Un hombre de 30 años identificado como Lucas Matías Espinoza fue condenado a tres años de prisión efectiva por haber amenazado a policías y guardias de seguridad privada en la localidad de Wheelwright (departamento General López).

La fiscal Susana Pepino llevó a cabo la investigación. En tal sentido, aclaró que “el monto de la pena impuesta a Espinoza resultó de la unificación con un antecedente penal condenatorio que era de cumplimiento condicional, modalidad que fue revocada”.

De madrugada

La funcionaria del MPA indicó que “el hecho ilícito fue cometido el domingo 30 de julio de este año alrededor de las 4:00 de la madrugada”, y precisó que “tuvo lugar en la puerta de entrada a un pub ubicado en General López y San Martín”. Al respecto, afirmó que “al condenado se le impidió el ingreso por disturbios que había causado en ocasiones previas, lo cual motivó su reacción violenta”.

Pepino remarcó que “Espinoza confrontó con guardias de seguridad privada y luego con agentes policiales que fueron convocados por un empleado del local bailable”. Sostuvo que “los amenazó alegando que tenía vínculos con una banda narcocriminal de Rosario”, y agregó que “mientras los insultaba, empujó a varios uniformados y arrojó un golpe de puño hacia un oficial que logró esquivar el ataque”.

Juicio abreviado

En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, Espinoza fue condenado como autor de amenazas y resistencia a la autoridad. La pena fue impuesta por la jueza Silvina Marinucci en los tribunales de Melincué.

Por su parte, la Defensa manifestó su conformidad con la atribución delictiva, la pena única a tres años de prisión efectiva y la modalidad elegida para resolver el conflicto penal. 

Un joven ladrón que cometió más de una decena de robos y fue detenido otras tantas veces fue condenado esta semana, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La Justicia le dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que nuevamente recuperó la libertad.

El acuerdo fue presentado ante el juez Sergio Carraro la fiscal Rosana Peresin y el abogado defensor público Nicolás Mosconi.

El sentenciado se llama Esteban Daniel Osuna, tiene 22 años y cometió casi todos los delitos investigados en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, muy cerca de donde vivía, en situación de calle, cerca de su familia.

A continuación, el listado de hechos cometidos este año por el ahora condenado:

* El 13 de febrero, poco antes de la medianoche, robó una moto Suzuki de 125 centímetros cúbicos que estaba estacionada en la vereda, en cercanías de la esquina que forman las calles San Martín y Padre Genesio. El propietario era un cerrajero que había ingresado a la casa de un cliente para trabajar. Osuna escapó, pero a las pocas cuadras fue interceptado por una patrulla de la Policía Comunitaria. Luego de una extensa persecución, el muchacho dejó la moto tirada y trató de huir corriendo por los techos. Finalmente, lo atraparon en un baldío, escondido detrás de unos matorrales.

* El 23 de abril, aproximadamente a la 1 de la madrugada, entró a la vivienda de una mujer en el paraje La Vuelta del Paraguayo (Alto Verde) y del patio se llevó una moto Guerrero 110 cc. Osuna nunca pudo encender el vehículo, por lo que lo arrastró, pero el ladrido de los perros alertó a la dueña, que salió tras sus pasos con otro vecino. Lo alcanzaron tres a unas tres cuadras. Había dejado la moto escondida entre yuyos. Lo retuvieron ahí hasta que llegó una patrulla de la comisaría de la zona.

* El 8 de mayo, entre las 8 y las 11 se metió en un domicilio de calle Marcial Candiotti al 8000, de donde sustrajo una cabina led de color blanca que se utiliza para “hacer” las uñas, una planchita del pelo marca Gama, una campera inflable y un parlante. La víctima acudió a un familiar de Osuna para recuperar el primero de los artículos enumerados. El rescate costó 3 mil pesos.

* El 9 de mayo, poco antes de que cayera el sol, Osuna irrumpió en una casa de calle Las Heras al 8000. De allí se llevó dos camperas, cuatro pares de zapatillas, dos mochilas, un televisor LCD de 32′, una bicicleta, ropa y $ 40.000.

* El 9 de junio ingresó al quincho de una vivienda de avenida French al 2500, de donde robó una hidrolavadora. La policía lo encontró en una casa lindera que está deshabitada, con el botín en sus manos.

* El 6 de julio, en horas de la siesta, ingresó a un domicilio ubicado en la cuadra de calle Vélez Sarsfield 6300 para apoderarse de una motosierra. No llegó lejos, porque la policía lo arrestó en el cruce de calles Regimiento 12 de Infantería y Dorrego.

* El 14 de julio, durante la madrugada, junto con un cómplice, Osuna barreteó la puerta de un auto Fiat Duna para arrancar los parlantes del sistema de audio. El dueño del vehículo lo sorprendió y lo retuvo allí para luego entregarlo a la policía.

* El 16 de julio, dos días más tarde, a las 11,30 entró ingreso al jardín de una vivienda de Pasaje Pasteur al 7600, contra la voluntad de su moradora. La mujer, con un palo en la mano para defenderse, llamó a la Central de Emergencias 911. Los uniformados lo hallaron ahí, agachado y perjurado que había llegado al lugar escapando de dos sujetos en moto y armados que lo habían atacado.

* El 19 de julio, cerca de las 21, se apoderó de una Honda Wave de 110 cc que estaba estacionado en calle Larrea al 4000.

Reglas de conducta

Osuna permanecerá en libertad, porque la condena es de carácter condicional, pero deberá seguir distintas normas de conducta. En caso de incumplirlas, deberá cumplir la pena tras las rejas.

El joven debe fijar lugar de residencia, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y no tener armas. También le dictaron una medida de distancia respecto de las víctimas. Por otra parte, se le ordenó adoptar “oficio, arte, industria o profesión adecuado a su capacidad” y realizar tratamiento para las adicciones.

El Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, firmó esta martes dos resoluciones mediante las cuales da curso al concurso “abierto y público de oposición y antecedentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación” para cubrir 28 vacantes, 27 de las cuales serán para las sedes fiscales de la provincia de Santa Fe.

Las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, ampliarán sus cupos de fiscales federales, en un plazo que se estima cercano, ya que el concurso se da a resultas de la Ley Nº 27.715, de “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe”, según se publicó en el Boletín Oficial del 3 de mayo.

Dicha ley, promulgada por decreto Nº 255/23 dispone la creación de los cargos para la jurisdicción “que se encuentra próxima a implementar el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063 y sus modificatorias)”, según consta en el documento oficial que lanza la Procuraduría.

Las resoluciones número 53 y 54 fechadas este 18 de julio y que llevan la firma del Procurador Casal, dividen los cargos para la provincia en dos partes: Rosario y la zona Sur; y Santa Fe y el centro norte.

Por un lado, la primera -PGN Nº 53/23- refiere a las fiscalías federales penales de Rosario (14 vacantes); San Lorenzo (1 vacante); Venado Tuerto (2 vacantes); y San Nicolás (1 vacante). Esta última es la única que no pertenece a Santa Fe, sino a la provincia de Buenos Aires, pero por circunscripción integra el mismo bloque.

En tanto que la segunda -PGN Nº 54/23- atañe a las fiscalías federales penales de las oficinas de Santa Fe (7 vacantes); Rafaela (2 vacantes); y Reconquista (1 vacante).

Según señala la página oficial www.fiscales.gob.ar existen condiciones básicas para los postulantes, entre ellas la de ser ciudadano o ciudadana argentina; tener 25 años de edad y 4 de ejercicio efectivo de la abogacía dentro del país, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con al menos cuatro años de antigüedad en el título, conforme lo establece el artículo 47 de la Ley N°27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de octubre de 2023 inclusive y podrán realizarse mediante el “Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os”, que es el espacio donde deberá constar la información requerida por la autoridad (antecedentes personales, laborales y académicos).

Las resoluciones número 53 y 54 fechadas este 18 de julio, llevan la firma del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. FOTO: Archivo

Será una condición sine qua non a la fecha de cierre del periodo de inscripción, la realización de cursos de capacitación previstos en la Ley N°27.499 “Ley Micaela – de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia contra las Mujeres”.

En tanto que el 1° de noviembre de 2023 estará disponible y publicada la lista definitiva de inscriptos. Luego, el 22 de noviembre, en el horario de 11.30 a 12.30, se llevará a cabo el sorteo público de los magistrados y juristas invitados que integrarán los Tribunales Evaluadores, ya sean titulares y suplentes, lo cual tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Concursos.

En la actualidad, la provincia cuenta con once fiscales federales distribuidos de la siguiente manera: 6 en Rosario; 3 en Santa Fe y 2 en Reconquista. En tanto que las fiscalías de Venado Tuerto y Rafaela se encuentran subrogadas por fiscales de Rosario y Santa Fe respectivamente.

