Con una caída del 5,2% en septiembre, la inversión en Argentina profundizó su retroceso y pone en duda la reactivación económica, en un contexto marcado por la escasez de crédito y la escasa monetización.

De esta forma, entre enero y septiembre acumuló una contracción de 7,6%, de acuerdo con el informe Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM-OJF), elaborado por el estudio de Orlando Ferreres.

En términos de dólares, la inversión alcanzó los US$ 8.540 millones, una cifra que dista ampliamente de los anuncios millonarios que el Gobierno nacional difunde a diario, principalmente en torno al RIGI.

Los proyectos presentados exponen montos globales de largo alcance, sin especificar la parte de la inversión que tendrá impacto inmediato.

Si bien hay una obligación de un aporte inicial, las diferentes etapas de los proyectos permiten escalonar esa inversión que, en definitiva, está teniendo más impacto en los anuncios que en los desembolsos efectivos.

Que la inversión aumente es decisivo para el plan económico, porque es una de las pocas vías que le quedan al Gobierno para incentivar la economía, dado que el crédito no se reactiva y el canal de la emisión está cerrado.

De acuerdo con el informe de OJF, la inversión registró durante el noveno mes del año una caída interanual de 12,3%; los equipos nacionales mostraron una contracción de 3,8%, mientras que los bienes importados cayeron 17,2%. El acumulado de los primeros nueve meses refleja una baja de 11,5%.

En tanto, la construcción mostró un avance de 4,5% en la comparación interanual y volvió a mostrar una cifra positiva después de cinco meses negativos. El sector acumula una baja de 2,6% en los nueve meses transcurridos.

“La inversión continúa débil. Si bien los datos del sector de la construcción mejoraron, los registros de importaciones de bienes de capital para el noveno mes mostraron una fuerte caída, dejando un saldo negativo para el agregado”, indicó el trabajo.

OJF dijo que “mirando hacia adelante, en el corto plazo no hay indicios que permitan esperar una reacción de la inversión en los últimos meses del año”.

“En una mirada de más largo plazo, la mejora de las condiciones macro, una eventual mejora de la actividad y el desarrollo de la minería y el sector energético deberían contribuir a una recuperación de los niveles de inversión”, concluyó.

El Estado nacional acumula 33 meses consecutivos de reducción de personal, que el gobierno de Javier Milei presenta como parte de una transformación estructural de la administración pública, pero cuyos resultados siguen siendo motivo de controversia.

El informe sobre dotación de personal publicado este viernes por el INDEC registró 266.205 personas en septiembre de 2026, con una caída del 6,1% interanual y del 0,8% respecto de agosto. De acuerdo con la serie histórica del organismo, en noviembre de 2023, último mes completo anterior a la asunción de Milei, la dotación alcanzaba las 343.357 personas, lo que arroja una diferencia de 77.152 puestos.

Si se toma diciembre de 2023 como referencia, el primer mes de la gestión libertaria, la reducción es equivalente al 22%. Ambas comparaciones muestran la magnitud del proceso, que tuvo su mayor intensidad durante 2024, pero continuó durante 2025 y los primeros nueve meses de 2026, período en el que se contabilizaron otras 13.833 bajas netas.

Esta tendencia adquiere otra dimensión a partir de las explicaciones que ofrecieron el último martes los secretarios Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulación, Alejandro Cacace, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.

"Tenemos, después de tres años, un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023. Con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos", sostuvo Fariña. El funcionario utilizó las estadísticas del Ministerio de Desregulación, cuya diferencia con el INDEC responde a universos de medición distintos, ya que incorpora personal militar y de seguridad que no forma parte del relevamiento del organismo estadístico nacional.

Durante la exposición, Fariña indicó que el recorte todavía no terminó. Detalló que ya más de 6.254 personas se adhirieron a programas de retiros voluntarios y que esta semana se anunció un nuevo programa de retiros para la administración central.

"Lo que estamos haciendo es lo contrario: un Estado más chico y más eficiente", sentenció al finalizar la presentación. Los datos corroboran la primera afirmación. La segunda formó parte del intercambio con los legisladores de la oposición por las funciones que el Estado conserva, modifica o deja de desempeñar.

Ante los legisladores, el secretario afirmó que desde la cartera que comanda Federico Sturzenegger "no solamente estamos teniendo un Estado más chico, sino que también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento". Explicó que la revisión de los organismos no se limita a la cantidad de trabajadores o cargos jerárquicos: "Si hay funciones que son duplicadas porque están replicadas en diferentes áreas del Estado, se eliminan. Si son funciones que en realidad le corresponden a las provincias o a los municipios, también se eliminan". Y agregó: "Si son funciones que creemos que las debe desempeñar el sector privado, también se eliminan".

La presentación volvió a poner de manifiesto uno de los aspectos centrales de la política de Javier Milei simbolizada con una motosierra: la reducción de personal es a la vez que una herramienta para disminuir el gasto, una modificación desde adentro de las funciones que el Ejecutivo considera que el Estado debe cumplir para con sus ciudadanos.

Según detalló Fariña, desde diciembre de 2023 las autoridades superiores pasaron de 307 a 192, los cargos de alta dirección disminuyeron de 2.476 a 1.994 y la cantidad de organismos estatales bajó de 117 a 91. Aseguró, además, que los cambios permitieron reducir estructuras que consideraban innecesarias y afirmó que "cada uno de los ahorros que estamos generando tiene su permanencia".

En números, la evolución del empleo estatal confirma el achicamiento, aunque no permite establecer por sí sola si las funciones eliminadas eran redundantes, si las prestaciones se mantienen mediante otros mecanismos o si determinadas necesidades dejaron de recibir respuesta.

"Lo que nosotros hicimos con esta reducción de empleados, es un ahorro estimado no solamente en salarios, sino también en edificios, en diferentes elementos, casi de 3.000 millones de dólares anuales", aseguró Fariña, destacando la reducción de la presión impositiva. La estimación está basada en un informe del Ministerio de Desregulación que considera que el costo de cada empleado duplica su remuneración y, por lo tanto, multiplica por dos el ahorro salarial.

Luego, Cacace profundizó en el sentido económico de las reformas al afirmar que su ministerio vale "por los ahorros que generamos". Y agregó que los beneficios comprenden tanto el funcionamiento del Estado como los costos de los trámites y las obligaciones que deben afrontar ciudadanos y empresas.

En ese punto, Cacace también recordó la sanción de la ley Bases, que “sentó los fundamentos de la transformación de la República Argentina”. “A veces olvidamos el impacto que tiene. A veces olvidamos el impacto que tienen pequeñas reglas que se cambian y que han transformado la estructura de la economía argentina”, sintetizó el Secretario de Desregulación.

Fariña puso como ejemplo de los resultados de la modernización la automatización para validar el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que, según explicó, permitiría evitar alrededor de 1,2 millones de trámites anuales y ahorrarles tiempo y dinero a las familias. En ese sentido, anunció que el Gobierno avanza en la unificación de más de 150 sistemas administrativos y de liquidación de haberes.

"Yo creo en un Estado que construya eficiencia, pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida", contrapuso la diputada Victoria Tolosa Paz durante el debate. Cuestionó, además, que la búsqueda de eficiencia pudiera quedar condicionada por "un sesgo ideológico" y reclamó evaluar "para qué tomamos las medidas que tomamos, si van a afectar o perjudicar al conjunto de la población argentina".

Uno de los intercambios más directos se produjo alrededor de Vialidad Nacional. Fariña sostuvo que la reestructuración permitió reducir de 1.543 a 176 los cargos jerárquicos del organismo, aunque se trata de posiciones de conducción y no de la cantidad total de trabajadores.

El diputado puntano Ernesto Alí cuestionó el criterio empleado para medir los resultados. "No se trata de echar funcionarios, sino que Vialidad se trata de hacer rutas", manifestó. Y agregó: "Tenemos que tapar baches".

Fariña respondió que el Gobierno pretende mejorar la red vial mediante un esquema que combina concesiones privadas con tareas de mantenimiento y control a cargo del organismo nacional. "Nosotros creemos que hay que mejorar el estado de las rutas. Podemos tener una visión de quién creemos que lo va a hacer de mejor forma, si el Estado o un privado", sostuvo.

La discusión expuso una diferencia sustancial entre los indicadores utilizados para evaluar la reforma. Mientras el Ejecutivo destaca la eliminación de estructuras y sus costos, los cuestionamientos apuntan al estado de la infraestructura y a las prestaciones que deben recibir sus usuarios.

El informe del INDEC también permite dimensionar el ajuste en instituciones vinculadas con el desarrollo productivo, la investigación y la infraestructura. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el CONICET pasó de 27.760 a 24.795 personas; el INTA, de 6.825 a 4.960; el INTI, de 3.120 a 2.227; y Vialidad Nacional, de 5.703 a 4.165 trabajadores.

El Presupuesto 2027 contempla nuevas modificaciones en el financiamiento de estos organismos. Diputados de la oposición apuntaron contra el artículo 21 del proyecto, que propone eliminar asignaciones específicas vinculadas con las importaciones para el INTA, el INTI y el SENASA.

"Para nosotros, el presupuesto de un organismo tiene que ser lo que se ha votado por el Congreso, en relación a las metas y a las necesidades de ese organismo, no atado a un indicador que es externo", defendió Fariña, al cuestionar que el financiamiento dependa de indicadores como el valor de las importaciones.

En el caso del INTI, el secretario argumentó que determinadas certificaciones podían ser reemplazadas, y sostuvo que existían trámites que demoraban innecesariamente la actividad de las empresas. Desde la oposición se plantearon interrogantes sobre la disponibilidad de alternativas y las consecuencias de reducir capacidades técnicas del Estado.

Las planillas del Presupuesto 2027 indican para el INTA actividades previstas que pasarían de 3.000 en 2026 a 1.500 en 2027, mientras que las consultas atendidas a productores y otros actores del sector agropecuario bajarían de 4.933 a 3.074. Son metas proyectadas, no resultados ya ejecutados, pero muestran que la discusión alcanza el volumen de prestaciones previsto por el Gobierno para el próximo ejercicio.

En medio del debate por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados que tiene al financiamiento universitario y discapacidad como dos de los temas más debatidos, y la media sanción de la Cámara baja sobre un proyecto sobre Discapacidad (que logró apoyo mayoritario en el recinto), el gobierno nacional anunció que mantendrá suspendido el otorgamiento de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Se trata de casos que fueron denunciados y no cuentan con el respectivo CUD, según informaron fuentes oficiales.

Adrián Ravier, vocero de la presidencia de Javier Milei. Foto: Archivo.

La novedad llegó este martes por parte del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien difundió la decisión tomada por la Secretaría de Discapacidad que depende del Ministerio de Salud.

La decisión es dejar sin efecto los restablecimientos cautelares y mantener la suspensión de la cifra de pensiones ya mencionada.

“Para el gobierno de (Javier) Milei es prioritario asegurar que la asistencia social llegue en forma efectiva a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por eso, desde el comienzo de la administración hemos fortalecido programas que van directo a las personas que los necesitan”, dijo el portavoz presidencial en su habitual conferencia de prensa.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, el 21 de octubre, a un proyecto de ley de Discapacidad que ahora está bajo análisis en el Senado. Foto: Archivo.

A los fines de “garantizar transparencia y sustentabilidad” al sistema es que se avanza en las auditorías de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, destinada a quienes “se encuentran imposibilitados de trabajar y carecen de medios de subsistencia”.

“El beneficio no se otorga por la sola existencia de discapacidad o por contar con el certificado”, aclaró Ravier para pasar luego a un cuadro comparativo que muestra el incremento “exponencial” de pensiones entre el año 2001 y 2023: “El padrón se multiplicó por mas de 15 veces”, advirtió para concluir en que “Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de pensionados por invalidez laboral en el mundo, similar a países que tuvieron o tienen guerras”.

En el caso de las casi 22 mil pensiones que vuelven a quedar en suspenso, aseguró que “no se presentaron antecedentes médicos o socio económicos que las justifiquen”. Esto “no implica determinar que no presentan incapacidad, sino que no se cuenta con información que permita verificarla”.

A estas personas se les otorgará un plazo de 30 días hábiles administrativos para aportar la información requerida, justificar su ausencia en auditorías o aportar antecedentes para revisar su situación.

Para eso deberán recurrir a la plataforma tramitesadistancia.gob.ar o a las oficinas territoriales de la Secretaria de Discapacidad.

Gerardo Huesen (LLA), titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Foto: Archivo.

Con la imagen aun fresca del ex vocero Manuel Adorni mostrando una radiografía de un animal como presunta prueba de discapacidad (cuestión que fue rotundamente desmentida), Ravier pasó lista a algunas de las situaciones encontradas entre esos casi 22 mil casos bajo observación: "38 con dos o más vehículos, 26 con dos o más inmuebles, algunos con propiedades de más de 40 hectáreas, otro más con un avión".

También aludió a irregularidades en la documentación médica y puso por ejemplo a dos departamentos de la provincia de Tucumán con expedientes firmados por el mismo profesional.

Además, señaló que otros dos departamentos: General José de San Martín en Salta, y General Güemes en Chaco, “concentran el 13 % de las suspensiones”.

Consultado sobre si el gobierno había presentado alguna denuncia penal al respecto, el vocero consideró que se hará en la medida en que se confirme un delito.

Tras los comicios en Brasil que determinaron el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, por primera vez el gobierno de La Libertad Avanza se expidió al respecto a través del vocero presidencial Adrián Ravier, quien manifestó que, “se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, a la vez que expresó, “respecto a (Flávio) Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”. A la repregunta sobre el tema elecciones, el funcionario recordó que “en 2023 cuando Javier Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por lo menos por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar. No va a haber ningún comunicado oficial”, enfatizó.

En referencia a la misma cuestión, en otro segmento de la rueda con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el representante del Poder Ejecutivo Nacional manifestó que, “en relación con Brasil, ese país y Argentina son pueblos hermanos, comercian, trabajan dentro del Mercosur. Nada de esto debería verse afectado. Para el presidente Javier Milei es mucho más importante el pueblo, digamos los dos pueblos, y el comercio y las relaciones que puedan generar, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios”, mencionó.

En ese marco anexó que, “el canciller (Pablo Quirno) ha dicho un centenar de veces, del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, refrendó. A la hora de cerrar lo vinculado al principal socio del Mercado Común del Sur, Ravier reiteró: “Ya hemos tomado nota del resultado electoral y seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur, y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse, lo van a poder seguir haciendo con total normalidad. Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios, que es real”, remató.

