuvo presente en el recinto durante la lectura del veredicto.

El jury que tomó esta decisión está conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del cuerpo y del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.

Las dos fueron juzgadas por su labor en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio, asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigail Páez.

El fiscal general Guillermo Sancho había pedido en su alegato del martes pasado la condena y destitución de ambas funcionarias, acusadas por mal desempeño, según el artículo 22 de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y se remitió a los incisos 2) y 3) que se refieren al "incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo" y de "incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo".

El procurador general adjunto había cuestionado a las dos funcionarias por "no haber escuchado a Lucio" cuando ya tenía 4 años y existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío y destacó que el niño además presentaba indicadores de violencia y abuso sexual infantil.

En otro tramo del alegato, el fiscal destacó el testimonio de Leticia Hidalgo, la tía política que tenía la custodia de Lucio antes de que fuera restituido a su madre el 4 de noviembre de 2020 al afirmar que "fue conmovedor cuando expresó que nadie le daba respuestas, que todos le decían que la madre es la madre y que siempre tendría razón, y que estaba agotada de seguir luchando contra el sistema".

El jury había comenzado el 12 de diciembre y entre los primeros testigos declaró el padre de la víctima, quien aseguró que a él "jamás" lo citaron en ninguno de los dos expedientes por el cuidado personal de su hijo y que "nunca" imaginó que el niño era maltratado porque, sino, "hubiera hecho algo" al respecto.

Tras la exposición del abogado particular Pablo Rodríguez Salto (por Pérez Ballester), de la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz (por Catán), que pidieron la absolución de ambas acusadas, las dos funcionarias pronunciaron el martes último sus últimas palabras.

La jueza Pérez Ballester pidió que "al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó", mientras que Catán dijo que espera que el "jurado sea justo" por ellas y por Lucio y que espera que no haya "una cacería de brujas".

Lucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y Páez.

El niño fue visto vivo por última vez a las 17.32 y entre esa hora y las 19.40 fue golpeado brutalmente, por lo que a las 21.30 fue llevado primero a un centro asistencial del barrio y luego al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal de juicio al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, ambas participaron de la golpiza mortal al nene, quien recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez, el cual le provocó lesiones internas y un edema cerebral.

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio y le agregó a la primera de ellas, el delito de abuso sexual.

El Consejo de la Magistratura tomará en los tres primeros días de noviembre las pruebas de oposición en los tres concursos múltiples abiertos para cubrir los 14 cargos previstos en la Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia. Se trata del concurso 493 destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El 494 que busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el 495 para cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario. Son 196 los anotados para el primer concurso cuya prueba de oposición se hará el 1° de noviembre; 180 para el segundo concurso cuya prueba de oposición tendrá lugar el 2 de noviembre y 145 para el tercero con fecha del 3 de noviembre.

Esos tres concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tienen la particularidad de nombres de inscriptos que se repitan, algunos de ellos anotados en los tres, con funcionarios de la justicia federal, de la justicia santafesina, abogados de la matrícula e inscriptos de otras provincias.

En dos de los concursos figura como inscripto Aldo Gerosa, el suspendido fiscal de Reconquista por la Legislatura santafesina que se encuentra ahora analizando en la Comisión de Acuerdos su posible destitución en el cargo. El miércoles último pasaron por Acuerdos varios testigos convocados oportunamente e incluso declaró el fiscal regional, Rubén Martínez. Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimizacióń de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. La instructora del caso en Acuerdos, la diputada socialista Erica Hynes aconsejó la destitución del funcionario. Gerosa se inscribió en los concursos 493 y 494.

También se inscribió en los concursos el fiscal rosarino Adrián Spelta quien había sido suspendido en 2021 para investigar su conducta, pero no fue destituido en el cargo.

Nombres que se repiten en dos o tres concursos son los Francisco Dallo, Gustavo Durando, Gonzalo Iglesias, Cecilia Labanca, Leandro Lazzarini, Susana Luna, Tomás Malaponte, Santiago Saux, Emilio Rosatti, Orlando Toniolo, Mariángeles Usandizaga, Rodolfo Urtubey, Nicolás Foppiano, Walter Rodríguez, Patricio Saldutti, Gustavo Urdiales y Pablo Bufarini, entre otros. Otros tienen inscripción en un solo concurso como los jueces Bruno Netri o Roberto Prieu Mántaras o la fiscal Karina Bertocci.

