La Justicia de Venado Tuerto condenó a Matías Damián Poliotto a tres años de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor penalmente responsable del delito de explotación, administración, operación y organización de juegos de azar clandestinos.

La sentencia fue dictada este miércoles 5 de agosto de 2026 por la jueza Paula Verónica Borrello, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal Iván Gastón Raposo, el imputado y su defensa particular. Durante la audiencia, Poliotto reconoció su responsabilidad, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con la pena y las reglas de conducta convenidas.

La investigación fue dirigida por el fiscal Raposo, quien tuvo a su cargo el impulso de las distintas medidas destinadas a reconstruir la operatoria ilegal y determinar la intervención del condenado. En esas tareas participó un equipo de investigación del Ministerio Público de la Acusación, integrado también por Maira Vuletic, además de personal de la Grupo de Investigación y Análisis Criminal de la Fiscalia Regional 3 (Giac) y de la Policía de Investigaciones.

La causa se inició el 22 de julio de 2024 a partir de una denuncia formulada por Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

El organismo provincial informó que en una subagencia oficial de lotería de titularidad de Poliotto, ubicada en la ciudad de Venado Tuerto, se estaría recibiendo dinero destinado a la carga de saldo en plataformas virtuales de apuestas que no contaban con autorización estatal.

De acuerdo con la investigación, Poliotto utilizaba su actividad vinculada con una agencia oficial para operar simultáneamente como cajero de plataformas clandestinas. Su función consistía en captar apostadores, crear usuarios y contraseñas, cargar fichas o saldos, recibir transferencias, pagar premios y efectuar rendiciones de dinero.

El hecho reconocido en el acuerdo determinó que Poliotto participó durante 2023 y hasta septiembre de 2024 en tres estructuras dedicadas a la organización y explotación de apuestas virtuales ilegales. Entre las plataformas investigadas se encontraban las denominadas “Oasis Pro” y “Casino Venado”.

Una de las medidas centrales impulsadas durante la investigación fue la actuación de un agente revelador autorizado judicialmente.

A partir del análisis de perfiles públicos de Instagram, el investigador logró establecer contacto con una cuenta vinculada con la promoción de una plataforma de apuestas no autorizada. Durante el procedimiento se le creó un usuario para ingresar al sitio y se le proporcionó una cuenta bancaria para cargar saldo.

En presencia de testigos se realizó una transferencia de 5.000 pesos. La investigación permitió comprobar que la cuenta receptora pertenecía a Matías Poliotto. Posteriormente se efectuaron apuestas dentro de la plataforma y se solicitó el retiro parcial del dinero obtenido, quedando documentada la totalidad de la operatoria mediante actas, comprobantes y grabaciones de pantalla.

A ello se sumaron tareas de campo, registros fotográficos y fílmicos, análisis de movimientos económicos, informes sobre cuentas y líneas telefónicas y el examen de dispositivos electrónicos secuestrados.

El propio Poliotto reconoció que se desempeñaba como vendedor y cajero de apuestas clandestinas. Admitió que creaba usuarios, cargaba saldos, gestionaba pagos y premios y recibía un porcentaje de las pérdidas de los apostadores. También describió la existencia de una organización con distintos niveles y funciones, así como rendiciones periódicas de importantes sumas de dinero.

Además de imponerle tres años de prisión de ejecución condicional, la jueza estableció que Poliotto deberá cumplir reglas de conducta durante el mismo plazo.

Entre ellas se encuentran fijar residencia y someterse al control de la Agencia de medidas no privativas de la libertad; informar cualquier cambio de domicilio; no cometer nuevos delitos; y abstenerse de mantener vínculos con páginas de juegos de azar que no estén homologadas en la provincia de Santa Fe.

También deberá acreditar, dentro de los seis meses, su asistencia a un Taller de Reflexión y Concientización organizado por la Dirección de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Finalmente, se dispuso el pago de 300.000 pesos en concepto de reparación del daño, suma que será destinada al Comedor Esperanza de Venado Tuerto.

Al referirse a la relevancia del caso, el fiscal Iván Raposo destacó la gravedad de esta clase de delitos y el impacto que producen sobre el control estatal de los juegos de azar.

“Esta condena demuestra que no estamos frente a una actividad menor ni meramente administrativa. El juego clandestino afecta el orden económico, evade los mecanismos de control del Estado y permite que importantes sumas de dinero circulen por canales informales y de difícil trazabilidad”, sostuvo Raposo.

El fiscal agregó que la investigación permitió advertir una operatoria sostenida en el tiempo, con división de funciones, captación de apostadores, administración de usuarios, movimientos bancarios y rendiciones de dinero.

“Esta condena constituye un primer paso y el puntapié inicial para continuar avanzando sobre una estructura más amplia de juego clandestino. La investigación permitió identificar una red con distintos niveles de intervención, por lo que el trabajo continúa orientado a determinar todas las responsabilidades y alcanzar a quienes ocupan los restantes eslabones de la organización”, concluyó Raposo.

Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por el delito de actos de crueldad animal, a raíz de las condiciones de abandono y del grave deterioro de salud que presentaba un perro llamado “Pluto”, que fue rescatado por el Gobierno de Venado Tuerto.

La causa se encuentra comprendida dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. La investigación estuvo a cargo del Dr. Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

La intervención judicial se originó a partir de la denuncia formulada por la abogada Valeria Morales, integrante del Gobierno venadense, quien puso en conocimiento del MPA las condiciones en las que había sido encontrado el animal y acompañó las actuaciones, registros y demás elementos reunidos por el organismo municipal.

Según la atribución fiscal, M.N.L.S., en su carácter de propietaria y responsable del cuidado de “Pluto”, habría omitido de manera consciente y sostenida proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, control antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro de permanencia.

El animal fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500. Al momento de ser trasladado al Dispensario Canino Municipal presentaba desnutrición severa, una importante parasitosis externa con pulgas y garrapatas, múltiples lesiones cutáneas infectadas y signos compatibles con una posible anemia.

La imputación sostiene que la propietaria conocía la afección dermatológica visible y progresiva que padecía el perro, debido a que había realizado una consulta veterinaria y recibido indicaciones para su tratamiento. Sin embargo, pese a ello, no habría sostenido las medidas necesarias para su recuperación ni evitado que deambulara sin control por la vía pública.

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal, en la modalidad de causar sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados debidos por quien se encontraba en posición de garante, conforme a los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley Nacional Nº 14.346.

Durante la audiencia se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la imputada deberá mantener buena conducta y tendrá prohibido adquirir, adoptar, poseer, recibir, alojar o tener bajo su cuidado cualquier animal doméstico o de compañía. También deberá informar si actualmente posee algún animal y, en su caso, acreditar su entrega responsable dentro de las 48 horas, bajo la intervención y supervisión del Imusca.

Asimismo, se estableció que “Pluto” permanecerá bajo la guarda actualmente dispuesta y no podrá ser restituido a la imputada mientras la medida continúe vigente.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la investigación llevada adelante por el Dr. Facundo Peña, así como la importancia de la denuncia responsable formulada por la Dra. Valeria Morales y la rápida intervención del Imusca, cuyo accionar permitió rescatar al animal, garantizar su atención veterinaria y aportar evidencia relevante para el avance del proceso penal.

El Ministerio Público de la Acusación presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual se dispuso para Ernesto David Romero una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, una multa de 10.000 pesos y la declaración de reincidencia, como autor de los delitos de amenazas calificadas y exhibiciones obscenas, en concurso ideal.

La investigación se desarrolló en el ámbito de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo, y estuvo directamente a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien condujo las medidas investigativas y formalizó el acuerdo de procedimiento abreviado.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de San Eduardo, cuando Romero se presentó en el domicilio de un vecino y comenzó a proferir graves amenazas contra él y su familia. De acuerdo con la investigación, amenazó con incendiar la vivienda con sus ocupantes en el interior y, posteriormente, rompió una botella de vidrio y utilizó uno de sus fragmentos para intentar agredir a la víctima.

Durante el episodio también profirió amenazas de muerte y expresiones de contenido sexual contra integrantes del grupo familiar, al tiempo que realizó exhibiciones obscenas. Cuando arribó el personal policial, el acusado continuó con su comportamiento amenazante y luego se dio a la fuga.

La acusación se sustentó en el acta de procedimiento policial, las denuncias y declaraciones testimoniales de las víctimas, el informe de la Central de Emergencias 911, la inspección ocular, el croquis y las fotografías obtenidas en el lugar, además de los restantes elementos incorporados a la investigación.

A partir de la valoración conjunta de esas evidencias, la fiscal adjunta Larisa Barucca alcanzó un acuerdo con el acusado y su defensa, mediante el cual Romero reconoció la existencia del hecho, su participación, la calificación legal y la pena acordada.

Asimismo, en razón de los antecedentes condenatorios que registraba y de haber cumplido anteriormente una pena privativa de la libertad, Romero fue declarado reincidente, con las consecuencias legales que ello implica.

El fiscal coordinador Iván Raposo destacó la respuesta brindada desde la unidad especializada y el trabajo investigativo llevado adelante por la fiscal adjunta Barucca, que permitió alcanzar una condena de cumplimiento efectivo frente a un episodio que generó temor y puso en riesgo a todo un grupo familiar.

Una investigación dirigida por el fiscal Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, concluyó con la condena de Elías David Masetto a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

El acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía fue homologado por el juez interviniente, Leandro Martín.

La condena comprendió tres hechos delictivos. El primero ocurrió el 21 de marzo de 2023 en Teodelina, donde Masetto intervino junto con otro hombre en la sustracción de una motocicleta Zanella ZB 110 que se encontraba estacionada frente a una vivienda de calle Bartolomé Mitre al 230.

El segundo hecho tuvo lugar durante la madrugada del 10 de enero de 2026 en el comercio “Calzalindo Norte”, ubicado en avenida Chapuis y Dimmer de Venado Tuerto. En esa oportunidad, el condenado arrojó reiteradamente piedras contra la vidriera del local con la finalidad de ingresar, aunque no consiguió romperla. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y su posterior análisis permitió identificarlo.

El tercer episodio ocurrió el 31 de enero de 2026 en inmediaciones de la plaza Italia de Venado Tuerto. Allí, Masetto rompió botellas de vidrio y utilizó dos de sus picos para atacar a un adolescente que le había pedido que dejara de arrojar vidrios en el lugar. La víctima sufrió heridas cortantes y otras lesiones de carácter leve.

Este último hecho fue cometido pocos días después de que Masetto recuperara la libertad bajo reglas de conducta que le imponían mantener buena conducta y abstenerse de cometer nuevos delitos, configurándose también una desobediencia a la autoridad.

Los hechos fueron calificados como hurto calificado; robo simple en grado de tentativa; y lesiones leves dolosas en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, todos ellos en concurso real.

Aunque Masetto no registraba antecedentes condenatorios computables, la Fiscalía rechazó que la pena fuera de ejecución condicional. Para ello se valoraron la reiteración de conductas delictivas y, especialmente, que el último hecho había sido cometido a escasos días de haberse dispuesto su libertad bajo reglas de conducta.

Finalmente, se acordó una pena de un año de prisión efectiva. Masetto, asistido por su defensora pública, reconoció los hechos, aceptó las calificaciones legales y prestó conformidad con la pena y su modalidad de cumplimiento.

Las víctimas fueron informadas acerca de los alcances del procedimiento abreviado y de la pena acordada, y manifestaron su conformidad con la solución adoptada.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la importancia del trabajo que se lleva adelante en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos, equipo que también integra la fiscal adjunta Larisa Barucca.

Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la imputada.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Georgina Ayelén Fernández la tenencia de cocaína fraccionada con fines de venta.

La condena impuesta por este hecho fue de 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas. Sin embargo, al unificarse con una pena anterior de 6 años dictada por el Juzgado Federal de Rosario el 8 de julio de 2022, la sanción quedó fijada en una pena única y definitiva de 7 años.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando personal de la Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato.

Durante la requisa, los agentes hallaron en una riñonera nueve envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro envoltorio con la misma sustancia en forma de piedra, de aproximadamente 15,77 gramos.

Para la Fiscalía, la forma en que estaba acondicionada la droga permitía sostener que tenía como destino la comercialización.

Allanamiento

A partir de ese procedimiento, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Fernández, ubicado en calle San Luis al 1300 de Venado Tuerto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron otros 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso total fue de 4,27 gramos. Ese material fue incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida contra la imputada.

La calificación legal atribuida fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Prisión domiciliaria

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, las partes acordaron que Fernández continúe cumpliéndola bajo modalidad domiciliaria.

El beneficio fue fundado en su situación familiar: es madre de tres niños menores de edad, uno de ellos menor de cinco años y otro con discapacidad. Además, se valoró que se encuentra sola a cargo de la crianza de los menores y que, según los informes incorporados al expediente, venía cumpliendo de manera rigurosa las condiciones de la prisión domiciliaria.

La modalidad fue aceptada en el marco del acuerdo abreviado homologado por la Justicia.

La Fiscalía Regional 3 profundiza las investigaciones vinculadas al microtráfico en el sur santafesino. En el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en las localidades de Chabás y Villada, que finalizaron con dos personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos.

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Microtráfico, conducida por el fiscal Iván Raposo, con intervención de la Dra. Marinucci, dentro de la causa caratulada “Puntieri, Jorge Mario y otros s/ infracción Ley 23.737”.

Los procedimientos fueron ordenados por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, 3ª Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, y ejecutados por efectivos de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación – DUOF Venado Tuerto.

Los operativos se realizaron en domicilios ubicados en General Roca al 2100 y Las Heras al 1800, de Chabás; y en Alberdi al 400 y Laprida al 500, de Villada.

Según se informó, las medidas fueron el resultado de tareas investigativas y del análisis de información recolectada durante los últimos meses, lo que permitió identificar a nuevos involucrados presuntamente vinculados al abastecimiento y resguardo de estupefacientes.

En ese marco, los agentes lograron avanzar con las órdenes judiciales concretadas durante la jornada del jueves.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Luciano G.F. y Matías J.A, ambos en uno de los domicilios requisados en la localidad de Villada.

Además, se secuestraron 176 gramos de clorhidrato de cocaína, 11,20 gramos de marihuana, 60 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y distintos vehículos que estarían presuntamente relacionados con la actividad investigada.

Entre los rodados incautados se encuentran un Ford Falcon y dos motocicletas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la droga secuestrada asciende a más de 5,9 millones de pesos.

Fuentes judiciales indicaron que esta investigación se encuentra relacionada con procedimientos previos que ya habían arrojado resultados positivos y permitido detener a otros integrantes de la organización bajo investigación.

Desde la Unidad Especializada en Microtráfico remarcaron que la causa continuará avanzando sobre las distintas conexiones detectadas.

“El combate contra el narcomenudeo exige un trabajo constante, coordinado y sostenido en el tiempo para desarticular cada eslabón de estas estructuras criminales”, señalaron desde el área investigativa.

Finalmente, desde la Fiscalía Regional 3 advirtieron que quienes se dediquen al tráfico y comercialización de drogas serán perseguidos penalmente.

“La Ley 23.737 se hará cumplir con firmeza para proteger a la sociedad y garantizar que el delito no tenga lugar en nuestras comunidades”, expresaron.

Durante este sábado 14 de marzo se llevó adelante un amplio operativo de la Fiscalía Regional N° 3 de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, que coordinó con la Policía Federal Argentina la realización de ocho allanamientos simultáneos en la ciudad. La investigación, que se extendió durante meses, surgió tras tareas de vigilancia que permitieron observar un flujo constante de personas entrando y saliendo rápidamente de los domicilios, maniobra típica conocida como “pasamanos”, vinculada a la comercialización de estupefacientes.

En el transcurso de los procedimientos, se logró la detención de cuatro personas, identificadas por sus iniciales y domicilios: N.V. en calle Jauretche, M.S. en calle Matheu, S.M. en calle Antártida Argentina, y A.D. también en calle Matheu. En las distintas residencias se secuestraron marihuana y cocaína en diversas cantidades, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuadernos de anotaciones, tubos de acero, rifles de aire comprimido y dinero en efectivo, que en algunos casos superaba los $225.000. Todos los elementos hallados, según informaron las autoridades, hacen presumir que las sustancias estaban destinadas a la venta ilegal de drogas.

La Fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición del juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto, y que se realizaron los exámenes médicos correspondientes según lo establecido por el Código Procesal Penal. Además, se dispuso su traslado a la Oficina de Gestión Judicial para la realización de la audiencia imputativa, cuyo horario y fecha se comunicarán con antelación.

Este jueves 22, en horas de la tarde, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), Región III, con asiento en la ciudad de Venado Tuerto, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, con intervención del Ministerio Público de la Acusación – Fiscalía Regional Nº 3, a cargo del fiscal Iván Raposo.

Las medidas fueron ordenadas por la autoridad judicial competente y se concretaron en domicilios ubicados en calle Matassi al 400 de esta ciudad, contando con la colaboración de personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de las localidades de Casilda y Villa Constitución. Como resultado de los procedimientos realizados, se procedió al secuestro de una cámara de seguridad, un porta foco de color blanco, gran cantidad de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, considerable cantidad de marihuana, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon y la suma de $259.190 en efectivo.

Además, una mujer identificada con las iniciales S.B.O. fue trasladada en calidad de detenida, quedando a disposición de la justicia provincial, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados fueron puestos a resguardo conforme a los protocolos vigentes. La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

En el marco de las acciones permanentes de prevención y lucha contra el narcotráfico, y con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento durante la mañana de este jueves 22 en la ciudad de Venado Tuerto.

La medida fue dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación – Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Unidad Fiscal de la cuidad de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, y se concretó en un domicilio ubicado en calle República de Irlanda al 1500, contando con la colaboración de personal del CRE, garantizando el normal desarrollo del procedimiento y la seguridad del entorno.

Cabe señalar que, en declaraciones radiales, Raposo adelantó que el próximo lunes solicitará el derrumbe de dicho inmueble, dada su condición de aguantadero y que, además, años atrás fue escenario de un crimen.

Como resultado del operativo, orientado a desarticular actividades ilícitas que afectan la convivencia y tranquilidad de los vecinos, se procedió al secuestro de envoltorios de marihuana, un teléfono celular y una balanza de precisión, elementos vinculados a la investigación en curso.

Durante el procedimiento fueron identificadas tres personas, quedando detenido un hombre identificado por sus iniciales R.A.E., quien fue trasladado a la Seccional 2.ª de esta ciudad.

Las actuaciones continúan bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de una política sostenida de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad pública.

Dos hombres fueron condenados como coautores de un robo cometido en noviembre de 2022 en una vivienda en Venado Tuerto (departamento General López). Son identificados como Damián Sebastián Sosa y Agustín Damián Anelo, quienes son oriundos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires.

Sosa, de 36 años, tenía antecedentes penales y se le impuso una pena a siete años y seis meses de prisión y fue declarado reincidente Por otra parte, Anelo, de 28 años, recibió seis años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle, en un juicio oral que comenzó en diciembre del año pasado y finalizó ayer en los tribunales venadenses.

El fiscal que representó al MPA es Iván Raposo. En tal sentido, manifestó que “valoramos positivamente que se haya condenado a los coautores del ilícito", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos".”.

Raposo recordó que “el robo fue cometido en horas de la tarde del 12 de noviembre de 2022 en una casa ubicada en calle Colón al 300 de Venado Tuerto”.

“Los condenados junto a otro hombre no identificado siguieron a las víctimas cuando salieron de su domicilio y se dirigieron al local comercial donde trabajan” explicó.

El fiscal precisó que “después de asegurarse que la vivienda estuviera deshabitada, Sosa y el tercer hombre ingresaron al inmueble, mientras Anelo se quedó en un auto estacionado en inmediaciones del lugar”. Al respecto, detalló que “los dos primeros saltaron una reja, subieron al techo de la vivienda y luego forzaron una puerta de un patio para entrar”.

“Los tres hombres lograron escapar en el auto en el que estaba Anelo con dinero en efectivo, dólares, euros y joyas de oro que sustrajeron de la vivienda” puntualizó el funcionario.

El representante del MPA remarcó que “los tres hombres actuaron de manera organizada y con división clara de roles”. En este sentido, sostuvo que “a través de las diferentes pruebas y testimoniales ofrecidas se pudo comprobar la planificación y ejecución del ilícito”.

Sosa y Anelo fueron condenados como coautores del delito de robo calificado triplemente agravado (por ser cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento). 

Dos transportistas fueron condenados por bloquear el ingreso y el egreso de camiones a una planta industrial en Venado Tuerto. Se trata de Pablo Sergio Celis y Ermes Raúl Calamari, de 52 y 72 años, respectivamente.

En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales venadenses, la jueza Paula Borrello dispuso penas de dos años de prisión para cada uno de los condenados. A su vez, Celis fue inhabilitado y deberá pagar una multa en relación a la tenencia ilegítima de armas de fuego.

El fiscal que llevó a cabo la investigación penal es Ivan Raposo. “Entre las normas de conducta que se les impusieron a los condenados, hay restricciones de acercamiento a las víctimas”, destacó el funcionario del MPA y aclaró que “Celis y Calamari además deberán abstenerse de realizar actos de hostigamiento o violencia –tanto física como psicológica–, por cualquier medio”.

“Entre el miércoles 31 de agosto y el martes 6 de septiembre de 2022, los condenados amedrentaron a los propietarios de una planta industrial dedicada a la molienda de granos mediante el bloqueo del ingreso y el egreso de vehículos de transporte que forman parte de la cadena productiva”, relató el fiscal. “No sólo impidieron la circulación de camiones cargados, sino también la de unidades vacías”, remarcó.

Asimismo, Raposo afirmó que “Celis y Calamari ejercieron violencia sobre otros transportistas a los que obligaron a participar de la acción delictiva”.

“Los ilícitos tuvieron lugar en la playa para camiones de una planta ubicada en la intersección de la ruta 8 y calle 2 de Abril de Venado Tuerto”, detalló el funcionario del MPA.

Por otro lado, el fiscal indicó que “a Celis además se le impuso la pena porque al momento de su detención, se le secuestraron ocho armas de fuego que tenía en su domicilio sin la correspondiente autorización legal”.

Ambos condenados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de amenazas coactivas y compulsión al boicot. A su vez, el hombre de 52 años admitió la autoría de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil.

En la audiencia, la defensa aceptó las calificaciones penales propuestas por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de las penas impuestas y la decisión de realizar un juicio de procedimientos abreviados.

En la mañana de este viernes 12 de junio, el Ministerio Público de la Acusación formalizó los cargos contra Tomás Alberto T., el joven de 23 años oriundo de Teodelina que fue detenido tras ser señalado como el autor de múltiples amenazas dirigidas al presidente comunal de esa localidad, Joaquín Poleri. La audiencia se desarrolló en la ciudad de Venado Tuerto y concluyó con la resolución de prisión preventiva para el imputado, mientras continúa la investigación.

La imputación presentada por el fiscal Iván Raposo describe una serie de hechos que comenzaron a registrarse a fines de febrero último y se extendieron hasta mayo de este año. Según consta en el legajo, el joven habría creado y administrado perfiles falsos en Facebook bajo los nombres de “Sergio Darim”, “Quito Francis” y “Chacho Álvarez”, desde los cuales se realizaron publicaciones hostiles, difamatorias y con un tono cada vez más intimidatorio hacia Poleri.

La situación escaló el 7 de mayo, cuando el funcionario comunal encontró en el portón de su vivienda un sobre cerrado, sin remitente, que contenía una hoja con letras recortadas de un diario. El mensaje era explícito: “Fase 3 activada. Esto va en serio. Tenés los días contados. Andá con cuidado. Sergio Darim”.

Este episodio motivó una nueva denuncia, que se sumó a las anteriores ya radicadas por el mandatario comunal en la Comisaría 7° de Teodelina. En una de ellas, Poleri expresó: “Al principio lo tomé como algo político, pero después se volvió personal. En una publicación llegaron a decir que si seguíamos así iba a haber cuatro muertos”.

A partir de las denuncias, la Fiscalía impulsó una batería de medidas investigativas que incluyó análisis de registros fílmicos, informes técnicos de Meta Platforms Inc. (empresa dueña de Facebook) y peritajes de contenido digital. Entre las pruebas más determinantes se encuentra el cruce de datos de los perfiles falsos con direcciones IP y correos electrónicos asociados al joven sospechado, incluyendo el registro de uno de los usuarios con el email que incluía su nombre y apellido.

También se incorporaron testimonios, capturas de pantalla de publicaciones amenazantes, un análisis del sobre y el mensaje hallado, y el testimonio del testigo Roberto Ávila, quien acompañaba a Poleri el día que encontró el mensaje intimidatorio.

Además, se confirmó que el imputado formaba parte de la lista del partido Somos Vida y Libertad, encabezada por el venadense Luis Marenghini en Teodelina, y que administraba las redes sociales del espacio político liderado por la mediática Amalia Granata. Según declaró el propio Marenghini en la causa, “varias veces le preguntamos si él era el que salía con ese nombre en Facebook, y entre risas nos decía que no tenía nada que ver”.

El pasado 11 de junio, efectivos de la policía realizaron un allanamiento en el domicilio de T.A.T, ubicado en calle Eduardo Larrea 337, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook y un módem. Ese mismo día, el imputado fue aprehendido por orden del fiscal Raposo.

Durante la audiencia imputativa realizada este viernes, el joven fue asistido por la abogada defensora pública Agustina Dutto. El fiscal le imputó la autoría del delito de amenazas calificadas anónimas, contemplado en los artículos 45 y 149 bis del Código Penal.

A pesar de los derechos garantizados por el Código Procesal Penal de Santa Fe, el imputado optó por no declarar en esta instancia. La jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedido del fiscal y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de reiteración de la conducta.

El caso generó conmoción en la comunidad de Teodelina, donde Poleri viene manifestando su preocupación por el nivel de violencia verbal y hostigamiento que sufre desde hace meses. “Me siento perseguido y observado, y esto afecta a mi familia”, declaró en una de las denuncias.

La decisión judicial de dictar prisión preventiva busca marcar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad penal de quienes, desde el anonimato, utilizan plataformas digitales para amenazar a funcionarios públicos.

El domingo, alrededor de las 17:50 horas, se registró un intento de hurto en el supermercado "Mami", ubicado en la intersección de Avenida Chapuis y calle Valdez, en la ciudad de Venado Tuerto. El incidente culminó con la aprehensión de Ignacio M., de 26 años, domiciliado en la misma ciudad.

Detalles del hecho

Según fuentes oficiales consultadas por Sur24 aproximadamente a las 17:50 horas, personal policial que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por la central de emergencias 911 sobre un individuo que habría sustraído una botella de whisky del mencionado supermercado. El sospechoso, que vestía remera y pantalón negros y portaba una caja de bebida en la mano, se dirigía hacia la terminal de ómnibus.

Los oficiales interceptaron a una persona que coincidía con la descripción en la intersección de Avenida Chapuis y calle Piacenza. El individuo llevaba una caja negra que contenía una botella de whisky marca Johnnie Walker Black Label de 750 ml, aún cerrada. Al ser consultado sobre la procedencia del producto, el hombre ofreció respuestas inconsistentes, lo que llevó a su detención preventiva.​

Procedimientos posteriores

Tras la aprehensión, se solicitó a la central 911 contactar al denunciante, logrando una entrevista con Luis, de 44 años, quien afirmó haber presenciado el hurto en el supermercado "Mami". El detenido fue trasladado a la sede policial correspondiente para las actuaciones de rigor, y se procedió al secuestro de la botella de whisky como evidencia.​

Situación legal del imputado

Ignacio M. será imputado por el delito de hurto. La Unidad Fiscal a cargo del Dr. Iván Raposo lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván Gastón Raposo, presentó una requisitoria de acusación contra Miguel Oscar H. (44), conocido como "El Sodero", por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión efectiva.

El hecho

Según la investigación, el hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2020 a la 1:20 de la madrugada, en las inmediaciones de la calle Salvadores al 100, en Venado Tuerto. La víctima, Carlos Alberto S., fue atacada con un arma de fuego calibre 32. “El Sodero” disparó cuatro veces: tres tiros impactaron en la cabeza de la víctima y uno en el abdomen. Milagrosamente Carlos Alberto sobrevivió.

Pruebas y testimonios

La acusación del MPA se fundamenta en múltiples pruebas, entre ellas:

Antecedentes y conflicto previo

Según testimonios, Miguel Oscar y Carlos Alberto tenían una relación conflictiva previa. Dos semanas antes del ataque, la víctima habría prendido fuego unas tarimas que pertenecían a “El Sodero”. El enfrentamiento entre ambos se habría agravado con el tiempo, aunque la víctima declaró que no esperaba un ataque de tal magnitud.

Calificación legal y pedido de pena

El fiscal calificó el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa" y solicitó una pena de seis años de prisión efectiva. Argumentó que agresor actuó con plena conciencia de sus acciones y sin ningún justificativo legal que atenúe su responsabilidad.

Tomás Valentín Lavallén, de 21 años, fue sentenciado a cuatro años de prisión por la venta de drogas al menudeo y la portación ilegítima de un arma de fuego. El fallo se emitió en los tribunales de Venado Tuerto y estuvo a cargo del juez Mauricio Clavero.

La condena se originó a partir de un operativo policial realizado en la madrugada del sábado 9 de marzo de 2024. Durante un control de rutina en la vía pública, Lavallén fue interceptado mientras circulaba en una moto sin patente visible, acompañado por otro hombre que también fue imputado y está siendo investigado.

