En los 8 primeros meses del año, el gasto del gobierno nacional en jubilaciones y pensiones tuvo un crecimiento interanual del 14,9%, la AUH 23,7%, las transferencias a provincias 153,2% (por imposición judicial en remisas para la Ciudad de Buenos Aires) y las transferencias universidades 1,5%.

"En lo que va del año el poder de compra de las jubilaciones por encima de la mínima se recompuso 17,7% mientras que el gasto en personal público se recortó 9,6%".

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan en cambio que los subsidios en la energía retrocedieron 55% y al transporte 31,5%. Además los gastos de capital (básicamente obras y aportes a fondos fiduciarios y empresas públicas) cayeron 39,6%.

Ejecución presupuestaria: ingresos y gastos acumulados a agosto.

De la misma manera debe consignarse una baja del 2,6% en las transferencias a hospitales nacionales, o una suba del 29% en las erogaciones presupuestarias para Vialidad Nacional, que de todas maneras -con $200 mil millones- está lejos de una base operativa sostenible para las rutas nacionales.

Los indicadores (descontando la inflación) usan como base de comparación los bajos niveles del primer tramo de la administración Milei, que ya exponía un fuerte ajuste fiscal. Uno que sin embargo evidencia algunos beneficios.

Mientras la oposición intentó un aumento por ley de los haberes jubilatorios (en ese caso el veto prosperó), la oficina técnica del Congreso reconoce que el incremento del 14,9% en jubilaciones y pensiones, y del 15,2% en asignaciones familiares, se deben al "nuevo esquema de movilidad y la baja de la inflación".

Los registros sirven para configurar el telón de fondo de las disputas políticas de cara a las elecciones de medio término, en medio de las imposiciones de leyes con gastos del Congreso al Poder Ejecutivo, en un país sin ley de presupuesto en los últimos dos ejercicios.

En ocho meses, el superávit primario acumuló $10,7 billones, según la OPC.

"En agosto la Administración Pública Nacional (APN) registró un superávit primario de $0,9 billones y un déficit financiero de $0,3 billones. Si se amplía la mira a todo el año ambos resultados son positivos y ascienden a $10,7 billones y $2,6 billones respectivamente".

Según los datos que ofrece la OPC, en comparación con los primeros ocho meses del 2023, el pago de intereses de la deuda se redujo 26,2%, lo que le permitió a la Casa Rosada mejorar el balance financiero.

"Lo opuesto ocurrió con el superávit primario, que se contrajo respecto al de un año atrás, producto de una suba del 1,4% en los gastos primarios contra una caída del 0,8% en los ingresos".

"Los ingresos impositivos cayeron el 9% real de enero a agosto. Si no se considerase la eliminación del Impuesto PAIS, los ingresos impositivos hubiesen subido 3,4%", aclara el reporte. Los aportes y contribuciones a la seguridad social "siguen creciendo, pero a un ritmo menor".

Subsidios y transferencias a provincias por encima del promedio del 61,9%.

Las transferencias a universidades, el pago de intereses y las prestaciones sociales tienen un nivel de ejecución levemente superior al promedio, que es de 61,9%. Los gastos en capital están muy por debajo: 26,6%.

Las transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transportes se recortaron 31,5% real en los ocho meses de este año contra igual período del 2024. Sin embargo ese recurso, que subsidia boletos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (capital y conurbano) insumió $1,3 billones que discriminan a pasajeros del resto del país, que carecen de ayuda nacional.

Las erogaciones en personal del PEN insumieron en 8 meses $8,6 billones, una reducción del 10,4%; en el caso del Poder Judicial alcanzó $1,1 billón (-5,5%) y en el Poder Legislativo $0,4 billón (-13,4%) "Las pautas salariales se ubicaron por debajo de la inflación", detalló la OPC.

"En relación a la cantidad de cargos ocupados, al mes de julio del ejercicio vigente (última información disponible), se verifica una baja del 3,2% respecto a julio de 2024 en los cargos de planta permanente y transitoria del PEN, y una disminución del 7,4% en la cantidad de personal contratado".

(Por Mauro Muñoz) - Este 23 de marzo finalizó el régimen de moratoria previsional en la Argentina, luego de que el gobierno nacional resolviera no continuar con este mecanismo. Desde ahora, todas las personas que alcancen la edad jubilatoria y no cuenten con 30 años de aportes quedarán fuera de la jubilación contributiva tradicional, ya que ya no podrán regularizar años faltantes mediante planes de pago.

Según estimaciones, unas 500.000 personas en todo el país se encuentran en esta situación de falta de aportes suficientes. Para ellas, el fin de la moratoria significa que no podrán jubilarse en el régimen ordinario y deberán buscar opciones alternativas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) había habilitado turnos hasta último momento para quienes quisieran inscribirse en la moratoria antes de su vencimiento. De hecho, quienes solicitaron un turno antes del 23 de marzo podrán completar el trámite en los próximos meses (hay citas otorgadas hasta mayo y junio) y acceder a la jubilación pagando sus aportes adeudados en cuotas. Pero quienes no llegaron a iniciar el trámite a tiempo ya no tendrán esa posibilidad.

Los hombres de 65 años o más y las mujeres de 60 o más sin los años de contribuciones requeridos pierden el acceso a una jubilación convencional por esta vía. A partir de ahora, las alternativas para una persona sin 30 años de aportes son limitadas. Una opción, es “comprar” los años de aportes faltantes al contado: es decir, pagar de una sola vez su deuda previsional. Sin embargo, los montos son elevados, que están fuera del alcance de muchas personas próximas a jubilarse.

Protesta de jubilados frente a la Anses por sus ingresos. Foto: Archivo / Mauricio Garín.

La única alternativa masiva es pasar del sistema jubilatorio contributivo a una prestación asistencial: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta pensión, creada en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, está destinada a los adultos mayores que no tienen una jubilación ni pueden obtenerla por falta de aportes.

A diferencia de la moratoria, la PUAM no exige años de contribución previos –puede solicitarse incluso sin haber aportado nunca–, pero tiene condiciones más restrictivas y otorga un haber menor.

El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima: actualmente, con la jubilación mínima en $349.121 (incluyendo un bono extraordinario de $70.000), la PUAM paga cerca de $279.000 mensuales. Además, unifica la edad jubilatoria en 65 años tanto para varones como para mujeres (que con el régimen general podían jubilarse a los 60).

Protesta de jubilados frente a la Anses por sus ingresos. Foto: Archivo / Mauricio Garín.

Además, la pensión es incompatible con ingresos laborales formales u otros beneficios previsionales: quien percibe PUAM no puede seguir trabajando en blanco ni cobrar otra pensión o jubilación. También carece de pensión por fallecimiento: en caso de muerte del titular, sus cónyuges o hijos no tienen derecho a cobrar un beneficio derivado, algo que sí ocurre con las jubilaciones contributivas ordinarias.

De esta forma, el fin de la moratoria previsional deja a una gran cantidad de personas con la PUAM como única vía para obtener algún ingreso previsional en la vejez. Según un informe de la Subsecretaría de Seguridad Social, sin la moratoria vigente aproximadamente el 50% de los varones que cumplen 65 años en 2025 y el 69% de las mujeres que cumplen 60 años no podrán obtener una jubilación contributiva.

La moratoria previsional fue una herramienta de inclusión jubilatoria implementada originalmente en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner. A través de la Ley 25.994, se lanzó el llamado Plan de Inclusión Jubilatoria, que permitió a cientos de miles de argentinos regularizar años de aportes no realizados y acceder a una jubilación.