La ley 27.715 fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presidida por María Fernanda Vázquez, representa a los abogados del interior del país, secundada por la también representante de la abogacía Jimena de La Torre.

En el concurso 493 son jurados Gustavo Bruzzone, María Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabet Scarponetti; en el 494 Marcelo Alfredo Riquert, Daniel Domínguez Henain, Adolfo Gabino Ziulu y Marcela Aspell y en el 495 Ana María Figueroa, María Ceciclia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta María Pastor.

Dos de los siete concursos que se realizan en el Consejo de la Magistratura y que tienen para definir cargos en la justicia federal de Santa Fe se encuentran en etapa de realizar las entrevistas a los concursantes que ya rindieron la prueba de oposición.

Son los concursos para el cargo de juez federal de primera instancia para Rafaela y un cargo en el Tribunal Oral Federal n° 1 de esta capital. En el caso de Rafaela, en noviembre del año pasado, el jurado elevó el orden de mérito entre los 20 participantes. Los tres primeros lugares fueron para Santiago Díaz Cafferata; Santiago Joaquín Saux y Gustavo Javier Zapata.

En el caso del TOF 1 los tres primeros según el concurso son Gonzalo Fernández; Walter Alberto Rodríguez y Emilio Rosatti.

En cuanto al concurso para el cargo de juez federal n° de Santa Fe, se está en la etapa de evaluación de las impugnaciones y los tres mejor clasificados en lo que va del concurso son Walter Alberto Rodríguez; Santiago Díaz Cafferata y Giselle Wade.

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se refirió a la decisión del Tribunal Electoral que preside Daniel Erbetta en relación a una presentación realizada por el mencionado espacio político con relación a una tercera banca para ese espacio político en la futura Cámara de Diputados.

"No debe sorprender a nadie la decisión porque es la misma postura que Erbetta sostuvo cada vez que la Corte, por abrumadora mayoría, convalidó la vigencia del requisito del piso 3% para la distribución de cargos en cuerpos legislativos. Fue la decisión personal de Erbetta la que generó esta situación de crisis e incertidumbre que existe. Decisión que adelantó cuando, el mismo día en que finalizó el escrutinio definitivo, ordenó difundir un listado de diputados electos y diputadas electas desconociendo la normativa vigente", sostuvo.

El actual diputado sostuvo que "sabía exactamente cómo se iba a expedir el Tribunal Electoral en torno a nuestra presentación y lo único que estamos haciendo es agotar las instancias necesarias y obligatorias para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, descontando que resolverá en favor de la vigencia del artículo 5 de la ley 9280, como lo hizo en los cinco antecedentes jurisprudenciales existentes".

Aclaró que "se están cumpliendo los pasos necesarios para llegar a la Corte provincial y cada uno de ellos se está concretando conforme a lo que preveíamos, así que este fallo de Erbetta no agrega ni quita nada a la situación planteada".

El Poder Ejecutivo trabaja en el envío de al menos 40 pliegos de jueces para ocupar vacantes en toda la provincia. El objetivo es remitirlos en las próximas horas ante el pedido de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y los cinco colegios de abogados nucleados en la Federación de Colegios de la Abogacía.

La semana pasada en la Asamblea Legislativa, el diputado radical Fabián Bastia, pidió que no envíen nuevos pliegos y que en caso de que esto ocurra serían rechazados por la mayoría de los integrantes de ese cuerpo.

Cabe acotar que por la propia mecánica parlamentaria, la convocatoria a la Asamblea Legislativa será para después de las elecciones del 10 de septiembre. Es más, ninguna de las dos cámaras será convocada antes de esa fecha a las sesiones ordinarias.

El gobernador Omar Perotti tiene múltiples ternas de candidatos seleccionados en diferentes concursos por el Consejo de la Magistratura tanto para jueces y camaristas como para jueces de pequeñas causas, los viejos jueces de paz o comunales.

Trascendió que los pliegos a enviar Legislatura comprendería diez jueces de circuito para distintos puntos de la provincia; cinco jueces penales e igual número de magistrados en civil y comercial de distrito. La nómina contendría tres jueces de cámara civil y comercial; otros tantos jueces civil, comercial y laboral; civil y comercial y jueces penales de menores. Además incluirían dos jueces de cámara civil, comercial y laboral; otros tanto de cámara laboral. En tanto, se completaría con un juez de cámara de circuito, otro de familia, otro laboral y finalmente otro de responsabilidad extracontractual.

El Colegio de Abogados de Rafaela, con las delegaciones de abogados de San Cristóbal, de Tostado y de Ceres, más la Asociación de Abogados y Procuradores de Villa Trinidad, Suardi y San Guillermo, enviaron una nota al gobernador Omar Perotti comunicándole que "los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio se encuentran en situación de colapso judicial en materia civil, comercial, laboral y de familia".

La nota da cuenta de las vacantes producidas por el acogimiento jubilatorio de Graciela Gutscher, el traslado a un juzgado de Santa Fe de Marisa Malvestiti y del fallecimiento de Haydeé Regonat.

Tras recordar las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo, la nota afirma que "la realidad es que existe una mora evidente y denegación del servicio de justicia que están padeciendo todos los ciudadanos de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio. En ambos departamentos existen tres juzgados de distrito en el Civil, Comercial y Laboral (Tostado, San Cristóbal y Ceres), y uno de distrito de Familia (San Cristóbal) de los cuales solo hay un solo magistrado en funciones, recordando además que el juzgado de fuero pleno de Tostado asume competencia de causas de un circuito".

En base a esta situación es que los firmantes solicitan se arbitren los medios conducentes a la pronta cobertura de los cargos "a fin de resolver el colapso, que hoy es una realidad, en el sistema judicial de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio".

El viernes pasado, a horas de iniciarse el receso parlamentario y ya en etapa de veda electoral, el Poder Ejecutivo remitió a Legislatura el mensaje 5.047 con las propuestas de 48 pliegos para ocupar cargos vacantes de fiscales y defensores del sistema penal.

Se trata de 16 postulantes para ocupar cargos en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal en cuatro de las cinco circunscripciones que tiene la provincia así como para 32 fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las cinco circunscripciones.

Ambas cámaras dispusieron receso durante las dos últimas semanas de julio al igual que el sistema educativo y el Poder Judicial con lo que cortaron los plazos de tratamiento. Así, la consideración de los 48 nombres se dará durante el mes de agosto. En tanto, el Poder Ejecutivo tiene preparados otro tanda mayor de pliegos para vacantes en diferentes fueros judiciales derivados de concursos que se fueron realizando en los últimos tres años. El objetivo de la Casa Gris es que los pliegos de jueces se discutan a partir de septiembre, incluso con ya las autoridades electas a asumir en diciembre.

En los considerandos del Mensaje 5.047, señala que los postulantes fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura en resoluciones que datan del 17 de mayo de 2021 y del 20 de octubre de 2022.

En el caso de la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe son tres pliegos para la Defensa y siete para el MPA.

El listado de postulantes enviado por el Ejecutivo para la Defensa es el siguiente:

* Defensores adjuntos en Santa Fe: Valentín Acuña, Gastón Martínez Montyn e Ignacio Martín Cecchini.

* Defensora titular de Rosario: Marianela Di Ponte.

* Defensores adjuntos en Rosario: Anabela Antegiovanni, Martina Guirado, María Paula Flores, Lucía Fernanda Araya y Agustina María de los Milagros Norman.

* Defensora titular de San Lorenzo: Luisa Fernanda Cañavate Santesso.

* Defensora adjunta en San Lorenzo: Flavia Renzi.

* Defensora Adjunta en Villa Constitución: María Virginia Quiroga.

* Defensor adjunto en Cañada de Gómez: Nahuel Nardoni Toloza.

* Defensor titular en Reconquista: Orlando Toniolo

* Defensor adjunto en Las Toscas: Nicolás Hugo Vera.

* Defensora adjunta en Rafaela: Luciana Chiavarini.

El listado de postulantes para el MPA:

* Fiscales titulares en Santa Fe: Raúl Marcelo Nessier e Ignacio Lascurain (ambos adjuntos actualmente).

* Fiscal adjunta en Santa Fe: Vivian Ester Galeano.

* Fiscal titular en Esperanza: Alejandro Benitez (hoy adjunto en esa ciudad).

* Fiscal adjunto en San Jorge: Diego Gustavo Rodríguez y Barros.

* Fiscal adjunto en Coronda: Julio Marcelo Lema.

* Fiscal adjunta en Helvecia: María Rosa Haeffeli.

* Fiscal titular en Rosario: Franco Mariano Carbone.

* Fiscales adjuntos en Rosario: Lisandro Artacho, Julia Feldman, César Pierantoni, Noelia Navone, Martín Sanguinetti, María Victoria Gigli, Brenda Debiasi, Bárbara Gialdini, María Virginia Llaudet Maza y Agustina Fertitta.

* Fiscal titular en Villa Constitución: Eugenia Lascialandare.

* Fiscales adjuntas en San Lorenzo: María Cecilia Loberse, Bárbara Glikman y Agustina Eiris.

* Fiscal adjunta en Villa Gobernador Gálvez: Luisina María Paponi Arizaga.

* Fiscales adjuntas en Venado Tuerto: Mayra Soledad Vuletic, Larisa Celeste Baruca y Mariana Bressanelli.

* Fiscal adjunta en Rufino: Rafaela Florit.

* Fiscales adjuntos en Reconquista: Nicolás Aureliano Maglier y Amílcar Carlos Bernardi.

* Fiscal adjunto en Rafaela: Ardían Darío Soria.

* Fiscal adjunto en Frontera: Pedro Ignacio Machado.

* Fiscal adjunto en Sunchales: Juan Manuel Puig.

Seguramente el 2 de agosto, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada Lionella Cattalini (PS) convoque a los integrantes del grupo bicameral para abrir oficialmente estos pliegos y elaborar el cronograma de trabajo que pasa por recibir impugnaciones de la ciudadanía o entidades, fijar fecha de las entrevistas personales a cada uno de los postulados y la fecha de la Asamblea Legislativa que debe considerar esos nombres.

La defensora general, Estrella Moreno, señaló que con la aprobación de los pliegos quedarían prácticamente cubiertos los cargos actuales del organigrama del servicio aunque restará cubrir las vacantes dejadas por los designados fiscales regionales e incluso el suyo que era en Rafaela. No obstante, advirtió que se vienen creando nuevas fiscalías y eso deben tener su respectivo cargo de defensa “para que haya proporcionalidad o igualdad de armas”.

Además de cargos judiciales, resta la cobertura de diferentes organismos de control en la provincia que vienen funcionando en los últimos años al límite del quórum cuando son órganos colegiados como el Ente Regulador de Servicios Sanitarios donde resta la designación de dos directores, uno de ellos -por ley- correspondiente a los sindicatos de trabajadores del sector.

También hay vacantes en el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional, aunque una ley determinó que los vocales pueden seguir en el cargo mientras no tengan el reemplazo respectivo. Es el caso de María del Carmen Crescimanno. El Poder Ejecutivo propuso a la abogada galvense Flavia Leonor Acuña pero nunca envió su pliego a la Legislatura. Voceros parlamentarios hicieron saber a representantes del Poder Ejecutivo que iban a rechazar ese nombre y explicando las razones. Por ahora, Perotti difundió los antecedentes públicos como marca el decreto para recibir opiniones de la ciudadanía pero no avanzó con el trámite legislativo.

También está vacante el cargo de Defensor del Pueblo titular, instancia que hoy es cubierta por los delegados zona norte y zona sur, Jorge Henn y Gabriel Savino. Pero además está vacante la Defensora General de Niños, Niñas y Adolescentes previsto en la ley provincial. Esta vacante es reclamada por el Poder Legislativo por la importancia que tiene el cargo en defensa de la minoridad.

Por Emerio Agretti

El oficialismo sufrió un nuevo traspié en el Senado nacional luego de que se cayera la sesión convocada para este miércoles por falta de quórum. En la misma estaba previsto tratar una lista de 75 funcionarios judiciales designados por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de prestar acuerdo para que se integraran a cámaras, juzgados, defensorías y fiscalías de todo el país, entre otros temas pendientes.

Entre los nombres a analizar se destacaba el de Ana María Figueroa, camarista clave para el futuro judicial de Cristina Kirchner.

Las negociaciones en busca de aliados no llegaron a buen puerto para el Frente de Todos, en donde creían tener los números necesarios de legisladores para comenzar la sesión.