En el procedimiento, la policía secuestró:

El caso fue investigado por el fiscal Iván Raposo, mientras que la fiscal Florencia Schiappa Pietra representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia de juicio abreviado.

Lavallén reconoció su responsabilidad penal como coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y como autor de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Aceptó las calificaciones legales, la pena impuesta y la modalidad abreviada del juicio, lo que permitió acelerar el proceso judicial.

Cabe acotar que la investigación y condena se enmarcan en los objetivos del MPA para combatir el narcotráfico y la inseguridad en Santa Fe. Según destacaron desde la Fiscalía, este tipo de delitos son abordados con prioridad por su impacto directo en la comunidad.

El fallo contra Lavallén representa un avance en la lucha contra el narcotráfico al menudeo en Venado Tuerto, aunque las autoridades remarcan la importancia de continuar con las investigaciones y los controles preventivos para desarticular estas redes.

En la mañana de este miércoles se entregó Andrés G. acusado de propinarle una brutal golpiza a su ex pareja en la madrugada del último sábado en Venado Tuerto.

Desde ese momento el sujeto se encontraba prófugo de la justicia, y pesaba en su contra un pedido de captura. 

Fuentes del caso confirmaron a Sur24 que el hombre se presentó esta mañana ante las autoridades pertinentes. En consecuencia, se le informará la causa que pesa en su contra y en los próximos días será imputado con la calificación legal correspondiente.

Historia del caso

“Esto ocurrió en la madrugada del día sábado. La ex pareja de una abogada de nuestra ciudad se hizo presente en el domicilio y le provocó una fuerte golpiza en su rostro. Ante la gravedad del caso se dispuso la detención del hombre”, precisó en la jornada del lunes Iván Raposo.

En consecuencia, “personal policial se hizo presente en el domicilio del sujeto, pero no lo hallaron, lo que provocó que libremos la orden de captura”, agregaba el fiscal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que “la víctima recibió golpes en el rostro, demandando también puntos de sutura”. 

Una mujer denunció ser víctima de violencia de género y haber sufrido una brutal golpiza por parte de su ex pareja (Andrés G.) en la madrugada del sábado en Venado Tuerto. 

La causa recayó en el fiscal Iván Raposo, quien emitió una orden de captura para el sujeto que está prófugo de la justicia y no hay certezas sobre su paradero.

“Esto ocurrió en la madrugada del día sábado. La ex pareja de una abogada de nuestra ciudad se hizo presente en el domicilio y le provocó una fuerte golpiza en su rostro. Ante la gravedad del caso se dispuso la detención del hombre”, precisó Iván Raposo.

En consecuencia, “personal policial se hizo presente en el domicilio del sujeto, pero no lo hallaron, lo que provocó que liberemos la orden de captura. Por eso apelamos también, ya que la causa tomó estado público, a que si tienen conocimiento de donde puede estar este sujeto se acerquen a la fiscalía”, agregó.

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que “la víctima recibió golpes en el rostro, demandando también puntos de sutura”. 

Habiendo pasado tres días de la agresión, todavía no surgieron pistas firmes sobre el paradero de Andrés G. 

Quedó en prisión preventiva ordinaria Norberto E., acusado de ser el autor intencional del incendio que se desató en su propia vivienda de Lisandro de la Torre y Colón en la madrugada del jueves 9 de enero, con el objetivo de atentar contra la vida de dos personas, que terminaron salvando sus vidas al ser rescatadas por bomberos y policías.

La audiencia se llevó adelante en los tribunales venadenses en el mediodía del lunes, donde el fiscal Iván Raposo le imputó al detenido los cargos de “tentativa de homicidio simple” contra Jésica T. (su ex pareja) y Herminio B., añadiendo “lesiones leves dolosas”, por distintas contusiones que presentaba la mujer y que fueron detalladas en un informe médico.

Con el correr de las horas se conocieron las pericias de los bomberos zapadores de la ciudad de Rosario, cuyo informe preliminar determina que se trató de un incendio intencional. 

“De acuerdo a la evidencia recolectada, y al testimonio de la mujer, todo comienza en horas de la noche, donde habrían tenido una discusión entre Norberto (alias Turbo) y su ex pareja, quien recibía constantemente maltratos, hostigamiento y humillaciones, tratándose la víctima de una persona de extrema vulnerabilidad”, relató el fiscal.

Aparentemente “hubo una escena de celos con la otra persona que alquilaba una habitación en la vivienda, y el actual detenido los amenazó diciéndoles que los iba a matar. Luego, la víctima cuenta que el imputado se va del domicilio. Pero cuando ella se despierta, momentos más tarde, observa que había humo, que tenía un malestar, y que el compañero de habitación dice ‘Turbo que hacés’, en referencia al propietario de la vivienda”, agregó Raposo.

Con ese testimonio, desde el Ministerio Público de la Acusación ordenaron la detención de Norberto E., quien en la audiencia de ayer lunes solicitó declarar y negó los hechos.

Sostuvo que no estuvo en el lugar. Aportó dos direcciones de lugares que visitó durante la madrugada, indicando que finalmente terminó durmiendo en la estación de servicio abandonada de Ruta 8 y Avellaneda, anoticiándose sobre el incendio a las 9 horas.

En tanto, su ex pareja Jésica pidió que Turbo no quede detenido, pero finalmente a instancia del fiscal, el juez Leandro Martín determinó la prisión preventiva ordinaria, revisable en 60 días, principalmente por el contexto de vulnerabilidad de la mujer y con el objetivo de analizar en detalles las imágenes de distintas cámaras de seguridad para corroborar el recorrido que aseguró hacer el acusado en la madrugada de ese jueves. 

Por otro lado, Jésica T., en lo previo, fue imputada por el robo de una bicicleta y por el intentar sustraer mercadería en dos supermercados. 

Fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva Gabriel Gonzalo Chazarreta (48 años) al ser encontrado responsable como coautor de “lesiones graves” contra Santiago Admella, el joven oriundo de Murphy que recibió un sinnúmero de puñaladas el 17 de febrero de 2024 que lo dejaron al borde de la muerte.

Por el mismo hecho fue sentenciado Rubén Abel Gómez (49) a tres años de prisión al ser considerado el instigador del ataque. En tanto, aún resta el juicio contra un sujeto de 44 años que fue tenido a las pocas horas, y está acusado de “homicidio en grado de tentativa”. 

Historia del caso

El hecho se registró en la tardecita del sábado 17 de febrero en plena vía pública, cuando la víctima fue atacada por dos personas que le propinaron un sinnúmero de puñaladas, de las cuales una le perforó el intestino y otra el vaso sanguíneo, quedando internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gutiérrez a lo largo de cinco semanas. 

A las pocas horas fueron detenidos Guillermo G. de 44 años (oriundo de provincia de Buenos Aires) y a Gabriel Chazarreta de 48 (de Elortondo) sindicados como los dos principales sospechosos de cometer el ataque. 

Días más tarde, fue apresado Rubén Abel Gómez, un empresario nacido en provincia de Buenos Aires, y radicado en Murphy, señalado como el instigador del ataque.

Los tres sujetos fueron imputados bajo distintas carátulas y quedaron en prisión preventiva.

A la hora de dar precisiones en relación a la agresión sufrida por Santiago Admella, el fiscal Eduardo Lago precisó que “la víctima de la ‘tentativa de homicidio’ es un hombre con el que Rubén Abel Gómez y su grupo familiar mantenían un conflicto previo”. 

Relató que “el sábado 17 por la tarde, los autores materiales circulaban a bordo de un automóvil y se encontraron con la víctima, quien iba a pie y advirtió que querían hacerle daño”. En tanto, afirmó que “corrió hasta que fue alcanzado por los atacantes, quienes habían descendido del vehículo”.

El fiscal sostuvo que “en la esquina de Balcarce y Rivadavia lo apuñalaron con una cuchilla en diferentes partes de su cuerpo”, y especificó que “así le perforaron el intestino y le provocaron otras heridas en el abdomen, así como en la cabeza, los brazos y las manos”.

Juicio abreviado

En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, Gabriel Gonzalo Chazarreta fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva, en la mañana de este lunes.

El acuerdo se firmó en los tribunales venadenses, siendo el fiscal Iván Raposo y Adrián Godoy el juez. 

Eentre las 19:00 y las 19:30 hs. del 17 de febrero de 2024 Chazarreta “junto a Guillermo Damián G. se desplazaban por la localidad de Murphy en una camioneta Renault Duster color gris que habían pedido (prestada) alrededor de las 17:30 hs. al señor Aldo en la localidad de Melincué”, detalla el fallo. 

Además, precisa que “al observar al llamado Santiago Admella se detuvieron en la Intersección de calle Rivadavia al 300 y al bajar del vehículo usted y Guillermo G. lo corren”, para luego cometer el la brutal agresión.  

En el marco del juicio abreviado quedó establecido que Chazarreta no tenía intención de matar, y no estaba al tanto del ataque a puñaladas que finalmente le terminó propinando su colega a Santiago Admella. 

Se detalla a su vez que el propio Chazarreta recibió una herida de arma blanca por parte de Guillermo G., que le generó un corte importante en uno de sus brazos.  

Un allanamiento por “juego clandestino” se llevó adelante en la jornada de ayer lunes en Venado Tuerto en un inmueble ubicado en calle Pueyrredón al 100. En el lugar se incautó dinero en moneda nacional, dólares y fue detenida una persona a la cual se le formó la correspondiente causa.

Se trata de una investigación que llevó adelante el fiscal Iván Raposo, y que tuvo su cierre en la tarde del lunes.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que “en el momento del allanamiento había unas 10 personas jugando”.

Como consecuencia del operativo los uniformados incautaron aproximadamente un millón de pesos y 3.000 dólares. También quedó detenido el propietario del inmueble, a quien se le formó causa por infracción al artículo 301, para luego recuperar la libertad.

En tanto, el resto de los apostadores que se encontraban en el lugar no fueron detenidos.