Consultado por las últimas diferenciaciones que hizo la ex ministra de Seguridad con el primer mandatario y su faltazo de ayer lunes a la reunión de ministros que encabezó el propio Milei, Ravier aseguró que, “no hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor. Patricia Bullrich es parte del gobierno. En la reunión de gabinete del día de ayer estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir. Todo lo demás son especulaciones. Siempre decimos, dentro de la mesa de gabinete, que, si alguno no está, ya van a decir los medios que fue despedido, contó.

En ese marco, señaló que, “realmente causa gracia la manera en que especulan los medios, sugiriendo operaciones permanentemente. Para hablar de algún tipo de riesgo por la ausencia de cualquiera de los miembros en una reunión de gabinete, no siempre pueden asistir. En este caso, Patricia Bullrich nos ha dicho que estaba en camino y no pudo llegar por un problema personal", afirmó .

Ella "apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei, trabaja para que Milei sea reelecto. Es parte fundamental de nuestro gobierno. Es parte fundamental del Senado para lograr generar de este Congreso el más reformista de la historia, que más allá de no tener mayoría simple, con aliados, con diálogo, el esfuerzo de Patricia Bullrich ha sido fundamental para aprobar leyes. Lo demás son especulaciones”, sentenció.

Al mismo tiempo, recalcó: “Los liberales no somos manada. Puede haber diferencias sobre un tema, puede haber diferencias incluso en las formas entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Se convive con ello, no es ningún problema para nosotros. Cuando alguien opina, se toma la opinión; a veces es en ámbitos cerrados, privados, a veces es público. Pero Patricia Bullrich sigue siendo parte de este Gobierno y apoya la reelección del presidente Milei”, garantizó.

En el momento que se interrogó al portavoz de la Presidencia acerca de las últimas declaraciones de Milei en torno a varios periodistas luego de ser sobreseído con su hermana de la causa LIBRA, Adrián Ravier proclamó que, “Javier Milei y este Gobierno respeta la libertad de expresión, respeta el periodismo, al periodismo de verdad, el que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la verdad, a la búsqueda de la verdad, y distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”, afirmó.

En esa misma línea, comentó, “el presidente cuando se expresó lo hizo con enojo, un enojo, creo yo, justificado, después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente para perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora. Claramente, nunca este presidente ni este Gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente”, consideró.

Intentando diferenciarse del kirchnerismo, el titular de la Vocería enunció: “De nuevo, respetamos la libertad de expresión. Lo pueden ver en los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, la cantidad de críticas que recibe el presidente. Nunca este Gobierno tomó ninguna acción. Recordemos que en otro tiempo sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas, etc", dijo.

"Este Gobierno nunca tomó ninguna represalia contra ningún periodista y, en todo caso, se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual durante más de un año sistemáticamente se mintió, se operó, en algunos casos de manera personal, en otros casos sistemáticamente desde un medio de comunicación, para perjudicar su imagen”, aseveró Ravier, que por último opinó que cree “que no es correcto lo que han hecho algunos medios de tomar sus palabras literales y sugerir que alguien va a terminar en la hoguera. Es una expresión de enojo, producto del daño que le han causado no sólo al Presidente, sino a este Gobierno y también a la Argentina”, concluyó.

El Índice de Confianza en el Gobierno nacional correspondiente a octubre de 2026 se ubicó en 1,95 puntos, en una escala de 0 a 5, lo que representa una suba del 0,9% en comparación con septiembre. Se trata de una leve recuperación después de la fuerte caída registrada el mes anterior.

El estudio fue elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, a partir de un relevamiento de Poliarquía Consultores, realizado antes de la polémica por las declaraciones del presidente Javier Milei contra el periodismo. El indicador acumula una caída del 20,7% respecto de fines de 2025 y un descenso interanual del 7%.

Según el informe, la mayor parte del deterioro de la confianza pública durante 2026 se concentró entre enero y mayo. Desde abril, el índice atraviesa una etapa de relativa estabilidad alrededor de los 2 puntos, con variaciones mensuales reducidas y compatibles con el margen de error de la muestra.

La mejora mensual se conoció cuatro días después de que la misma universidad informara que el Índice de Confianza del Consumidor aumentó un 0,8% en octubre, aunque todavía registra una caída interanual del 1,9%.

El ICG es considerado uno de los indicadores utilizados para analizar la evolución del respaldo ciudadano a la gestión presidencial. Históricamente, sus movimientos también han sido observados como una referencia para evaluar el desempeño electoral de los oficialismos.

Al comparar los primeros 34 meses de las distintas administraciones, Javier Milei registra un nivel de confianza inferior al que tenía Néstor Kirchner, aunque supera los valores correspondientes a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en esa misma etapa.

"Para el mes 34 de gestión está abajo de Néstor, pero arriba de Cristina I y II, Macri y Alberto. No le sobra nada a Milei, pero sigue competitivo", señaló el economista Pablo Wende.

El registro actual se encuentra un 27,7% por debajo de los 2,70 puntos que alcanzaba Néstor Kirchner en el mes 34 de su presidencia. Además, el promedio acumulado del índice durante la administración libertaria descendió a 2,33 puntos, su nivel promedio más bajo hasta el momento.

Como referencia, en el mismo tramo de sus respectivos mandatos, Mauricio Macri promediaba 2,45 puntos y Alberto Fernández, 1,85 puntos.

Durante octubre, los cinco componentes que integran el Índice de Confianza en el Gobierno registraron variaciones moderadas respecto de septiembre.

La honestidad de los funcionarios se mantuvo como la dimensión mejor valorada, con 2,37 puntos, aunque experimentó una caída del 3%.

La capacidad para resolver los problemas del país alcanzó los 2,27 puntos, con una mejora del 3,3%, mientras que la eficiencia en la administración del gasto público llegó a 1,99 puntos, tras aumentar un 2,5%.

Por su parte, la evaluación general del Gobierno se ubicó en 1,63 puntos, con un incremento del 2,1%. La preocupación por el interés general continuó siendo el aspecto peor calificado, con apenas 1,51 puntos y una variación positiva del 0,5%.

El relevamiento también identificó diferencias importantes según la edad, el género, el nivel educativo y la región del país.

Los jóvenes de 18 a 29 años volvieron a encabezar los niveles de confianza, con 2,38 puntos y un aumento mensual del 3,6%. Les siguió el grupo de 30 a 49 años, con 1,96 puntos y una mejora del 6,5%.

En cambio, los mayores de 50 años registraron una caída del 10,2%, hasta alcanzar 1,81 puntos. Se trata del valor más bajo de este segmento durante la presidencia de Milei, en continuidad con una tendencia descendente iniciada en julio.

En la comparación por género, los hombres registraron 2,17 puntos y las mujeres, 1,73 puntos. Aunque entre las mujeres hubo una recuperación del 7,2% respecto de septiembre, se mantiene una diferencia de 0,43 puntos a favor de los varones.

La distribución geográfica mostró que el interior del país presentó el nivel más alto de confianza en el Gobierno, con 2,13 puntos y un crecimiento del 3,7%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el índice alcanzó 1,88 puntos, con una mejora del 2,1%. Por el contrario, el Gran Buenos Aires registró el valor más bajo, con 1,62 puntos, después de una caída mensual del 6,2%.

En cuanto al nivel educativo, las personas con estudios terciarios o universitarios encabezaron la medición con 2,07 puntos, mientras que quienes cuentan con estudios secundarios alcanzaron 1,84 puntos. Entre las personas con nivel primario, el indicador se ubicó en 1,29 puntos.

Uno de los datos más significativos del estudio aparece al analizar la relación entre la confianza en el Gobierno y las expectativas sobre la economía.

Entre quienes consideran que la situación económica mejorará durante el próximo año, el índice alcanzó los 4,10 puntos, muy por encima del promedio general.

En cambio, quienes creen que la economía permanecerá igual registraron 2,58 puntos, mientras que entre las personas que anticipan un empeoramiento, la confianza cayó hasta apenas 0,40 puntos.

El informe también examinó la relación entre confianza y seguridad. Entre quienes no sufrieron delitos durante el último año, el índice se ubicó en 2,02 puntos, mientras que entre las víctimas de hechos delictivos alcanzó 1,70 puntos.

En este último grupo se registró una suba mensual del 21,2%, aunque su nivel de confianza continúa por debajo del correspondiente a quienes no fueron víctimas de delitos.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Sociedad Interamericana de Periodismo (SIP) y la Academia Nacional de Periodismo se pronunciaron por separado sobre un mismo tema: la escalada de agravios contra los medios de comunicación y periodistas pronunciados por el presidente Javier Milei.

Este viernes la situación llegó a su punto cúlmine cuando el mandatario argentino dijo que los comunicadores que investigan la causa $Libra debían “quemarse en la hoguera”.

Fue en la conferencia que ofreció en la gala anual de la Fundación Faro, poco después de conocerse un fallo judicial favorable para él y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, dijo entonces el mandatario nacional, quien cargó contra “los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”, entre los que incluyó, con nombre y apellido, a comunicadores de distintos medios que cubrieron el caso de presunta estafa con la criptomoneda.

Poco después de difundirse los duros términos empleados por el Presidente, se conoció el pronunciamiento de Adepa que, a través de las redes sociales, rechazó “los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios (…). Los agravios incluyeron virulentas apelaciones contra profesionales y organizaciones periodísticas que cubrieron el caso $Libra -por el que el Presidente fue sobreseído judicialmente-, y se suman a la escalada de las últimas semanas”, señala la entidad.

“La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, concluye.

Justo este domingo concluyó la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolló en Bogotá, Colombia, y analizó la situación del sector en los países de la región.

“La violencia ciega contra el periodismo independiente, que en el último semestre cobró la vida de nueve periodistas del continente, ha estado acompañada de un discurso hostil desde el poder, in crescendo, que incluye, entre otros, casos de acoso judicial, descalificaciones oficiales y bloqueo de medios”, señalaron en la clausura del encuentro.

Con respecto a la Argentina, la entidad cuya presidencia pasó a manos del cordobés Carlos Jornet, advirtió que “persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la ‘desinformación masiva’ y la ‘manipulación de la opinión pública’”, en alusión a uno de los capítulos que componen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por último, en el sitio oficial de la Academia Nacional de Periodismo, que preside Joaquín Morales Solá, impacta la imagen de un contador que está a punto de cambiar de la cifra 861 a 862.

Bajo el título “La violencia institucional afecta a la democracia”, advierte: “A la cantidad de insultos del Presidente se suma una amenaza de muerte”.

Es que la cifra mencionada más arriba alude a las expresiones y publicaciones registradas entre enero y octubre. Allí figuran términos como “operador/es, mentiroso/s, basura/s, ensobrado/s, y variantes como corrupto/s, mercenario/s, pautero/s, inmundo/s, imbécil/es, mierda/s humana/s, delincuente/s, sicario/s, sorete/s, quemar en la hoguera pública”.

Esta última expresión colmó un vaso que ya estaba lleno y despertó fuertes críticas de sectores políticos, y de la propia jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien advirtió que con los dichos presidenciales, “se cruzó un límite”.

Cabe recordar que la semana pasada, el mandatario nacional tuvo un paso breve pero polémico por España, donde también dedicó agravios a periodistas de ese país.

La senadora nacional Patricia Bullrich se pronunció este domingo sobre los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y marcó diferencias con el mandatario por sus declaraciones durante una cena de la Fundación Faro, donde hizo referencia a “quemar periodistas en la hoguera” en medio de sus cuestionamientos a quienes investigaron el caso $LIBRA.

Aunque respaldó el derecho del jefe de Estado a defenderse de las críticas, la legisladora consideró que las expresiones utilizadas fueron excesivas y planteó la necesidad de sostener el debate público dentro de determinados límites.

“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, afirmó Bullrich durante una entrevista con LN+.

Sin embargo, aclaró que ese derecho también implica responsabilidades. “Se responde con argumentos”, sostuvo, antes de señalar que la referencia a la hoguera constituye una expresión que excede los términos de una discusión política.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicó que considera necesario diferenciar las respuestas políticas de los ataques personales, especialmente cuando provienen de quienes ejercen responsabilidades institucionales.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, reflexionó.

Las declaraciones de Bullrich se conocieron apenas un día después de que la propia senadora difundiera una fotografía abrazada a Milei durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes por la noche en el Yacht Club Argentino, en Puerto Madero.

La imagen fue publicada el sábado en su cuenta de X, acompañada por un mensaje de respaldo al encuentro.

“Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”, escribió la legisladora.

El contraste entre aquella publicación y sus declaraciones posteriores llamó la atención dentro del escenario político, debido a que Bullrich es una de las principales referentes parlamentarias del oficialismo.

De todos modos, sus cuestionamientos estuvieron dirigidos específicamente al lenguaje utilizado por el Presidente y no implicaron un distanciamiento de su espacio político.

La controversia comenzó durante la intervención presidencial en la Fundación Faro, organización dirigida por Agustín Laje, cuando Milei se refirió a los periodistas que difundieron información vinculada con la investigación del caso $LIBRA.

En ese contexto, el mandatario afirmó que quienes consideraba responsables de publicar información falsa “se tienen que quemar en la hoguera” y utilizó el insulto “hijos de puta” para referirse a ellos.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos de distintas organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa.

Entre las entidades que manifestaron su rechazo estuvieron la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que cuestionaron las expresiones presidenciales.

También se pronunciaron dirigentes de diferentes espacios políticos, entre ellos referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y Pro.

Los cuestionamientos se concentraron en el lenguaje empleado por el mandatario y en la responsabilidad institucional que implica ejercer la Presidencia frente a quienes desarrollan tareas periodísticas.

Durante la misma entrevista, la senadora abordó otros temas de la agenda política, entre ellos las elecciones presidenciales previstas para 2027 y las prioridades económicas que, a su entender, debería atender el Gobierno.

Consultada sobre la posibilidad de que exista un acuerdo político definido de cara a esos comicios, Bullrich evitó anticipar una posición.

“Es algo que no está decidido en este momento”, respondió.

En materia económica, planteó que el oficialismo debe concentrarse en conseguir que los resultados de la política económica tengan una repercusión concreta en la situación cotidiana de las familias argentinas.

La legisladora consideró que todavía existen aspectos que requieren modificaciones y sostuvo que las mejoras no deberían reflejarse únicamente en los indicadores generales.

“Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, afirmó.

La Libertad Avanza comenzó a evaluar una eventual fórmula presidencial integrada por Javier Milei y Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. La alternativa forma parte de las conversaciones del oficialismo para ampliar su respaldo electoral y buscar un segundo mandato.

De acuerdo con el artículo, la posibilidad ya fue planteada en conversaciones informales, pero está lejos de constituir una candidatura confirmada. Las fuentes consultadas por ese medio describen un escenario de negociaciones, diferencias internas y evaluación de distintas opciones.

El razonamiento de los dirigentes que impulsan ese acercamiento apunta a reunir al electorado propio de Milei con los sectores que acompañan a Bullrich. Sin embargo, dentro del mismo oficialismo reconocen que los votos de ambos espacios no se trasladan automáticamente a una fórmula compartida.

Un armador libertario consultado por El Litoral sostuvo que existen coincidencias políticas con la senadora, aunque relativizó que su incorporación permita asegurar una victoria. El lugar que ocupará Bullrich en 2027 continúa abierto.

Según la publicación, un operador cercano a la legisladora confirmó que la propuesta de acompañar a Milei fue mencionada como una posibilidad, dentro de intercambios que todavía tienen carácter informal.

Ese escenario convive con tensiones entre Bullrich y distintos sectores de la conducción libertaria, particularmente alrededor de su margen para intervenir en decisiones políticas y legislativas. La relación con Karina Milei también aparece entre los factores que atraviesan el armado.

El artículo ubica parte de los desacuerdos en la discusión del Presupuesto 2027 y las políticas de discapacidad. Según esa reconstrucción, Bullrich cuestionó no haber sido considerada en cambios que luego debía acompañar desde su posición legislativa.

También señala diferencias alrededor de la propiedad privada, las restricciones a la compra de tierras por extranjeros y las propuestas para familias endeudadas. En esos debates, las necesidades de negociación parlamentaria se cruzan con la defensa del equilibrio fiscal que sostiene el equipo de Luis Caputo.

La eventual incorporación de Bullrich genera distintas lecturas dentro del oficialismo. Para algunos dirigentes, su perfil político podría fortalecer la competitividad electoral; para otros, esa misma autonomía podría producir desacuerdos en una futura gestión.

Por ahora, la posibilidad de una fórmula Milei–Bullrich permanece como parte del debate interno. La información publicada recoge conversaciones y opiniones de fuentes reservadas, sin presentar un anuncio oficial de los protagonistas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

La restitución de la ley de tierras fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Solo votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes, mientras que se abstuvieron los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, de la Coalición Cívica Mónica Frade y de Coherencia Marcela Pagano.

En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones —cinco cordobeses y Álvaro González, del PRO.

Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado la ley, con lo cual fue clave para el oficialismo la decisión de los cordobeses y del legislador larretista.

La iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

El debate del Presupuesto 2027 entró en conflicto sobre una política social central en el país: el Gobierno propone en el artículo 17 eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, el mecanismo que permitió sostener la política de contención en la gestión de Javier Milei.

El martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará la discusión con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo pretende dictaminar el 28 y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, fechas todavía no confirmadas formalmente.

Mientras continúa el cronograma previsto, crecen los reclamos para que el proyecto de marcha atrás con la quita de la actualización vía inflación de la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

El conflicto se concentra en el breve artículo 17, que dice: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. El primero establece la movilidad de los importes y de los límites y rangos de ingreso para acceder al beneficio; los otros regulan su cálculo por ANSES y la aplicación inicial.

Esta fórmula fue instaurada por el propio gobierno libertario en 2024. El Decreto 274 estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES pasarían a actualizarse todos los meses según la inflación de dos meses previos, argumentando que en ningún caso podría resultar una disminución del haber que percibe el beneficiario.

Antes de llegar a este sistema, el cálculo del dinero de la AUH pasó por varias etapas. Cuando fue creada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner se actualizaba discrecionalmente por decretos una o dos veces al año. En 2015, la gestión de Mauricio Macri sancionó la Ley 27.160, que las acopló la Movilidad Jubilatoria, con aumentos obligatorios y automáticos dos veces al año mediante una combinación de la recaudación de ANSES y aumento salarial. Luego tuvo otro cambio en 2020 con Alberto Fernández donde pasó a revisarse cada tres meses.

Ahora, de prosperar la derogación, no desaparecerían las prestaciones ni habría una reducción de montos; sino que se borraría la obligación de ajustarlos mediante la fórmula que contempla el IPC. El proyecto no establece otra regla ni una periodicidad obligatoria: así, los aumentos quedarían sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.

El alcance del cambio aparece con claridad en informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La OPC muestra cómo la evolución que tuvo durante años el valor real de la AUH fue variable debido a la creciente inflación que atravesaba el país: cada aumento tenía una recuperación inmediata, seguida de una pérdida gradual hasta el ajuste siguiente.

Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023, la AUH tocó un mínimo al finalizar ese período producto de la devaluación dispuesta por Milei apenas asumida la presidencia. Luego, el Gobierno dispuso un aumento extraordinario del 100% para recuperar lo perdido y con la movilidad mensual con un IPC relativamente estable permitió proteger ese ingreso.

En contraposición, la Prestación Alimentar no cuenta con esa movilidad: sus valores dependen de aumentos discrecionales y su poder de compra repitió el patrón de recuperaciones transitorias y posteriores caídas. La OPC calcula para Alimentar un promedio real que descendió drásticamente desde diciembre de 2023. Como contrapunto, marca que el Plan 1.000 Días mantuvo su recomposición también gracias a la indexación mensual posterior de 2024.

En el Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, la OPC proyecta $9,2 billones para AUH y AUE, con una suba de apenas 0,7% real y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos. Las asignaciones familiares contributivas contarían con $5,2 billones, 5,7% más en términos reales. Alimentar, en cambio, tendría $3 billones, creciendo 8% nominal, pero con una caída del 10,5% real.

UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevaron la preocupación a una comisión de Diputados. Las instituciones señalaron que las transferencias de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes y advirtieron sobre la eliminación de su garantía de movilidad.

El proyecto asigna $21,5 billones a políticas de niñez, 7% más en términos reales sobre el crédito vigente de septiembre. Pero, según UNICEF, faltaría sumar cerca de $1,5 billones al gasto previsto para 2026 para cubrir las actualizaciones automáticas hasta diciembre. Con esa base corregida, el crecimiento real de 2027 prácticamente desaparece.

“Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental”, planteó Sebastián Waisgrais, de UNICEF, ante los diputados integrantes de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.

En la Cámara, la objeción ya no proviene solamente de los bloques de la oposición más férrea. Uno de los espacios cuyos votos necesita el oficialismo para sancionar el Presupuesto, la UCR, también se expresó este domingo en favor de conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar, además de revisar los artículos de discapacidad.

En la primera audiencia de Presupuesto, Victoria Tolosa Paz cuestionó a Carlos Guberman por el artículo 17 y preguntó por qué se buscaba dejar los aumentos sujetos a decisiones administrativas. El secretario de Hacienda defendió otro objetivo: “Lo que nosotros queremos hacer es [...] sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria”.

Su argumento fue que los alimentos pueden subir más que el índice general, por lo que una movilidad por IPC no siempre garantiza igual capacidad de compra de comida. “Nuestra intención es que eso se sostenga a lo largo del tiempo”, afirmó. El compromiso oficial apunta a que la combinación de AUH y Alimentar cubra al menos 95% de una CBA; no establece, sin embargo, qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista.

La discusión también tiene alcance fiscal. Guberman explicó que Hacienda estima los ingresos, descuenta “los gastos que tienen alguna cláusula de ajuste automático” y reparte el margen restante. La derogación quitaría una obligación legal de ajuste, aunque el proyecto no cuantifica el eventual ahorro que se produciría de aprobarse esta medida.

Hacienda proyecta 18% de inflación a diciembre de 2027, contra 21,2% del último REM relevado por la OPC. La diferencia no supone por sí sola una pérdida determinada para los hogares: dependerá de cuánto y cuándo decida aumentar el Ejecutivo. Pero, de aprobarse el artículo 17, la garantía que estabilizó el valor real de la AUH ya no estaría escrita en la ley.

Javier Milei viaja a España este lunes 19 de octubre. El presidente llegará en plena convulsión y a semanas de las elecciones en las que Pedro Sánchez buscará retener el poder.

Viajará acompañado por Adrián Ravier, economista libertario especializado en la Escuela Austríaca y actual vocero presidencial. Su presencia se vincula con el perfil académico de las actividades previstas.

El presidente partirá de Buenos Aires el lunes 19 a las 23 y aterrizará en Madrid el martes 20 a las 18.30 (13.30 hora de Argentina). El miércoles Concentrará sus actividades: el desayuno informativo del Fórum Europa en el Real Casino Gran Círculo comienza a las 9.30 de Madrid (4.30 de Argentina) y la organización anuncia el inicio del encuentro a las 9.45, con la presentación de Daniel Lacalle.

A las 13 (8 en Argentina) inaugurará la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos; el congreso General inicia a las 14 y se extiende hasta el viernes 23, aunque Milei estará solo en la primera jornada. La jornada cerrará con una reunión política prevista a las 17 con Isabel Díaz Ayuso.

El viaje se inscribe en una España que entra en campaña anticipada tras la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 29 de noviembre; la campaña formal comenzará el 13 de noviembre, según la información disponible. La visita también ocurre en un marco europeo marcado por protestas y tensiones en varios países.

En la conferencia sobre la Escuela Austríaca participará Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera una influencia decisiva en su formación intelectual; en abril de 2025 el presidente condecoró a Huerta de Soto con la Orden de Mayo.

Sobre su visión internacional, Milei afirmó en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2024: “Occidente está en peligro”, dijo Javier Milei, presidente.

La visita política se produce mientras el PP y Vox reorganizan sus estrategias de campaña; fuentes de Vox indicaron que Santiago Abascal podría estar fuera de Madrid durante la estancia del mandatario, por lo que un encuentro con él no está confirmado.

“Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan”, dijo Pedro Sánchez, candidato del PSOE, frase que aparece en el contexto de la campaña que se desarrolla en España.

La gira combinará la proyección académica vinculada a la Escuela Austríaca, una cita con una dirigente clave del PP en Madrid y la intención de llevar al plano internacional la batalla ideológica que Milei promovió desde su gobierno.

La sesión especial convocada para este jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados no pudo comenzar por falta de quórum. La oposición buscaba tratar el rechazo al DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.

Los bloques que impulsaron la convocatoria no alcanzaron los 129 legisladores presentes necesarios para habilitar el debate. Así, los asuntos incluidos en el temario quedaron sin tratamiento en esta oportunidad.

Seguí en vivo lo que pasa en el recinto

Martín Menem declaró fracasada la sesión y habilitó las expresiones en minoría. Luego, invitó a los diputados y al público presente a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo.

Entre trabajadores legislativos emocionados y lágrimas, un fuerte aplauso resonó en el recinto tras el homenaje. También se escucharon cánticos vinculados al peronismo y consignas contra el oficialismo.

Cecilia Moreau recordó a Norberto Di Próspero

Cecilia Moreau tomó la palabra después de Maximiliano Ferraro y recordó con afecto a Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo. Su intervención continuó los homenajes tras el minuto de silencio realizado en el recinto.

El DNU 70/23 introdujo un amplio conjunto de desregulaciones económicas. La discusión volvió a cobrar impulso por los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los puntos alcanzados por la norma.

En paralelo, el oficialismo consiguió dictamen para su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de esos límites. Esa iniciativa tiene previsto llegar al recinto el 21 de octubre. La convocatoria opositora también propone extender la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.

La actividad parlamentaria coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas confluyen frente al Congreso con el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y políticas.

La jornada también incluye un paro de ATE y reclamos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar y rechazo al DNU 70/23. Desde la mañana comenzaron a llegar manifestantes a la Plaza de los Dos Congresos, donde se instalaron banderas y estructuras para las actividades previstas.

El presidente Javier Milei volvió a dejar en claro su posicionamiento internacional durante una visita a Washington, donde ratificó su alianza política con Donald Trump y lanzó fuertes críticas contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como un “dictador comunista”. Además, manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato que disputará la segunda vuelta electoral en Brasil.

Las declaraciones se produjeron durante la Gala Oficial de la Herencia Hispana, un encuentro organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, en el que el jefe de Estado argentino recibió un reconocimiento por su liderazgo e impacto internacional.

En su discurso, Milei planteó la necesidad de consolidar un bloque político en América y sostuvo que el resultado de las próximas elecciones legislativas estadounidenses será determinante para el rumbo de la región.

“No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, afirmó el mandatario argentino, antes de expresar su respaldo al presidente republicano.

“Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre”, agregó, en referencia a los comicios de medio término previstos para el próximo 3 de noviembre.

Uno de los momentos de mayor contenido político de su intervención estuvo dedicado a Brasil, donde Milei tomó partido abiertamente por Flávio Bolsonaro, quien enfrentará a Lula en el balotaje presidencial.

En ese contexto, el presidente argentino llamó a sacar “a patadas al dictador comunista”, una expresión dirigida al actual jefe de Estado brasileño que volvió a exponer las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

Milei también aprovechó la presencia de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial, para enviar un mensaje a la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

“Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente, y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flávio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injustamente encarcelado”, expresó.

El posicionamiento del mandatario argentino se produce a pocos días de una elección decisiva en Brasil, principal socio comercial de la Argentina dentro del Mercosur, y representa una nueva intervención pública de Milei en la política interna del país vecino.

Durante la ceremonia, el presidente también dedicó parte de su exposición a defender las medidas económicas implementadas desde su llegada a la Casa Rosada.

En ese sentido, volvió a cuestionar la gestión de sus antecesores y aseguró que su administración debió adoptar medidas inmediatas para evitar una crisis de mayor magnitud.

“Heredamos un país al borde de una nueva hiperinflación, producto de una clase política irresponsable y futurista. No perdimos un segundo. Aplicamos un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia”, sostuvo.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La visita a Washington volvió a mostrar la apuesta del Gobierno argentino por fortalecer su relación con la administración Trump y respaldar a dirigentes latinoamericanos que comparten su orientación política y económica.

En el cierre de su intervención, Milei reivindicó esa estrategia de apoyo a referentes de otros países y aseguró: “País tras país, desde las urnas, desde nuestro gobierno, hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda la región y los resultados fueron contundentes”.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene sede en Hamburgo (Alemania), una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas, a través de la resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965.

Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.

La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Hasta ahí el comunicado de la Oficina del Presidente que se difundió este martes por la mañana.

Minutos después, el canciller Pablo Quirno detalló los cuatro puntos en los que se basa el requerimiento al Reino Unido, vía CONVEMAR.

Allí figuran: impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado “Proyecto Sea Lion”, que, cabe recordar, tiene previsto iniciar la actividad comercial en 2028 aunque desde hace varios años realiza tareas de exploración.

