La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado la aplicación de estrictas medidas de vigilancia para un grupo de líderes narcocriminales alojados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El fallo desestima los recursos de las defensas y ratifica el traslado a pabellones de máxima seguridad, así como la prohibición de beneficios como las visitas íntimas. Esta resolución afecta, además de a Mauro Novelino, a figuras clave del crimen organizado como Ariel Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Leonardo Airaldi.

El tribunal fundamentó el mantenimiento de estas restricciones en el alto perfil de riesgo de los detenidos y su demostrada capacidad para organizar actividades ilícitas desde el interior de los penales. El detalle de su situación procesal incluye:

La ratificación de estas medidas de seguridad busca neutralizar el poder de mando de estos líderes, quienes, según las investigaciones, han mantenido estructuras operativas activas mediante comunicaciones constantes con el exterior.

El Litoral La Policía Federal allanó una celda en la cárcel de mujeres de Rosario y otra en la de Piñero en busca de teléfonos celulares. En la primera está alojada Vanesa Saravia, más conocida como la “Curandera” o la “Mae umbanda”, quien cumple condena como organizadora de una banda narco. Ella tenía un aparato escondido en una ventana. La segunda es ocupada por Juan Pedro “Pato” Calderón, que en los próximos meses enfrentará un juicio por infracción a la ley de estupefacientes. El procedimiento realizado este viernes fue ordenado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, a pedido del fiscal que interviene en la causa, el doctor Gustavo Onel. Tanto la “Curandera” como “Pato” son presos de alto perfil, que eran investigados desde tiempo atrás por el funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien -entre otras medidas- había solicitado escuchas telefónicas. Así se pudo comprobar que tanto la mujer como el hombre se comunicaban por teléfono con distintos miembros de sus organizaciones para dirigir las operaciones ilegales desde prisión. La resolución judicial también insta a las autoridades penitenciarias a que prohiban “las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios” y que se impida “que las personas mencionadas se comuniquen con el exterior sin un adecuado control”.