Sin embargo, a último momento se bajaron Edgardo Kueider y Guillermo Snopek, del bloque Unidad Federal, a quienes hasta la jornada previa contaban como presentes.

El Senado tenía previsto sesionar para prestar acuerdo a una lista de 75 funcionarios judiciales designados por el Poder Ejecutivo para integrar cámaras, juzgados, defensorías y fiscalías de todo el país, entre ellos para Santa Fe como parte del programa de Fortalecimiento de la Justicia Federal, además de otros asuntos pendientes.

Se trataba de la primera convocatoria a sesión, luego de cuatro meses sin actividad en el recinto, salvo la visita del jefe de Gabinete en el mes de mayo.

Entre los acuerdos solicitados por el Gobierno nacional estaba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Figueroa, que el 9 de agosto cumplirá 75 años (la edad jubilatoria para los jueces), necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más.

No se trata de una magistrada más. Junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, es quien debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces, en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos sin que se llevase adelante el juicio.

La causa Hotesur-Los Sauces ya tiene los plazos vencidos desde marzo. El voto de Figueroa es el único que falta para decidir si se reabre o quedará firme el sobreseimiento sin juicio, e incluso fue denunciada en el consejo de la Magistratura por dilatarlo.

Desde la oposición se rechaza su continuidad y se la vincula estrechamente con el kirchnerismo, sobre la base de sus decisiones judiciales y declaraciones en contra del gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de haberla presionado.

El pliego de Figueroa ingresó en la sesión del 13 de abril, la última que tuvo el Senado. El gobierno lo agregó sobre el filo de esa sesión. Llegó junto a un paquete de más de 40 designaciones jueces, defensores y fiscales. Entre ellos, también fue girado el de Ana Clara Alberdi, quien fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia luego que Agustín Rossi asumiera como jefe de Gabinete.

Según la oposición, que restó quórum, y se aprestaba a votar en contra en caso de que el oficialismo lo hubiese conseguido, la movida también tenía otro objetivo, que se extiende al resto de los pliegos en tratamiento. Sostienen que la intención es designar a abogados con fuertes vínculos con el kirchnerismo en juzgados claves, como la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

El decreto parlamentario que convocó a la sesión también incluía en el temario el proyecto de ley en revisión que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de tropas nacionales para participar de ejercicios militares.

Los senadores también iban a tener sobre sus bancas otros proyectos de ley como el de fluoración de la sal para consumo humano, el que crea el Programa Nacional de Libros Para Aprender, el que crea el tratamiento y la prevención de la pubertad precoz y el que establece los procedimientos médico-asistenciales para la atención ante la muerte perinatal.

El Senado no se reúne en sesión ordinaria desde el 13 de abril, aunque un mes después, el 11 de mayo, escuchó el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación llamó a concurso para los catorce nuevos cargos de jueces previstos por la Ley de Fortalecimiento de la justicia federal penal en Santa Fe -sancionada este año- y fijó las fechas de inscripción, de ratificación de inscripciones así como de la prueba de oposición. Se trata de la ejecución de la Ley 27.715 promulgada en mayo de este año. “La presente ley tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, ley 27.063, sus normas modificatorias y complementarias”, reza el primer artículo.

Firmado por María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, se fijaron tres llamados a concursos. El primero de ellos está destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de garantía, con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El segundo para cubrir otros seis cargos de juez/a penal con funciones de revisión, tres de los cuales serán para Santa Fe y otros tantos para Rosario. Finalmente, otros dos cargos de juez penal federal con funciones de ejecución, uno para esta capital y el otro para la ciudad del sur.

El Senado entrevistó a postulantes para la Justicia Federal en Santa Fe

En los tres concursos se fijó la fecha de inscripción del 11 al 15 de septiembre, la ratificación de la presencia en octubre y las pruebas de oposición se harán los días 1, 2 y 3 de noviembre, respectivamente. Luego, será el turno de elevar ternas por cada vacante al Poder Ejecutivo para que envíe el pliego respectivo por cada lugar al Senado de la Nación.

Para los seis cargos de jueces de garantía el jurado estará integrado por Gustavo Bruzzone, Mary Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabeth Scarponetti como titulares. Rubén Ochipinti, Rodolfo Lanza, Silvia Gabriel y Lorena Gallardo son los suplentes.

