(Por Gustavo Capeletti) – “Hay momentos y hay circunstancias particulares donde la sensación y la sensibilidad que hay que tener en ese sector obliga a cuidados en todos los frentes”, aseguró este mediodía el gobernador Omar Perotti en relación al pase al costado de Jorge Bortolozzi, el ahora ex secretario de Seguridad de la provincia, removido de su cargo tras conocerse un viaje emprendido a Nicaragua y Panamá.

El primer mandatario provincial formuló estas declaraciones una vez finalizado el acto por los 150 años de la fundación de la ciudad de Reconquista, al que asistió. “Nadie duda de la capacidad ni de la honestidad del funcionario, lo que se ha dado es una situación conocida y que no consideramos que debía darse con continuidad”, agregó.

Perotti sostuvo asimismo que “simplemente esa acción que se ha dado y vuelta de página, hoy con hechos muy fuertes y muy importantes en los operativos en la ciudad de Rosario (en referencia a una veintena de allanamientos que permitieron la detención de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador y ex líder de la banda criminal Los Monos) que es donde estamos poniendo el mayor empeño y donde hay que poner todas las energías”.

Enseguida calificó a la inseguridad como un “problema estructural”, al cual “no lo resolvemos ni se va a resolver de la noche a la mañana. Pero tenemos que ir paso a paso, sin ninguna instancia que nos impida combatir a cada una de las bandas de narcotraficantes, combatir el delito y generar la mayor cantidad de acuerdos para que en ninguno de los pliegues entre los poderes del Estado se generen vínculos con el delito”.

Sobre ese punto, fue categórico: “El Estado tiene que tener una línea divisoria infranqueable que hable en esa línea y ese es el camino”. A continuación, anunció que “vamos a tener en los próximos días y de aquí a mediados de año un fuerte nivel de equipamiento en movilidades, en tecnología desplegadas en todo el territorio de la provincia”.

El titular de la Casa Gris destacó también el fuerte crecimiento de las inversiones en el sistema penitenciario “porque tenemos más de 1.800 detenidos. Escucharán ustedes la preocupación por el número de detenidos en comisarías, es porque no nos han dejado las cárceles con las plazas necesarias, hay que hacerlas, las estamos construyendo. Y sabemos que la comisaría no es el mejor lugar, pero tenemos muy claro que el peor lugar es que sigan a la par del que trabaja, del que desenvuelve sus actividades honestamente, generando una señal de impunidad que no queremos”.

¿Lagna va seguir al frente de Seguridad?, porque se habla de una pelea fuerte con Mirabella en las últimas horas, preguntó El Litoral. “Muchachos, concéntrense en los hechos y no en estas cosas; vean hoy el nivel de operativos que se ha desplegado en la ciudad de Rosario”, respondió el gobernador para despejar toda duda sobre la continuidad del ministro, en el final del contacto con la prensa del norte santafesino.

En una nota publicada ayer en la edición digital de este diario, la periodista de la Sección Política Ivana Fux dio a conocer que Roberto Mirabella, senador nacional y ladero de Omar Perotti, desde hace tiempo “considera que la gestión del ministro de Seguridad está agotada, que se cumplió un ciclo y que es imperiosa una oxigenación a fin de que el costo político para la gestión no sea aún mayor. Lo piensa y sostiene desde hace tiempo, sólo que esa posición quedó expuesta ahora, a partir de publicaciones periodísticas del fin de semana. Ello provocó el enojo y recriminación del ministro que hasta aquí, pese a las sugerencias del entorno, ha recibo siempre la ratificación del gobernador”.

El secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, defendió la decisión de impedir que los agentes policiales que no tengan las dos dosis de vacuna contra Covid presten servicios en la calle, a la vez que consideró que ese universo es proporcionalmente muy menor dentro de la fuerza.

Tal como informó El Litoral este domingo, la Jefatura de Policía de Santa Fe dispuso que los jefes informen el listado del personal no vacunado a las autoridades del Ministerio de Seguridad. Además, se comunicó que estos agentes deberán entregar sus armas a sus superiores y realizar teletrabajo hasta nuevo aviso, lo cual generó inquietud por el efecto que podría tener el retiro de personal de las calles, en momento en que además se registran ausencias por contagios y por licencias anuales.

“El interés de esta medida es la salud pública, y en este caso articular las decisiones con las disposiciones del gobierno provincial. El impacto de la implementación, el universo del que estamos hablando, recién lo podremos saber a partir del 12, cuando se termine el relevamiento. Lo que sí podemos decir es que de unos 800 agentes que no están vacunados, hay unos 200 que ya están en tareas pasivas. Y que hay quienes ya tienen una o dos dosis, por lo cual sólo habría que completar el esquema, y en unos días ya volverían a estar trabajando”, explicó Bortolozzi. Además, puso de relieve que “estamos hablando de 800 personas que podrían estar en esa situación, sobre 23 mil que constituyen la planta total”.

El funcionario admitió que la medida generó cierto malestar (sobre todo por el hecho de que los agentes que no tienen arma no pueden concursar para ascender) y que “va a haber gente que presente recursos”. Pero que más allá de eso, el efecto “va a ser positivo”.

“Este último fin de semana se vacunaron muchos agentes, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Y es importante, porque la mayoría de la gente está en la calle en contacto directo con la población”, añadió.

“Creo que es algo que se puede resolver fácilmente, y con esto lograr que la gente que tenga contacto con el policía esté segura. Y el policía que tiene dos o tres dosis también esté más protegido”, agregó, aludiendo a una cuestión que genera rispideces entre los propios uniformados, al tener que compartir espacios con colegas que no están inoculados.

Bortolozzi insistió en que “no queremos minimizarlo, pero estimamos que esto no va a generar problemas graves de funcionamiento”. Pero que, en cualquier caso, el miércoles 12 es la fecha en la que se contará con los datos definitivos.

(Por Ivana Fux) – Jorge Bortolozzi avaló el pase del Servicio Penitenciario, nuevamente, a la esfera del Ministerio de Seguridad. Y para explicar por qué hace dos años esta misma gestión quitaba de ese ámbito al sistema carcelario, dijo que “a veces hay procesos, que implican prueba y error”. “Estoy totalmente de acuerdo y apoyo la decisión de este traspaso”, dijo el funcionario ante la consulta de El Litoral.

Bortolozzi llegó a la gestión de Omar Perotti en febrero de este año para reemplazar a Héctor Acuña como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Ya había estado como director del servicio durante la segunda gestión de Jorge Obeid, y tras haberse desempeñado en ese mismo mandato como interventor de la cárcel de Coronda. Volvió a la función pública este año y el martes último, promovido por el gobernador, asumió como nuevo secretario de Seguridad Pública de la provincia. Será el segundo de Jorge Lagna, y reemplazará a Germán Montenegro, uno de los hombres de confianza de Marcelo Sain.

Una de las “novedades” con las que debuta el nuevo gabinete de Seguridad es que el Servicio Penitenciario volverá al ámbito de ese ministerio. La paradoja es que cuando asumió Perotti hace dos años, había sido él quien dispuso sacarlo de Seguridad para que dependiese del Ministerio de Gobierno. Consultado por El Litoral, Bortolozzi habló de ese “volver sobre los propios pasos”, y sobre la expectativa ante esta nueva etapa de la gestión.

– ¿Cuál cree que puede ser su aporte en materia de seguridad, teniendo en cuenta su desempeño en el ámbito penitenciario?

– Estoy totalmente de acuerdo y apoyo el pase del Servicio Penitenciario a la esfera del Ministerio de Seguridad. El momento es muy particular; muy diferente al que me tocó vivir años atrás cuando estuve al frente del Servicio. Y la idea que tienen tanto el ministro como el gobernador, entendemos que representa la mejor herramienta para controlar, prevenir e investigar al crimen organizado. Hoy tenemos un fenómeno nuevo que es la narcocriminalidad que tiene capacidad económica, de contactos y tecnología para penetrar en diferentes sectores. Nosotros lamentablemente por momentos vamos muy detrás de los acontecimientos. Esta decisión (de cambiar de esfera al Servicio Penitenciario) me parece que va a colocar a los diferentes organismos en un pie de igualdad. Y con el apoyo de infraestructura, tecnología y fundamentalmente capacitación más mucho trabajo, vamos a estar controlando como la sociedad nos pide. La función del servicio penitenciario es custodia y guardia del interno. Y algo tan simple se puede convertir en un dolor de cabeza; por ello creo que este abordaje en conjunto es la solución que hoy necesitamos.

– El Servicio Penitenciario dependía del Ministerio de Seguridad y fue esta gestión la que decidió pasarlo al ministerio de Gobierno. ¿Hubo un mal diagnóstico en aquel momento para que ahora se vuelva sobre esos mismos pasos?

– No lo puedo responder porque yo no estaba en aquel momento, pero sí puedo decir que la narcocriminalidad avanza a pasos agigantados. Esta es una realidad. Yo me fui en 2007 con dos mil internos; hoy hay 7300. Ahora, hablamos de presos de alto perfil, que en febrero eran 22 definidos, clasificados y alojados como tales. Hoy ya son 37 más 8 de Coronda, más dos pabellones completos. La idea es tener módulos separados para ellos. Este fenómeno y este abordaje que no lo tiene el sistema federal es casi patentado por nosotros; y creemos que es la única herramienta. Las cosas a veces no se dan porque sí; merecen todo un proceso de prueba y error. Y desde que me hice cargo del Servicio en febrero a la fecha, constituimos una mesa interministerial donde toda la información se iba volcando semanalmente. Con ello evitamos muchas cosas, otras no las pudimos evitar y son públicas y notorias; y otras preferimos no contarlas pero han surgido a partir de un trabajo de información, de vinculaciones y de mucho esfuerzo y sagacidad de la fuerza que está preparada para ello. Y hemos verificado que éste es el camino. Por eso decimos que esta realidad nos está obligando a que volvamos al Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, confirmó que serán analizados y reformulados los tres proyectos de ley que redactara y enviara a la Legislatura el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Consultado por El Litoral, Lagna dijo que los mensajes perdieron estado parlamentario, y adelantó que serán revisados antes de reingresarlos nuevamente a las cámaras.

“Estaremos ingresando en los próximos meses un proyecto de ley de seguridad privada pero no será parte del temario de extraordinarias. Y vamos a hacer un rediseño de las leyes que perdieron estado parlamentario. Por respeto a mi nuevo equipo de colaboradores, quiero que ellos opinen sobre aspectos puntuales que podríamos modificar o no de esas normas que hemos compartido (yo fui secretario de la gestión anterior); creo que hay que hacerles cambios . Y hay una quinta ley que es la de videovigilancia que hay que aggiornarla porque la tecnología avanzó muchísimo. Hoy no estamos usando las imágenes que provienen de particulares o de municipios para la seguridad pública. Vamos a estar en ese proceso. Aprovecharemos estos meses para toda esta revisión y veremos si entre todos, sacamos las mejores leyes”, planteó.

Días atrás, y consultado por El Litoral sobre la decisión de la gestión de dejar en stand by las leyes impulsadas por ex ministro, Marcelo Sain negaba que la situación implicase una derrota para él en términos personales. “El que pierde es el gobierno, que tenía un plan estratégico de reforma de algo que es absolutamente insostenible. Pierde el gobierno, pierde Corach (ministro de Gestión) y pierde Perotti; no pierdo yo”, advirtió.

Por Ivana Fux El Litoral Una auditoría interna y un sumario impulsado por la Dirección de Asuntos Internos intentan clarificar el uso de 60 millones de pesos en el Servicio Penitenciario de la provincia. Se trata de fondos que fueron girados por el Poder Ejecutivo al sistema carcelario, para la adquisición de insumos y la contratación de personal, en el marco de la pandemia. El dato fue revelado durante la reunión que mantuvieron este lunes funcionarios de la repartición y diputados provinciales, a propósito de la fuga en la cárcel del Piñero. “Pero no es una faltante – aclaró más tarde y ante una consulta de El Litoral, el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi-. Es una situación que a priori se presenta como con desprolijidades, y donde se pretende determinar si eventualmente se cometieron irregularidades”, planteó. Se trata de cuatro partidas que comenzaron a ser giradas a principios del año pasado. La primera se remitió el 16 de marzo, la segunda el 17 de abril, la tercera el 7 de agosto y la cuarta, el 10 de setiembre. Cada una, por quince millones de pesos.

