(Por Luciana Lanzamidad) - De cara al Día Mundial del Sida, los últimos informes epidemiológicos muestran un escenario que obliga a reforzar la prevención, el testeo y el tratamiento del VIH. Mientras en el mundo se registran avances sostenidos y una reducción marcada de nuevas infecciones, América Latina enfrenta un crecimiento que preocupa a especialistas y organismos sanitarios.

En Argentina, la situación se vuelve aún más compleja por la alta proporción de diagnósticos tardíos y por el aumento de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que indica que las prácticas preventivas siguen siendo insuficientes.

Alta proporción de diagnósticos tardíos.

Las cifras más recientes muestran un contraste profundo entre las tendencias globales y regionales. Desde 2010, las nuevas transmisiones de VIH disminuyeron 40% en el mundo, pero en América Latina aumentaron 9%, lo que convierte a la región en una de las más rezagadas en la respuesta internacional al VIH/sida.

De acuerdo con los informes de ONUSIDA, alrededor de 40,8 millones de personas vivían con VIH en el mundo en 2024, y 1,3 millones adquirieron la infección solo ese año. A pesar de que las muertes vinculadas al sida cayeron más del 50% en la última década, cada año unas 630.000 personas fallecen por causas relacionadas con la enfermedad.

Más de la mitad de quienes viven con el virus son mujeres y niñas, quienes también representan una proporción significativa de las nuevas transmisiones.

En América Latina, se estima que 2,5 millones de personas viven con VIH, con aproximadamente 120.000 nuevas transmisiones por año y 27.000 muertes relacionadas con el sida. En el Caribe, la cifra alcanza las 340.000 personas, con unas 15.000 nuevas infecciones y 4.800 muertes anuales. En total, cerca de 2,8 millones de personas conviven con el VIH en ambas regiones.

Según los especialistas, el avance insuficiente responde a múltiples factores: desigualdades sociales, falta de acceso a métodos de prevención, estigma persistente, baja percepción de riesgo, barreras para llegar al sistema de salud y menor inversión en estrategias de detección temprana.

Esto dificulta que la región pueda alinearse con la meta global de poner fin al sida como amenaza para la salud pública antes de 2030.

Reforzar la prevención, el testeo y el tratamiento del VIH.

El Boletín Epidemiológico Nacional vuelve a marcar un dato que se sostiene año tras año: el 45% de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina son tardíos. Es decir, casi la mitad de las personas llegan al sistema de salud cuando la infección ya avanzó, lo que complica el tratamiento, aumenta los riesgos para la salud y prolonga la cadena de transmisión.

El diagnóstico tardío es una de las principales barreras para frenar la circulación del virus. Cuanto más tiempo transcurre sin detectar la infección, más difícil es acompañar a esa persona con un tratamiento adecuado y evitar nuevas transmisiones. Por eso, los organismos sanitarios insisten en la necesidad de realizar chequeos de ITS de manera regular, aun cuando no existan síntomas.

Este panorama se agrava con el aumento sostenido de Sífilis, que alcanzó el nivel más alto desde que existen registros oficiales en el país. Lo mismo ocurre con otras infecciones de transmisión sexual, lo que revela que las prácticas preventivas necesitan reforzarse en todos los niveles: comunitario, sanitario y educativo.

La recomendación de los especialistas es clara: los chequeos deben incorporarse como parte de los controles de salud habituales, especialmente luego de situaciones de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo o uso compartido de jeringas. También subrayan la importancia del acceso garantizado a preservativos, métodos de prevención y diagnóstico temprano.

Una de las herramientas clave para reducir las transmisiones es la conocida fórmula “I = I” (Indetectable = Intransmisible).

Cuando una persona con VIH accede al tratamiento y logra una carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual. Se trata de un dato respaldado por evidencia científica y considerado uno de los hitos más importantes en la lucha contra la epidemia, aunque su difusión aún es insuficiente.

Los informes internacionales advierten que, si bien existen avances en tratamientos y nuevas tecnologías médicas, los desafíos estructurales siguen siendo enormes.

La llegada de terapias innovadoras —incluidos los inyectables de acción prolongada, capaces de prevenir o tratar la infección por varios meses con una sola dosis— representa un cambio significativo en la estrategia global.

Sin embargo, los costos elevados dificultan su incorporación en los sistemas públicos de salud de muchos países de ingresos bajos y medios, entre ellos gran parte de América Latina.

Para los organismos internacionales, alcanzar la meta 2030 requiere más que innovación farmacológica: se necesita reducir las desigualdades, aumentar el acceso al diagnóstico y reforzar las políticas de prevención.

