El fiscal Iván Gastón Raposo, quien condujo la investigación desde el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo para V.R.R., acusado por la muerte de L.A.C. en un siniestro vial ocurrido el 11 de diciembre de 2023. El pedido incluye diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, accesorias legales y costas del proceso.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 en la intersección de boulevard 12 de Octubre y calle Brown. Según la acusación, el imputado circulaba al mando de un camión Iveco con semirremolque y atravesó el cruce con el semáforo en rojo, interponiéndose en la trayectoria de la motocicleta Mondial Dax conducida por L.A.C. La víctima impactó contra el lateral derecho del camión y falleció en el lugar.

La investigación encabezada por Raposo reunió registros de cámaras de seguridad, testimonios, actuaciones policiales, informes sobre el funcionamiento de los semáforos y una pericia accidentológica con su correspondiente ampliación. También incorporó la autopsia, que determinó que Cabral murió como consecuencia de un traumatismo abierto de cráneo.

Uno de los elementos centrales de la acusación es el análisis de la secuencia semafórica. De acuerdo con la ampliación pericial citada por la Fiscalía, el camión se encontraba a 78,40 metros de la senda peatonal cuando la luz ya estaba en amarillo y llegó a ese sector con la señal en rojo. El informe señala, además, que no se observaron vehículos ni obstáculos por delante que impidieran al conductor visualizar el semáforo.

Para la Fiscalía, la conducción imprudente y antirreglamentaria atribuida al acusado generó el riesgo que se concretó en la colisión fatal. Sobre esa base, Raposo formuló la acusación por homicidio culposo agravado en accidente de tránsito y requirió la pena de seis años de prisión efectiva.

La responsabilidad penal del imputado deberá resolverse en el juicio oral -comenzará este 6 de octubre-, mediante la producción y valoración de la prueba.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la persecución penal de los delitos contra la propiedad del MPA de Venado Tuerto, presentó formalmente los requerimientos acusatorios mediante los cuales solicitó la elevación a juicio de la causa por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, ocurrido durante la madrugada del 26 de febrero de 2024, en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 1100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la acusación fiscal, Yanina Alejandra Castro habría efectuado, a corta distancia, un disparo con una escopeta calibre 12 contra la cabeza de Ustares, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte. La mujer mantenía una relación de pareja y convivencia con la víctima.

Por este hecho, Castro será llevada a juicio como presunta autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y cometido mediante el empleo de un arma de fuego. La Fiscalía solicitará que sea condenada a la pena de prisión perpetua, con las accesorias legales y costas del proceso.

Por su parte, Facundo Gastón González está acusado de haber realizado un aporte indispensable para la ejecución del homicidio. Según la reconstrucción fiscal, González habría atacado a Ustares con un arma blanca, provocándole heridas cortopunzantes en el antebrazo izquierdo y obligándolo a adoptar una posición defensiva. Esta acción habría reducido sus posibilidades de reacción y facilitado que Castro efectuara el disparo mortal.

La Fiscalía sostiene que la intervención de González no fue secundaria ni meramente accesoria, sino que constituyó una cooperación esencial para consumar el ataque. Por ello, fue acusado como cómplice necesario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Además, González enfrenta otra acusación por un hecho independiente, calificado como encubrimiento agravado por ánimo de lucro. En función de ambos delitos y de las reglas del concurso real, el fiscal Raposo solicitará para el acusado una pena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas.

La investigación reunió testimonios, informes médicos y criminalísticos, pericias sobre las armas y prendas secuestradas, registros audiovisuales y otros elementos que, valorados de manera conjunta, permitieron a la Fiscalía reconstruir la mecánica del ataque y formular las acusaciones.

Presentados los requerimientos, la causa deberá atravesar la audiencia preliminar, instancia en la que se debatirá la admisibilidad de la acusación y de las pruebas ofrecidas, antes de disponerse la apertura formal del juicio oral.

Un reconocido empresario agropecuario de Venado Tuerto fue detenido en el marco de una investigación por una presunta estafa millonaria vinculada con operaciones de compraventa de ganado. El procedimiento incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestró documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos, títulos valores y otros elementos considerados de interés para la causa.

El detenido fue identificado con las iniciales R.A.B., vinculado a una importante firma agropecuaria de Venado Tuerto, y quedó a disposición de la Justicia. La atribución delictiva formulada en su contra tiene carácter provisorio y deberá ser analizada en las próximas audiencias judiciales, respetándose el principio de inocencia.

La investigación fue encabezada por la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo de trabajo del fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván G. Raposo.

Durante varios meses, la funcionaria llevó adelante un trabajo de análisis documental, bancario, societario y comercial que permitió reconstruir movimientos vinculados con operaciones ganaderas y circuitos financieros. La pesquisa incluyó el entrecruzamiento de información proveniente de entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Según la hipótesis fiscal, en marzo de 2025 el investigado habría acordado con productores damnificados la adquisición de 360 cabezas de ganado, por un valor superior a los 271 millones de pesos. Los animales habrían sido entregados, mientras que los cheques utilizados como forma de pago habrían sido rechazados por falta de fondos.

Ante los reclamos realizados por los productores, se habrían emitido nuevos valores que tampoco pudieron ser cobrados. De acuerdo con la investigación, durante los meses siguientes se habrían entregado un total de 37 cheques sin que la deuda fuera finalmente cancelada.

