César Rodríguez

Si bien los propulsores del proyecto de reforma laboral para reducir la carga horaria diaria de los empleos argumentan que redundará en un beneficio para los trabajadores, algunos sectores sostienen que puede provocar lo contrario. Tal es el caso del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que en su último informe advirtió que podría desencadenar una disparada de previos y traer mayor informalidad laboral.

El instituto, que dirige el economista Jorge Colina, calcula que para achicar el día de trabajo a seis horas, primero la productividad de las empresas "debería crecer un 33%”. Y advierte que, en caso de materializarse la propuesta en el Congreso, la consecuencia sería negativa debido a que los costos de producción "se trasladarían a los precios".

"Dado que se acumulan décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más informalidad y más inflación", define el informe.

En ese sentido, indica que “lo prioritario es ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad”.

En el Congreso nacional coexisten varias iniciativas que proponen disminuir la jornada laboral legal. La idea central es que al reducir la jornada laboral a menos de 8 horas diarias -48 horas semanales- tal como rige actualmente, las empresas deberán buscar a más trabajadores sin que ello afecte negativamente las remuneraciones. De esta forma, se cree, habrá más trabajo y mejor pago.

En relación a las propuestas legislativas, el estudio compara las discusiones que se han dado en la Unión Europea en contraposición de la agenda instalada en nuestro país. “La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de la Argentina. La discusión en el viejo continente está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo", describe.

"En los países desarrollados, el sostenido crecimiento de la productividad laboral lleva a plantear el dilema de si conviene que esto se siga traduciendo en aumentos en las remuneraciones o incrementar el tiempo libre que disponen los trabajadores, dejándolos optar a ellos entre más remuneraciones o más tiempo libre", agrega.

Como parte del diagnóstico de la situación argentina, el documento indaga cuánto trabajan los argentinos actualmente. De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, referida al año 2023, observa que un 15% trabaja más de 48 horas semanales; un 19% trabaja entre 40 y 48 horas semanales, y el 66% trabaja menos de 40 horas semanales.

“Estos datos muestran que en la Argentina 2 de cada 3 trabajadores ya lo hacen en jornada reducida. En la mayoría de los casos esto viene asociado con pobreza por bajos salarios y elevada informalidad”, reafirma el estudio.

La consultora económica sostiene entonces que “el problema no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos".

Por último, sostiene que "el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas”.

"Esta es la vía para que haya más puestos de trabajo, con mayor productividad laboral, con altos salarios y con jornadas laborales razonables", concluye el informe.

"Un debate que cae por su propio peso", consideró el ministro de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri al que se inició en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la reducción de la jornada laboral. La afirmación se justifica en que el escenario actual es diferente respecto de años atrás: "Son otras las modalidades de trabajo hoy en día cuando fue ganando mucho terreno el sector servicios y la incorporación de tecnología hace que los procesos productivos sean distintos".

Además, porque "es una cuestión que no está solo en la agenda de la Argentina, sino que se plantea a nivel mundial; algunos países ya la han implementado y otros están realizando reducciones parciales".

En este punto señaló que la modificación sería para el sector privado para el cual la ley establece jornadas de 8 horas diarias o 48 semanales como máximo; una ecuación que, en opinión del ministro, es alta. En tanto, en el ámbito del empleo público provincial, la jornada laboral habitual está en torno a las 6 horas, más allá de aquellos sectores que tienen una extensión a 7 u 8 horas.

Volviendo al tema que se discute en el Congreso, Pusineri aportó, "como una persona que se ha dedicado al tema laboral en los últimos 30 años", que es un debate ineludible que se funda en las transformaciones que ya registra el mundo laboral.

"El modelo fordista sobre el que se asentó la jornada laboral durante mucho tiempo ya no es mayoritario: ese modelo de la gran empresa con miles de trabajadores no existe. Existe sí la gran empresa, pero no como lo fue en otros tiempos de auge de la actividad industrial", graficó.