También es fundamental combatir el estigma, que sigue siendo una de las principales razones por las cuales muchas personas evitan testearse o consultar ante una sospecha.

La diputada provincial Silvia Ciancio, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para que se declare de interés público provincial la respuesta integral e intersectorial a la afección por el virus de inmunodeficiencia humana -VIH-, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual -ITS- y la tuberculosis -TBC-. 

La legisladora recordó que en julio del 2022, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 27.675 que “llevó un tiempo de discusión no solo en el recinto del Congreso Nacional y sus comisiones, sino también al interior de los equipos de salud y ONG que se encargaron de la temática desde tiempos históricos”.

Esta ley propone un abordaje integral de salud colectiva e incluye otras infecciones que la anterior ley no contemplaba. Asimismo, permite visualizar un enfoque de la temática diferente a lo que se venía contemplando con la ley de los años 90.

“En este proyecto se privilegia el enfoque de derechos, tratando de derribar prejuicios y estereotipos que tienden a la discriminación de las personas, usuarios del sistema sanitario”, indicó Ciancio.

La presidenta de la Comisión de Salud, destacó que se “corre de un enfoque exclusivamente biomédico para acercarse a otras consideraciones para hacer de la salud un derecho integral”. Asimismo, “propone un análisis de los determinantes sociales y culturales de la salud y promueve la eliminación del estigma social y la criminalización de personas con VIH”.

Además, se comprenden los cuidados paliativos y la rehabilitación de estas patologías, incluyendo las asociadas, derivadas y concomitantes, así como los efectos adversos derivados y sus tratamientos.  

A tal efecto, la autoridad de aplicación promueve que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo, juntamente con las obras sociales y los prestadores de salud, articulen con las instancias correspondientes la implementación de programas que garanticen la atención interdisciplinaria e intersectorial.

Alcances

Entre otras cuestiones, el proyecto plantea la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

Funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo con participación interministerial e intersectorial. El objetivo, camino a la cero discriminación y estigma, es terminar con la exclusión en el ámbito laboral o educativo, en los sistemas de salud, de seguridad social y de la atención integral en cualquier ámbito.

“La infección por VIH, hepatitis B o C, TBC o cualquier ITS, no puede ser un pretexto para impedir el acceso y ejercicio plenos de los derechos. Los tiempos van cambiando y los paradigmas de atención, prevención y cuidados también. Los marcos normativos deben acompañar los procesos de cambios que se dan al interior de la cultura y en sus múltiples determinaciones para dar respuestas adecuadas y adaptadas a los sujetos sociales que componen el entramado social”, amplió Silvia Ciancio.

La diputada recordó que en la década de los 90, la situación epidemiológica sobre el VIH era una cuestión muy diferente a lo que podemos mencionar hoy. “Y el camino transcurrido desde ese momento a nuestros días nos brinda ciertas pautas de aprendizaje que vale la pena dejar plasmado en las normativas que guiarán de algún modo nuestras prácticas cotidianas”.

“La ley es de orden público, por lo tanto aplicable en nuestra provincia. En virtud de ello se elaboró este proyecto de ley, para reafirmar el compromiso de la provincia con el cuidado de la salud y la eliminación de todo estigma o discriminación”, amplió Silvia Ciancio. 

Comisión provincial

El proyecto plantea la creación de la Comisión Provincial de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y TBC en el ámbito de la autoridad de aplicación. Estará integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de sociedades científicas; organizaciones de la sociedad civil; personal y profesionales de la salud expertos en la temática; representantes de los ministerios de Salud; Educación; Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Igualdad, Género y Diversidad; Ministerio de Trabajo; comisiones de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados; Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Senadores; IAPOS; Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; Dirección Provincial de Inclusión Para Personas Con Discapacidad; Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD); y toda entidad que se considere oportuno convocar, según lo determine la reglamentación.

Para su constitución se tiene que garantizar la paridad de género.

Entre las funciones de la comisión, se destaca diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas; establecer las directrices de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia en la materia; construir los lineamientos para la capacitación y formación de los equipos de trabajo para la atención; participar en la elaboración de las campañas y programas de sensibilización, difusión y concientización; realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación respecto de los lineamientos; diseñar instrumentos de evaluación de calidad en torno a las prácticas cotidianas de los equipos de salud, desarrollo social y todos aquellos involucrados directa o indirectamente en la temática.