La maniobra investigada habría tenido continuidad en agosto de 2025, cuando se habría propuesto una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En ese contexto, una de las víctimas habría entregado cheques por otros 100 millones de pesos, aunque los animales comprometidos nunca habrían sido puestos a disposición.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado utilizando la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, circunstancia que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas operaciones comerciales.

Entre la evidencia analizada figuran registros de Senasa, movimientos de numerosas cuentas bancarias y cientos de operaciones financieras. Según los investigadores, en una de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025, por un monto superior a los 982 millones de pesos.

Los nueve allanamientos fueron ejecutados de manera simultánea con el objetivo de preservar la evidencia y evitar eventuales pérdidas, alteraciones u ocultamientos de documentación. En el operativo participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del GIAC (Grupo de Investigación y Análisis Criminal) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

Las medidas alcanzaron domicilios particulares, oficinas y otros lugares relacionados con las sociedades bajo investigación. El material secuestrado será incorporado a la causa y analizado en las próximas etapas del proceso judicial.

La investigación continuará con las audiencias correspondientes y con el examen de la evidencia reunida durante los procedimientos. La situación procesal del detenido será definida por la Justicia conforme avance la causa.

En el marco de una investigación por una serie de hechos violentos que incluyen abuso de armas de fuego, amenazas calificadas, lesiones leves dolosas, violación de domicilio y robo, se llevó adelante un megaoperativo con 11 allanamientos simultáneos en distintos domicilios del asentamiento denominado Villa Moisés.

Las medidas fueron dispuestas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, con intervención de la fiscal subrogante Larisa Barucca.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), efectivos de la Unidad Regional VIII y grupos operativos e irrupción, en el marco de una investigación orientada a esclarecer distintos episodios denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Como resultado de los allanamientos, seis personas fueron aprehendidas. Una de ellas quedó detenida por disposición de la Fiscalía, debido a su presunta vinculación con una causa en la que se investigan amenazas calificadas, lesiones leves dolosas y violación de domicilio. Las otras cinco personas quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación procesal.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, proyectiles calibre 9 milímetros, municiones calibre 38, un motovehículo y 1,6 gramos de marihuana. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer si guardan relación con los hechos investigados.

Desde el MPA destacaron que las diligencias forman parte de una investigación que continúa en curso y que busca individualizar a los responsables y establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

“Estos 11 procedimientos simultáneos son el resultado de una investigación planificada y de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y las distintas fuerzas policiales. Frente a hechos violentos que involucran armas de fuego, la respuesta debe ser firme, inmediata y sostenida”, señaló el fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

Una investigación del Ministerio Público de la Acusación concluyó con la condena a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Víctor Mario Fuentes, acusado de disparar un arma de fuego durante un conflicto familiar ocurrido en Venado Tuerto. La causa fue encabezada por el fiscal coordinador Iván Raposo, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca.

La sentencia fue dictada por la jueza Andrea Cavallero en el marco de un procedimiento abreviado. Para arribar al acuerdo, Fuentes reconoció los hechos atribuidos, su responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena finalmente homologada por la magistrada.

El episodio investigado ocurrió el 5 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Iturbide. Según pudo reconstruir la Fiscalía, Fuentes llegó al lugar acompañado por su pareja y llevaba consigo una pistola Bersa Thunder calibre .40, envuelta en un trapo.

En medio de una discusión familiar, el hombre extrajo el arma y realizó un disparo que impactó contra una pared. Ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda sufrió lesiones, aunque la situación provocó que varios de los presentes abandonaran el inmueble ante el peligro generado.

Luego del llamado al 911, Raposo dispuso las primeras medidas para preservar la escena, secuestrar la evidencia balística y reconstruir el recorrido del arma. El trabajo desarrollado junto con Barucca permitió incorporar testimonios, el registro de la comunicación de emergencia, una vaina servida, un cargador con municiones y distintos informes periciales y registrales.

La pistola utilizada fue encontrada pocas horas más tarde, cuando una hija del condenado la entregó voluntariamente a la Policía. La joven explicó que su madre le había dado un bolso cerrado para que lo guardara y que, dentro del mismo, se encontraba el arma vinculada con el episodio.

La pericia balística estableció que la pistola funcionaba normalmente y era apta para efectuar disparos. Asimismo, el informe registral determinó que estaba inscripta a nombre de Fuentes, aunque su autorización como legítimo usuario se encontraba vencida desde 2016.

Con esos elementos, la Fiscalía logró acreditar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal del acusado. La evidencia reunida permitió arribar a un acuerdo abreviado y evitar la realización de un juicio oral.

Fuentes fue condenado como autor de los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional y abuso de armas, ambos en concurso real. Además de la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, la jueza Cavallero dispuso una inhabilitación especial por siete años.

También se ordenó el decomiso de la pistola, el cargador, las municiones y los restantes elementos incorporados a la investigación. De esta manera quedó cerrada una causa iniciada a partir de una intervención policial motivada por un llamado al 911.

Al evaluar la resolución judicial, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó el trabajo conjunto realizado durante la investigación. “Esta condena es el resultado de una investigación seria, rápida y sostenida en evidencia concreta. Desde el primer momento trabajamos junto con Larisa Barucca y el personal policial para preservar las pruebas, recuperar el arma y reconstruir lo sucedido”, expresó.

Raposo también remarcó la gravedad que implica utilizar un arma en este tipo de situaciones y agregó: “La utilización de un arma de fuego durante un conflicto pone en riesgo la vida de todas las personas presentes y exige una respuesta firme del sistema penal. En este caso logramos una condena efectiva, proporcional a la gravedad del hecho y respaldada por un trabajo coordinado de todo el equipo”.

La Justicia investiga un presunto caso bajo la modalidad conocida popularmente como “viuda negra”, ocurrido durante la noche del 7 de agosto en una vivienda de Villa Cañás. La víctima es un adulto mayor que mantenía un vínculo con la mujer señalada en el expediente.

La investigación fue dirigida por el fiscal coordinador Iván Raposo y desarrollada junto con la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante de su equipo de trabajo, quien intervino en el análisis de la evidencia, la definición de las medidas investigativas y la coordinación de las diligencias impulsadas por la Fiscalía.

A partir de los elementos incorporados al legajo, la Fiscalía dispuso el 14 de agosto la detención de Leticia González. La calificación legal provisoria es robo simple, sin perjuicio de que pueda ser modificada de acuerdo con el avance de la investigación.

La hipótesis fiscal sostiene que la mujer habría aprovechado un momento de distracción para colocar un fármaco con efectos somníferos en la bebida del hombre. Una vez reducida su capacidad de reacción, presuntamente se apoderó de cuatro millones de pesos y siete mil dólares antes de retirarse del domicilio.

Uno de los elementos centrales del caso fue la reacción de la cuidadora del adulto mayor, quien declaró que todas las noches se comunicaba con él para conocer su estado.

Durante la madrugada recibió por WhatsApp un mensaje cuya forma de escritura le resultó inusual. Según explicó, el hombre acostumbraba enviar audios que luego eran transcriptos automáticamente, por lo que le llamó la atención recibir una respuesta escrita y con signos de puntuación.

Ante la falta de nuevas contestaciones, decidió acercarse a la vivienda. Cuando estaba llegando, habría visto retirarse de las inmediaciones a la mujer posteriormente investigada.

Al ingresar encontró puertas abiertas, luces encendidas y al dueño de casa acostado, somnoliento y en un estado que le pareció anormal. Horas después, el hombre sufrió una caída y permaneció durante un tiempo sin poder levantarse.

Finalmente debió ser asistido y trasladado a un sanatorio de Firmat, donde quedó internado con un cuadro de deshidratación y neumonía por broncoaspiración, según lo informado por familiares cercanos a la victima.

La desaparición del dinero fue advertida cuando la familia se preparaba para trasladar al adulto mayor a un centro médico. Al revisar el lugar donde guardaba sus ahorros, comprobaron que faltaban aproximadamente cuatro millones de pesos y siete mil dólares.

Según ese relevamiento, el vehículo de la víctima habría realizado durante la noche un recorrido hasta la cuadra donde reside la sospechosa y luego regresado al domicilio. Las imágenes también ubicarían a una mujer retirándose a pie de la casa del adulto mayor alrededor de las 00.35.

El análisis conjunto de estos elementos permitió al equipo fiscal reconstruir de manera preliminar los movimientos registrados durante la noche y solicitar nuevas medidas destinadas a localizar a la investigada y obtener pruebas vinculadas con el hecho.

Como parte de la investigación coordinada por Raposo y desarrollada junto con Barucca, se solicitó autorización judicial para allanar la vivienda de la mujer.

La medida tenía como objetivo secuestrar teléfonos celulares, medicamentos, psicofármacos o sustancias capaces de provocar somnolencia, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y cualquier otro elemento relacionado con la causa.

La solicitud también menciona un episodio anterior relacionado con cheques que habrían sido sustraídos y utilizados en comercios de Villa Cañás. Ese antecedente integra una de las líneas investigativas, aunque no implica por sí mismo una condena ni permite afirmar responsabilidad penal.

Al referirse al trabajo realizado, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó la intervención del equipo y la importancia de la articulación con el personal policial:

“Desde el primer momento abordamos el caso mediante un trabajo coordinado. La fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante de nuestro equipo, tuvo una intervención relevante en el análisis de la evidencia y en la planificación de las distintas medidas de investigación. La rápida articulación con el personal policial permitió reconstruir preliminarmente lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento de un hecho especialmente delicado por la situación de vulnerabilidad de la víctima”, señaló Raposo.

La causa continúa en etapa de investigación con la "viuda negra" detenida. La acusación y la participación atribuida a la sospechosa son de carácter provisional, por lo que deberá respetarse su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Matías Damián Poliotto a tres años de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor penalmente responsable del delito de explotación, administración, operación y organización de juegos de azar clandestinos.

La sentencia fue dictada este miércoles 5 de agosto de 2026 por la jueza Paula Verónica Borrello, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal Iván Gastón Raposo, el imputado y su defensa particular. Durante la audiencia, Poliotto reconoció su responsabilidad, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con la pena y las reglas de conducta convenidas.

La investigación fue dirigida por el fiscal Raposo, quien tuvo a su cargo el impulso de las distintas medidas destinadas a reconstruir la operatoria ilegal y determinar la intervención del condenado. En esas tareas participó un equipo de investigación del Ministerio Público de la Acusación, integrado también por Maira Vuletic, además de personal de la Grupo de Investigación y Análisis Criminal de la Fiscalia Regional 3 (Giac) y de la Policía de Investigaciones.

La causa se inició el 22 de julio de 2024 a partir de una denuncia formulada por Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

El organismo provincial informó que en una subagencia oficial de lotería de titularidad de Poliotto, ubicada en la ciudad de Venado Tuerto, se estaría recibiendo dinero destinado a la carga de saldo en plataformas virtuales de apuestas que no contaban con autorización estatal.

