En medio de la renovada tensión diplomática con la Argentina, el gobierno británico confirmó que todas las nuevas licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Office. La medida busca dar respaldo a las empresas tras la caída de sus acciones y el retiro de una importante compañía de servicios.

Hasta el momento, los permisos para operar en las aguas cercanas al archipiélago eran emitidos por el gobierno isleño. Sin embargo, el subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, ratificó ante la Cámara de los Lores que la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores será un requisito ineludible de aquí en adelante.

La decisión asume una responsabilidad directa con el fin de fortalecer la confianza empresarial En septiembre, la escalada diplomática y el anuncio de acciones sancionatorias por parte del gobierno argentino impactaron de lleno en los mercados. En la Bolsa de Londres, la empresa Rockhopper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas cayó un 11,5% en la de Tel Aviv. Además, la petrolera estadounidense Halliburton decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.

Consultado específicamente por el representante conservador Lord Moynihan sobre la reciente prórroga de licencias en Sea Lion —cuya primera producción está prevista para 2028—, el funcionario británico evitó confirmar o negar si Londres intervino en esa autorización en particular.

Las operadoras de este yacimiento trabajan con licencias ya existentes que contaban únicamente con los contratos firmados por el gobierno isleño y el apoyo del Reino Unido.

El endurecimiento de la postura británica ocurre en paralelo a un debate económico propuesto por el Partido Conservador en Westminster. La oposición hizo pública su intención de exigir que las regalías derivadas de la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido.

El objetivo es utilizar esos recursos para financiar los gastos de defensa de las islas, que representan unas 75 millones de libras esterlinas anuales cargadas al presupuesto británico. Según los conservadores, esto permitiría aliviar la carga de los contribuyentes y liberar fondos para aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, cumpliendo así con los pedidos de la OTAN.

La decisión comunicada a la Cámara de los Comunes modifica el esquema de permisos de explotación en la región. Esta intervención centralizada de Londres representa una respuesta institucional ante los reclamos de soberanía de Argentina, marcando una política más estricta sobre el control de los recursos de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dispuso que todas las personas que se desempeñen en la función pública, en su ámbito, deberán realizar la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas. La decisión comprende a todos los niveles, jerarquías, cargos o modalidad de contratación.

"Quedan expresamente comprendidos los agentes de la administración pública central, organismos descentralizados, entes autárquicos, instituciones de la seguridad social, fuerzas de seguridad provinciales, empresas y sociedades del Estado, o sociedades con participación estatal mayoritaria".

Así lo establece la reglamentación a la ley santafesina N° 14.255, norma que dispuso adherir a una nacional, la Ley N° 27.671. En ella "establéce la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la "Cuestión de las Islas Malvinas" para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".

La ley marca que se entiende como la Cuestión de las Islas Malvinas a la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino, que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Congreso sancionó esa norma en julio de 2022. La adhesión santafesina llegó en marzo de 2024 por medio de la Ley que lleva el número 14.255. Ahora, dos años y medio después, el Poder Ejecutivo reglamentó la aplicación.

"La capacitación será de carácter obligatoria, continua y su contenido se irá actualizando a los nuevos estándares y principios que rijan en la materia" dispone el decreto.

Acota que "en atención a los principios rectores emanados del Artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, asistirá a la Secretaría de Relaciones Internacionales y a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, a los fines de posibilitar que las mismas adapten los contenidos y modos de las capacitaciones en todo cuanto fuera necesario para su dictado".

En el decreto se dispone que la acreditación de la capacitación obligatoria, "constituye un requisito vinculante para promociones, ascensos, postulación a concursos de la carrera administrativa, asignación de subrogancias y/o procesos de titularización".

La capacitación tendrá una duración de 20 horas distribuidas en cuatro semanas de trabajo con modalidad virtual, continua, autogestionada y asincrónica en la plataforma oficial de la Provincia que se disponga a tal efecto.

La carga horaria que exige la capacitación para los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo, será computada como parte de la jornada horaria en la organización donde presta servicios. Además, otorgará una certificación oficial individual, desde la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, a cada agente que apruebe la capacitación obligatoria, como así también en las actualizaciones a la capacitación que se vayan estableciendo.

En forma periódica, la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, informará a las áreas de recursos humanos las personas que acrediten la certificación del curso, de manera tal de que las mismas puedan determinar aquellas personas que aún no han cumplimentado.

La Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno es el responsable principal de la implementación de la Ley "Cuestión de las Islas Malvinas".

A tal fin deberá elaborar y aprobar los contenidos mínimos obligatorios del programa formativo, considerando los lineamientos de la Ley Nacional y otros de perspectiva provincial. Deberá contener antecedentes históricos, geográficos y fundamentos jurídicos de los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Marcos constitucionales nacional y provincial; resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales.

También la perspectiva geopolítica, estratégica y recursos naturales en el Atlántico Sur; Memoria, identidad, reconocimiento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, y la Cuestión Malvinas como causa nacional y regional.

La secretaría deberá además coordinar la ejecución material de la propuesta formativa, fijar los mecanismos de actualización periódica y continua de las temáticas abordadas y establecer, a los fines de la homologación de contenidos, un procedimiento formal de evaluación de trayectos formativos afines previos, dictados por universidades, institutos u otros Poderes del Estado.

El decreto reglamentario, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Fabián Bastía y Pablo Olivares, invita a los Poderes Legislativo, Judicial y demás órganos constitucionales, como así también a los gobiernos locales de la provincia a adherir a las previsiones dispuestas y coordinar los mecanismos de capacitación con la secretaría de Relaciones Internacionales.

La ley santafesina declara obligatoria la capacitación en los tres poderes del Estado y será la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de la justicia, y las autoridades de las dos cámaras, en el ámbito legislativo, los encargados de disponer cómo se hará la misión en esos cuerpos del estado.

La nueva Constitución de Santa Fe, sancionada y jurada en septiembre del año pasado, incluyó una cláusula sobre Malvinas, uno de los pocos artículos votados por unanimidad.

Es el artículo 4 que dice que "la Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y su plataforma continental, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de esos territorios, la restitución de la integridad territorial, el ejercicio pleno de la soberanía y el respeto del modo de vida de sus habitantes, conforme a los principios del derecho internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables".

Agrega que "la Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra y políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa".

Cabe acotar que este artículo fue incluido y aprobados después de la sanción de la ley sobre formación continúa en la Cuestión Malvinas.

El proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional comenzó este miércoles su debate en la Cámara de Diputados, al menos en un plenario de comisiones al que fueron invitadas autoridades del gobierno nacional.

Se trata de Paula Taddei, secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía y el Gral. Jorge Puebla, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares.

El plenario reúne a las autoridades e integrantes de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto; las tres presididas por legisladores de La Libertad Avanza.

Se trata de la primera reunión informativa luego del ingreso del extenso proyecto de ley que presentó el propio presidente Javier Milei en cadena nacional el 3 de septiembre.

El tratamiento del tema fue pedido con urgencia por el presidente Javier Milei, quien confía en lograr adhesión a un tema que considera de suma urgencia para el país. La gestión nacional insiste en un escenario actual de amenazas y riesgos para la seguridad nacional, cuestión que se suma al conflicto suscitado por la explotación de petróleo en aguas argentinas por parte del Reino Unido.

Sin embargo, son más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos que establecen una amplísima lista de temas: desde sanciones mayores a las previstas por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina hasta multas por operar con empresas no autorizadas. Desde la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario hasta cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.

Si bien el punto de partida es la reivindicación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio nacional, son varias leyes las que se derogan o modifican y no parece que el debate fluya sin sobresaltos para el oficialismo.

Según consignan medios especializados, la intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para el día siguiente.

Varios artículos suscitaron particular escozor: uno de ellos es el 111 que incorpora al Código Penal una nueva figura delictiva vinculada a la denominada injerencia extranjera en la vida política e institucional argentina.

En concreto, y según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, crea el artículo 225 bis y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, bajo órdenes o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, impulse acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, o bien promueva o financie actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes

En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional, tendrá como miembros permanentes al el presidente de la Nación; el jefe de Gabinete; el ministro de Relaciones Exteriores; el ministro de Defensa; el ministro de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), y el titular de la Secretaría Legal y Técnica. De algunas de esas reparticiones surgen los invitados al plenario de este miércoles.

El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina inició el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte.

La estrategia busca impedir el avance de las operaciones autorizadas por el Reino Unido en el área en disputa. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades no pueden desarrollarse unilateralmente mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía.

Quirno explicó que la intimación enviada a Londres contempla un plazo de 14 días para que suspenda las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion.

“Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar”, afirmó el canciller.

Según detalló, la intención sería solicitar medidas provisionales para intentar detener las tareas mientras avanza el procedimiento internacional.

Sea Lion está impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino afirma que el área está comprendida dentro de la plataforma continental sobre la que reivindica derechos soberanos y cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades británicas.

Quirno señaló que el primer barril está proyectado para 2028 y sostuvo que las acciones fueron iniciadas con anticipación para intentar impedir que la explotación comience.

La Cancillería busca además aumentar el costo de participar del proyecto para las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina”, planteó Quirno al referirse a las empresas que evalúen intervenir en Sea Lion.

El Gobierno también envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra compañías que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las islas y los espacios marítimos circundantes.

La posición oficial invoca, entre otros antecedentes, las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda instó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso de negociación.

El Ejecutivo también instruyó formalmente a Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar el mecanismo arbitral contemplado en el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar.

En paralelo, el Gobierno sigue con atención una ronda comercial realizada en Punta Arenas entre empresarios chilenos y representantes vinculados con las Islas Malvinas.

Quirno señaló que la relación con la administración de José Antonio Kast continúa siendo fluida y recordó el compromiso chileno de no brindar apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas.

La Cancillería argentina también cuestionó recientemente vuelos entre Malvinas y Punta Arenas que, según denunció, se realizaron sin autorización argentina.

El canciller sostuvo que Buenos Aires continuará monitoreando los movimientos comerciales y logísticos vinculados con Punta Arenas.

“Tenemos acuerdos vigentes con Chile y, obviamente, esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos”, manifestó.

El Gobierno de Argentina anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Lo hizo ante el avance ilegítimo de la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

"Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", sostuvo el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada amplió que el jefe de Estado Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de dicha Convención.

El objetivo central de la medida es impedir la explotación ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado "Sea Lion", así como la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

En el texto oficial, la administración libertaria fundamentó su reclamo al recordar que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce formalmente la disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 prohíbe de manera expresa la adopción de decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos.

En ese marco, el documento califica la explotación unilateral como una violación al derecho internacional que genera un "perjuicio irreversible e irreparable" a los derechos soberanos del país.

La situación llevó a que el Gobierno intime al Reino Unido para que, en un plazo máximo de dos semanas, disponga las medidas necesarias para frenar el desarrollo del proyecto "Sea Lion", tal como expresó el jefe de Estado. El texto advierte que, de no cumplirse dicho requerimiento en el plazo fijado, la Argentina solicitará de inmediato medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar sus derechos.

Por otra parte, la Oficina del Presidente manifestó su "rechazo categórico" a la respuesta británica tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que la denominación de "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum unilateral celebrado en las islas en 2013 "no son reconocidos internacionalmente ni alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía".

Finalmente, el Gobierno informó que inició acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia tras detectar operaciones aéreas no autorizadas de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas - Punta Arenas, realizadas por una aeronave con matrícula británica.

"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional", concluyó el comunicado firmado por el Presidente.

"La Oficina del Presidente informa que, frente al accionar ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado "Sea Lion", así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina".

"La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones".

"A su vez, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General".

"La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".

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"En ese marco, la República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina. De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".

"Por otra parte, la República Argentina manifiesta su rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración pronunciada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La pretendida denominación de las Islas Malvinas como "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas".

"Finalmente, se informa que, en función de haberse detectado operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas - Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes".

"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional".

El vocero presidencial Adrián Ravier destinó 40 minutos de su conferencia de prensa semanal, el martes, para describir los principales puntos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso y comenzará a ser debatido en plenario de comisiones, en principio, desde el 30 de septiembre.

Son 133 artículos, incluidos los ítems de forma, distribuidos en 8 títulos que se enmarcan en “las medidas que está tomando el gobierno nacional para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas”, según explicó el portavoz presidencial.

El proyecto “constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” (a las que el proyecto define como "argentinas, por historia y por derecho"), y es “un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, por lo que pidió al Poder Legislativo su tratamiento “con la mayor celeridad posible”.

Los primeros debates se darán en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto; las tres están encabezadas por dirigentes de La Libertad Avanza: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La iniciativa se sustenta en tres ejes: “Castigar a quienes exploten nuestros recursos naturales de manera ilegítima en sus espacios marítimos circundantes y en la Plataforma Continental Argentina; generar los incentivos necesarios para que quienes participen de estas actividades cesen en dicha conducta, y dotar al Estado nacional de la herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

El debate parlamentario inicial estará a cargo de un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por los dirigentes Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

“El proyecto busca dotar de un marco normativo integral, permanente e integrado para la defensa de su soberanía, la protección de los intereses vitales y estratégicos de la Nación y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo”, dijo Ravier sin mayores especificaciones.

Como se dijo, son 8 títulos los que componen el proyecto. Algunos de ellos ya generaron, cuanto menos, llamados de atención entre el periodismo y el propio Congreso.

El primer Título alude a la defensa de los recursos naturales de la Nación; define que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituyen parte integrante del territorio nacional argentino, y establece que el Estado nacional “tiene como objetivo permanente e irrenunciable realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía”.

Deroga la ley 26.659/2011 que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y la reemplaza por un régimen más duro que expande su ámbito de aplicación; agrava sanciones penales, resuelve inconsistencias técnicas y amplía su alcance a cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales que se realiza en el sector.

Además, prohíbe ser proveedor de sujetos que realicen actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales “cuando ello resulte esencial e indispensable para la viabilidad o ejecución del proyecto”, y ser “socio, accionista o participante directo de quienes desarrollen estas actividades”, entre otros límites.

Se incorporan nuevas figuras delictivas y se agravan las penas para exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales no renovables.

Los delitos previstos en la ley se incorporan a los supuestos de juicio en ausencia.

El Título 2 define como Seguridad Nacional a la situación de hecho por la que la vida, la libertad, la propiedad, los derechos y garantías de los habitantes y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, se encuentran protegidos; la soberanía e independencia de la República Argentina se encuentran garantizados, y los intereses vitales y estratégicos de la Nación, resguardados.

“Ningún Estado puede defenderse si las dependencias públicas trabajan de espaldas unas a otras”, explicó Ravier. Por eso, el sistema integra “bajo una lógica común de conducción y coordinación estratégica las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa nacional, jurídica, de inteligencia nacional y de protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional”.

La dirección política del Sistema de Seguridad Nacional corresponde al Presidente de la Nación como jefe de Gobierno y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El órgano rector será el Consejo de Seguridad nacional, presidido por el mandatario y compuesto por miembros permanentes y no permanentes, todos sometidos al régimen de confidencialidad propios de la ley de Inteligencia Nacional.

El Título 3 regula la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, y establece “procesos secuenciales y progresivos alineados con la normativa internacional aplicable”.

La novedad está en que se incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las Infraestructuras Críticas, definidas como “aquellas estructuras físicas, redes, sistemas o partes de ellos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación, total o parcial, pueda impactarlos significativamente”.

Además, considera que detectada una aeronave o un buque (que representen una amenaza a la seguridad nacional), se desarrollará un proceso secuencial y progresivo, que irá desde la identificación, advertencias y uso de fuego como último recurso en el primer caso y hundimiento en el segundo.

El Título 4 avanza en el régimen sancionatorio ante la afectación o amenaza a la Seguridad Nacional: “Se configura la infracción cuando el acto u operación provenga de un Estado u organización extranjera o una persona humana o jurídica que actúe en su propio beneficio (…) y cuando tenga por objeto o efecto atentar contra la integridad territorial de la República”, entre otras causales.

El Título 5 incorpora modificaciones a la ley 23.554/1988 de Defensa Nacional a la que redefine como “la función del Estado tendiente a garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la República Argentina, su integralidad territorial, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida y la libertad de sus habitantes”.

También apunta a proteger de forma integral los intereses nacionales “frente a riesgos, amenazas y desafíos de origen externo de carácter estatal o no estatal, sean cinéticos o no cinéticos”.