En segundo lugar, se requiere al Reino Unido que “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa, en perjuicio de los derechos de la República Argentina”. Apunta a datos geológicos, geofísicos o técnicos que puedan ser utilizados en beneficio e proyectos foráneos.

El tercer punto es para que “cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”.

El último ítem solicita que “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.

La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Con esta presentación, el gobierno de Javier Milei pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero.

La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.

Según consignan medios nacionales, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos jurídicos de la presentación.

En la publicación de Quirno, que amplía y especifica el comunicado presidencial, se hace hincapié en “nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional”, a la vez que se invita al Reino Unido “a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.

Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.

El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.

Uno de esos antecedentes es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.

La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.

En cuanto al proyecto Sea Lion, el desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.

Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.

El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.

Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.

Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.

Mientras todo esto ocurre, se espera para este miércoles un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto (las tres presididas por el oficialismo) para continuar con el análisis del mensaje presidencial 275/26 que establece la Defensa de la Soberanía Nacional.

Más allá de la indiscutible voluntad legislativa en defensa de los intereses argentino sobre las aguas y el continente austral, el texto genera discusiones por el contenido total de iniciativa, que incluye, entre otros puntos, la creación de un Consejo de Seguridad con amplias facultades.

Ya pasaron por el plenario de comisiones funcionarios nacionales, incluida la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia María Irazábal Murphy, y referentes convocados por la oposición; entre ellos dos ex secretarios de Malvinas: Daniel Filmus y Guillermo Carmona.

El proyecto fue anunciado a comienzos de septiembre en cadena nacional por el propio presidente Milei, quien pidió un tratamiento rápido y una sanción exprés de su propuesta. La expectativa del oficialismo está puesta en lograr dictamen este miércoles y llevar el tema al recinto la semana próxima. Se descuenta que no será un solo dictamen el que emergerá de allí: la oposición ya anticipó que tiene sus propios planteos.

Javier Milei descartó una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las versiones sobre diferencias internas en el Gobierno y aseguró que su equipo ya trabaja en la estrategia para 2027. En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el Presidente también defendió su diagnóstico sobre la actividad económica y sostuvo que la Argentina mantiene perspectivas de crecimiento, pese a las dificultades que atraviesan algunos sectores.

Consultado sobre los rumores que ubicaban a Caputo fuera del Gobierno, Milei fue tajante. Los calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” y afirmó que mantiene una relación de plena sintonía con el funcionario.

“Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo”, aseguró. Para explicar ese vínculo, relató una situación en la que ambos coincidieron en el planteo de una medida económica, pese a que el resto del equipo no lograba ponerse de acuerdo.

El mandatario sostuvo que existe una división de tareas dentro de la administración: mientras él se ocupa de la gestión y de la denominada batalla cultural, otra mesa aborda las cuestiones políticas. Sin embargo, remarcó que la decisión general del Gobierno depende de él y negó que haya un cuestionamiento interno al ministro.

Durante el reportaje, Feinmann también le preguntó si la Argentina está en recesión. Milei respondió que el análisis debe considerar la magnitud de las variaciones de la actividad y cuestionó el uso de indicadores desestacionalizados en una economía que, según su interpretación, atraviesa cambios estructurales.

El Presidente sostuvo que la apertura comercial, la incorporación de tecnología, la baja de impuestos y las desregulaciones están modificando el funcionamiento de distintos sectores. En ese escenario, reconoció que hay actividades que crecen y otras que atraviesan dificultades, pero negó que el país tenga un problema generalizado de empleo.

Como ejemplo, mencionó el efecto de las variaciones en los precios de la energía sobre las decisiones de producción de las empresas. Según explicó, una fábrica puede optar por detener temporalmente su actividad en los meses en que sus costos energéticos son más elevados, lo que puede incidir en las estadísticas mensuales.

Milei también defendió las perspectivas de crecimiento de su gestión. Afirmó que, tomando las estimaciones de mercado que mencionó en la entrevista, la economía podría acumular un crecimiento de entre el 16% y el 20% en cuatro años. Se trata de una proyección planteada por el Presidente, que vinculó con las reformas económicas y las inversiones previstas.

Otro de los tramos de la entrevista estuvo dedicado a la situación financiera y a la capacidad del Gobierno para responder ante una eventual corrida cambiaria.

Milei aseguró que cuenta con herramientas y recursos que, según su cálculo, equivalen a unos 125.000 millones de dólares para enfrentar una situación de ese tipo. En su enumeración incluyó mecanismos de refinanciación de vencimientos, dólares adquiridos, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, operaciones de dólar futuro y los ingresos previstos por el comercio exterior.

El Presidente aclaró que no está anticipando una nueva corrida, sino que busca contar con instrumentos para responder si se produce. También contrastó esa capacidad con la situación del año anterior, cuando, según su relato, el Gobierno debió afrontar una fuerte presión cambiaria en un contexto político y legislativo más adverso.

Las cifras expuestas durante la entrevista corresponden al cálculo presentado por Milei e incluyen instrumentos y flujos de distinta naturaleza; no equivalen necesariamente a reservas líquidas disponibles de manera inmediata.

En el tramo político, el Presidente afirmó que el Gobierno ya está diseñando su estrategia para 2027 y se mostró convencido de que podrá ganar las próximas elecciones presidenciales.

“Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar”, sostuvo. También señaló que espera fortalecer la representación oficialista en el Congreso para avanzar con las medidas de su programa.

Milei vinculó sus expectativas políticas con una eventual mejora de la actividad, la recuperación del salario real, la expansión del crédito y el ingreso de inversiones. Entre los factores que mencionó incluyó las privatizaciones, las obras viales y los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las definiciones del Presidente combinaron una defensa del rumbo económico, un respaldo explícito a Caputo y un mensaje de confianza electoral. Al mismo tiempo, dejaron planteado el contraste entre las proyecciones oficiales y las dificultades que enfrentan las actividades que todavía no muestran una recuperación sostenida.

El presidente Javier Milei se manifestó este domingo respecto al estado de salud del papa León XIV, luego de que el Sumo Pontífice comunicara oficialmente que deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El mandatario nacional utilizó su cuenta personal en la red social X para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad en nombre de todos los argentinos, ante la noticia de que el líder de la Iglesia católica presenta un nódulo en uno de sus pulmones, el cual fue detectado por su equipo médico en una fase inicial.

En su mensaje, el jefe de Estado argentino expresó: "Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación". De esta manera, el presidente Javier Milei buscó transmitir el sentir de la población frente a la situación médica que atraviesa el Papa, quien cuenta con 71 años de edad y se prepara para una agenda internacional de gran relevancia para el país.

El mandatario también destacó la importancia de la figura del Pontífice para la comunidad católica global y local. "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", agregó el presidente Javier Milei en su comunicación pública. Estas palabras reflejan el vínculo institucional y el respeto que el Gobierno mantiene hacia la máxima autoridad del Vaticano, especialmente en la antesala de un evento histórico para la nación.

La noticia sobre la intervención quirúrgica fue comunicada por el propio papa León XIV este domingo, al finalizar el tradicional rezo del Ángelus en el Vaticano. El Pontífice explicó ante los fieles que la lesión fue identificada en una etapa temprana, lo que permitió a sus médicos recomendar una cirugía inmediata para su extirpación. Aunque el anuncio generó una lógica preocupación entre los fieles de todo el mundo, la detección precoz del nódulo es considerada un factor positivo para el pronóstico de su salud.