El contexto que dio origen a esta medida eran las consecuencias de décadas de desempleo e informalidad laboral, sumadas al vaciamiento provocado por el sistema de capitalización individual (AFJP) de los años ‘90. Según las autoridades de entonces, de cada diez personas en edad de jubilarse, cinco quedaban excluidas por no reunir los 30 años de aportes requeridos. La moratoria de 2005 buscó reparar esa situación, habilitando a quienes tenían la edad jubilatoria –principalmente mujeres amas de casa o trabajadores informales– a “comprar” los años faltantes de aportes pagando una deuda en cuotas descontadas de la futura jubilación.

Esa primera moratoria permitió incorporar a más de 2,5 millones de nuevos beneficiarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Muchos de ellos habían trabajado pero no siempre en blanco; de hecho, se informó entonces que quienes ingresaron por esta vía tenían en promedio 12,7 años de aportes registrados, cuando la ley exigía 30, es decir que les faltaban más de 17 años. La posibilidad de regularizar esa deuda de aportes abrió la puerta a que esas personas accedieran a una jubilación, cuando de otra manera hubieran quedado sin nada.

Néstor Kirchner firma la renuncia a gobernador de santa cruz para asumir como presidente. Foto: Archivo / EFE / Leo La Valle.

En su momento la medida generó polémica: sectores opositores y analistas alertaron que sumar tantos jubilados sin aportes completos pondría en tensión las finanzas del sistema previsional y sería injusto para quienes sí habían contribuido toda su vida laboral. Desde el gobierno, la defensa fue que no se trataba de “jubilar gente que nunca aportó” sin costo, sino de reconocer aportes parciales e incluso obtener ingresos para el sistema: al abonar la moratoria, cada beneficiario pagaba mensualmente por los años que le faltaban, contribuyendo así al financiamiento previsional.

Además, se planteaba el criterio de justicia social: ¿era justo dejar perder, por ejemplo, 10 o 15 años de aportes reales de una persona, solo porque no llegó a 30? La respuesta oficial en 2005 fue que integrar a esos trabajadores era preferible a negarlos, aun con el esfuerzo fiscal que implicaba. Con el paso del tiempo, la moratoria de 2005 mostró sus efectos: la cantidad de jubilados en Argentina se disparó, ampliando la cobertura previsional de manera inédita.

Para 2008, el número de beneficiarios del sistema había crecido sustancialmente. Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, se impulsó una segunda moratoria previsional para cubrir períodos que habían quedado fuera de la anterior.

Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia. Foto: Archivo / Télam / Raúl Ferrari.

En septiembre de 2014, ya en el segundo mandato de CFK, se promulgó la Ley 26.970, que estableció una nueva moratoria destinada a personas que alcanzaran la edad jubilatoria en adelante pero no tuvieran los aportes completos. Este régimen extendió la posibilidad de comprar años faltantes abarcando hasta los aportes no realizados hasta diciembre de 2003 (la moratoria de 2005 había permitido regularizar principalmente aportes no hechos hasta 1993).

Cristina Kirchner presentó aquel Segundo Plan de Inclusión Jubilatoria como un paso hacia la “universalización del sistema previsional argentino”, ya que permitía jubilarse también a quienes habían quedado fuera del primer plan, especialmente afectados por la crisis laboral de los años ‘90. La implementación de esta segunda moratoria volvió a ensanchar la base de jubilados.

Hacia 2015, Argentina alcanzó una cobertura previsional superior al 90% de su población en edad de jubilarse, una de las más altas de la región. Para dimensionar el impacto: en la década entre 2003 y 2013, la cantidad de jubilaciones otorgadas creció un 87%, pasando de aproximadamente 3 millones a casi 6 millones de beneficiarios, y cerca de la mitad de esas nuevas jubilaciones (46%) fueron gracias a las moratorias, según datos que la entonces presidenta CFK dio a conocer en 2014.

Las moratorias previsionales se convirtieron así en una vía de acceso masiva a la seguridad social para quienes la economía informal había dejado al margen. No obstante, las críticas y debates en torno a este mecanismo persistieron. Por un lado, sus defensores destacaban el carácter inclusivo y redistributivo: gracias a las moratorias, Argentina logró prácticamente universalizar las jubilaciones, reduciendo la pobreza en la tercera edad y reconociendo trabajos no remunerados (por ejemplo, mujeres que se dedicaron a tareas de cuidado y luego pudieron jubilarse).

Por otro lado, detractores señalaban que era un “parche” costoso: incorporó a millones de personas que no habían aportado lo requerido, generando una erogación extra para el Estado y desfinanciando el sistema previsional en el largo plazo. También se argumentaba que podía desincentivar la contribución regular de los trabajadores activos.

La moratoria de 2014 tenía una vigencia acotada en el tiempo, y caducó hacia 2016. Con la asunción del gobierno de Mauricio Macri ese año, no hubo una nueva prórroga general de las moratorias. En cambio, la gestión de Cambiemos optó por crear la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -que garantiza un ingreso mínimo al 80% del haber mínimo a partir de los 65 años-, instaurada en la Ley 27.260 de “Reparación Histórica”.

La PUAM fue concebida como una alternativa asistencial para cubrir a quienes quedaban sin jubilación, en lugar de seguir sumando beneficiarios al régimen contributivo mediante moratorias. Durante ese período (2016-2019), disminuyó la cantidad de nuevas jubilaciones otorgadas, ya que solo podían jubilarse quienes cumplían los 30 años de aportes o ingresaban por regímenes especiales. Aun así, muchas personas que no llegaron a utilizar la moratoria de 2014 quedaron postergadas.

El presidente argentino, Mauricio Macri, durante una conferencia de prensa en la Residencia Presidencial. Foto: Archivo / Xinhua / Martín Zabala.

En 2019, con el nuevo cambio de gobierno, volvió la discusión sobre reinstalar un plan de regularización de aportes. Tras varios intentos frustrados en el Congreso durante 2022, finalmente bajo la presidencia de Alberto Fernández se aprobó una nueva moratoria previsional en 2023, denominada formalmente Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705).

Entró en vigencia en marzo de 2023 y estableció dos modalidades: una para personas en edad jubilatoria (mujeres de 60 o más y hombres de 65 o más) para cancelar aportes faltantes hasta 2008 en 120 cuotas; y otra para trabajadores activos próximos a jubilarse (mujeres de 50-59 años y varones de 55-64) que preveía que pudieran empezar a pagar anticipadamente aportes faltantes (hasta 2012) antes de llegar a la edad de retiro.

La primera modalidad tenía una vigencia de dos años, es decir, expiraba en marzo de 2025, mientras que la segunda no tenía fecha de finalización definida. Esta ley fue presentada como una respuesta a la situación de miles de personas que, de lo contrario, en los años 2023-2025 no hubieran podido jubilarse.

Fernanda Raverta, ex titular de Anses, junto al Presidente Alberto Fernández.

Durante su tratamiento legislativo, la oposición cuestionó su impacto fiscal. Aun así, la norma salió adelante con el apoyo de bloques peronistas y aliados, bajo la premisa de que sería “la última moratoria” antes de encarar una reforma más integral.

En los hechos, la moratoria 2023 tuvo un uso masivo: en ese año, cerca de 7 de cada 10 nuevas jubilaciones se obtuvieron gracias a esta herramienta. De acuerdo a datos de la Anses, en 2023 se registraron unas 480 mil altas jubilatorias, un 35% más que el año anterior, en gran medida por la puesta en marcha del Plan de Pago de Deuda Previsional.

La decisión del gobierno de Javier Milei de poner punto final a la moratoria previsional marca un giro significativo en la política previsional argentina de las últimas dos décadas.

Milei asumió la presidencia con un discurso de ajuste del gasto público y de reformas estructurales que impliquen menos intervención estatal en la economía. En línea con esa filosofía, su administración optó por no prorrogar el Plan de Pago de Deuda Previsional 2023 una vez vencido, dejando caer el que era el último mecanismo vigente para jubilarse sin aportes completos.