La Ley Nº 27715 de “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe” no sólo dispone la creación de cargos para el Ministerio Público Fiscal (MPF) sino también para el Ministerio Público de la Defensa.

En este caso, se pensó en 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal de los cuales tres tendrán asiento en la ciudad de Rosario, dos en Santa Fe y uno para cada una de las oficinas de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Además, está prevista la creación de 14 cargos de jueces, en sus distintas funciones de “garantía”, “revisión” y “ejecución”. En el primer grupo se destinarían 6 a las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo (y Caseros) y Venado Tuerto. Luego, los cargos para jueces de “revisión” serán 3 para Santa Fe y 3 para Rosario; lo mismo que en el caso de jueces de “ejecución” que tendrán asiento en Rosario y Santa Fe, pero con injerencia en las zonas sur y centro norte respectivamente.

Un hombre de 43 años, identificado como Héctor Lionel Ricci, fue condenado a 12 años de prisión como autor de abusos sexuales cometidos en perjuicio de la hija -menor de edad- de su pareja en Labordeboy y Melincué.

La sentencia fue impuesta por un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Aldo Baravalle, Leandro Martín y Roberto Revori, en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales venadenses. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación y que representó al MPA en el debate es Matías Merlo.

Merlo valoró que “Ricci fue condenado por el mismo monto de pena que solicitamos y por la atribución delictiva que realizamos”, y afirmó que “estamos conformes con el resultado del debate”. Según remarcó, “el tribunal consideró que, tal como expresamos en los alegatos de apertura y de clausura del juicio, la víctima sufrió violencia de género por ser mujer y por su corta edad”.

El fiscal señaló que “entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 el condenado vulneró la integridad sexual de la hija de una mujer que era su pareja”, y precisó que “en esa época, la víctima cursó los primeros años de la escuela secundaria”.

“Los abusos ocurrieron en un inmueble en el que vivía el grupo familiar y en predios descampados a los que Ricci llevó a la adolescente con el fin de atacarla sin ser vistos por otras personas”, aseguró Merlo.

Planteó que “en el debate quedó probado que el hombre de 43 años sometió física y psicológicamente a la víctima”, y expuso que “solía golpearla y, al menos en una ocasión, la intimidó con un revolver para evitar que opusiera resistencia”. En tal sentido, contó que “la amenazó con matarla a ella y a sus seres queridos”.

El funcionario del MPA hizo hincapié en que “Ricci llevó adelante su conducta delictiva como si la adolescente hubiese sido un objeto de su propiedad”, y subrayó que “la denuncia de los hechos ilícitos provocó que la víctima se distanciara de su madre, quien había naturalizado la violencia intrafamiliar ejercida por el condenado”.

Ricci fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años). En tres oportunidades, los ilícitos fueron consumados y en dos, en grado de tentativa.

Se ordenó la prisión preventiva de un hombre de 49 años, cuyas iniciales son MJPA, el exfuncionario municipal de Firmat investigado por haber cometido delitos contra la integridad sexual de su propia hija menor de edad. Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Aldo Baravalle, en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de Melincué.

La fiscal Susana Pepino está a cargo de la investigación e informó que “aunque la Defensa solicitó medidas no privativas de la libertad, el magistrado hizo lugar a nuestro pedido”. Según destacó, “el juez consideró las evidencias que presentamos desde el MPA, la la peligrosidad procesal y la pena en expectativa de los delitos atribuidos”.

La funcionaria judicial indicó que “está pendiente la realización de pericias”, y aclaró que “las personas menores de edad serán interrogadas por profesionales en cámara Gesell”. En tal sentido, argumentó que “en la audiencia planteamos que, sin la cautelar, el imputado hubiera estado en condiciones de entorpecer la investigación, y el magistrado así lo entendió”.

Pepino se refirió a que “el hombre de 49 comenzó a ser investigado a partir de una denuncia anónima que se llevó a cabo en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Firmat”. Al respecto, precisó que “la información sobre los abusos fue escrita en un papel y tirada por debajo de la puerta del establecimiento público”.

Por otro lado, la fiscal valoró que “tras diversas diligencias que llevamos adelante desde la Fiscalía, esta semana logramos la detención y la imputación del padre de la víctima”. Según explicitó, “a quien quedó en prisión preventiva se le endilga la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el vínculo)”.

Un exdiputado provincial de Santa Fe y asesor legislativo fue detenido hoy en nuestra ciudad y será imputado mañana en Rosario en la megacausa por juego clandestino que involucra a funcionarios judiciales y políticos, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se trata de Darío Scataglini, exdiputado del Partido Justicialista (PJ) y asesor de la bancada de esa fuerza política hasta el año pasado, cuando su nombre apareció mencionado en una llamada con el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti.

Voceros del caso indicaron que Scataglini fue detenido esta mañana en la ciudad de Santa Fe a pedido de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario, la que lleva adelante desde el año pasado una causa por una red provincial de juego clandestino.

El domicilio del exlegislador, ubicado en Pasaje Lassaga al 3500, fue allanado por las Tropas de Operaciones Especiales, que secuestraron “dispositivos de almacenamiento electrónico y celular del detenido”, confiaron las fuentes.

El nombre de Scataglini apareció en la causa en una escucha a un teléfono que utilizaba Peiti, acusado como líder de una red de juego clandestino en varias ciudades de Santa Fe.

De acuerdo con la investigación, Peiti había sido advertido de que su teléfono móvil estaba interferido por la Justicia.

El aviso se lo dieron el entonces fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y quien era su mano derecha y también fiscal, Gustavo Ponce Asahad (hoy ambos detenidos), de acuerdo con la investigación de sus colegas Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Serjal y Ponce están detenidos con prisión preventiva por el presunto cobro de coimas a Peiti para no perseguirlo por su actividad ilegal y, a la vez, brindarle información sobre pesquisas en su contra.

De acuerdo a información de la agencia Telam, La llamada que el exdiputado Scataglini hizo a Peiti en 2020 la atendió la secretaria del capitalista de juegos de azar, que en otras provincias posee explotaciones legales.

En esa conversación el exlegislador pidió hablar con “Leo”, como lo llaman a Peiti, lo que para los fiscales revela cierta familiaridad en el trato. Además, dijo que lo llamaba en nombre del senador provincial Armando Traferri, quien para los fiscales constituye la “pata política” de la asociación ilícita liderada por Peiti.

Traferri se negó a asistir a una audiencia imputativa y los fiscales pidieron su desafuero, que fue rechazado por el Senado a fines del año pasado. Un juez de segunda instancia declaró inconstitucional la “inmunidad de proceso” de los legisladores santafesinos, pero el caso fue elevado a la Corte, que debe resolver si Traferri puede ser imputado o no.

En tanto, voceros del caso dijeron que Scataglini será sometido mañana a una audiencia de imputación por las inconsistencias que surgen entres sus declaraciones en el caso y las evidencias recolectadas durante la investigación.

En la causa también está imputado un lugarteniente de la narcobanda “Los Monos”, Maximiliano “Cachete” Díaz, quien primero extorsionó a Peiti para cobrarle “seguridad” de sí mismo y luego se asoció al capitalista de juego clandestino en garitos ilegales, recordaron fuentes del caso.

La novia de Díaz y un excomisario que recaudaba el dinero de los garitos ya fueron condenados en el mismo expediente a través de juicios abreviados.

Se trata de Adelqui Omar Tenaglia de 58 años. La pena resultó de la unificación con otra anterior y fue impuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto. La fiscal Susana Pepino representó al MPA en el debate. Un profesor de 58 años identificado como Adelqui Omar Tenaglia fue condenado a cinco años y seis meses de prisión como autor de delitos contra la integridad sexual de tres niñas a las que les daba clases de música en una escuela primaria de Firmat. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en un juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales de Venado Tuerto. El tribunal estuvo integrado por Lorena Garini (presidente), Benjamín Revori y Adrián Godoy. La fiscal que representó al MPA en el debate es Susana Pepino. “El monto de la pena impuesta surgió de la unificación con otra anterior que se le había impuesto en 2017”, informó Pepino.

Alumnas La funcionaria del MPA indicó que “los ilícitos atribuidos al condenado fueron cometidos entre 2016 y 2017, cuando las víctimas promediaban el cursado de su escolaridad primaria”. Según precisó, “todos los hechos delictivos que investigamos ocurrieron dentro del establecimiento educativo, fueron reiterados y el condenado siempre actuó abusando de su condicional de docente de las víctimas”. “Tenaglia vulneró la integridad sexual de sus alumnas en momentos en los que se quedó a solas con ellas o cuando estaban lejos de otras personas”, sostuvo la fiscal y remarcó que “encontraba excusas para que las víctimas se quedaran solas con él en el aula durante el recreo”. La fiscal explicó que “si bien los abusos no fueron con acceso carnal ni comprometieron las zonas genitales de las víctimas, tuvieron entidad suficiente para generar consecuencias negativas en las niñas”. En tal sentido, precisó que “el docente actuó con un claro ánimo libidinoso que lo llevó a acariciar y abrazar a las niñas”. Asimismo, puntualizó que “a por lo menos una de las víctimas, el condenado le ofrecía golosinas cuando ella se negaba a ser abordada por él. Además le decía que no le contara a nadie lo sucedido”. Al respecto, añadió que “la pretensión de ocultar su conducta demuestra que Tenaglia era plenamente consciente de que estaba llevando adelante acciones reprochables”.

Calificación penal Pepino se refirió a la calificación penal de los hechos ilícitos cometidos por el hombre de 58 años. “Fue condenado como autor de abuso sexual simple agravado (por ser encargado de la educación)”, detalló.

La sentencia fue resuelta por unanimidad por los camaristas de Venado Tuerto Juan Pablo Lavini Rosset, Tomás Orso y Andrea Fernández. El condenado es Oscar Walter Cejas, quien tiene 29 años y en 2018 le quitó la vida a la víctima en la ciudad de Rufino. Los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación y representaron al MPA en la audiencia de apelación son Horacio Puyrredón y Mariana Vidal.

Fue confirmada en segunda instancia la condena a prisión perpetua impuesta a Oscar Walter Cejas por la autoría del femicidio de Katherine Macarena Quinteros cometido en 2018 en Rufino. Así lo dispuso por unanimidad un tribunal de Alzada de Venado Tuerto integrado por los camaristas Juan Pablo Lavini Rosset, Tomás Orso y Andrea Fernández.

Los fiscales Horacio Puyrredón y Mariana Vidal llevaron a cabo la investigación del ilícito, representaron al MPA en el juicio oral y público de primera instancia y también en la audiencia de apelación.

Los funcionarios del MPA destacaron que “los camaristas confirmaron íntegramente la sentencia de primera instancia que había sido impugnada por la Defensa de Cejas”.

Violencia de género

Puyrredón y Vidal recordaron que “en el debate de primera instancia llevado a cabo en noviembre del año pasado, Cejas –de 29 años– fue condenado como autor del delito de homicidio agravado (por el vínculo; y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género)”.

“Uno de los agravios presentados por la Defensa cuestionó la calificación penal de los hechos. Sostenían que Cejas no perpetró el ilícito en un contexto de violencia de género”, señalaron los funcionarios del MPA. “Frente al planteo, remarcamos que no toda muerte de una mujer causada por un hombre implica un femicidio, no obstante esgrimimos los motivos por los cuales entendemos que este caso sí lo es”, manifestaron.

Puyrredón y Vidal detallaron que “el condenado consideraba que la víctima era un objeto de su propiedad y le quitó la vida cuando sintió que ya no era su dueño”, y agregaron que “la mató por su condición de mujer”.

Asimismo, recordaron que “Quinteros murió a raíz de una herida que le causó con un cuchillo su expareja, quien la atacó en un momento en el que ella estaba junto a una de las hijas que tenían en común”.

“Además, en el juicio hubo personas que declararon como testigos y describieron situaciones de violencia física, psicológica y económica a las que el hombre sometió a Quinteros antes de cometer el femicidio”, resaltaron los fiscales. “Los jueces, por su parte, consideraron ‘satisfecha con holgura’ la prueba de la violencia de género ejercida”, agregaron.

Perpetua

Puyrredón y Vidal se refirieron a que “por otro lado, la Defensa cuestionó el monto de la pena impuesta, que es el que habíamos solicitado en la acusación y que en ambas instancias judiciales se estimó justa”. En tal sentido, subrayaron que “el fallo de la Cámara menciona que el Código Penal impide expresamente atenuar la pena de un hombre que realizó actos de violencia en perjuicio de la mujer víctima”.

Además, los funcionarios del MPA aclararon que “si bien se alegó que Cejas transitaba un estado de profunda angustia que supuestamente lo había llevado a perpetrar el delito sin comprender la criminalidad de sus actos; Lavini Rosset, Orso y Fernández valoraron que una Junta Médica lo examinó y lo consideró imputable, por lo que desestimaron el agravio”.

Puñalada

Los fiscales expusieron que “el femicidio de Quinteros sucedió el miércoles 14 de febrero de 2018 en una vivienda ubicada en calle Carlos Gardel al 1.500 de la ciudad de Rufino”. Especificaron que “el condenado planeó cómo cometer el delito y viajó desde otra localidad con la intención de matar a su ex pareja”.

“Alrededor de las 23:00, Cejas le asestó a la víctima una puñalada en el tórax con un arma cortante tipo cuchillo”, narraron. “Luego huyó en dirección a la ruta nacional número 7, donde fue aprehendido por personal policial alrededor de las 4:00 de la madrugada en una estación de servicios”, relataron.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Juzgado Federal de Venado Tuerto denegó la solicitud de prisión domiciliaria de un recluso por mediar violencia de género hacia su madre. El detenido había solicitado ese beneficio aludiendo la necesidad de brindar cuidado y atención a su progenitora por los problemas de salud de esta última, pero su pedido fue rechazado al existir una prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento dispuesta por el Juzgado de Familia de Casilda, e incorporada a la causa federal por Javier Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

El imputado había presentado por quinta vez la solicitud de arresto domiciliario. En su último pedido, esbozó que su regreso al hogar familiar sería de gran ayuda para su madre dado su estado de salud. La mujer cuenta con un certificado de discapacidad vigente por artritis reumatoidea y además sufre de ansiedad y estrés crónico, por lo que se encuentra bajo tratamiento farmacológico con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Además, su grupo familiar es unipersonal, ya que perdió el vínculo hace veinte años con su otro hijo.

El 24 de septiembre pasado, el Juzgado de Familia de Casilda dispuso la exclusión del hogar del detenido y la prohibición de acercamiento hacia su madre hasta un radio de cien metros junto con el cese del hostigamiento hacia ella, medidas que continúan vigentes a la fecha. En ese decisorio, el juzgado argumentó que su retorno al hogar familiar “implicaría un serio riesgo para la integridad física y psicológica” de su madre. En su último pedido, su defensa arguyó que, de otorgársele el arresto domiciliario con permiso de salidas laborales para desempeñarse como ayudante de albañil, podría ser el sostén económico del hogar.

A la fecha, la madre del detenido cuenta con asistencia de la Comuna de Chabás, donde reside, que cubre sus necesidades básicas y le ha aportado una acompañante diaria que se encarga, entre otras cuestiones, de atender sus requerimientos de salud. De acuerdo a un informe elaborado por la comuna, con anterioridad a su detención, el peticionante no tenía vínculo con ella, y los intentos de revinculación fracasaron al resultar la mujer víctima de violencia de género por su propio hijo, lo cual motivó que el juzgado provincial competente dispusiera la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y el cese del hostigamiento.

El fiscal señaló que los derechos de la madre del imputado “no ceden ante las supuestas necesidades de su agresor”. “Lejos estarían de las políticas y los compromisos asumidos por la República Argentina ponderar con mayor o menor medida los derechos y la integridad física y psíquica” de la mujer, señaló el fiscal Arzubi Calvo. Al respecto, recordó que la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

El detenido se encuentra procesado con prisión preventiva como autor del delito de tráfico de estupefacientes, en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y cultivo y guarda de semillas para producir estupefacientes. En su más reciente pedido, el imputado también mencionó como agravante a la pandemia de Covid-19, sin presentar ninguna prueba o documentación al respecto que indicase que se encuentra dentro de alguno de los denominados grupos de riesgo.

La justicia federal había concedido al detenido el beneficio de arresto domiciliario en 2020. El 8 de octubre de ese año, personal policial se hizo presente en el hogar tras un llamado telefónico de una vecina que informó que momentos antes le habían disparado con un arma al hoy peticionante, por lo que había sido trasladado a una sala de emergencias. Posteriormente, la policía se entrevistó con la madre, quien espontáneamente expresó que, contra su voluntad, su hijo tenía plantas de marihuana en la vivienda, por lo que solicitó que se las llevasen. También afirmó que, a pesar de contar con prisión domiciliaria establecida por el juzgado federal, salía con frecuencia del hogar y la maltrataba y tenía actos violentos. De acuerdo a su versión, su hijo le habría amenazado con lastimarla si la denunciaba ante la policía.

En su decisión, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, destacó la incorporación de la prohibición de acercamiento, que continúan vigentes a la fecha. Para el magistrado, no sólo se constató una nueva presunta infracción a la ley 23.737 por parte del imputado, “sino que también se vislumbra una situación de violencia de género que, sin perjuicio de no resultar de competencia de este Juzgado, demanda actuar con debida diligencia a fin de prevenir la violencia contra” su madre. Por ese motivo, hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y denegó la solicitud de arresto domiciliario.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]