De acuerdo con la investigación, Poliotto utilizaba su actividad vinculada con una agencia oficial para operar simultáneamente como cajero de plataformas clandestinas. Su función consistía en captar apostadores, crear usuarios y contraseñas, cargar fichas o saldos, recibir transferencias, pagar premios y efectuar rendiciones de dinero.

El hecho reconocido en el acuerdo determinó que Poliotto participó durante 2023 y hasta septiembre de 2024 en tres estructuras dedicadas a la organización y explotación de apuestas virtuales ilegales. Entre las plataformas investigadas se encontraban las denominadas “Oasis Pro” y “Casino Venado”.

Una de las medidas centrales impulsadas durante la investigación fue la actuación de un agente revelador autorizado judicialmente.

A partir del análisis de perfiles públicos de Instagram, el investigador logró establecer contacto con una cuenta vinculada con la promoción de una plataforma de apuestas no autorizada. Durante el procedimiento se le creó un usuario para ingresar al sitio y se le proporcionó una cuenta bancaria para cargar saldo.

En presencia de testigos se realizó una transferencia de 5.000 pesos. La investigación permitió comprobar que la cuenta receptora pertenecía a Matías Poliotto. Posteriormente se efectuaron apuestas dentro de la plataforma y se solicitó el retiro parcial del dinero obtenido, quedando documentada la totalidad de la operatoria mediante actas, comprobantes y grabaciones de pantalla.

A ello se sumaron tareas de campo, registros fotográficos y fílmicos, análisis de movimientos económicos, informes sobre cuentas y líneas telefónicas y el examen de dispositivos electrónicos secuestrados.

El propio Poliotto reconoció que se desempeñaba como vendedor y cajero de apuestas clandestinas. Admitió que creaba usuarios, cargaba saldos, gestionaba pagos y premios y recibía un porcentaje de las pérdidas de los apostadores. También describió la existencia de una organización con distintos niveles y funciones, así como rendiciones periódicas de importantes sumas de dinero.

Además de imponerle tres años de prisión de ejecución condicional, la jueza estableció que Poliotto deberá cumplir reglas de conducta durante el mismo plazo.

Entre ellas se encuentran fijar residencia y someterse al control de la Agencia de medidas no privativas de la libertad; informar cualquier cambio de domicilio; no cometer nuevos delitos; y abstenerse de mantener vínculos con páginas de juegos de azar que no estén homologadas en la provincia de Santa Fe.

También deberá acreditar, dentro de los seis meses, su asistencia a un Taller de Reflexión y Concientización organizado por la Dirección de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Finalmente, se dispuso el pago de 300.000 pesos en concepto de reparación del daño, suma que será destinada al Comedor Esperanza de Venado Tuerto.

Al referirse a la relevancia del caso, el fiscal Iván Raposo destacó la gravedad de esta clase de delitos y el impacto que producen sobre el control estatal de los juegos de azar.

“Esta condena demuestra que no estamos frente a una actividad menor ni meramente administrativa. El juego clandestino afecta el orden económico, evade los mecanismos de control del Estado y permite que importantes sumas de dinero circulen por canales informales y de difícil trazabilidad”, sostuvo Raposo.

El fiscal agregó que la investigación permitió advertir una operatoria sostenida en el tiempo, con división de funciones, captación de apostadores, administración de usuarios, movimientos bancarios y rendiciones de dinero.

“Esta condena constituye un primer paso y el puntapié inicial para continuar avanzando sobre una estructura más amplia de juego clandestino. La investigación permitió identificar una red con distintos niveles de intervención, por lo que el trabajo continúa orientado a determinar todas las responsabilidades y alcanzar a quienes ocupan los restantes eslabones de la organización”, concluyó Raposo.

Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por el delito de actos de crueldad animal, a raíz de las condiciones de abandono y del grave deterioro de salud que presentaba un perro llamado “Pluto”, que fue rescatado por el Gobierno de Venado Tuerto.

La causa se encuentra comprendida dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. La investigación estuvo a cargo del Dr. Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

La intervención judicial se originó a partir de la denuncia formulada por la abogada Valeria Morales, integrante del Gobierno venadense, quien puso en conocimiento del MPA las condiciones en las que había sido encontrado el animal y acompañó las actuaciones, registros y demás elementos reunidos por el organismo municipal.

Según la atribución fiscal, M.N.L.S., en su carácter de propietaria y responsable del cuidado de “Pluto”, habría omitido de manera consciente y sostenida proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, control antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro de permanencia.

El animal fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500. Al momento de ser trasladado al Dispensario Canino Municipal presentaba desnutrición severa, una importante parasitosis externa con pulgas y garrapatas, múltiples lesiones cutáneas infectadas y signos compatibles con una posible anemia.

La imputación sostiene que la propietaria conocía la afección dermatológica visible y progresiva que padecía el perro, debido a que había realizado una consulta veterinaria y recibido indicaciones para su tratamiento. Sin embargo, pese a ello, no habría sostenido las medidas necesarias para su recuperación ni evitado que deambulara sin control por la vía pública.

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal, en la modalidad de causar sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados debidos por quien se encontraba en posición de garante, conforme a los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley Nacional Nº 14.346.

Durante la audiencia se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la imputada deberá mantener buena conducta y tendrá prohibido adquirir, adoptar, poseer, recibir, alojar o tener bajo su cuidado cualquier animal doméstico o de compañía. También deberá informar si actualmente posee algún animal y, en su caso, acreditar su entrega responsable dentro de las 48 horas, bajo la intervención y supervisión del Imusca.

Asimismo, se estableció que “Pluto” permanecerá bajo la guarda actualmente dispuesta y no podrá ser restituido a la imputada mientras la medida continúe vigente.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la investigación llevada adelante por el Dr. Facundo Peña, así como la importancia de la denuncia responsable formulada por la Dra. Valeria Morales y la rápida intervención del Imusca, cuyo accionar permitió rescatar al animal, garantizar su atención veterinaria y aportar evidencia relevante para el avance del proceso penal.

El Ministerio Público de la Acusación presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual se dispuso para Ernesto David Romero una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, una multa de 10.000 pesos y la declaración de reincidencia, como autor de los delitos de amenazas calificadas y exhibiciones obscenas, en concurso ideal.

La investigación se desarrolló en el ámbito de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo, y estuvo directamente a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien condujo las medidas investigativas y formalizó el acuerdo de procedimiento abreviado.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de San Eduardo, cuando Romero se presentó en el domicilio de un vecino y comenzó a proferir graves amenazas contra él y su familia. De acuerdo con la investigación, amenazó con incendiar la vivienda con sus ocupantes en el interior y, posteriormente, rompió una botella de vidrio y utilizó uno de sus fragmentos para intentar agredir a la víctima.

Durante el episodio también profirió amenazas de muerte y expresiones de contenido sexual contra integrantes del grupo familiar, al tiempo que realizó exhibiciones obscenas. Cuando arribó el personal policial, el acusado continuó con su comportamiento amenazante y luego se dio a la fuga.

La acusación se sustentó en el acta de procedimiento policial, las denuncias y declaraciones testimoniales de las víctimas, el informe de la Central de Emergencias 911, la inspección ocular, el croquis y las fotografías obtenidas en el lugar, además de los restantes elementos incorporados a la investigación.

A partir de la valoración conjunta de esas evidencias, la fiscal adjunta Larisa Barucca alcanzó un acuerdo con el acusado y su defensa, mediante el cual Romero reconoció la existencia del hecho, su participación, la calificación legal y la pena acordada.

Asimismo, en razón de los antecedentes condenatorios que registraba y de haber cumplido anteriormente una pena privativa de la libertad, Romero fue declarado reincidente, con las consecuencias legales que ello implica.

El fiscal coordinador Iván Raposo destacó la respuesta brindada desde la unidad especializada y el trabajo investigativo llevado adelante por la fiscal adjunta Barucca, que permitió alcanzar una condena de cumplimiento efectivo frente a un episodio que generó temor y puso en riesgo a todo un grupo familiar.

Una investigación dirigida por el fiscal Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, concluyó con la condena de Elías David Masetto a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

El acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía fue homologado por el juez interviniente, Leandro Martín.

La condena comprendió tres hechos delictivos. El primero ocurrió el 21 de marzo de 2023 en Teodelina, donde Masetto intervino junto con otro hombre en la sustracción de una motocicleta Zanella ZB 110 que se encontraba estacionada frente a una vivienda de calle Bartolomé Mitre al 230.

El segundo hecho tuvo lugar durante la madrugada del 10 de enero de 2026 en el comercio “Calzalindo Norte”, ubicado en avenida Chapuis y Dimmer de Venado Tuerto. En esa oportunidad, el condenado arrojó reiteradamente piedras contra la vidriera del local con la finalidad de ingresar, aunque no consiguió romperla. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y su posterior análisis permitió identificarlo.

El tercer episodio ocurrió el 31 de enero de 2026 en inmediaciones de la plaza Italia de Venado Tuerto. Allí, Masetto rompió botellas de vidrio y utilizó dos de sus picos para atacar a un adolescente que le había pedido que dejara de arrojar vidrios en el lugar. La víctima sufrió heridas cortantes y otras lesiones de carácter leve.

Este último hecho fue cometido pocos días después de que Masetto recuperara la libertad bajo reglas de conducta que le imponían mantener buena conducta y abstenerse de cometer nuevos delitos, configurándose también una desobediencia a la autoridad.

Los hechos fueron calificados como hurto calificado; robo simple en grado de tentativa; y lesiones leves dolosas en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, todos ellos en concurso real.

Aunque Masetto no registraba antecedentes condenatorios computables, la Fiscalía rechazó que la pena fuera de ejecución condicional. Para ello se valoraron la reiteración de conductas delictivas y, especialmente, que el último hecho había sido cometido a escasos días de haberse dispuesto su libertad bajo reglas de conducta.

Finalmente, se acordó una pena de un año de prisión efectiva. Masetto, asistido por su defensora pública, reconoció los hechos, aceptó las calificaciones legales y prestó conformidad con la pena y su modalidad de cumplimiento.

Las víctimas fueron informadas acerca de los alcances del procedimiento abreviado y de la pena acordada, y manifestaron su conformidad con la solución adoptada.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la importancia del trabajo que se lleva adelante en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos, equipo que también integra la fiscal adjunta Larisa Barucca.

Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la imputada.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Georgina Ayelén Fernández la tenencia de cocaína fraccionada con fines de venta.

La condena impuesta por este hecho fue de 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas. Sin embargo, al unificarse con una pena anterior de 6 años dictada por el Juzgado Federal de Rosario el 8 de julio de 2022, la sanción quedó fijada en una pena única y definitiva de 7 años.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando personal de la Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato.