Ya en octubre de 2024, el titular de Anses, Mariano de los Heros (hoy desplazado de su cargo), había anticipado en el Congreso que no estaba prevista ninguna partida para extender la moratoria más allá de marzo de 2025, señalando la voluntad política de cerrarla definitivamente y de que, de ahora en más, el sistema jubilatorio se base en las contribuciones efectivas de los trabajadores, acotando la intervención estatal extraordinaria solo a la asistencia básica de la PUAM.

El presidente Javier Milei, durante la asamblea de apertura de sesiones ordinarias del Congreso señalando el "equilibrio fiscal innegociable" de su gobierno. Foto: Archivo / Xinhua / Martín Zabala.

Esta postura fue celebrada por sectores liberales y algunos economistas, que ven en las moratorias un factor de desequilibrio fiscal y distorsión de incentivos laborales. Argumentan que, con moratorias permanentes, el Estado asume pasivos jubilatorios sin respaldo contributivo, cargando el déficit a futuro, y que además se envía la señal equivocada a los trabajadores jóvenes (que podrían especular con no aportar si creen que luego habrá facilidades para jubilarse igual).

Sin embargo, la medida también generó preocupación en amplios sectores. Referentes de la oposición, sindicatos y defensores de la seguridad social advierten que miles de adultos mayores quedarán desprotegidos.

Manifestación frente a Anses por los cambios previsionales que introducía la ley Bases. Foto: Archivo / Mauricio Garin.

Días antes del vencimiento, la bancada de Unión por la Patria en Diputados intentó forzar una sesión especial para aprobar por ley una prórroga de dos años de la moratoria previsional, pero no logró el quórum necesario ante el rechazo del oficialismo y sus aliados.

Asimismo, legisladores opositores presentaron proyectos alternativos: por ejemplo, la diputada Pamela Caletti (Identidad Federal) y la exdirectora de Anses Luana Volnovich impulsaron iniciativas para extender o modificar el régimen vigente, buscando mantener una puerta abierta a las jubilaciones sin aportes completos. Ninguna de estas propuestas prosperó hasta ahora en el Congreso dominado por el oficialismo y bloques aliados.

En cuanto a la política previsional integral del gobierno de Milei, todavía no tiene un norte definido. En el proyecto de ley “Bases” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a comienzos de su gestión, se incluían artículos para reformar el esquema jubilatorio. Entre ellos, se planteaba la creación de un nuevo sistema de prestación proporcional: básicamente, instaurar oficialmente una suerte de jubilación reducida para quienes no tienen aportes (similar a la PUAM). Pero, en el Senado esos puntos fueron suprimidos del texto final aprobado.

Hasta el momento, la administración libertaria no presentó un proyecto de reforma previsional que reemplace a las moratorias con otro modelo más allá de la PUAM ya existente. De hecho, el ex titular de Anses, Mariano De Los Heros, fue echado del cargo cuando adelantó en una entrevista televisiva los puntos que el gobierno estaba pensando implementar en este aspecto.

Así las cosas, la cuestión previsional vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, esta vez bajo un enfoque distinto al de los años anteriores y con la urgencia social y la sostenibilidad económica desequilibrando la balanza de gobierno.

Actualmente, el sistema jubilatorio argentino (SIPA) contabiliza alrededor de 7,2 millones de jubilaciones y pensiones, lo que equivale a aproximadamente 16% de la población del país. Por las moratorias implementadas desde 2005, la cobertura previsional supera el 90% de los adultos mayores. Sin embargo, esto también significa que una porción enorme de jubilados accedió sin haber completado sus aportes: se estima que alrededor del 60% de los beneficiarios actuales se jubilaron mediante alguna moratoria. Además, la gran mayoría de ellos cobra los haberes más bajos: más del 90% de quienes se jubilaron por moratoria perciben la jubilación mínima.

Según especialistas, el gasto del Estado nacional en jubilaciones y pensiones equivale a cerca del 10% del PBI, representando uno de los rubros más pesados del presupuesto nacional. Y si bien las moratorias permitieron que la cobertura alcance niveles récord, el sistema se encuentra hoy altamente subvencionado: casi la mitad de los jubilados cobra la mínima con ayuda de refuerzos estatales, y la pirámide previsional se ha achatado, con poca diferencia entre quienes aportaron 30 años y quienes no.

A esto se suma a que en paralelo, subsisten casi 200 regímenes especiales de jubilación (sistemas diferenciados para fuerzas de seguridad, Poder Judicial, docentes, entre otros) que generan inequidades internas.

Por lo pronto, con la moratoria ya expirada y sin reemplazo a la vista, miles de personas verán postergado su acceso a una jubilación y dependerán de una pensión mínima.

El Gobierno le dio de baja a la asignación de privilegios que la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo por orden del presidente Javier Milei.

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, a la vez que indicó que se le quita "tanto la personal como la derivada por pensión" por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa "un ahorro de 21 millones 827 mil pesos".

Tras el anuncio del vocero, desde la cuenta oficial de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano se emitió un comunicado a modo de explicación se tomó esta medida.

"Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del Presidente Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex Presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión", comienza.

Y sigue: "La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

En ese sentido, el texto explica: "En efecto, el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor".

Otro tramo del comunicado afirma que "la condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible. Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal".

Y agrega: "Por todo ello, un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada".

"Por último, es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores", cierra el texto que compartió Pettovello.

(Por Mariela Goy) - Los gremios docentes Amsafe y Sadop expresaron su rechazo, tras haber tomado conocimiento del proyecto de reforma previsional enviado este jueves por el gobernador a la Legislatura provincial. Así lo expusieron este mediodía frente al edificio legislativo, donde realizaron una conferencia de prensa para expresar su posicionamiento. No descartaron que puedan venir una movilización provincial y un paro.

Para Rodrigo Alonso, de Amsafe, "esta reforma previsional que presenta el gobierno de la provincia es una medida más de ajuste que va en línea con lo que viene implementando desde principio de año: rebaja salarial, presentismo, ataque a las organizaciones sindicales con los descuentos de días de paro, y ahora esta reforma que implica pérdida de derechos para los trabajadores y peores condiciones para poder enseñar y para poder aprender".

En tanto, Pedro Bayúgar, del Sadop, consideró que "es fácil entender que enseguida tanto la edad como los porcentajes van a hacer retroceder los derechos de los docentes".

En la conferencia de prensa, como primer punto, se marcó el artículo 2 que establece un aporte solidario que los beneficiarios de la Caja (actuales o futuros) deben realizar sobre el total del beneficio que perciben, con descuentos que van del 2% al 6%.

"Volvemos a ratificar que no nos hemos equivocado cuando decíamos que discutir una reforma previsional en un contexto de ajuste iba a implicar indudablemente una pérdida de derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Y de hecho esta reforma previsional propone una rebaja salarial para los pasivos porque van a tener que poner un 2% por esta emergencia previsional", consideró Alonso, quien la comparó con la de la década de los '90. "Es igualita", dijo.

"Decir también los activos vamos a tener que aportar en el caso de los docentes de un 15,5 a un 18 ó 19% de aportes a la Caja Jubilatoria. Además, aquellos compañeros que están jubilados van a percibir los incrementos salariales, 60 días después que los activos", amplió el dirigente de Amsafe.

El sector de la docencia tiene un régimen especial que se modifica en algunos puntos. "Se acabó el 82% con 57 años de edad: 57 años de edad si estás frente a alumnos, sos director o supervisor, te vas a jubilar con el 76%. Se modifica la edad jubilatoria solamente ¿para quiénes? Para las mujeres trabajadoras de la educación, que de 57 años se tienen que jubilar ahora con 60 años para percibir el 82%", criticó Alonso.

"Y creo que la frutilla del postre -amplió- es el artículo 49 donde establece claramente que el Gobierno de la provincia de Santa Fe tiene la facultad de modificar el régimen jubilatorio sin pasar por la Legislatura, en caso de que se modifique a nivel nacional. Esto, teniendo en cuenta que se elimina la compensación por exceso de antigüedad por edad, lo que está originando es que los trabajadores activos y jubilados perdamos derechos".

El gobierno informó en un comunicado, sobre el proyecto enviado a la Legislatura, que "podrán acceder a la jubilación los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo que tengan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicio docente prestados en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial no universitarios".

"En el caso de tratarse de afiliados docentes que acrediten 30 años de servicios prestados en su totalidad frente al aula en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, en los niveles inicial, primario y secundario, estos últimos con un mínimo de 30 horas cátedra y/o se hubieren desempeñado en cargos directivos o de supervisión en los mencionados establecimientos y que tengan 57 años de edad, también podrán obtener el beneficio", amplía.

El titular de Amsafe dijo frente a la Legislatura que hace meses vienen llevando adelante discusiones en la provincia y que la comisión directiva del gremio está facultada a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias. "Viendo la gravedad de la situación, a partir del día de hoy (jueves), en las 19 delegaciones de Amsafe se van a llevar adelante acciones, conferencias de prensa, reuniones, exigiendo entrevistas a los diputados, a los senadores. Y vamos a confluir en este lugar en la explanada de la Legislatura cuando se trate el proyecto con una gran movilización provincial y, si es necesario, con un paro de actividades", advirtió.

En tanto, Bayúgar pidió "desmitificar" el déficit de la Caja, que sería el argumento por el cual el gobierno de la provincia viene a dictar la emergencia y las reformas. "Hay que decirlo con toda claridad: el déficit de la Caja de Jubilaciones sólo representa el 0,5% del presupuesto provincial. Es decir, perfectamente la Provincia puede enjugar el déficit que se anuncia, teniendo en cuenta además que el déficit del 2023 es menor al del 2022", señaló.

El dirigente del Sadop indicó, asimismo, que puede haber otros métodos para enfrentar el déficit. "El primero es precisamente reclamar a la Nación lo que tiene que aportar a la Provincia, porque eso le pertenece a todos los santafesinos y santafesinas. Y lógicamente es para sostener el sistema previsional en el ámbito de la provincia, no para -como dice el proyecto en el artículo 49-, facilitar la adecuación del régimen provincial a lo que diga la Nación. Teniendo en cuenta el Pacto de Mayo y teniendo en cuenta lo que viene sosteniendo la política nacional, es fácil entender que enseguida tanto la edad como los porcentajes, van a hacer retroceder los derechos de los docentes".

En la conferencia se sumaron representantes de Siprus y Festram y no descartaron una medida de fuerza general si no son escuchados.

(Por Emilio Grande) - Con gran respuesta del público, el especialista Diego Bernardini brindó en Rafaela la conferencia denominada "Nuevo siglo, nueva longevidad". El evento, que tuvo lugar en el Cine Teatro Belgrano, contó con la organización de la Universidad Católica de Santiago del Estero -Departamento Académico Rafaela- y la Asociación Médica del Departamento Castellanos. "El eje de la charla transcurre por dos focos, el personal y el social", aclaró Bernardini en entrevista con este cronista.

Lo personal, tal cual lo aclaró el profesional, tiene que ver "sobre cómo la longevidad va a transformar nuestras vidas, porque vamos a vivir en términos de promedios y tendremos que hacer el ejercicio de entender cómo agregar vida a esos años". Y desde el punto de vista social, manifestó que "la sociedad se está transformando, hay más personas mayores y menos niños, lo que implica un cambio de reglas de juego". "Es una gran oportunidad que tenemos porque tiene que ver con el desarrollo social, que estamos viviendo más, enfermándonos menos, muriendo prematuramente menos, pero también son riesgos y desafíos", acotó.

"Hay que saber gestionar esta longevidad y estar preparados", prosiguió el destacado disertante, que es médico de familia y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires. Bernardini, que cuenta con un máster en Gerontología, es -además- doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, España. También se ha formado en geriatría, salud pública, educación médica y rehabilitación en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Y actualmente es director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad, así como fundador de la comunidad de aprendizaje La Segunda Mitad.

- En el contexto del cambio de paradigma a nivel mundial… ¿Cómo se están preparando en otras partes ante estos nuevos desafíos?

- No está ocurriendo sólo en la Argentina sino en el mundo, inclusive en África, y está pasando de una manera muy acelerada. Hay países que están mucho más avanzados en políticas públicas, desarrollo tecnológico, protección social. La clave está en ver qué están haciendo esos países. Por ejemplo, Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados desde el 2016 con una iniciativa de política de Estado hacia los cuidados, pero en nuestro país no existe eso. En Costa Rica también se trabaja con un plan nacional de cuidados. La clave es ver qué se hace en otros lugares, qué nos sirve a nosotros y poder aplicarlo. En un ecosistema como Rafaela, una ciudad de 100.000 habitantes, donde hay un capital humano que se conoce, con distancias prácticamente de caminatas y otorga muchas ventajas, es diferente si lo comparamos con las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.

- ¿Cómo cambió el promedio de edad en la expectativa de vida?

- Hoy en Argentina la expectativa de vida es de 78 años para las mujeres y el país del mundo que tiene mayor expectativa de vida es Japón, con 88 para las mujeres. Hace cien años la Argentina tenía una alta tasa de alfabetización con personas educadas, si bien la expectativa de vida no ha variado tanto como en otros países, claramente cambió. En México, en los últimos cincuenta y cinco años, la expectativa de vida pasó de 57 a 78 años con un gran salto y así ocurrió en casi todos los países de la región. Esto trae otro tipo de efectos con personas mayores de 70 años que continúan trabajando o divorciados después de los 60-65 años, siendo fenómenos que tienen que ver con esta nueva longevidad.

- Sobre el aspecto laboral, está en debate si mantener la edad jubilatoria (en Argentina 60 mujeres y 65 varones) o estirarla algunos años más… ¿Cuál es la experiencia en otros países?

- Primero hay que poner este tema sobre la mesa porque suele tener costos políticos y pateamos la pelota para adelante; ya se está discutiendo en muchas partes del mundo y se ha modificado en otros lugares. La jubilación es un invento de hace más de cien años cuando la gente llegaba a vivir más de 60 años, disfrutando de la jubilación pocos años; hoy después de 60 años en Argentina te quedan 25 años en promedio. Hay que plantearlo como un derecho no como una obligación. También por el solo hecho de tener menos hijos y estamos viviendo más, la jubilación se va a transformar en un subsidio del Estado; en Argentina es la mínima, la mayoría vamos a trabajar más que nuestros padres y abuelos, y tendremos que reinventarnos. Por eso, la necesidad e importancia de un aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

- Para los que no sigan trabajando después de la jubilación… ¿En qué ocupar el tiempo de la vida?

- Las personas mayores de hoy no se prepararon para esto porque tenían el modelo de sus padres o abuelos que murieron antes. Ellos están viviendo más en término de promedio que sus generaciones pasadas y la longevidad los tomó por sorpresa. En cambio, nosotros nos podemos preparar. Si le preguntas a esas personas mayores que les gusta hacer y sentirse útiles, algunos cuentan cuentos a los chicos en los jardines de infantes, otros a acompañar a personas en el Hospital, juntarse con amigas o aprender un idioma; se necesita que tengan la oportunidad de hacer estas actividades. Nosotros tenemos que prepararnos lo que significa que esa transición del retiro nos va a llegar y llenar de vida ese futuro que nos queda. En mi caso, me la paso hablando con personas mayores que están en la segunda mitad de la vida y adecuándose a estos desafíos que se vienen.

- ¿Los niños y jóvenes que viven sumergidos en la tecnología y las redes sociales, valoran a las personas mayores?

- Los niños que se criaron en familias numerosas donde los abuelos estaban presentes suelen tener mejor predisposición. También en algún momento de la vida todos nos creímos inmortales cuando teníamos 20-25 años. La tarea es enseñar a los chicos que van a tener vidas largas, pero hay que saber vivir, lo que significa tener hábitos de vida saludables; hay países que lo enseñan en la escuela primaria y también la educación sexual a partir de los 11 años. Están en una edad donde son esponjas porque absorben conocimientos y es la forma de empezar a entender este curso de vida, que es más largo y con muchas oportunidades.

- ¿Cómo viven psicológicamente las personas mayores cuando sus familias no les dan lugar y terminan en geriátricos?

- Literalmente, para el carajo; hay que decirlo: "al pan, pan y al vino, vino". La residencia de larga estancia es un recurso que en algún momento puede estar presente y contemplarse en una persona que tenga una dependencia severa como por ejemplo un deterioro cognitivo, donde la familia no da abasto. Tenemos que garantizar que esas instituciones sean de calidad, no solo con personal adecuado, capacitado y respete a la persona mayor, sino que además estén preparadas ediliciamente con temperatura, camas confortables, normas de higiene. Ahí tiene que estar el Estado acreditando como un órgano rector de política pública, sean hogares estatales o del sector privado con más razón porque claramente tiene un objetivo de lucro, que no está mal, pero hay que garantizar lo mismo que en el sector público, donde sean lugares que se respete la dignidad.

"El desbalance de la Caja es estructural, seguirá creciendo en los próximos años y comprometerá cada vez más a las finanzas de la provincia de Santa Fe". La advertencia de Hugo Bertín fue expuesta en la sexta reunión del Foro Provincial de Previsión Social que analiza reformas al sistema jubilatorio santafesino.

Magister especializado en previsión social y finanzas públicas, docente en las universidades de Rosario y La Plata y miembro del Foro Argentino de Seguridad Social, Bertín celebró el debate santafesino en contraste con las modificaciones con escaso o nulo consenso en el sistema nacional.

Crédito: Hugo Bertín

"Edades tempranas para acceder a la jubilación, en particular en el subsistema docente; baja tasa contributiva con relación a las generosas tasas de sustitución entre la jubilación y el salario; la facultad de compensar edades con años de servicio; la existencia de varios regímenes especiales con parámetros aún más laxos y la caída en la relación entre activos y pasivos" son las causas que detalló el especialista en la crítica perspectiva.

"El resultado financiero de la Caja del año 2023 absorbió algo más del 6% del gasto del presupuesto de la Administración Central; este desequilibrio financió una parte del pago de las prestaciones previsionales de los 104,5 mil beneficiarios contributivos, con haberes promedio de $603.762", dijo el expositor, advirtiendo "una alta dispersión" en "la relación entre el haber máximo y el mínimo", con una dispersión de 32,4 en el mes de diciembre del 2023.

Crédito: Hugo Bertín

El economista calculó que en la provincia "el déficit contributivo" del año 2023 "fue equivalente a $1.292.399 por beneficiario" (7,4 AUH promedio del mismo período). "Esta asignación de fondos es regresiva desde el punto de vista de la distribución del ingreso e impacta en la eficiencia y en la equidad", expuso.

La provincia asiste a sólo el 2,8% de la población de la provincia en su sistema previsional. "El haber promedio de los beneficiarios de la Caja triplica al promedio de los beneficiarios contributivos (sin moratoria) del Sistema Integrado de Previsión Argentino", que cobraron un promedio 198.143 el año pasado en el sistema nacional, que representan el 13,1% de la población santafesina y que -habiendo aportado en proporciones equivalentes- obtienen beneficios muy inferiores.

Crédito: Hugo Bertín

Bertín fue más allá incluso al advertir el esfuerzo fiscal de la Casa Gris en favor de los haberes, "considerando los niveles de pobreza infantil (y de la pobreza en general) y el deterioro de la infraestructura en la provincia de Santa Fe", en especial ahora que la Nación ha delegado en las provincias buena parte de la responsabilidad en infraestructura.

"Las proyecciones de largo plazo muestran un desequilibrio creciente en el tiempo, que desplazará, aún más, la inversión en educación, los gastos en salud, seguridad y la propia inversión en infraestructura, que permitiría mejorar la productividad del sector privado de la economía santafesina y disminuir la pobreza multidimensional", expuso.

"La reforma en la previsión social de Argentina se enmarca en un contexto más amplio de encontrar una mejor asociación entre el gasto (y su distribución entre corriente y de capital en todas las jurisdicciones), la carga tributaria (y la eliminación de los impuestos distorsivos), la productividad, el crecimiento económico y el envejecimiento poblacional; el desafío es cada vez más urgente porque Argentina "no se está volviendo rica, antes de volverse vieja".

Bertín dijo que "las reformas previsionales son procesos frecuentes en el mundo que conllevan conflictos sociales y políticos. Las recomendaciones de los organismos multilaterales y la experiencia de países que han reformado sus regímenes previsionales, o que están en este proceso, sugiere abrir un proceso de diálogo social y político que permita explicar el porqué y el cómo de la reforma y, también, buscar los consensos necesarios para que el nuevo régimen previsional sea estable en el tiempo".

Recordó en ese sentido que "la constitución de la Comisión de Revisión del Sistema Previsional de Santa Fe en la Legislatura de la Provincia es una vía promisoria para encontrar acuerdos que fortalezcan al régimen previsional y lo preparen para enfrentar el proceso de envejecimiento poblacional".

"A modo de ejemplo, una docente a los 57 años pudo haber registrado 30 años de aportes a una tasa de 31,7% (14,5% aporte personal y 17,2% contribución patronal) y percibirá una jubilación por vejez por 26 años (esperanza de vida a esa edad) con una tasa de sustitución del 82%; como puede observarse en este ejemplo individual, la aritmética no cierra".

"El resultado financiero de la Caja del año 2023 absorbió algo más del 6% del gasto del presupuesto de la Administración Central", expuso el especialista. En su cuadro comparativo reveló que el haber promedio del Poder Judicial santafesino es de $2.780.830; el haber promedio de la Caja es de $603.762; en municipios y comunas promedia 432.193 y en el sistema nacional $198.143 (todos valores a diciembre de 2023).

Así, el esfuerzo fiscal de todos los santafesinos es para el 17% de los jubilados en la provincia (son "provinciales") mientras que 79,2% del universo de jubilados en Santa Fe (son "nacionales"). Los primeros son 2,8% de la población de la provincia; los segundos son 13,1%.

"El resultado previsional contributivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe del año 2023 arrojó una pérdida de $129,7 mil millones, fue equivalente al 32% del gasto prestacional y representó el 6,1% del presupuesto de la Administración Pública No Financiera". Toda esa plata fue para el descripto 2,8% de la población.

Hay un proporcional de poco más de dos activos aportando por cada pasivo en el sistema santafesino. "La relación viene descendiendo en los últimos años y se espera que continúe esta trayectoria", señaló Bertín.

La proporción no alcanza para pagar haberes del 72% al 82% de los salarios (promedio de los últimos 10 años). El economista advirtió que el SIPA (la Caja nacional) paga haberes equivalentes al 56%, que reciben los jubilados santafesinos en el régimen general sin aporte fiscal de la gobernación y sosteniendo con sus impuestos al déficit de la caja provincial.

El especialista añadió que "la feminización de la base de pasivos provinciales (69% del total), en especial en el subsistema de docente (38,4% del total), contribuye a una mayor duración promedio de la permanencia de los beneficios, en virtud de su mayor esperanza de vida y la menor edad a la cual pueden acceder al sistema.