En esa línea, sostuvo que "hoy la actividad industrial se desarrolla en gran parte a partir de la tecnificación más que del trabajo manual. A la vez ganaron terreno otras actividades como servicios y comercio frente a lo que era la gran empresa, el gran centro de fabricación que es el que originariamente le dio fundamento a la jornada de trabajo, cuando había que poner un límite a la explotación que significaban 12 ó 14 horas por jornada".

Para Pusineri este debate requiere una norma general y una articulación por sector, y lo explica: "No en todos los sectores impacta del mismo modo una reducción horaria y no todos tienen la misma capacidad económica para solventarla. Por eso, el ámbito de la negociación colectiva, del convenio entre empleadores y trabajadores va a ser el más propicio".

"Es una evaluación que depende de cada sector porque en algunos la tecnificación impactó con mayor fuerza y eso, a su vez, terminó redundando de una forma u otra en el tiempo efectivo de trabajo", argumentó.

Y recurrió a dos ejemplos para profundizar en el concepto de negociación por actividad. "No en todos los sectores es igual el impacto del salario: en la industria la incidencia del salario y las cargas sociales en el costo total es un 10 % y en otros, como en un restaurante, impacta en un 90 %".

Al fines del Siglo XIX, en Chicago, que era la segunda ciudad con más habitantes de Estados Unidos y con gran parte de su población compuesta por obreros, se produjeron movimientos bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”, con el fin de acortar las extenuantes jornadas laborales, que podían ser de hasta 18 horas.

La única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, aunque tenía más preponderancia la American Federation of Labor. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, ésta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas. De lo contrario, habría huelga.

El 1 de mayo de 1886, 200 mil trabajadores iniciaron la huelga mientras que otros 200 mil obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3, cuando tras una batalla campal una compañía de policías procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo seis muertos y decenas de heridos.

El día 4 hubo una convocatoria masiva en Haymarket Square y una persona que nunca fue identificada arrojó una bomba incendiaria que mató a siete policías e hirió a otros sesenta. Las fuerzas de seguridad reprimieron con disparos, dejando un saldo de muertos y heridos entre los trabajadores.

Por los graves acontecimientos, 31 personas fueron enjuiciadas el 21 de junio de 1886. Ocho de ellos fueron condenados en un proceso plagado de irregularidades: dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca.

Un año más tarde de la masacre de Chicago, en Illinois, se reconoció que el juicio a los Mártires de Chicago no había respetado el derecho de los acusados, y el gobernador perdonó a los sindicalistas que estaban detenidos.

En París, en 1889, durante un congreso de la Segunda Internacional (asociación de partidos socialistas, laboristas y anarquistas de todo el mundo), se estableció el 1 de Mayo como Día del Trabajador para conmemorar a los Mártires de Chicago.

El Congreso de Chile aprobó la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. De esta manera se convertirá en el país latinoamericano con menor carga, junto a Ecuador.

Luego de haberse aceptado en el Senado, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora solo resta que el gobierno promulgue la ley.

La reducción se aplicará únicamente en el ámbito privado y consiste en un plan escalonado de cinco años de duración. Por lo tanto, en mayo de 2026 la jornada laboral bajará a 42 horas y en mayo de 2028 a 40 horas.

Además, la ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, a diferencia de la legislación actual, que establece a un mínimo de cinco días.

La iniciativa fue una propuesta motorizada desde antes de la campaña electoral por el Partido Comunista, parte central de la alianza en el poder. Sin embargo, la oposición acompañó.

Luego de la aprobación, Chile quedó alineado con la mayoría de los otros 38 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde también está vigente la semana laboral de 40 horas.

Las únicas excepciones son Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia y Países Bajos, donde se trabaja menos de 40 horas, y Alemania, Colombia, Costa Rica, Irlanda, Israel, México, Reino Unido, Suiza y Turquía.

Los empleados de la planta venadense perteneciente al frigorífico Swift siguen a la espera de retomar las jornadas laborales completas y, así, gozar de una mayor estabilidad laboral. 

Tras cuatro meses de parate por el retiro de la delegación judía que fiscaliza la faena de los cortes Kosher con destino a Israel, única producción de la planta ubicada a la vera de la ruta 33 en Venado Tuerto, las promesas de reactivación siguen posponiéndose.   

En principio, luego del retiro, a principios de septiembre, de la mencionada delegación por las festividades judías, estaba previsto que los trabajadores vuelvan a sus puestos y con jornada laboral completa en noviembre. A pesar de esa afirmación, trascendida desde la misma empresa, las fechas fueron corriéndose y, las últimas noticias daban cuenta de la puesta en marcha a pleno de las instalaciones para los primeros días de enero, cosa que finalmente no ocurrió.  Luego, se deslizó que laplanta podría volver a funcionar en toda su capacidad este lunes 16, pero los rabinos no llegaron a tiempo y, ahora, la faena para los cortes ‘Kosher’ se recuperaría este martes 17.  

Los cortes Kosher volverían a producirse en el frigorífico Swift venadense a mediados de enero 

En diálogo con Sur24, el secretario general del gremio de la carne de Venado Tuerto, Cristian Crudelli, informó que desde la empresa deslizaron la posibilidad que la faena de los cortes con destino a Medio Oriente vuelva este 17 de enero. 

“La empresa nos planteó que lo que tenía planeado para el 16 se pasó para el 17, y así nos vienen comunicando. Según ellos, estaban esperando el arribo de los rabinos, porque muchas veces suelen atrasarse vuelos u otros temas y no siempre se arranca en la fecha estipulada; esto, para nuestro entorno, es un poco normal”, sostuvo Crudelli. 

Venado Tuerto: los trabajadores del Swift siguen esperando el regreso de los cortes Kosher 

Sin dudas, esta confirmación es la que esperan desde hace tiempo los empleados del Swift venadense, ya que desde septiembre vienen cumpliendo jornadas reducidas y cobrando garantía horaria, desarrollando pequeñas faenas para consumo interno y para mantener la planta activa ante visita y recorridas de otros mercados interesados en operar en la ciudad, lo que significaría una mayor estabilidad laboral para los cientos de familias que dependen del frigorífico.    

“Hasta el momento solo algunos trabajadores que son citados para limpieza o algún remanejo, el 90% de los empleados está afuera con garantía horaria y algunos con vacaciones”, aseguró el gremialista venadense. 

El Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric dará urgencia a un proyecto de ley que busca reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales dentro de los próximos cinco años, una de las promesas de su campaña electoral. 

El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue impulsado entre otros legisladores por la entonces diputada Camila Vallejo, actual ministra portavoz del gobierno, pero su discusión había quedado detenida. 

Ahora, los legisladores revisarán una serie de indicaciones introducidas por el actual gobierno, como la reducción gradual de la jornada y que ésta también alcance a trabajadores de categorías especiales como conductores del transporte público o empleadas domésticas, entre otros. 

“Estas mejoras son medios indispensables para acercarnos a un nuevo Chile, que sea más justo”, dijo Boric el martes al anunciar la reactivación del proyecto en una ceremonia en el palacio presidencial. 

El gobierno progresista promovió diálogos con sindicatos y federaciones de trabajadores junto a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, en momentos que la economía del mayor productor global de cobre se desacelera y enfrenta fuertes presiones inflacionarias tras la rápida recuperación pospandemia. 

Una asociación de grandes empresas junto a algunas agrupaciones sindicales, por ejemplo, plantearon al gobierno a inicios de mes que la reducción de la jornada y el aumento de los costos para las empresas no afecte la productividad, insistiendo en la gradualidad del proceso. 

A mediados de 2021 se había presentado formalmente desde el núcleo duro del kirchnerismo con características similares. La diferencia con Chile recae que en la actualidad la jornada laboral argentina es de 48 horas como máximo, según la ley 11.544. 

El diputado Hugo Yasky, dirigente de la CTA, había propuesto reducirla a 40 como atajo para formalizar miles de empleos. Su par ClaudiaOrmaechea, directiva de la Asociación Bancaria, había planteado, en cambio, llevarla a 36, con el argumento de “bajar el ausentismo y cuidar la salud y el estrés de los trabajadores”. 