Durante la requisa, los agentes hallaron en una riñonera nueve envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro envoltorio con la misma sustancia en forma de piedra, de aproximadamente 15,77 gramos.

Para la Fiscalía, la forma en que estaba acondicionada la droga permitía sostener que tenía como destino la comercialización.

Allanamiento

A partir de ese procedimiento, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Fernández, ubicado en calle San Luis al 1300 de Venado Tuerto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron otros 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso total fue de 4,27 gramos. Ese material fue incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida contra la imputada.

La calificación legal atribuida fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Prisión domiciliaria

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, las partes acordaron que Fernández continúe cumpliéndola bajo modalidad domiciliaria.

El beneficio fue fundado en su situación familiar: es madre de tres niños menores de edad, uno de ellos menor de cinco años y otro con discapacidad. Además, se valoró que se encuentra sola a cargo de la crianza de los menores y que, según los informes incorporados al expediente, venía cumpliendo de manera rigurosa las condiciones de la prisión domiciliaria.

La modalidad fue aceptada en el marco del acuerdo abreviado homologado por la Justicia.

La Fiscalía Regional 3 profundiza las investigaciones vinculadas al microtráfico en el sur santafesino. En el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en las localidades de Chabás y Villada, que finalizaron con dos personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos.

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Microtráfico, conducida por el fiscal Iván Raposo, con intervención de la Dra. Marinucci, dentro de la causa caratulada “Puntieri, Jorge Mario y otros s/ infracción Ley 23.737”.

Los procedimientos fueron ordenados por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, 3ª Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, y ejecutados por efectivos de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación – DUOF Venado Tuerto.

Los operativos se realizaron en domicilios ubicados en General Roca al 2100 y Las Heras al 1800, de Chabás; y en Alberdi al 400 y Laprida al 500, de Villada.

Según se informó, las medidas fueron el resultado de tareas investigativas y del análisis de información recolectada durante los últimos meses, lo que permitió identificar a nuevos involucrados presuntamente vinculados al abastecimiento y resguardo de estupefacientes.

En ese marco, los agentes lograron avanzar con las órdenes judiciales concretadas durante la jornada del jueves.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Luciano G.F. y Matías J.A, ambos en uno de los domicilios requisados en la localidad de Villada.

Además, se secuestraron 176 gramos de clorhidrato de cocaína, 11,20 gramos de marihuana, 60 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y distintos vehículos que estarían presuntamente relacionados con la actividad investigada.

Entre los rodados incautados se encuentran un Ford Falcon y dos motocicletas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la droga secuestrada asciende a más de 5,9 millones de pesos.

Fuentes judiciales indicaron que esta investigación se encuentra relacionada con procedimientos previos que ya habían arrojado resultados positivos y permitido detener a otros integrantes de la organización bajo investigación.

Desde la Unidad Especializada en Microtráfico remarcaron que la causa continuará avanzando sobre las distintas conexiones detectadas.

“El combate contra el narcomenudeo exige un trabajo constante, coordinado y sostenido en el tiempo para desarticular cada eslabón de estas estructuras criminales”, señalaron desde el área investigativa.

Finalmente, desde la Fiscalía Regional 3 advirtieron que quienes se dediquen al tráfico y comercialización de drogas serán perseguidos penalmente.

“La Ley 23.737 se hará cumplir con firmeza para proteger a la sociedad y garantizar que el delito no tenga lugar en nuestras comunidades”, expresaron.

Durante este sábado 14 de marzo se llevó adelante un amplio operativo de la Fiscalía Regional N° 3 de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, que coordinó con la Policía Federal Argentina la realización de ocho allanamientos simultáneos en la ciudad. La investigación, que se extendió durante meses, surgió tras tareas de vigilancia que permitieron observar un flujo constante de personas entrando y saliendo rápidamente de los domicilios, maniobra típica conocida como “pasamanos”, vinculada a la comercialización de estupefacientes.

En el transcurso de los procedimientos, se logró la detención de cuatro personas, identificadas por sus iniciales y domicilios: N.V. en calle Jauretche, M.S. en calle Matheu, S.M. en calle Antártida Argentina, y A.D. también en calle Matheu. En las distintas residencias se secuestraron marihuana y cocaína en diversas cantidades, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuadernos de anotaciones, tubos de acero, rifles de aire comprimido y dinero en efectivo, que en algunos casos superaba los $225.000. Todos los elementos hallados, según informaron las autoridades, hacen presumir que las sustancias estaban destinadas a la venta ilegal de drogas.

La Fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición del juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto, y que se realizaron los exámenes médicos correspondientes según lo establecido por el Código Procesal Penal. Además, se dispuso su traslado a la Oficina de Gestión Judicial para la realización de la audiencia imputativa, cuyo horario y fecha se comunicarán con antelación.

Este jueves 22, en horas de la tarde, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), Región III, con asiento en la ciudad de Venado Tuerto, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, con intervención del Ministerio Público de la Acusación – Fiscalía Regional Nº 3, a cargo del fiscal Iván Raposo.

Las medidas fueron ordenadas por la autoridad judicial competente y se concretaron en domicilios ubicados en calle Matassi al 400 de esta ciudad, contando con la colaboración de personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de las localidades de Casilda y Villa Constitución. Como resultado de los procedimientos realizados, se procedió al secuestro de una cámara de seguridad, un porta foco de color blanco, gran cantidad de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, considerable cantidad de marihuana, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon y la suma de $259.190 en efectivo.

Además, una mujer identificada con las iniciales S.B.O. fue trasladada en calidad de detenida, quedando a disposición de la justicia provincial, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados fueron puestos a resguardo conforme a los protocolos vigentes. La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

En el marco de las acciones permanentes de prevención y lucha contra el narcotráfico, y con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento durante la mañana de este jueves 22 en la ciudad de Venado Tuerto.

La medida fue dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación – Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Unidad Fiscal de la cuidad de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, y se concretó en un domicilio ubicado en calle República de Irlanda al 1500, contando con la colaboración de personal del CRE, garantizando el normal desarrollo del procedimiento y la seguridad del entorno.

Cabe señalar que, en declaraciones radiales, Raposo adelantó que el próximo lunes solicitará el derrumbe de dicho inmueble, dada su condición de aguantadero y que, además, años atrás fue escenario de un crimen.

Como resultado del operativo, orientado a desarticular actividades ilícitas que afectan la convivencia y tranquilidad de los vecinos, se procedió al secuestro de envoltorios de marihuana, un teléfono celular y una balanza de precisión, elementos vinculados a la investigación en curso.

Durante el procedimiento fueron identificadas tres personas, quedando detenido un hombre identificado por sus iniciales R.A.E., quien fue trasladado a la Seccional 2.ª de esta ciudad.

Las actuaciones continúan bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de una política sostenida de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad pública.

Dos hombres fueron condenados como coautores de un robo cometido en noviembre de 2022 en una vivienda en Venado Tuerto (departamento General López). Son identificados como Damián Sebastián Sosa y Agustín Damián Anelo, quienes son oriundos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires.

Sosa, de 36 años, tenía antecedentes penales y se le impuso una pena a siete años y seis meses de prisión y fue declarado reincidente Por otra parte, Anelo, de 28 años, recibió seis años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle, en un juicio oral que comenzó en diciembre del año pasado y finalizó ayer en los tribunales venadenses.

El fiscal que representó al MPA es Iván Raposo. En tal sentido, manifestó que “valoramos positivamente que se haya condenado a los coautores del ilícito", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos".”.

Raposo recordó que “el robo fue cometido en horas de la tarde del 12 de noviembre de 2022 en una casa ubicada en calle Colón al 300 de Venado Tuerto”.

“Los condenados junto a otro hombre no identificado siguieron a las víctimas cuando salieron de su domicilio y se dirigieron al local comercial donde trabajan” explicó.

El fiscal precisó que “después de asegurarse que la vivienda estuviera deshabitada, Sosa y el tercer hombre ingresaron al inmueble, mientras Anelo se quedó en un auto estacionado en inmediaciones del lugar”. Al respecto, detalló que “los dos primeros saltaron una reja, subieron al techo de la vivienda y luego forzaron una puerta de un patio para entrar”.

“Los tres hombres lograron escapar en el auto en el que estaba Anelo con dinero en efectivo, dólares, euros y joyas de oro que sustrajeron de la vivienda” puntualizó el funcionario.

El representante del MPA remarcó que “los tres hombres actuaron de manera organizada y con división clara de roles”. En este sentido, sostuvo que “a través de las diferentes pruebas y testimoniales ofrecidas se pudo comprobar la planificación y ejecución del ilícito”.

Sosa y Anelo fueron condenados como coautores del delito de robo calificado triplemente agravado (por ser cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento). 

Dos transportistas fueron condenados por bloquear el ingreso y el egreso de camiones a una planta industrial en Venado Tuerto. Se trata de Pablo Sergio Celis y Ermes Raúl Calamari, de 52 y 72 años, respectivamente.

En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales venadenses, la jueza Paula Borrello dispuso penas de dos años de prisión para cada uno de los condenados. A su vez, Celis fue inhabilitado y deberá pagar una multa en relación a la tenencia ilegítima de armas de fuego.

El fiscal que llevó a cabo la investigación penal es Ivan Raposo. “Entre las normas de conducta que se les impusieron a los condenados, hay restricciones de acercamiento a las víctimas”, destacó el funcionario del MPA y aclaró que “Celis y Calamari además deberán abstenerse de realizar actos de hostigamiento o violencia –tanto física como psicológica–, por cualquier medio”.

“Entre el miércoles 31 de agosto y el martes 6 de septiembre de 2022, los condenados amedrentaron a los propietarios de una planta industrial dedicada a la molienda de granos mediante el bloqueo del ingreso y el egreso de vehículos de transporte que forman parte de la cadena productiva”, relató el fiscal. “No sólo impidieron la circulación de camiones cargados, sino también la de unidades vacías”, remarcó.

Asimismo, Raposo afirmó que “Celis y Calamari ejercieron violencia sobre otros transportistas a los que obligaron a participar de la acción delictiva”.

“Los ilícitos tuvieron lugar en la playa para camiones de una planta ubicada en la intersección de la ruta 8 y calle 2 de Abril de Venado Tuerto”, detalló el funcionario del MPA.

Por otro lado, el fiscal indicó que “a Celis además se le impuso la pena porque al momento de su detención, se le secuestraron ocho armas de fuego que tenía en su domicilio sin la correspondiente autorización legal”.

Ambos condenados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de amenazas coactivas y compulsión al boicot. A su vez, el hombre de 52 años admitió la autoría de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil.

En la audiencia, la defensa aceptó las calificaciones penales propuestas por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de las penas impuestas y la decisión de realizar un juicio de procedimientos abreviados.