"En el mismo sentido -sostuvo Bertín- los procesos de reforma del Estado, las privatizaciones, concesiones y la tercerización determinaron la disminución de la cantidad de aportantes, generando un comportamiento decreciente de la tasa de sostenimiento".

El gobernador ratificó este lunes la necesidad de propiciar una renovación en la Justicia en general, y en la Corte Suprema en particular. Consultado por la prensa, Maximiliano Pullaro aludió a la decisión de Mario Netri de acogerse al beneficio de la jubilación, y dejar su lugar en el máximo tribunal. Y admitió que también la ampliación en el número de sus integrantes es una de las discusiones que la provincia debe dar.

"Hay un miembro de la Corte (Mario Netri) que por su edad sentía que tenía que dejar su lugar. Entendemos que tiene que venir una renovación de miradas en la Justicia de Santa Fe; que Santa Fe pueda tener una Justicia más eficiente y un mejor servicio de justicia. Para eso -planteó-, hay que tener una mirada profunda de lo que pasa en toda la provincia. Con los mismos recursos, podemos tener una Justicia más eficiente; que gaste menos", planteó.

Respecto de la posibilidad de sumar un séptimo ministro al Tribunal, Pullaro admitió que ésa es una discusión que están dispuestos a llevar adelante. "Es un debate que deberemos dar; la Constitución pone un mínimo (de miembros), pero no un máximo. Es un debate que tenemos que dar; lo estamos charlando, lo estamos discutiendo. Ésta no es una cuestión de un gobierno; tienen que opinar los partidos, los colegios de Abogados, los colegios de Magistrados", opinó.

En otro orden, confirmó el gobernador que en las próximas semanas se estará conociendo una nueva convocatoria a paritarias para docentes y estatales. Al respecto, destacó que, en los últimos meses, los aumentos otorgados lograron "superar" los índices de inflación registrados.

Por otro lado, volvió a respaldar la decisión del gobierno nacional de proponer bajar a 13 años la edad de imputabilidad.

La familia tradicional y la cronología popular de la vida -casarse, tener hijos, envejecer de a dos- viene transformándose desde hace tiempo; eso ya no es novedad. En todas partes del mundo y desde hace décadas, crecen los divorcios y las familias ensambladas, así como también las personas que deciden vivir solas o no tener hijos. En la actualidad incluso, también están cambiando las formas de relacionarse dentro de una misma pareja: el poliamor y las relaciones abiertas ya son moneda corriente entre los jóvenes de las grandes capitales y se entrelazan con las antiguas y vigentes tradiciones.

Pero ¿qué pasa con la idea de envejecer? Si decidimos no tener hijos o incluso no tener una pareja “para toda la vida”, ¿quién va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos? O, simplemente, ¿con quiénes vamos a socializar y compartir la vida? En todo esto ya pensaron muchos adultos mayores en otros países y comienzan a pensarlo también acá en Argentina. El “cohousing” es una tendencia que va en aumento y se trata de personas que deciden organizarse para vivir juntas tras su jubilación.

Recientemente, la BBC publicó un reportaje sobre el tema donde muestra distintos casos de cohousing en el mundo, y uno de ellos es un grupo de 25 personas que se propuso empezar una vida nueva en una zona verde del interior de San Pablo, en Brasil. El objetivo era evitar la soledad mudándose a un espacio donde cada persona tuviera su propia casa, pero compartieran varios espacios colectivos.

El concepto cohousing comenzó a usarse en Dinamarca en la década de 1970 y desde aquel entonces se abrieron proyectos de similares características en otros países europeos. El caso de Brasil es una comunidad que se llama Bem Viver (Buena Vida) y que nació como una idea entre amigos que fueron sumando a otros que tenían el mismo deseo de vivir en comunidad.

Foto de Ryan Reinoso en Unsplash.

Para sumarse a estos tipos de proyectos, por supuesto, hay que tener cierta solvencia económica. En algunos casos, cada persona compra la casa o departamento donde va a vivir y en otros se paga una cuota mensual, como un alquiler. Las casas de Bem Viver están construidas en una sola planta, con adaptaciones pensadas para adultos mayores, y en los espacios comunes hay piscinas, huertas y gimnasios. Algo muy similar a un barrio privado, pero creado exclusivamente para envejecer en conjunto.

En Argentina también existen algunos proyectos similares de gestión privada, pero lo más destacado es que en 2021 el PAMI y el entonces Ministerio de Hábitat, Jorge Ferraresi, lanzaron un plan de viviendas colaborativas llamado Casa Propia - Casa Activa que significó un proyecto pionero en Latinoamérica. Se creó para responder al problema del acceso a la vivienda de los mayores de 60 años, pero desde el lado de la vejez activa y la comunidad. El foco se puso en aquellos adultos que se encuentran en una etapa donde si bien precisan algunos cuidados, continúan realizando actividades y buscan ampliar su vida social.

El plan Casa Propia - Casa Activa previó la construcción de complejos de departamentos en diferentes municipios de todo el país, y continúa activo. Hay monoambientes y departamentos para dos personas y los espacios comunes incluyen biblioteca, jardín, parrillas, gimnasio y pileta. Además, cada complejo tiene dentro un centro de día del PAMI.

Foto de Julia Vivcharyk en Unsplash.

En cuanto a otros proyectos similares, uno de los más antiguos es el que desarrolló la comunidad judía, Asociación Mutual Vidalinda. Se trata de un edificio de quince pisos con grandes espacios comunes en Belgrano, CABA, con seguridad y asistencia inmediata las 24 horas. Está repleto y tiene una larga lista de espera. En el mismo barrio, también hay organizaciones que se engloban dentro de lo que se conoce como “geriátricos de lujo”, con altos costos de estadía y espacios comunes diferenciales.

En Tigre también existe desde 2015 un proyecto inmobiliario llamado Antares Nordelta que está destinado a personas de más de 65 años bajo el lema “llegó el momento de vivir definitivamente bien”. Son tres torres con 150 departamentos de primera calidad, de dos y tres ambientes adaptados, que apuntan a un segmento de alto poder adquisitivo. Tienen amenities propias de un all inclusive, como piscina, espacios verdes, centro de masajes y kinesiología, market boutique y salón de usos múltiples.

La diferencia de este tipo de proyectos con un geriátrico, donde muchas veces conviven personas que necesitan una constante atención médica con otras que no lo precisan tanto, es significativa. En los cohousing viven adultos mayores que aún pueden realizar sus tareas diarias, pero prefieren este modo de vida antes que las opciones de vivir solos, en un geriátrico o en la casa de sus hijos.

Todas estas nuevas ideas y proyectos nacen en medio de una evidencia: la población mundial continúa envejeciendo. La franja de mayores de 65 años está creciendo mucho más rápido que la que está por debajo de esa edad, y se estima que en el año 2050 represente al 16 % de la población mundial. Esta transformación es una de las más significativas del siglo XXI y acarrea consecuencias para repensar múltiples sectores de la sociedad, como el mercado laboral, las jubilaciones, la vivienda, la estructura familiar y los vínculos intergeneracionales.

Este artículo fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica bajo el programa Periodismo Humano.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga, desde marzo de este año, la jubilación anticipada para todas las personas mayores de 55 años que estén desocupadas y que posean sus 30 años de aportes requeridos.

Además garantiza el 80% del haber que le corresponde percibir al cumplir con la edad necesaria para jubilarse, el cual siempre aplicó para las mujeres de 60 años y para los hombres de 65.

El organismo previsional determinó una serie de requisitos para aquellos que estén interesados en solicitar la jubilación anticipada, los cuáles son:

Según fijó la ANSES, todos aquellos que accedan a jubilarse de manera anticipada, recibirán una prestación mensual equivalente al 80% del haber que le corresponde al momento de alcanzar la edad requerida.

Cuando se alcance la edad jubilatoria, pasarán a percibir el 100% del haber correspondiente de manera automática.

El organismo reconoce como aportes previsionales los períodos de Licencia por Maternidad y de Prestación por Desempleo.

A partir del 1 de junio, entrará en vigencia una nueva norma en Argentina que otorgará beneficios adicionales a las empleadas domésticas. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 90/2023, aquellas trabajadoras del hogar que tengan aportes inferiores a las 16 horas semanales podrán acceder a beneficios como la jubilación, la cobertura por invalidez y la cobertura por fallecimiento sin necesidad de realizar aportes adicionales.

Esta medida, que fue establecida en febrero pasado, representa un cambio significativo para el personal de casas particulares registrado, que hasta ahora debía cumplir con ciertos requisitos para acceder a la cobertura previsional. Con la entrada en vigencia de esta norma, las empleadas domésticas con aportes inferiores a las 16 horas semanales podrán jubilarse y contar con la protección ante situaciones de invalidez y fallecimiento, sin la necesidad de realizar aportes adicionales o voluntarios.

Además, para aquellos trabajadores que hayan desempeñado períodos con menos de 16 horas semanales, se les reconocerá ese tiempo como meses o años de servicio, lo cual les permitirá completar los 30 años requeridos para obtener el beneficio jubilatorio. Sin embargo, se descontará la diferencia entre el aporte ingresado y el aporte total del haber previsional.

Dicha medida, que beneficia inicialmente a alrededor de 165.000 trabajadores y trabajadoras, busca brindar una especie de “moratoria” para las empleadas domésticas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a la cobertura efectiva previsional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en Argentina existen alrededor de 1.700.000 trabajadores de casas particulares, de los cuales aproximadamente 500.000 están registrados ante la Seguridad Social.

Otro cambio importante que entrará en vigencia a partir del 1 de junio es que, en caso de despidos sin causa, el personal de casas particulares tendrá derecho a cobrar la prestación por desempleo en las mismas condiciones que el resto de los asalariados.

Es importante destacar que los montos de las prestaciones económicas mensuales varían dependiendo del salario percibido, con un componente máximo de $40.733,88 y uno mínimo de $24.440,33. Estos valores se actualizan con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Durante el cobro de este seguro, se mantendrá la cobertura de la obra social y el pago de asignaciones familiares.

A partir del 1 de junio, entrará en vigencia una nueva norma en Argentina que otorgará beneficios adicionales a las empleadas domésticas. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 90/2023, aquellas trabajadoras del hogar que tengan aportes inferiores a las 16 horas semanales podrán acceder a beneficios como la jubilación, la cobertura por invalidez y la cobertura por fallecimiento sin necesidad de realizar aportes adicionales.

Esta medida, que fue establecida en febrero pasado, representa un cambio significativo para el personal de casas particulares registrado, que hasta ahora debía cumplir con ciertos requisitos para acceder a la cobertura previsional. Con la entrada en vigencia de esta norma, las empleadas domésticas con aportes inferiores a las 16 horas semanales podrán jubilarse y contar con la protección ante situaciones de invalidez y fallecimiento, sin la necesidad de realizar aportes adicionales o voluntarios.

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Además, para aquellos trabajadores que hayan desempeñado períodos con menos de 16 horas semanales, se les reconocerá ese tiempo como meses o años de servicio, lo cual les permitirá completar los 30 años requeridos para obtener el beneficio jubilatorio. Sin embargo, se descontará la diferencia entre el aporte ingresado y el aporte total del haber previsional.

Esta medida, que beneficia inicialmente a alrededor de 165.000 trabajadores y trabajadoras, busca brindar una especie de “moratoria” para las empleadas domésticas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a la cobertura efectiva previsional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Argentina existen alrededor de 1.700.000 trabajadores de casas particulares, de los cuales aproximadamente 500.000 están registrados ante la Seguridad Social.

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Otro cambio importante que entrará en vigencia a partir del 1 de junio es que, en caso de despidos sin causa, el personal de casas particulares tendrá derecho a cobrar la prestación por desempleo en las mismas condiciones que el resto de los asalariados.

Es importante destacar que los montos de las prestaciones económicas mensuales varían dependiendo del salario percibido, con un componente máximo de $40.733,88 y uno mínimo de $24.440,33. Estos valores se actualizan con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Durante el cobro de este seguro, se mantendrá la cobertura de la obra social y el pago de asignaciones familiares.

Desde este primero de enero, la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe es de $ 82.464 y la pensión alcanza a $ 61.848, de acuerdo al decreto 3005 del 2022 que publicó el Poder Ejecutivo en este mes en el Boletín Oficial. Los valores surgen del acuerdo paritario de diciembre entre el gobierno con los gremios estatales. En diciembre, la jubilación mínima había sido de $ 80.423 y la pensión de $ 60.317.

Los valores mínimos de los pasivos santafesinos son muy superiores a los fijados por Anses para los pasivos nacionales donde la gran mayoría de los beneficiarios perciben la mínima. En cambio, en Santa Fe, el haber mínimo es percibido por apenas el 3% de los pasivos.

De acuerdo a datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia apenas 1.328 jubilados (1,8% del total) y 1.726 pensionados (7,32%) perciben los haberes mínimos. Es decir apenas el 3,13% de los beneficios del sistema santafesino perciben la jubilación mínima. Los casos de estos mínimos son agentes con muy pocas horas de prestación de servicios, en su gran mayoría docentes con pocas horas cátedras que accedieron al beneficio previsional o bien profesionales de la salud con prestación reducida.

El sistema previsional santafesino no establece tope para los beneficios y están en relación directa con el ingreso de los activos de cada sector.

En Anses, el haber mínimo para los jubilados en enero se ubica en $50.124 y el monto máximo en $337.289. En ambos casos se trata del valor bruto de la prestación previsional, a la que se le debe añadir el bono extraordinario de $10.000 para la jubilación mínima, hasta decrecer a $7000 en el caso de las jubilaciones superiores. Así, más allá de la fórmula el mínimo de bolsillo es de $ 60.000 pero cobrado por la mayoría de los pasivos.

Volviendo a la Caja santafesina, a diciembre cobraron 97.367 beneficios y el desembolso realizado por el organismo alcanzó a $ 22.719.231.780 de acuerdo a los datos publicados por el organismo previsional.

En el último mes del último año, Santa Fe tenía 73.841 jubilados que percibieron un haber promedio de $ 244.658 mientras que 23.535 pensionados con un haber promedio de $ 145.203. Estos promedios se incrementarán desde este mes debido a la actualización prevista en el acuerdo paritario.

El artículo 8 del acuerdo paritario de diciembre con Upcn y ATE determina traslada “la política salarial definida a los agentes del sector pasivo del Escalafón Decreto Acuerdo N° 2695/83, de la Administración Provincial de Impuestos, Decreto N° 4447/92, del Servicio de Catastro e Información Territorial, Decreto N° 201/95, y de Fiscalía de Estado, en la misma forma y condiciones que las establecidas para el sector activo”. En los restantes acuerdos paritarios (docentes, salud, viales, etc) se incluyó una cláusula similar de protección a los haberes previsionales.

Los docentes representan el mayor porcentaje de pasivos para la Caja. Fueron 33.014 los que percibieron en noviembre beneficios previsionales con un promedio de $ 195.136. En la masa general, el segundo grupo es la administración central con 18.198 beneficiaros y un promedio de $ 152.973. El podio en números se completa con agentes de seguridad que tiene 9.548 pasivos y un haber promedio de $ 210.110.

Personal legislativo, viales y el arte de curar son los que menor número de agentes pasivos tenían a noviembre: 559, 793 y 1437 pasivos respectivamente.

