La Comisión Disciplinaria de FIFA resolvió este viernes sancionar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios integrantes de la Selección argentina por distintos episodios ocurridos durante el Mundial 2026, entre ellos los incidentes registrados después de la final ante España.

La medida más severa contra un futbolista argentino recayó sobre Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de diez partidos con el seleccionado y una multa económica de 90.000 dólares. El mediocampista quedó involucrado en tres cargos vinculados con agresiones durante la pelea posterior al encuentro decisivo.

Nahuel Molina también fue sancionado por el organismo disciplinario. El defensor deberá cumplir siete partidos de suspensión y afrontar una multa de 90.000 dólares por su participación en los incidentes que se produjeron una vez finalizado el encuentro frente al conjunto español.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, recibió tres partidos de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su participación en los episodios posteriores a la final. En tanto, Thiago Almada fue sancionado con una fecha y deberá pagar otros 30.000 dólares.

Del lado español también hubo una sanción. El mediocampista Gavi recibió un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su participación en los acontecimientos ocurridos tras la definición del Mundial, que terminó con España como campeona.

Una precisión importante es que las suspensiones impuestas a los futbolistas se aplicarán únicamente en partidos de sus respectivas selecciones nacionales. Por lo tanto, no tendrán consecuencias sobre la participación de los jugadores en sus clubes.

Para Paredes, la sanción representa un golpe especialmente importante en el comienzo del nuevo ciclo de la Selección argentina. El mediocampista deberá permanecer diez encuentros fuera del equipo nacional, una ausencia que abarcará buena parte de las próximas competencias internacionales.

Las medidas de FIFA no se limitaron a los protagonistas de la pelea. La AFA recibió multas por un total de 321.000 dólares por diferentes incumplimientos registrados durante la Copa del Mundo.

Entre los motivos señalados aparecen manifestaciones ajenas al deporte, conducta incorrecta del equipo, episodios discriminatorios, problemas vinculados con la seguridad y comportamiento de los espectadores.

Además, 100.000 dólares de ese monto deberán ser destinados específicamente a un plan contra la discriminación. La medida se suma a otras restricciones que afectarán a la Selección argentina cuando vuelva a jugar como local.

La AFA deberá disputar sus próximos compromisos en casa con una reducción del 50% en el aforo del público. La sanción había sido informada como parte de las medidas adoptadas por FIFA a raíz de distintos incumplimientos durante el Mundial.

El expediente disciplinario se abrió después de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. España derrotó 1-0 a la Argentina en tiempo suplementario y se consagró campeona del mundo.

Luego del gol decisivo de Ferran, los festejos quedaron opacados por un enfrentamiento entre integrantes de ambas delegaciones. La pelea se produjo una vez terminado el partido y derivó en la investigación de FIFA que finalmente desembocó en las sanciones conocidas este viernes.

Las resoluciones pueden ser apeladas. Según la información difundida sobre las decisiones disciplinarias, las partes cuentan con un plazo para solicitar la decisión detallada y recurrir las sanciones correspondientes.

Así, a poco más de un mes de la final que marcó el cierre del Mundial 2026, la Selección argentina recibió un nuevo impacto. Esta vez, lejos de la cancha y en forma de sanciones económicas y deportivas que condicionarán el comienzo de la próxima etapa del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien estuvo en el departamento de la pareja poco después del episodio ocurrido a principios de agosto, declaró este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Miriam Josefina García fue convocada como testigo en la investigación y aseguró que no presenció ninguna situación de violencia entre el exlegislador y Candela Arizaga. Según su testimonio, tampoco la joven le manifestó haber atravesado un episodio de esas características.

Durante su declaración, García sostuvo que siempre observó entre Moyano y Arizaga “una relación afectuosa, normal” y afirmó que ambos “compartían mucho tiempo juntos”.

La mujer fue citada en el marco de la causa en la que se investigan presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, a raíz del episodio protagonizado por la pareja a comienzos de este mes.

Tras lo sucedido, Arizaga salió del edificio en el que reside junto a Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, visiblemente desorientada.

Luego fue asistida en un hospital cercano y presentó una denuncia contra el exlegislador. A partir de la acusación, Moyano fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque recuperó la libertad varias horas más tarde.

Tras salir de la dependencia policial, aseguró ante los medios que “está todo aclarado”.

Pese a haber realizado la presentación judicial, Arizaga manifestó posteriormente que no había sufrido violencia de género y expresó su intención de recomponer el vínculo con su pareja.

En las últimas horas, además, compartió en sus redes sociales imágenes junto a Moyano durante un viaje a Disneyland de París.

La investigación también contó esta semana con las declaraciones de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar del hecho, y de Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, encargada de realizar el informe sobre Moyano durante su detención.

Mientras avanza la investigación judicial, se conoció que Candela Arizaga volverá a comparecer en la causa el próximo lunes 25 de agosto, a las 9 de la mañana.

La nueva declaración de la joven se incorporará al expediente en el que se analizan las circunstancias del episodio ocurrido entre la pareja y que derivó en la denuncia y posterior detención del exlegislador.

En horas de la mañana de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto a cargo de la Dra. Mayra Vuletic, llevó adelante un importante operativo por presuntas infracciones al artículo 301 del Código Penal. Los procedimientos consistieron en seis allanamientos simultáneos realizados en el sur-sur santafesino: tres en Venado Tuerto, dos en Villa Cañás y uno en Santa Isabel.

Como resultado de las tareas investigativas —que incluyeron análisis de información, registros fílmicos y trabajo de campo—, se logró desarticular una presunta organización dedicada a las apuestas ilegales a través de casinos online. Durante los operativos, fueron detenidas cuatro personas (todas ellas mujeres), quienes formaban parte de una estructura que ofrecía juegos de azar mediante plataformas digitales sin la autorización correspondiente.