Ambas ideas fueron rechazadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien lo había definido como “impensado”. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó este jueves que “hay que ser cuidadosos” en referencia a las propuestas que plantean una reducción de la jornada laboral en el país.

“Si uno quiere resolver esto en cinco minutos, lo más probable es que se generen más problemas de los que se quieren resolver”, opinó en referencia a las propuestas de reducción de la jornada laboral presentadas por el precandidato a diputado nacional Sergio Palazzo, y sectores de izquierda, en el marco de las elecciones legislativas de este año.

“En muchos de los países donde se ha implementado, lo que había era una reducción de la jornada laboral junto con una reducción proporcional del salario”, explicó el ministro, quién consideró que una medida de tal índole en la Argentina es “impensable” al no tener “salarios altos” para que “todos trabajen menos” y evitar, así, problemas de desempleo.

“Sobre todo entre 2018 y 2019 hubo una reducción tremenda del salario, con lo cual, esto que algunos plantean como posible, es impensable”, evaluó Kulfas, quién estimó que, si no se modifica el salario, una reducción “de 8 a 6 horas, equivale a aumentar el salario horario un 33%”.

“Seguramente muchas empresas pueden absorber ese costo pero seguramente muchas pymes no”, sentenció, y remarcó que en un “escenario inflacionario” existe riesgo de que si se “hace de golpe, se traslade ese mayor costo laboral a los precios”, diluyendo así el efecto.

Tras lo cual, Kulfas remarcó que hoy Argentina “produce más en pandemia que con Mauricio Macri”, al expresar que el “sector industrial está produciendo 4% por encima de 2019” y la “inversión aumentó un 14% en el primer trimestre”.

Por otro lado, en cuanto a las medidas implementadas, el funcionario indicó que desde que comenzó la gestión hubo “treinta nuevas líneas de financiamiento de todo tipo”, en el marco de un proceso de inclusión financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).

“Hoy hay financiamiento a tasa cero para monotributistas y a tasas del 20 al 24% para empresas pymes”, puntualizó Kulfas, y nuevamente criticó a la anterior administración: “Al iniciar la gestión prácticamente era imposible que una pyme consiga financiamiento con una tasa arriba del 80%, 90% anual”.

Respecto de la inflación, Kulfas indicó que, luego de atravesar un pico en marzo a causa de la “suba de los precios internacionales” de las commodities, la misma “ha mostrado reducciones” y adelantó que “en los primeros días de agosto” hay una “consolidación de esa reducción”.

“Obviamente son niveles que todavía son altos y no son los que apostamos a obtener”, reconoció el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, y señaló que “las recetas mágicas no existen” al no ser “algo que se arregle fácilmente”.

“Recordemos que Mauricio Macri decía que era el problema mas fácil que tenia para resolver. Fruto de esa banalidad, terminó entregando el país con el doble de la inflación de la que había recibido”, criticó Kulfas.

Haciendo referencia especifica al precio de la carne, Kulfas señaló que el mismo se ha “estabilizado” y que las limitaciones de las exportaciones son para realizar un “ordenamiento de algo que estaba funcionando mal”, al haber “exportadores que no liquidaban divisas” y “problemas de control”.

Asimismo, remarcó que el proyecto del Plan Ganadero pretenderá acabar con un “problema estructural”: “hace cuatro décadas que el sector produce unas 3 millones de toneladas de carne por año” mientras que, al mismo tiempo, la población pasó de “25 a 45 millones”.

Por último, Kulfas se refirió a la crisis que atraviesa la empresa Garbarino y remarcó que el Estado ha hecho “un esfuerzo enorme” con el pago de los salarios de los trabajadores a través de los programas ATP y Repro.

“Esperamos que el empresario (Carlos Rosales) y el grupo que está a cargo, puedan encontrar la solución para sacar la empresa adelante”, finalizó.

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