Los hechos Apenas unos meses después de que se recibiese la última partida, se produjo un recambio de autoridades en el Servicio. Así, en febrero de este año, fue desplazado Héctor Acuña como director y asumió Bortolozzi en su reemplazo. A poco de iniciada su gestión, el flamante funcionario se topó con una observación del Tribunal de Cuentas de la provincia advirtiendo sobre la falta de rendición de los recursos que se habían girado con la primera cuota, el 16 de marzo. El nuevo director ordenó, entonces, una auditoría interna sobre los cuatro envíos, y el correspondiente sumario de parte de Asuntos Internos. “Lo que detectamos cuando se inició nuestra gestión (a prácticamente un año de que se realizase el primer envío), es que esos fondos no estaban rendidos – dijo Bortolozzi-. Por eso decidimos iniciar una investigación interna para poder hacer la rendición correspondiente, pero además, para determinar cómo fue usado ese dinero; se realizó un peritaje de la facturación, se tomó declaración a las personas que intervinieron en el proceso de compra de insumos o de contratación de profesionales médicos, se hicieron inspecciones oculares… Se sabe en qué se usó el dinero, pero lo que queremos saber es si fue bien usado; si se pagaron los precios más convenientes y justos, si se buscaron más de una oferta… Nos encontramos con un montón de facturas sueltas”, mencionó el funcionario para graficar la “desprolijidad”.

Responsabilidades Bortolozzi admitió que las desprolijidades que se investigan pueden derivar en “irregularidades”, en cuyo caso se deberán determinar las eventuales responsabilidades. “Queremos aclarar la situación y determinar la calidad del gasto para despejar las dudas y posibles errores, y también para deslindar responsabilidades. Pero no se trata de una faltante de dinero”, insistió. Y acotó que las investigaciones internas continuarán para verificar si se cometieron faltas o delitos, y si correspondiese, la eventual aplicación de sanciones a los responsables. Según comentó, ya se terminaron de auditar y sumariar el primer y segundo envío de dinero; resta determinar qué sucedió con la tercera y cuarta cuota. “Los hechos son investigados y de surgir irregularidades, se imputará a quien corresponda como responsable”, concluyó.

El ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, junto a otros funcionarios provinciales, brindó una conferencia de prensa sobre la fuga de ocho presos de la cárcel de Piñero. Sobre los problemas de inseguridad, el ministro aseguró: “Es una bola de nieve que se viene agravando con el transcurso del tiempo. Estamos trabajando para revertir esta situación. No es un tema en el cual podamos hacernos los distraídos. Tenemos que trabajar todos juntos”.

En tanto, Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, afirmó: “Esto no nos va a llevar para atrás. Esto nos va a impulsar para adelante. Piñero va a tener un centro de monitoreo modelo en el país porque así debe ser”. “No puede ser que la cárcel de Piñero tenga las deficiencias estructurales que ha tenido y no se podido corregir en los últimos años”. Las autoridades expresaron que se construirá un muro perimetral de cemento para evitar este tipo de incidentes.

Gálvez dijo también que hay una población excesiva en ese penal del sur provincial. Con capacidad para 1.400 internos, hay en la actualidad 2.100. Aseguró que van a ser inflexibles con los delincuentes y que no van a negociar a la hora de la búsqueda y recaptura.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Jorge Bortolozzi, señaló: “Hemos visto aquí el grado de osadía, la capacidad militar de estos delincuentes. Son personas mayores como el que cayó muerto finalmente. Con coraje mal usado y capacidad militar”. Dijo también que la cárcel de Coronda también está excedida en población. Con capacidad para 1.050 presos, alberga en la actualidad a 1.750 hombres.