(Por María José Valdéz) - El Gobierno nacional avanza en una reforma de fondo del sistema sanitario en materia de salud mental. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca actualizar la normativa vigente desde 2010.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, apunta a introducir cambios en los criterios de diagnóstico, en las condiciones de internación y en la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones críticas.

Adorni anunció en redes sociales el envío del nuevo proyecto de Ley de Salud Mental al Congreso Nacional.

Según fuentes oficiales, el objetivo central es corregir vacíos normativos que hoy dificultan la intervención en casos de riesgo, tanto para los propios pacientes como para terceros. En ese marco, se busca dotar de mayor claridad a conceptos que, en la práctica, generan interpretaciones dispares.

El proyecto surge tras un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, profesionales de la salud, pacientes y actores del ámbito judicial y legislativo. Ese diagnóstico permitió identificar obstáculos concretos en la aplicación de la ley vigente, especialmente en situaciones de urgencia.

Uno de los datos que encendió alertas es el nivel de implementación desigual en el país: solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa actual, y apenas 18 hospitales generales cuentan con servicios específicos de salud mental.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de los criterios diagnósticos. Desde el Gobierno sostienen que el concepto de “padecimiento mental” resulta demasiado amplio y ambiguo, lo que puede derivar en demoras o dificultades en la toma de decisiones clínicas.

En su lugar, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión en la evaluación de cada caso.

Además, se plantea un cambio clave en el criterio de intervención. La nueva redacción pone el foco en la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”, tanto del paciente como de terceros. Según explican, esto permitiría actuar de manera más preventiva y oportuna ante escenarios críticos.

El sistema sanitario enfrenta desafíos estructurales en salud mental.

En cuanto a las internaciones, el texto mantiene su carácter excepcional, pero introduce modificaciones relevantes. Se habilita la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por un psiquiatra, que deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario.

También se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial. En los casos voluntarios, si el paciente solicita el alta pero no se encuentra en condiciones de decidir, la internación podría transformarse en involuntaria con intervención de la Justicia.

Otro de los puntos sensibles del proyecto es el rol de los hospitales psiquiátricos. A diferencia de la ley vigente, que promueve su cierre progresivo, la nueva iniciativa propone fortalecer la red de atención incluyendo instituciones especializadas.

Actualmente, el sistema cuenta con 30 hospitales monovalentes públicos y al menos 139 privados. Desde el oficialismo consideran que estas estructuras siguen siendo necesarias para abordar casos complejos que no pueden ser contenidos en hospitales generales.

En paralelo, se plantea ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y Sedronar. La intención es reforzar el control y seguimiento de las políticas públicas en este campo.

El envío del proyecto al Congreso abre un nuevo capítulo en el debate sobre salud mental en Argentina, un terreno atravesado por tensiones entre enfoques clínicos, derechos humanos y capacidad operativa del sistema sanitario.

Mientras tanto, el desafío será construir consensos en un tema sensible, donde cada modificación impacta directamente en la vida de miles de personas y en el funcionamiento cotidiano de hospitales, profesionales y familias.

El Gobierno oficializó la intervención de los medios públicos por un año y designó a los funcionarios que estarán a cargo. La medida, que ya había sido anunciada, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del decreto 117/2024.

A través del Decreto N° 70, emitido el 20 de diciembre de 2023, se declaró la emergencia pública en diversas áreas, incluyendo la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Una de las medidas más destacadas de este decreto es la intervención de cuatro entidades estatales cruciales: Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos -que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar- La intervención está inicialmente programada por un período de un año, con la posibilidad de prorrogarse por única vez, según lo determine la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La designación de Diego Martin CHAHER como Interventor, con carácter "ad-honorem" para las cuatro entidades, despertó la atención, señalando la importancia de la tarea encomendada. Además, Diego Sebastián MARIAS fue nombrado Interventor Adjunto en las mismas condiciones. Ambos tendrán un papel fundamental en la reestructuración y la toma de decisiones cruciales para las entidades intervenidas.

Las facultades otorgadas a los interventores son amplias y abarcan desde la elaboración de un plan de reformulación hasta la evaluación y modificación de estatutos, régimen de administración de fondos, y estructura orgánica y funcional. También se les autoriza a realizar auditorías integrales sobre el estado de las instalaciones, bienes y servicios de las entidades intervenidas. Se destaca la responsabilidad de presentar la rendición de cuentas y de operar y mantener las sociedades para optimizar la gestión administrativa y hacerlas sustentables.