En la mañana de este viernes 12 de junio, el Ministerio Público de la Acusación formalizó los cargos contra Tomás Alberto T., el joven de 23 años oriundo de Teodelina que fue detenido tras ser señalado como el autor de múltiples amenazas dirigidas al presidente comunal de esa localidad, Joaquín Poleri. La audiencia se desarrolló en la ciudad de Venado Tuerto y concluyó con la resolución de prisión preventiva para el imputado, mientras continúa la investigación.

La imputación presentada por el fiscal Iván Raposo describe una serie de hechos que comenzaron a registrarse a fines de febrero último y se extendieron hasta mayo de este año. Según consta en el legajo, el joven habría creado y administrado perfiles falsos en Facebook bajo los nombres de “Sergio Darim”, “Quito Francis” y “Chacho Álvarez”, desde los cuales se realizaron publicaciones hostiles, difamatorias y con un tono cada vez más intimidatorio hacia Poleri.

La situación escaló el 7 de mayo, cuando el funcionario comunal encontró en el portón de su vivienda un sobre cerrado, sin remitente, que contenía una hoja con letras recortadas de un diario. El mensaje era explícito: “Fase 3 activada. Esto va en serio. Tenés los días contados. Andá con cuidado. Sergio Darim”.

Este episodio motivó una nueva denuncia, que se sumó a las anteriores ya radicadas por el mandatario comunal en la Comisaría 7° de Teodelina. En una de ellas, Poleri expresó: “Al principio lo tomé como algo político, pero después se volvió personal. En una publicación llegaron a decir que si seguíamos así iba a haber cuatro muertos”.

A partir de las denuncias, la Fiscalía impulsó una batería de medidas investigativas que incluyó análisis de registros fílmicos, informes técnicos de Meta Platforms Inc. (empresa dueña de Facebook) y peritajes de contenido digital. Entre las pruebas más determinantes se encuentra el cruce de datos de los perfiles falsos con direcciones IP y correos electrónicos asociados al joven sospechado, incluyendo el registro de uno de los usuarios con el email que incluía su nombre y apellido.

También se incorporaron testimonios, capturas de pantalla de publicaciones amenazantes, un análisis del sobre y el mensaje hallado, y el testimonio del testigo Roberto Ávila, quien acompañaba a Poleri el día que encontró el mensaje intimidatorio.

Además, se confirmó que el imputado formaba parte de la lista del partido Somos Vida y Libertad, encabezada por el venadense Luis Marenghini en Teodelina, y que administraba las redes sociales del espacio político liderado por la mediática Amalia Granata. Según declaró el propio Marenghini en la causa, “varias veces le preguntamos si él era el que salía con ese nombre en Facebook, y entre risas nos decía que no tenía nada que ver”.

El pasado 11 de junio, efectivos de la policía realizaron un allanamiento en el domicilio de T.A.T, ubicado en calle Eduardo Larrea 337, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook y un módem. Ese mismo día, el imputado fue aprehendido por orden del fiscal Raposo.

Durante la audiencia imputativa realizada este viernes, el joven fue asistido por la abogada defensora pública Agustina Dutto. El fiscal le imputó la autoría del delito de amenazas calificadas anónimas, contemplado en los artículos 45 y 149 bis del Código Penal.

A pesar de los derechos garantizados por el Código Procesal Penal de Santa Fe, el imputado optó por no declarar en esta instancia. La jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedido del fiscal y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de reiteración de la conducta.

El caso generó conmoción en la comunidad de Teodelina, donde Poleri viene manifestando su preocupación por el nivel de violencia verbal y hostigamiento que sufre desde hace meses. “Me siento perseguido y observado, y esto afecta a mi familia”, declaró en una de las denuncias.

La decisión judicial de dictar prisión preventiva busca marcar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad penal de quienes, desde el anonimato, utilizan plataformas digitales para amenazar a funcionarios públicos.

El domingo, alrededor de las 17:50 horas, se registró un intento de hurto en el supermercado "Mami", ubicado en la intersección de Avenida Chapuis y calle Valdez, en la ciudad de Venado Tuerto. El incidente culminó con la aprehensión de Ignacio M., de 26 años, domiciliado en la misma ciudad.

Detalles del hecho

Según fuentes oficiales consultadas por Sur24 aproximadamente a las 17:50 horas, personal policial que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por la central de emergencias 911 sobre un individuo que habría sustraído una botella de whisky del mencionado supermercado. El sospechoso, que vestía remera y pantalón negros y portaba una caja de bebida en la mano, se dirigía hacia la terminal de ómnibus.

Los oficiales interceptaron a una persona que coincidía con la descripción en la intersección de Avenida Chapuis y calle Piacenza. El individuo llevaba una caja negra que contenía una botella de whisky marca Johnnie Walker Black Label de 750 ml, aún cerrada. Al ser consultado sobre la procedencia del producto, el hombre ofreció respuestas inconsistentes, lo que llevó a su detención preventiva.​

Procedimientos posteriores

Tras la aprehensión, se solicitó a la central 911 contactar al denunciante, logrando una entrevista con Luis, de 44 años, quien afirmó haber presenciado el hurto en el supermercado "Mami". El detenido fue trasladado a la sede policial correspondiente para las actuaciones de rigor, y se procedió al secuestro de la botella de whisky como evidencia.​

Situación legal del imputado

Ignacio M. será imputado por el delito de hurto. La Unidad Fiscal a cargo del Dr. Iván Raposo lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria.