El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, reafirmó hoy que los fallos del máximo tribunal deben ser de “obligatorio acatamiento” para dar “previsibilidad” al inversor y garantizar la seguridad jurídica porque –destacó- de la calidad institucional dependen el crecimiento económico y la certeza para las inversiones.

En juego de palabras, Rosatti afirmó que la seguridad jurídica “debe ser para todos, no para unos y no para otros porque si no, no es segura”.

“Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación del tratado sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto. Este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores –explicó-. Entonces todos sabemos a qué atenernos. Y, así, hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión. Insisto: la seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos y no para otros, porque entonces no es segura”, dijo Rosatti.

Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema fueron realizadas durante el discurso que brindó en el marco de la edición 2026 de AmCham Summit, el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y en donde analizó “La institucionalidad como pilar del desarrollo”.

Tras recordar que “hace muchos años la Organización de Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones” no solo por su crecimiento económico sino también por otros factores como la salud o la educación, Rosatti afirmó que a esa lista hay que agregar “la calidad institucional” y “la independencia del Poder Judicial”, y analizó en ese contexto la importancia de la seguridad jurídica.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia disertó en el AmCham Summit 2026.

“Cuando uno habla de derecho vinculado a los intercambios económicos e internacionales, “lo que está pensando es en la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que todos defienden, pero que no todos defienden de la misma manera. Cuando nosotros decimos seguridad jurídica, queremos decir seguridad para el inversor, seguridad para quien recibe la inversión. Es decir, si la seguridad jurídica no es para todos, no es seguro”, detalló.

El presidente de la Corte Suprema subrayó precisamente la importancia de esas certezas en un proceso de inversión. “La seguridad pública se entera con dos componentes. Hay un componente que es normativo, que tiene que ver con las regulaciones, las desregulaciones el tipo de cambio, los criterios tarifarios, la política impositiva, etcétera, etcétera y también con criterios institucionales. Hay un componente institucional que es muy importante y que se vincula con el funcionamiento regular del sistema republicano, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial”. En ese sentido, el ministro de la Corte destacó que el Poder judicial está presente en ambas en los componentes de la seguridad pública, en el componente institucional y en el componente regulatorio porque es el que interpreta esas normas y el que debe decidir sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. “Y en el vértice del poder judicial está, como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia”.

Al respecto, Rosatti destacó la alta demanda y el rol preponderante que tiene la Corte Suprema: mientas que la Corte Suprema de los Estados Unidos trata cien casos por año, el máximo tribunal argentina saca 15 mil sentencias por año.

“Quiere decir que hay un requerimiento y una necesidad de respuesta muy superior. Y muchas de estas cuestiones están vinculadas a la seguridad jurídica y también al tema de las inversiones. Por eso son importantes las herramientas con las que pueda contar el Poder Judicial en la Argentina y fundamentalmente la Corte Suprema para tomar las mejores decisiones. Una de las herramientas sobre las que quiero tener énfasis es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, afirmó.

En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.

“Porque una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto… Y este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores”, agregó.

Envuelta en una grave crisis financiera, endeudada con bancos, proveedores y personal, con cierres de locales y cheques rechazados, la cadena Garbarino, dedicada a la comercialización de artículos para el hogar, electrodomésticos, electrónica e informática, atraviesa horas decisivas. Su actual propietario, el empresario Carlos Rosales, negociaba contra reloj con el único interesado en comprar la cadena, un grupo inversor que lidera el mandamás de Supercanal Arlink, Facundo Prado. Sin embargo, en las últimas horas esa posibilidad se habría desvanecido y, según trascendidos, todo volvió a foja cero.

Con sucursales en varios puntos del país, Venado Tuerto no es la excepción. Aunque también Garbarino supo contar con un local en el interior del Supermercado La Anónima, hoy tiene una única boca de expendio en Belgrano al 200, casi Iturraspe (en los buenos tiempos llegó a tener una docena de empleados entre ambos negocios), donde sólo permanecen tres de los cinco colaboradores que había meses atrás, y con serias dificultades para cobrar salarios, aportes y bonos comprometidos.

La vocera del grupo de empleados, Natalia Amorin, confirmó esta tarde a Sur24 que, según su información, las negociaciones para conseguir nuevos inversores, o concretar una venta, se habían frustrado y estaban “a la espera de novedades respecto del pago de los sueldos y aportes atrasados. Tampoco hay información oficial sobre la situación real de la empresa, si va a convocatoria, o si consiguieron algún otro posible comprador. También sabemos que para mañana está prevista una nueva reunión entre el gremio y el directorio”, acotando que el personal de las distintas sucursales aguarda con expectativa ese encuentro en el ámbito ministerial, “sobre todo en cuanto al pago de los sueldos, el bono de fin de año (dos cuotas de 3 mil pesos cada una), parte del sueldo de abril y de mayo, el sueldo de junio, que se venció hoy, y el aguinaldo, que se venció el 30”, precisó Amorín, quien también contó que esta situación de inestabilidad laboral desembocó en el corte de la obra social.

Más adelante aclaró que en Venado Tuerto sólo se interrumpió la actividad comercial el último jueves (mediodía), pero luego se retomó la atención al público, en una medida que busca prevenir los sucesos acontecidos en otros puntos del país, donde los locales fueron cerrados y los empleados procedieron a la toma de los mismos para evitar eventuales “vaciamientos”. Sin embargo, la empleada lamentó que “la página web de Garbarino sigue caída y hoy no hubo sistema en las sucursales”.

También ratificó, con desazón, que a nivel local “no se acercó ninguna autoridad gremial (Sindicato de Empleados de Comercio) a brindarnos su respaldo”.

Consultada por las negociaciones en el ámbito nacional, Natalia Amorín puntualizó que el 2 del corriente se celebró una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la presencia de representantes de Garbarino y de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, tras la cual se exhortó a la parte empresaria al “estricto cumplimiento del pago de salarios adeudados a los trabajadores, por tratarse de una cuestión alimentaria e impostergable”. Asimismo, a los fines de “monitorear y de controlar las cuestiones en debate”, se fijó nueva audiencia entre las partes para este miércoles 7 de julio, a las 17.30.