El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves la Unidad Penitenciaria N° 9 en Recreo, en el departamento La Capital. El edificio contará con 891 plazas carcelarias y tendrá uno de sus pabellones destinado a mujeres. El nuevo complejo permitirá descomprimir las comisarías de la región. Entre la construcción y la tecnología dispuesta, la inversión alcanza los 80 millones de dólares.

En ese contexto, Pullaro reconoció que “los santafesinos estábamos hartos que desde las cárceles controlen la calle y que a esta provincia la hayan hecho arrodillar y la hayan llamado la provincia del narcotráfico”, por lo cual aseguró que “cuando el Estado quiere puede poner límites y cuando hay determinación y decisión, podemos dar los debates ideológicos que demanda la sociedad para poder vivir mejor”.

En ese sentido, el gobernador manifestó “no sentir vergüenza” de dar el debate necesario para “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país y que ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”, convocando a “combatir ideológicamente y con datos concretos, a ese garantismo bobo que pretende debatir en Santa Fe la política pública de seguridad”.

El mandatario provincial aseguró que el Estado “cuando se organiza con determinación, decisión y no pacta con los delincuentes, es más fuerte que cualquier organización criminal”, por lo que sentenció: “Que no vengan a hablar de pacto aquellos que fracasaron y nos llevaron a los índices más altos de violencia y de delito en la provincia, porque aquí el Estado, a los delincuentes, los va a buscar a sus casas y con el marco que determina la ley, les rompe la puerta, los detiene y los pone en pabellones de alto perfil”.

Además, Pullaro destacó que la unidad penitenciaria inaugurada “es la cárcel más moderna que hay en Argentina, con los muros, las rejas, el personal y la tecnología necesarias para permitirnos tener mejores niveles de seguridad”, y señaló que su plan de seguridad “no llega hasta acá” sino que “nuestro objetivo es que Santa Fe sea la provincia más segura del país”, dijo.

Y en relación a esto, recordó que “el kirchnerismo hablaba de seguridad pública y nos corría todo el tiempo con eso, pero hoy no hablan más. Corrieron de la agenda política y pública la seguridad”, remarcó y sentenció que desde su gestión “no corremos a la seguridad de la agenda pública porque si la sociedad siente que está mucho mejor, nosotros le decimos que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy”.

Esta nueva Unidad Penitenciaria forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria, que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

La UP 9 cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres.

Del acto participaron la ex vicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el secretario de la Unidad Ejecutora de infraestructura, Diego Leone; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el intendente de Recreo, Omar Colombo; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, Clara García; el diputado provincial, Antonio Bonfatti; la subdirectora general del Servicio Penitenciario, Gabriela Tarnovsky; el director de la Escuela Penitenciaria N.º 9, Ignacio Sola; legisladores provinciales y nacionales; autoridades provinciales y municipales.

El desarrollo masivo de Vaca Muerta está abriendo un nuevo e histórico capítulo para la balanza comercial de la Argentina. Más allá del petróleo y el gas natural por gasoducto, los líquidos del gas natural -principalmente el propano y el butano- emergen como una oportunidad clave para diversificar la canasta energética nacional y captar divisas.

Según un reciente informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el país tiene el potencial de multiplicar sus ventas externas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hasta superar los US$2.000 millones anuales a partir de 2030.

El estudio detalla que durante 2025 la producción nacional de GLP y líquidos de gas natural (NGL) comercial alcanzó los 3 millones de toneladas anuales, de las cuales se exportaron cerca de 1,63 millones (sumando GLP, propano licuado y butano licuado).

No obstante, el verdadero salto de escala ocurrirá en los próximos años. En un escenario base, la producción de la Argentina escalará a rangos de entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas para 2030, y se ubicará entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales en 2035.

Bajo un esquema de máxima ejecución y coordinación entre proyectos, el techo productivo podría rozar un volumen de entre 8 y 9 millones de toneladas, señalan los analistas de la UA, en cuya oferta académica incluye una Maestría en Gestión de la Energía.

Los analistas explican que este crecimiento se traducirá de forma directa en capacidad exportadora. De las actuales 1,6 millones de toneladas de GLP despachadas al exterior, el país proyecta saltar a un potencial de 3 a 3,4 millones de toneladas anuales hacia 2030 -sin contabilizar el proyecto asociado al GNL de Río Negro- y sobrepasar las 5 millones de toneladas anuales para el año 2035.

Para materializar estas proyecciones, la industria petrolera delinea tres desarrollos estratégicos que redefinirán la capacidad de procesamiento de la cuenca:

Ampliación de Compañía Mega: Prevé incrementar su capacidad de procesamiento diario de 4.800 a 7.200 toneladas (un alza cercana al 50%). La primera etapa demandaría un desembolso de entre US$250 y US$260 millones, en el marco de un plan de inversión global presupuestado en unos US$650 millones.

Megaproyecto de Líquidos de TGS: Vinculado al estratégico eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca, esta obra prevé una inversión superior a los US$3.000 millones. Su capacidad nominal alcanzará entre 2,7 y 2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+ (mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen tres o más átomos de carbono).

Asumiendo que el propano y el butano representen el 85% de ese caudal, este solo proyecto inyectará unas 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial al mercado cuando opere a plena capacidad.

Polo de GNL en Río Negro: El acondicionamiento previo del gas destinado a la licuefacción para su exportación como Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías generará un polo de separación complementario con el complejo de Bahía Blanca. Esto permitirá producir propano, butano y gasolina natural adicionales directamente en la terminal portuaria de Río Negro.

El informe detalla que en la actualidad, los destinos consolidados del GLP argentino son los mercados limítrofes y regionales. Brasil se erige como el comprador más relevante debido a su proximidad geográfica, la escala de su mercado y su marcado déficit estructural.

Por su parte, Chile ofrece un canal logístico y geográfico sumamente complementario, al tiempo que Paraguay, Uruguay y Perú completan el mapa de exportación de cercanía.

Sin embargo, el drástico incremento en la producción obligará a la Argentina a competir en las grandes ligas globales, con la mira puesta en Asia. Países como China, Japón y Corea del Sur demandan enormes volúmenes de propano y GLP.

Destaca especialmente el caso de la India, que comenzó a emerger entre 2025 y 2026 como un destino estratégico para cargamentos puntuales de GLP argentino. El gran desafío comercial de los próximos años será convertir esos envíos esporádicos en relaciones de suministro sólidas y a gran escala.

El informe del Instituto de Energía advierte con firmeza que la principal limitación para concretar este salto exportador no es la disponibilidad del recurso en el subsuelo, sino la infraestructura superficial.

La transformación del potencial geológico de Vaca Muerta en divisas exigirá una fuerte expansión en áreas críticas: capacidad de separación en origen, tendido de nuevos poliductos, capacidad de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria (Bahía Blanca, General Cerri y Puerto Galván cumplirán roles estratégicos) y una estrecha coordinación entre los distintos proyectos.

El panorama completo, las proyecciones detalladas y la inserción argentina en los mercados globales serán el eje central del debate que mantendrán las principales autoridades, productores, traders y compradores mundiales el próximo 10 de septiembre en el Seminario Internacional de GLP, organizado por la Universidad Austral.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) -compuesto principalmente por una mezcla de propano y butano- es uno de los combustibles más versátiles debido a que se licúa a presiones moderadas, permitiendo transportarlo fácilmente en garrafas, cilindros o tanques fijos (zepelines) a zonas donde no llegan las redes de gasoductos. Su uso es variado.

Por Antonio Bonfatti y Varinia Drisun

Dentro de pocos días, Santa Fe recibirá a miles de deportistas de todo el continente. Del 12 al 26 de septiembre, nuestra provincia será sede de los XIII Juegos Suramericanos, una de las competencias deportivas más importantes de la región. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante dos semanas tendremos la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento extraordinario. Veremos grandes deportistas, recibiremos visitantes de toda Sudamérica y tendremos los ojos de buena parte del continente puestos sobre nuestra provincia.

Creemos, además, que debemos mirar un poco más allá.

Porque los grandes acontecimientos tienen algo inevitablemente fugaz. Llegan las delegaciones, se encienden las luces, se llenan los estadios, se baten récords, se entregan medallas y, finalmente, todos regresan a sus casas.

Por eso, la pregunta más importante no es solamente qué ocurrirá durante esos quince días.

La pregunta verdaderamente importante es qué quedará el día después.

Y quedará mucho.

Santa Fe realizó una inversión superior a los US$90 millones en infraestructura vinculada con los Juegos. Se construyeron y modernizaron estadios, centros deportivos, pistas, espacios para distintas disciplinas y Villas Deportivas. Rosario sumó, entre otras obras, un Centro Acuático y nuevos estadios; Santa Fe transformó el Centro de Alto Rendimiento Deportivo; Rafaela incorporó un estadio multipropósito, un velódromo cubierto y pistas para BMX y skate; y Recreo, un Centro de Tiro Deportivo. También se realizaron intervenciones en clubes e instituciones que serán escenarios de las competencias.

Cuando terminen los Juegos, todo eso seguirá ahí.

Las competencias duran dos semanas. Las obras pueden transformar una comunidad durante décadas.

Miles de chicos y chicas podrán practicar deportes en mejores condiciones. Clubes, federaciones y deportistas dispondrán de infraestructura y equipamiento de nivel internacional. Nuestras ciudades estarán mejor preparadas para recibir nuevas competencias. Y Santa Fe habrá incorporado un patrimonio deportivo, urbano y social que será de todos.

Ese es un gran legado. Pero hay otro que, en la Argentina que vivimos, no podemos soslayar: el trabajo.

Detrás de cada estadio, cada pista, cada vivienda y cada obra hubo trabajadores, profesionales, empresas, proveedores y servicios. Y durante los Juegos, la llegada de miles de deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y visitantes significará también movimiento para hoteles, restaurantes, comercios, transportes y muchas otras actividades.

Esto ocurre en un país donde para muchísimas familias llegar a fin de mes se convirtió en una preocupación cotidiana, y donde muchas personas necesitan sumar otro ingreso a su trabajo habitual y tampoco resulta sencillo conseguirlo.

Por eso, cuando hablamos de inversión pública, no estamos hablando solamente de cemento, ladrillos o grandes edificios. Estamos hablando de trabajo, actividad económica y oportunidades.

Y también de una determinada manera de entender al Estado.

A lo largo de nuestro recorrido por la vida pública, aprendimos que gobernar no es solamente administrar lo que existe ni atender los problemas que aparecen cada mañana. Gobernar es también anticiparse. Es imaginar cómo queremos que sea nuestra provincia dentro de diez, veinte o treinta años y tomar en el presente las decisiones que permitan construir ese futuro.

Una provincia no se desarrolla esperando que las cosas sucedan. Se desarrolla cuando planifica, establece prioridades, invierte, articula esfuerzos y construye capacidades.

Los Juegos Suramericanos son una demostración de esa capacidad y una oportunidad para proyectar a Santa Fe hacia el mundo.

Los Juegos también proyectarán a Santa Fe hacia nuestra región. El deporte tiene una enorme capacidad para acercar a nuestros pueblos. Los países de Sudamérica compartimos una historia y tenemos por delante desafíos que requieren mayor integración y cooperación.

También por eso estos Juegos importan.

Santa Fe tiene una extraordinaria tradición deportiva. De esta provincia surgieron mujeres y hombres que llegaron a lo más alto del deporte mundial. Pero una sociedad no puede conformarse con celebrar a quienes lo consiguieron. Tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que muchos otros tengan la oportunidad de intentarlo.

Infraestructura pública, clubes fuertes, espacios de encuentro, entrenadores, federaciones, educación y acceso al deporte forman parte de esas condiciones.

Hay, finalmente, una enseñanza institucional que considero fundamental.

Las grandes políticas de una provincia deben ser capaces de trascender a los gobiernos y a los nombres propios. Las diferencias políticas son legítimas y necesarias en una democracia. Pero existen objetivos que deben convertirse en políticas de Estado y sostenerse en el tiempo.

Estos Juegos son un ejemplo. Algunas de las obras y decisiones que hicieron posible llegar hasta aquí comenzaron durante las gestiones anteriores. Y corresponde reconocer fundamentalmente la decisión y voluntad del gobernador Maximiliano Pullaro y de los intendentes de las ciudades mencionadas -Pablo Javkin en Rosario; Juan Pablo Poletti en Santa Fe; Leonardo Viotti en Rafaela- de sostener este proceso, concretar las inversiones necesarias muchas de ellas en tiempo record y asumir el desafío de organizar unos Juegos de esta magnitud.

Eso es lo que debería ocurrir con las políticas importantes de una provincia.

Una obra pública no pertenece a quien la anuncia ni a quien corta la cinta. Pertenece a la sociedad que la hizo posible y a las generaciones que van a utilizarla.

Quienes tuvimos la enorme responsabilidad de gobernar Santa Fe sabemos que muchas veces se inauguran obras que otros imaginaron, se continúan proyectos que otros comenzaron y se dejan encaminadas transformaciones que otros tendrán la responsabilidad de terminar. Esa continuidad no disminuye a ningún gobierno. Al contrario: habla de la madurez de una provincia.

Por eso creo que debemos recibir estos Juegos con alegría y orgullo, pero también con una mirada larga.

Durante quince días alentaremos a nuestros deportistas, celebraremos sus triunfos, recibiremos a nuestros hermanos sudamericanos y disfrutaremos de un acontecimiento que quedará en la memoria de Santa Fe.

Pero el verdadero éxito de los Juegos comenzará a medirse cuando los Juegos hayan terminado.

Se medirá cuando un chico aprenda a nadar en una piscina construida para estos Juegos. Cuando una joven pueda entrenar en una pista que antes no tenía. Cuando un club organice una competencia que antes hubiera sido imposible realizar. Cuando una familia habite una vivienda que primero recibió a una delegación deportiva. Cuando una ciudad vuelva a recibir visitantes porque demostró que estaba preparada para hacerlo.

Se medirá, en definitiva, en todo aquello que hayamos sido capaces de dejarles a los que vienen después de nosotros.

Porque gobernar también es eso: aprovechar las oportunidades del presente para construir un futuro que quizás otros inauguren y que, finalmente, será de todos.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó que 12 establecimientos educativos del departamento General López fueron beneficiados con nuevos aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), un programa del Gobierno de Santa Fe destinado a financiar obras de infraestructura y mejoras edilicias en instituciones educativas.

La inversión total asciende a $190.251.558 y fue posible gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación, José Goity, de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar en toda la provincia.

"Cada una de estas obras representa una mejora concreta para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa. Hay una decisión muy clara del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro José Goity de seguir invirtiendo en educación, entendiendo que una escuela en mejores condiciones también genera mejores oportunidades para aprender", expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Los aportes permitirán ejecutar obras de infraestructura y mejoras en establecimientos educativos de Firmat, Rufino, Cafferata, Teodelina, Labordeboy, Carmen, Murphy, Sancti Spíritu y Villa Cañás. Entre los trabajos previstos se encuentran refuerzos estructurales, ampliación y refacción de cocinas, renovación de sanitarios, construcción de galerías y cercos perimetrales, recambio de cubiertas y aberturas, desagües pluviales y la incorporación de mobiliario escolar.

Los aportes alcanzan a 12 establecimientos educativos del departamento General López. En Firmat fueron beneficiados el Taller de Educación Manual N.º 52 “Carlos Casado del Alisal”, la Escuela N.º 159 “9 de Julio” y el ISPI N.º 9088 “Virgen de la Merced”; en Rufino, el Jardín de Infantes Nucleado N.º 116 “20 de Noviembre” y la Escuela N.º 171 “Bernardo Monteagudo”; en Cafferata, la Escuela N.º 539 “Domingo Faustino Sarmiento”; en Teodelina, la Escuela N.º 1077 “Martín Miguel de Güemes”; en Labordeboy, la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 358, Modalidad Agraria; en Carmen, la Escuela N.º 165 “General Manuel Belgrano”; en Murphy, la Escuela N.º 670 “Dr. Ricardo Gutiérrez”; en Sancti Spiritu, la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8075; y en Villa Cañás, el Jardín de Infantes Particular Incorporado N.º 13.049 “San José”.

"Detrás de cada aporte hay respuestas a necesidades que las comunidades educativas venían planteando. Vamos a seguir acompañando las gestiones para que más escuelas puedan concretar las obras que necesitan, porque invertir en educación también es invertir en el futuro de nuestra provincia", concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Comenzaron en Casilda las obras para reactivar y finalizar la construcción de 52 viviendas, que se distribuyen en tres sectores de la ciudad. Con un avance actual cercano al 30%, el proyecto demanda una inversión provincial superior a los 2.600 millones de pesos. Esta iniciativa también contempla la ejecución de la infraestructura y los servicios esenciales para su funcionamiento.

Los trabajos para reactivar y finalizar la construcción de 52 viviendas en Casilda ya están en marcha, distribuidas en tres sectores de la ciudad. El proyecto presenta actualmente un avance cercano al 30 % y contempla una inversión provincial superior a los $ 2.600 millones. Las tareas se iniciaron a partir de acuerdos establecidos entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Casilda, con el objetivo de culminar las unidades habitacionales y las obras de infraestructura necesarias para su funcionamiento.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló el compromiso de la provincia de «finalizarlas dentro de un año y entregarlas a las familias». El funcionario destacó la importancia de garantizar la continuidad de estos trabajos para completar proyectos habitacionales que habían quedado paralizados y llevarlos a su etapa de finalización.

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, detalló que las 52 unidades se distribuyen en tres localizaciones diferentes de Casilda. Un total de 36 viviendas se encuentran en la manzana N.º 55, delimitada por las calles San Luis, Sargento Cabral, La Rioja y Chile. Otras 11 están ubicadas en la manzana N.º 18, sobre Dante Alighieri, entre Alvear y bulevar Argentino. Las cinco unidades restantes se encuentran en la manzana N.º 71, en el sector de Alvear y bulevar Villada, y dos de estas viviendas fueron diseñadas con características adaptadas para personas con discapacidad. Crivelli explicó que la ejecución del proyecto requiere coordinar las tareas correspondientes a las unidades habitacionales con las obras de infraestructura de cada sector.

Las unidades corresponden al prototipo compacto de dos dormitorios y cuentan con una superficie de 63,97 metros cuadrados. Cada vivienda tendrá cocina-comedor integrada, baño, lavadero exterior y patio, además de las instalaciones necesarias para garantizar la provisión de los distintos servicios.

La obra también incluye infraestructura urbana, con la ejecución de cordón cuneta, alumbrado público, redes de energía eléctrica, agua potable y cloacas, además de la provisión de gas envasado. La Municipalidad de Casilda prevé colaborar con trabajos complementarios vinculados con los cercos perimetrales y los nexos de agua y cloacas, de acuerdo con la factibilidad técnica de cada sector. Asimismo, se contempla la articulación con la Empresa Provincial de la Energía para avanzar en las tareas relacionadas con el tendido eléctrico del barrio.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Hábitat y Vivienda, cuando la obra alcance aproximadamente el 80 % de ejecución, se prevé convocar a las familias interesadas para iniciar el proceso de inscripción al sorteo a través del Registro Digital. Esta instancia de inscripción y posterior sorteo permitirá avanzar en la selección de los futuros adjudicatarios, de acuerdo con los requisitos establecidos para el acceso a las unidades habitacionales. Con los trabajos actualmente en marcha, el proyecto avanza hacia la finalización de las viviendas y de las obras complementarias necesarias para su habilitación.

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto dará un nuevo paso en su estrategia de incorporación de energías renovables con la construcción de un parque solar fotovoltaico que demandará una inversión del orden de los 500 mil dólares y que permitirá sumar generación propia al sistema eléctrico local.

La obra se emplazará en un terreno adquirido por la concesionaria en 2018, de aproximadamente tres cuartos de hectárea, ubicado sobre Ruta 8, a la altura del kilómetro 376, en cercanías de Nidera. La ubicación fue elegida por razones técnicas, ya que permitirá contar con un nuevo punto de generación cercano a la red de distribución.

El gerente técnico de la Cooperativa Eléctrica, ingeniero Cristian Marmiroli, explicó que uno de los objetivos centrales del proyecto es mejorar la calidad del servicio para los asociados mediante una generación ubicada estratégicamente.

“Lo que buscamos es proporcionar una mejor calidad a todos los asociados a través del punto de generación, que además de permitir inyectar energía limpia a la red, reducirá las pérdidas en el sistema de distribución”, indicó.

En ese sentido, Marmiroli aclaró que cuando se habla del punto de compra, se hace referencia al lugar donde la Cooperativa recibe la energía proveniente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para luego distribuirla en toda la ciudad. La incorporación de generación propia en otro sector del sistema permitirá optimizar el funcionamiento de la red y reducir parte de esas pérdidas técnicas.

Resuelta por el Consejo de Administración que preside Ademar Aznar, la inversión prevista, cercana a los 500 mil dólares, contempla la adquisición e instalación de los principales componentes del sistema: paneles solares, inversores, equipamiento de transformación y la conexión en media tensión necesaria para incorporar la energía generada a la red.

El proyecto contempla la instalación de 1.140 paneles solares, con orientación hacia el norte y una inclinación de 30 grados, alcanzando una potencia pico de 815 kilovatios.

La generación estimada será de aproximadamente 1.400 MWh anuales, con una subestación transformadora de un megavatio, prevista para permitir una eventual inyección hasta esa potencia si las condiciones técnicas lo requieren.

Marmiroli explicó que la capacidad definida no responde únicamente al espacio disponible en el terreno, sino a un análisis integral del sistema eléctrico.

“Los límites de potencia están establecidos no sólo por el área del terreno, sino también por cuestiones técnicas, por las cuales se decide instalar una potencia acorde al consumo de la zona y que represente un beneficio para la red de distribución”, señaló.

Actualmente, el predio se encuentra limpio y nivelado, y avanzan las tareas preparatorias necesarias para la instalación del equipamiento.

Según informó el gerente técnico, el inicio de la colocación de los paneles está previsto para el transcurso de este mes, una vez finalizadas las obras civiles y recibidos los equipos principales.

El plazo total de ejecución estimado es de 90 días, por lo que el objetivo de la Cooperativa es que el parque pueda estar operativo antes del comienzo del período de mayor demanda eléctrica, previsto para diciembre.

Además del beneficio ambiental asociado a la generación renovable, el proyecto tiene un impacto económico vinculado a la reducción de la energía que la Cooperativa debe adquirir.

Marmiroli explicó que, al tratarse de una entidad sin fines de lucro, cualquier mejora en la eficiencia o reducción de costos de abastecimiento puede trasladarse en beneficios para los asociados.

“Puede reflejarse en mejores cuadros tarifarios para los asociados, contribuyendo a moderar futuros incrementos”, sostuvo.

En cuanto al aporte energético, el parque cubrirá aproximadamente entre el 1 y el 2 por ciento del consumo anual de Venado Tuerto. Sin embargo, durante los momentos de mayor generación solar, su aporte en términos de potencia será superior.

Además, esta nueva instalación se sumará a otras fuentes renovables ya existentes en la ciudad: una central de biogás de 2 MW y alrededor de 100 usuarios-generadores, que en conjunto aportan cerca de 1,5 MW de potencia solar instalada.

Desde la Cooperativa remarcaron que este parque representa el primer paso dentro de una estrategia más amplia de incorporación gradual de energías renovables.

“El objetivo es avanzar siempre bajo criterios técnicos que garanticen la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico”, explicó Marmiroli.

En esa línea, la entidad ya trabaja en nuevos proyectos. Uno de los más avanzados es la construcción de un parque solar en la localidad de Maggiolo, que se desarrollaría en conjunto con la Comuna, que aportaría el predio necesario para la instalación.

Ese nuevo emprendimiento tendría una potencia similar al parque que se construirá en Venado Tuerto, consolidando una política de generación distribuida que busca sumar energías limpias al sistema regional.

Este jueves 23, en las instalaciones del cuartel de Bomberos de Venado Tuerto se presentó la nueva unidad que incorpora la institución. A respecto, el jefe del Cuerpo Activo, Francisco Acrap brindó detalles sobre el camión Iveco Eurocargo 150 240 con tracción 4x4. La adquisición, que llevó cerca de dos años de planificación entre la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo, representa una inversión aproximada de 140.000 euros (más de 230 millones de pesos al cambio actual).

Según explicó Sergio Gamberoni, presidente de la Comisión, el vehículo fue importado desde Holanda . Para reducir costos sin resignar calidad, se optó por un chasis 0 km con un módulo de equipamiento usado pero reacondicionado en Europa y Argentina, lo que permitió un ahorro significativo frente a los 200.000 euros que habría costado una unidad íntegramente nueva. En cuanto a la financiación, detalló que se logró mediante diversas fuentes: fondos provenientes del 0,4% de los seguros contratados en el país (nacional); recaudación de la tasa de gasoil al campo y convenios municipales por el desguace de vehículos (local); y fondos obtenidos a través del bono contribución de la institución (propios).

Asimismo, Gamberoni señaló que aún resta cancelar una parte de la inversión, cercana a los 30 millones de pesos.

La nueva unidad se destaca por su versatilidad. Al ser un vehículo de tracción total importado de Europa -dado que este modelo específico no se fabrica en Argentina-, ofrece una maniobrabilidad superior en caminos rurales de difícil acceso y trabajos extremos. Está equipado con un motor diésel de seis cilindros y 240 HP.

Aunque el chasis es totalmente nuevo, el equipamiento de carrozado (tanque y motobomba) es usado pero reacondicionado a nuevo y fijado al camión bajo normas operativas locales. Entre sus especificaciones técnicas, resalta una motobomba alemana marca Ziegler capaz de lanzar 1.600 litros por minuto, funcionando de manera independiente al motor del camión y un malacate delantero de 13.500 libras para maniobras de auto-rescate o auxilio a terceros, detalló Acrap.

Pensando en los incendios de pastizales -frecuentes en la región durante el invierno debido a las heladas y la sequedad-, el jefe del CA especificó que la unidad cuenta con un sistema de rociadores comandados desde la cabina. “Estos picos permiten refrigerar el terreno y las cubiertas del vehículo mientras avanza, minimizando riesgos para el personal y el equipo”. Además, posee un tanque de 7.500 litros, lo que representa una mejora significativa frente a los 6.000 litros de la unidad que reemplaza.

Con la llegada de este Iveco, que llevará el número de Móvil 5, la institución mantiene su parque automotor en 12 unidades. Acrap explicó que la política del cuartel no es necesariamente agrandar la flota, sino renovarla cíclicamente para evitar el deterioro por el uso intenso. El anterior Móvil 5 (un Ford 7000) será trasladado para su venta a la empresa proveedora, con el fin de seguir recaudando fondos para el mantenimiento operativo.

La institución anunció que ya se encuentra a la venta el nuevo Bono Contribución, fundamental para sostener el costo operativo diario de una estructura de 100 personas y un edificio de 8.500 m².

Los precios varían según la cantidad de números asignados. El de $20.000 otorga dos números; el de $30.000, tres; y así sucesivamente hasta el de $80.000. Existe además una edición limitada de $10.000 exclusiva para jubilados que colaboran históricamente con el cuartel.

Los premios mensuales se sortean todos los últimos sábados de mes por la Lotería de Santa Fe. Los montos son de 3 millones de pesos para el primer premio, 1 millón para el segundo y 800 mil pesos para el tercero.

El gran sorteo final será el último sábado de junio de 2027, con premios de 30 millones, 6 millones y 3 millones de pesos.

Por otro lado, quienes tengan pagada la totalidad de la rifa al 30 de noviembre participarán por única vez de un sorteo especial de Navidad por un TV de 50 pulgadas.

Gamberoni advirtió que es fundamental mantener las cuotas al día, ya que, si el número sale sorteado pero no está pago, el ganador no podrá cobrar el premio.

Para evitar estafas, el dirigente aclaró que existen 13 vendedores autorizados (que no son bomberos). Estos visten una campera identificatoria del cuartel y portan una credencial con su foto, nombre y la firma y sello del presidente. Ante cualquier duda, los vecinos pueden verificar la identidad del vendedor llamando al 100 o al 420-420.

Más allá de las cuestiones logísticas, Acrap destacó el orgullo de la institución por sus integrantes ya que recientemente, cuatro bomberos del cuartel participaron de la misión de rescate en Venezuela como parte de la brigada USAR Santa Fe, tras dos años de intensa capacitación.

En cuanto al futuro, el cuartel busca financiamiento y subsidios provinciales para avanzar en su campo de entrenamiento, específicamente en simuladores de incendios, para continuar profesionalizando a sus efectivos ante las crecientes demandas de la región.

El Gobierno Provincial abonará este jueves 23 de julio, el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de junio no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.

En el mes de junio, 56.797 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia y 6.359 sólo tuvieron una falta. El monto total de inversión ascendió a $ 8.927.082.164

Este mes también se abonará el premio trimestral (abril, mayo y junio) para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. El incentivo trimestral alcanzó a 49.269 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de los cuales 42.299 no tuvieron ninguna ausencia y 6.970 solo tuvieron una. El monto total de inversión fue de $ 10.299.027.246.

Cabe destacar que el monto total de inversión entre el premio mensual y el trimestral asciende a $ 19.226.109.410.

También en el mes de junio se otorgó un incremento en el incentivo a la Asistencia Perfecta del 15 % para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. De esta forma, en junio un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $ 241.679 mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $ 120.839, un docente con sistema de jornada completa percibirá $181.260 y por hora cátedra de nivel superior $ 10.072 y por hora cátedra de otros niveles $ 8.058.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 120.840 (cargo directivo y supervisión); $ 60.419 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 90.630 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 5.036 por hora cátedra de nivel superior, y $ 4.029 por hora cátedra de otros niveles.

En cuanto al reconocimiento trimestral, con el aumento del 15%, los montos quedaron de la siguiente manera:

Un docente con cargo directivo y supervisión que no tenga ninguna falta en el trimestre recibirá $ 362.099, un docente de hasta 352 puntos percibirá $181.260 , un docente con sistema de jornada completa cobrará $ 271.890 y por hora cátedra de nivel superior recibirá $ 15.106 y por hora cátedra de otros niveles, $ 12.085.

Y para aquellos que sólo registren una falta en el trimestre representará $ 181.050 (cargo directivo y supervisión), $ 90.630 para cargo docente de hasta 352 puntos, $ 135.945 para docentes con sistema de jornada completa y se abonará $ 7.553 por hora cátedra de nivel superior y $ 6.043 por hora cátedra de otros niveles.

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.

El Gobierno de Venado Tuerto efectuó una importante adquisición de piedra triturada para mejorar la transitabilidad en calles con calzada natural, en el marco del plan integral de arreglo de calles.

Con una inversión del orden de los 125 millones de pesos, tras un proceso licitatorio se incorporarán a la órbita de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas 3 mil toneladas de piedra granítica triturada 0-30, para su colocación en calles no pavimentadas.

Esto a su vez, este material permitirá avanzar en trabajos de nivelación y reconstrucción de calzadas en distintos barrios, asegurando una inclinación adecuada para el drenaje de agua.

Cabe agregar que desde el inicio de esta semana, a través del área Arreglo de Calles, se colocó piedra en arterias de los barrios San Vicente e Iturbide, además de las tareas de perfilado en Ciudad Nueva, Güemes y Cayetano Silva.

El Área Recreativa Norte (AReN) suma un nuevo frente de obra con el avance en la construcción de su red de senderos peatonales y ciclovías, una infraestructura que comienza a darle forma al futuro parque ubicado en el norte de Venado Tuerto.

En esta etapa, el Gobierno municipal trabaja con la colocación de losetas premoldeadas de hormigón pretensado, adquiridas mediante licitación pública. Se trata de 3.300 piezas de tres metros de largo por 1,20 metros de ancho, diseñadas especialmente para este tipo de recorridos.

El proyecto contempla la ejecución de una ciclovía de 1.200 metros, un sendero peatonal de 1.700 metros y un circuito recreativo de 800 metros, conformando una amplia red de circulación para vecinos y visitantes.

Desde el Municipio destacaron que el diseño fue desarrollado teniendo en cuenta las características naturales del terreno y respetando la cota de inundación, con el objetivo de garantizar una intervención sustentable y preparada para el largo plazo.

La obra se desarrolla en el sector comprendido por Lussenhoff, Valdez, Lavalle y ruta 8, donde se proyecta un nuevo espacio público que acompañará el crecimiento del sector norte de la ciudad.

El futuro Área Recreativa Norte contará además con espejos de agua, espacios verdes, puentes peatonales, rampas y accesos, en una propuesta integral destinada al deporte, la recreación y el disfrute familiar.

La iniciativa forma parte del plan de inversión en obra pública del Gobierno de Venado Tuerto, con el objetivo de sumar infraestructura urbana y generar nuevos espacios que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezaron este lunes en el Parque Industrial de Funes la puesta en funcionamiento del nuevo sistema provincial de operación logística sanitaria, desde donde partió el primer envío de medicamentos e insumos hacia 50 farmacias y droguerías de la red pública. Desde esos puntos se completará la distribución a más de 700 centros de salud y hospitales de toda la provincia.

La implementación representa un cambio estructural para el sistema sanitario santafesino: por primera vez la Provincia cuenta con una estrategia integral para recibir, almacenar y distribuir medicamentos y productos médicos a gran escala, incorporando trazabilidad, control de stock y logística especializada. El esquema busca garantizar abastecimiento sostenido ante la retracción de programas nacionales -durante la actividad se mostró la caja vacía del Plan Remediar, que enviaba Nación- y el incremento de la demanda en el sistema público santafesino.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el sistema público enfrenta una presión creciente. “Argentina no la está pasando bien” y “nuestros efectores públicos de salud tienen cada vez más consultas”, afirmó, al señalar que las atenciones pasaron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025.

“Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento ni alimento”, aseguró el mandatario, quien vinculó la mayor demanda con los recortes nacionales. También remarcó que la decisión política del Ejecutivo provincial es sostener recursos para garantizar prestaciones esenciales: “Ahí estamos como Provincia para resolver los problemas”.

El gobernador recordó además que al inicio de la gestión se avanzó en compras centralizadas de medicamentos, lo que permitió adquirirlos “un 82 % más baratos que el precio de lista” durante el primer año y alcanzar ahorros cercanos al 90 % en las últimas licitaciones.

“Hay un gobierno austero, honesto y eficiente que piensa y diseña políticas públicas”, afirmó Pullaro, y añadió que la política sanitaria santafesina “es un orgullo para los santafesinos y una inspiración para toda Argentina, mostrando un Estado más eficiente que compra barato y resuelve los problemas de la gente”.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, defendió el fortalecimiento del sistema público y señaló que la reducción de programas nacionales obligó a la provincia a ampliar su capacidad de respuesta. Recordó que el programa nacional Remediar abastecía históricamente medicamentos esenciales y sostuvo que hoy “esa caja está vacía”.

“Por definición de nuestro gobernador hoy tenemos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales”, afirmó. Según detalló, la estrategia basada en compras centralizadas, fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y planificación del área de medicamentos permitió “garantizar el acceso a la salud y ahorrar más de $ 500 mil millones”. El intendente de Funes, Roly Santacroce, destacó que la ciudad sea el punto de distribución hacia toda la provincia y sostuvo que la iniciativa “demuestra eficiencia” frente al retiro de programas nacionales. También estuvo presente el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero.

El nuevo esquema demandará una inversión anual de $ 2.334 millones e incluye almacenamiento seguro, cadena de frío, preparación de módulos sanitarios, monitoreo satelital y distribución especializada.

La medida se implementa en un contexto de caída sostenida del envío de tratamientos por parte del Estado nacional. Mientras en 2024 Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, en 2025 la cifra descendió a 920.000 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó 175.000 tratamientos antes del cierre del programa.

Ante ese escenario, la provincia reforzó las compras centralizadas y la producción pública del LIF -que incrementará un 26 % su fabricación este año- para sostener el abastecimiento de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos e insumos estratégicos. La inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 supera los $ 64.268 millones.

Por Mariana G. Sánchez (*)

Semanas atrás se cumplieron ochenta años del fallecimiento del eminente economista John Maynard Keynes (1883-1946) y noventa años de la publicación de su principal y más emblemática obra: "Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero" (1936). Por ello considero válido señalar las transformaciones sociales y tecnocientíficas que envolvieron su lúcido trabajo intelectual.

A fines del siglo XIX y principios del XX, en las economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, se produce una incesante renovación tecnológica que generará nuevas modalidades de trabajo. Fue un periodo caracterizado por una mayor división social del trabajo; estandarización; producción en masa; cadena de montaje y control de los tiempos de trabajo (Taylorismo/Fordismo).

Ello propició una economía basada en el consumo y la expansión del crédito, mayor participación bursátil de los asalariados y la clase media (Estados Unidos), acompañados de un proceso de concentración monopolista, cartelización y consolidación de trusts.

En Estados Unidos (1929) y luego globalmente se desencadena una crisis que comienza siendo bursátil, con fuertes caídas en las bolsas y de la economía real generando una profunda depresión la cual se extendió durante varios años, llegando recién en 1937 a recuperar el nivel de actividad de 1929.

¿Cuáles son las causas de la mayor crisis del capitalismo hasta la fecha? La desigualdad en la distribución del ingreso, junto con una acumulación excesiva de capital y la capitalización de beneficios generando un aumento en la producción a un ritmo superior al cual el consumo puede responder, sumado a las grandes corporaciones las cuales impedían la libre competencia.

Es una crisis de sobreproducción con insuficiencia de demanda (bajos salarios). Por ejemplo: la producción de un auto demandaba 14 horas antes de la aplicación de los nuevos métodos a serlo en 93 minutos, el modelo T, de 4.000 unidades en 1900, la producción anual pasó a 4.800.000 en 1929.

Keynes busca dar respuesta al mal de la época: el fuerte desempleo y cómo reactivar la economía. Su proyecto intelectual comienza antes, con publicaciones como "El fin del laissez-faire", en 1926.

El mainstream de la época (neoclásicos) considera como base de su teoría a la denominada Ley de Say (la oferta crea su propia demanda). En "Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero" (1936/ 2005, página 35), Keynes explica:

"Desde los tiempos de Say y Ricardo los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda queriendo decir con esto de manera señalada, aunque no claramente definida, que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente, en comprar los productos".

Según el postulado ortodoxo, ahorro (S) siempre es igual a inversión (I): S=I. Keynes viene a echar luz sobre un hecho que puede no suceder, es decir una parte del ingreso (Y) se consume/invierte y otra queda ahorrada, generándose una insuficiencia de inversión y de demanda con caída del empleo.

Por lo tanto el Estado debe provocar deliberadamente el crecimiento de aquellas inversiones, hasta que la demanda sea suficiente para absorber toda la oferta que proviene del empleo de las fuerzas productivas.

Los bancos centrales, a través del manejo de la tasa de interés deben estimular las inversiones privadas con un descenso de la tasa de interés, con creación de dinero y el Estado supliendo con sus propias inversiones.

Jean-Baptiste Say y sus seguidores, consideran que el estado normal de la economía y al cual tiende con su autorregulación es el equilibrio, considerado éste como el pleno empleo de los factores, el desempleo no existe, todo lo que se ofrece es demandado.

Es por ello que los marginalistas consideran que la causa del desempleo está dado por un exceso de oferta y que ante la existencia de precios flexibles, es solucionable con una baja de salarios reales. Para Keynes, el desempleo es involuntario y la situación de desequilibrio es una normalidad del capitalismo.

En un sistema capitalista, organizado sobre los principios de libre mercado, no existe ningún mecanismo intrínseco que permita al sistema arribar, o por lo menos tender, por sí solo al pleno empleo, se hace necesaria la intervención del Estado en la economía. ¿Cómo propone Keynes incentivar la demanda agregada?

A través de la intervención estatal, lograr una redistribución del ingreso en favor de aquellos con mayor propensión marginal a consumir, a través de la política monetaria, bajando la tasa de interés ya que la inversión privada es inversamente proporcional a la tasa de interés, cuanto más alta ésta última, menor inversión, pero la inversión privada también dependerá de la eficiencia marginal del capital, reflejando la incertidumbre sobre rendimientos futuros.

Y por último a través de la política fiscal, es decir, aumento del gasto público con obra pública.

El incremento de la producción no puede ser totalmente absorbido por el consumo, por lo que se requiere del factor inversión para absorber el excedente de producción total, es por ello que el Estado a través de políticas públicas complementa o sustituye en el momento en que los empresarios privados invierten menos de lo necesario para llegar al pleno empleo.

De este razonamiento deviene lo que Keynes llamó multiplicador de la inversión: el ingreso crece en mayor proporción al aumento original de la inversión. A mayor desempleo, menor será el impacto sobre los precios. A medida que la economía se aproxima al pleno empleo, el efecto sobre los precios es mayor, generando inflación, no extremar a Keynes es la consigna.

Un ejemplo histórico de la aplicación práctica de estos postulados fue el New Deal -reactivación de la obra pública, asistencia social, proteccionismo a través de aranceles, nuevas normas del sistema financiero-, el "Nuevo Trato" aplicado en Estados Unidos desde 1933 a 1938 por el presidente Franklin Delano Roosevelt.

También contribuyó a los años dorados del capitalismo (1945-1973), periodo llamado así por ser altamente productivo especialmente en la industria, pleno empleo, asenso social, mejoras en la calidad de vida y expansión comercial, sumado a la reconstrucción de Europa a través de políticas como el Plan Marshall -ayuda económica de Estados Unidos- luego de la devastación generada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Se produce un quiebre con el anterior fundamento económico laissez-faire y aparece el intervencionismo. Surge el Estado de Bienestar.

Con estas líneas busco aproximar la teoría del gran economista lord John Maynard Keynes. Por eso insto a los lectores a continuar abordando y ahondando en Keynes que tanto aportó a la teoría económica, siendo un referente de consulta permanente sobre todo en momentos de crisis que ha tenido y tiene el capitalismo, ejemplo 2008, crisis subprime.

(*) La autora es contadora pública, especialista en historia del pensamiento económico.

Por Juan Gabriel Riboldi (*)

El 20 de abril pasado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso -a través del Senado- un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, Nº 26657. La iniciativa propone la derogación de dos artículos, la modificación de más de veinte e introduce cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Prevención de las Torturas y Otros Tratos Inhumanos.

Más que arrojar certezas, la propuesta abre interrogantes en torno a su presunto carácter superador. El principal -y difícil de eludir- es si estamos ante una mejora real o camino a un retroceso presentado en términos de reforma.

En primer lugar, resulta pertinente preguntarnos si es necesario modificar la legislación vigente y si esa modificación responde a una propuesta superadora o encubre una regresión en materia de derechos adquiridos, con efectos concretos sobre la salud de la población.

Sancionada en 2010, con amplio consenso, la ley significó un avance sustantivo. No solo por su enfoque en los derechos humanos -alineado con estándares internacionales- sino también por promover un cambio de paradigma: atención comunitaria, abordaje interdisciplinario y restricciones a las internaciones involuntarias.

En el plano formal, además, establecía un objetivo ambicioso: destinar al menos el 10% del presupuesto de salud al área de salud mental. Ahora bien, si la Ley Nacional de Salud Mental fue presentada durante años como un modelo de avanzada, la pregunta es inevitable: ¿por qué reformarla? Una posible respuesta -y mucho más simple de lo que suele presuponerse- es que nunca fue implementada como correspondía.

La propia ley establecía un piso del 10% del presupuesto de salud para el área. Ese piso fue, durante más de una década, una ficción. En la práctica, la inversión se sostuvo mayormente por debajo del 3%, con cifras particularmente bajas en los últimos años: 1,27% en 2021 y 1,48% en 2022.

Protesta de los afectados en la plaza del Congreso Nacional.

Recién en 2023 -según datos oficiales- se habría alcanzado ese umbral. Por lo que, sería demasiado pronto evaluar su impacto real, pero -al parecer- no para decidir su reforma. En ese contexto, calificar a la ley de ineficiente, incompleta o errónea no solo resulta apresurado, sino intelectualmente deshonesto. Porque el problema nunca fue la norma, sino su incumplimiento sistemático.

La pregunta, entonces, cambia de eje: si nunca se garantizaron las condiciones materiales para que la ley funcionara, ¿sobre qué evidencia se sostiene la necesidad de reformarla? Y más aún: ¿qué permite suponer que una nueva versión, sin financiamiento real, vaya a producir resultados distintos?

El principal eje de la contrarreforma impulsada por el gobierno nacional es claro: volver a colocar al médico psiquiatra en el centro de la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a las internaciones. No como único actor, pero sí como figura dominante. Esto no resulta para nada novedoso; en cambio, implica un retroceso al siglo pasado.

Como señala Alicia Stolkiner, el modelo médico hegemónico se consolidó a mediados del siglo XX al calor de los avances de la medicina científica, construyendo una "eficacia simbólica", soporte representacional de su hegemonía.

Pero ese predominio tuvo un costo: excesivo biologicismo, una concepción evolucionista-positivista y la ahistoricidad, asocialidad e individualismo de su delimitación de objeto, centrada en la enfermedad. Esto no es un aspecto menor, ya que implica ignorar el papel fundamental de las variables socioeconómicas y políticas como determinantes del sufrimiento psíquico.

También afloran como otras de sus características la mercantilización, la medicalización progresiva de crecientes esferas de la vida cotidiana y la relación asimétrica de poder entre sus actores (profesionales y pacientes). No debería sorprendernos que, para 1960, este modelo comenzara a ser cuestionado, producto de lo que se conoció como la "crisis de la medicina".

Como fue mencionado, en el "renovado" texto de ley presentado por el oficialismo se reincide en la revalorización de la figura del médico psiquiatra como el profesional más idóneo para abordar el amplio abanico de situaciones que pueden presentarse en el complejo campo de la salud mental.

Sin desmerecer su rol -sino más bien, apelando a la puesta en valor del trabajo interdisciplinario-, resulta necesario señalar que, si la institución psiquiátrica y sus representantes hubieran sido tan eficientes, difícilmente habrían surgido movimientos como la "antipsiquiatría", impulsado, curiosamente, por un psiquiatra.

La "antipsiquiatría" no se configura como un ataque despectivo hacia la disciplina, sino como una crítica a los métodos y tratamientos utilizados en su vertiente más tradicional.

En esta línea, Franco Basaglia, su principal exponente, no concebía a los trastornos mentales como enfermedades puramente médicas, sino como el resultado de situaciones sociales y políticas, tanto coyunturales como estructurales que configuran el padecimiento y pueden conducir a la hospitalización, eje central de las modificaciones propuestas por el gobierno.

Como fue mencionado, en el proyecto oficial se habilita que las internaciones se lleven a cabo en instituciones monovalentes, como los neuropsiquiátricos. Ahora bien, en esta instancia resulta conveniente hacer una distinción que no siempre aparece en el debate: la existencia del neuropsiquiátrico, en sí misma, no es necesariamente problemática. El punto crítico no es el formato institucional, sino la lógica que lo organiza.

En este sentido, si bien la realización de tratamientos especializados en establecimientos adecuados, con recursos y personal debidamente capacitado no resulta en sí misma objetable, lo que debe evitarse a toda costa es que estos dispositivos deriven en formas de organización cerradas.

Es decir en manicomios o neuropsiquiátricos que funcionen como "instituciones totales", en términos de Erving Goffman: espacios donde un gran número de individuos, en igual situación y aislados de la sociedad, comparten una rutina administrada formalmente, lo que conduce a un proceso de despersonalización y, por ende, de reproducción de lógicas de enfermedad o padecimiento mental".

La ley vigente, por su parte, establece como principio la atención de los padecimientos mentales en hospitales generales, justamente para evitar la segregación y favorecer la integración con el resto del sistema de salud.

Retomando los aportes de Alicia Stolkiner, la crítica apunta a que el manicomio deja de ser un dispositivo sanitario para operar como un mecanismo de disciplinamiento. Este último surge, entre otras cosas, para dar un lugar al "no trabajo", por lo que pronto se vio desbordado por una marginalidad que excedía sus posibilidades.

Su eficacia, entonces, no fue clínica, sino social: sostuvo la idea de que existía un lugar donde confinar la "locura" y la "diferencia" a través de la exclusión, legitimando al mismo tiempo la negación de derechos elementales. Allí radica su núcleo más problemático: si el amparo de la institución psiquiátrica permitió formas de represión agresivas, lo hizo sin herir la sensibilidad social, al presentarlas, piadosamente, como acciones efectuadas "por el bien del paciente".

Existen numerosas investigaciones que muestran la correlación entre recesiones económicas, aumento del desempleo y precarización laboral, y el incremento de sintomatologías psicológicas y psiquiátricas. En un país con índices crecientes de pobreza e inflación, cuyos instrumentos de medición, por cierto, merecen una revisión crítica en cuanto a su confiabilidad, ¿a quién puede sorprenderle la aparición de síntomas que afectan la esfera de lo psicológico?

Quizás, si de verdad se pretendiera discutir una reforma en cuanto a los términos de la legislación vigente, el foco debería estar puesto en garantizar el acceso a la vivienda, a un salario digno, al descanso y no en insistir en modificar una ley que nunca fue plenamente implementada. Una ley que, en buena medida, fue víctima de las vicisitudes del escenario político nacional, donde parece renovarse constantemente la voluntad de discutir aquello que, hace no tanto, parecía saldado.

Es entonces que, en un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo, incertidumbre laboral y retroceso en materia de derechos, quizás, más que una sesión de terapia o un psicofármaco, el foco debería estar en generar oportunidades de trabajo digno. No tanto en curar, sino en evitar que todo enferme. No empecinarse en cambiar, sino en hacerse cargo.

(*) El autor es licenciado en Psicología (UCES Rafaela), doctorando en Neurociencias (UBA-Conicet), diplomado en Gestión Estratégica de Políticas Públicas (UTN) y docente.

El Gobierno de la Provincia continúa con la transformación del Parque España, uno de los espacios públicos más icónicos que tiene Rosario frente al Río Paraná. El proyecto tiene un 25 % de avance y tres frentes de obra activos.

“La obra avanza actualmente en su etapa estructural, con máquinas activas sobre el río y en la barranca, incorporando equipamiento específico para acelerar los procesos constructivos. Para el gobernador Maximiliano Pullaro esta obra simboliza la transformación de un espacio emblemático y querido por los rosarinos que es utilizado todo el año. Seguimos demostrando que cuando el Estado se administra bien, los impuestos regresan a los vecinos en obras”, remarcó el ministro Enrico.

Sobre el desarrollo de la obra, Enrico precisó que el primer frente de trabajo “está construyendo la protección de la barranca, donde se está volcando piedra de diferente granulometría para lograr aportar el peso necesario y evitar los desplazamientos de la base”.

Así avanza la reconstrucción del Parque España de Rosario. Foto: GSF

“Por otro lado, exactamente donde hace unos años se desplomó parte de la explanada, seguimos trabajando con la ejecución de los pilotes; hoy estamos hormigonando el pilote 27 sobre un total de 50. Esta es la tarea más crítica de la obra en general y ya contamos con una avance del 60 % aproximadamente en este ítem. En las últimas semanas, añadimos una grúa a la obra para destinar un pontón específicamente a la tarea de pilotaje” contó sobre el segundo frente de trabajo.

Y finalmente, respecto al tercer frente de trabajo, dijo que “estamos ejecutando los cabezales y vigas que van sobre los pilotes donde se van a apoyar las nuevas losas que estamos armando en obra y que conformarán la renovación y ampliación de la explanada del Parque España. La tarea de montaje de las losas está prevista para comenzar en los primeros días de mayo”.

“Mientras se avanza con estas tareas en obra, se está trabajando aparte en los legajos ejecutivos de arquitectura para definir todo lo relacionado a pisos, barandas, luminarias y desagües. Estos trabajos comenzarán a ejecutarse en los próximos meses al igual que la desembocadura del conducto Mitre, donde se abrirá un nuevo frente de trabajo”, cerró el ministro.

Las tareas para esta recuperación histórica implican para el Gobierno Provincial una inversión superior a los 19.000 millones de pesos y se incluye en el plan de infraestructura urbana articulado con la Municipalidad a través del Acuerdo Rosario.

De esta manera, la intervención en el Parque España representa una decisión política de recuperar un espacio central para la ciudad, garantizando condiciones de seguridad, durabilidad y uso intensivo. Con trabajo sostenido y planificación, la Provincia avanza en una obra que va transformar uno de los sectores más emblemáticos del vínculo de Rosario con el Río Paraná.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Supercemento SAIC y Obring S.A., con un plazo de obra previsto de 540 días.

En el marco de una política sostenida de obra pública, el Gobierno de Venado Tuerto avanzó este jueves con la apertura de sobres de la licitación pública Nº 012/2026 para la “provisión de hormigón elaborado puesto en obra”, una inversión que apunta a sostener y ampliar el ritmo de pavimentación, cordón cuneta y bacheo en distintos sectores de la ciudad.

El acto fue presidido por el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viskovic. La participación de empresas locales refleja el movimiento de la economía vinculada a la obra pública y el impacto directo en el entramado productivo de Venado Tuerto.

Durante la apertura, Viskovic estuvo acompañado por el subsecretario de Desarrollo Económico, Bernardo De Diego, y la subdirectora de Logística y Suministro, Noelia Benítez.

La licitación contempla la provisión de 1.500 m3 de hormigón elaborado H-30 puesto en obra, un insumo central para ejecutar nuevas cuadras de pavimento, mejorar calles existentes mediante bacheo y avanzar con cordones cuneta en distintos barrios.

Esta inversión se enmarca en una decisión de sostener la obra pública como herramienta de desarrollo local, priorizando intervenciones que mejoran la transitabilidad, ordenan la ciudad y acompañan el crecimiento urbano.

Para completar el proceso administrativo, las autoridades disponen de tres días hábiles para evaluar la documentación presentada, mientras que las empresas tendrán luego dos días hábiles adicionales en caso de requerirse información complementaria.

Por Carlos Felice (*)

En los últimos años, la salud mental dejó de ser un tema periférico para ocupar un lugar central en la conversación pública. La pandemia, el deterioro económico y los cambios sociales aceleraron una demanda que los sistemas de salud ya venían absorbiendo con dificultad. Sin embargo, cuando se observa cómo los Estados asignan sus recursos, aparece una pregunta incómoda: ¿la prioridad discursiva se refleja realmente en los presupuestos?

La comparación entre Estados Unidos y Argentina permite iluminar esta tensión con bastante claridad. A primera vista, la distancia es abrumadora. Estados Unidos destina cientos de miles de millones de dólares a salud mental, canalizados en gran parte a través de programas como Medicaid y Medicare. La escala de recursos ha permitido desarrollar una red amplia de servicios, con innovación en áreas como la telesalud y la atención en crisis.

Pero ese volumen de financiamiento convive con problemas estructurales difíciles de ignorar. El acceso sigue siendo desigual, los costos de bolsillo continúan siendo una barrera para muchos pacientes y la fragmentación del sistema conspira contra la continuidad de los tratamientos. En otras palabras, Estados Unidos muestra que gastar mucho no necesariamente implica resolver el problema. La abundancia de recursos no corrige, por sí sola, las fallas de diseño.

Argentina, en el extremo opuesto, enfrenta una limitación más básica: la escasez. La inversión en salud mental ronda el 2% del gasto total en salud, muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Esta cifra no es solo un dato técnico; es, en los hechos, una señal de prioridad relativa dentro de un sistema tensionado por múltiples urgencias.

Lo paradójico es que el país cuenta desde hace más de una década con un marco normativo avanzado, que propone un cambio de paradigma hacia la atención comunitaria y la integración social de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, esa arquitectura legal convive con una implementación incompleta y desigual. La falta de financiamiento sostenido, sumada a la fragmentación entre niveles de gobierno y subsistemas, termina diluyendo el impacto de políticas que, en el papel, resultan razonables e incluso ambiciosas.

En la práctica, esto se traduce en un sistema donde el hospital psiquiátrico sigue ocupando un lugar predominante, mientras que los dispositivos comunitarios avanzan con lentitud. También se expresa en brechas territoriales marcadas: no es lo mismo acceder a atención en un gran centro urbano que en muchas regiones del interior. Y, como suele ocurrir en Argentina, las restricciones macroeconómicas terminan condicionando cualquier intento de planificación de mediano plazo.

El aumento de casos expone las debilidades estructurales de los sistemas de salud mental.

La comparación entre ambos países deja una enseñanza menos obvia de lo que parece. No se trata simplemente de cuánto se gasta, sino de cómo se organiza ese gasto. Estados Unidos enfrenta el desafío de ordenar un sistema caro y fragmentado; Argentina, el de fortalecer uno que es insuficiente y también fragmentado. En ambos casos, la palabra clave es la misma: coherencia.

Porque la salud mental tiene una particularidad que la distingue de otras áreas sanitarias: requiere continuidad, coordinación y cercanía. No alcanza con financiar prestaciones aisladas si no existe una red que acompañe al paciente en el tiempo. Tampoco alcanza con leyes bien redactadas si no hay recursos para sostenerlas.

En la Argentina, la discusión pendiente no debería limitarse a reclamar más presupuesto —aunque claramente es necesario—, sino a preguntarse cómo se asigna lo poco que hay. Priorizar la atención comunitaria, integrar los distintos subsistemas y reducir las desigualdades territoriales no son objetivos incompatibles con la restricción fiscal; son, en todo caso, condiciones para usar mejor los recursos disponibles.

Estados Unidos, por su parte, ofrece una advertencia útil: incluso con financiamiento abundante, un sistema puede fallar si no logra articular sus componentes. La lección, entonces, es doble. Ni el gasto elevado garantiza resultados, ni la escasez justifica la inacción.

En un contexto donde la demanda de atención en salud mental seguirá creciendo, ambos países —cada uno desde su realidad— enfrentan el mismo desafío de fondo: transformar recursos en resultados. Y para eso, más que gastar más o menos, la cuestión decisiva es cómo hacerlo.

(*) Presidente de OSPAT

(Por Mariela Pallero) - Con una inversión de 100 millones de dólares, el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” atraviesa la reforma más profunda de su historia.

Mientras se prepara el terreno para el Mundial de Motociclismo en 2027, las obras de Grado 2 de la FIA alimentan la máxima ilusión: volver a ver a la "F1" rugir en Buenos Aires. El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos.

El mítico "Coliseo" porteño hoy es un hormiguero de máquinas, camiones y más de 150 operarios que trabajan a contrarreloj para concretar un cambio estructural sin precedentes. La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo.

​El proyecto, ejecutado por Autopistas Urbanas (AUSA), contempla exigencias técnicas extremas para lograr la homologación Clase A de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y el Grado 2 de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

​Asfalto de última generación: Se están aplicando tres capas de asfalto especial (HIMA) con polímeros, diseñadas para soportar la exigencia de alta velocidad y temperatura de las motos de competición. El trabajo se realizará desde setiembre y serán dos semanas de turnos completos.

El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos. Foto: Mariela Pallero

​Adiós a las inundaciones: El "talón de Aquiles" del circuito, el drenaje, está siendo totalmente renovado con la instalación de 18.000 caños conectados a dos cuencas que descargarán en el Riachuelo.

​Seguridad: En la recta principal se redujo el nivel del suelo 70 centímetros para construir bases sólidas y se ampliará la calle de boxes (pit lane) para cumplir con los estándares actuales de seguridad.

​El diseño del nuevo circuito cuenta con la asesoría del prestigioso estudio de Hermann Tilke, el ingeniero responsable de los circuitos más modernos de la Fórmula 1.

​El trazado destinado al MotoGP tendrá una extensión de 4.300 metros, con un ancho que variará entre los 12 y 18 metros.

La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo. Foto: Mariela Pallero

Las rectas permitirán que las máquinas superen los 300 km/h. Además, la obra incluye la construcción de 32 nuevos garajes de última generación en un edificio de más de 12.000 m², coronado por una moderna torre de control que comenzará a elevarse en los próximos meses.

​Si bien el foco inmediato es el acuerdo con MotoGP por el período 2027-2030, el Gobierno de la Ciudad no oculta su ambición de máxima: el retorno de la Fórmula 1.

Las obras actuales ya contemplan adaptaciones de Grado 2 que, con ajustes menores, podrían escalar a las exigencias de "La Máxima".

El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos. Foto: Mariela Pallero

​Incluso se baraja la posibilidad de recibir al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) en 2027, uniendo el nuevo trazado con el sector del Lago, manteniendo la mística del Curvón Salotto mediante nuevas variantes de seguridad.

​Actualmente, la obra presenta un avance del 20%. El plan de trabajo estipula que la pista esté operativa para finales de este año.

Entre noviembre y diciembre se realizarán las primeras pruebas oficiales, probablemente con fechas del Superbike Argentino, para evaluar el comportamiento del asfalto antes de la gran cita mundialista.

​Inversión: 100 millones de dólares.

​Nuevos boxes: 32 garajes técnicos.

​Velocidad máxima: Superará los 300 km/h

​Infraestructura: Demolición de antiguas tribunas (incluida la histórica 15) para dar lugar a muros de seguridad modernos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes, a través de sus redes sociales, que tres empresas internacionales se presentaron en la licitación para los trabajos previstos en la Hidrovía Paraná – Paraguay.

Caputo declaró que «hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región». El funcionario pertenece al gobierno de Javier Milei.

El comunicado de Caputo en X.

El titular de la cartera económica detalló que «se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar una inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años».

En otra parte de su publicación, el ministro resaltó que «hemos conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia y esto ha sido posible gracias a un trabajo plural y compartido que contó con un respaldo amplísimo».

Asimismo, Caputo enumeró a las entidades responsables del proceso, mencionando a la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados, así como a agroexportadores y gobiernos provinciales. Subrayó, además, que «se obtuvo una auditoría de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales».

Vía Navegable Troncal en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Crédito: Gobierno Nacional

Para concluir, el ministro de Economía afirmó que «este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones». Finalmente, reconoció el «gran trabajo de Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y de todo el personal del organismo».

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre, tras el anuncio de este lunes de lo que fue denominado por el Gobierno como la “mayor inversión extranjera directa en la historia del país”.

Durante el encuentro, las autoridades de la compañía destacaron que esta decisión se sustenta en el marco de “previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, impulsado por el Gobierno. Señalaron que, sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.

Se estiman así “US$ 18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$ 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el Gobierno en un comunicado.

También participaron de la reunión de trabajo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En tanto, Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”. Detalló que: “Vicuña Corp., cuyos accionistas son BHP y Lundin Mining, anunció una inversión estimada de US$ 18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto Josemaría y Filo del Sol, con US$7.000 millones de inversión entre hoy y el primer concentrado de cobre en 2030”.

Según expresó el funcionario, el panorama para la Argentina mejora, “gracias a las reformas estructurales impulsadas por el presidente, Javier Milei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes”.

De esta forma, “Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo”, añadió el canciller para sumar que es “top 5 a nivel mundial”.

En este contexto, respecto del anuncio dijo que es: “Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos” porque “creamos las condiciones para que esto suceda, seguiremos avanzando”.

“La Argentina será próspera”, cerró Pablo Quirno.

Por su parte, el presidente Javier Milei reposteó la publicación del Canciller en señal de apoyo y lo felicitó: “Excelente noticia, Viva la Libertad Carajo. Fin”.

El alejamiento de Marco Lavagna -sustituido por Pedro Lines- de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la decisión del Gobierno nacional de postergar la implementación del nuevo esquema de medición de la inflación abrieron una señal de alerta en el inicio del año económico. Para el contador público nacional y analista económico José Toledo, se trata de un movimiento que genera ruido institucional, afecta la credibilidad y expone tensiones entre la necesidad técnica de actualizar los indicadores y la conveniencia política de sostener un relato de desaceleración inflacionaria.

Tras señalar que se trata de un funcionario con trayectoria técnica, respetado dentro y fuera del país, que había sido sostenido en su cargo pese a no pertenecer al espacio político gobernante, el analista fue categórico: “No, no es una buena señal”, advirtió, y enfatizó que Argentina arrastra antecedentes complejos en materia estadística y que cualquier ruido en ese plano impacta directamente en la confianza.

Asimismo, recordó que el país ya pagó costos elevados por manipular indicadores oficiales y explicó que el índice de inflación vigente, si bien es técnicamente correcto, está basado en una estructura de consumo desactualizada. “Siempre se decía que la inflación no era real, y no es así: lo que estaba vieja era la base”, señaló, al detallar que hoy los servicios tienen una relevancia mucho mayor en el gasto de los hogares. Para más datos, consignó que el Índice de precios al consumidor ( IPC) vigente se basa en una canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, es decir que “refleja patrones de consumo de hace más de 20 años y no representa la estructura actual de gastos de los hogares argentinos”.

Desde esa perspectiva, Toledo consideró necesario el cambio de base, pero consideró que la actualización hubiera mostrado una inflación más alta en términos estadísticos. “Con esa nueva base iba a costar mucho más bajar la inflación a través del tiempo”, sostuvo, al explicar que hubiera incorporado, con mayor influencia, rubros que siguen escalando mes a mes en sus precios, especialmente los servicios.

En ese punto, interpretó que la decisión de postergar el nuevo índice respondió más a una lógica política que técnica. “El mensaje fue: bajemos la inflación lo máximo que sea posible y después cambiamos la base”, sintetizó. Para Toledo, no se trata de falsear datos, sino de trasladar en el tiempo un ajuste que, inevitablemente, va a llegar.

El analista también puso el foco en el impacto político del cambio, acotando que el Gobierno hizo de la baja de la inflación su principal bandera. “Con el cambio metodológico, la inflación este año ya no sería del 20 o 25%, sino del 30 al 35%”, estimó, en un contexto que además estará atravesado por la cercanía de un año electoral.

Más allá de los números, Toledo remarcó que la credibilidad es un activo central. “La idea es ser y parecer un país previsible”, subrayó, al advertir que decisiones de este tipo “no suman, al contrario, restan” en la ya menguada reputación internacional de la Argentina.

Al evaluar el inicio del año, el economista marcó una diferencia clara entre la macroeconomía y la realidad cotidiana. Reconoció que, desde los números globales, el escenario luce ordenado: Presupuesto nacional aprobado, vencimientos externos cubiertos y acumulación de reservas. Pero aclaró que ese orden aún no llega a la calle. “A nivel macro uno mira los números y dice ‘qué lindo está esto’, pero cuando lo llevamos a la diaria, en la gente no se ve”, describió.

El consumo interno, explicó, sigue estancado por una razón básica: “el salario real no aumenta”. A eso se suman las dificultades de las pymes para exportar y un mercado interno que no logra reactivarse. Si bien algunos indicadores de diciembre último mostraron una mejora interanual, Toledo fue cauto, dado que el punto de comparación es un 2024 “muy malo” y no garantiza una recuperación sostenida.

En cuanto al proceso de transformación que el Gobierno nacional exige a las empresas, el contador público consideró que “es necesario”, pero advirtió que no puede llevarse adelante sin un marco normativo adecuado. Y en este sentido señaló que una reforma laboral podría avanzar en las próximas semanas, siempre de manera consensuada, pero se mostró escéptico respecto de una reforma impositiva profunda. “Las provincias no quieren perder recaudación”, explicó, al marcar el principal escollo político.

El analista también puso el foco en impuestos como el provincial Ingresos Brutos y el municipal Derecho de Registro e Inspección (DRI), que funcionan como un costo directo para las empresas, impactando entre un 3 y un 6%. “Es como si el Estado fuera socio de tus ventas, te vaya bien o te vaya mal, sin importarle tu resultado económico global”, graficó, al señalar que esa estructura desalienta la inversión y forma parte central del llamado “costo argentino”.

A esto se suman, según Toledo, una infraestructura deficiente, altos costos logísticos, rutas y puertos en mal estado y un sistema de transporte que no acompaña la dimensión del país. “Todo eso agiganta un costo argentino que no tendrá solución en el corto plazo”, advirtió, y por eso no espera una reactivación rápida del consumo.

Para colmo, pese a la desaceleración inflacionaria, las tasas de interés siguen siendo elevadas. “Una tasa del 45 o 50% es invalidante para cualquier proyecto productivo”, sostuvo, al explicar que con costos financieros tan altos es muy difícil que haya inversión y crecimiento.

Respecto de los sectores que se verán favorecidos por el modelo económico actual, José Toledo destacó energía, minería y petróleo. “Van a volar”, aseguró, aunque aclaró que su impacto se concentra en las zonas donde están instalados y no derrama con fuerza en las grandes ciudades.

Para la región, el panorama es algo distinto, donde “el agro sigue siendo un sostén clave de la economía local, aunque con márgenes más ajustados que en años anteriores. La evolución de la próxima campaña dependerá de los rindes de la soja y el maíz, pero sigue marcando una diferencia respecto de otras zonas del país”, indicó.

El cierre del análisis dejó un horizonte de cautela y, en ese contexto, el contador José Toledo ubicó recién hacia marzo o abril la posibilidad de evaluar si el orden macro comienza a reflejarse en la microeconomía.