También de destaca la elaboración de planes tendientes a la  prevención, detección, investigación, diagnóstico, tratamiento y asistencia integral, respetando su autonomía, intimidad, interculturalidad, confidencialidad y no discriminación; garantizar la gestión del conocimiento mediante la difusión sobre sus vías de transmisión y medios de prevención; elaborar planes de enseñanza que incorporen a la educación primaria y secundaria de toda la provincia, información pertinente y de calidad; capacitar en forma permanente y obligatoria a todo el personal de la administración pública provincial sobre la prevención, detección y tratamiento; gestionar ante el Ministerio de Salud de la Nación la provisión de medicamentos y suministros de laboratorio, así como de su distribución en todos los efectores de la provincia.

Abarca gestionar la distribución de medios de prevención combinada, a través de los efectores públicos de atención primaria, hospitales públicos y privados, así como también a través de las consejerías y organizaciones no gubernamentales; realizar coordinadamente con las instituciones antes mencionadas, un seguimiento de la adherencia al tratamiento de las personas; fijar políticas de no discriminación en el ámbito laboral, así como su régimen sancionatorio a quienes incurran en falta e instar al Poder Ejecutivo a que desaliente a los laboratorios realización de convenios con las empresas que piden los análisis preocupacionales; fijar políticas públicas que garanticen la calidad de vida, entre las que se comprenderán el derecho a una vivienda digna; a una buena alimentación, el acceso al agua potable, entre otras.  

Finalmente, plantea garantizar los gastos póstumos de las personas cuya causa de muerte tenga relación directa con el VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y TBC; gestionar la franquicia de transporte gratuito dentro de todo el territorio provincial para personas con las enfermedades nombradas; realizar el monitoreo epidemiológico; garantizar el acceso a la información en tiempo real de un registro público de los indicadores epidemiológicos y de gestión; y realizar un informe anual de seguimiento epidemiológico.

Tomando como punto de partida que, en julio de 2022, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 27675, conocida como “Ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC)”, desde la Comisión de Salud que preside la doctora Silvia Ciancio en la Cámara de Diputados, insisten en el tratamiento de una normativa provincial que actualice la ley santafesina referida a este tema.

Es así que se elaboró este proyecto de ley en Santa Fe, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud y la eliminación de todo estigma y discriminación. “La normativa propuesta tiene como objetivo ampliar los derechos consagrados en la ley nacional, teniendo en cuenta el territorio y el sistema de salud provincial”, explicó Ciancio.

“Es una mirada que se propone ir mucho más allá de la perspectiva médica y que apunta también a garantizar jubilaciones anticipadas y pensiones para chicos y chicas de hasta 25 años que padezcan estas enfermedades. El objetivo es acabar con la exclusión en el ámbito laboral, educativo, en los sistemas de salud y seguridad social, y en la atención integral en cualquier ámbito”, remarcó.

Esta legislación, que ha sido objeto de extensas discusiones tanto en el Congreso como en el ámbito de la salud y las organizaciones no gubernamentales, propone un enfoque integral de salud colectiva y amplía la cobertura para incluir infecciones que no estaban contempladas en la ley anterior.

“Uno de los principales aspectos de esta ley es el enfoque de derechos que busca derribar prejuicios y estereotipos que conducen a la discriminación de las personas usuarias del sistema sanitario. Se aleja de un enfoque exclusivamente biomédico y se acerca a consideraciones más amplias para garantizar el derecho integral a la salud”, aseguró Silvia Ciancio.

Adecuar la legislación provincial a la nacional. Diputada Silvia Ciancio

Características

La legisladora, recordó que la ley promueve el análisis de los determinantes sociales y culturales de la salud, así como la eliminación del estigma social y la criminalización de las personas con VIH. Además, propone la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las violaciones de los derechos humanos de las personas afectadas.

Este observatorio estará bajo la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, con la participación de diferentes ministerios y sectores.

“La infección por VIH, hepatitis B o C, TBC o cualquier ITS no debe ser un motivo para impedir el pleno acceso y ejercicio de los derechos”, amplió Ciancio.

Asimismo, insistió: “Los tiempos cambian y los paradigmas de atención, prevención y cuidado también evolucionan. Los marcos normativos deben acompañar estos cambios y ofrecer respuestas adecuadas y adaptadas a las necesidades de la sociedad. La situación epidemiológica en relación al VIH ha evolucionado considerablemente desde la década de los 90, y el camino recorrido hasta la fecha nos ha brindado valiosas lecciones que se reflejan en estas normativas, las cuales guiarán nuestras prácticas cotidianas”, aseguró.

Debe recordarse, que la actual ley nacional es de orden público y aplicable en toda la República Argentina. En su artículo 4 establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están invitadas a sancionar normas correspondientes en sus respectivas competencias, las cuales en ningún caso podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley.