Por Mariana G. Sánchez (*)

Semanas atrás se cumplieron ochenta años del fallecimiento del eminente economista John Maynard Keynes (1883-1946) y noventa años de la publicación de su principal y más emblemática obra: "Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero" (1936). Por ello considero válido señalar las transformaciones sociales y tecnocientíficas que envolvieron su lúcido trabajo intelectual.

A fines del siglo XIX y principios del XX, en las economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, se produce una incesante renovación tecnológica que generará nuevas modalidades de trabajo. Fue un periodo caracterizado por una mayor división social del trabajo; estandarización; producción en masa; cadena de montaje y control de los tiempos de trabajo (Taylorismo/Fordismo).

Ello propició una economía basada en el consumo y la expansión del crédito, mayor participación bursátil de los asalariados y la clase media (Estados Unidos), acompañados de un proceso de concentración monopolista, cartelización y consolidación de trusts.

En Estados Unidos (1929) y luego globalmente se desencadena una crisis que comienza siendo bursátil, con fuertes caídas en las bolsas y de la economía real generando una profunda depresión la cual se extendió durante varios años, llegando recién en 1937 a recuperar el nivel de actividad de 1929.

¿Cuáles son las causas de la mayor crisis del capitalismo hasta la fecha? La desigualdad en la distribución del ingreso, junto con una acumulación excesiva de capital y la capitalización de beneficios generando un aumento en la producción a un ritmo superior al cual el consumo puede responder, sumado a las grandes corporaciones las cuales impedían la libre competencia.

Es una crisis de sobreproducción con insuficiencia de demanda (bajos salarios). Por ejemplo: la producción de un auto demandaba 14 horas antes de la aplicación de los nuevos métodos a serlo en 93 minutos, el modelo T, de 4.000 unidades en 1900, la producción anual pasó a 4.800.000 en 1929.

Keynes busca dar respuesta al mal de la época: el fuerte desempleo y cómo reactivar la economía. Su proyecto intelectual comienza antes, con publicaciones como "El fin del laissez-faire", en 1926.

El mainstream de la época (neoclásicos) considera como base de su teoría a la denominada Ley de Say (la oferta crea su propia demanda). En "Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero" (1936/ 2005, página 35), Keynes explica:

"Desde los tiempos de Say y Ricardo los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda queriendo decir con esto de manera señalada, aunque no claramente definida, que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente, en comprar los productos".

Según el postulado ortodoxo, ahorro (S) siempre es igual a inversión (I): S=I. Keynes viene a echar luz sobre un hecho que puede no suceder, es decir una parte del ingreso (Y) se consume/invierte y otra queda ahorrada, generándose una insuficiencia de inversión y de demanda con caída del empleo.

Por lo tanto el Estado debe provocar deliberadamente el crecimiento de aquellas inversiones, hasta que la demanda sea suficiente para absorber toda la oferta que proviene del empleo de las fuerzas productivas.

Los bancos centrales, a través del manejo de la tasa de interés deben estimular las inversiones privadas con un descenso de la tasa de interés, con creación de dinero y el Estado supliendo con sus propias inversiones.

Jean-Baptiste Say y sus seguidores, consideran que el estado normal de la economía y al cual tiende con su autorregulación es el equilibrio, considerado éste como el pleno empleo de los factores, el desempleo no existe, todo lo que se ofrece es demandado.

Es por ello que los marginalistas consideran que la causa del desempleo está dado por un exceso de oferta y que ante la existencia de precios flexibles, es solucionable con una baja de salarios reales. Para Keynes, el desempleo es involuntario y la situación de desequilibrio es una normalidad del capitalismo.

En un sistema capitalista, organizado sobre los principios de libre mercado, no existe ningún mecanismo intrínseco que permita al sistema arribar, o por lo menos tender, por sí solo al pleno empleo, se hace necesaria la intervención del Estado en la economía. ¿Cómo propone Keynes incentivar la demanda agregada?

A través de la intervención estatal, lograr una redistribución del ingreso en favor de aquellos con mayor propensión marginal a consumir, a través de la política monetaria, bajando la tasa de interés ya que la inversión privada es inversamente proporcional a la tasa de interés, cuanto más alta ésta última, menor inversión, pero la inversión privada también dependerá de la eficiencia marginal del capital, reflejando la incertidumbre sobre rendimientos futuros.

Y por último a través de la política fiscal, es decir, aumento del gasto público con obra pública.

El incremento de la producción no puede ser totalmente absorbido por el consumo, por lo que se requiere del factor inversión para absorber el excedente de producción total, es por ello que el Estado a través de políticas públicas complementa o sustituye en el momento en que los empresarios privados invierten menos de lo necesario para llegar al pleno empleo.

De este razonamiento deviene lo que Keynes llamó multiplicador de la inversión: el ingreso crece en mayor proporción al aumento original de la inversión. A mayor desempleo, menor será el impacto sobre los precios. A medida que la economía se aproxima al pleno empleo, el efecto sobre los precios es mayor, generando inflación, no extremar a Keynes es la consigna.

Un ejemplo histórico de la aplicación práctica de estos postulados fue el New Deal -reactivación de la obra pública, asistencia social, proteccionismo a través de aranceles, nuevas normas del sistema financiero-, el "Nuevo Trato" aplicado en Estados Unidos desde 1933 a 1938 por el presidente Franklin Delano Roosevelt.

También contribuyó a los años dorados del capitalismo (1945-1973), periodo llamado así por ser altamente productivo especialmente en la industria, pleno empleo, asenso social, mejoras en la calidad de vida y expansión comercial, sumado a la reconstrucción de Europa a través de políticas como el Plan Marshall -ayuda económica de Estados Unidos- luego de la devastación generada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Se produce un quiebre con el anterior fundamento económico laissez-faire y aparece el intervencionismo. Surge el Estado de Bienestar.

Con estas líneas busco aproximar la teoría del gran economista lord John Maynard Keynes. Por eso insto a los lectores a continuar abordando y ahondando en Keynes que tanto aportó a la teoría económica, siendo un referente de consulta permanente sobre todo en momentos de crisis que ha tenido y tiene el capitalismo, ejemplo 2008, crisis subprime.

(*) La autora es contadora pública, especialista en historia del pensamiento económico.

Por Juan Gabriel Riboldi (*)

El 20 de abril pasado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso -a través del Senado- un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, Nº 26657. La iniciativa propone la derogación de dos artículos, la modificación de más de veinte e introduce cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Prevención de las Torturas y Otros Tratos Inhumanos.

Más que arrojar certezas, la propuesta abre interrogantes en torno a su presunto carácter superador. El principal -y difícil de eludir- es si estamos ante una mejora real o camino a un retroceso presentado en términos de reforma.

En primer lugar, resulta pertinente preguntarnos si es necesario modificar la legislación vigente y si esa modificación responde a una propuesta superadora o encubre una regresión en materia de derechos adquiridos, con efectos concretos sobre la salud de la población.

Sancionada en 2010, con amplio consenso, la ley significó un avance sustantivo. No solo por su enfoque en los derechos humanos -alineado con estándares internacionales- sino también por promover un cambio de paradigma: atención comunitaria, abordaje interdisciplinario y restricciones a las internaciones involuntarias.

En el plano formal, además, establecía un objetivo ambicioso: destinar al menos el 10% del presupuesto de salud al área de salud mental. Ahora bien, si la Ley Nacional de Salud Mental fue presentada durante años como un modelo de avanzada, la pregunta es inevitable: ¿por qué reformarla? Una posible respuesta -y mucho más simple de lo que suele presuponerse- es que nunca fue implementada como correspondía.

La propia ley establecía un piso del 10% del presupuesto de salud para el área. Ese piso fue, durante más de una década, una ficción. En la práctica, la inversión se sostuvo mayormente por debajo del 3%, con cifras particularmente bajas en los últimos años: 1,27% en 2021 y 1,48% en 2022.

Protesta de los afectados en la plaza del Congreso Nacional.

Recién en 2023 -según datos oficiales- se habría alcanzado ese umbral. Por lo que, sería demasiado pronto evaluar su impacto real, pero -al parecer- no para decidir su reforma. En ese contexto, calificar a la ley de ineficiente, incompleta o errónea no solo resulta apresurado, sino intelectualmente deshonesto. Porque el problema nunca fue la norma, sino su incumplimiento sistemático.

La pregunta, entonces, cambia de eje: si nunca se garantizaron las condiciones materiales para que la ley funcionara, ¿sobre qué evidencia se sostiene la necesidad de reformarla? Y más aún: ¿qué permite suponer que una nueva versión, sin financiamiento real, vaya a producir resultados distintos?

El principal eje de la contrarreforma impulsada por el gobierno nacional es claro: volver a colocar al médico psiquiatra en el centro de la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a las internaciones. No como único actor, pero sí como figura dominante. Esto no resulta para nada novedoso; en cambio, implica un retroceso al siglo pasado.

Como señala Alicia Stolkiner, el modelo médico hegemónico se consolidó a mediados del siglo XX al calor de los avances de la medicina científica, construyendo una "eficacia simbólica", soporte representacional de su hegemonía.

Pero ese predominio tuvo un costo: excesivo biologicismo, una concepción evolucionista-positivista y la ahistoricidad, asocialidad e individualismo de su delimitación de objeto, centrada en la enfermedad. Esto no es un aspecto menor, ya que implica ignorar el papel fundamental de las variables socioeconómicas y políticas como determinantes del sufrimiento psíquico.

También afloran como otras de sus características la mercantilización, la medicalización progresiva de crecientes esferas de la vida cotidiana y la relación asimétrica de poder entre sus actores (profesionales y pacientes). No debería sorprendernos que, para 1960, este modelo comenzara a ser cuestionado, producto de lo que se conoció como la "crisis de la medicina".

Como fue mencionado, en el "renovado" texto de ley presentado por el oficialismo se reincide en la revalorización de la figura del médico psiquiatra como el profesional más idóneo para abordar el amplio abanico de situaciones que pueden presentarse en el complejo campo de la salud mental.

Sin desmerecer su rol -sino más bien, apelando a la puesta en valor del trabajo interdisciplinario-, resulta necesario señalar que, si la institución psiquiátrica y sus representantes hubieran sido tan eficientes, difícilmente habrían surgido movimientos como la "antipsiquiatría", impulsado, curiosamente, por un psiquiatra.

La "antipsiquiatría" no se configura como un ataque despectivo hacia la disciplina, sino como una crítica a los métodos y tratamientos utilizados en su vertiente más tradicional.

En esta línea, Franco Basaglia, su principal exponente, no concebía a los trastornos mentales como enfermedades puramente médicas, sino como el resultado de situaciones sociales y políticas, tanto coyunturales como estructurales que configuran el padecimiento y pueden conducir a la hospitalización, eje central de las modificaciones propuestas por el gobierno.

Como fue mencionado, en el proyecto oficial se habilita que las internaciones se lleven a cabo en instituciones monovalentes, como los neuropsiquiátricos. Ahora bien, en esta instancia resulta conveniente hacer una distinción que no siempre aparece en el debate: la existencia del neuropsiquiátrico, en sí misma, no es necesariamente problemática. El punto crítico no es el formato institucional, sino la lógica que lo organiza.

En este sentido, si bien la realización de tratamientos especializados en establecimientos adecuados, con recursos y personal debidamente capacitado no resulta en sí misma objetable, lo que debe evitarse a toda costa es que estos dispositivos deriven en formas de organización cerradas.

Es decir en manicomios o neuropsiquiátricos que funcionen como "instituciones totales", en términos de Erving Goffman: espacios donde un gran número de individuos, en igual situación y aislados de la sociedad, comparten una rutina administrada formalmente, lo que conduce a un proceso de despersonalización y, por ende, de reproducción de lógicas de enfermedad o padecimiento mental".

La ley vigente, por su parte, establece como principio la atención de los padecimientos mentales en hospitales generales, justamente para evitar la segregación y favorecer la integración con el resto del sistema de salud.

Retomando los aportes de Alicia Stolkiner, la crítica apunta a que el manicomio deja de ser un dispositivo sanitario para operar como un mecanismo de disciplinamiento. Este último surge, entre otras cosas, para dar un lugar al "no trabajo", por lo que pronto se vio desbordado por una marginalidad que excedía sus posibilidades.

Su eficacia, entonces, no fue clínica, sino social: sostuvo la idea de que existía un lugar donde confinar la "locura" y la "diferencia" a través de la exclusión, legitimando al mismo tiempo la negación de derechos elementales. Allí radica su núcleo más problemático: si el amparo de la institución psiquiátrica permitió formas de represión agresivas, lo hizo sin herir la sensibilidad social, al presentarlas, piadosamente, como acciones efectuadas "por el bien del paciente".

Existen numerosas investigaciones que muestran la correlación entre recesiones económicas, aumento del desempleo y precarización laboral, y el incremento de sintomatologías psicológicas y psiquiátricas. En un país con índices crecientes de pobreza e inflación, cuyos instrumentos de medición, por cierto, merecen una revisión crítica en cuanto a su confiabilidad, ¿a quién puede sorprenderle la aparición de síntomas que afectan la esfera de lo psicológico?

Quizás, si de verdad se pretendiera discutir una reforma en cuanto a los términos de la legislación vigente, el foco debería estar puesto en garantizar el acceso a la vivienda, a un salario digno, al descanso y no en insistir en modificar una ley que nunca fue plenamente implementada. Una ley que, en buena medida, fue víctima de las vicisitudes del escenario político nacional, donde parece renovarse constantemente la voluntad de discutir aquello que, hace no tanto, parecía saldado.

Es entonces que, en un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo, incertidumbre laboral y retroceso en materia de derechos, quizás, más que una sesión de terapia o un psicofármaco, el foco debería estar en generar oportunidades de trabajo digno. No tanto en curar, sino en evitar que todo enferme. No empecinarse en cambiar, sino en hacerse cargo.

(*) El autor es licenciado en Psicología (UCES Rafaela), doctorando en Neurociencias (UBA-Conicet), diplomado en Gestión Estratégica de Políticas Públicas (UTN) y docente.

El Gobierno de la Provincia continúa con la transformación del Parque España, uno de los espacios públicos más icónicos que tiene Rosario frente al Río Paraná. El proyecto tiene un 25 % de avance y tres frentes de obra activos.

“La obra avanza actualmente en su etapa estructural, con máquinas activas sobre el río y en la barranca, incorporando equipamiento específico para acelerar los procesos constructivos. Para el gobernador Maximiliano Pullaro esta obra simboliza la transformación de un espacio emblemático y querido por los rosarinos que es utilizado todo el año. Seguimos demostrando que cuando el Estado se administra bien, los impuestos regresan a los vecinos en obras”, remarcó el ministro Enrico.

Sobre el desarrollo de la obra, Enrico precisó que el primer frente de trabajo “está construyendo la protección de la barranca, donde se está volcando piedra de diferente granulometría para lograr aportar el peso necesario y evitar los desplazamientos de la base”.

Así avanza la reconstrucción del Parque España de Rosario. Foto: GSF

“Por otro lado, exactamente donde hace unos años se desplomó parte de la explanada, seguimos trabajando con la ejecución de los pilotes; hoy estamos hormigonando el pilote 27 sobre un total de 50. Esta es la tarea más crítica de la obra en general y ya contamos con una avance del 60 % aproximadamente en este ítem. En las últimas semanas, añadimos una grúa a la obra para destinar un pontón específicamente a la tarea de pilotaje” contó sobre el segundo frente de trabajo.

Y finalmente, respecto al tercer frente de trabajo, dijo que “estamos ejecutando los cabezales y vigas que van sobre los pilotes donde se van a apoyar las nuevas losas que estamos armando en obra y que conformarán la renovación y ampliación de la explanada del Parque España. La tarea de montaje de las losas está prevista para comenzar en los primeros días de mayo”.

“Mientras se avanza con estas tareas en obra, se está trabajando aparte en los legajos ejecutivos de arquitectura para definir todo lo relacionado a pisos, barandas, luminarias y desagües. Estos trabajos comenzarán a ejecutarse en los próximos meses al igual que la desembocadura del conducto Mitre, donde se abrirá un nuevo frente de trabajo”, cerró el ministro.

Las tareas para esta recuperación histórica implican para el Gobierno Provincial una inversión superior a los 19.000 millones de pesos y se incluye en el plan de infraestructura urbana articulado con la Municipalidad a través del Acuerdo Rosario.

De esta manera, la intervención en el Parque España representa una decisión política de recuperar un espacio central para la ciudad, garantizando condiciones de seguridad, durabilidad y uso intensivo. Con trabajo sostenido y planificación, la Provincia avanza en una obra que va transformar uno de los sectores más emblemáticos del vínculo de Rosario con el Río Paraná.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Supercemento SAIC y Obring S.A., con un plazo de obra previsto de 540 días.

En el marco de una política sostenida de obra pública, el Gobierno de Venado Tuerto avanzó este jueves con la apertura de sobres de la licitación pública Nº 012/2026 para la “provisión de hormigón elaborado puesto en obra”, una inversión que apunta a sostener y ampliar el ritmo de pavimentación, cordón cuneta y bacheo en distintos sectores de la ciudad.

El acto fue presidido por el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viskovic. La participación de empresas locales refleja el movimiento de la economía vinculada a la obra pública y el impacto directo en el entramado productivo de Venado Tuerto.

Durante la apertura, Viskovic estuvo acompañado por el subsecretario de Desarrollo Económico, Bernardo De Diego, y la subdirectora de Logística y Suministro, Noelia Benítez.

La licitación contempla la provisión de 1.500 m3 de hormigón elaborado H-30 puesto en obra, un insumo central para ejecutar nuevas cuadras de pavimento, mejorar calles existentes mediante bacheo y avanzar con cordones cuneta en distintos barrios.

Esta inversión se enmarca en una decisión de sostener la obra pública como herramienta de desarrollo local, priorizando intervenciones que mejoran la transitabilidad, ordenan la ciudad y acompañan el crecimiento urbano.

Para completar el proceso administrativo, las autoridades disponen de tres días hábiles para evaluar la documentación presentada, mientras que las empresas tendrán luego dos días hábiles adicionales en caso de requerirse información complementaria.

Por Carlos Felice (*)

En los últimos años, la salud mental dejó de ser un tema periférico para ocupar un lugar central en la conversación pública. La pandemia, el deterioro económico y los cambios sociales aceleraron una demanda que los sistemas de salud ya venían absorbiendo con dificultad. Sin embargo, cuando se observa cómo los Estados asignan sus recursos, aparece una pregunta incómoda: ¿la prioridad discursiva se refleja realmente en los presupuestos?

La comparación entre Estados Unidos y Argentina permite iluminar esta tensión con bastante claridad. A primera vista, la distancia es abrumadora. Estados Unidos destina cientos de miles de millones de dólares a salud mental, canalizados en gran parte a través de programas como Medicaid y Medicare. La escala de recursos ha permitido desarrollar una red amplia de servicios, con innovación en áreas como la telesalud y la atención en crisis.

Pero ese volumen de financiamiento convive con problemas estructurales difíciles de ignorar. El acceso sigue siendo desigual, los costos de bolsillo continúan siendo una barrera para muchos pacientes y la fragmentación del sistema conspira contra la continuidad de los tratamientos. En otras palabras, Estados Unidos muestra que gastar mucho no necesariamente implica resolver el problema. La abundancia de recursos no corrige, por sí sola, las fallas de diseño.

Argentina, en el extremo opuesto, enfrenta una limitación más básica: la escasez. La inversión en salud mental ronda el 2% del gasto total en salud, muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Esta cifra no es solo un dato técnico; es, en los hechos, una señal de prioridad relativa dentro de un sistema tensionado por múltiples urgencias.

Lo paradójico es que el país cuenta desde hace más de una década con un marco normativo avanzado, que propone un cambio de paradigma hacia la atención comunitaria y la integración social de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, esa arquitectura legal convive con una implementación incompleta y desigual. La falta de financiamiento sostenido, sumada a la fragmentación entre niveles de gobierno y subsistemas, termina diluyendo el impacto de políticas que, en el papel, resultan razonables e incluso ambiciosas.

En la práctica, esto se traduce en un sistema donde el hospital psiquiátrico sigue ocupando un lugar predominante, mientras que los dispositivos comunitarios avanzan con lentitud. También se expresa en brechas territoriales marcadas: no es lo mismo acceder a atención en un gran centro urbano que en muchas regiones del interior. Y, como suele ocurrir en Argentina, las restricciones macroeconómicas terminan condicionando cualquier intento de planificación de mediano plazo.

El aumento de casos expone las debilidades estructurales de los sistemas de salud mental.

La comparación entre ambos países deja una enseñanza menos obvia de lo que parece. No se trata simplemente de cuánto se gasta, sino de cómo se organiza ese gasto. Estados Unidos enfrenta el desafío de ordenar un sistema caro y fragmentado; Argentina, el de fortalecer uno que es insuficiente y también fragmentado. En ambos casos, la palabra clave es la misma: coherencia.

Porque la salud mental tiene una particularidad que la distingue de otras áreas sanitarias: requiere continuidad, coordinación y cercanía. No alcanza con financiar prestaciones aisladas si no existe una red que acompañe al paciente en el tiempo. Tampoco alcanza con leyes bien redactadas si no hay recursos para sostenerlas.

En la Argentina, la discusión pendiente no debería limitarse a reclamar más presupuesto —aunque claramente es necesario—, sino a preguntarse cómo se asigna lo poco que hay. Priorizar la atención comunitaria, integrar los distintos subsistemas y reducir las desigualdades territoriales no son objetivos incompatibles con la restricción fiscal; son, en todo caso, condiciones para usar mejor los recursos disponibles.

Estados Unidos, por su parte, ofrece una advertencia útil: incluso con financiamiento abundante, un sistema puede fallar si no logra articular sus componentes. La lección, entonces, es doble. Ni el gasto elevado garantiza resultados, ni la escasez justifica la inacción.

En un contexto donde la demanda de atención en salud mental seguirá creciendo, ambos países —cada uno desde su realidad— enfrentan el mismo desafío de fondo: transformar recursos en resultados. Y para eso, más que gastar más o menos, la cuestión decisiva es cómo hacerlo.

(*) Presidente de OSPAT

(Por Mariela Pallero) - Con una inversión de 100 millones de dólares, el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” atraviesa la reforma más profunda de su historia.

Mientras se prepara el terreno para el Mundial de Motociclismo en 2027, las obras de Grado 2 de la FIA alimentan la máxima ilusión: volver a ver a la "F1" rugir en Buenos Aires. El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos.

El mítico "Coliseo" porteño hoy es un hormiguero de máquinas, camiones y más de 150 operarios que trabajan a contrarreloj para concretar un cambio estructural sin precedentes. La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo.

​El proyecto, ejecutado por Autopistas Urbanas (AUSA), contempla exigencias técnicas extremas para lograr la homologación Clase A de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y el Grado 2 de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

​Asfalto de última generación: Se están aplicando tres capas de asfalto especial (HIMA) con polímeros, diseñadas para soportar la exigencia de alta velocidad y temperatura de las motos de competición. El trabajo se realizará desde setiembre y serán dos semanas de turnos completos.

El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos. Foto: Mariela Pallero

​Adiós a las inundaciones: El "talón de Aquiles" del circuito, el drenaje, está siendo totalmente renovado con la instalación de 18.000 caños conectados a dos cuencas que descargarán en el Riachuelo.

​Seguridad: En la recta principal se redujo el nivel del suelo 70 centímetros para construir bases sólidas y se ampliará la calle de boxes (pit lane) para cumplir con los estándares actuales de seguridad.

​El diseño del nuevo circuito cuenta con la asesoría del prestigioso estudio de Hermann Tilke, el ingeniero responsable de los circuitos más modernos de la Fórmula 1.

​El trazado destinado al MotoGP tendrá una extensión de 4.300 metros, con un ancho que variará entre los 12 y 18 metros.

La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo. Foto: Mariela Pallero

Las rectas permitirán que las máquinas superen los 300 km/h. Además, la obra incluye la construcción de 32 nuevos garajes de última generación en un edificio de más de 12.000 m², coronado por una moderna torre de control que comenzará a elevarse en los próximos meses.

​Si bien el foco inmediato es el acuerdo con MotoGP por el período 2027-2030, el Gobierno de la Ciudad no oculta su ambición de máxima: el retorno de la Fórmula 1.

Las obras actuales ya contemplan adaptaciones de Grado 2 que, con ajustes menores, podrían escalar a las exigencias de "La Máxima".

El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos. Foto: Mariela Pallero

​Incluso se baraja la posibilidad de recibir al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) en 2027, uniendo el nuevo trazado con el sector del Lago, manteniendo la mística del Curvón Salotto mediante nuevas variantes de seguridad.

​Actualmente, la obra presenta un avance del 20%. El plan de trabajo estipula que la pista esté operativa para finales de este año.

Entre noviembre y diciembre se realizarán las primeras pruebas oficiales, probablemente con fechas del Superbike Argentino, para evaluar el comportamiento del asfalto antes de la gran cita mundialista.

​Inversión: 100 millones de dólares.

​Nuevos boxes: 32 garajes técnicos.

​Velocidad máxima: Superará los 300 km/h

​Infraestructura: Demolición de antiguas tribunas (incluida la histórica 15) para dar lugar a muros de seguridad modernos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes, a través de sus redes sociales, que tres empresas internacionales se presentaron en la licitación para los trabajos previstos en la Hidrovía Paraná – Paraguay.

Caputo declaró que «hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región». El funcionario pertenece al gobierno de Javier Milei.

El comunicado de Caputo en X.

El titular de la cartera económica detalló que «se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar una inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años».

En otra parte de su publicación, el ministro resaltó que «hemos conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia y esto ha sido posible gracias a un trabajo plural y compartido que contó con un respaldo amplísimo».

Asimismo, Caputo enumeró a las entidades responsables del proceso, mencionando a la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados, así como a agroexportadores y gobiernos provinciales. Subrayó, además, que «se obtuvo una auditoría de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales».

Vía Navegable Troncal en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Crédito: Gobierno Nacional

Para concluir, el ministro de Economía afirmó que «este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones». Finalmente, reconoció el «gran trabajo de Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y de todo el personal del organismo».

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre, tras el anuncio de este lunes de lo que fue denominado por el Gobierno como la “mayor inversión extranjera directa en la historia del país”.

Durante el encuentro, las autoridades de la compañía destacaron que esta decisión se sustenta en el marco de “previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, impulsado por el Gobierno. Señalaron que, sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.

Se estiman así “US$ 18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$ 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el Gobierno en un comunicado.

También participaron de la reunión de trabajo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En tanto, Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”. Detalló que: “Vicuña Corp., cuyos accionistas son BHP y Lundin Mining, anunció una inversión estimada de US$ 18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto Josemaría y Filo del Sol, con US$7.000 millones de inversión entre hoy y el primer concentrado de cobre en 2030”.

Según expresó el funcionario, el panorama para la Argentina mejora, “gracias a las reformas estructurales impulsadas por el presidente, Javier Milei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes”.

De esta forma, “Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo”, añadió el canciller para sumar que es “top 5 a nivel mundial”.

En este contexto, respecto del anuncio dijo que es: “Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos” porque “creamos las condiciones para que esto suceda, seguiremos avanzando”.

“La Argentina será próspera”, cerró Pablo Quirno.

Por su parte, el presidente Javier Milei reposteó la publicación del Canciller en señal de apoyo y lo felicitó: “Excelente noticia, Viva la Libertad Carajo. Fin”.

El alejamiento de Marco Lavagna -sustituido por Pedro Lines- de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la decisión del Gobierno nacional de postergar la implementación del nuevo esquema de medición de la inflación abrieron una señal de alerta en el inicio del año económico. Para el contador público nacional y analista económico José Toledo, se trata de un movimiento que genera ruido institucional, afecta la credibilidad y expone tensiones entre la necesidad técnica de actualizar los indicadores y la conveniencia política de sostener un relato de desaceleración inflacionaria.

Tras señalar que se trata de un funcionario con trayectoria técnica, respetado dentro y fuera del país, que había sido sostenido en su cargo pese a no pertenecer al espacio político gobernante, el analista fue categórico: “No, no es una buena señal”, advirtió, y enfatizó que Argentina arrastra antecedentes complejos en materia estadística y que cualquier ruido en ese plano impacta directamente en la confianza.

Asimismo, recordó que el país ya pagó costos elevados por manipular indicadores oficiales y explicó que el índice de inflación vigente, si bien es técnicamente correcto, está basado en una estructura de consumo desactualizada. “Siempre se decía que la inflación no era real, y no es así: lo que estaba vieja era la base”, señaló, al detallar que hoy los servicios tienen una relevancia mucho mayor en el gasto de los hogares. Para más datos, consignó que el Índice de precios al consumidor ( IPC) vigente se basa en una canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, es decir que “refleja patrones de consumo de hace más de 20 años y no representa la estructura actual de gastos de los hogares argentinos”.

Desde esa perspectiva, Toledo consideró necesario el cambio de base, pero consideró que la actualización hubiera mostrado una inflación más alta en términos estadísticos. “Con esa nueva base iba a costar mucho más bajar la inflación a través del tiempo”, sostuvo, al explicar que hubiera incorporado, con mayor influencia, rubros que siguen escalando mes a mes en sus precios, especialmente los servicios.

En ese punto, interpretó que la decisión de postergar el nuevo índice respondió más a una lógica política que técnica. “El mensaje fue: bajemos la inflación lo máximo que sea posible y después cambiamos la base”, sintetizó. Para Toledo, no se trata de falsear datos, sino de trasladar en el tiempo un ajuste que, inevitablemente, va a llegar.

El analista también puso el foco en el impacto político del cambio, acotando que el Gobierno hizo de la baja de la inflación su principal bandera. “Con el cambio metodológico, la inflación este año ya no sería del 20 o 25%, sino del 30 al 35%”, estimó, en un contexto que además estará atravesado por la cercanía de un año electoral.

Más allá de los números, Toledo remarcó que la credibilidad es un activo central. “La idea es ser y parecer un país previsible”, subrayó, al advertir que decisiones de este tipo “no suman, al contrario, restan” en la ya menguada reputación internacional de la Argentina.

Al evaluar el inicio del año, el economista marcó una diferencia clara entre la macroeconomía y la realidad cotidiana. Reconoció que, desde los números globales, el escenario luce ordenado: Presupuesto nacional aprobado, vencimientos externos cubiertos y acumulación de reservas. Pero aclaró que ese orden aún no llega a la calle. “A nivel macro uno mira los números y dice ‘qué lindo está esto’, pero cuando lo llevamos a la diaria, en la gente no se ve”, describió.

El consumo interno, explicó, sigue estancado por una razón básica: “el salario real no aumenta”. A eso se suman las dificultades de las pymes para exportar y un mercado interno que no logra reactivarse. Si bien algunos indicadores de diciembre último mostraron una mejora interanual, Toledo fue cauto, dado que el punto de comparación es un 2024 “muy malo” y no garantiza una recuperación sostenida.

En cuanto al proceso de transformación que el Gobierno nacional exige a las empresas, el contador público consideró que “es necesario”, pero advirtió que no puede llevarse adelante sin un marco normativo adecuado. Y en este sentido señaló que una reforma laboral podría avanzar en las próximas semanas, siempre de manera consensuada, pero se mostró escéptico respecto de una reforma impositiva profunda. “Las provincias no quieren perder recaudación”, explicó, al marcar el principal escollo político.

El analista también puso el foco en impuestos como el provincial Ingresos Brutos y el municipal Derecho de Registro e Inspección (DRI), que funcionan como un costo directo para las empresas, impactando entre un 3 y un 6%. “Es como si el Estado fuera socio de tus ventas, te vaya bien o te vaya mal, sin importarle tu resultado económico global”, graficó, al señalar que esa estructura desalienta la inversión y forma parte central del llamado “costo argentino”.

A esto se suman, según Toledo, una infraestructura deficiente, altos costos logísticos, rutas y puertos en mal estado y un sistema de transporte que no acompaña la dimensión del país. “Todo eso agiganta un costo argentino que no tendrá solución en el corto plazo”, advirtió, y por eso no espera una reactivación rápida del consumo.

Para colmo, pese a la desaceleración inflacionaria, las tasas de interés siguen siendo elevadas. “Una tasa del 45 o 50% es invalidante para cualquier proyecto productivo”, sostuvo, al explicar que con costos financieros tan altos es muy difícil que haya inversión y crecimiento.

Respecto de los sectores que se verán favorecidos por el modelo económico actual, José Toledo destacó energía, minería y petróleo. “Van a volar”, aseguró, aunque aclaró que su impacto se concentra en las zonas donde están instalados y no derrama con fuerza en las grandes ciudades.

Para la región, el panorama es algo distinto, donde “el agro sigue siendo un sostén clave de la economía local, aunque con márgenes más ajustados que en años anteriores. La evolución de la próxima campaña dependerá de los rindes de la soja y el maíz, pero sigue marcando una diferencia respecto de otras zonas del país”, indicó.

El cierre del análisis dejó un horizonte de cautela y, en ese contexto, el contador José Toledo ubicó recién hacia marzo o abril la posibilidad de evaluar si el orden macro comienza a reflejarse en la microeconomía.

(Por Mariela Goy) - Durante el receso escolar de verano -que se extiende hasta el 2 de marzo-, 608 escuelas de la provincia continúan con el servicio de comedor escolar para garantizar la alimentación de niñas y niños que lo necesitan. Durante enero, la asistencia baja de manera significativa y alcanza a poco más de una cuarta parte de la matrícula habitual que se registra en épocas de clases.

Según datos del Ministerio de Educación, durante el receso se sirven unas 51.597 raciones diarias, lo que representa apenas el 28 % de la demanda que se registra durante el ciclo lectivo.

En contraste, en mayo de 2025 -un mes típico de clases- se sirvieron a diario 183.811 raciones de comedor escolar en toda la provincia.

Desde la cartera educativa señalaron a El Litoral que, en este período, también se ajustan los menúes: se priorizan comidas al horno como milanesas o hamburguesas acompañadas con ensaladas, se evitan preparaciones tipo guisados y postres elaborados, y se promueve el consumo de frutas como cierre de las comidas.

Durante el verano, además, no se brindan las copas de leche -desayunos y meriendas-, un servicio que en época escolar alcanza a más de 470.000 chicos y chicas por día.

En verano se priorizan comidas como milanesas o hamburguesas acompañadas con ensaladas. Foto: El Litoral

Durante el verano, el Gobierno provincial informó que continúa con la inversión en infraestructura educativa. Desde el inicio de la gestión, la provincia destinó más de 25.825 millones de pesos a través de los Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (Fani), lo que permitió intervenir en 2.243 instituciones escolares de todo el territorio santafesino, de acuerdo a datos oficiales publicados.

"Hoy todas las escuelas están mejor que cuando asumimos y eso posibilita mejores aprendizajes para los estudiantes", sostuvo el ministro de Educación, José Goity, quien destacó además el compromiso de directivos y docentes. Según precisó en un comunicado de prensa, las escuelas realizaron 10.873 gestiones administrativas para acceder a los Fani, lo que da cuenta de un trabajo sostenido para mejorar las condiciones edilicias.

En verano, los comedores escolares siguen abiertos.

En paralelo al funcionamiento de los comedores, la provincia despliega el programa Escuelas de Verano, que este año alcanza a unas 35.000 niñas, niños y adolescentes en todo el territorio santafesino. Son 240 las Escuelas de Verano que llevamos adelante, con cerca de 1.700 asistentes escolares y guardavidas trabajando.

El programa combina actividades educativas, deportivas, recreativas y culturales, con el objetivo de sostener la alfabetización y el vínculo pedagógico durante el receso. Las actividades comenzaron el 2 de enero y se extenderán hasta el 30, desarrollándose en determinadas escuelas, Centros de Educación Física, clubes, polideportivos comunales y municipales, y otras dependencias del Estado provincial.

(Por Fiorella Carrión) - Las altas temperaturas del fin de 2025 en la ciudad de Santa Fe pusieron en el centro de la escena el funcionamiento del sistema eléctrico y la preocupación de los usuarios ante posibles cortes de energía.

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, explicó cómo se prepara la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para afrontar la mayor demanda del verano y se refirió además a la incertidumbre que existe en torno a los subsidios nacionales de cara a 2026.

Puccini señaló que el incremento de la demanda eléctrica ya comenzó a sentirse a fines del año pasado y en los primeros días del verano, remarcando que la provincia viene trabajando desde hace tiempo en obras clave para reforzar el sistema.

Según explicó el funcionario, “trabajamos con las inversiones en infraestructura que venimos llevando adelante en toda la provincia de Santa Fe, fortaleciendo la red de distribución”. En ese sentido, destacó que varias obras se concretaron antes de fin de año y “nos están posibilitando estar un poco mejor preparados”, sostuvo.

No obstante, aclaró que todavía queda camino por recorrer. “Faltan más obras y las estamos llevando adelante”, dijo, y puso como ejemplo un proyecto central para la ciudad capital. “Vamos a llevar adelante la estación transformadora Mayoraz, una obra de casi 17.000 millones de pesos para los próximos meses, son 40 MW”, detalló, remarcando la relevancia histórica de esta inversión.

Más allá de la infraestructura, el ministro hizo hincapié en la importancia de la comunicación con los usuarios ante eventuales inconvenientes en el servicio. “Pedirle que haga el reclamo de la falta de energía cuando hay un corte o algún problema de servicio”, expresó.

En ese marco, explicó que la empresa está promoviendo el uso de canales digitales para agilizar la atención. Según detalló, este sistema permite mejorar la respuesta: “Hay una respuesta automática de la EPE, hay un número de reclamo y eso nos da trazabilidad de la atención también para con el usuario”.

El aumento del consumo pone a prueba la infraestructura energética. Créditos: Guillermo Di Salvatore

Puccini remarcó que este punto resulta clave para reducir los tiempos de resolución. “Es un dato importante porque tiene que ver con cómo, cuando las cosas suceden, podemos dar respuesta lo más rápido posible”, señaló.

Otro de los temas que genera preocupación entre los vecinos es el futuro de los subsidios a los servicios públicos. Consultado sobre este punto, el ministro explicó que “ha salido una resolución a nivel nacional del gobierno de Javier Milei con respecto a una posible quita de subsidios para los distintos usuarios que hoy lo están teniendo”, indicó.

Sin embargo, aclaró que la medida todavía no está en vigencia. “Al día de hoy todavía no está reglamentado”, insistió, y aseguró que desde la provincia siguen el tema con atención. “Nosotros lo estamos mirando con mucha atención para ver qué implicancia pueda tener”, sostuvo.

Autoridades provinciales siguen de cerca la situación de los subsidios.

Puccini advirtió que el impacto podría ser amplio y no limitarse únicamente al servicio eléctrico. “No sería solo para los usuarios de luz, sino también para los usuarios de gas y de otros servicios”, explicó, resaltando la preocupación por el efecto en la economía familiar. “Lo miramos con mucha atención para ver qué impacto tiene en los bolsillos de cada vecino”, afirmó.

Por último, el funcionario volvió a subrayar que se trata de una decisión del Gobierno nacional que aún no fue definida en su totalidad, al tiempo que dejó en claro que la provincia seguirá de cerca la evolución del tema mientras avanza con las obras para sostener el servicio eléctrico durante el verano.

La confianza de los productores agropecuarios argentinos alcanzó su nivel más alto desde julio de 2019, según la última edición del Ag Barometer Austral, una encuesta a 400 productores agropecuarios con un valor bruto de producción igual o superior a USD 200.000 que realiza el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El índice general se ubicó en 159 puntos, lo que representa un incremento del 28% respecto de la medición anterior, marcando además el máximo histórico de la serie, al superar el registro previo de 158 puntos alcanzado antes de las PASO de 2019.

El fuerte repunte del indicador se explica por una mejora significativa tanto en el Índice de Condiciones Presentes como en el de Expectativas Futuras, que alcanzan también sus valores más elevados desde que se realiza el relevamiento.

En particular, las condiciones presentes registraron un aumento del 43%, impulsadas por una mejor percepción de la situación financiera de los productores y por un marcado repunte en las expectativas de inversión.

El fuerte repunte del indicador se explica por una mejora significativa tanto en el Índice de Condiciones Presentes como en el de Expectativas Futuras

“Estamos frente a un cambio muy relevante en el ánimo del productor. La mejora en las condiciones presentes es especialmente significativa porque indica que el optimismo ya no está apoyado únicamente en el futuro, sino también en la percepción del presente”, explica Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Uno de los datos más destacados del informe es la recuperación del Índice de Expectativas de Inversión en activos fijos, que aumentó un 53% respecto de la medición anterior y se ubicó en 111 puntos, la segunda mejor marca histórica, solo por detrás de enero de 2022.

En este contexto, el 55% de los productores considera que es un buen momento para invertir, un nivel solo superado en marzo de 2022.

El fuerte repunte del indicador se explica por una mejora significativa tanto en el Índice de Condiciones Presentes como en el de Expectativas Futuras

Entre las preferencias de inversión, la compra de tierras encabeza el ranking (29%), seguida por tractores(27%), hacienda de cría (20%) y hacienda de invernada (19%). También aparecen las sembradoras y cosechadoras como alternativas relevantes.

Sin embargo, el informe advierte que el optimismo no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas: un 38% de los productores, a pesar de considerar favorable el contexto, no planea invertir en el corto plazo.

“La predisposición a invertir mejoró de manera clara, pero sigue condicionada por variables macroeconómicas clave. Las tasas de interés reales continúan siendo el principal obstáculo para transformar el optimismo en inversión efectiva”, señala Steiger.

En efecto, el 68% de los productores identifica a las altas tasas de interés como el principal frenopara realizar inversiones en activos fijos, mientras que un 22% menciona la incertidumbre cambiaria como un factor que aún desalienta la toma de créditos en dólares.

El Índice de Expectativas Futuras también mostró un avance contundente, con un incremento del 23%, reflejando una visión más favorable tanto sobre la situación financiera de los productores como sobre el desempeño del sector agropecuario en los próximos 12 meses.

El fuerte repunte del indicador se explica por una mejora significativa tanto en el Índice de Condiciones Presentes como en el de Expectativas Futuras

Este escenario de mayor confianza se da en un contexto de evaluación mayoritariamente positiva de la gestión nacional: el 65% de los productores considera que el Gobierno del presidente Javier Milei ha cumplido con sus expectativas, mientras que un 10% afirma que las ha superado y un 25% evalúa que estuvieron por debajo de lo esperado.

“Hay una valoración clara del rumbo económico, especialmente en términos de orden fiscal y previsibilidad. Sin embargo, el productor sigue siendo prudente y consciente de que los procesos de estabilización llevan tiempo”, indica Steiger.

A pesar del fuerte repunte en la confianza, el informe revela que el 64% de los productores considera que la amenaza de un retorno del populismo en 2027 no está definitivamente descartada, aun después del resultado de las elecciones legislativas. Este dato refleja una preocupación estructural del sector, basada en experiencias recientes del pasado.

En el plano externo, el optimismo es contundente: el 95% de los productores cree que un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sería beneficioso para el complejo agroalimentario, destacándose especialmente el potencial impacto sobre las exportaciones de carnes y la apertura de nuevos mercados.

En materia comercial, el informe muestra cautela en las decisiones de venta: más de la mitad de los productores aún no ha fijado precios para el trigo 2025/26, a pesar de las estimaciones de una cosecha récord.

Un 51%–52% espera una mejora en los precios antes de vender, lo que refleja expectativas favorables, pero también una estrategia prudente frente al mercado.

(Por Ana Inés Dobal) - El secretario de Infraestructura Productiva provincial, Federico Carballeira, formó parte de la delegación que en la mañana de este miércoles 17, visitó la obra en construcción de la planta de MSU en Rufino, recorrida que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini.

En ese marco, el funcionario destacó la magnitud del proyecto y su impacto estratégico: "Esta es la primera manicera de la provincia y la más grande de América latina, instalada en Rufino con una inversión de más de 70 millones de dólares", afirmó con orgullo.

El ministro también valoró el rol que tuvo el rufinense Carballeira en el proceso de concreción de la iniciativa. "Cuando asumimos en el gobierno, Federico (Carballeira) nos pidió ocuparnos del tema y poder dar factibilidad técnica para que esta empresa se radique en Rufino; hoy este avance de obra es gracias también a él", expresó, al subrayar el impulso político e institucional que permitió avanzar con el proyecto.

De la recorrida participaron además la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el intendente de Rufino, Natalio Lattanzi; los presidentes comunales Cristián Vincenti y Elías Ayub; los concejales Francisco Carballeira y Maximiliano Correa; y el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé, entre otras autoridades.

El intendente Lattanzi también formó parte del encuentro y acompañó con su presencia lo que definió como una inversión clave, por el impacto económico y social favorable y transformador que tendrá para Rufino y toda la región.

Al cierre de la visita, Federico Carballeira volvió a remarcar el significado del momento: "Como hijo de Rufino y funcionario del gobierno provincial, me puso muy contento estar acompañando esta iniciativa que anunciábamos allá por 2021. El sueño de que se instalen empresas en nuestra región empezó a suceder. Un sueño en 2021 hoy es una realidad en Rufino", concluyó, entusiasmado por los progresos en la instalación.

Desde este viernes, Rafaela tendrá el hospital más moderno de la Argentina. Con un festival gratuito de primer nivel, el Gobierno Provincial inaugurará el efector de alta complejidad, donde se realizó una inversión en obras y equipamiento superior a los 66.000 millones de pesos.

Las actividades comenzarán a las 18, frente al nuevo edificio ubicado en Bv. Lehmann 2800, donde se podrá acceder a los servicios del programa Santa Fe Acá, además de disfrutar de feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Tras el acto oficial de las 19 con las presencia de las principales autoridades, llegará el turno del grupo Música para Volar y el cierre a cargo del reconocido artista Jorge Rojas. Todo podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial

Vista del nuevo Hospital Regional Dr. Jaime Ferré.

Tras la inauguración, el nuevo edificio del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela podrá ser visitado por los presentes, quienes observarán el flamante espacio de 21.730 m² con tecnología de última generación que fortalecerá la red sanitaria regional con el acceso a servicios de alta complejidad para más de 460 mil santafesinos.

El efector será el único hospital de alta complejidad en las regiones de Salud Nodo Rafaela y Nodo Ceres. Contará con más de 170 camas totales, distribuidas entre Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y de Adultos, Internación general y Cuidados Críticos, tanto para adultos como para pacientes pediátricos.

Además, contará con el único resonador magnético nuclear del sector público en toda la región, además de un tomógrafo, un nuevo equipo de mamografía, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital directo.

El complejo quirúrgico duplica la capacidad actual, permitiendo reducir en un 50% la lista de espera quirúrgica en la región. En tanto que las áreas de internación responden a un modelo de cuidados progresivos, que contempla además áreas dedicadas para la atención integral de pacientes de salud mental.

(Por Magalí Fassi y Tomás Betero) - Los preparativos para la inauguración del Nuevo Hospital Regional Dr. Jaime Ferré entraron en su tramo final. Desde este miércoles por la mañana, equipos técnicos comenzaron el armado del gran escenario que será el centro de las actividades previstas para este viernes, cuando el Gobierno de Santa Fe inaugure oficialmente la obra sanitaria más importante de la región.

El montaje se realiza sobre la vereda de avenida Perón, frente al nuevo edificio de Bv. Lehmann 2800. La avenida permanece cortada al tránsito por el operativo, que incluye custodia policial y un intenso movimiento de personal y vehículos. Este jueves trabajaban más de 20 personas en la colocación del piso, la iluminación y la estructura tubular, mientras seguían llegando camiones con equipamiento.

La infraestructura instalada presenta características similares a la utilizada semanas atrás para el festival Palau en el centro de la ciudad. El escenario alcanza 15 metros de altura, con columnas que se elevan hasta los 18 metros, un ancho aproximado de 20 metros y una profundidad de 10 metros. El dispositivo será el marco del acto oficial y de los espectáculos programados para la inauguración.

La Provincia anunció que este viernes inaugurará el hospital considerado como el más moderno de la Argentina, tras una inversión superior a los $ 66.000 millones en obra civil y equipamiento de alta complejidad.

El festival comenzará a las 18 horas, frente al edificio. Los asistentes podrán acceder a los servicios del programa Santa Fe Acá, recorrer una feria de emprendedores y disfrutar de propuestas gastronómicas. El acto oficial está previsto para las 19, seguido por la presentación del grupo Música para Volar, y un cierre musical a cargo de Jorge Rojas. La actividad será transmitida por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

Finalizado el acto, el edificio permanecerá abierto al público, que podrá ingresar en grupos para visitar áreas habilitadas, acompañados por personal del hospital y funcionarios provinciales.

El nuevo hospital cuenta con 21.730 m² distribuidos en cuatro bloques por piso, planta baja, entrepiso técnico y dos niveles superiores. Presenta doble ingreso (público y emergencias) y doble circulación para pacientes y personal, con patios interiores que garantizan iluminación y ventilación natural. Las salas de espera son amplias y accesibles, al igual que los espacios para familiares y las salas de informes.

El edificio incorpora criterios de sostenibilidad, ya que el 20 % de la energía será generada por paneles solares. Además, cuenta con sistema contraincendios independiente, detectores de humo, central de monitoreo, aire comprimido, vacío médico y una sala de máquinas de última generación.

El piso técnico -entre planta baja y primer nivel- está destinado al mantenimiento seguro de los sistemas de gases medicinales, cloacas, agua, aire acondicionado, tableros eléctricos, ascensores y redes débiles.

Incluye también una Residencia para Madres de otras localidades, destinada a acompañantes de niños en internación.

El nuevo efector será el único hospital de alta complejidad para los nodos Rafaela y Ceres, beneficiando a más de 460.000 habitantes. Tendrá más de 170 camas, distribuidas entre Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y de Adultos, Internación General y Cuidados Críticos.

Entre su equipamiento se destaca el único resonador magnético nuclear público de la región, un tomógrafo, un nuevo mamógrafo, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital directo.

El complejo quirúrgico duplica la capacidad actual, incorporando camillas electrohidráulicas, kits para múltiples especialidades, una segunda torre de cirugía laparoscópica y un electrobisturí de argón, que mejora la precisión en procedimientos complejos. Con esta ampliación se estima reducir en un 50 % la lista de espera quirúrgica regional.

Las áreas de internación se organizan bajo un modelo de cuidados progresivos, con sectores destinados a salud mental, camas adaptadas para personas con obesidad mórbida y habitaciones preparadas para internación conjunta madre-hijo. La Unidad de Cuidados Críticos incluye camas con respiradores y monitores conectados a una central para respuesta inmediata.

Mientras tanto, el edificio de Lisandro de la Torre 737 seguirá albergando consultorios ambulatorios, vacunatorio, enfermería, salud mental, trabajo social, farmacia, Rayos X y ecografía, garantizando accesibilidad a ese sector de la ciudad.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, llevó a gran parte de su equipo a la Comisión de Obras y Servicios de la Cámara de Diputados, para informarles sobre el avance del ambicioso proyecto de Circuito de Ingresos a Puertos (CIP) que viene elaborando y que pretende ordenar el tránsito de casi dos millones de camiones por año no solo por rutas sino por el medio de varias localidades.

"Debemos salir del pobrismo vial" dijo en varias ocasiones el ministro ante legisladores.

"Es un programa ambicioso que implica mucho dinero y mueve muchos intereses y el tema es quién lo paga" disparó el justicialista Marcos Corach, ministro durante la gestión de Omar Perotti y quien, en esa etapa, tuvo muchas reuniones en esas zonas para aplacar ánimos de pobladores ante sucesivos accidentes viales.

Marcos Renna expuso sobre los beneficios del proyecto. Foto: Manuel Fabatia

Cuando se habla del CIP, los números son muy elocuentes: son 34 puertos -dos públicos- los que se encuentran a la vera del Paraná desde Timbúes hasta Villa Constitución. Salen por ellos más de 67 millones de toneladas de productos, especialmente los ligados a cosechas de granos y oleaginosas. El movimiento anual de camiones en la zona está en el orden del millón 900 mil.

La zona en la que el gobierno provincial analiza para intervenir con este circuito abarca unos 443 kilómetros conformados por 11 rutas provinciales (379 km); dos caminos locales (10 km); un ruta nacional con 67 km y 25 trazas urbanas (54 km).

Entre los objetivos del Poder Ejecutivo está discutir con Legislatura la posible concesión de ese corredor. "Para eso necesitamos una ley" aclaró Enrico.

Algunas obras están en marcha, otras en licitación y la clave pasa por la ruta nacional AO 12 que el gobierno santafesina tramita que vuelva a manos provinciales para ejecutar los innumerables trabajos de mejora que demanda y que sería el gran ordenador de tránsito. Dicha ruta funciona como una gran circunvalación de toda la zona entre Pueblo Esther y Ricardone.

"El objetivo es ordenar el problema del tránsito de rutas que llegan a puertos con cargas de 13 provincias con camiones que transportan cargas de 30 toneladas y que hacen los últimos kilómetros -en muchos casos- en caminos de tierra, a paso de hombre y muchas veces sujetos de delito", explicó Enrico.

La AO12 es clave: proponen transformarla en autovía con viaductos.

Los cálculos de gobierno estiman una inversión de mil millones de dólares a realizar en los próximos 20 años y el objetivo es que los realice el sector privado mediante una concesión del corredor. Una de las obras más importantes y que demandaría mayor inversión es la reconversión de la AO 12 y que el gobierno nacional no está dispuesta a realizar.

Para la provincia, en ese corredor se debe transformar en autovía, resolver las interferencias (pasos a nivel de ferrocarril y de rutas provinciales), un viaducto para cruzar la ciudad de Roldán y obras hídricas.

Más allá de las obras en marcha y los proyectos, el objetivo del Poder Ejecutivo es concesionar esos 443 kilómetros para que el concesionario opere y mantenga el corredor, ejecute obras viales colocadas en el pliego y cobre el peaje respectivo. Sobre el proyecto de ley no hubo demasiados adelantos.

Las dudas de legisladores -especialmente de la oposición- están planteados en el escaso interés de las terminales portuarias en aportar para los trabajos viales requeridos. Es allí donde Corach expuso las experiencias que tuvo que afrontar como ministro de la gestión de Omar Perotti. Sobrevoló la propuesta de que la provincia intente cobrar alguna tasa, tema no definido.

Los que sí pagan peajes internos son los camiones que transitan la zona y que -salvo la autopista- va a arcas municipales o comunales. Acá también será necesario un acuerdo con las autoridades locales si es que la provincia pretende llevar adelante el cobro de esos peajes para obras.

No todos son granos los que salen de esas terminales portuarias. Combustibles, cargas generales completan los envíos al exterior. La estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario es que por la presente campaña agrícola el flujo de granos superará las 41 millones de toneladas.

A octubre, en la zona la provincia lleva invertidos unos 217 millones de dólares especialmente en mejoras en rutas, entre ellas la tercera mano en un tramo de la autopista Santa Fe - Rosario. Las restantes son obras en las rutas 10S, 25, 21 y 91 que fueron presentados con gráficos y fotos de trabajos.

El ministro Enrico expone en la Comisión de Obras Públicas de Diputados. Foto: Manuel Fabatía

Parte de los trabajos son financiados por un crédito de la CAF y otros con recursos del Tesoro provincial.

EL CFI y la Universidad Nacional de Rosario están realizando -a pedido del gobierno provincial- nuevos informes sobre estudios de demanda de tránsito, de peajes, y posibles variantes para atravesar Roldán y Ricardone.

El embrionario proyecto necesitará de acuerdos con municipios, con comunas, con el gobierno nacional y por supuesto, con la Legislatura. "Es un proyecto ordenador, que cambia la matriz de circulación" dijo Marcos Renna, el secretario general del ministerio de Obras Públicas quien se encargó de exponer los beneficios que traerá el CIP.

Mencionó, en otras ventajas, la menor siniestralidad vial, mayor seguridad para las cargas, para el resto del tránsito, una mejor convivencia de las localidades con el tránsito pesado, etc.

"Debemos salir del pobrismo vial" repitió en varias ocasiones Enrico que busca una fórmula que permita ejecutar mejoras viales en la zona donde transitan gran parte de las riquezas del país que salen al exterior y que generan divisas.

El secreto parece estar en quienes están en condiciones de invertir o solo será el estado provincial. Además de Santa Fe provincia, son muchos los municipios involucrados, los operadores portuarios e incluso dadores de cargas y empresas de logística.

El gobierno provincial está a la espera de una respuesta de Vialidad Nacional a la posibilidad de transferir a la provincia la ruta AO 12, clave para el CIP. Son varias las reuniones ya realizadas e incluso el organismo nacional tiene estudios sobre cuánto mejoraría -en tiempos- el tránsito de camiones con las obras necesarias para mejorar el corredor.

La diputada de la provincia de Santa Fe Fernanda Castellani y el empresario agropecuario Carlos Rey analizaron el presente del sector y las proyecciones a futuro. Coincidieron en que la región vive una etapa de recuperación y crecimiento, impulsada por la producción, la inversión y el trabajo local.

“La situación del sector agropecuario en la región es muy auspiciosa y entusiasta”, expresó Carlos Alberto Rey, titular de una pyme con larga trayectoria en Rufino. “Después de años de sequía y dificultades, estamos viviendo una de las mejores campañas en materia climática y económica. Eso nos da tranquilidad y esperanza a todos los productores”.

Rey, segunda generación de una familia de empresarios locales, conduce firmas vinculadas al expendio de combustibles, lubricantes y fertilizantes. “Seguimos invirtiendo porque creemos en el potencial de Santa Fe y en el valor de nuestra región. Hoy la provincia está enfocada en la producción y en mejorar la infraestructura, y eso nos motiva a redoblar los esfuerzos”, señaló.

El productor subrayó que uno de los principales retos que enfrenta el sector es la falta de previsibilidad.

“Las pymes necesitamos marcos claros y duraderos. Si las reglas cambian constantemente, se frena la inversión y se genera incertidumbre. Cuando hay estabilidad, el campo y la industria responden con trabajo y crecimiento”, explicó.

También destacó la importancia de contar con precios internacionales sostenibles y con condiciones climáticas que acompañen la nueva campaña. “El clima siempre es un desafío, pero esta vez las perspectivas son alentadoras y eso nos impulsa a seguir adelante”, agregó.

Durante la reunión, la diputada Fernanda Castellani resaltó el papel estratégico del sur provincial y reafirmó su compromiso con el acompañamiento al sector productivo.

“Rufino y toda esta zona son el corazón productivo del sur de Santa Fe. Recorro permanentemente la provincia porque creo en una Santa Fe que produce, que genera empleo y que crece a partir del esfuerzo de su gente. Mi compromiso es seguir acompañando a quienes invierten y sostienen el trabajo local”, sostuvo.

Castellani remarcó la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado:

“El desarrollo no se impone desde arriba; se construye escuchando, planificando y apoyando a quienes todos los días producen. Santa Fe tiene una enorme capacidad y un potencial que debemos seguir fortaleciendo desde cada localidad”, afirmó.

Rey destacó la importancia de seguir generando valor agregado y empleo en la región.

“Las inversiones que se están realizando generan trabajo y fortalecen el desarrollo local. Es el círculo virtuoso de una economía que apuesta a producir”, indicó.

También resaltó el rol de sus empresas —Servicio Integral S.A. y Comercial Diego S.R.L., representantes de YPF en la zona— como parte de ese entramado productivo:

“A través de YPF acercamos productos de alta calidad y tecnología a precios competitivos, lo que fortalece a las pymes locales y potencia la actividad económica de Rufino y la región”.

Con una mirada optimista, Rey dejó un mensaje a los productores del país: “Este es un nuevo ciclo para la Argentina. Después de años difíciles, hay un horizonte que invita a invertir, a apostar y a seguir trabajando. Con esfuerzo y confianza, podemos construir un país próspero y libre”.

Castellani coincidió en esa visión: “El potencial de nuestra provincia es enorme, y Rufino forma parte de ese motor productivo. Lo fundamental es seguir trabajando juntos, con compromiso, planificación y una mirada puesta en el futuro”, concluyó.

Esta mañana el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, supervisó el operativo de vaciamiento de presos de las comisarías de la ciudad de Rosario, cuyos detenidos fueron trasladados a la Sub Unidad 4 del Complejo Penitenciario (CPR). El nuevo espacio, cuya construcción finalizó recientemente, cuenta con cuatro pabellones y 320 plazas. La obra demandó una inversión de $ 8.200 millones.

Al respecto, el gobernador mencionó que “estamos llevando adelante una inversión única en la provincia en construcción de plazas carcelarias: alrededor de 500 millones de dólares a lo largo de 4 años”, y recordó que “en 100 años la Provincia construyó 3.470 celdas, y nosotros en cuanto 4 años pretendemos construir 3.700. Esto nos va a permitir contener a la población penal que hoy está en diferentes cárceles de la provincia, así como sacar a todos los presos que están en las comisarías de las diferentes unidades regionales”.

En ese sentido, “entendemos que sacar a los presos de las comisarías brinda mejores condiciones de seguridad, porque las comisarías no están preparadas para alojar detenidos permanentes, por eso los presos se escapan de ahí”, dijo Pullaro, quien agregó que con esta medida “vamos a ganar por lo menos 20 o 30 móviles más, es decir, binomios de policías que hoy estaban cuidando a los presos en las comisarías, salen a la calle a trabajar en la prevención y en la investigación, para ser más eficientes”.

Asimismo, el gobernador valoró que los detenidos “van a estar en mejores condiciones que hacinados en una comisaría: aquí tienen un patio común, tienen un pabellón común donde pueden interactuar, pueden ir a la escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, pueden hacer deportes, tienen psicólogo, y tienen talleres para aprender 31 oficios, por lo cual quienes se quieren reinsertar en la sociedad, tienen la posibilidad de acceder a las herramientas que el Estado ofrece”.

“Hasta hoy en Rosario quedaban 460 detenidos, de los cuales 60 son mujeres”, informó el mandatario provincial, y dijo que en la nueva Sub Unidad “tenemos celdas para 320 detenidos y vamos a alojarlos en este lugar, por lo que en algunos lugares pondremos a tres en celdas que son para dos”.

Aseveró además que en cualquier caso, las condiciones serán mejor que en una comisaría porque en algunas “hay 50 o 60 detenidos en lugares que son para 12, 15 o 18 personas”. Por eso, el gobernador afirmó que “tenemos que seguir construyendo las cárceles que necesitamos en la provincia”, y mencionó que “la tasa de encarcelamiento por el trabajo de la policía crece a 3,1 detenidos más por día. Eso habla de una mejor administración de la Justicia, pero también de un mejor trabajo de prevención e investigación por parte de la policía. El crecimiento de la tasa y la población penal nos lleva a seguir construyendo cárceles”; y sobre esto, enumeró que “atrás de la cárcel de Piñero se van a construir tres unidades penitenciarias -una será de alto perfil-. Además de las obras que estamos llevando adelante en las unidades de Rosario, de Recreo, de Santa Felicia, más las tres alcaidías regionales que estamos en proceso de comenzar a construir en Rafaela, Melincué y Reconquista. Estimamos que para finales de 2026 tendremos las 3.700 plazas que nos permitirán albergar en condiciones óptimas a toda la población detenida”, concluyó.

El traslado de los detenidos realizado este martes fue una tarea conjunta y coordinada entre el Servicio Penitenciario (participaron 85 efectivos y se pusieron a disposición 15 vehículos) y la Policía de la Provincia (tomaron parte 70 uniformados de la Unidad Regional II, 15 vehículos y dos drones).

Esto se suma al traslado de 83 reclusos alojados en dependencias de la Unidad Regional IX (departamento General Obligado) a los pabellones 8 y 9 del complejo penitenciario Nº 10 de Santa Felicia (departamento Vera), recientemente habilitado; también se reubicaron en Santa Felicia a seis detenidos en San Javier y otros 12 que estaban en Helvecia.

Del acto, realizado en el CPR ubicado en 27 de Febrero al 7800, participaron también el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; Secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana de Rosario, Carolina Labayru; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el secretario de Seguridad, Omar Pereira y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, entre otros.

Con la finalización de esta obra, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta ahora con cuatro penales: dos de hombres (uno de ellos es la Sub Unidad 4 puesta en servicio este martes), uno de mujeres y una alcaidía transitoria. La Sub Unidad 4 consta de cuatro pabellones con un total de 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda. La obra -que se licitó el 9 de abril de 2024- tiene 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados destinados a áreas recreativas y patios.

Desde que empezó su gestión, el gobierno nacional se libró del 92,2 de todas las obras públicas que estaban en marcha o con sus contratos iniciados. Hoy sigue con apenas el 7,8% de esos emprendimientos para mejorar la infraestructura vial, de viviendas, sanitaria y en prevención de inundaciones en todo el país.

Es casi inexistente el mantenimiento en rutas nacionales. Gentileza

En números absolutos, en diciembre de 2023 estaban en ejecución 2.337 proyectos, hoy solo 183. Se dieron de baja 1.668 iniciativas y casi 500 fueron transferidas a provincias y municipios que hoy las pagan con sus propios recursos.

El monumental recorte fue puesto en cifras por primera vez por el sector de la construcción que perdió 120.000 puestos de trabajo en la medición interanual entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024.

Durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción se expusieron esas cifras contundentes y según los empresarios los niveles de empleo hoy siguen muy lejos de los que había hace dos años, aunque no se brindaron esas precisiones.

Fue el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, quien expuso en detalle las cifras. Indicó que son 486 los proyectos de infraestructura un (20,7% del total) los que fueron transferidos a las provincias (465) y los municipios (21).

En contrapartida, la Secretaría de Obras Públicas a cargo del ex presidente del directorio de la EPEC, la empresa de energía eléctrica de la provincia de Córdoba, solo le dio continuidad a 183 iniciativas -el 7,8%-, de las cuales se reiniciaron 122, otras 42 están en proceso de reinicio; hay cuatro licitadas, nueve a licitar y otras seis, no iniciadas.

El gobierno nacional solo siguió con el 7,8% de las obras públicas. Crédito: Guillermo Di Salvatore

"Encontramos 2337 obras, y lo primero fue analizar todo ese stock con varios criterios. Sin dudas, las obras de carácter municipal, como cordones cunetas y techados de pileta, eran lugares donde el Estado nacional no tenía que estar", dijo Giovine a los empresarios del sector.

"Luego se hizo una priorización de obras y se cruzó con la posibilidad de disponer los fondos. En algunas, eran necesario su inicio en forma inminente, y había otras para las que no disponíamos de los fondos inmediatamente. En esa instancia se convocó a las provincias para iniciar la etapa de transferencia de obras", describió.

En tanto, en representación de Camarco, Gustavo Weiss, le respondió. "La inversión en infraestructura debe ser una prioridad absoluta. Debe realizarse tanta inversión privada como sea posible, y tanta inversión pública como sea necesaria", señaló el titular de la cámara, Y estimó que la falta de mantenimiento de las obras requerirá de un esfuerzo de 25.000 millones de dólares por año.

También el dirigente empresarial habló de los procesos de privatización en rutas y otros proyectos vinculados a infraestructura, como la licitación para operar más de 700 kilómetros de la llamada Ruta del Mercosur en dos tramos: el llamado "Oriental" -que incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 y el que corresponde al Puente Rosario-Victoria.

Weiss destacó que las rutas están en malas condiciones y que necesitan una inversión de US$100 millones por corredor para "ponerlas a punto".

"La mitad de la obra grande, fundamentalmente gas y petróleo, está muy demandada. El resto, vivienda individual o edificios, está con un grave problema de costos", describió. Aseguró que se encarecieron los costos para la construcción en un contexto de inflación y baja del dólar. A modo de ejemplo, explicó que construir un metro cuadrado pasó, en solo un año, de 700 a 1.400 dólares.

El gobernador Maximiliano Pullaro presidió este jueves en Rosario la apertura de sobres de la licitación para adquirir 300 chalecos antibala y antipunzantes destinados a agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe. La licitación, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto con la Unidad Ejecutora de Infraestructura, contempla la compra de chalecos de protección individual RB3, de uso externo, con capacidad para resistir impactos de armas de fuego y ataques con armas blancas.El equipamiento demandará una inversión provincial de $ 337.500.000 y se sumará a los 300 chalecos ya licitados en marzo. La única oferta recibida fue presentada por la empresa FC Group SRL, que cotizó la compra en $ 285.000.000.Durante el acto, Pullaro afirmó: “Estamos cumpliendo un paso más en este proceso para recuperar la paz y la tranquilidad que necesitaban la mayoría de los vecinos, que en los últimos años vivieron muy mal. Nosotros entendimos que debíamos dar respaldo total a las fuerzas de seguridad”.En ese sentido, el mandatario remarcó: “Sabíamos que venían momentos difíciles porque no contábamos con el equipamiento, las herramientas normativas ni la capacidad para revertir lo que ocurría en las cárceles y en la calle. Sin embargo, confiamos en el personal y en el liderazgo de nuestros jefes policiales y penitenciarios para retomar el control. Y así, en muy poco tiempo, empezó a sentirse un cambio significativo en la provincia”.Pullaro agradeció el compromiso del personal del Servicio Penitenciario: “Se ha demostrado que cuando el Estado tiene voluntad y decisión política, puede lograr resultados. Ahora nos corresponde avanzar en una etapa más lenta, vinculada no solo a la planificación operativa y a las órdenes concretas, sino también a la llegada de equipamiento, armamento e infraestructura”.“Por eso, compramos chalecos, móviles y armamento, y estamos por inaugurar las primeras etapas de un programa de infraestructura carcelaria único en la historia de la provincia y del país. Vamos a duplicar las plazas penitenciarias construidas en los últimos 100 años, generando 3.400 nuevas celdas en solo cuatro años. Lo hacemos con la firme convicción de que este es el camino para llevar paz y orden a toda la sociedad santafesina”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recordó que “hace poco más de tres décadas, durante una toma de rehenes, perdió la vida un suboficial del Servicio Penitenciario. En su honor, la Escuela Penitenciaria lleva hoy su nombre: Marcos Sánchez. Pero más allá de los homenajes, queremos asegurarnos de que hacemos todo lo posible para brindar protección a cada uno de nuestros penitenciarios, así como lo hacemos con los policías”.Cococcioni subrayó que “la vida y la integridad física de las fuerzas del orden son pilares fundamentales de nuestra política de seguridad. Debemos cuidar a quienes nos cuidan. La tarea del penitenciario es crucial. Y cuando una cárcel no se gestiona adecuadamente, las consecuencias se ven en la calle”.Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó: “Vamos a contar con el equipamiento necesario y con unidades operativas adecuadas para cumplir nuestro trabajo y garantizar la seguridad en la provincia. No habrá unidades con personal desprotegido. El grupo de requisa, integrado por 150 efectivos que trabajan de forma permanente para controlar las unidades y evitar el ingreso de elementos prohibidos, será el principal destinatario de estos chalecos”.La actividad se desarrolló en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario. Estuvieron presentes también el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orsiani, y otras autoridades provinciales.