El artículo 5° del decreto confiere al Interventor facultades exclusivas de representación de las sociedades, subrayando la confianza depositada en la capacidad de liderazgo para llevar a cabo la reorganización eficiente.

Esta intervención no solo afecta a las entidades mencionadas, sino que también implica ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, según lo determine el Jefe de Gabinete de Ministros. Esta acción se presenta como una medida estratégica para atender los requerimientos que surjan como consecuencia de la intervención y garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo una transformación efectiva.

La Ley N° 26.522, que regula los servicios de comunicación audiovisual en toda la República Argentina, fue tenida en cuenta en este proceso de reorganización. El Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023 deroga la Ley N° 20.705 y establece la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, de acuerdo con el régimen de la Ley General de Sociedades.

Se espera que los interventores, con su experiencia y liderazgo, logren implementar las reformas necesarias para optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen estas entidades en el ámbito educativo, de medios de comunicación y producción audiovisual. La emergencia declarada en diciembre de 2023 establece un plazo claro hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el cual se evaluará el impacto de estas intervenciones y se decidirá el próximo paso a seguir.

Decreto 117/2024 by El Litoral

El Gobierno de Javier Milei informó este lunes, a través del Boletín Oficial que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo estatal encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en Argentina, será intervenido con el objetivo de evaluar y reorganizar el panorama de los servicios de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el país.

La medida, que inicialmente tendrá una duración de 180 días, busca abordar incumplimientos legales y promover una mayor eficiencia en el sector, en línea con las políticas de desregulación y modernización emprendidas por el gobierno.

La intervención, que será liderada por el licenciado Juan Martin Ozores como Interventor, junto a los interventores adjuntos, la doctora Patricia Zulema Roldan y el doctor Alejandro Fabio Pereyra, tiene una serie de objetivos claves. Entre ellos se encuentra la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual del ENACOM, evaluando el cumplimiento de sus competencias y analizando las implicancias en el mercado de las TIC tras el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20.

Además, se busca revisar las medidas cautelares judiciales vigentes y las sentencias judiciales relacionadas con actos administrativos de competencia del Enacom. Esto responde a conflictos judiciales generados a partir de decisiones tomadas por el organismo desde diciembre de 2020, las cuales, según críticos, podrían haber incumplido las disposiciones legales vigentes.

La intervención también abordará la estructura organizativa del Enacom con el objetivo de propiciar su reorganización funcional y operativa, promoviendo la profesionalización y eficiencia del ente. Se propone simplificar procesos administrativos y reducir trámites excesivos para mejorar la agilidad y eficacia del organismo.

Otro aspecto relevante de la intervención es la revisión de los programas y proyectos asociados al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). La evaluación incluirá el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables, así como la definición de acciones para poner al día las tramitaciones pendientes relacionadas con asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros.

En el marco de la intervención, se considera crucial un análisis exhaustivo de las regulaciones vigentes, con el objetivo de determinar si estas han quedado obsoletas o si están obstaculizando el avance tecnológico. En caso necesario, se propondrán acciones para actualizar y modernizar dichas regulaciones, manteniendo el equilibrio entre el interés público y el avance tecnológico.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23, que declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, también se toma en cuenta en la intervención. Se espera que las medidas implementadas contribuyan al fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultural y el desarrollo económico, industrial y tecnológico en línea con los principios establecidos en la Constitución Nacional.

Enacom by El Litoral

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves en Rosario la presentación del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que contempla la articulación de acciones y actividades tendientes a la prevención del delito y la disminución de la violencia en ocho barrios con altos niveles de criminalidad en esa ciudad del sur provincial. La firma del convenio para su puesta en marcha, junto con la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se llevó a cabo en la Sala Walsh de la sede del Gobierno de la Provincia. 

En la oportunidad, Pullaro expresó que “para nosotros la presentación de esta programa es importante porque nos permite recuperar una política pública que nunca debió dejar de llevarse adelante y que tiene que ver con la reestructuración del tejido social; entendiendo que el problema de la violencia no termina con involucrar a las áreas más duras del gobierno, como lo estamos haciendo y tal cual nos los piden los vecinos y vecinas de la ciudad”. 

“Hace muchos años que la provincia en general y esta área metropolitana en particular padece importantes niveles de violencia. En la gestión del gobernador Antonio Bonfatti se empezó a desarrollar un trabajo focalizado, a través de los planes Abre y Nueva Oportunidad, fundamentales para reconstruir el tejido social dañado. Y, posteriormente, durante la gestión de Miguel Lifschitz, continuamos esas políticas con mucho trabajo y coordinación entre los distintos niveles y áreas del Estado”, recordó el mandatario santafesino. 

“Nosotros no vamos a permitir nunca más la impunidad en la ciudad de Rosario, ni que los violentos crean que tienen más autoridad que el Estado. Es el Estado el que tiene mucho más poder que los violentos; solo hacen falta definiciones políticas para poder llevarlos al límite y hacerles entender que, cada día, la van a pasar peor”, enfatizó el titular del Ejecutivo, al tiempo que afirmó que “las áreas más virtuosas del Estado tienen que llegar a estos lugares para reconstruir el tejido social y, fundamentalmente, para dar futuro. Y este programa de IBF tiene que ver con eso”, concluyó Pullaro.

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “bajar los niveles de violencia es una tarea sumamente compleja que no se agota con las herramientas policiales y punitivas, exclusivamente. Sobre ese concepto estamos trabajando con todos los equipos técnicos del Poder Ejecutivo, con el MPA, con los gobiernos locales y las vecinales, en un modelo de intervención barrial focalizada que tenga como eje un diagnóstico claro de lo que ocurre en el territorio y, a partir de ahí, diseñar una intervención integral que resuelva específicamente los problemas ligados a la producción de criminalidad”.  

A su turno, el intendente local, Pablo Javkin, explicó que “ese tejido social a reconstruir incluye la calle, las instituciones y las familias, recomponiendo la paz en los barrios conflictivos, a partir de la labor conjunta del MPA y del Ministerio de Seguridad. Es un trabajo que debemos llevar adelante desde todos los poderes públicos, incluyendo las diferentes visiones desde la seguridad, la investigación, lo social y lo urbano. Felicito al gobernador Pullaro por haber puesto este tema en agenda desde el primer día de su gestión”.

Finalmente, el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, en representación del MPA, consignó que “este trabajo multiagencial de intervención brindará no solo una respuesta más eficiente, a los fines de bajar los índices de violencia, contando con una presencia del Estado más activa en los barrios que tienen mayores índices de criminalidad”.

Del acto formaron parte también los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Ambiente, Enrique Estevez; el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques; la diputada provincial, Clara García; y el diputado provincial, Antonio Bonfatti, junto con demás autoridades provinciales, locales y de la región.

El Gobierno anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el organismo encargado de la inteligencia nacional. La decisión, respaldada por el presidente Javier Milei, se basa en la necesidad de abordar disfuncionalidades y garantizar la transparencia y eficiencia en el funcionamiento del sistema de inteligencia del país.

La AFI, establecida por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, experimentó cambios a lo largo de los años, y su último estatuto, aprobado por el Decreto N° 331/23, fue objeto de críticas por falta de avances significativos en la carrera del personal y en la transparencia en la administración de fondos públicos.

La intervención, que durará inicialmente dos años, tiene como objetivo principal la reestructuración integral de la AFI, según lo establecido por el Decreto 22/2023. El Interventor designado, Silvestre Sívori , tendrá amplias facultades, incluyendo la elaboración de un plan de reformulación, la reestructuración de la Escuela Nacional de Inteligencia, la evaluación y modificación de estatutos y régimen de administración de fondos, entre otras.

Una de las decisiones más destacadas es la creación de una Comisión de Reencasillamiento del Personal, que se encargará de la transición y adecuación ordenada del personal de la AFI. También se prevé la revisión de la utilización de fondos reservados y las compras y contrataciones realizadas durante los últimos años.

El Gobierno busca, con esta intervención, reencauzar el objetivo principal del Sistema Nacional de Inteligencia, asegurando un funcionamiento coordinado entre los diversos actores y centrado en la protección de la soberanía nacional y la preservación del orden constitucional.

La Ley Nº 26.122 regula el trámite y alcances de la intervención del Congreso respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La Comisión Bicameral Permanente tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre la validez o invalidez de la intervención en un plazo de diez días hábiles.

Mientras tanto, el Jefe de Gabinete de Ministros está facultado para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar los gastos relacionados con la intervención.

El gobierno de Venado Tuerto y el Colegio de Arquitectos Distrito 3 (CAD3) invitan al acto de presentación de proyectos para intervenir 16 has del Área Recreativa Norte (AReN), que se realizará hoy en el salón de la Asociación Española (San Martín 457).

La exposición de los proyectos presentados en tiempo y forma comenzará a las 19.30 y el acto de premiación formal dará inicio a las 20.15, con palabras del intendente Leonel Chiarella y del presidente del CAD3, Juan Pablo Monti.

Avanza el concurso de ideas para intervenir el Área Recreativa Norte

El jurado de evaluación de proyectos está integrado por representantes del Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal, UTN-FRVT, CAD3 y Colegio de Ingenieros Agrónomos IV Circunscripción (Ciasfe 4).

Desde el gobierno Municipal invitan a todos los vecinos a participar de este momento tan importante para nuestra ciudad.

Por Nancy Balza

“Las tasas de cesáreas están aumentando a un ritmo alarmante a nivel mundial. Este aumento está relacionado principalmente con factores no clínicos y no está asociado con beneficios para las mujeres y los recién nacidos, sino con daños. Algunos determinantes que conducen a altas tasas de cesáreas son factores relacionados con las mujeres y la comunidad”. Este diagnóstico es apenas la punta del iceberg que constituye un problema sanitario mundial: el aumento de cesáreas consideradas innecesarias, es decir, que se realizan aunque el parto vaginal no represente un riesgo cierto para la persona gestante ni para su hijo o hija.

En la Argentina también se observa una “fuerte aceleración” en el aumento de cesáreas por encima de las tasas con justificación médica. La tasa nacional promedio en instituciones del subsector de salud pública aumentó un 23% en 10 años: uno de cada tres nacimientos se produce por cesárea.

El Centro Rosarino de Estudios Perinatales (Crep) participa de la estrategia Quali-Dec, un consorcio de nueve países: Argentina, Burkina Faso, España, Francia, Irlanda, Suecia, Suiza, Tailandia y Vietnam, que aborda esta temática y propone una serie de intervenciones dirigidas a profesionales e instituciones de la salud, personas gestantes y su entorno familiar. Además de nuestro país, la implementación efectiva se hace en Burkina Faso, Tailandia y Vietnam.

El Litoral dialogó con Guillermo Carroli, director de Crep, y con Celina Gialdini, coordinadora del estudio.

Carroli es obstetra, director del Crep e investigador del estudio Quali-Dec y se especializa en investigaciones epidemiológicas de las causas de morbimortalidad materna. Gialdini es médica tocoginecóloga en el Hospital Provincial de Rosario, e investigadora del Crep y coordina en el país el estudio Quali-Dec que se realiza en ocho hospitales públicos de Buenos Aires.

– ¿Esta investigación es un insumo para el sistema de salud, para otros profesionales?

Carroli: – Hacemos investigaciones en problemas que aquejan a las poblaciones de más bajos recursos y más vulneradas. Trabajamos en causas de mortalidad y morbilidad materna e infantil; en el caso de mujeres, en lo que atañe a hipertensión durante el embarazo, hemorragias post parto e infecciones, que son las tres causas fundamentales de enfermedades y muerte materna.

Gialdini: – El primer paso fue estudiar los determinantes del aumento de la tasa de cesáreas. Se vio que muchos factores que contribuían a ese aumento no tenían que ver con lo clínico o con una patología obstétrica sino que eran cuestiones sociales, culturales y de organización tanto de las familias, las personas gestantes, el equipo y la institución de salud.

Quali-Dec establece cuatro intervenciones: acompañamiento del trabajo de parto y el parto, información a las mujeres sobre los riesgos y beneficios relacionados con el parto vaginal y la cesárea, sobre todo destinado a derribar mitos y a promover un diálogo informado de la mujer con el equipo de salud durante el control prenatal; auditorías de las cesáreas que fueron indicadas en una población que a priori tendría bajo riesgo de ser intervenida y finalmente se intervino. Es una medición de esos casos, no punitiva sino reflexiva.

Lo que hace Quali-Dec es tomar esas intervenciones que ya se demostraron seguras y efectivas y llevarlas a las instituciones de salud, implementarlas y relevar barreras y facilitadores para establecer dónde funciona y por qué, y dónde no.

Mientras tanto se releva mensualmente la tasa de cesáreas e indicadores de salud materna y perinatal.

– ¿Cuándo comenzaron a estudiar en particular el tema de cesáreas? ¿Ya venían observando en ese momento que se decidían más prácticas de las necesarias?

Carroli: – En el año 1985 la OMS convocó a expertos en Fortaleza (Brasil) a una reunión porque empieza a observar que existe un aumento de las cesáreas. En ese momento, esa práctica estaba en un 10 ó 15 %. A partir de ahí se empieza a observar un aumento importante año por año. Hoy, en efectores públicos del país estamos en un 35 ó 40 % de partos por cesárea, mientras que en otros ámbitos, de los cuales no tenemos datos fehacientes, estarían en un 70 u 80 %.

Esta situación se verifica no solo en la Argentina sino en todo el mundo y se produce año a año. Por lo tanto lo que hemos hecho a través del tiempo en esta red de la OMS es ver cuáles son las consecuencias de este incremento.

Lo que vimos es que en aquellos lugares donde las cesáreas aumentan por encima del 25 % comienza a haber un efecto nocivo para la madre y su bebé sin que se registren efectos beneficiosos. Estamos tratando de ver cuáles son las intervenciones que pueden optimizar las tasas de cesáreas para tener una incidencia por debajo de ese 25 o 30 %.

– ¿Lograron establecer por qué razón se incrementa el número de cesáreas?

Gialdini: – Parte de los datos que se relevan en el estudio son indicaciones de cesáreas en todos los grupos, pero fundamentalmente en aquellos que a priori tienen menor riesgo de finalizar en una cesárea cuando ingresan al servicio: embarazo de término, bebé único y sin una patología que indique que el embarazo tiene que finalizar rápidamente y sin esperar los tiempos.

A pesar de que hay variabilidad en diferentes lugares, incluso dentro de un mismo país y de una misma ciudad, muchas de esas causas son razones no médicas, no clínicas, o en ausencia de patologías: a veces ocurren por pedido materno, a veces por ligadura tubaria, en ocasiones por decisión del equipo de salud. Las razones son múltiples.

Carroli: – Este es un estudio que dura 5 años y ya vamos por el cuarto. En una primera fase lo que hicimos fue contextualizar lo que sucede en cada país: Argentina, Tailandia, Burkina Faso y Vietnam. Luego, capacitamos a la gente y se implementaron las intervenciones dispuestas por QualiDec. Previamente se estudiaron la tasa de cesáreas y ciertos factores de la madre y de su hijo para luego compararlos con la tasa de cesárea a los dos años de implementada la intervención. El objetivo es evaluar si modificamos la tasa de cesárea, si las madres se sienten más satisfechas y si mejoramos algunos indicadores maternos y perinatales.

– ¿Cuándo se conocerán los resultados de estas intervenciones?

Carroli: – El 1° de julio se cumple el primer año de la implementación que se termina el año que viene. En ese momento se hará una evaluación de cómo está la situación para compararla con el inicio de la investigación. Ahí vamos a saber si hemos disminuido o no la tasa de cesáreas y a evaluar la satisfacción de las madres y, por otro lado, si hemos modificado y mejorado los indicadores maternos y perinatales.

Gialdini: – Es importante la acción de los medios para poner este tema en agenda y para que se sepa que no es “liviano” indicar una cesárea cuando no hay necesidad. La cesárea es segura como también lo es el parto, pero tiene sus indicaciones específicas y si las pasamos por alto se empiezan a ver los riesgos propios de una cirugía mayor.

Carroli: – La verdadera depositaria de lo que estamos haciendo es la población, sobre todo las personas gestantes. Tenemos que mejorar su conocimiento para que puedan tomar decisiones informadas.

– https://www.qualidec.com

– Crep.org.ar (Centro rosarino de estudios perinatales).

– Ig: informacionparanacimientos

En febrero de 2022 y por iniciativa de la diputada Erica Hynes, la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe le otorgó la declaración de beneplácito al estudio por su aporte a la salud. “Valoramos que existan estudios situados en nuestra provincia, y que un grupo de investigación de Rosario sea reconocido en un consorcio internacional de alta calidad”, dijo Hynes. “Tal como demostró el estudio, cuando existe información y ésta se brinda de manera adecuada, mejoran las decisiones en cuanto al embarazo y el parto, tanto de las mujeres y personas gestantes como de los equipos de salud”, agregó la legisladora.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace hincapié en que la cesárea mejora la vida de mujeres y recién nacidos cuando existan razones médicas que la justifiquen. Sin embargo, el uso de la cesárea se encuentra por encima de los niveles que se considerarían como médicamente necesarios.

Estos aumentos en el uso de la cesárea no se ven acompañados de beneficios en la salud materno-neonatal sino que, por el contrario, se asocia a aumento de riesgo en su salud, dado que:

– No hay evidencia que demuestre beneficios del nacimiento por cesárea para las mujeres o los recién nacidos que no requieren el procedimiento desde el punto de vista médico.

– Por el contrario, como toda cirugía, la cesárea se asocia con daños a corto y largo plazo, que pueden afectar la vida y el bienestar de la mujer y su hijo.

– Al someterse a esta cirugía (cesárea), las mujeres tienen mayor riesgo de muerte, hemorragia, infección, histerectomía, permanencia en la unidad de cuidados intensivos, de complicaciones relacionadas a la anestesia o lesión de órganos.

– Los recién nacidos por cesárea, tienen mayor riesgo de muerte, de complicaciones respiratorias, de permanencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, de asma y obesidad en la infancia y adolescencia. Esto también repercute en futuros embarazos y en los costos de atención médica.

La OMS recomienda diferentes intervenciones no clínicas para mejorar el uso de la cesárea, algunas destinadas a los equipos de salud y otras dirigidas a la comunidad. Entre ellas, se recomienda brindar información de calidad sobre modos de nacimiento a las mujeres como un componente esencial de la atención prenatal.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Gobierno prolongó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 120 días y cristalizó la designación de Agustín Rossi como nuevo interventor de ese organismo en reemplazo de Cristina Caamaño, quien ejercía ese cargo desde diciembre de 2019. 

La decisión quedó ratificada este lunes con la publicación del Boletín Oficial, en su decreto 295/2022, firmado por Alberto Fernández, quien en un tuit había anticipado que “concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente”, y también por el Jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur. 

Allí se destacó que “la intervención que finaliza llevó adelante su tarea con compromiso y honestidad estableciendo los cimientos para que el Estado democrático cuente con mayor cantidad y calidad de información útil para la toma de decisiones, siempre en el marco del cumplimiento de la normativa vigente, dejando atrás prácticas antidemocráticas que constituyeron durante años los sótanos de la democracia”. 

También se mencionó que “en la actualidad, la meta principal respecto de la Agencia Federal de Inteligencia es su completa normalización” y que “es necesario terminar de afianzar las prácticas de transparencia de la administración, de rendición de cuentas y de acceso a la información pública que se han erigido durante la intervención”. 

En ese contexto, se resolvió “prorrogar la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, por el plazo de ciento veinte (120) días corridos, a contar desde la finalización del término fijado en el artículo 1º del Decreto N° 832/21”. 

También se decretó la designación como “interventor, a partir del día 6 de junio de 2022, al ingeniero Agustín Oscar Rossi” y se aclaró que “en el ejercicio de sus funciones, tendrá las facultades de gobierno y administración de la AFI”. 

En realidad, se trata de un cambio que se conocía desde el pasado viernes, cuando el Presidente resolvió llevar a los hechos la vuelta formal de Rossi al Gobierno, después de haber dejado su cargo de ministro de Defensa para disputar las elecciones en Santa Fe en 2021. 

Su decisión de ser precandidato a senador no fue avalada por Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes bendijeron la lista patrocinada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. 

Al parecer, hace tiempo que el Presidente pretendía concretar el regreso de quien en los últimos tiempos se convirtió en uno de sus más vehementes defensores mediáticos. De hecho, Clarín había publicado en enero que Fernández tenía intenciones de repatriarlo y que la AFI era el lugar que tenía en mente. 

Este sábado, después de que vio la luz la noticia de su desembarco en la AFI, y en medio de la tensión al interior del Gobierno por la salida del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, Alberto Fernández recibió este sábado en la Quinta de Olivos a Rossi. Del encuentro también formó parte Caamaño. 

“Concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente. Agustín Rossi estará a cargo del organismo y requeriremos el acuerdo del Senado de la Nación. De ese modo volverá a sumarse al gobierno nacional aportando toda su experiencia y honestidad”, precisó ese mismo día el Presidente, desde su cuenta en Twitter. 

Caamaño dedicó la intervención a investigar la gestión de sus antecesores, que dejaron múltiples evidencias del caos con el que manejaron el organismo. Presentó casi una docena de denuncias: desde el caso vinculado al “Pata” Medina hasta el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, una causa que salpicó a Mauricio Macri. 

Sin embargo, tanto en la Justicia federal como en despachos oficiales evaluaron este tiempo que la gestión de Caamaño no sirvió para “profesionalizar” la agencia. 

La interventora saliente, tras el encuentro en Olivos, le dedicó elogios a Rossi, a quien definió como “un cuadro político y de gestión que podrá consolidar y profundizar el trabajo” que realizó desde 2019. 

Rossi, en declaraciones radiales, devolvió gentilezas. “La doctora Caamaño hizo una tarea en ese sentido. Quiero seguir el camino de profesionalizar y transparentar para que la inteligencia no sea algo oscuro, para que el Presidente y su equipo de colaboradores tenga la mayor cantidad de herramientas para llevar adelante las decisiones”, expresó. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella explicó que la intervención que hizo el Municipio, tapialando las puertas y ventanas, en el “viejo” Hospital Gutiérrez fue para “darle una respuesta a los vecinos” que plantearon la preocupación por el ingreso de personas y los constantes hechos de vandalismo que allí se registraban.

“Un mes y medio atrás hicimos una reunión de la que participaron la diputada provincial Rosana Bellatti, el senador departamental Lisandro Enrico y parte de nuestro equipo del Gobierno Municipal, donde nos manifestaron su preocupación por el estado del edificio y nos marcaron tres cuestiones centrales: la poda, la iluminación y lo que sucedía dentro de esta obra que está abandonada desde hace más de dos años”, comentó Chiarella.

El mandatario recordó que la reunión la comenzaron fuera del edificio, pero se largó a llover y se trasladaron al interior, al sector intervenido. “Realmente nos encontramos con un lugar que parecía un aguantadero, con jeringas, envoltorios de drogas, preservativos, cajas de vino. Esto demuestra lo que plantean los vecinos, que este es un espacio que propicia la inseguridad”.

Según precisó Chiarella se están cumpliendo con los pedidos de los vecinos: “podamos para que haya mayor iluminación, cambiamos las luminarias y cerramos los lugares donde la circulación de personas y delincuentes es mayor”. Y disparó: “Estas son mejores condiciones de seguridad para la comunidad, no debería molestarle a nadie”.

El intendente también insistió con el pedido para que se continúe con la obra prevista en este edificio que consiste en convertirlo en un nuevo Centro de Justicia Penal. “Lo que nosotros queremos es que la obra se haga, que la recuperación de ese edificio sea finalmente una realidad y es lo que le venimos pidiendo desde el inicio de la gestión de Omar Perotti. Mientras tanto, hicimos estos trabajos transitorios, que después se van a demoler, pero mientras tanto brindan mayor tranquilidad a los vecinos”.

Cabe señalar que el pedido de los vecinos del barrio Alejandro Gutiérrez ingresó al Municipio con unas cien firmas. “No es una ocurrencia del intendente, es una respuesta concreta a la demanda de los vecinos”, enfatizó Chiarella.

En el marco de las actividades que el área de Territorialidad y Desarrollo Cultural de la Municipalidad ha preparado para celebrar la “semana de la fundación” de Venado Tuerto, durante la mañana de hoy “Alejandro Estrugamou” visitó el Concejo Municipal para hacer entrega de un plano, que data del año 1900 a la edil Mariana Iturbide, descendiente de Pedro Iturbide, otro de los hombres fuertes de la primera época de la ciudad.

“En los próximos días varios personajes de la fundación van a circular por la ciudad: Alejandro Estrugamou, Eduardo Casey, Basilia Arana (antigua dueña del edificio donde funciona actualmente el Municipio) y Nicasia, una india que deambulaba en la zona de la actual plaza San Martín”, contó Miriam Carabajal, resaltando que el objetivo es compartir un poquito de “nuestra historia”.

La primera irrupción fue en el Concejo, donde “queríamos sorprenderlos y descontracturar un poco la tarea en el recinto”. Así fue que un actor que encarnaba a Estrugamou “se hizo presente preguntando por su hombre de confianza, Pedro Iturbide, aprovechando la presencia de Mariana, entregando un plano que también queríamos poner en valor porque tiene los nombres originales de sus calles”, precisó la funcionaria.