Este suceso cobra una relevancia particular debido a que el papa León XIV tiene programada una visita pastoral a la Argentina, prevista para realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas y el Vaticano no han brindado información oficial sobre si esta operación y el posterior período de recuperación afectarán el cronograma de su viaje internacional. La atención se mantiene centrada en la evolución del procedimiento médico que se llevará a cabo en los próximos días en la Santa Sede.

La comunidad internacional sigue de cerca el proceso, dado que la visita del Papa a la Argentina es uno de los acontecimientos más esperados del año. Mientras tanto, el mensaje del presidente Javier Milei subraya el acompañamiento del pueblo argentino en este momento delicado. La expectativa ahora recae sobre los próximos comunicados médicos que emitirá el Vaticano, los cuales determinarán si el Sumo Pontífice podrá cumplir con sus compromisos internacionales según lo planificado originalmente para el mes de noviembre.

La Corte Suprema volverá a intervenir en la disputa por las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En un acuerdo extraordinario convocado para este viernes a las 9, analizará una presentación que podría derivar en una medida cautelar para restablecer los límites eliminados por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, según informó Clarín.

La reunión fue dispuesta por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, después de que la Corte revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto. Ese apartado dispuso la derogación de la ley 26.737, que regulaba la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

El fallo anterior respondió a una cuestión procesal. La nueva presentación busca determinar si esa resolución también alcanza a otro amparo colectivo, cuyos impulsores sostienen que tienen fundamentos y legitimación diferentes.

El planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron que la Corte aclare el alcance de su decisión sobre la acción que promovieron contra la derogación de la Ley de Tierras.

A diferencia del reclamo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que se apoyaba en la defensa de la soberanía nacional, esta presentación invoca la protección ambiental y los derechos sobre territorios ancestrales de los pueblos originarios.

Ambas acciones habían sido tramitadas como causas conexas por la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, los nuevos demandantes argumentan que su reclamo tiene una legitimación propia y que no debería quedar cerrado por lo resuelto en el expediente del CECIM.

La Corte deberá decidir si devuelve las actuaciones a los tribunales federales de origen o si interviene, de manera excepcional, sobre la cautelar solicitada. El alcance de una eventual restitución de las restricciones dependerá de esa resolución.

Para tratar el expediente, Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz estarán acompañados por los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, designados como conjueces mediante sorteo.

La ampliación de la integración responde a diferencias entre los ministros sobre cómo avanzar con la causa. La decisión requiere tres votos, por lo que la incorporación de los conjueces busca permitir una resolución.

El tribunal también redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes pudieran recusar a los magistrados sorteados y habilitó días y horas inhábiles, con el propósito de acelerar el trámite.

La controversia judicial tiene un correlato en el Congreso. Después del fallo anterior, bloques opositores promovieron una sesión especial en Diputados para tratar la derogación del DNU 70/23 completo, más allá del artículo vinculado con la Ley de Tierras.

Una nueva cautelar podría cambiar el escenario político de ese debate, aunque la intervención judicial sobre las restricciones a la compra de campos y la derogación parlamentaria del decreto tienen alcances distintos. La reunión de la Corte definirá el próximo paso del expediente, sin que exista todavía una resolución anunciada.

l Gobierno argentino que encabeza el presidente, Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la "producción excesiva" en sectores manufactureros.

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

El Gobierno nacional oficializó este martes 6 de octubre de 2026 el cambio en la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). A través del decreto 1149/2026, publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores y se designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo.

La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, establece que Ozores dejó el cargo el 5 de octubre, mientras que el nuevo interventor asumió sus funciones este martes. Michelazzo permanecerá al frente del organismo hasta el 4 de enero de 2027, manteniendo el plazo de intervención vigente desde comienzos de 2024.

Ozores, quien lideró el ente desde enero de 2024, comunicó su salida a través de una red social. En su balance de gestión, destacó avances en conectividad satelital, nuevas tecnologías, infraestructura crítica y herramientas de financiamiento para prestadores del sector.

Por su parte, el nuevo interventor, Andrés Michelazzo, es ingeniero graduado de la Universidad Católica de Córdoba y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones. Su experiencia incluye roles en organismos públicos, como la Agencia Conectividad Córdoba, y en empresas privadas del sector. Además, posee formación especializada en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba.

El ENACOM continúa bajo un esquema de intervención destinado a la reorganización del organismo, la revisión de estructuras internas y la actualización de los mecanismos de planificación y control de los servicios de comunicación en el país.

El Gobierno argentino ve en el resultado de las elecciones brasileñas una oportunidad para fortalecer a la derecha sudamericana. La relación con Donald Trump y el peso de Brasil abren un debate sobre el lugar que ocuparía cada mandatario.

Javier Milei busca consolidar su posición como referente de la derecha en América del Sur y, ante un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil, en la Casa Rosada imaginan un liderazgo compartido. El senador brasileño obtuvo una ventaja sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta y ambos disputarán la presidencia en el balotaje del 25 de octubre. 

Según informó Infobae, el oficialismo argentino interpreta ese resultado como parte de un cambio político regional y pretende ubicar a Milei entre los impulsores de ese proceso. Para respaldar esa lectura, el Presidente difundió en sus redes un mapa que compara los gobiernos sudamericanos de 2023 con el escenario actual.

Sin embargo, dentro del propio Gobierno también aparecen reparos. La posibilidad de que Brasil quede bajo una conducción cercana a Donald Trump podría modificar el lugar que ocupa Argentina en la relación con Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación, una fuente consultada bajo reserva consideró que Milei intentará asociar una eventual victoria de Bolsonaro con su influencia política. Al mismo tiempo, advirtió que la incorporación de Brasil como aliado de Washington podría reducir la singularidad del vínculo entre el mandatario argentino y Trump.

En otros sectores de la Casa Rosada relativizan esa competencia. Sostienen que el peso económico brasileño puede convivir con la proyección política de Milei y que ambos dirigentes tendrían margen para coordinar posiciones.

La expectativa oficial se apoya también en el vínculo del Presidente con la familia Bolsonaro. Tras la primera vuelta, Flávio invitó a Milei a Brasil y utilizó la consigna que identifica al libertario. Su hermano Eduardo, por su parte, publicó mensajes de reconocimiento al mandatario argentino.

Milei también intervino en la discusión sobre las consecuencias que tendría ese escenario para Argentina. En su cuenta de X cuestionó a los analistas que señalaron posibles efectos negativos de una victoria del candidato del Partido Liberal.

Pese al entusiasmo, el Gobierno argentino mantiene cautela respecto de la segunda vuelta. La ventaja inicial de Flávio Bolsonaro todavía debe traducirse en una victoria frente a Lula, que busca otro mandato.

La eventual participación de Milei en la campaña brasileña dependerá de las necesidades del candidato. Según Infobae, por el momento su entorno carece de una definición sobre un viaje para acompañarlo antes de la votación.

La agenda internacional del Presidente incluye además una visita a España prevista para el 19 de octubre. Ese viaje se produciría antes de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. 

Aunque Milei mantiene afinidad con Vox, el informe señala que en la administración argentina también recibirían favorablemente un triunfo del Partido Popular. La lectura oficial vincula esos comicios con el avance de fuerzas de derecha que el libertario busca acompañar desde su agenda exterior.

Sobre la posibilidad de que el Presidente viaje a Brasil antes del balotaje, desde su mesa chica señalaron a Infobae: “No está previsto que vaya, pero va a depender de lo que necesite Bolsonaro”.