Las audiencias imputativas fueron previstas para el próximo miércoles. Hasta entonces, la investigación continuará con medidas destinadas a completar la información reunida y conocer los antecedentes penales de cada uno de los detenidos.

En el marco de las irrupciones, el personal de la Dirección Operativa Región 3 de la PDI secuestró la suma de 14 millones de pesos en efectivo, dinero que provendría directamente de la actividad ilícita.

Además del efectivo, los agentes incautaron elementos de valor para la causa, entre los que se destacan teléfonos celulares y notebooks, dispositivos de almacenamiento y chips de telefonía y documentación de interés y una tarjeta vinculada a juegos de azar.

Todos estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar el alcance total de la organización y la participación de otros involucrados.

Desde la Fiscalía recordaron que la comercialización de apuestas constituye una actividad ilícita cuando no está habilitada por la autoridad competente. En la provincia de Santa Fe, el organismo encargado de autorizar y regular este tipo de juegos es la Lotería de Santa Fe.

El caso se suma a otras investigaciones desarrolladas por maniobras similares, ante el crecimiento de plataformas y sitios virtuales que captan apostadores por fuera de los canales legales.

La acusación formal y los posibles roles atribuidos a cada una de las personas detenidas serán detallados durante las audiencias judiciales de la próxima semana.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó extremar las precauciones ante una serie de intentos de estafas telefónicas denunciados durante los últimos días en la región. Actualmente, la Fiscalía Regional 3 investiga alrededor de diez hechos cometidos bajo una modalidad similar.

Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, las víctimas recibieron llamadas mediante whatsapp, durante las cuales los interlocutores simulaban ser agentes de Mercado Libre o de otras compañías vinculadas con operaciones comerciales y financieras.

Durante las comunicaciones, los estafadores aseguraban que terceras personas habían realizado compras a nombre de las víctimas. Con ese argumento, intentaban generar preocupación y urgencia para inducirlas a realizar movimientos bancarios.

Los delincuentes indicaban que el dinero debía ser transferido a una cuenta donde supuestamente quedaría protegido. Sin embargo, el objetivo real de la maniobra era apoderarse ilegítimamente de los fondos.

Desde el MPA remarcaron que no deben realizarse operaciones guiadas por desconocidos mediante llamadas telefónicas, mensajes o cualquier otro dispositivo electrónico.

Ante el incremento de denuncias, la Fiscalía difundió una serie de medidas preventivas:

Las autoridades también aconsejaron no eliminar conversaciones ni archivos, debido a que pueden convertirse en elementos relevantes para la investigación penal.

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de dos años ocurrida este lunes en Villa Gesell, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local.

El caso generó fuerte conmoción porque la madre de la menor ya había sido investigada y posteriormente absuelta en una causa vinculada con el fallecimiento de otras dos hijas, ocurrido años atrás en Mar del Plata.

La mujer, de 44 años, aseguró que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera. No obstante, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, inició una causa por "averiguación de causales de muerte", ordenó la realización de la autopsia y dispuso una serie de pericias para determinar con precisión qué provocó el fallecimiento.

La investigación reavivó un expediente judicial que tuvo amplia repercusión en Mar del Plata. En 2016 murió otra hija de la mujer, de 11 meses, hecho por el que ella y su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta ser sometidos a juicio.

En 2018 ambos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido producto de malos tratos o violencia. Durante ese proceso también fue analizado el fallecimiento de otra bebé de seis meses ocurrido en 2013.

Tras aquella absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. La Justicia también había dispuesto en el pasado medidas de protección respecto de otros menores del grupo familiar.

Ahora, los investigadores buscan establecer si existe alguna relación entre los antecedentes y el nuevo episodio, aunque por el momento no hay personas imputadas y todo dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forense.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debió entregar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a agentes del FBI antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina tras el Mundial 2026.

El procedimiento se realizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y también alcanzó a otros integrantes de la comitiva oficial que viajaba en el vuelo chárter rumbo a Buenos Aires.

Según la documentación judicial difundida por medios argentinos, además de Tapia fueron alcanzados por la investigación Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.

El FBI incautó los teléfonos de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola

La Justicia de Estados Unidos también citó a declarar al presidente de la AFA y le solicitó que aporte información vinculada con Tourprodenter LLC, empresa que figura como agente comercial exclusivo de la entidad para contratos internacionales.

La investigación está centrada en la estructura utilizada para administrar acuerdos de patrocinio, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección argentina en el exterior.

De acuerdo con la información publicada, fiscales federales analizan movimientos financieros superiores a los 300 millones de dólares y buscan reconstruir el circuito de transferencias realizadas mediante cuentas bancarias y sociedades radicadas en Estados Unidos.

El FBI incautó los teléfonos de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola

La pesquisa tomó impulso durante el Mundial 2026 y se nutrió de documentación obtenida en litigios comerciales iniciados por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA.

Los investigadores analizan si algunas de las operaciones detectadas pueden configurar delitos contemplados por la legislación estadounidense. Por el momento, las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar y no implican imputaciones penales contra los involucrados.

Además de los teléfonos celulares, agentes federales secuestraron computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la delegación argentina.

La medida provocó una demora en la partida del vuelo chárter que trasladó al plantel y a dirigentes desde Nueva York hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza.

En el marco de una investigación encabezada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), este jueves se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Venado Tuerto que terminó con la detención de un hombre mayor de edad, señalado como presunto partícipe de los incidentes registrados durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra.

La medida fue ordenada por el fiscal Dr. Luis Lagioia, a cargo de la investigación, en una causa en la que se analiza la posible comisión del delito de atentado a la autoridad agravado.

Según las pruebas reunidas hasta el momento, el detenido habría participado, junto a otras personas que aún no fueron identificadas, del lanzamiento de botellas de vidrio contra efectivos policiales que formaban parte del operativo de seguridad desplegado para acompañar las celebraciones.

La identificación del sospechoso fue posible a partir de registros obtenidos por el Centro de Monitoreo Municipal de Venado Tuerto y del análisis de imágenes realizado por personal de la Comisaría Segunda de la Unidad Regional VIII. Estas tareas permitieron individualizar al presunto autor y reunir elementos que derivaron en la solicitud de la medida judicial.

El fiscal Lagioia cuestionó los hechos y sostuvo que desde el MPA “se repudian estos actos de violencia que afectaron el normal desarrollo de un festejo popular, poniendo en riesgo al personal policial y a todos los asistentes que fueron a celebrar”.

Además, convocó a la comunidad a aportar información que permita identificar a otros responsables de los incidentes. “No podemos permitir que un grupo de 20 o 30 inadaptados arruinen un festejo en el que participó toda la comunidad venadense”, expresó.

La investigación permanece abierta y continúa orientada a establecer la identidad y la responsabilidad de otras personas que habrían intervenido en los episodios de violencia registrados durante esa jornada.

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes a los exfuncionarios Julio De Vido y José López a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco del caso Skanska, una de las primeras causas de corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo.

El fallo también alcanzó a exdirectivos de la empresa sueca y otros intermediarios vinculados a las maniobras investigadas. De los 30 acusados que llegaron al juicio oral, 17 fueron absueltos.

El tribunal consideró responsables a De Vido y López por los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y cobro de sobornos. La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El Tribunal Oral Federal N° 4 dictó el veredicto tras el juicio iniciado en 2024.

Entre los exdirectivos de Skanska, Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a cuatro años de prisión. En tanto, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron penas de tres años de prisión en suspenso.

La investigación se originó por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos durante 2004. Según la acusación, la constructora sueca pagó sobornos para obtener los contratos y ocultó las maniobras mediante un sistema de facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma.

De acuerdo con la investigación judicial, ese mecanismo permitía simular servicios inexistentes para justificar pagos vinculados al esquema de coimas y sobreprecios.

José López también recibió una pena de cinco años por el caso Skanska.

Uno de los elementos centrales de la causa fue una grabación interna de la empresa, en la que un ejecutivo reconocía el pago de sobornos para asegurar la adjudicación de las obras.

El juicio oral comenzó en 2024 y concluyó este lunes con la lectura del veredicto. La causa Skanska es considerada uno de los primeros expedientes de corrupción de alto impacto vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Rufino a un hombre de 41 años que era investigado por un presunto hecho de violencia de género, ocurrido en esa ciudad del sur santafesino.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició a partir de una denuncia realizada por una mujer de 22 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. De acuerdo con las actuaciones, la víctima sufrió golpes en la zona del rostro y la cabeza.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal especializado de la PDI procedió al traslado del investigado, quien fue sometido a las diligencias correspondientes y luego notificado de la causa que se le atribuye.

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sumó un dato clave en las últimas horas: las autoridades identificaron al presunto “paciente cero” de la cadena de contagios. Se trata de Leo Schilperoord, un ornitólogo neerlandés de 70 años que comenzó con síntomas respiratorios durante el viaje y falleció a bordo de la embarcación el pasado 11 de abril.

El caso generó preocupación sanitaria internacional luego de que se confirmaran varios contagios y al menos tres muertes vinculadas al brote, que mantiene bajo vigilancia epidemiológica a pasajeros y tripulantes del barco de expedición, que había partido desde Ushuaia rumbo a distintos destinos del Atlántico Sur y la Antártida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con autoridades sanitarias de España, Países Bajos y otros países europeos, participa del operativo de seguimiento y repatriación de las personas que estuvieron a bordo del crucero.

Se trata de Leo Schilperoord, un ornitólogo neerlandés de 70 años.

Según publicaron medios europeos y argentinos, Schilperoord era un reconocido ornitólogo neerlandés que realizaba junto a su esposa un viaje turístico por Sudamérica. La investigación epidemiológica sostiene que el hombre podría haber contraído la variante Andes del hantavirus durante una excursión en la región de Ushuaia, aunque esa hipótesis todavía continúa bajo análisis.

El pasajero comenzó a sentirse mal durante los primeros días de navegación y presentó síntomas respiratorios compatibles con hantavirus. Su estado de salud empeoró rápidamente y murió en pleno viaje. Días más tarde también falleció su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, quien había sido evacuada y trasladada a Johannesburgo, en Sudáfrica.

Las autoridades sanitarias internacionales consideran que el caso del ornitólogo neerlandés podría ser el punto inicial de transmisión dentro del crucero. Sin embargo, todavía se intenta establecer con precisión dónde ocurrió el contagio original y si existieron otros contactos previos fuera de la embarcación.

El brote involucra a la variante Andes del hantavirus, una cepa particularmente observada por los especialistas porque es una de las pocas con capacidad comprobada de transmisión entre personas. Aun así, organismos internacionales remarcaron que el nivel de contagio sigue siendo bajo y que el escenario no es comparable con una pandemia como la del coronavirus.

En paralelo, funcionarios de Tierra del Fuego cuestionaron la hipótesis de que el contagio se haya originado en Ushuaia. Autoridades provinciales señalaron que no existen antecedentes recientes de circulación autóctona de la variante Andes en esa región y remarcaron que la pareja neerlandesa había permanecido poco tiempo en la ciudad fueguina antes de embarcarse.

El crucero MV Hondius permaneció durante varios días bajo estrictos protocolos sanitarios mientras navegaba rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias. Finalmente, este domingo comenzó el operativo de desembarco coordinado por autoridades españolas y organismos internacionales de salud.

Las tareas incluyeron el traslado controlado de pasajeros hacia el aeropuerto de Tenerife Sur para organizar vuelos de repatriación a distintos países. Según se informó, los viajeros considerados contactos estrechos o de alto riesgo deberán cumplir cuarentenas preventivas y seguimiento médico en sus lugares de residencia.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advirtió que todos los pasajeros del crucero serán considerados contactos de riesgo debido a la posibilidad de exposición prolongada dentro del barco. Por esa razón, varios gobiernos activaron sistemas de vigilancia epidemiológica y monitoreo sanitario.

Hasta el momento, la OMS confirmó varios casos positivos y otros sospechosos distribuidos en distintos países. Entre ellos se encuentran pasajeros de Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza y Sudáfrica.

Especialistas consultados por medios europeos explicaron que el hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados.

En América del Sur, el principal reservorio es el denominado “ratón colilargo”. La variante Andes, presente en Argentina y Chile, es la que presenta mayor preocupación sanitaria por su potencial transmisión interpersonal.

Pese a la alarma generada por el brote, expertos insistieron en que el virus es conocido desde hace décadas y que existen protocolos claros de control y aislamiento. Las autoridades sanitarias internacionales mantienen la investigación abierta para determinar el origen exacto del contagio y reconstruir todos los contactos mantenidos por los pasajeros afectados durante el viaje.

Por Gonzalo Fracchia

Este lunes pasadas las 14 horas se realizó una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno de Santa Fe en el marco de novedades en la investigación de lo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

A una semana de la tragedia que provocó la muerte de un adolescente de 13 años luego del ataque con arma de fuego efectuado por otro joven de 15, se presentaron avances oficiales en la causa.

Con el director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, al frente del comunicado, afirmaron que el detenido es una persona menor de edad punible. Reservaron la edad y otros detalles de su identidad.

Su relación directa o indirecta con el caso, como así también elementos como la institución educativa a la que asiste, también fueron omitidos. Únicamente se remarcó que el operativo se vincula a la carpeta judicial del homicidio de Ian.

“Nosotros somos respetuosos de que esa información primero se le tiene que brindar al imputado en la audiencia de imputación de cargos respectiva bajo el procedimiento de menores”, explicó Galfrascoli sobre la decisión del hermetismo.

Galfrascoli valoró el trabajo en conjunto de la Fiscalía Regional Quinta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal, destacando en este punto un aspecto de relevancia: el rol de la Unidad Antiterrorista.

“En el día de hoy, luego de 24 horas de un dispositivo activo de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas podemos lograr en el marco de este operativo en la Ruta 11 y la Ruta 4, cercano al ex peaje de Nelson, la detención”, detalló el funcionario provincial.

“Pudimos hacer un operativo de detención absolutamente limpio en un marco muy difícil por las condiciones climáticas y por el obviamente el desconocimiento de lo que podía ser la actitud de las personas que estábamos siguiendo y que ahora, bueno, por suerte hoy detenida una de ellas”, sumó el director provincial de Investigaciones Criminales.

“Fue detenido en la vía pública, es lo único que podemos decir, por un operativo dispuesto por la Fiscalía Regional Quinta en coordinación con el MPA a través de la fuerza especial que está trabajando asistiendo al MPA y en coordinación con la PDI”, se explayó el encargado del área y subrayó que fue en “coordinación con la Policía Federal ,con esta brigada especial antiterrorista”.

Tanto el encargado de Investigaciones Criminales, como la vocera Virginia Coudannes, coincidieron en que el caso contempla aristas de suma complejidad y que “trasciende” las fronteras de la provincia de Santa Fe e incluso de Argentina al hablar de “redes internacionales”.

Dicha arista resulta ser la que genera mayores interrogantes y que involucraría a entes de nivel nacional.

La detección de amenazas y planificaciones de ataques de similares características a las del cual deriva el caso han tenido en los últimos meses al propio FBI de Estados Unidos involucrado.

Algunos de los ejemplos recientes incluyen avisos del FBI al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) para la posterior detención de jóvenes en Miramar y La Quiaca. Otro de los incidentes recientes se dio en La Lonja (Buenos Aires), donde el joven fue detectado por mensajes vía Discord. En el allanamiento de este último caso se secuestraron cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamas, bibliografía vinculada al régimen nazi.

Coudannes explicó que es importante decir que “la suspensión de las clases de estos días tenía que ver con esta investigación más compleja que se estaba realizando, así que en consecuencia de eso, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación van a ir tomando las medidas que sean necesarias en el marco de cómo se vaya desarrollando en el transcurso de estos días eh la investigación”.

Tras la visita del gobernador Maximiliano Pullaro a San Cristóbal durante el fin de semana, este lunes el ministro de Educación, José Goity, confirmó la suspensión de clases de la jornada.

"No nos vamos a poner fechas taxativas; esto es un proceso y no podemos imponer plazos. Sí ir hacia la normalización aunque sabemos que nada será igual", argumentó el funcionario previo a la noticia de la detención y sosteniendo el hermetismo.

Continúa la investigación por el hallazgo sin vida de César Payrú, de 42 años, ocurrido el domingo en un camino de tierra al que se accede por calle Neuquén, pasando las vías férreas, en la ciudad de Venado Tuerto.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que se están llevando adelante múltiples medidas investigativas con el objetivo de acreditar el móvil y la autoría del hecho.

Hasta el momento, la única confirmación oficial es que se trata de un homicidio doloso. En las próximas horas, una vez finalizada la autopsia, se podrá establecer con exactitud la causa de la muerte.

Voceros judiciales indicaron que, por el momento, no es posible aportar mayores precisiones para evitar entorpecer la investigación en curso. En ese sentido, solicitaron prudencia en la difusión de información y remarcaron la importancia de preservar la reserva del caso.

Asimismo, desde la Fiscalía se descartaron versiones falsas que circularon en las últimas horas, entre ellas que el cuerpo hubiese sido hallado desnudo o que presentara mutilaciones. Tales datos fueron desmentidos oficialmente.

“Cuando el estado de la investigación lo permita, se aportará mayor información”, señalaron fuentes vinculadas a la causa, al tiempo que pidieron respeto hacia la familia de la víctima en este contexto.

La investigación continúa bajo la órbita del MPA, mientras se aguardan los resultados forenses y el avance de las diligencias que permitan esclarecer el hecho.

La causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas sumó una nueva medida clave. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó peritar el contenido de 14 teléfonos celulares, entre ellos el del empresario Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

La decisión judicial se basa en un pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien busca acceder a cualquier dato que permita reconstruir la operatoria detrás del presunto circuito de lavado. La medida incluye también el análisis del celular de Graciela Vallejo, madre del financista y presidenta formal de la firma.

En total, la causa reúne cerca de 40 teléfonos secuestrados, aunque esta etapa se concentrará en los 14 considerados prioritarios. La hipótesis es que los dispositivos permitirían desentrañar vínculos, movimientos y la dinámica interna de Sur Finanzas en sus operaciones con clubes e instituciones.

Según la investigación, el presunto esquema de lavado se habría articulado a partir de préstamos sobredimensionados: entidades deportivas solicitaban montos menores pero firmaban contratos por cifras mayores. Esa diferencia volvía a la financiera como dinero “blanqueado”, con la posible participación de actores políticos o municipales.

Se sospecha que estos fondos se canalizaban a través de ingresos por derechos televisivos, publicidad o marketing. La fiscalía ya solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes involucrados, con el fin de establecer el rol específico de cada uno en la operatoria.

Los clubes mencionados en el expediente son 17: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Durante los allanamientos realizados meses atrás, la Policía Federal incautó contratos, documentación contable, computadoras y decenas de dispositivos electrónicos para ser analizados.

Pero el foco no se limita al fútbol. La Justicia investiga también el uso de monotributistas sin capacidad económica que habrían movido sumas millonarias mediante billeteras virtuales asociadas a la red de Sur Finanzas. Informes de la DGI calificaron a estos contribuyentes como “apócrifos”.

Los registros detectados incluyen transferencias digitales por miles de millones de pesos, operaciones en efectivo y movimientos atribuidos directamente a la financiera. Ante ese volumen de transacciones, el juez dispuso embargos preventivos sobre los bienes de Vallejo y personas cercanas.

También se enviaron oficios al Banco Central, la UIF, la CNV y el Mercado de Valores para identificar activos y prevenir maniobras de vaciamiento patrimonial mientras avanza la causa.

La Justicia intenta ahora determinar la magnitud real del esquema y la eventual responsabilidad de los clubes y dirigentes involucrados.

(Por Nicolás García) - La memoria en Entre Ríos se sigue construyendo y en los últimos días una nueva denuncia sacudió la escena. A partir de una investigación realizada en conjunto entre el Registro Único de la Verdad (RUV), la Fiscalía Federal y el Poder Judicial se habría identificado un nuevo centro clandestino de detención en Paraná que habría sido utilizado durante la última Dictadura Cívico Militar de la Argentina.

Este lugar, que sería el decimocuarto centro clandestino identificado en la provincia, está ubicado en donde hoy en día funciona el Campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Según surge de la investigación, habría sido un lugar de tránsito de las personas detenidas ilegalmente para ser interrogadas y sometidas a torturas para luego ser devueltas a otros centros.

La investigación comenzó luego de analizar una serie de testimonios de víctimas de la última Dictadura que señalaban una serie de características diferentes a los centros clandestinos ya conocidos. La investigación, que fue presentada en el Ministerio Público Fiscal, cuenta con material que respaldan las declaraciones como documentación del archivo del Registro Único de la Verdad y registros históricos municipales.

Esto surge en medio de una situación crítica para el RUV debido a la no renovación de contratos de empleados de la administración pública provincial. Desde distintas organizaciones sociales y políticas denuncian sobre el desmantelamiento del Registro, algo que desde el Ejecutivo desmienten: “No existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV). No hay cesantías ni despidos de trabajadores”.

Casualmente, una de las personas que hizo pública la investigación en diálogo con medios locales es un ex trabajador del RUV, Alejandro Milocco. Explicó que “cuando empezamos a analizar las declaraciones advertimos que no se trataba del mismo lugar”. Asimismo agregó: “Pensar que en un lugar donde hoy circulan cientos o miles de estudiantes, donde se produce conocimiento, haya funcionado un centro de torturas, obliga a seguir construyendo memoria”.

En esta misma línea y en diálogo con Mirador Entre Ríos, Daniel Paduan, ex preso político y referente en la lucha por los Derechos Humanos en la provincia, señaló que “hay mucho aún por aclarar. Hay muchos detenidos-desaparecidos que aún no han sido encontrados”.

Un trabajo conjunto del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, el Hospital Interzonal de Agudos “Prof. Rodolfo Rossi” y otras instituciones científicas aporta nuevas claves para el diagnóstico y tratamiento de distintas patologías cardíacas, como la enfermedad del nodo sinusal, diversas miocardiopatías y las arritmias.

El estudio fue publicado en la revista Frontiers in Medicine y plantea una mirada innovadora sobre el origen de la variabilidad del ritmo cardíaco, un indicador central de la salud cardiovascular.

La investigación sostiene que el sistema nervioso autónomo aporta un estímulo basal al corazón, pero que la modulación fina de ese ritmo depende del Nodo Sinusal, una estructura microscópica ubicada en la aurícula derecha. De este modo, la variabilidad del ritmo cardíaco no reflejaría solo la acción del sistema nervioso, como se considera hasta ahora.

El Nodo Sinusal tiene una estructura fractal que va evolucionando a lo largo de la vida.

Desde el Conicet explican que, tradicionalmente, las fluctuaciones naturales entre latidos se interpretan como una manifestación directa del sistema nervioso autónomo, y que a partir de esa idea se diseñan las estrategias terapéuticas actuales.

“A partir de nuestro hallazgo, se abren nuevas posibilidades terapéuticas no invasivas para el abordaje de múltiples condiciones cardiológicas”, señaló Isabel Irurzun, investigadora del Conicet y líder del estudio en el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas.

El Nodo Sinusal funciona como el marcapasos natural del corazón. Está formado por un conjunto de células que generan los impulsos eléctricos responsables de iniciar cada latido. En este trabajo, junto con investigaciones previas, el equipo analizó datos de la variabilidad del ritmo cardíaco de alrededor de 1.500 personas sanas y con distintas patologías, de todas las edades.

Actualmente los marcapasos tienen un accionar básicamente periódico.

A partir de ese análisis, los investigadores identificaron que el Nodo Sinusal presenta una estructura fractal que cambia a lo largo de la vida. “Logramos determinar los exponentes críticos de esa estructura fractal, tres valores que describen completamente su arquitectura”, explicó Irurzun.

Según detalló, esta geometría permite comprender cómo se organiza la variabilidad del ritmo cardíaco en condiciones normales.

Para la médica cardióloga y electrofisióloga Magdalena Defeo, también autora del estudio, este descubrimiento permite anticipar cómo debería evolucionar un Nodo Sinusal sano y detectar alteraciones de manera temprana.

Sobre la base de estos resultados, el equipo de investigación avanza en el desarrollo de un nuevo tipo de marcapasos que incorpore la variabilidad del ritmo cardíaco, una característica ausente en los dispositivos disponibles en la actualidad. La invención cuenta con una patente registrada en Argentina a nombre del Conicet, la UNLP y el Ministerio de Salud bonaerense.

“Los marcapasos actuales funcionan de manera periódica y actúan a demanda. Cuando la estimulación es constante, la variabilidad se pierde, y eso es lo que buscamos evitar”, explicó Irurzun. Defeo agregó que la variabilidad mejora el gasto cardíaco y podría reducir efectos adversos como el remodelado cardíaco y el llamado síndrome de marcapasos.

En esta etapa, el ingeniero biomédico David Alejandro Jorge Tasé, becario doctoral del Conicet, trabaja en la construcción del primer prototipo capaz de reproducir la variabilidad normal del ritmo cardíaco y ofrecer opciones de programación para el médico tratante.

“Es fundamental que el electrofisiólogo pueda ajustar el dispositivo según cada paciente. La decisión de incorporar o no la variabilidad siempre será médica y basada en evidencia”, concluyó Irurzun.

La Comuna de Cafferata emitió este viernes un comunicado oficial alertando sobre la aparición de varios perros muertos en distintos sectores del pueblo, aparentemente como consecuencia de un posible envenenamiento.

“En el día de hoy se registraron perros muertos en distintos sectores del pueblo, aparentemente producto de envenenamiento. Como comunidad no podemos naturalizar estas prácticas”, señalaron desde el Ejecutivo local, que expresó su repudio frente a los hechos y pidió colaboración de los vecinos.

Desde la administración comunal informaron que ya se realizó la denuncia correspondiente en la comisaría local para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades. “Vamos a acompañar el proceso con todas las herramientas institucionales necesarias”, remarcaron.

Asimismo, las autoridades pidieron a los vecinos que puedan aportar información o hayan visto algo, que se acerquen a la comisaría o a la sede comunal para colaborar con la investigación.

El mensaje cierra con una reflexión: “La violencia nunca puede ser una respuesta”, reforzando el compromiso de la Comuna de Cafferata con la protección animal y la convivencia pacífica.

Un informe pericial clave, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, confirmó que las ampollas de fentanilo del lote 31202, fabricadas por el laboratorio HLB Pharma, agravaron significativamente el estado de salud de numerosos pacientes y contribuyeron directamente al fallecimiento de al menos 12 de ellos.

El estudio analizó 20 casos de distintas instituciones médicas del país, revelando que la contaminación con bacterias multirresistentes fue un factor crucial en la fatalidad de estos decesos. El dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, se encuentra bajo la lupa judicial, enfrentando la posibilidad de ser imputado formalmente.

Aunque García Furfaro se desliga de las responsabilidades, la investigación avanza, y una pericia pendiente del Instituto Malbrán podría sumar más evidencias en su contra.

El informe pericial, solicitado por el Centro de Asistencia Judicial Federal, analizó las historias clínicas y autopsias de 20 pacientes que sufrieron complicaciones graves o murieron tras recibir el fentanilo contaminado. El objetivo principal fue determinar si existía un vínculo entre el medicamento y los desenlaces clínicos.

Los resultados fueron contundentes:

Nexo concausal (12 casos): En estos pacientes, la infección bacteriana, si bien no fue la única causa de muerte, actuó como un factor determinante que aceleró el deterioro clínico y la muerte. La bacteria agravó las patologías preexistentes de los pacientes, que se encontraban en un estado de vulnerabilidad en terapias intensivas.

Nexo fortuito (5 casos): En estos casos, la bacteria estuvo presente, pero la gravedad de las enfermedades subyacentes de los pacientes (como traumatismos severos o cáncer terminal) era tal que su fallecimiento era inevitable, independientemente de la infección.

Los peritos destacaron la peligrosidad de las dos bacterias encontradas en el fentanilo: la Ralstonia mannitolilytica y la Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5. Ambas son resistentes y letales para pacientes inmunocomprometidos, con la capacidad de formar biopelículas o producir enzimas que las hacen invulnerables a los antibióticos más potentes.

Uno de los casos analizados en esta fase corresponde al Hospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatía.

Los casos analizados en esta primera fase de la pericia corresponden a pacientes de los siguientes centros de salud:

Hospital Italiano de La Plata: nueve historias clínicas.

Hospital Clemente Álvarez de Rosario: seis historias clínicas.

Hospital Italiano de Rosario: una historia clínica.

Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia: una historia clínica.

Sanatorio Parque de Rosario: una historia clínica.

Sanatorio Parque de Entre Ríos: una historia clínica.

Hospital Cullen de Santa Fe: una historia clínica.

El dueño del laboratorio se encuentra bajo la lupa judicial y podría ser imputado formalmente.

Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, negó públicamente su responsabilidad en las muertes, argumentando que los pacientes fallecieron por otras causas. En declaraciones con medios nacionales, admitió que “pudo haber habido un caso de negligencia”, pero intentó deslindarse de las consecuencias.

Su postura generó un tenso cruce con Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini, la víctima más joven. Francese lo responsabilizó directamente, afirmando que las bacterias presentes en su producto fueron las que deterioraron la salud de su hijo. A pesar de los intentos de Furfaro de mostrar empatía, la madre de la víctima rechazó sus disculpas y lo acusó de ser el responsable de la tragedia.

Mientras tanto, el juez federal Ernesto Kreplak continúa la investigación, desestimando la denuncia de un supuesto sabotaje por parte de Furfaro y concentrándose en las responsabilidades penales del entorno empresarial. Se espera que, con las nuevas pruebas, se avance hacia la imputación formal del empresario.

La tragedia del fentanilo contaminado puso de manifiesto fallas críticas en los controles de calidad de la industria farmacéutica. La pericia del Cuerpo Médico Forense no solo esclarece las causas de las muertes, sino que subraya la urgencia de revisar los protocolos de seguridad.

La justicia avanza con paso firme para determinar responsabilidades y llevar a los culpables ante la ley, buscando justicia para las víctimas y sus familias, mientras la sociedad entera reclama respuestas y garantías de que un hecho de esta magnitud no vuelva a ocurrir.

El caso de la desaparición del adolescente Alejandro Rubén Scamurra Riol, ocurrido el martes 12 de agosto, generó justificada alarma en Venado Tuerto. El joven, de 14 años, había salido de su casa por la mañana para asistir a una clase de natación, pero no regresó. La versión inicial que circuló entre los vecinos y medios locales indicaba que Alejandro habría sido víctima de un violento asalto, incluso se mencionaba que habría recibido golpes y que le robaron la bicicleta. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada por la fiscalía, que brindó detalles oficiales sobre el desarrollo del caso.

Según relató la fiscal Florencia Schiappa Pietra, la investigación comenzó cuando la familia de Alejandro presentó la denuncia alrededor de las 19 horas del martes. El joven había discutido con uno de sus progenitores por cuestiones relacionadas con el uso del celular y, aparentemente, decidió irse sin su teléfono móvil. "El adolescente no regresó a su casa después de salir para ir a natación, lo que generó la preocupación y la denuncia", explicó la fiscal en una entrevista realizada en LT29 el mediodía de este jueves.

A partir de ahí, se activaron los protocolos correspondientes. La Policía local, Gendarmería y Bomberos se pusieron a disposición para realizar patrullajes por toda la ciudad, y la Unidad Regional VIII solicitó colaboración en puntos estratégicos como el Hospital Gutiérrez, la Terminal de Ómnibus “Arturo H. Illia” y los accesos a la ciudad. Al mismo tiempo, se emitió un pedido de paradero a través de los medios.

Con el paso de las horas, la búsqueda intensificó su alcance, y la población se sumó al esfuerzo, ayudando a difundir la foto del joven. No fue hasta la mañana del miércoles, alrededor de las 9, cuando Alejandro regresó a su casa por sus propios medios. El adolescente explicó que ya se encontraba en su barrio y que conocía bien la zona. "Si no hubiese sido por la mamá de un amigo que lo encontró, habría llegado solo a casa", aseguró.

En cuanto a las versiones iniciales sobre un supuesto robo, la fiscal Schiappa Pietra descartó categóricamente esta posibilidad. "Con las pruebas reunidas y las declaraciones del propio menor, podemos afirmar que no hubo un robo ni un asalto violento como se había dicho. La mochila de Alejandro estaba intacta, incluso contenía 50 mil pesos en efectivo, lo que hace inviable la versión del robo", afirmó la fiscal. Además, se constató que la bicicleta no presentaba daños y estaba asegurada con su candado en el lugar donde fue encontrada, a pocos metros de su casa.

Otro dato clave que desmintió las versiones iniciales fue el análisis de las cámaras de seguridad. La fiscal indicó que las grabaciones mostraron a Alejandro tranquilo, circulando en bicicleta cerca del Club Ciudad, sin signos de ser perseguido o atacado. "Las cámaras no muestran ninguna situación sospechosa ni alteración en su comportamiento", explicó.

En cuanto a la salud del joven, un informe médico reveló que sufrió una fractura en la clavícula, pero no se pudo determinar si fue consecuencia de una caída o de un golpe recibido durante el suceso. Alejandro, al ser entrevistado, afirmó no recordar bien lo sucedido durante las horas previas a su regreso.

La investigación continuará para esclarecer todos los detalles, pero por el momento, las líneas de investigación relacionadas con el robo y el asalto han sido desestimadas. La Fiscalía se encuentra ahora enfocada en determinar las circunstancias exactas de la desaparición, aunque aún no hay evidencias que apunten a un delito.

Este episodio, que generó gran preocupación en la comunidad, dejó una serie de preguntas sin respuesta, pero la versión oficial permite cerrar el caso con un desenlace positivo: Alejandro Scamurra Riol está de regreso en su hogar, sano y salvo.

Luego del trágico accidente de tránsito en Wheelwright, ocurrido el pasado sábado 12, en el que un joven de 19 años oriundo de Hughes perdió la vida tras colisionar su motocicleta con una camioneta Nissan Frontier, la investigación judicial continuó con una serie de allanamientos en la localidad de Alcorta. Tras el choque, en el interior del vehículo mayor, los agentes encontraron estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación, lo que derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía de turno y la sección de Microtráfico.

Ese mismo día, la fiscal de turno, Susana Pepino, solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones Distrito Melincué (PDI) para llevar a cabo tareas investigativas en el marco de la causa "Homicidio culposo en accidente de tránsito", en la jurisdicción de Wheelwright.

Este martes, la PDI Distrito Melincué, con el apoyo de varias fuerzas de seguridad, incluidas las divisiones de Firmat, Venado Tuerto, Casilda y el Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto, procedió a diligenciar órdenes de allanamiento emitidas por el juez penal Darío Pangrazi, en dos domicilios de la localidad de Alcorta. Los allanamientos, solicitados por la Unidad Fiscal Melincué y la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Venado Tuerto, arrojaron los siguientes resultados:

Alsina al 100: En el domicilio del menor identificado como T.F., se procedió al secuestro de un teléfono celular. Además, se efectivizó la orden de detención del susodicho, quien fue examinado en los hospitales de Alcorta y Firmat antes de ser trasladado a sede policial en Venado Tuerto, a disposición del juez penal interviniente. El menor también fue notificado de la causa "Abandono de Persona" tramitada ante la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Venado Tuerto, a cargo de Marianela Montemarani Menna.

Independencia al 400: En este domicilio se secuestraron varios elementos relacionados con la causa. A continuación, se procedió a la detención de la mujer identificada como J.R., quien fue notificada de la causa "Encubrimiento agravado en carácter de autora".

Además, personal de la Comisaría 2º de Alcorta detuvo a M.V. en la vía pública, quien fue notificada de la causa "Homicidio culposo agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento, en concurso real y en carácter de coautora".

Ambas mujeres fueron examinadas en el Hospital de Alcorta y luego trasladadas al Samco de Melincué, desde donde fueron remitidas a la Alcaidía Femenina de la Unidad Regional VIII, quedando alojadas a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata: un hombre vivió durante casi cuatro años con el cuerpo sin vida de su madre dentro de su casa. El caso salió a la luz gracias a la inesperada visita de un familiar.

El episodio se conoció este lunes, cuando personal de la comisaría Octava acudió a una vivienda ubicada en la calle 74 entre 20 y 21, tras recibir un aviso por el fallecimiento de una mujer identificada como Marta Yolanda Durand, de 77 años.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la hermana de la fallecida, quien explicó que hacía una década que no tenía contacto con ella y que, por impulso, decidió visitarla después de tanto tiempo.

En la vivienda también se encontraba el hijo de la mujer, un hombre de 47 años, quien le confesó a su tía que su madre había muerto en noviembre de 2021, aparentemente a causa de un paro cardíaco ocurrido mientras cenaban juntos.

Según su testimonio, en lugar de reportar la muerte a las autoridades, optó por trasladar el cuerpo a una de las habitaciones de la casa. Allí permaneció desde entonces, envuelto en frazadas y cubierto con nylon.

Luego de la confesión, la hermana de la fallecida dio aviso inmediato a la policía. Los agentes constataron que en el lugar señalado efectivamente había restos óseos que coincidían con la descripción.

El caso fue comunicado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, que dispuso la preservación de la escena y la intervención de la División de Casos Especiales. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

El cuerpo será sometido a una autopsia para establecer la causa exacta del fallecimiento. Las autoridades también investigan por qué el hijo nunca notificó la muerte ni retiró el cadáver.

Desde la fiscalía no se descarta la posibilidad de imputarlo por omisión de denuncia y ocultamiento de cadáver, mientras se intenta reconstruir qué ocurrió durante estos casi cuatro años de silencio.

Aunque la investigación judicial sigue en marcha, expertos en salud mental señalan que casos como este podrían estar vinculados a trastornos psicológicos profundos.

Las autoridades también buscan determinar si el hombre recibió algún tipo de asistencia social o médica en este tiempo, lo que podría arrojar luz sobre su estado mental durante los años que convivió con el cuerpo sin vida.