Juliano Salierno

“Por un lado estaba la reparación real y por el otro lo que no se hacía y se facturaba”, dijo Facundo Testi en uno de los primeros tramos de su declaración, en el juicio que se lleva adelante contra los ex jefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Odriozola y Rafael Grau.

El testigo arrepentido y que fue condenado en el marco de la causa denominada “D4” en su carácter de “organizador” de una asociación ilícita, hizo un pormenorizado relato de cómo funcionaba la corrupción policial en la que se “dibujaban” facturas para la reparación de móviles.

Su declaración frente al tribunal que integran los jueces Celeste Minniti -presidente-, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, se realizó a instancias de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA, representada en el juicio por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera.

El Ministerio Público de la Acusación adelantó este jueves en su alegato de apertura que pedirá condenas de 9 años de prisión para los dos últimos implicados -otras 9 personas fueron condenadas en juicios abreviados-, al sostener que fueron los “jefes de una asociación ilícita” mientras ocuparon el máximo cargo del escalafón policial.

-¿A qué se dedicaba en 2016?

-Me dedicaba al arreglo de móviles policiales. Tenía taller mecánico.

Testi recordó que uno era suyo, mientras que el resto de las empresas que administraba funcionaban con “prestanombres” que junto con él, también fueron condenados.

Consultado acerca de la maniobra en sí, dijo que “por un lado estaba la reparación real y por el otro lo que no se hacía y se facturaba”. Para llevarlo a cabo “los contadores (con rol de Habilitado) me suministraban una planilla con los montos a facturar que se dividían en bienes y servicios”.

“Por ejemplo, si había 100 mil pesos, la mitad se usaba para arreglar, el otro 50% se facturaba pero no se hacían” los trabajos. “Yo preparaba todo el trabajo, me daban los cheques, cobraba y llevaba el dinero a la contaduría”, reveló.

“Teníamos una planilla de Excel donde se registraban los móviles que se hacían y los montos tenían que ser exactos” para que coincidieran con los montos erogados. “Tenía mi trabajo real y después estaba el otro, el que se armaba, donde el número de móvil lo ponía el contador”.

También explicó que “llevábamos el control de lo que se facturaba y no se hacía, para no repetir los datos” y no despertar sospechas. Entonces “lo que yo podía arreglar era hasta ahí, lo demás lo tenía que dibujar”. “‘No te pasés de los términos’, me decían”, recordó Testi.

-¿Qué pasó el 13 de mayo de 2016?

-Creo que fue el allanamiento. Me secuestraron computadoras, remitos, facturas, todo lo referido a la Policía de Provincia, la Comunitaria y Protección a Testigos; mi celular y el de los empleados.

Luego explicó cómo se repartían la plata. En los trabajos que se facturaban y no se hacían, “el 70% era para el contador, el 30% lo cobraba yo para impuestos”. “De lo real también tenía que dejar una parte: el 10% de mi trabajo en bienes y 20% por el servicio”.

Es decir que el retorno a la policía era, en el caso de los servicios reales (es decir la mano de obra trabajada), el 20% de lo facturado; en tanto para los bienes reales (repuestos que se colocaban), debía retornar el 10%. Para las facturas denominadas “dibujadas”, el 70% de servicios y bienes iba a la caja de Jefatura y a Testi le quedaba el 30%.

La fiscalía le preguntó por las facturas que referían a la reparación de móviles de la Comunitaria o del Programa de Protección a Testigos, donde “los valores eran más chicos”, porque “eran menos autos y se hacía difícil dibujar, era más complejo”.

La fiscalía indagó acerca de los pagos, qué pasaba una vez que cobraba los cheques. “Yo le dejaba las planillas a la secretaria de Raúl Patriarca (habilitado) y ella me completaba los números de cheques. Lo que era dibujo lo tenía que hacer firmar por el jefe de Logística”.

Después “sacaba el dinero y lo tenía que dejar en un sobre marrón, siempre se lo di a la secretaria. Después de Patriarca vino Ariel Villanueva y se sigue con la misma temática”.

-¿Cómo se completaba el circuito de facturas y cheques?

-Yo recibía el cheque, el endoso lo hacíamos nosotros y lo cobrábamos en el banco.

“La planilla con el sobre con el dinero se la daba siempre a Ariel, una vez al mes”, dijo Testi cuando le preguntaron por el cambio de contador. Cuando cambian de habilitado, de Patriarca a Villanueva, “logré que me pague más” porque “a Ariel lo conocía de la facultad”. Al principio él “no sabía de la maniobra y yo se la expliqué. Le pregunté qué quería hacer y me dijo que ‘seguimos como está’”.

La fiscalía preguntó una vez más por el allanamiento del 13 de mayo, quiso saber qué recordaba el testigo de esa jornada. “Era de día, creo que era a la siesta, veo un montón de policías en la puerta y no entendía nada porque nosotros trabajábamos para ellos. Lo llamo a Rafael Grau y me dice que era un allanamiento, que les abra. Yo no sabía qué hacer”.

El Dr. Hernández le preguntó a Testi por qué había facturas en blanco en los factureros, y éste le respondió que “nos pedían que no sean correlativas y debíamos esperar 5 días entre una y otra por un tema del Tribunal de Cuentas”.

-¿Cuál era su relación con Odriozola?

-La relación era de proveedor y jefe de Policía. Nos comunicábamos por teléfono. Lo tenía agendado como “Flaco”. Yo lo podía llamar a él si el contador se atrasaba con el pago de reparación de vehículos.

“Yo lo llamaba a Odriozola para que le dijera al contador que no se hiciera el boludo y que pague” porque “más allá del negocio, los talleres existían, teníamos empleados”, intentó justificar.

También recordó cuando tuvo que repararle el auto a su hijo Emiliano. “Yo entendía que ciertos favores me servían”; y cuando le preguntaron por esos favores Testi dijo que eran “arreglarle el auto al hijo o llevarlo al taller”.

En ese entonces el hijo de Odriozola tenía un Ford Ka rojo “recuerdo que lo fuimos a buscar un par de veces”. También contó que “yo tenía un VW Bora negro y se lo vendí a Emiliano”.

-¿Y su relación con Grau?

-Era proveedor y él era el jefe. Yo tenía la necesidad de cobrar mi trabajo y siempre había un favorcito extra. Una vez chocó la hija y la fui a auxiliar en avenida Freyre. Fui hasta el lugar, me encargué de llevarlo al taller de Soto para que lo reparen. Los arreglos personales le decía al contador que me pedía ‘ponelo en la planilla y cobralo de ahí’, porque el trabajo se hacía.

El auto chocado era un Fiat Uno rojo que luego pasó a nombre de Soto. Después “él (Grau) me hace un pedido de un auto que iba a comprar, para ponerlo a nombre de Daniel Soto, era un VW no me acuerdo el modelo”.

La fiscalía ahondó en la relación de Testi con la hija de Grau y el tallerista confesó que “me llamaba por los autos”, “me lo pedía a nombre de su papá, el jefe”.

-¿Sabían los jefes de esta maniobra?

-Creería que sabían.

También contó que después del allanamiento del 13 de mayo se reunió con Villanueva y Grau, arriba de un auto, en inmediaciones de Mitre y Castellanos, recordó que en la esquina había un bar llamado “Balcarce”. “Yo tenía muchos remitos sin firmar” y a ellos “les preocupaba que tenía que firmar Leiva (ex jefe del D4). Eran los remitos de los trabajos dibujados y yo no los tenía firmados”.

De las conversaciones telefónicas posteriores a los allanamientos surge que Grau le pidió que le reservara un hotel al abogado Miguel Pierri, que fue el encargado de su defensa material en las primeras audiencias. “Yo accedí a hacer los favores para seguir trabajando. Lo hacía nomás…”, lamentó el testigo.

“Yo estoy como testigo arrepentido en esta causa. Fui parte de la maniobra, me arrepiento de lo que hice. Opté por lo equivocado, por eso estoy acá. Estoy arrepentido por mí, por mi familia. Uno se equivoca y paga”, se quebró

Nueve años después, Testi agradece haber podido rehacer su vida. “Nadie me obligó”, dijo. “A veces uno no sabe manejar esta situación. Era trabajo, lo necesitaba, pero me equivoqué”, cerró.

La investigación de la causa identificada como “D4”, referida a hechos de corrupción dentro del Departamento de Logística (D-4) de la Jefatura de Policía de la provincia. Se inició el 4 de mayo de 2016 cuando el entonces ministro de Seguridad Provincial, Maximiliano Pullaro, radicó la denuncia en el MPA.

Se trata de una asociación ilícita que defraudó al Estado santafesino mediante reparaciones falsas de móviles policiales y compras inexistentes de repuestos que tiene a tres policías y seis civiles condenados.

En orden de responsabilidad funcional se encuentran el exjefe del departamento de Logística (D4) José María Leiva y los contadores Habilitado de la Jefatura provincial, Raúl Alberto Patriarca y Ariel Hernán Villanueva. Los tres recibieron condenas a 3 años de prisión en su rol de “miembros de la asociación ilícita”.

Entre los civiles destaca Facundo José Testi, responsable de "T-gráfica" e identificado como el "organizador de la asociación ilícita". Lo siguen con el rol de miembros Andrés Daniel Soto (chapista del taller "Los Hermanitos"); Rodrigo Exequiel Ruiz (responsable de "Servicio Mecánico"); Maximiliano Edgardo Ambrosio (Servicios Mecánicos); y Noelia y Artemio Biscari ("TC Repuestos").

Este miércoles, el Jefe de la Unidad Regional VIII, Director de Policía Adrián Galigani, procedió mediante el Jefe de Agrupaciones de Orden Público, Comisario Supervisor Raúl Colmegna, a poner en funciones como Jefe de  2da y 6ta Zona de Inspección al Subcomisario Javier Varela, reemplazando al Subcomisario Pablo Basiglio.

Los cambios efectuados se realizan en función de la necesidad de rotación de personal, a fin de lograr una mejor organización y funcionamiento satisfactorio de las tareas específicas.

En la tarde de este viernes asumirán las nuevas autoridades de la Unidad Regioanl VIII de Policía. Francisco Fernández se transformará en el nuevo Jefe, mientras que Anselmo Rocca asumirá como Subjefe.

El acto se llevará adelante a partir de las 18 horas en sede de la Comisaría 1° en Melincué.

De esta manera, y tras tres jornadas, se conocen los nombres de quienes son los reemplazantes de Daniel Acosta y Mariano Govi, quienes pasaron a ocupar la jefatura de la Unidad Regional II Rosario, la más importante y calienta de la provincia.

NOTICIA EN DESARROLLO

Ivana Fux 

Omar Perotti sumó su voz a uno de los temas que la política santafesina discute por estas horas esencialmente en el ámbito legislativo: la posibilidad de que los intendentes designen o incidan en el nombramiento de los jefes policiales de sus respectivas regionales. 

Es una iniciativa que promueve básicamente el rosarino Pablo Javkin, pero que genera controversia en el propio arco político opositor. El martes, se reunieron con Javkin tres comisiones de la Cámara baja para consensuar una iniciativa común. Los textos que se pulieron se terminaron acercando más a la posibilidad de conformar mesas de seguridad en las que los intendentes puedan opinar, pero no necesariamente nombrar a los jefes policiales (cosa que actualmente, en el caso de los regionales, corre por cuenta del Poder Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad). 

Consultado por Sur24, Perotti valoró que los municipios quieran participar, pero aclaró que ello debe ser en todas las instancias asociadas a la seguridad e incluso, desde el minuto cero en el que un aspirante ingresa al Escuela de Policía. 

– ¿Es pertinente que los intendentes puedan designar a los jefes policiales? 

– Es una simbología. Estoy totalmente de acuerdo con el involucramiento de los intendentes en la figura del territorio y por el tema de seguridad. Esta etapa va a estar marcada por eso; hacer seguridad sin la presencia de las autoridades locales es un gran error. Es una gran pérdida de tiempo no haberlos tenido involucrados antes porque es allí donde se coordina el día a día; es eso lo que permite pensar en una política de prevención que desde una provincia no se pueden planificar. Uno no puede estar los 365 días del año al lado de cada vecino. 

– La designación de los jefes es una potestad del gobernador. ¿Está de acuerdo con cederla? 

– Hoy sin dudas que es una potestad del gobernador. Yo creo que tiene que haber una importante participación de los municipios y comunas en todas las mesas territoriales que hemos implementado; eso tiene que ser permanente y que nos acompañe en cada una de las decisiones de política de seguridad en general, no sólo para la visión de la policía sino también para lo diario porque es bueno que un intendente pueda opinar sobre los candidatos (a jefes policiales) o proponer a los jefes de las seccionales porque conoce el accionar y su desempeño. Pero también es bueno que los intendentes estén involucrados porque sin iluminación, sin apertura de calles ni limpieza ni integración de los vecinos en un hábitat confortable, tampoco generamos las mejores condiciones para la seguridad. Cuando uno dice que estén involucrados el territorio y los intendentes, es para que se involucren en todo; no sólo para decir quién va a ser el jefe, sino para la acción de todos los días. 

– Pero una cosa es sugerir y otra es designar al eventual jefe policial… 

– Es el gobernador quien tiene la facultad de designar al ministro y al Jefe de Policía de la provincia. Ésa es una instancia constitucional que ya está definida de esta manera. Lo que no quita que tengamos un esquema permanente de seguimiento desde la búsqueda misma de los ingresantes. Que las autoridades locales y hasta entidades intermedias se preocupen para que cuando haya una apertura para la incorporación de policías, muchos ciudadanos se motiven e interesen en anotarse. Desde allí comienza el proceso; en la búsqueda para el ingreso, en la selección para los mejores, en la formación para que la persona que puede no ser del lugar tenga en involucramiento diario que le da el territorio para poder desenvolverse de otra manera. Eso nos va a permitir que cada uno vaya conociendo en su territorio cuándo ingreso ese policía, cuál fue su desempeño, en qué seccional estuvo, cómo actuó en ese momento… El bagaje de información que aportará el territorio será de una riqueza enorme para trasladar luego a quien deba tomar decisiones futuras. Si no, el que viene puede decir ‘y éste policía de dónde viene’. Si el territorio no se involucra, esa información sólo la tendrá la fuerza; los que deben conocer la trayectoria de cada policía son los ciudadanos y sus instituciones. Eso es el involucramiento de los intendentes; el involucramiento de los territorios en la política de seguridad.