El decreto del Poder Ejecutivo también ordena actualizar el monto de las Pensiones Sociales Ley 5.110 que administra ese organismo y que comprende la pensión para adultos mayores; por incapacidad laboral; para menores desamparados; para madres con hijos menores de 16 años; la pensión de honor de Veteranos de Guerra de Malvinas; para madres de víctimas del terrorismo de Estado; para presos políticos, gremiales o estudiantiles y para bomberos voluntarios.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, a través de un proyecto del senador por el departamento Rosario, Miguel Rabbia, declaró su reconocimiento al doctor Ramiro Huber, “en mérito a su trayectoria, tanto en la docencia como en lo asistencial, y su compromiso con la Salud Pública”.

La iniciativa se presentó un mes atrás, luego de que el 1 de julio último se aprobara el trámite jubilatorio por parte de la Anses, debido a razones de salud, y todo el cuerpo avaló la declaración que a la brevedad recibirá en sus propias manos el destacado médico firmatense en el Cámara alta.

En dicha declaración consta: “El doctor Ramiro Huber es un profesional de la salud graduado con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Medicina General y Familiar y Magíster en Salud Pública. A lo largo de su trayectoria docente se ha desempeñado como jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Medicina y Sociedad en la UNR, docente en la Maestría de Salud Pública, profesor adjunto de la Universidad del Gran Rosario y director y evaluador de numerosas tesinas. En el ámbito laboral ha realizado un incesante trabajo en el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, como secretario de Salud, subsecretario en Gestión de Procesos de Trabajo y subdirector de Entes Comunitarios, además de haber sido subdirector del Hospital Provincial de Rosario y ejercido otros cargos en el nivel primario de la red de salud. Complementa la trayectoria del doctor Huber, la autoría de numerosas publicaciones en materia sanitaria, su rol de investigador y expositor en diversas actividades académicas, tanto nacionales e internacionales. En virtud de la vasta trayectoria asistencial, académica y docente, y su compromiso por la salud, es que se hace necesario reconocer el trabajo del Dr. Ramiro Huber”, destacaba el proyecto aprobado por los senadores de toda la provincia de Santa Fe.

El gobierno de la provincia de Santa Fe abonará la totalidad de los aumentos pautados en el marco de las negociaciones paritarias con los agentes públicos.

Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri: “Los aumentos salariales oportunamente propuestos en las negociaciones paritarias que se llevó adelante con sectores de la administración pública provincial, van a ser liquidados también al sector docente”.

“Estos aumentos -continuó- consistían en un 20% en el mes de setiembre (contemplando la suma que había sido acordada oportunamente en el mes de marzo), luego dos incrementos de 7% respectivamente en octubre y noviembre, y un posterior 5% en el mes de diciembre”.

Finalmente, Pusineri manifestó: “Recordemos que particularmente hubo aceptación de la propuesta de un conjunto de gremios en el ámbito de la paritaria docente, y el rechazo por parte de otro. Pero la decisión del gobierno de Santa Fe es trasladar y liquidar la totalidad de los aumentos, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, a la totalidad de los agentes pasivos del sector docente”.

A mediados de julio del año 2021 el Gobierno oficializó a través de un decreto el acceso para mujeres sin aportes suficientes, de 60 años o más con hijos, a una jubilación por la realización de tareas del cuidado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó cuántos trámites se iniciaron y cuántas ya estar recibiendo lo haberes en la provincia de Santa Fe 

“El reconocimiento por cuidado fue operativo en agosto. En estos momentos a cinco meses de su implementación se han dado 12 mil turnos, de los cuales 6 mil que ya tienen la resolución, es decir que ya están percibiendo la jubilación en la provincia de Santa Fe”, afirmó Diego Mansilla, el jefe regional de la Anses 

El reconocimiento enmarcado en el Decreto 475/2021 facilita el acceso a la jubilación a las mujeres con hijos que están en edad de jubilarse y permite computar entre uno y tres años de aportes por cada hijo. 

 Además, dos años por hijo adoptado siendo menor de edad y un año adicional por cada hijo con discapacidad y dos años adicionales en caso de que, por el hijo, haya accedido a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses. 

“Aún queda un universo de potenciales sujetos de derecho a esta prestación por la cuales estamos trabajando para poder llegar y que se acerquen a nuestras oficinas a tramitar la prestación. Igualmente recordemos que es dinámico porque a medida que pasa el tiempo va haber mujeres que van a cumplir los 60 años de edad que requiere la ley para poder jubilarse y a partir de allí también van a poder hacer el reconocimiento de aportes por tarea y cuidado”, remarcó Mansilla. 

Pueden acceder a este beneficio las mujeres en edad de jubilarse -con 60 años o más-, que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación, solicitando un turno en la web de Anses: www.anses.gob.ar 

Una vez obtenido el turno deberán acudir a la oficina del Anses asignada con la siguiente documentación: DNI; partidas de nacimiento; sentencia de adopción si fueran hijas o hijos adoptados; y el Certificado de Discapacidad (CUD). 

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 12,28% a partir del mes de marzo, se trata del primero de los cuatro aumentos que se aplicarán durante el año con la fórmula de movilidad sancionada en 2020. 

Este nuevo incremento alcanza a más de 7.1 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados y a casi 9 millones de niñas, niños y adolescentes. 

A partir de marzo, el haber mínimo para las jubilaciones y pensiones será de $ 32.630 mientras que la Asignación Universal por Hija/o y por Embarazo aumentarán a $ 6.375. De esta forma, desde diciembre de 2019 a marzo de 2022, la jubilación y la pensión mínima aumentaron de $ 14.067 a $ 32.630 y la Asignación Universal por Hija/o y por Embarazo de $ 2.746 a $ 6.375. 

Hasta el 28 de febrero los jubilados y pensionados están eximidos de realizar el trámite de Fe de Vida. La semana próxima se informarán novedades. 

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, adelantó hoy que el presidente Alberto Fernández firmará la próxima semana el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reconocer años de aportes jubilatorio a mujeres que hayan sido madres o titulares de Asignación Universal por Hijo. En este sentido, señaló que el nuevo decreto deberá entrar en vigencia a partir de agosto y que, para entonces, la Anses publicará toda la información necesaria a través de sus canales de información para que mujeres que cumplan con los requisitos puedan iniciar sus trámites de jubilación. “Queremos reconocer la tarea de las mujeres que dedicaron tiempo al cuidado de sus hijos y sus hijas. El trabajo se presenta desigual en la casa y tienen que ser reconocido”, dijo hoy Raverta, durante un acto en Lomas de Zamora del que participaron el Presidente y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros funcionarios. “A partir del 1 de agosto van a estar los turnos colgados. Falta firmar el DNU que estaremos firmando la semana que viene”, dijo Raverta al cerrar su exposición en el acto en el que se anunció un bono de $ 5.000 en agosto para 83% de los jubilados y pensionados. Sobre el proyecto que busca que mujeres que alcanzaron los 60 años de edad y no completaron los 30 años de aportes puedan jubilarse al reconocerles el trabajo de cuidar a sus hijos, Raverta aseguró que “es una medida que no ofende a nadie” y que “tiene que ver con reparar desigualdades”. “De los 3,6 millones de personas que hoy están jubilados gracias a las moratorias de Néstor Kirchner, en 2005, y de Cristina Fernández de Kirchner, en 2014, el 73 por ciento son mujeres. Qué hubiese sido de ellas si en esta pandemia tenían que salir a buscar algo para comer”, preguntó Raverta. El proyecto reconocerá un año por hijo para las mujeres y para las personas gestantes con hijos nacidos o adoptados siendo menores de edad, y dos años para todas las mujeres que hayan sido titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). También le reconocerá a las trabajadoras registradas que hayan tenido la licencia por maternidad y por excedencia ese plazo como tiempo de aportes a su jubilación. Según cálculos de la Anses, cerca de 155.000 mujeres podrían jubilarse gracias a estos años de aporte.