El título VI está dedicado al “Fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones” e incorpora cambios a la ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos.

Se incorpora una nueva figura al Código Penal con el objetivo de fortalecer la protección institucional “frente a supuestos de influencia extranjera indebida en procesos electorales, decisiones públicas, instituciones republicanas y dinámicas de opinión pública”.

En esa línea, “se prohíben contribuciones o donaciones a partidos políticos por parte de personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y personas jurídicas extranjeras y se les prohíben actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña o propaganda electoral”.

Por el Título VII se crea el Registro Público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionará en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF). La finalidad será brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas o jurídicas vinculadas con actos de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

Mientras la inscripción se encuentre vigente, los bienes, fondos de propiedad de las personas o entidades “quedan sujetos a inmovilización inmediata”.

El último título es de disposiciones transitorias complementarias como la sustitución de varios artículos de la Ley de Inteligencia Nacional y la invitación a las provincias y a CABA a adherir a algunos capítulos de la ley.

Ravier también se ocupó de desmentir frente a periodistas acreditados en Casa Rosada “interpretaciones maliciosas y críticas infundadas” que circulan sobre el proyecto de ley, en particular desde el periodismo.

ata del artículo 88 que tipifica “la realización de todo acto, actividad, decisión u operación que afecte o amenace la Seguridad Nacional” y que , y:tenga por objeto o efecto atentar contra la integridad territorial de la República Argentina; interferir, mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos, en el proceso decisorio de las Autoridades Constituidas de la RA; atente contra la integridad de las Infraestructuras Críticas, o financie, facilite o colabore materialmente con las conductas previstas en los incisos anteriores, con conocimiento de su finalidad o de las circunstancias que determinan su carácter ilícito.

La conducta que se invoca “solo se configura cuando se interfiere en el proceso decisorio de las autoridades constituidas del país mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos".

"Lo que se protege es cómo decide el Estado, no como se forma la opinión pública”, aclaró el vocero. “La norma apunta a presiones encubiertas sobre funcionarios, documentación falsa o coerción”, todos hechos “de extrema gravedad porque afectan la capacidad de autodeterminación del país y, con ella, su soberanía”.

El otro artículo en cuestión es el 111 que incorpora al Código Penal de la Nación el siguiente texto: “Será reprimido con prisión de 5 a 12 años el que, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.

¿Censura o autocensura? No, dijo Ravier. “La figura no reprime una noticia falsa ni una expresión individual sino una operación de interferencia ejecutada por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero dirigida a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas y masivas”, aclaró.

Por ahora el proyecto está en manos de Diputados. Habrá que ver si, dada la amplitud y profundidad de temas que aborda, el proyecto se debate como un todo o por partes.

El Reino Unido salió a responder el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, donde volvió a poner énfasis en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, y sostuvo que el desarrollo de los hidrocarburos en el archipiélago "es legítimo".

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, sostuvieron en un comunicado los representantes británicos ante las Naciones Unidas.

Y agregaron: “La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía".

"Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, insistieron en el documento.

The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the Falkland Islands.    Our statement in response to the Argentine General Assembly Statement regarding the Falklands: https://t.co/eWw8aS2MDI

El presidente Javier Milei, en su exposición durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificó el reclamo por Malvinas y solicitó que haya consecuencias contra las empresas que operan en las Islas.

Asimismo, manifestó que para el Gobierno Nacional el tema “es una causa nacional” y sostuvo la defensa territorial de la soberanía: "Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".

"Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros, decidió mirar para otro lado, respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes", expresó el Presidente en el inicio de su discurso.

Posteriormente, denunció el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias británicas que Argentina considera "ilegales e ilegítimas" y reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía.

Este miércoles Javier Milei tendrá por delante la que podría ser su presentación más importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde que se encuentra en la presidencia de Argentina.

Nueva York, entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026, recibe a los mandatarios, jefes de Estado o representantes de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la 81.ª sesión de la Asamblea General.

Milei hablaría en horas de la tarde argentina del miércoles 23, con un contexto de política exterior de los más convulsos en lo que va de su gestión.

El hombre de La Libertad Avanza ha protagonizado una serie de discusiones a distancia con diferentes mandatarios de países de la región y otras latitudes. El caso más complejo se dio con España, luego de que el intercambio con Pedro Sánchez derivara en la ruptura momentánea de la representación española en Buenos Aires.

El caso de blancos de ataque durante la campaña, como lo fue China, fue diluyendo el tono de agresividad con el pasar de la gobernanza y el acercamiento comercial casi inevitable.

Pero hasta el momento, sus posicionamientos y declaraciones no pasaban más que de meros gritos al aire o alineamientos concretos junto a Estados Unidos e Israel. El escenario tuvo a Malvinas como punto de inflexión.

Sea o no un aprovechamiento de una ola malvinera potenciada por la sábana de los subcampeones del mundo post triunfo con Inglaterra y de que las eventuales consecuencias no puedan calar hondo, Milei no había avanzado tanto en alguna disputa hasta ahora.

Tomando rebufo de las presiones de Donald Trump por las islas y ahora también por comentarios particulares en torno a la unificación de Irlanda, Milei llevó a cabo aquella cadena nacional en la que anunció sanciones a empresas que colaboren en la explotación de hidrocarburos en aguas reclamadas por Argentina.

La espuma de esta presión subió y bajó, dependiendo de los riesgos colaterales de afectar inversiones y negocios ya en marcha en torno a la explotación de Vaca Muerta.

A pesar de esto, la reacción de la administración de las Islas y del propio Reino Unido sumó mayor gravedad a la discusión que la ONU sigue ubicando dentro de la lista de los Territorios No Autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización.

Allí estará Milei, con su primera gran ventana para hablar ante el mundo de una cuestión de la que ya se hizo eco su principal aliado en Medio Oriente, Israel, y de la que todo el mundo estará expectante.

Las apariciones de 2024 y 2025 de Javier Milei ante la Asamblea General giraron en torno a la “batalla cultural” y guiños a la administración Trump en su segunda aparición.

En 2024, había intentado marcar un quiebre con el modelo de la ONU y su “Pacto del Futuro”, adoptado sin votación. Aquella primera vez, Milei planteó una estructura en la “que las Naciones Unidas y su sistema no intervendrán en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.

En 2025, aseguró que “no acompañaremos nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembros” y convocó a la ONU a liderar un cambio de paradigma, "regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser en el pasado”.

Quizás este 2026 sus manifestaciones se alejen un poco más de las críticas a la estructura de las Naciones Unidas, acompañando un mensaje mesurado que ha elevado desde dentro Rafael Grossi, candidato apoyado por Argentina para la Secretaría General.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaron una visita de trabajo a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, para recorrer el predio donde se levantará la nueva Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.

En el marco de la agenda en la provincia atlántica, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino peronista, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza.

El evento tuvo lugar en la sede de la Gobernación y durante la reunión, tal como informaron fuentes oficiales, “abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa”.

Otro dato: el oficialismo destacó el acompañamiento de la vicemandataria provincial en la sesión de junio del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el país cosechó un respaldo internacional al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto y se detallaron sus principales características.

Junto al ministro de Defensa, @TGCarlosPresti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación. Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud. Tuvimos también un encuentro con el gobernador @gustavomelella y la vicegobernadora @monica_urquiza, quien en junio nos acompañó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en donde Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas. La decisión del Presidente @JMilei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global. TMAP. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Quirno aprovechó la ocasión para subrayar que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia el territorio antártico y la revalorización de los activos estratégicos de la Nación.

La Base Naval Integrada está proyectada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida, iniciativa que contempla además funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región, destacó Presidencia en un comunicado.

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Londres en octubre, pese a que durante la mañana de este jueves desde el Gobierno habían confirmado que el mandatario tenía previsto trasladarse al Reino Unido. La suspensión de la gira fue comunicada por la Casa Rosada pocas horas después de anunciarse la visita y en un momento de renovada tensión diplomática por la cuestión de las Islas Malvinas.

Desde el área de Comunicación del Gobierno señalaron que “la gira está suspendida”, aunque hasta el momento no se brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos que llevaron a modificar la agenda presidencial.

El viaje contemplaba una presentación en la Universidad de Oxford y encuentros con empresarios. La visita se había planificado mientras la Argentina decidió reforzar su reclamo por la soberanía de las islas en el ámbito internacional, particularmente durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

La actividad internacional más próxima del Presidente tendrá lugar en Nueva York, donde participará de las actividades de Naciones Unidas. Allí, el Gobierno argentino buscará volver a colocar la cuestión Malvinas entre los principales temas de su agenda diplomática.

Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la delegación el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi.

En paralelo, el mandatario mantiene previstas otras actividades en el exterior. Entre ellas aparece una posible escala en París por la Argentina Week y su participación, el 14 de octubre en Washington, en la Gala Oficial del Hispanic Heritage, donde fue invitado como figura de honor.

Aunque Milei no estará en Londres, la Argentina sí tendrá representación oficial en la London Metal Exchange (LME) Week, uno de los encuentros internacionales más importantes vinculados con la industria de los metales y los minerales críticos.

El secretario de Minería, Luis Lucero, confirmó su presencia en las jornadas previstas para el 19 y 20 de octubre. Sin embargo, la delegación no contará con integrantes de la cúpula de la Casa Rosada.

El Reino Unido observa con especial interés la participación argentina debido al potencial del país en el sector minero. De acuerdo con la estrategia británica para minerales críticos, la demanda de litio en ese mercado podría aumentar un 1.100% antes de 2035, mientras que el consumo de cobre prácticamente se duplicaría.

En ese escenario, el Servicio Geológico Británico ubicó a la Argentina entre los tres destinos considerados prioritarios para desarrollar cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia. Las oportunidades identificadas incluyen proyectos vinculados con litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca.

La decisión de suspender el viaje presidencial se produce mientras vuelve a crecer la tensión entre Buenos Aires y Londres por las Islas Malvinas.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago. En diciembre de 2025, Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration aprobaron la inversión definitiva para avanzar con su explotación.

La primera etapa contempla un desembolso de unos 1.800 millones de dólares y una producción estimada de 50.000 barriles diarios. El inicio de la extracción está previsto para 2028.

La Cancillería argentina cuestionó el proyecto y calificó la explotación como “unilateral”. Según la posición oficial argentina, la iniciativa contradice la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reclama a las partes evitar modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la negociación sobre la soberanía de las islas.

La visita que finalmente quedó cancelada hubiera tenido un significado particular para la relación bilateral. Se habría tratado de la primera visita oficial de carácter bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde el viaje realizado por Carlos Menem en octubre de 1998.

En aquella oportunidad, Menem mantuvo reuniones con el entonces primer ministro británico Tony Blair y con la reina Isabel II.

Antes de la guerra de 1982, el último presidente argentino que había viajado al Reino Unido había sido Arturo Frondizi, en 1960. Néstor Kirchner también estuvo en Londres en julio de 2003, aunque aquella visita se produjo en el marco de una cumbre multilateral y no incluyó una agenda bilateral oficial.

La relación entre ambos países atraviesa además una etapa de incertidumbre por el cambio de Gobierno en el Reino Unido.

Milei todavía no mantuvo contactos con Andy Burnham, actual primer ministro británico y dirigente del Partido Laborista. Buena parte de las conversaciones que la diplomacia argentina había desarrollado en Londres se habían iniciado durante la gestión de Keir Starmer, quien dejó el cargo dos meses atrás.

Una situación similar se registra en materia de Defensa. El Gobierno argentino había buscado avanzar en conversaciones con Londres con el objetivo de mejorar el vínculo militar y conseguir una flexibilización del embargo de armas británico que pesa sobre la Argentina desde 1982.

Consultado por la revista The Economist sobre si esas negociaciones con el Reino Unido ya habían comenzado, Milei respondió: “Absolutamente”.

La medida británica restringe la venta a la Argentina de armamento y equipamiento militar que contenga componentes de origen británico. Por sus características, la prohibición limita el acceso argentino a una parte importante del mercado occidental de defensa.

Las gestiones para intentar revertir esta situación comenzaron a tomar mayor impulso en febrero de 2024, cuando el Ministerio de Defensa argentino planteó como una prioridad recuperar capacidades militares.

El antecedente más reciente de una flexibilización parcial del embargo se remonta a 2018.

Así, la cancelación del viaje de Milei a Londres se produce en un momento especialmente sensible para la relación entre ambos países: mientras Argentina vuelve a intensificar su reclamo diplomático por Malvinas, también busca preservar espacios de cooperación económica y avanzar en sectores estratégicos como la minería y la defensa.

La bandera llegó desde la tribuna y terminó en manos de Giovani Lo Celso. Argentina acababa de vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026 cuando los jugadores desplegaron sobre el campo de juego la frase “Las Malvinas son argentinas”. La imagen recorrió el mundo, generó cuestionamientos desde el Reino Unido y derivó en la apertura de un expediente disciplinario de la FIFA contra la AFA. 

Dos meses después, aquel mensaje llegará a las calles de Elortondo. El presidente comunal Angelo Yocco presentó la remera de la segunda edición de la maratón, que tendrá la silueta de las islas y la misma frase que sostuvieron los futbolistas argentinos durante los festejos. 

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Una causa presente

El diseño fue elegido como homenaje a los héroes de Malvinas y convertirá la indumentaria de la competencia en algo más que una identificación para los corredores. Durante toda la prueba, cientos de participantes de Elortondo y la región llevarán sobre su cuerpo un reclamo de soberanía que forma parte de la historia argentina.

Yocco destacó la cantidad de inscriptos y el sentido que tendrá la jornada: “Estamos muy contentos porque hay mucha gente de la localidad y de la región que va a participar. Por eso nos llena de orgullo que tanta gente que participa pueda llevar la remera con las Islas Malvinas, una causa que nos une y que forma parte de nuestra historia y nuestra identidad. Las Malvinas son y serán argentinas”.

Cupos completos

La 2ª Maratón Elortondo se realizará este sábado 12 de septiembre, desde las 17, con largada frente a la Casa de la Cultura, en España y Sarmiento.

La jornada tendrá una propuesta gratuita para niños, una caminata de 2,5 kilómetros sin inscripción previa, una prueba integrativa de 5 kilómetros y una competencia de 10 kilómetros. 

La Base Naval Integrada de Ushuaia volvió al centro de la agenda del Gobierno nacional en septiembre de 2026, en medio de una serie de medidas relacionadas con la defensa, el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la protección de los intereses soberanos de la Argentina.

El presidente Javier Milei instruyó al Ministerio de Economía para que el desarrollo de la base sea considerado una prioridad dentro de la elaboración del Presupuesto 2027.

El proyecto no es nuevo. Su piedra basal fue colocada en febrero de 2022 y la iniciativa fue concebida para construir una infraestructura naval de importancia estratégica en el extremo sur del país.

El objetivo oficial es ampliar las capacidades de la Armada Argentina, fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur y mejorar las condiciones logísticas para las operaciones vinculadas con la Antártida.

Sin embargo, la obra avanzó mucho más lentamente de lo previsto. Una documentación oficial remitida al Congreso había establecido una fecha estimada de finalización para 2027 y detalló que el proyecto contempla la construcción de un muelle, infraestructura complementaria y la adquisición de maquinaria y equipamiento.

La pregunta central es cuánto falta para que la Base Naval Integrada pueda estar terminada. La información oficial disponible permite establecer que la fecha de finalización estimada originalmente es 2027, pero no existe en las publicaciones oficiales consultadas una actualización que permita afirmar que la obra estará concluida en una fecha determinada de ese año.

Por eso, no corresponde presentar 2027 como una fecha definitiva de inauguración. Se trata de una estimación de finalización incluida en documentación oficial del proyecto.

La obra fue diseñada por etapas. En la primera fase se contemplaron trabajos preparatorios, movimiento de suelo y la construcción de dos galpones modulares que funcionarían como espacios de apoyo para el desarrollo posterior de la infraestructura. También se proyectó la extensión de los servicios necesarios para llegar hasta el futuro muelle.

Una respuesta oficial presentada ante el Congreso detalló que los primeros trabajos incluyeron estudios de suelo, relevamientos planialtimétricos, limpieza del terreno, apertura de caminos de acceso, excavaciones, traslado de excedentes, relleno y compactación de tierras y ejecución de cunetas de desagüe. También se informó sobre la construcción de la platea de uno de los galpones modulares.

El proyecto completo, sin embargo, es mucho más amplio que esas obras iniciales.

La planificación oficial contempla como etapa posterior la construcción del muelle y de edificios administrativos. Después están previstas las viviendas destinadas al personal y las instalaciones necesarias para brindar asistencia a los buques.

Es decir que la obra no consiste simplemente en terminar un edificio o un puerto. Se trata de desarrollar un complejo de infraestructura naval que permita concentrar distintas funciones operativas, logísticas y de apoyo.

En documentación oficial presentada ante el Congreso también se consignó un costo total estimado de $12.723.225.787, junto con una fecha estimada de finalización para 2027. Esa información corresponde a una etapa anterior del proyecto y no debe confundirse con un costo actualizado de finalización en 2026.

Por esa razón, con la información oficial disponible actualmente no es posible afirmar cuánto dinero exacto falta para completar toda la obra.

El regreso de la Base Naval Integrada de Ushuaia a la agenda presidencial está directamente relacionado con la nueva orientación que el Gobierno nacional le está dando a la política de defensa y a la cuestión de la soberanía en el Atlántico Sur.

En septiembre de 2026, la Casa Rosada anunció que Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos sean priorizados en la elaboración del Presupuesto 2027. La instrucción se produjo en un contexto de nuevas medidas oficiales relacionadas con las Islas Malvinas y la defensa de los intereses argentinos.

La decisión también debe leerse junto con una política de mayor inversión y reorganización de las Fuerzas Armadas.

En mayo de 2026, el Gobierno puso en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA) mediante el Decreto 314/2026. El objetivo declarado es fortalecer las capacidades del sistema de defensa mediante el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades militares.

El decreto estableció, entre otras medidas, que una parte de los recursos obtenidos mediante determinadas operaciones sobre bienes del Estado sea destinada al Ministerio de Defensa.

En el caso de inmuebles que hayan estado afectados al uso de las Fuerzas Armadas, el porcentaje previsto llega hasta el 70% de los ingresos generados, con destino a programas de reequipamiento, modernización, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades.

Ese nuevo esquema de financiamiento constituye el marco general en el que el Gobierno busca recuperar infraestructura militar considerada prioritaria.

La ubicación de Ushuaia es uno de los elementos que explican la importancia estratégica del proyecto.

Según el Ministerio de Defensa, la nueva base fue pensada para mejorar la conectividad con la Antártida y potenciar la logística y la investigación científica antártica. Su localización también busca fortalecer el posicionamiento argentino en el Atlántico Sur.

La idea es contar con una infraestructura que permita brindar apoyo a las operaciones navales y facilitar el movimiento de unidades hacia el extremo sur y la Antártida.

Esto adquiere especial relevancia porque Ushuaia constituye uno de los principales puntos argentinos de conexión con el continente antártico. Una infraestructura naval de mayor capacidad permitiría mejorar las condiciones para el abastecimiento, mantenimiento y apoyo de las unidades que desarrollen actividades en esa región.

El proyecto también forma parte de una estrategia más amplia de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos. En mayo de 2026, el Gobierno señaló oficialmente que el control del dominio marítimo adquirió una importancia estratégica creciente y anunció medidas para fortalecer las capacidades de vigilancia, monitoreo y conocimiento de los espacios marítimos.

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a tomar forma durante la gestión de Alberto Fernández. En febrero de 2022 se realizó la ceremonia que marcó el inicio simbólico del proyecto y se presentó la construcción como una obra de largo plazo.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Defensa explicó que se avanzaría por etapas y que los primeros trabajos estarían concentrados en la preparación del terreno y la infraestructura necesaria para posteriormente construir el muelle.

La documentación oficial posterior muestra que los trabajos iniciales efectivamente avanzaron, aunque el desarrollo integral de la base quedó lejos de completarse.

Por eso, el anuncio de Milei tiene una particularidad: no significa que la Base Naval Integrada esté cerca de ser inaugurada, sino que el Gobierno decidió volver a colocar el proyecto entre las prioridades presupuestarias para los próximos años.

La diferencia es importante. El proyecto existe, tiene una planificación y registra trabajos ejecutados, pero todavía requiere completar las etapas principales previstas en su diseño.

La reaparición de la base en la agenda presidencial tampoco es casual respecto de la política de Malvinas.

El Gobierno viene colocando la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur dentro de una estrategia que incluye la vigilancia marítima, la recuperación de capacidades militares y la infraestructura necesaria para sostener la presencia argentina en el extremo sur.

La Base Naval Integrada encaja en esa estrategia por su ubicación geográfica y por las funciones logísticas que podría cumplir.

En términos simples, la apuesta consiste en que Ushuaia tenga una infraestructura naval capaz de sostener una presencia argentina más fuerte y permanente en una zona considerada estratégica por el Estado nacional.

Al mismo tiempo, la obra tiene una dimensión antártica. La planificación oficial sostiene que la nueva base permitirá mejorar la conectividad y la logística hacia la Antártida, además de favorecer las actividades científicas y operativas que se desarrollan desde el territorio argentino.

Así, después de varios años desde el inicio del proyecto, la Base Naval Integrada de Ushuaia vuelve a ocupar un lugar destacado en la política nacional. La fecha de finalización que figura en documentación oficial es 2027, pero todavía no existe una confirmación oficial de que la totalidad de la obra vaya a estar terminada durante ese año.

La cuestión de las Islas Malvinas no comenzó con la guerra de 1982. El reclamo argentino tiene antecedentes que se remontan al proceso de independencia y, desde el punto de vista del Estado argentino, se sustenta en una combinación de argumentos históricos, jurídicos y geográficos.

La posición oficial sostiene que la Argentina heredó los territorios que habían pertenecido a España, ejerció actos de soberanía sobre las islas después de la independencia y estableció allí autoridades y población antes de la ocupación británica de 1833.

La discusión internacional, sin embargo, tiene una particularidad que resulta central para comprender el reclamo: Naciones Unidas no resolvió que las islas pertenezcan a la Argentina.

Lo que sí hizo la Asamblea General fue reconocer la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y establecer que ambos gobiernos deben buscar una solución pacífica mediante negociaciones. Esa posición se mantiene como uno de los principales respaldos diplomáticos del reclamo argentino.

Según los antecedentes oficiales recopilados por la Cancillería argentina, durante el período colonial las islas estuvieron vinculadas a España. Tras el proceso de independencia, la Argentina asumió la posición de heredera de los derechos territoriales españoles en la región.

Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron distintos actos destinados a ejercer soberanía sobre las Malvinas. Entre ellos estuvieron la designación de autoridades, la regulación de actividades económicas y pesqueras y el establecimiento de población. En ese período también se desarrolló Puerto Soledad como centro de actividad y administración.

Uno de los episodios destacados por la documentación oficial argentina ocurrió el 6 de noviembre de 1820, cuando el comandante David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata e izó el pabellón argentino.

Para el Estado argentino, ese acto forma parte de la continuidad de derechos heredados de España y del proceso de consolidación de la soberanía después de la independencia.

El 10 de junio de 1829, otro acontecimiento considerado relevante fue la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

Luis Vernet fue designado gobernador y se desarrollaron estructuras administrativas destinadas a consolidar la presencia argentina en el archipiélago.

Ese proceso se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas. La Cancillería argentina considera que se trató de una ocupación ilegítima y sostiene que, desde entonces, ningún gobierno argentino reconoció la pérdida de sus derechos sobre el territorio.

Para la posición argentina, este punto es central: el ejercicio efectivo de soberanía que había comenzado a consolidarse después de la independencia fue interrumpido por un acto de fuerza británico.

Desde entonces, la Argentina mantuvo el reclamo por vías diplomáticas. La guerra del Atlántico Sur de 1982 modificó profundamente la relación entre ambos países, pero no eliminó la controversia territorial. De hecho, la propia documentación de Naciones Unidas posterior al conflicto volvió a referirse a la existencia de una disputa de soberanía.

El principal respaldo internacional al reclamo argentino se encuentra en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las decisiones del Comité Especial de Descolonización.

Una de las más importantes es la Resolución 2065 (XX), aprobada en 1965. Ese documento reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución. La cuestión pasó así a formar parte formal de la agenda de Naciones Unidas.

La importancia de esta resolución está en que Naciones Unidas no trató el caso como una cuestión exclusivamente interna del Reino Unido. La organización reconoció que existía una controversia entre dos Estados respecto de la soberanía.

A partir de entonces se abrió un período de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que se extendió hasta 1982. Durante esos años se analizaron distintas alternativas destinadas a resolver la controversia, aunque nunca se alcanzó un acuerdo definitivo.

Otra resolución relevante fue la 3160 (XXVIII), aprobada en 1973. La Asamblea General volvió a expresar su preocupación por la falta de avances y pidió que las negociaciones continuaran para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

Luego del conflicto de 1982, Naciones Unidas volvió a pronunciarse. La Resolución 37/9, aprobada el 9 de noviembre de ese año, solicitó a la Argentina y al Reino Unido que reanudaran las negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El documento también señaló que debían tenerse debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

A esta resolución se sumaron otras durante la década de 1980. Entre ellas aparecen las resoluciones 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, que mantuvieron el llamado al diálogo entre los dos países.

La legislación argentina recoge expresamente esta serie de pronunciamientos internacionales como parte de los antecedentes del reclamo.

La Resolución 31/49, aprobada en 1976, también ocupa un lugar importante en la posición argentina porque pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales mientras se desarrollaba el proceso de negociación.

En paralelo, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas continúa incluyendo la Cuestión de las Islas Malvinas en su agenda. En junio de 2025, el Comité aprobó sin votación un nuevo proyecto de resolución sobre la cuestión.

Este punto es importante para entender qué respaldo internacional tiene realmente la Argentina.

Las resoluciones de Naciones Unidas no adjudican las islas a la Argentina. Tampoco establecen que el Reino Unido haya perdido jurídicamente la soberanía. Su importancia reside en que reconocen que existe una controversia territorial pendiente entre ambos países y sostienen que debe resolverse mediante negociaciones.

La Cancillería argentina explica que, después de 1982, la Asamblea General continuó reafirmando la existencia de la disputa y reclamando que ambos gobiernos retomen las conversaciones. El Comité Especial de Descolonización también sostiene que la cuestión debe resolverse de manera pacífica y negociada.

La Argentina considera, además, que se trata de un caso colonial particular. Su posición sostiene que la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos debe analizarse teniendo en cuenta las características específicas de la controversia y el hecho de que la población británica fue establecida después de la ocupación de 1833.

La Cancillería señala que las resoluciones específicas sobre Malvinas de la Asamblea General y del Comité de Descolonización no han utilizado el principio de libre determinación como mecanismo para resolver esta disputa.

El Reino Unido mantiene una posición diferente y sostiene su propia reivindicación de soberanía sobre las islas. Por eso, desde el punto de vista internacional, la cuestión continúa siendo una controversia no resuelta.

El reclamo argentino tiene además un respaldo directo en el ordenamiento jurídico nacional.

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, incorporada en la reforma de 1994, establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por considerarlos parte integrante del territorio nacional.

La misma disposición determina que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Por eso, la Cuestión Malvinas es considerada por el Estado argentino una política de Estado que atraviesa a los distintos gobiernos. El reclamo oficial se mantiene asociado a la búsqueda de una solución pacífica y al llamado a reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

En el plano internacional, el dato central es otro: Naciones Unidas reconoce que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y reclama una solución pacífica y negociada. Esa diferencia entre el reclamo argentino y lo que efectivamente establecen las resoluciones internacionales resulta fundamental para comprender por qué, más de 190 años después de la ocupación británica, la Cuestión Malvinas continúa abierta.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió este lunes la puerta a un eventual e histórico cambio en la política exterior de su país al declarar en el Despacho Oval que no descarta evaluar la posición diplomática de Washington respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

En medio de una conferencia ante periodistas acreditados en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense justificó su definición al señalar que su administración mantiene en constante examen cada una de sus definiciones geopolíticas.

El pronunciamiento del jefe de Estado norteamericano tuvo lugar en el corazón de la Casa Blanca durante un encuentro con los medios. Al ser consultado de manera explícita sobre el reclamo de soberanía que sostiene la Argentina frente al Reino Unido por las Islas Malvinas, Trump evitó ratificar el alineamiento tradicional con Gran Bretaña o la histórica postura de neutralidad equidistante.

“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, afirmó taxativamente el presidente al ser repreguntado sobre si su gobierno planeaba modificar el encuadre diplomático con respecto a las islas del Atlántico Sur.

Las breves pero significativas palabras de Donald Trump resuenan directamente en los despachos de la Cancillería en Buenos Aires y del Foreign Office en Londres. Históricamente, la diplomacia estadounidense ha oscilado formalmente entre la neutralidad diplomática y el respaldo estratégico implícito a su aliado clave de la OTAN, el Reino Unido.

Que el propio presidente sugiera de manera abierta la posibilidad de que esa postura sea sujeta a revisión representa un movimiento en el tablero internacional de consecuencias impredecibles para la diplomacia hemisférica.

Las expresiones del líder republicano generan una fuerte atención en los círculos políticos e internacionales, dado que abren un interrogante sobre los próximos pasos de la estrategia exterior de los Estados Unidos en la región.

De concretarse alguna modificación en la postura oficial de la Casa Blanca, se trataría de uno de los hitos más relevantes en el diferendo por las Islas Malvinas en las últimas décadas, marcando un hito en el vínculo bilateral entre Washington, Buenos Aires y Londres.

El venadense Alejandro Videla, veterano de guerra de Malvinas y cofundador de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, dialogó con Sur24 en el marco de la conmemoración, este martes 28 de julio, del 506° aniversario del descubrimiento de las Islas Malvinas. En primer lugar, destacó la importancia de una fecha que aún no tiene la misma presencia en el calendario colectivo que otras efemérides vinculadas al archipiélago, como el 2 de abril -Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas- o el 10 de junio -Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico-.

Sin embargo, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 28 de julio adquirió reconocimiento oficial. Desde 2022, mediante la Ley Provincial N° 1426, se estableció esa fecha como el Día de la Integralidad Territorial de la Provincia, una jornada destinada a reafirmar la pertenencia de las Malvinas, la Antártida y los espacios marítimos australes dentro del territorio provincial argentino.

Para Videla, la fecha tiene una relevancia particular porque permite volver a poner en debate una cuestión que, según sostiene, excede ampliamente el conflicto bélico de 1982: “Estamos hablando de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio usurpado, que incluyen las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”.

En ese sentido, el excombatiente recordó que, pese a que habitualmente se considera a Buenos Aires como la provincia más extensa del país, “el territorio provincial más grande es Tierra del Fuego, aunque una enorme parte de esa superficie está ocupada ilegalmente por el colonialismo británico”.

La fecha del 28 de julio remite al año 1520, cuando una de las naves que integraban la expedición encabezada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, al servicio de la Corona española, avistó las Islas Malvinas durante la travesía hacia el sur del continente americano.

La expedición había partido en 1519 con el objetivo de encontrar una nueva ruta hacia las Islas Molucas, por entonces uno de los principales centros del comercio de especias. Durante el viaje, al llegar a la bahía de San Julián -actual provincia de Santa Cruz-, Magallanes debió enfrentar una sublevación de parte de la tripulación. El navegante logró sofocar el levantamiento y mantener el control de la expedición, que continuó su recorrido por el Atlántico Sur.

Mientras Magallanes permanecía en San Julián, una de las embarcaciones de la flota se separó del resto y continuó navegando hacia el este. Fue esa nave la que, el 28 de julio de 1520, avistó el archipiélago de las Malvinas. En ese viaje participaba el cartógrafo sevillano Andrés de San Martín, quien realizó el primer registro documental conocido de las islas, incorporándolas a la cartografía de la época.

Según explicó Videla, conductor del envío radial Bitácora Malvinas (FM Ciudad), ese antecedente adquiere relevancia porque “marca un momento histórico concreto en el que las Malvinas aparecen documentadas por una expedición española”, un elemento que forma parte de los fundamentos históricos del reclamo argentino de soberanía.

Asimismo, recordó que Argentina sostiene su posición, entre otros argumentos, sobre el principio del uti possidetis iuris, por el cual los nuevos Estados americanos heredaron los territorios que correspondían a las jurisdicciones coloniales españolas al momento de su independencia. “Desde 1833 las islas permanecen usurpadas por Gran Bretaña, salvo el breve período de recuperación argentina en 1982”, señaló.

Más allá de la dimensión histórica, el excombatiente advirtió que la cuestión Malvinas mantiene plena vigencia por situaciones actuales que, a su entender, no tienen suficiente visibilidad pública.

“La discusión muchas veces queda reducida a la guerra de 1982, pero se dejan de lado cuestiones que siguen afectando nuestra soberanía”, planteó.

Entre esos temas mencionó la explotación de recursos naturales, la actividad petrolera en las aguas próximas al archipiélago y la pesca ilegal en el Atlántico Sur, prácticas que involucran empresas británicas y extranjeras. “Las Malvinas siguen siendo un territorio en disputa no solamente desde lo político, sino también desde lo económico y estratégico”, afirmó.

La conmemoración del 28 de julio también forma parte de una iniciativa impulsada por veteranos de guerra de distintas regiones del país, entre ellos el fueguino Juan Vera, integrante de la Comisión Nacional Malvinas, con el objetivo de lograr que todas las provincias argentinas y sus municipios incorporen la fecha como jornada oficial de reflexión sobre la integridad territorial.

Bajo la consigna “Devuelvan Malvinas”, el proyecto impulsa que cada jurisdicción sancione leyes provinciales u ordenanzas municipales que establezcan el 28 de julio como Día Provincial o Municipal de la Integridad Territorial Argentina. 

Con ese objetivo, los veteranos de guerra pondrán en marcha una nueva etapa de la campaña: un móvil tripulado por excombatientes (foto) recorrerá próximamente las rutas de todo el país para llevar el mensaje "Devuelvan Malvinas" a cada provincia, promoviendo la difusión de la causa y la reafirmación de la soberanía argentina.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones de veteranos como la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande y el Centro de Excombatientes de Ushuaia.

En la provincia de Santa Fe, la iniciativa para incorporar el 28 de julio como Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina ya tuvo tratamiento legislativo. El proyecto impulsado por el bloque Frente Amplio por la Soberanía (FAS) fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2025 y actualmente aguarda su tratamiento en el Senado provincial.

La propuesta establece, en su artículo 1°, que el 28 de julio de cada año sea declarado “Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina”, en conmemoración del aniversario de la realización del primer mapa de las Islas Malvinas, elaborado en 1520 por el cartógrafo sevillano Andrés de San Martín, integrante de la expedición española de Fernando de Magallanes.

El texto del proyecto sostiene que esa cartografía constituye “una evidencia decisiva del descubrimiento español de las Islas Malvinas” y un elemento histórico que permite reafirmar la pertenencia territorial del archipiélago a la Nación Argentina.

Asimismo, la iniciativa contempla en su artículo 2° la realización de los actos oficiales correspondientes para conmemorar la fecha, mientras que el artículo 3° encomienda al Ministerio de Educación provincial implementar acciones en todos los niveles del sistema educativo destinadas a “rememorar, destacar y reflexionar” sobre el hecho histórico que da origen a la jornada.

Por Iván Ambroggio (*)

El fútbol, calificado por el entrenador italiano Arrigo Sacchi como "la más trascendental de las trivialidades", ha demostrado una vez más que, en el ADN argentino, su influencia trasciende el campo de juego.

Tras la histórica semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, una imagen recorrió el planeta: los jugadores de la Selección Argentina desplegando una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

No fue solo una celebración deportiva; fue un acto de soberanía que, en cuestión de minutos, transformó un estadio en una tribuna global de reclamo legítimo. La repercusión fue inmediata y digitalmente medible. Los datos de Google Trends reflejaron un aumento del 2.400% en las búsquedas globales sobre las Islas Malvinas durante la semana posterior al encuentro.

Personas en rincones del mundo que quizás nunca habían reparado en el archipiélago se preguntaron qué eran, por qué ese reclamo y, fundamentalmente, por qué la Argentina insiste tanto. Frases como "argentina falklands banner" y "qué son las Malvinas para los argentinos" se dispararon, rompiendo el cerco comunicacional que a menudo los intereses británicos imponen sobre la cuestión.

El segundo impacto llegó desde el propio Reino Unido. El diario The Guardian, uno de los principales y más influyentes medios británicos, publicó una extensa columna del periodista Simon Jenkins en la que sostuvo que las Islas Malvinas "no pueden ser británicas para siempre" y reclamó que Londres retome las negociaciones con la Argentina.

Simon Jenkins, periodista británico (The Guardian). Pide un cambio en la política del Reino Unido.

El artículo apeló al "sentido común geográfico" más que a argumentos históricos, cuestionó el costo de mantener la defensa militar del archipiélago de 60 millones de libras al año y consideró que la bandera desplegada por el seleccionado argentino podría convertirse en el impulso necesario para reabrir un diálogo congelado desde hace más de cuatro décadas.

Jenkins recordó que durante la década de 1970 existían negociaciones sobre la soberanía, mencionó el reciente acuerdo entre Londres y Madrid sobre Gibraltar como antecedente diplomático y expresó su deseo de que la bandera exhibida por la Selección Argentina sirva para impulsar nuevamente conversaciones entre ambos países.

Este fenómeno subraya una verdad ineludible: la causa Malvinas no puede ser patrimonio exclusivo de la diplomacia de escritorio. Requiere, imperativamente, que el pueblo la abrace y la mantenga viva, actuando como un escudo contra el olvido. Los gobiernos, de cualquier signo político, son temporales; los intereses geopolíticos, a veces, se ven tentados por la comodidad de la inacción.

Cuando la sociedad civil pone a Malvinas en la agenda internacional -como ocurrió en esta Copa del Mundo-, les impide a los gobiernos claudicar en un reclamo que es, en esencia, una herida abierta en la identidad nacional.

La visibilización es, además, una herramienta estratégica frente al argumento de la "prescripción adquisitiva" que el Reino Unido esgrime -junto al principio de autodeterminación de los pueblos (que no aplica en este conflicto por tratarse de una población implantada)- para legitimar su ocupación.

Los británicos intentan instalar la idea de que, a fuerza de tiempo y ocupación ininterrumpida, su presencia se ha vuelto "derecho". Sin embargo, el derecho internacional reconoce que la soberanía no prescribe cuando hay una protesta constante.

Los diversos gobiernos argentinos han reclamado, con mayor o menor énfasis, la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes en foros internacionales. Por esta razón, el argumento británico carece de base sólida.

No obstante, cada vez que un argentino, un deportista o un ciudadano común despliega la bandera o alza la voz, le recuerda al mundo, a la ONU, y a los propios británicos que en el Atlántico Sur persiste una situación colonial pendiente de resolución.

Mantener el reclamo vivo es, en términos jurídicos y diplomáticos, la forma más eficaz de invalidar el paso del tiempo como factor de consolidación de un robo colonial.

Jorge Valdano, integrante de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, ha reflexionado a menudo sobre la carga emocional que implica enfrentar a Inglaterra. Remarca que no es un partido más, y exhibe números que lo confirman.

En 2022, la camiseta que Diego Maradona utilizó en aquel histórico partido de cuartos de final de 1986, donde el 10 cambió la historia con sus dos goles, fue subastada por la cifra récord de 8,9 millones de dólares. En contraste, la camiseta que usó en la final contra Alemania en ese mismo mundial alcanzó los 300.000 dólares.

La brecha no es casualidad: la "camiseta azul que Diego usó contra los ingleses" no es un objeto de colección, es una reliquia de un duelo que va mucho más allá de la FIFA. Es la cicatriz de una guerra y la reafirmación de una justicia que el deporte, a su manera, ayudó a equilibrar. Para la Argentina, jugar contra Inglaterra siempre será un partido distinto.

Y mientras esa camiseta cueste millones y esa bandera sea desplegada en los escenarios más grandes del mundo, el Reino Unido sabrá que su ocupación no es aceptada, ni será olvidada. La Cuestión de las Islas Malvinas no es un reclamo del pasado; es una bandera que no se arría, que late cada vez que un argentino le recuerda al mundo a quién le pertenecen, realmente, esos archipiélagos.

(*) El autor es analista internacional y docente de Ciencia Política. Escribió el libro "Malvinas".

En las últimas horas, Google Maps fue tendencia luego de que cientos de usuarios compartieran capturas en las que el archipiélago aparece identificado como "Islas Malvinas".

La situación generó una gran repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre un supuesto cambio en la plataforma.

Muchos usuarios aseguraron que anteriormente solo figuraba el nombre en inglés, "Falkland Islands", mientras que otros interpretaron la aparición de "Islas Malvinas" como un reconocimiento vinculado al Mundial 2026. Sin embargo, la explicación es diferente.

La política de Google Maps establece que la denominación de determinados territorios en disputa varía según el país desde donde se accede al servicio:

Desde Argentina, el archipiélago aparece como "Islas Malvinas", de acuerdo con la denominación oficial utilizada en el país.

Desde el Reino Unido, la plataforma muestra "Falkland Islands", siguiendo el nombre empleado por el gobierno británico.

En otros países, Google adapta la visualización de acuerdo con las leyes, regulaciones y políticas locales de cada mercado.

No. La empresa no anunció una modificación reciente en la forma de mostrar el nombre de las Islas Malvinas. El sistema de visualización regional forma parte de una política que Google Maps aplica desde hace años para territorios cuya soberanía es objeto de disputas internacionales.

Por ese motivo, el nombre que ve cada usuario depende de la ubicación desde la que realiza la consulta y no de un cambio global en la plataforma.

La viralización del tema en redes sociales reavivó el interés por el funcionamiento de Google Maps, pero la compañía mantiene el mismo criterio: adaptar la denominación de determinados territorios a la normativa y el uso oficial de cada país donde presta el servicio.

La celebración de la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. El Gobierno de las Islas Malvinas cuestionó la exhibición de una bandera vinculada al reclamo de soberanía argentina y pidió a la FIFA que evalúe la aplicación de sanciones.

El episodio ocurrió una vez finalizado el partido en Atlanta, cuando varios futbolistas posaron con una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante los festejos por la clasificación a la final.

La bandera la llevaron los hinchas. Foto: Reuters

A través de un comunicado oficial, las autoridades del archipiélago expresaron su "decepción" por la actitud del plantel argentino y consideraron que el gesto no tenía relación con el encuentro deportivo.

Los veteranos de Malvinas vieron el partido juntos. Foto: Reuters

"El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido, de que la selección argentina haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial", señalaron.

También afirmaron que el partido "de ninguna manera involucraba a las Islas Falkland" y calificaron la exhibición de la bandera como un acto "particularmente insensible" para parte de la población local.

En el mismo documento, las autoridades isleñas sostuvieron que uno de los principios promovidos por la FIFA es mantener separadas la política y el deporte, por lo que solicitaron que el organismo analice lo ocurrido.

"Las Malvinas son argentinas". Foto: Reuters

"Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del fútbol y sancione cualquier conducta de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas", indicaron.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un pronunciamiento oficial ni confirmó la apertura de un expediente disciplinario por el episodio.

La imagen de los futbolistas argentinos con la bandera comenzó a circular rápidamente en redes sociales luego de la clasificación a la final del Mundial y reavivó el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra, disputado 40 años después del histórico cruce de México 1986, ya estaba rodeado de una fuerte carga simbólica por la rivalidad entre ambos seleccionados y el recuerdo de la Guerra de Malvinas.

(Por Gonzalo Fracchia) - De una previa del Argentina vs Inglaterra por el Mundial de fútbol 2026 teñida por el intento del “es sólo un partido” a un post cargado de episodios diplomáticos con el Mar Argentino como confluencia.

La temática de las Islas Malvinas fue tocada directamente por los propios jugadores de la Selección Argentina de fútbol en pleno Atlanta Stadium con una bandera casera que se habría colado en la tribuna a pesar de las restricciones. Justamente la metodología de comunicación del gobierno nacional sobre esta decisión de FIFA y EE.UU. provocó una reacción “malvinera” del oficialismo luego del triunfo.

En medio de comunicados no oficiales, dos horas después del final del partido llegó un mensaje formal de Cancillería Argentina en el cual se informó un reclamo realizado dos días antes a la Embajada del Reino Unido en la que se expresaba “el más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway, -ilegalmente destacado en las Islas Malvinas-, que no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y que involucraron el tránsito por el Mar Territorial argentino”.

Desde el área dirigida por el canciller Pablo Quirno, definieron el acto como “movimientos inconsultos e ilegales” que “contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países”.

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“Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos I, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado I.2 "Medidas de fortalecimiento de la confianza", punto "b" (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)”, afirma el documento de Cancillería.

Pablo Quirno. Crédito: Reuters/Tomas Cuesta

En medio de una semana en la que la oposición intentó revivir los comentarios de elogio de Javier Milei hacia la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, el gobierno argentino cerró este comunicado reafirmando “una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

A la inversa, en las horas previas, quizás sólo por coincidencia burocrática, pero con menos “bombos y platillos”, el gobierno argentino firmó el Decreto 590/26 que habilita a la explotación de un sector del Mar Argentino por una empresa justamente de origen inglés.

El documento firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli da lugar a la licitación otorgada a Challenger Energy Group PLC para explorar hidrocarburos en el área CAN_200 de la Cuenca Argentina Norte, a 350 km de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

En base al anexo del decreto publicado en el Boletín Oficial del miércoles 16 de julio de 2026, la exploración cuenta con un primer período de cuatro años, un segundo de la misma extensión y una posible prórroga de cinco años.

En los detalles, se indica que se trata de un total de 5000 km2.

Challenger Energy es una firma enfocada en la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas, con sede en la Isla de Man (Reino Unido) y cotiza en la Bolsa de Londres (bajo el ticker CEG).

Challenger Energy Group (CEG).

La estrategia de la compañía se enfoca en adquirir licencias de exploración de bajo costo en áreas prometedoras del Margen Atlántico

La empresa se encuentra en una etapa de reestructuración estratégica para concentrar todos sus esfuerzos en activos de exploración en aguas profundas (offshore) de alto impacto en el Cono Sur, habiendo avanzado en la venta de sus activos de producción terrestre.

Su foco a nivel geográfico se encuentra en Argentina, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas y Surinam.

La histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras derrotar por 2 a 1 a Inglaterra en un vibrante encuentro disputado en Atlanta, no solo dejó festejos deportivos.

Segundos después del pitazo final que decretó el pase al partido decisivo, un grupo de futbolistas argentinos protagonizó un fuerte mensaje político al desplegar sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium una bandera blanca con letras negras que rezaba: “Las Malvinas son argentinas”.

El mediocampista Giovani Lo Celso fue uno de los principales encargados de estirar la insignia en una de las áreas, rodeado rápidamente por varios de sus compañeros.

El gesto expuso la profunda carga emocional e histórica con la que el plantel vivió el cruce ante el combinado británico, contrastando de manera directa con los esfuerzos previos del director técnico,

Lionel Scaloni, quien durante las conferencias de prensa de los días anteriores intentó restar dramatismo a la histórica rivalidad asegurando que "solo es un partido de fútbol".

La manifestación de los jugadores argentinos se produjo desafiando las estrictas pautas de seguridad impuestas para el partido. Debido a los antecedentes y la rivalidad geopolítica, el encuentro había sido catalogado previamente como de "alto riesgo" por las autoridades locales y federales de los Estados Unidos.

En una reunión de coordinación celebrada el pasado lunes en Virginia, representantes de la FIFA junto a agencias federales de seguridad norteamericanas diseñaron un fuerte operativo que involucró a más de 1.600 efectivos.

En dicha cumbre, se advirtió de manera tajante que no se permitiría ningún tipo de manifestación política o mensaje considerado provocativo dentro del estadio.

Incluso desde el propio Gobierno argentino se había desalentado cualquier tipo de manifestación en las tribunas. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa a los simpatizantes albicelestes que estaría estrictamente

"prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial".

La funcionaria aclaró de forma específica que quienes intentaran ingresar con banderas o remeras alusivas a las Islas Malvinas no superarían los controles de acceso. Sin embargo,

la restricción que rigió con rigurosidad para el público general terminó siendo vulnerada en el propio campo de juego por los propios protagonistas del partido.

Con este triunfo ante Inglaterra, la Scaloneta logró el pasaporte para disputar la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España (que previamente derrotó 2 a 0 a Francia en la otra semifinal). El partido definitivo por la gloria máxima se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Más allá de lo futbolístico, la imagen de la bandera de Malvinas sobre el césped de Atlanta ya recorre el mundo y reaviva una discusión sobre los límites de los mensajes políticos en el deporte, en un contexto donde el sentimiento de soberanía nacional volvió a flamear en el máximo escenario del fútbol mundial.