El discurso de Rafael Gutiérrez en la apertura del año judicial asumió en la última semana un carácter fuertemente significativo, poniendo en escena un punto de inflexión en el marco de un cambio mucho más profundo de lo que permiten apreciar los chisporroteos de la coyuntura, pero que a la vez se asienta en una asentada tradición y enfrenta desafíos inmediatos.

La renovación casi por completo de la Corte Suprema de Justicia de por sí supone un momento de estruendo político e institucional, y decididamente de carácter histórico. Después de casi 20 años sin ningún movimiento en la integración del Alto Tribunal, en una misma gestión se eligieron a seis nuevos ministros, de los siete que ahora son.

El proceso avanzó al amparo de un nuevo texto constitucional, que ahora especifica la edad jubilatoria de los magistrados y que fuera uno de los puntos que jalonó la refriega previa al anuncio del apartamiento de los actuales integrantes, que por momentos escaló la virulencia y amenazó con constituir un verdadero conflicto entre poderes, pero que finalmente se zanjó cuanto menos en términos corteses.

Mientras nuevas discusiones se abrieron en torno a las asunciones pendientes (no vinculadas a la persona de los elegidos, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, pero sí a cuestiones como la temporaneidad de la aprobación de sus pliegos y a cuestiones que también reclama la Constitución, como la paridad de género), la Corte ya inició su transición con los tres primeros ingresos.

Así, tras el alejamiento de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se sumaron al cuerpo el ex fiscal general Jorge Baclini, la académica Margarita Zabalza y el ex fiscal de Estado (y relator de la propia Corte) Rubén Weder, junto a Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler (que dejarán el Tribunal este año) y Daniel Erbetta, el único ministro de la anterior composición que permanecerá.

La reconfiguración es aún más profunda de lo que más presencia tuvo en la vidriera pública y mediática. Y es que, si bien sumó un ministro, la Corte tendrá un integrante menos, que no ostentaba ese carácter: el Procurador General, actualmente Jorge Barraguirre, ya no formará parte del elenco.

En otro plano, el retiro del secretario general Eduardo Bordas implicará más que el relevo de un cargo técnico, y supondrá una nueva organización de atribuciones y responsabilidades. La concentración de ellas que caracterizó la gestión del estratégico funcionario no se repetirá en quien vaya a reemplazarlo, sino que se distribuirá en áreas a cargo de los distintos ministros.

Sin abundar en pormenorizaciones de las modificaciones impuestas por la manda constitucional, otro cambio que asume la condición de hito institucional es la flamante categoría de órgano extrapoder asignada al Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, creados en oportunidad de la puesta en marcha de la reforma procesal penal.

La nueva condición, expresamente reclamada por quienes los encabezan, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, como lo fuera por sus antecesores en el cargo (entre ellos el propio ministro Baclini) tuvo como efecto secundario y colateral una polémica inesperada, vinculada a la ocupación de un espacio en el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe.

Inopinadamente, el debate se remitió también en un punto a una discusión mucho más antigua, que fue la postura discordante que asumieron los entonces ministros de la Corte Suprema al respecto de la propia reforma procesal penal, tanto como a la naturaleza de los órganos que la encarnan y a las cuestiones presupuestarias y administrativas vinculadas a ello. Otro conflicto que zanjó la actual Constitución, pero parece estar lejos de haber quedado en el olvido.

En cuanto al discurso en sí (una práctica que no es novedosa por sí misma, ya que es la décimo cuarta vez que lo pronuncia, pero sí por el contexto), fue una ocasión ineludible para ejercitar el análisis del discurso. Del verbal y del no verbal; porque no solo cada palabra (pronunciada u omitida) estaba cargada de potencialidad polémica, y en esos términos fue medida, sino que el desfile de gestos y actitudes estuvo sujeto al mismo escrutinio.

Quizá por eso primó la mesura táctica. La alocución de Gutiérrez no incursionó en ningún momento en el terreno del conflicto, al menos en el tono. En el contenido, el trípode "austeridad-eficiencia-eficacia" atravesó desde la primera mayúscula al último punto, se desglosó en un prolijo inventario y se apoyó en una sólida base conceptual, conformada por la defensa de la independencia del Poder Judicial, su rol de gobierno y la necesidad del diálogo, que echó en falta como signo de actualidad.

Una respuesta no altisonante, pero que sí buscó ser categórica, al montado por el gobernador Maximiliano Pullaro para sustentar la necesidad de reformar al Poder Judicial, por considerarlo "caro, ineficiente, que no da respuestas".

Números en mano, la produjo frente al propio mandatario, que no esquivó el compromiso institucional, y compartió con los ministros el escenario y no pocos momentos de camaradería. Tampoco incurrió en ninguna gesticulación que pudiera haber contaminado ese ambiente.

En las omisiones del discurso de Gutiérrez se cuenta su propia renuncia (a la que aludió sin tapujos en declaraciones periodísticas posteriores, del mismo modo que al conflicto por el edificio) y el mismo proceso de renovación. Antes bien, campeó una mirada de continuidad, sin fecha de fenecimiento: "Mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige", dejó sentado.

Gutiérrez, que no esquiva la posibilidad de una candidatura política el año que viene, tendrá a su cargo conducir así este último tramo de transición en la conformación de la Corte, dando continuidad a programas y pautas en curso, y a la vez asistiendo a una renovación que va más allá de las personas.

En esa agenda está también no solo la readecuación del funcionamiento del Tribunal, sino también la cobertura de vacantes, largamente postergada pero ya en plena ejecución, la reformulación del mapa judicial, que ya tuvo un capítulo con el rediseño de órganos jurisdiccionales, y el envío a la Legislatura de iniciativas propias. Todo encuadrado en un vínculo que respeta la independencia de poderes, pero confía en la colaboración.

El conflicto, no obstante, sigue estando presente en los desafíos pendientes. Desde la disputa por la jurisdicción en los casos de narcomenudeo, hasta la constitucionalidad de la reforma previsional, que tuvo otra puja por colectora en la recusación del Ejecutivo a cuatro miembros del Tribunal, y que fuera rechazada por el pleno de los miembros.

Todos ellos desafíos que jalonan el último período de la Corte con su actual composición, y que inevitablemente se transmitirán a la próxima, alumbrada por el acuerdo político y la vocación de renovación, aunque también interpelada por la necesidad de reestructurar su funcionamiento y estar a la altura de las altas expectativas depositadas en ella.

Mientras tanto, la Provincia atraviesa un punto de inflexión institucional cuya dimensión no puede quedar opacada por intereses inmediatos, que requerirá un compromiso de toda la estructura de poder y también perspectiva histórica para ser juzgado. Pero que, sin esquivar la contradicción y el debate, se desenvuelve sorteando el trauma y la agresión. Un valor que hace honor a la tradición santafesina, y la recorta con brillo y nitidez en el panorama nacional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezará el jueves 12 de marzo el acto de apertura del año judicial 2026.

La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Actos del Alto Tribunal en la ciudad capital y será oportunidad para el tradicional discurso de balance y proyecciones del desenvolvimiento del Poder Judicial de la Provincia, así como también para los planteos a los otros poderes del estado y la toma de posición sobre cuestiones vinculadas.

Pero este año a la habitual expectación se suma la fuerte carga que supone el punto de inflexión política e institucional que atraviesa la propia Corte, incursa en un proceso de renovación prácticamente completa.

Esto fue al cabo de un proceso de pujas y tensiones jalonado de fuertes declaraciones e incluso advertencias de relevos por decreto (basados en la edad de los ministros), pero finalmente encauzado.

Tanto es así que el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el aporte de los ministros salientes, más allá de reiterar la necesidad de actualizar la composición. El mandatario celebró el pase a retiro en redes sociales y habló del inicio de “la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución”.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

En consecuencia, éste no solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente (cargo que ocupa por décimo cuarta vez), sino como integrante de la propia Corte, luego de la renuncia que tiene previsto efectivizar el 1 de noviembre, según anticipó a El Litoral y comunicó al gobernador de la provincia, aunque todavía no formalizó.

Erbetta continuará como ministro, mientras que Spuler, Falistocco y Gutiérrez se retiran este año. Guillermo Di Salvatore

Para entonces, se espera que este mismo jueves haya votado como nuevos integrantes del Tribunal a Jorgelina Genghini, Diego Maciel y Aldo Alurralde, en relevo de Gutiérrez, Roberto Falistocco (que también anunció su retiro a partir de noviembre) y de Eduardo Spuler, que sí presentó la renuncia y se irá el 1 de septiembre.

La composición del cuerpo se completa con Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder (que asumieron en 2025 en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, y en el nuevo cargo creado por ley) y con Daniel Erbetta, el único ministro de la integración anterior que tendrá continuidad.

El año pasado, y en medio de la pulseada con el Ejecutivo, le tocó a Falistocco saludar a los nuevos ministros, en el discurso de apertura del año judicial realizado en Rosario.

Allí también instó al trabajo conjunto entre los poderes del Estado, preservando la independencia, pero también la unidad. Y, sobre todo, el diálogo. Además, repasó el desenvolvimiento del Poder Judicial durante los últimos años, para mostrar su compromiso con la mejora y eficiencia del servicio.

En este caso, Gutiérrez podrá anunciar la terminación para este año de las obras de ampliación de los Tribunales en la ciudad de Santa Fe, que también podrá inaugurar como presidente.

Y además, como es tradicional, repasar los procesos concretados o en marcha, por ejemplo en lo que atañe a la modernización e informatización, como así también los aspectos vinculados a la cobertura de vacantes y a la puesta en marcha del juicio por jurados, entre otros temas.

Apertura del año judicial en Rosario en 2025. Archivo El Litoral.

Como parte del trasfondo opera también otra definición pendiente por parte del Alto Tribunal, como es la constitucionalidad de la emergencia previsional en la provincia; expediente en el que Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder fueron recusados por el gobierno, pero sostenidos por el pleno de los ministros.

Zabalza, Erbetta, Spuler, Falistocco, Gutiérrez, Baclini y Weder, actuales ministros de la Corte santafesina. Guillermo Di Salvatore

Como es habitual, se espera que participe del acto el gobernador de la provincia, junto a autoridades legislativas, judiciales, de la sociedad civil y de distintas jurisdicciones.

Se desarrollará a partir de las 11.30 y será transmitido a través del canal de You Tube del Poder Judicial de Santa Fe.

La protesta policial que mantuvo en vilo al gobierno de la provincia de Santa Fe durante casi una semana no pasó desapercibida para los demás poderes del estado. Ante la consulta de El Litoral, Maximiliano Pullaro negó que el conflicto haya resentido su relación con los uniformados; y en el mismo sentido – también ante la inquietud de este diario-, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, descartó que se haya quebrado la cadena de mando. Sin embargo, el episodio dejó el desafió de reconstruir vínculos internos, y abre interrogantes a futuro.

El levantamiento logró disuadirse con el anuncio de una recomposición salarial para el sector, pero hasta que se llegó a ese punto de acuerdo, la preocupación en términos instituciones y de seguridad pública trascendió al Ejecutivo y escaló a los demás poderes del estado.

Pablo Cococcioni. Foto: Flavio Raina.

Consultado por El Litoral, Jorge Baclini, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, confesó que los hechos también pusieron “en alerta” al Poder Judicial. “Vivimos lo sucedido con bastante tensión; fue una situación de alerta aunque con la expectativa de que todo se pudiese resolver a la brevedad. Pero fue una situación de mucha alerta”, insistió.

Jorge Baclini. Foto: Flavio Raina

Desde el Poder Legislativo, los ecos se escucharon tanto desde el oficialismo como desde la oposición. El diputado justicialista Marcos Corach, por ejemplo, habló también de la “preocupación” que generó el levantamiento y reprochó la falta de autocrítica.

Desde el oficialismo, la diputada socialista Lionella Cattalini, opinó al respecto. “Vivimos lo de la semana pasada con preocupación, por supuesto, como la mayoría de los ciudadanos porque entendemos que la seguridad es una carga pública, y que las personas que están destinadas a cuidarnos, tienen una responsabilidad que es mucho mayor a la de cualquier funcionario estatal; ellos portan un arma y por eso tienen una mayor responsabilidad”, enfatizó.

La legisladora fue enérgica en su planteo aunque aclaró que comprende el reclamo de las fuerzas. “Es un reclamo justo y por eso, entendemos que el gobernador tomó nota de eso y anunció las medidas consecuentes para mejorar los salarios de los uniformados”, sostuvo.

Lionella Cattalini.

Y deslizó que aguarda la misma actitud del Poder Ejecutivo, en el marco de las discusiones paritarias con los demás gremios estatales. “Esperamos que lo mismo suceda con las paritarias de los estatales porque creemos que es momento de recomponer salarios”, planteó.

-¿Qué sucederá, si los demás gremios estatales y docentes reclaman la misma mejora que recibió el sector policial, por ejemplo, un salario inicial de 1.350.000 pesos?

- Bueno, para eso son las paritarias. Entendemos que esta semana se reanudarán las reuniones y ojalá que encontremos un punto de acuerdo porque compartimos la política del gobernador de que haya 185 días de clases. (Pero) entendemos que hay que acompañar a los docentes en ese sentido.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia recibió este martes a funcionarios del Poder Ejecutivo. Fue el primer encuentro con representantes de la Casa Gris, desde que el máximo tribunal estrena nueva composición.

En rigor, fueron dos las instancias de los encuentros. En primer término, los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; y de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, ratificaron ante el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, la denuncia contra el juez penal Mauricio Martelossi. Se trata del magistrado de la ciudad de Reconquista que liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez. El escrito de la denuncia había sido presentado la semana pasada, pero debía ser ratificado por sus patrocinantes. El trámite se terminó de cumplir este martes.

Tras ello, también Coccocioni, pero en este caso junto al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, fueron recibidos por la Corte. Bastía no participó de la conversación.

El cónclave estaba previsto inicialmente para la semana pasada, tras la asunción de Rubén Weder como nuevo integrante del máximo tribunal, pero se suspendió por cuestiones de agenda. Finalmente se realizó este martes. Asistieron todos los ministros de la Corte, excepto Daniel Erbetta -por razones de salud-, y se extendió entre 30 y 40 minutos.

Se trató del primer encuentro cara a cara, formal y oficial, entre referentes de la Casa Gris y una Corte que por primera vez en la historia ostenta el número de siete miembros, y en la que "debutaban" tres de sus integrantes: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Weder. Tienen orígenes político-partidario diferentes y todos fueron producto de los acuerdos que entabló el Poder Ejecutivo con distintos sectores para cubrir las vacantes que se habían producido, en el proceso de renovación que encaró la actual gestión para la Corte.

Rubén Weder es el flamante séptimo integrante del tribunal. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Sin embargo, en el encuentro de este martes, sin fisuras, el máximo tribunal insistió en la necesidad de cubrir, al menos de manera progresiva, las vacantes – más de noventa- existentes en diferentes juzgados de la provincia. La "prioridad" de cada uno de esos espacios sigue siendo el eje de discusión; lo fue meses atrás, cuando la disputa sobre el intercambio de información respecto de qué juzgados eran indispensables generó uno de los momentos más tensos en la relación Ejecutivo – Corte Suprema, y volvió a serlo en la reunión del martes.

Sobre el particular, hay criterios disímiles entre gobierno y justicia; el primero entiende que sólo deben ser cubiertos aquellos juzgados que verdaderamente sean necesarios. La Corte, en tanto, considera que si hay juzgados que no pueden ser considerados esenciales, entonces, directamente deben ser dados de baja. Y le recuerda en ese punto de la discusión al poder político, que la creación de juzgados no es una responsabilidad de la justicia, sino de la Legislatura que los debe crear -y así lo hizo- por ley. Si hay juzgados que deben cerrar, ello debe establecerse a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Corte acepta, en todo caso, que sí hay diferentes niveles de "urgencia" en los juzgados que deben ser cubiertos, pero que si existen, todos deben ser concursados en algún momento.

La manera de arribar a un punto medio para zanjar -al menos circunstancialmente- la discusión fue la decisión de constituir una suerte de mesa conjunta para definir en ese ámbito qué juzgados vacantes que aún no cuentan con un concurso iniciado deben ser considerados "prioritarios"; o qué niveles de prioridad existen.

La reunión de este martes, como se dijo, se dio ante una Corte parcialmente renovada, fruto del proceso que encaró la gestión del actual gobernador. Pero como lo sostuvo en reiteradas ocasiones el propio Maximiliano Pullaro, se trató sólo de una primer etapa.

El máximo tribunal santafesino por primera vez funciona con siete miembros.

El Poder Ejecutivo insiste en que siguen en sus cargos tres ministros -Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler- que traspasan el límite de los 75 años de edad fijado por ley, que deben dar un paso al costado. Se apunta, de todos modos, a un mandato más moral que jurídico, puesto que la norma fue sancionada el año pasado y no podría ser retroactiva. El gobernador apeló a un retiro amigable y voluntario; de lo contrario, avisó que tiene "las herramientas constitucionales" y que no le "faltará autoridad" para establecer el cese de los magistrados, por ejemplo, por decreto.

En las últimas horas, y ya con el resultado electoral del domingo consumado, volvieron a acrecentarse las versiones sobre la decisión de uno de los magistrados aludidos de acelerar su salida. Para ello, ya se habrían entablado contactos con el propio Poder Ejecutivo.

Un dictamen del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, plantea la "admisibilidad" del recurso de inconstitucionalidad que había presentado la provincia, después de que en primera y segunda instancia, la justicia laboral rosarina hiciese lugar a un amparo presentado por ex magistrados contra la reforma previsional sancionada recientemente.

El pronunciamiento fue en el marco del caso Barbero, que aglutina a 18 ex jueces de Santa Fe. Barraguirre objetó tanto la vía del amparo como los fundamentos escogidos para argumentarlo.

Planteó que "la evaluación de los requisitos inherentes al amparo fue efectuada con cierto apresuramiento", y advirtió que "los magistrados (intervinientes) eludieron considerar por qué excepcional razón" los amparistas no interpusieron un recurso contencioso administrativo.

La nueva composición de la Corte santafesina.

"El amparo no es una vía alternativa para que el interesado ejercite sus derechos, sino que es imprescindible que sea el único medio para evitar que los mismos se tornen ilusorios y ello sólo ocurrirá, si se encuentra imposibilitado de transitar, en el caso, la vía contencioso administrativa", sostuvo el Procurador.

Entre los puntos de la ley que los amparistas objetan se encuentran el descuento transitorio de haberes (aporte solidario) que se mantendrá mientras se extienda le emergencia previsional, y el tope a las remuneraciones del sector.

Respecto de esto último, Barraguirre consideró que la demanda de los ex magistrados carece "hasta de un cálculo aproximado" para determinar si dicho tope "configura un daño grave o irreparable".

Pero los demandantes "no sólo no lo estimaron, sino que no efectuaron tampoco una proyección que refleje, por ejemplo, los aumentos periódicos otorgados o a otorgar por la Caja y las variaciones de la base considerada, lo que permitiría analizar la existencia y extensión de lo alegado", planteó.

Por otra parte, respecto del "aporte solidario" que también se objeta, Barraguirre consideró demasiado "genérica" la argumentación esgrimida, y sostuvo que el descuento "no exhibe la envergadura y la intensidad que la vía excepcional exige.

El descuento establecido en función del aporte solidario asciende, como máximo, al 6% sobre el beneficio (…) y ello no puede considerarse de entidad tal que justifique la vía excepcional".

"Tampoco hay prueba que acredite que la disminución del 6% de los beneficios de los actores, que oscilaron en septiembre último entre 7.925.332 y $11.949975 pesos, tenga real y grave incidencia sobre el nivel de vida de ellos y el de sus familias", dijo.

En paralelo, reparó en que "ningún interviniente aportó razones o pruebas sobre la relevancia del monto detraído como aporte especial. Y ello resulta indefectiblemente relevante dado que si el daño existe, no es grave e irreparable, debe acudirse a las vías ordinarias para su tutela".

"Esa inoperancia -sostiene- no puede ser invocada con la excusa del sostén económico y la calidad de vida de las partes demandantes cuando, conforme se destacó, la detracción no tiene ni real ni significativa incidencia en el beneficio percibido. La exigüidad de la afectación, al contrario de la pretensión, es prueba más que evidente de la injustificada y forzada utilización de la vía excepcional".

El ingreso a los tribunales santafesinos. Foto: Luis Cetraro.

En otro tramo de su dictamen, Barraguirre se sorprendió ante la actitud de los amparistas y jueces intervinientes en el proceso al omitir los artículos de la Constitución de Santa Fe (5, 8 y 88) que convalidan el descuento de haberes como el que se cuestiona.

"Estos olvidos, esta falta de cargarlos en el otro platillo de la balanza, modestamente, son los que conspiran contra la debida ponderación y equilibrio que el fallo tenía que exhibir para hacerlo, argumentativa y discursivamente, tolerable", plantea.

En esa línea, mencionó la elusión del tercer párrafo del artículo 88, que permite "disminuir las remuneraciones de la magistratura y el funcionariado judicial activo, cuando se disponga por leyes generales que cumplan dos condiciones acumulativas: que sean transitorias y que se extiendan a todos los Poderes del Estado".

Sobre la base de los citados argumentos, Barraguirre sostuvo que "no parece que la ley se aparte de manera arbitraria y caprichosa de las reglas constitucionales". "Las partes actoras - sostuvo- están bajo situaciones diferentes. No todos aportaron lo mismo, nominalmente ni la misma cantidad de años. La acción para discutir esto, entonces, sería una típica acción por exceso o desvío de poder".

Finalmente, Barraguirre defendió el accionar de la Legislatura, "dándole peso a los derechos de las partes accionantes pero sin dejar de contemplar el peso que tienen las aspiraciones y derechos de membresía de los otros conciudadanos. Si el balance fue roto, es una cuestión que exige otro tipo de disputa", concluyó.

Tras el pronunciamiento del Procurador, es ahora la Corte quien debe expedirse. Será uno de los primeros temas resonantes sobre lo que resolverá el máximo tribunal, tras la incorporación de dos nuevos miembros: Margarita Zabalza y Jorge Baclini.

Gabriel Somaglia fue secretario de Justicia durante las gestiones justicialistas de Jorge Obeid y de Omar Perotti, pero también fue fiscal municipal en la ciudad de Santa Fe.

Hoy, de nuevo en su estudio jurídico y docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL habló con El Litoral sobre las reformas judiciales realizadas y las que están en marcha pero también sobre temas que hacen a la futura reforma constitucional.

- En primer lugar, el hecho que el Ejecutivo cuente con mayoría propia en el Legislativo facilita la articulación y producción de políticas legislativas de transformación, especialmente aquellas que afectan al Poder Judicial.

A mi juicio, son destacables aquellas leyes para otorgar mayor competencia y atribuciones al fiscal general del MPA, que permite a su titular no solo ejercer con más eficacia su poder, sino asumir mayores responsabilidades.

También la adhesión a la ley de narcomenudeo, la llamada ley de Inteligencia, la absorción del Registro Público de Comercio por Inspección General de Personas Jurídicas, la unipersonalización de algunos tribunales civiles de familia y daños, como así la llamada reforma judicial, que más que una reforma propiamente dicha, hizo hincapié en la edad de jubilación de los miembros del máximo tribunal.

Independiente de algunas críticas que podrían hacerse a esas normas, y más allá que muchas de ellas habían sido abordadas y luego truncadas en la gestión del gobierno anterior, las leyes sancionadas abonan un plan claro del Ejecutivo, que vio campo fértil en el legislativo.

Obteniendo así, sanciones inmediatas a consecuencia de una oposición atomizada, en especial del justicialismo, que no alcanza a ejercer, menos aún liderar, un contrapeso unívoco y eficaz en la política legislativa, y de una marcada distancia con el Poder Judicial.-

A éste Ejecutivo le quedan desafíos por abordar en el quehacer judicial. Por ejemplo proyectar una gran reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial; un nuevo Código Procesal Civil y Comercial; un Código de Defensa a los Consumidores.

Para ello, podrían aprovecharse los proyectos dejados en la gestión anterior, y poner mucho empeño en reglamentar las nuevas funciones de la IGPJ, en especial por los recursos humanos especializados que demandará el vínculo de dicha oficina con el quehacer empresario.

Sumo un debate que deberá abrirse acerca de un fuero electoral. Finalmente, las diferencias habidas en 2024 entre las cabezas de los Poderes Ejecutivo y Judicial no han sido institucionalmente satisfactorias, ambas han jugado sus roles, se han mantenido firmes en sus convicciones, viviéndose momentos de gravedad institucional.

En 2025 habrá que tender nuevos puentes que unan los extremos y el arco político no puede ser un mero espectador, ni portar la camiseta de su equipo preferido, sino ayudar a coser lo descosido.

- No conozco a la doctora Margarita Zabalza, sólo por referencias. En cambio a Jorge Baclini y a Rubén Weder los conozco mucho y desde hace tiempo. Son hombres con experiencia, probos e idóneos para ocupar una silla en la Corte.

Con ambos mantengo una gran relación. Al primero lo conocí hace 20 años cuando concursó y accedió a la magistratura e integraba el Colegio de Magistrados, supimos sostener la relación y ya en 2019 siendo él Fiscal General del MPA el vínculo fue, por momentos más tenso, pero siempre nos condujimos con respeto.

En cambió el vínculo con Weder se remonta a 40 años atrás cuando ambos trabajábamos y estudiábamos derecho acunando nuestros primeros hijos, luego el afecto por el derecho nos supo unir para concluir tiempo atrás compartiendo el gabinete de Perotti, sería un orgullo que su propuesta sea acogida.

- No soy afecto a los órganos extrapoder. En el caso de los ministerios públicos, deberían continuar ubicados en la esfera del Poder Judicial porque sus funciones resultan inherentes al quehacer de dicho poder, pero más allá de su autonomía funcional debería ser dotado de autonomía financiera en modo autárquico.

El Consejo de la Magistratura debería continuar en el ámbito del Ejecutivo. A su integración actual habría que sumar no sólo algún miembro del legislativo, sino además, un miembro de la Corte.

Las funciones deberían ser ad honoren, por plazos determinados, pero que de ninguna manera pueda tener injerencia en la economía del Poder Judicial. Su competencia debe limitarse a los procesos de selección y la terna que de él surja sea vinculante para el Ejecutivo.

No creo que deba contar con potestades sancionatorias o de enjuiciamiento, para esto deberá regularse en un nuevo tribunal o jurys de enjuiciamiento, no sólo para jueces, sino también para fiscales y defensores, abandonando el actual régimen de punición.

- La discusión es de vieja data. El 123 de la Constitución Nacional dice cada provincia dicta su propia Constitución asegurando la autonomía municipal reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Tanto la Corte provincial como el ámbito político técnico han expresado sobre diversos grados de autonomía de los municipios.

Por ejemplo, en lo político, al poder elegirse sus autoridades con base democrática; en lo administrativo con su propia estructura de gobierno y de servicios públicos; en la autonomía económica y financiera traducida en la potestad de recaudar e invertir fondos para cometidos esenciales.

Y todo ello compete a las provincias determinar el contenido político y la extensión de la autonomía, sea vía reforma constitucional o legislación local.

En Santa Fe, la autonomía es semi plena, se carece de autonomía institucional o plena, o autonormatividad constituyente, como dice Rosatti. Hoy los municipios no pueden dictar sus propias cartas orgánicas. Y ello no es inconstitucional.

Se insiste que los municipios santafesinos deben alcanzar autonomía plena o institucional de poder darse sus propias cartas orgánicas. Tal decisión es política, y así ha sido solicitada tal autonomía. Pero a la hora de conferir un mayor grado de poder local y mayor control de ése orden habrá que establecer pautas claras.

¿Hay reglas o realidades uniformes en los municipios santafesinos? ¿Es oportuno o posible abrir la puerta para que cada Municipalidad dicte su propia carta orgánica, o que sólo algunas puedan hacerlo conforme con su propia realidad?.

Cada municipio constituye una comunidad con vida propia dice el 106 de la Constitución provincial, pero aunque con realidades heterogéneas, deben encontrarse puntos comunes de estrategias de región, cultura, situación física y demográfica, industrialización, etc. que permitan normativizar su realidad.

Pero ello no es privativo de cada municipalidad, sino del legislador, o ahora del constituyente, a quien compete definir el alcance y contenido de la autonomía municipal local, que podrá ser igual o distinta en cada municipio.

Este debate deberá ser muy serio y racional, y no podrá pasar desapercibido el tema de los recursos. La mera posibilidad que los municipios puedan dictar sus propios códigos tributarios sin sujeción a reglas básicas generará un riesgo potencial.

Deberán establecerse pautas objetivas y uniformes de una organización tributaria correspondiente con el sistema provincial, de modo de no caer en alícuotas tributarias diferentes en áreas regionales similares que una vaya en desmedro de otro municipio. Esto debe ser el que debe quedar más claro.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa aceleró los plazos, en todo lo que permite la ley, para un pronto tratamiento de los tres candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Elsa Zabalza, Jorge Camilo Baclini y Rubén Luis Weder, al definir -tal como había adelantado El Litoral- el 13 de febrero como la fecha para la primera convocatoria a Asamblea Legislativa y el 20 como un eventual segundo llamado.

Para que esas fechas queden firmes, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia firmará el respectivo decreto de convocatoria el día 3 de febrero. Y en la jornada siguiente, el 4 será convocada Acuerdos para imponer a sus integrantes de las impugnaciones y proceder a su análisis.

Joaquín Gramajo, cumplió con la apertura de los pliegos. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El presidente de la bicameral, Joaquín Gramajo (Unite-Unidos-9 de Julio) fue el único senador presente en la sesión convocada para las 10 de este jueves 9 de enero, una fecha más que atípica: posiblemente la primera vez en que esa comisión funciona en pleno receso legislativo, según recordó el senador.

Otros representantes de los legisladores que integran el cuerpo, formado por cuatro senadores y ocho diputados, siguieron por contacto virtual lo ocurrido. Durante la mañana de este jueves se dictó además el respectivo decreto de habilitación del temario en extraordinarias para que el Legislativo pueda proceder al tratamiento de los pliegos.

Margarita Elsa Zabalza.

"Es un día histórico", resumió Gramajo tanto para los trabajadores de la Comisión como los asesores que vía internet siguieron la lectura de Mensaje Nº 5.135. "Después de muchos años se hizo la apertura de pliegos de tres candidatos a la Corte", indicó.

Fue una mañana sin sorpresas para los cronistas parlamentarios y periodistas que entrevistaron a Gramajo para conocer en detalle como es el procedimiento en la Legislatura para los tres propuestos a integrar la cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Rubén Luis Weder. Crédito: Luis Cetraro

Se confirmaron las fechas previstas en el cronograma que ya fue redactado, y también la existencia de las tres impugnaciones que pesan sobre uno de los postulantes: el ex fiscal general Baclini: dos impulsadas por el abogado Hernán Martínez y otra por Patricia Molina en su condición de ciudadana de la capital provincial.

Jorge Baclini. Crédito: Marcelo Manera

El acto de apertura de los propuestos siguió las tradiciones de los envíos anteriores a la instauración de los concursos (que desde hace más de dos décadas se usan que luego el Ejecutivo envíe candidatos a jueces, fiscales y defensores).

Esta vez los nombres de los propuestos y sus antecedentes arribaron a la oficina de 4 de enero al 1500 en cajas de folios, sin número de expediente, tras pasar por mesa de entradas de la Legislatura, 24 horas antes.

Según lo resuelto por Acuerdos el martes 11 de febrero se llevarán a cabo las tres entrevistas a los propuestos por el Poder Ejecutivo, ese día o el 12, se emitirá el dictamen que -en virtud del acuerdo de mayoría- se descuenta será para recomendar la aprobación de los tres aspirantes que jurarán bajo la nueva ley que reformó la integración de los miembros de la Corte (en adelante serán siete).

El pliego firmado.

"Estoy convencido que los pliegos se van a aprobar, que vamos a tener el quórum necesario y que la mayoría votará favorablemente. Probablemente tengamos alguna disidencia y es natural que así sea", resumió Gramajo.

"Entiendo que vamos a tener la conformidad de un dictamen de mayoría, sino absoluto; y que en la Asamblea la aprobación será para los tres pliegos que ha propuesto el Ejecutivo: son nombres que han sido conceptuados en la Casa Gris y consensuados con las distintas fuerzas políticas", cerró.

El gobernador Maximiliano Pullaro formalizó ante la Legislatura provincial las postulaciones de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Los tres candidatos propuestos vienen a cubrir otras tantas vacantes del máximo tribunal, tras las renuncias de Mario Netri (que ya se hizo operativa) y María Angélica Gastaldi (a partir de abril), y la del séptimo integrante incorporado en la reforma aprobada por la Legislatura.

Jorge Baclini. Foto: Archivo El Litoral / Mauricio Garín

Baclini viene de haberse desempeñado al frente del Ministerio Público de la Acusación y es una figura ligada al radicalismo. Weder fue abogado relator en la Corte, cargo al que renunció para ocupar el de fiscal de Estado durante el gobierno de Omar Perotti. Zabalza, en tanto, fue funcionaria durante las anteriores gestiones del Frente Progresista Cívico y Social y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Rosario.

En la provincia de Santa Fe, el proceso para la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de seleccionar a los postulantes, cuyos pliegos son remitidos por el gobernador a la Asamblea Legislativa, compuesta por la totalidad de los diputados y senadores provinciales.

Rubén Weder. Foto: Archivo El Litoral / Guillermo Di Salvatore

A partir de ese momento, la Legislatura –mediante la Comisión Bicameral de Acuerdos– tiene un plazo de 30 días para requerir antecedentes e informes sobre las personas propuestas, además de convocarlos a entrevistas para despejar dudas. La reciente reforma judicial también contempla la posibilidad de que la Legislatura convoque a audiencias públicas para debatir estas cuestiones.

Una vez superado ese proceso, para la sanción de los postulantes solo se requiere la votación por mayoría simple de los diputados y senadores provinciales. Aprobadas las postulaciones, el gobierno está en condiciones de designar a los nuevos ministros de la Corte que cumplirán funciones hasta los 75 años, tal como determina la nueva legislación a nivel provincial.

Margarita Zabalza

Tal como reza la comunicación realizada este lunes por el Ejecutivo provincial para dar inicio al procedimiento de cobertura de vacantes, una vez culminado el mismo y “en caso de considerarse pertinente, se enviarán formalmente los pliegos respectivos”.

El Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 2889 cambiando algunos aspectos del decreto N° 0018/07 del ex gobernador Hermes Binner, instrumento que estableció una autolimitación del ejercicio de sus facultades vinculadas a la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador General. El cambio del decreto mantiene la publicación de nombres y antecedentes de los postulantes durante tres días pero no en diarios de circulación nacional, sino en Boletín Oficial, redes sociales y páginas del gobierno provincial.

La decisión se conoce a pocas horas de que voceros del Poder Ejecutivo ratificaran que el lunes estarán los postulantes para ocupar tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia, dos ya producidas y la restante a partir del 2 de abril.

En los hechos fue una sola la vacante -la renuncia de Mario Netri- pero una reciente ley elevó a siete el número de ministros y por ende existe una silla más.

Transcurridos más de 17 años del dictado del reglamento de Binner y siendo aplicado en una única oportunidad, en ocasión de la designación del Procurador General en el año 2012, para el Ejecutivo "es preciso modificar algunas de sus previsiones para continuar procurando la consecución de las finalidades referidas, pero también incorporar las posibilidades que presentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y brindar celeridad a los procedimientos en una particular coyuntura en la que se produce la necesidad de cobertura de varias vacantes en la Corte Suprema”.

El texto apunta además a “garantizar la adecuada integración y funcionamiento del órgano que constituye la cabeza del Poder Judicial provincial, lo que se erige como una responsabilidad política, social e institucional que la totalidad de los funcionarios y las funcionarias públicas y la comunidad en general debemos honrar para contribuir al adecuado funcionamiento institucional en la Provincia de Santa Fe", dice el decreto N° 2889 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

"Se impone la necesidad de otorgar mayor transparencia, participación pública y legitimidad al procedimiento de postulación de aquellas personas que sean propuestas para ocupar cargos como magistrados o magistradas o como titular de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, lo que genera mayor legitimidad de las decisiones públicas que se tomen en la materia", agrega el documento.

Es allí donde considera "adecuado generar herramientas destinadas a promover que la Legislatura asuma un rol más activo en el procedimiento de postulación, de manera que, sin poner en riesgo las competencias asignadas constitucionalmente a cada uno de los órganos de poder del Estado provincial, el órgano legislativo se halle en conocimiento pleno de los procesos iniciados por el Poder Ejecutivo -desde su génesis- en orden al cubrimiento de las vacantes de los cargos en cuestión".

Justifica el Poder Ejecutivo que el diálogo institucional entre órganos del Estado "permitirá desde un comienzo del procedimiento generar los debates e intercambios de posiciones y pareceres necesarios para lograr los consensos pertinentes para la efectiva y oportuna concreción de estos actos complejos que requieren la confluencia de voluntades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en los tiempos que las necesidades sociales actuales demandan, en una materia tan delicada y relevante como es la postulación y designación de personas para que cubran vacantes en la Corte Suprema de Justicia".

A esto agrega "la participación de todas las personas e instituciones interesadas que impactan positivamente en las decisiones públicas que en definitiva surjan de tales construcciones, generando mayor legitimidad social e institucional".

Advierte que no se debe perder de vista "que la centralidad de este procedimiento es que los decisores y la ciudadanía puedan tener acceso a la acreditación de aspectos relativos a la trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, el cumplimiento de obligaciones normativas y deberes éticos fundamentales que hacen a una función pública de la más alta relevancia institucional".

Así el decreto dispone que se publicará el nombre y los antecedentes curriculares abreviados de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de las vacantes en el Boletín Oficial, en las redes sociales oficiales y la página web de la Provincia de Santa Fe durante 3 días corridos dando inicio del procedimiento en forma inmediata en comunicación a la Legislatura".

A partir del primer día de la publicación y durante 15 días los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar por escrito y de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos.

El decreto establece los medios para dar a conocer los candidatos a la ciudadanía e incluso habilita a pedir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y derechos humanos a los fines de su valoración."

Transcurrido ese plazo de 15 días, evaluando las observaciones el Poder Ejecutivo dispondrá formalmente la elevación o no de la propuesta. Todo el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad.

En Casa Gris se asegura que ya están definidos que dos de los pliegos a remitir corresponderán a Jorge Baclini, ex fiscal general de la provincia, y de Rubén Weder, ex fiscal de Estado. "Buscamos perfiles más académicos que políticos" se insiste en el Poder Ejecutivo. El tercer nombre será una mujer, se añadió.

Decreto N 2889 by El Litoral

El Fiscal General, Jorge Baclini, inauguró este viernes la sede de la Unidad Fiscal Firmat de la Fiscalía Regional 3. Fue en un acto que se desarrolló esta mañana en las nuevas instalaciones, ubicadas en Boulevard Solís 780.

El fiscal regional Matías Merlo participó de la ceremonia e indicó que “este logro es el resultado de gestiones realizadas por diferentes actores sociales”. En ese marco, valoró “la decisión del Fiscal General de que las ciudades con más de 20.000 habitantes posean su propia unidad fiscal”.

Para la llegada de esta sede también fue clave las gestiones del intendente local Leonel Maximino y el diputado, oriundo de Firmat, Gabriel Real.

Hecho histórico para la ciudad: Firmat pasa a tener una Unidad Fiscal

En este marco, Maximino expresó: “Hoy, después de muchas gestiones, Firmat cuenta con un nuevo espacio que tiene como objetivo fortalecer el acceso de los vecinos a la justicia. En la Unidad Fiscal se van a recibir denuncias y se atenderán los problemas que enfrentan nuestras comunidades, con cercanía y celeridad”.

Y agregó: “Redoblando esfuerzos, afrontando las dificultades y dando respuestas, desde el gobierno municipal vamos a seguir colaborando con la Justicia, con un objetivo común: el bienestar de todos los vecinos”.

Participaron además del acto de inauguración, las diputadas Georgina Orciani, Silvia Ciancio y Rosana Bellatti y como representantes del MPA, estuvo la fiscal Vanina Servidio Pozzi, quien será asignada a la nueva unidad fiscal.

Baclini sostuvo que “cada nueva dependencia que inauguramos consolida la política de descentralización institucional que caracteriza al MPA”. En tal sentido, precisó que “la Fiscalía Regional 3 ahora cuenta con cuatro unidades fiscales: Venado Tuerto, Rufino, Melincué y Firmat”, y mencionó que “personal de la Fiscalía también presta servicios en Chañar Ladeado, Wheelwright y Villa Cañás”.

Asimismo, valoró que “la desconcentración administrativa es una política institucional que continuará desplegándose en el territorio provincial para facilitar el acceso a la Justicia de todos los santafesinos y santafesinas”.

Por otro lado, hizo referencia a que “la Unidad Fiscal Firmat desarrollará sus actividades en un inmueble en el que también funcionan un Centro Territorial de Denuncias (CTD) y el Centro de Derechos Ciudadanos municipal”. Al respecto, destacó “el valor de la vinculación institucional con municipios y comunas para dar respuestas efectivas a las víctimas de hechos ilícitos”.

“Quienes sufran delitos en Firmat, Miguel Torres, Cañada del Ucle, Villada y otras zonas aledañas ya no tendrán que trasladarse hasta Melincué para llevar a cabo las diligencias que exigen las investigaciones penales”, afirmó el titular del MPA.

Antes de la ceremonia, Baclini recorrió las obras de lo que será la nueva sede de la Unidad Fiscal Melincué.

También visitaron el edificio en construcción el Fiscal Regional Merlo; la fiscal Susana Pepino; y el presidente comunal de la cabecera del departamento General López, Silvio Garbolino.

Siete concursantes para el cargo de fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedaron en primer lugar para integrar la terna que el Consejo de la Magistratura elevará al gobernador Omar Perotti para que decida el nombre a elevar a la Legislatura. Así se desprende del acta elaborada por el jurado que entre lunes y martes entrevistó a once de los doce postulantes (el venadense Horacio Pueyrredón optó por no presentarse a la prueba de oposición y a la entrevista respectiva).

Por estricto orden alfabético, para el jurado superaron ampliamente las pautas de evaluación Carlos Arietti (fiscal regional de Santa Fe); Javier Beltramone (juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario); María Eugenia Iribarren (fiscal regional subrogante de Rosario); Rubén Darío Martínez (regional de Reconquista); Roberto Prieu Mántaras (juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Santa Fe); Luis Schiappa Pietra (fiscal de Rosario) y María Cecilia Vranicich (auditora de gestión del MPA).

En cambio, otros cuatro postulantes sólo superaron las pautas de evaluación. Son los casos de Carlos Covani, Eduardo Lago, Fernando Palmolelli y Alejandro Sinopoli.

El jurado fue integrado por Eugenio Vezzaro, Aníbal Pineda, Sergio Alvira, María Florencia Blotta y Beatriz Forno y las pruebas se realizaron en la sala de audiencias penales N° 5 en el primer piso del Palacio de Tribunales. Contra lo anunciado, las pruebas de oposición y entrevistas a los postulantes al cargo de fiscal general no fueron transmitidas en vivo, por considerar que al hacerse en dos tandas eso hubiese supuesto una ventaja para quienes estaban en la segunda y tenían la posibilidad de ver el desarrollo de la primera etapa. No obstante, se dispuso difundir todas las entrevistas luego de su realización y ya están para quienes estén interesados en escucharlas. La ministra de Gobierno, Justicia y Culto, Celia Arena, participó junto al jurado de las exposiciones como lo hiciera anteriormente con el concurso del Servicio Provincial de Defensa Penal.

Este jueves se iniciarán las instancias para la competencia de las cinco fiscalías regionales. La primera en definirse será la N° 2 con cabecera en Rosario. En la provincia funcionan cinco fiscalías regionales y cada fiscal regional es jefe del MPA en la división territorial para la que fue designado, y es el responsable del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva. Los regionales tienen un mandato de seis años y tienen una posibilidad de reelección.

Los habilitados para competir por la regional 2 son Iribarren (hoy fiscal regional interina), Carla Cerliani, Carlos Covani, Fernando Dalmau, Valeria Haurigot, María León, Miguel Moreno, Viviana O’Connell, Matías Ocariz, Schiappa Pietra, Sinópoli y Vranicich.

En tanto, el lunes 6 de marzo, el jurado escuchará y entrevistará a los siete candidatos para la regional 5 con sede en Rafaela donde uno de ellos es el actual fiscal Diego Vigo. Los otros son Lema, León, Mudry, Sinópoli, Orlando Tonioli y Carlos María Vottero. El mismo lunes, por la tarde, el procedimiento será para cubrir el cargo en la Regional 3 con asiento en Venado Tuerto. El actual regional interino, Matías Merlo, es uno de los inscriptos, más Lago, León, Palmolelli, Pueyrredón y Sinópoli.

También el martes 7 habrá doble jornada para el jurado. Por la mañana, el Regional 4 con cinco aspirantes, entre ellos el actual titular Rubén Martínez. Los otros son León, Leandro Mai, Alejandro Rodríguez y Diego Savagna. Por la tarde, en tanto, el concurso por el cargo de Auditor General de Gestión donde la hoy auditora María Cecilia Vranich es una de las postulantes. Los otros Juan Manuel Costantini, Covani, Lago, Mai, Palmolelli y Marina Pieretti.

Diversas agrupaciones y particulares reclamaron a los jurados de los concursos para cargos de conducción del MPA y de la Defensa que, a la hora de confeccionar las ternas para que el gobernador remita luego los pliegos respectivos a la Legislatura, se tenga en cuenta la paridad que la ley dispone en los cargos judiciales y también la trayectoria de los postulantes en materia de derechos humanos, perspectiva de género y niñez. Y también que el mandatario tome en cuenta esos parámetros al seleccionar a los candidatos.

En un comunicado, recuerdan que el MPA inició sus funciones en febrero de 2014. “Previo a ello, desde abril de 2011 asumieron como fiscal general y fiscales regionales 6 varones. Posteriormente, en fecha 15 de octubre de 2015, un fiscal regional renunció y fue reemplazado por otro varón. Lo mismo ocurrió el 24 de noviembre de 2016 cuando un fiscal regional fue suspendido en sus funciones y también fue reemplazado por otro varón. En abril de 2017 se renovaron las autoridades y nuevamente los cargos de fiscales generales y regionales fueron ocupados por varones. Es decir, desde los inicios del MPA sólo la Auditoría General de Gestión (que estuvo vacante hasta abril de 2017) fue un cargo superior ganado en concurso y ejercido a partir de ese año por una mujer”.

Al respecto, recordaron que, en la actualidad, y desde 2020, rige en nuestra provincia la Ley 14.002, de Paridad de Género, cuyo objeto es, conforme su Artículo 1, establecer ese principio en la composición e integración del Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, además de partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales. Y que el artículo 3 señala específicamente en su punto e) que la paridad de género se aplica en el Poder Judicial. Por lo cual exhortan tanto al jurado como al gobernador a cumplir con las pautas establecidas por la norma, para que la provincia sea “un ejemplo de respeto e igualdad” y la paridad de género “deje de ser una deuda”.

Suscriben el documento la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, entre otras organizaciones y personalidades como Marta Fassino, Alicia Tate, Mabel Busaniche y Paula Condrac.

El ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti presentó un escrito ante el Fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini, solicitando se le informe si su nombre aparece involucrado en alguna de las causas que se tramitan en esa instancia judicial, y reclamó en tal sentido la urgencia de “aportar claridad a la ciudadanía y contribuir a la verdad”.

El ex mandatario tomó esta decisión “ante las numerosas manifestaciones, publicaciones y campañas en redes sociales que desde hace tiempo y de manera sistemática apuntan a asociar a mi persona, al partido que integro y a los frentes que hemos integrado, con uno de los peores flagelos, como es el narcotráfico”.

“Estamos dispuestos a discutir qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, pero no a soportar más la mentira y la difamación”, subrayó al respecto Bonfatti, y dijo estar convencido de que tales campañas “no persiguen instalar un debate serio” sobre las políticas del Frente Progresista en Santa Fe, sino que “apelan al agravio y la descalificación”.

“Esas políticas que nosotros estamos dispuestos a debatir son las que permitieron transformar el sistema de justicia penal de la provincia en uno de los mejores del país, a combatir la corrupción policial y al mismo tiempo desarrollar un plan de seguridad pública”, sostuvo el ex gobernador, quien destacó además “que los líderes más connotados de las bandas vinculadas al narcotráfico fueron apresadas e hizo hincapié en las políticas sociales implementadas durante las gestiones del Frente Progresista, entre las que citó el “Plan Abre”, “Vuelvo a Estudiar” y “Nueva Oportunidad”

Ante la situación planteada, Bonfatti recibió el explícito respaldo de muchos dirigentes de su sector político. En esa dirección se pronunciaron los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez (presidenta del PS a nivel nacional y secretario general del PS en Santa Fe, respectivamente); el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Clara García, Esteban Lenci, Nico Aimar y Leonela Catalini; las concejalas Laura Mondino y Mónica Ferrero, y los dirigentes Rubén Galassi y Fernando Asegurado, entre otros.

“Otra de las infamias que he tenido que soportar en estos tiempos es la que siembra dudas sobre los motivos de uno de los peores atentados institucionales que registra Santa Fe y del que fui víctima, cuando la casa donde estaba con mi esposa fue baleada el 11 de octubre de 2013. Ese ataque fue una respuesta a las políticas de persecución a las mafias. Ataques que, lamentablemente, en los años sucesivos y de manera reciente también se reiteraron contra funcionarios del Poder Judicial y otras instituciones del Estado”, recordó el ex gobernador.

Antonio Bonfatti remarcó finalmente el sentido de su pedido a la Justicia, formulado el pasado viernes: “Solicito a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación que aclare mi situación para aportar a la verdad y la justicia, y porque no estoy dispuesto a seguir tolerando las calumnias e injurias que han vertido sobre mi persona y el partido del que formo parte desde hace más de cincuenta años”.

El MPA, el Ministerio de Seguridad de la provincia y las municipalidades de Venado Tuerto y de Firmat trabajarán conjuntamente, tras firmar un convenio esta mañana en la sede del gobierno venadense. El Fiscal General, Jorge Baclini, sostuvo que “se llevará a cabo un proceso de pacificación y reinserción social en barrios en los que suele haber hechos de violencia”. El compromiso multiagencial fue asumido mediante un convenio de colaboración que se firmó este lunes en la mañana en el sur provincial. El MPA, el Ministerio de Seguridad y las ciudades de Venado Tuerto y de Firmat trabajarán de forma articulada. Así lo acordaron mediante un convenio de colaboración que se suscribió esta mañana en la sede de la municipalidad venadense. El documento establece un marco general para la prevención social y situacional de hechos ilícitos y orienta la persecución penal estratégica en áreas urbanas de las ciudades implicadas. Fue firmado por el Fiscal General del MPA, Jorge Baclini; el ministro de Seguridad, Jorge Lagna; y los intendentes de Venado Tuerto y de Firmat, Leonel Chiarella y Leonel Maximino, respectivamente.

Baclini indicó que “asumimos un compromiso de intervención multiagencial para atender necesidades urgentes de seguridad y justicia”. En tal sentido, planteó que “se llevará a cabo un proceso de pacificación y reinserción social en barrios en los que suele haber hechos de violencia”. Explicó que “en primer lugar, se realizará una intervención penal para identificar situaciones ilícitas como usurpaciones de inmuebles y tenencias ilegítimas de armas de fuego”. Asimismo, “actuaremos de forma coordinada con el personal policial de la región para ubicar a personas sobre las que pesan órdenes de detención vigentes”, señaló. Por otro lado, el Fiscal General mencionó que “los municipios se comprometieron a llevar adelante mejoras estructurales en los barrios que serán intervenidos”, y destacó que “se destinarán recursos para tareas de iluminación, poda de árboles, apertura de calles”. Al respecto, valoró que “estos trabajos impactarán de forma positiva en la seguridad pública”. “Desde diferentes niveles y poderes del Estado provincial, advertimos que este tipo de propuestas impactan positivamente en la vida cotidiana de los santafesinos, por lo que tenemos la intención de trasladar la experiencia a otras localidades”, afirmó Baclini.