El jurado para la selección de los candidatos de jueces de revisión, lo integran como titulares Marcelo Riquert, Daniel Horacio Domínguez Henain, Adolfo Ziulu y Marcela Aspell. En tanto, son suplentes Alejandro Tazza, Eugenio Raúl Zaffaroni, José Luis López Castineira y María Trocello.

Finalmente, el jurado para seleccionar dos candidatos de juez federal con funciones de ejecución lo conforman Ana María Figueroa, María Cecilia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta Pastor. Los suplentes designados son Ivana Bloch, Carlos Alberto Beraldi, Roberto Pagni y María Susana Hernández.

El Senado convirtió en Ley el fortalecimiento de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe

La Ley 27.715 además creó veintisiete cargos de Fiscal Federal Penal de los cuales quince tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y otro en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. También nueve cargos de Defensor Público Oficial Federal de los cuales tres tendrán asiento en Rosario, dos en Santa Fe, uno Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

La norma, impulsada por todos los diputados nacionales santafesinos, contempla la creación de todos estos cargos de fiscales, defensores y jueces en lo penal, a los fines de atender la escalada delictiva de violencia narco en la provincia santafesina. El propio gobernador Omar Perotti asistió desde la grada de la Cámara de Diputados en la jornada en que el tema llegó al recinto. Luego, también hubo respaldo unánime en el Senado de la Nación.

Más allá de los concursos para los nuevos cargos, en el Consejo de la Magistratura de la Nación están en marcha -en diferentes instancias- trámites para coberturas de vacantes en la justicia federal de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia, a partir del 1° de agosto, de José Guillermo Toledo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La decisión está contenida en el decreto 353 que firmado por el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, criticó hoy a quienes “intentan socavar” la independencia del Poder Judicial, durante un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales.

El juez Gallo Tagle fue uno de los oradores que tuvo el acto convocado en las escalinatas del Palacio de Tribunales por la Asociación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

“No pasa una semana en que no tengamos que expresarnos sobre distintos ataques” a la independencia judicial, por parte quienes “intentan socavarla” y muestran, de esa manera, “su escasa vocación republicana”, pronuncio Gallo Tagle.

En ese contexto, prometió: “no nos van a vencer en esta lucha. (…) No somos instrumentos partidistas de personas ni de interés alguno”. El presidente de la corporación de jueces y fiscales denunció que quienes “atacan a la independencia judicial” muestran “su vocación de cambiar el sistema democrático y republicano por uno autoritario”.

El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, prometió: “Desde las instituciones de la abogacía vamos a defender a los jueces de todo atropello, de toda descalificación, de todo deterioro”.

Convocaron a la Asamblea Legislativa para 14 cargos en el Poder Judicial, cuatro de ellos para el sur

“Basta de hostigamiento, basta de acoso público, basta de deslegitimar su función, deslegitimando a los jueces se está ocasionando un daño enorme a una Institución básica de la República”, insistió.

El ex camarista federal y ministro de Justicia sostuvo que “Argentina tiene que fortalecer su funcionamiento institucional, hay que renovar los compromisos y las reglas básicas de toda democracia liberal: el respeto a la ley, la independencia de poderes, la independencia de la Justicia”.

A su turno, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (también llamado “Colegio de la Calle Montevideo”, el ala más conservadora de la abogacía porteña), Albergo Garay, cuestionó el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que discurre en la Cámara de Diputados.

“El juicio político no está hecho para discrepar con el contenido de las sentencias, sino para aquellos que se apartan de la República, de la división de poderes y de lo que la ley marca”, exclamó. Sobre la actuación de la Comisión de Juicio Político de Diputados, reclamó que “·este atropello actual debe ser enérgicamente repudiado”.

Por su parte, Julio Piumato, el histórico secretario general de la UEJN, cerró el acto reclamando una acentuación de la autarquía del Poder Judicial a partir de la actualización de los fondos para su correcto funcionamiento.

“Si estuviéramos en el sector privado, la mayoría de los edificios del Poder Judicial estarían clausurados”, advirtió sobre las falencias estructurales de las sedes de los distintos tribunales. Piumato también reivindicó la independencia judicial pero con un sentido específico: como garante de los derechos de los trabajadores.