Con números precisos, copia de las cartas documento recibidas por los beneficiarios que pueden perder esas ayudas del Estado nacional y unos muy duros conceptos, el senador por el departamento 9 de Julio de la provincia de Santa Fe, Joaquín Gramajo (Unite), describió lo que ha desatado en varias localidades norteñas una decisión del gobierno nacional, "puesta en marcha desde algún escritorio en la ciudad de Buenos Aires muy ajena a la realidad del interior del país, por parte de este gobierno unitario".

El legislador explicó que fueron citados bajo riesgo de perder sus beneficios, telegrama de curso legal mediante, 473 ciudadanos que ya habían completado, mediante la declaración jurada y los trámites que se exigieron en gestiones anteriores lo necesario para poder tener una ayuda del Estado Nacional.

El envío estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad que ha iniciado un proceso de auditoría que le ha dado resultados: se otorgaron en el pasado miles de ayudas a quienes no lo necesitaban, lo que por supuesto, atenta contra el propósito de fomentar los derechos de las personas con discapacidad.

El senador Joaquín Gramajo reclamó que los controles sean en lugares accesibles y cercanos. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El senador no se opuso a que un nuevo examen médico (está claro que se han encontrado miles de pensiones truchas por discapacidad en todo el país) y se mostró partidario de que verifique si realmente se trata de personas que necesitan de esos recursos nacionales, pero advirtió que no ha tenido en cuenta algo elemental, que de Tostado a Rafaela hay 270 kilómetros, desde Villa Minetti, 350 km; Santa Margarita 400 km y de Gregoria Pérez de Denis 430 km.

Aclaró que según la carta documento que llegó a sus vecinos, "quien no se pueda presentar tendrá que ir a la Anses" pero advirtió que "solo hay una oficina en el departamento en Tostado".

"Es una aberración este tipo de actitudes donde citan a personas que la mayoría está en una situación de extrema vulnerabilidad, de pobreza, no tenemos medios de transporte para poder llegar en forma directa. Los turnos son los días 14, 15 o 16 de abril y con el horario ya dispuesto.… Es decir que la gente ni siquiera tiene la posibilidad de determinar a qué hora pueda ir. Es indignante", expresó.

Se preguntó por qué motivos no se autorizan "a los efectos públicos provinciales de Salud que tenemos en el departamento para hacer los controles médicos correspondientes para verificar si existe o no un grado de discapacidad que requiere la ayuda estatal" y reclamó "esto escapa al sentido común". Y agregó: "en muchos, muchísimos casos, estas personas no se pueden mover si no es con un acompañante". Así, el costo de un traslado a Rafaela se duplica.

El reclamo apunta a una decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Crédito: Flavio Raina

"No son precisamente personas que se enriquezcan con estas pensiones, por eso mediante una comunicación cuya aprobación agradezco a mis pares, solicito al Poder Ejecutivo Provincial que pueda interceder ante este organismo para que se hagan los controles en un lugar accesible, en donde vive la gente. Tranquilamente pueden para ello usar todos los efectores de salud de la provincia, que tienen los médicos y la seriedad correspondiente", subrayó.

Las autoridades nacionales "no pueden tomar actitudes de esta naturaleza porque afectan al decoro y a los derechos humanos ", dijo.

Luego de una serie de exposiciones que hablaron de la inseguridad como un fenómeno creciente, por mayoría se aprobó un proyecto de ley para volver al esquema anterior a la reforma de 2006 para la formación de los agentes de la fuerza: otra vez, si el tema también avanza en Diputados, habrá una Escuela de Oficiales de la Policía de Santa Fe y el ISEP formará a los suboficiales.

El texto se aprobó con el voto los dos bloques del PJ, mientras que la UCR se abstuvo. Los radicales del Senado prefirieron amoldarse a las opiniones de sus correligionarios en la otra Cámara, donde pesa la posición del ex ministro de Seguridad durante el gobierno anterior, Maximiliano Pullaro. Mientras el expediente estuvo en comisiones del Senado el bloque opositor no formuló objeciones y, en cambio, acompañó con sus firmas.

La iniciativa de Joaquín Gramajo (PJ-Nes- 9 de Julio) procura el objetivo de la profesionalización, con tres años de estudios más otro de especialización.

El proyecto con media sanción parte de admitir que no han sido buenos los efectos del cierre de aquella institución, en 2006, en medio de otras reformas que sobre esa fuerza impuso el segundo gobierno de Jorge Obeid (1947-2014). Para el autor de la iniciativa se debe volver a contar con esa instancia de formación “para profesionalizar a los cuadros de conducción de la policía”.

Gramajo lo expresó a sus pares primero (que han apoyado con sus firmas el proyecto) y a funcionarios del gobierno provincial luego, tanto de la actual como de la anterior gestión en el Ministerio de Seguridad.

Junto al proyecto que recrea la Escuela de Oficiales se aprobaron otros dos que, en un caso, dispone que el actual ISEP forme suboficiales y, en otro, adapta la escala de grados a la legislación que se impulsa.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y titular de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa destacó que en la formación de quienes conducen a los demás integrantes de la fuerza, es clave que haya “contenidos sobre derecho procesal, penal, constitucional, administrativo y público provincial, así como respecto del respeto a los derechos humanos”. También, “una preparación mayor en el plano de las destrezas para manejar armas, la defensa personal y las artes marciales. Una aptitud física e intelectual”, resumió.

El texto que pasa a Diputados cuenta con 43 artículos divididos en 4 capítulos. La institución a crear dependería del Ministerio de Seguridad, tendrá un director y un consejo asesor a conformar por concursos públicos.

No es la primera vez que Gramajo advierte públicamente que en su opinión ha sido un error cerrar la Escuela de Oficiales. Lo mismo sostuvo en declaraciones a El Litoral en 2016 cuando al asumir su gobierno Miguel Lifschitz (1955-2021) proponía que la Legislatura opinara sobre las designaciones en la conducción de la Policía, una de sus promesas de campaña que no prosperó porque la Constitución no lo ha previsto, entre otras razones.

En el Senado de Santa Fe, durante el pasado mes de mayo, hubo una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales que tuvo como tema central los años de estudio y los objetivos para educar a los futuros oficiales de policía. En aquella oportunidad hubo funcionarios de tres ministerios del gobierno provincial, jefes de la fuerza, legisladores y jueces penales.

“Necesitamos tener una fuerza más profesional, con una escuela que nuevamente forme a sus oficiales, para estar a la altura de lo que la situación exige. Está claro que combatir la inseguridad requiere de muchos más esfuerzos y de una actitud firme de los tres Poderes, pero mejorar a la policía es un primer paso”, dijo Gramajo a El Litoral en aquella ocasión. Ahora reiteró esos conceptos desde su banca. Habló de “restablecer las jerarquías” en la fuerza y de remediar lo hecho hace más de quince años. Comentó que las policías provinciales “no son instituciones militares, pero tampoco civiles”. Y destacó que el rol del policía es ser un “auxiliar a la Justicia”.

Sostuvo que la Policía fue “denigrada” cuando el ministerio de Seguridad estuvo a cargo de Marcelo Sain y, en cambio, destacó el apoyo de quienes lo sucedieron para con el cambio propuesto, tanto del ex ministro Jorge Lagna y del ministro Rubén Rimoldi.

Agradeció al fiscal de Estado Rubén Weder sus aportes técnicos, lo mismo que del senador Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) cómo titular de la Comisión de Educación, cuyo despacho sirvió de guía para la media sanción del cuerpo.

En el artículo 3 se establecen las siguientes carreras: a) Oficial de Seguridad; b) Especializaciones en Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística y Homicidios.

Los títulos respectivos serán otorgados una vez aprobados los exámenes que se establezcan, sin que sea posible la promoción automática por cumplir con la asistencia al cursado.

El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con Universidades Nacionales, públicas o privadas, para el cursado, con carácter regular de los alumnos, de aquellas asignaturas del plan de estudios que fuere posible, dentro de la estructura actual de las diferentes facultades y escuelas del sistema de enseñanza superior, indica el proyecto que pasó a Diputados.

“La profesionalización de las fuerzas policiales se relaciona con el nivel de protección de los derechos humanos fundamentales. El nivel de competencias profesionales con el que cuenten los agentes policiales incide en la eficiencia y eficacia en la defensa de los bienes jurídicos de las personas, a cuyo servicio se encuentran, y contribuye a un mejor y más rápido restablecimiento de los derechos vulnerados, identificación y sanción de quienes fueran responsables, ya que la colaboración de estas fuerzas con la Justicia es fundamental”, sostiene el autor de la norma en los fundamentos.

Con media sanción, el Senado santafesino aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que o establece la obligatoriedad de contar con “baños inclusivos para todo establecimiento/edificio de uso y/o de acceso público sea su propiedad pública o privada”, de acuerdo con los ocho artículos del texto presentado por el jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo). Los sanitarios de género neutro o unisex, deberán contar con instalaciones sanitarias destinadas al público “sin separación por género”.

De prosperar en la Cámara de Diputados, el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia pasará a denominarse Hospital de Infancias y Adolescencias Dr. Orlando Alassia, de acuerdo con el proyecto de ley que por unanimidad fue aprobado en la Cámara de Senadores, presentado por el senador justicialista de Lealtad por el departamento La Capital Marcos Castelló. “No se trata solo de un cambio de nombre estético, por capricho o moda; sino que es sinónimo de crecimiento, reconocimiento y una actualización al contexto en el cual se encuentra inmerso nuestro hospital, ante los innumerables cambios sociológicos, culturales y económicos que estamos atravesando”, dice en los fundamentos el legislador.

Luis Rodrigo El Litoral Cuando el Senado recupere la facultad de tratar sus propios proyectos de ley, a partir del 1ro de mayo, entre los temas a tratar tendrá una iniciativa que busca recrear la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe. La iniciativa es del senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo (PJ-Nes) y parte de admitir que no han sido buenos los efectos de su cierre, en 2006, en medio de otras reformas que sobre esa fuerza impuso el segundo gobierno de Jorge Obeid (1947-2014). Para el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y titular de la bicameral Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa se debe volver a contar con esa instancia de formación para profesionalizar a los cuadros de conducción de la policía. Gramajo lo expresó a sus pares primero (que han apoyado con sus firmas el proyecto) y al ministro de Seguridad, Jorge Lagna luego, en medio de una reunión del funcionario con los integrantes del bloque Juan Domingo Perón que preside el senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo). El legislador comentó desde su banca que el ministro está de acuerdo con la idea de darle vida a esa institución, para la que se proponen cinco años de estudios: cuatro en común y un quinto de especialización. Para este último se piensan es terminalidades como narcodelitos, defraudaciones y delitos complejos, entre otras. El senador dijo que entiende que todo proyecto es perfectible y que la iniciativa busca que se sumen más opiniones de expertos en seguridad y oficiales superiores destacados en la formación de policías para que puedan hacer sus aportes. Uno de los puntos que cambiaría respecto de la institución que existió hasta 2006 es que serían dos las sedes de la escuela: una en la ciudad de Santa Fe y otra en Rosario. (Antes, existía solo una, en el sur). Adelantó que habrá contenidos sobre derecho procesal, penal, constitucional, administrativo y público provincial, así como respecto del respeto a los derechos humanos. Más una preparación en plano de las destrezas para manejar armas, la defensa personal y las artes marciales. “Una aptitud física e intelectual”, resumió. El texto ingresado cuenta con 43 artículos divididos en 5 capítulos. La institución a crear dependería del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. No es la primera vez que Gramajo advierte públicamente que en su opinión ha sido un error cerrar la Escuela de Oficiales. Lo mismo sostuvo en declaraciones a El Litoral en 2016 cuando al asumir su gobierno Miguel Lifschitz (1955-2021) proponía que la Legislatura opinara sobre las designaciones en la conducción de la Policía, una de sus promesas de campaña que no prosperó porque la Constitución no lo ha previsto, entre otras razones.

La reunión del ministro de Seguridad Jorge Lagna con los seis senadores del bloque del Nes repasó varias acciones de esa cartera. Se habló de proyectos de ley del Ejecutivo que aún no han trascendido, de la compra de más 400 móviles para la Policía, y de los programas provinciales que permitirán a las municipalidades y las comunas la compra de cámaras para mejorar la videovigilancia, así como respecto de la situación edilicia de las comisarías en distintas localidades del interior de la provincia.

Un proyecto de ley de un senador del bloque del oficialismo que pide al gobierno provincial una medida inmediata para aliviar los alicaídos bolsillos de los empresarios del transporte escolar, a los que -durante el aislamiento en la pandemia- se les impidió trabajar. El representante por Rosario, Miguel Rabbia (PJ-Lealtad) pidió que el Poder Ejecutivo habilite en sesiones extraodinarias su propuesta para que por única vez se exima del pago de la primera cuota de la patente sobre vehículos afectados a la actividad de servicios de transporte escolar. El proyecto de ley contempla también que se condone completos los períodos fiscales 2020 y 2021, cuando las decisiones sanitarias necesarias obligaron a mantener las escuelas cerradas. Desde su banca, el senador indicó que son apenas algo más de 430 los contribuyentes en esa situación, por lo que está claro que un perdón fiscal no causaría un perjuicio de alguna relevancia al Estado provincial.. En rigor, en general son familias que viven de esa tarea, que usualmente emplea al volante a los propietarios de esos vehículos. En los considerandos, Rabbia advierte que “buscamos poner en un pie de igualdad al sector de los transportistas escolares con los restantes rubros afectados por la pandemia, al efecto de promover su rápida recuperación. Máxime, por la importancia del beneficio social que reporta la actividad que desarrollan, al contribuir con el traslado escolar de numerosos niños y niñas”.

Juliano Salierno El Litoral La jueza en lo penal de Santa Fe, Rosana Carrara, deberá resolver si sobresee en forma definitiva a los senadores justicialistas, Joaquín Gramajo (departamento 9 de Julio) y Rubén Pirola (departamento Las Colonias), denunciados en 2017 por el exconcejal rosarino Jorge Boasso, por el manejo discrecional de subsidios en la Cámara de Senadores. La denuncia, que se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario y pasó por los tribunales de Rafaela, recaló finalmente en Santa Fe -en lo que a Gramajo y Pirola refiere-, donde el entonces fiscal de Delitos Complejos, Leandro Lazzarini, la desestimó y dispuso su archivo el 18 de junio de 2018. Casi 4 años después el representante legal de Gramajo y Pirola, el Dr. Néstor Oroño solicitó una audiencia de las llamadas “multipropósito”, para tratar el pedido de “sobreseimiento definitivo” de sus clientes.

El acto judicial tuvo lugar el jueves 31 de marzo, en la Sala Nº 2 del subsuelo de los tribunales capitalinos, y si bien no estuvieron presentes los legisladores denunciados, lo hizo en su representación el Dr. Oroño, ante la jueza Rosana Carrara; mientras que por el MPA, intervino la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien se opuso al planteo defensivo. “Contra la opinión de la fiscalía, entiendo que hubo una investigación”, dijo Oroño, en referencia a “las diligencias ante el Tribunal de Cuentas, Persona Jurídica, y la citación de Carlos Bermúdez como habilitado ante la Cámara de Senadores, entre otras”, para contrastar la legalidad de los subsidios otorgados en cada caso. El abogado particular mencionó también que hubo “una cuestión de competencia” territorial, que “fue resuelta por el juez Eduardo Pocoví y luego por el camarista Enrique Álvarez”, e hizo hincapié en “el derecho al sobreseimiento” de sus representados. Si bien es cierto que ni Gramajo ni Pirola fueron imputados en la causa, el letrado insistió que “la calidad de imputado no implica que se hayan dispuesto medidas sobre una persona”. “Basta con ser indicado”, afirmó el profesional, y “en este caso existe una indicación del concejal Boasso”. “Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente”, disparó el abogado Néstor Oroño. Foto: Manuel Fabatía – Archivo En tal sentido, Oroño amplió que “no fue un pedido de investigación sobre subsidios” en términos genéricos, sino que “se daban pautas muy concretas que asociaban la figura de legisladores en hechos delictivos”, completó.

Como muestra de que “el archivo es una circunstancia de precariedad”, el Dr. Oroño se refirió al senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, cuya investigación archivada en mayo de 2018 por la fiscal Natalia Benvenutto, fue desarchivada en agosto del año pasado por indicación de la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. Si bien se trata de circunstancias harto diferentes a la de Traferri -investigado en otras causas penales-, el representante legal de Gramajo y Pirola pidió “una resolución de corte conclusivo”. “Han pasado casi 4 años y no se han aportado hechos nuevos”, por lo que la extensión en el tiempo de dicha situación “genera incertidumbre” en sus clientes. “Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente”, disparó el penalista, que insistió con el sobreseimiento.

A la hora de contestar, la fiscal Mariela Jiménez se mantuvo firme en su postura y rechazó el planteo, en primer lugar por “la forma en que se formuló el planteo, que se hizo ante un juez de la IPP y no del fiscal”; y en segundo término, porque “hay una resolución de desestimación de denuncia y archivo”. En línea con lo que que criticó el abogado de Gramajo y Pirola, la fiscal Jiménez confirmó que “no se realizó imputación concreta a una persona” ni se llamó a audiencia imputativa y dijo que “mientras nos encontremos en la IPP (investigación preliminar preparatoria) la única opción es el archivo, nunca el sobreseimiento, no hasta que exista el proceso intermedio” que es la antesala del juicio. Un poco para llevar tranquilidad a la contraparte y otro para alejar teorías de fiscales omnipotentes, la Dra. Jiménez explicó que “no es tan fácil la reapertura de una investigación”. Y agregó: “el archivo impide la persecución de una persona por los mismos hechos”.

Además planteo otro obstáculo formal para la reapertura que obliga al fiscal a “elevar un pedido al Fiscal Regional con elementos sobrevinientes, para que en su caso disponga la reapertura”. Es decir que “ésto sólo va a ocurrir ante un elemento nuevo y que el Fiscal Regional autorice avanzar en la situación particular, cosa que hasta ahora no ha ocurrido”, completó. En síntesis, la Fiscalía de Delitos Complejos sostiene que “este grado de preocupación de Gramajo y Pirola se ha satisfecho con el archivo, pero no implica la certeza necesaria para un sobreseimiento”. En tanto, remarcó que “en el hipotético caso que se planteara una imputación, primero hay que remover un un obstáculo legal porque los dos tienen fueros”.

La causa original señalaba a los senadores Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y José Baucero (PJ-San Javier) y al ex vicegobernador Jorge Henn, este último por la implementación del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Senado de la Provincia de Santa Fe.

Luis Rodrigo El Litoral “La Corte no se va a apartar del marco constitucional, no tengo dudas de ello. Y estoy convencido que va a ratificar que es constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe”, sostuvo el senador Joaquín Gramajo respecto del “fallo ejemplar” que vaticinó apoyado en su lectura del derecho y la trayectoria de los pronunciamientos del máximo tribunal de Santa Fe. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales redobló la apuesta respecto de su predicción y pidió que su anticipo “conste en la versión taquigráfica”, algo que más allá de su declamada solicitud de todas formas iba a suceder. Así lo hizo constar también en las libretas de apuntes de los cronistas parlamentarios que pronto advirtieron que no estaban frente a un discurso de rutina Debe decirse que Gramajo no ha hablado con el diario del lunes para adelantarse a lo que cree que va a ocurrir, sino con la lectura de años y años de estas ediciones. Y que es su forma de entender el derecho la que lo lleva a asegurar que no puede ocurrir otra cosa que ese resultado. En la Corte, el tema recién está en manos del procurador Jorge Barraguirre, que tiene diez días para emitir su dictamen, que luego los seis ministros de la Corte podrán tomar o no.

La mano y el codo El representante por 9 de Julio ha criticado con dureza el fallo del juez José Luis Mascali que, en segunda instancia en el fuero Penal de Rosario, declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la Constitución de Santa Fe y así derogó los llamados fueros absolutos, por los que la justicia no puede imputar ni indagar a un legislador sin la autorización de la Cámara que integra, votada por una mayoría calificada de los dos tercios de los presentes. Sostuvo que si cada juez puede interpretar a su gusto la Constitución, “¿quién sabe cuántas constituciones tendríamos en la provincia? Sería un caos”, aseguró. Y recordó que el propio texto constitucional fija el mecanismo para su reforma, mediante una ley con una mayoría especial difícil de alcanzar que fije sus plazos y alcances, y con la elección de diputados constituyentes mediante el sufragio popular. “No por fallos judiciales”. Gramajo dijo que al aceptar el mismo jueves en el que sesionó Mascali que su polémico fallo sea revisado por la Corte “no se va a poder seguir adelante con ese proceso inquisitivo que tenían los fiscales en relación a la causa del senador Traferri. Y no me quiero constituir en el abogado defensor de un par y de un amigo. Simplemente hablo basado en la ley y la Constitución, tal cual lo definimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese dictamen al que el fiscal (Matías) Edery calificó de ‘papelucho’ en los medios se condensaba nada más y nada menos que la letra y el espíritu del artículo 51 de la Constitución: aquello que habíamos votado por dos tercios y con dos abstenciones que rechazó el desafuero”. Luego explicó que los fueros “no son un derecho personalísimo de cada senador, sino una garantía constitucional que se le otorga al Poder Legislativo. Por eso es que cada Cámara debe resolver sobre el tema y no el legislador cuyo desafuero ha sido solicitado”. “Yo se los aseguro: la Corte va a ratificar el fallo de primera instancia de la Dra. Verón (que les ordenó a los fiscales archivar las actuaciones contra Traferri por haberse ya expedido el Senado sobre sus fueros), porque la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el máximo altar que tenemos para defender las cuestiones de derecho público provincial. Y va a demostrar a todos, a los que estuvimos imbuidos de considerar que había que defender los principios constitucionales y a los que de alguna manera miraron para un costado, que va a declarar constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y al mismo tiempo su correlato en el Código Procesal Penal en sus artículos 27 y 29″, contra los que habían ido los fiscales Edery y Schippa Pietra para no archivar el caso. “No hemos estado en defensa de un senador sino de la Constitución, somos legisladores que hemos jurado esta Constitución y la vamos a defender le guste o no le guste a los señores fiscales y al señor juez que tuvo que hoy borrar con el codo lo que había escrito con la mano, porque tuvo que conceder este recurso (ante la Corte)”, aseguró.