Dos exjefes policiales fueron imputados por encubrir el accionar de personas investigadas por la venta de drogas en el sur de la provincia y por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Sus iniciales son DHG y BND y, respectivamente, eran el Jefe y el Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto.Las atribuciones delictivas fueron realizadas en dos audiencias que se desarrollaron este miércoles ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué. Por parte del MPA, participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa UFE, Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.Los dos investigados habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. A pesar de que los fiscales hoy solicitaron la prisión preventiva para ambos, el juez dispuso que transiten el proceso judicial con cautelares no privativas de la libertad. 

Al imputado de iniciales DHG se le ordenó constituir domicilio en Elortondo (departamento General López) y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. A su vez, se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con las demás personas investigadas en este legajo penal.Por su parte, el otro uniformado imputado tendrá que constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales venadenses. También se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con otras personas investigadas. El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Lagioia indicó que “al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”. En tal sentido, agregó que “a partir de las evidencias que recolectamos hasta el momento, en la audiencia planteamos que el accionar delictivo comenzó en marzo de este año y continuó hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, el imputado de iniciales DHG le advirtió al vendedor de droga condenado que se iban a realizar allanamientos”. Según señaló, “lo hizo con el objetivo de frustrar las diligencias y favorecerlo garantizándole impunidad”.

En cuanto a los ilícitos atribuidos al Subjefe policial al que se investiga, Stampella precisó que “en un allanamiento que se realizó el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat, el imputado aprovechó que él estaba a cargo de la diligencia y facilitó la huida de un hombre al que se le había impuesto judicialmente una prohibición de ingreso a la ciudad y estaba siendo investigado por la Justicia Federal por la venta de droga”.La fiscal puntualizó que “antes de que ingrese a la casa el grupo táctico que debía hacerlo, el imputado de iniciales BND entró por sus propios medios, a punta de pistola, diciendo: ‘Afuera o los quemo’”, y añadió que “lo hizo porque sabía que en esa casa estaba la persona investigada por comercializar estupefacientes que él conocía”.Además, Stampella subrayó que “al exfuncionario policial también se le atribuyó no haber confeccionado el acta en la que debía dejar constancia de la presencia del vendedor de droga y de su fuga”.

Al exjefe policial se le endilgó la autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave), incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.Por su parte, al exsubjefe se le atribuyó ser autor de encubrimiento agravado (por ser funcionario público) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos.

El magistrado las consideró, de manera preliminar, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa investiga el fentanilo producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculado hasta el momento con 90 muertes.

La resolución estableció un embargo de $500.000 millones para cada una y la inhibición general de sus bienes. La cifra fue calculada considerando las posibles indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes y la dimensión económica del expediente.

Ambas continuarán en libertad, pero tendrán prohibido salir del país, deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal y entregar sus documentos de viaje. Tampoco podrán contactar a personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas el 4 de agosto por pedido del Ministerio Público Fiscal. Recuperaron la libertad después de prestar declaración indagatoria y abonar cauciones de $75 millones cada una

Kreplak sostuvo que las irregularidades de los laboratorios eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y que los organismos disponían de herramientas para impedir que las empresas continuaran funcionando en esas condiciones.

La resolución atribuyó a Mantecón Fumadó demoras frente a las advertencias de las áreas técnicas. Entre ellas mencionó que el proyecto de una carta destinada a limitar la actividad de HLB Pharma permaneció paralizado durante más de cuatro meses.

Respecto de Bisio, el juez señaló que mantenía autoridad sobre el INAME y contaba con facultades para actuar ante posibles omisiones. También indicó que firmó la prohibición de uso y comercialización del lote 31.202 el 12 de mayo de 2025.

El expediente contabiliza 134 personas afectadas: 90 fallecieron, al menos dos sufrieron lesiones gravísimas y otras 41 presentaron lesiones graves. Además, se registraron 47 querellas dentro de la investigación.

Con estas dos medidas, la causa suma 15 procesados. Los otros 13 están vinculados con la dirección, producción y control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: tres permanecen detenidos, tres cumplen prisión domiciliaria y siete transitan el proceso en libertad.

Una motocicleta sustraída de una vivienda de Firmat fue recuperada durante la madrugada de esta martes luego de una investigación basada en imágenes del sistema de cámaras de monitoreo municipal.

El hecho se inició tras la denuncia por el robo de un rodado en una propiedad ubicada en calle Belgrano al 500. A partir del relevamiento de las cámaras, personal de la Comisaría 13ª logró establecer el recorrido realizado por quienes habían sustraído la motocicleta.

Con esa información, los efectivos iniciaron un operativo por Ruta Nacional 33 en dirección a Venado Tuerto. Al arribar al kilómetro 676, observaron una motocicleta con características similares a la denunciada, que se encontraba abandonada en el ingreso a un campo.

Luego de verificar los números identificatorios del rodado, se confirmó que se trataba de la motocicleta robada. Por disposición de la Fiscalía en turno, el vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

En horas de la noche de este domingo, personal de Comando Radioeléctrico de Firmat aprehendió a un hombre de 31 años, señalado por ingresar a una vivienda y sustraer dos pares de zapatillas.El procedimiento se inició tras un aviso al 911 sobre un hombre que había sido retenido en la vía pública. El denunciante manifestó que el sospechoso habría ingresado al patio de su vivienda ubicada en calle San Juan al 1500 y sustraído dos pares de zapatillas. El hecho habría quedado registrado por cámaras de seguridad.Los agentes procedieron a la aprehensión del hombre y al secuestro de los dos pares de calzado, que fueron trasladados junto con el involucrado a sede policial.Tras las consultas correspondientes con la Fiscalía en turno, se dispuso que el hombre sea notificado de la causa por violación de domicilio y hurto y trasladado a la Alcaidía Departamental en calidad de detenido.

Durante la madrugada de este lunes, personal de la Subcomisaría 13ª de María Teresa aprehendió a un hombre acusado de ingresar sin autorización a una vivienda y provocar daños en el interior del inmueble.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico realizado por un hombre de 28 años, quien informó que una persona había ingresado a su domicilio ubicado en calle 12, entre calles 13 y 15, y ocasionado destrozos.

Tras arribar al lugar, los efectivos policiales recabaron datos sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso, quien ya se había retirado de la vivienda.

Minutos después, el personal actuante logró ubicar al individuo en inmediaciones de la zona y procedió a su identificación y traslado a sede policial.

La Fiscalía en turno fue informada sobre lo ocurrido y se iniciaron actuaciones por los delitos de violación de domicilio y daño.

Dos trabajadores de seguridad y un vecino de Facundo Moyano prestaron declaración este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación que tiene imputado al exdiputado por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad de su pareja, Candela Ariza.

Los testigos fueron Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, una torre de alta gama situada sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. En ese inmueble ocurrieron los hechos investigados el martes 4 de agosto.

También declaró Nélson David Maza, vecino del edificio que durante la madrugada de ese mismo día se comunicó con el 911.

“Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día”, señalaron voceros de la investigación ante una consulta periodística.

La ronda de declaraciones continuará durante los próximos días con la participación de policías, profesionales de la salud y personas del entorno de la joven.

Para el martes 18 fueron convocados el inspector Matías Ríos, integrante de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que acompañó a Ariza durante su traslado al Hospital Pirovano; y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad.

Salerno fue quien entrevistó a la víctima mientras permanecía internada.

El miércoles 19 será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la joven en el lugar donde ocurrieron los hechos.

También deberá presentarse Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien realizó el informe correspondiente al imputado durante su detención.

La investigación continuará el jueves 20 con las declaraciones de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven, y Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado, quien llegó al lugar poco después de lo ocurrido.

Ese mismo día también está citada Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Ariza y considerada testigo de contexto. Según trascendió, acompañó a la joven durante su internación y también al momento de recibir el alta médica.

El cronograma de testimoniales continuará el lunes 31 de agosto, cuando deberán presentarse Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.

La serie de declaraciones forma parte de las medidas previstas en la investigación sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto en el edificio ViewPoint, por el que Moyano permanece imputado por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad.