El artículo 71 de la Constitución Nacional establece que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". Así sucederá en la Cámara de Diputados este martes desde las 14 cuando fueron citados a brindar informes sobre el caso de la criptomoneda $Libra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Es lo que dispuso la Cámara baja en la sesión del 8 de abril. La interpelación estaba prevista para una semana atrás, pero el duelo por siete días que estableció el gobierno nacional luego de la muerte del papa Francisco marcó una impasse en la actividad del Congreso que solo se reunió para rendir homenaje al pontífice argentino.

Se descuenta que Francos será la voz principal en la defensa o, al menos, en el propósito de desligar de responsabilidades al presidente Javier Milei en el sonado caso ocurrido el 14 de febrero. El propio mandatario nacional y su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, estaban incluidos, en principio, en la lista de dirigentes a ser interpelados, aunque luego se decidió retirarlos del menú.

Según se supo, Cúneo Libarona también concurrirá a Diputados para dar las explicaciones referidas, en tanto está en duda la presencia del ministro de Economía. Caputo fue convocado en varias oportunidades, por ejemplo, para ofrecer detalles de la Ley de Bases aprobada a mediados del año pasado, pero nunca asistió a la cita.

La de este martes será la primera interpelación en 30 años. La última, al menos de gran trascendencia, ocurrió el 23 de agosto de 1995 al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo (gobierno de Carlos Menem). Meses después, el 24 de abril de 1996 Cavallo volvió al recinto de sesiones aunque en un encuentro que no tuvo la misma repercusión.

Antes de Cavallo, fueron los ministros de Raúl Alfonsín, Antonio Tróccoli y Germán López, quienes tuvieron que concurrir a Diputados para ser interpelados, en el año 1986.

El caso de la criptomoneda no termina allí: para el miércoles a las 10 fue citada la comisión investigadora para elegir autoridades y fijar días y horarios de reunión.

El primero de los objetivos va a llevar un largo rato de discusión. Es que los 24 integrantes originales que tendría la comisión, impulsada por la oposición y aprobada también en la sesión del 8 de abril, se sumaron otros cuatro en razón de los interbloques creados a partir de ese momento y de escisiones que modificaron la composición.

De esta manera, la comisión quedará compuesta por los libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz; la tucumana Paula Omodeo; Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra, del Pro; Oscar Zago del MID; y Francisco Monti y Pablo Cervi de Liga del Interior, nuevo bloque de radicales aliados al Gobierno nacional.

Por otra parte estarán los seis miembros de Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Itaí Hagman, Sabrina Selva y Carolina Gaillard; los de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot; los de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal y Danya Tavela; y los de la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. A los 12 integrantes de estos cuatro bloques, hay que sumar a Julia Strada (integrante de UP que pasó a formar parte del bloque Nacional y Popular para nutrir al interbloque Frente de Izquierda – Unidad) y Christian Castillo (PTS).

Los otros integrantes son la cordobesa Soledad Carrizo y el mendocino Lisandro Nieri (UCR), y el rionegrino Agustín Domingo y la salteña Yolanda Vega (Innovación Federal).

La jornada seguirá con una fuerte impronta política pero ya fuera del Congreso: el día previo al 1° de Mayo, Día de los trabajadores, está prevista la marcha de la CGT, que tiene adhesión de las dos CTA, y se hará desde las 14 por distintas arterias de CABA con fuertes mensajes y criticas a las políticas de gobierno nacional.

"Milei debe asumir la responsabilidad de su cargo. No puede seguir actuando como un comentarista más cuando sus palabras tienen impacto directo en la economía y la relación del país con el mundo", sostuvo el diputado nacional Mirabella, del bloque “Defendamos Santa Fe”. 

Además, recordó que ya cuando era legislador nacional había ocurrido un caso similar y el hoy jefe de Estado admitió haber cobrado 10.000 dólares por la promoción de criptomonedas. "El pueblo argentino merece un liderazgo comprometido, no actitudes que lo subestimen", señaló.

En la misma línea, el rafaelino sostuvo que “el Presidente no puede comunicar beneplácitamente sobre un tema financiero” y que su accionar deja dudas sobre si fue parte de una estafa o simplemente actuó sin conocimiento. “Si lo sabía, está siendo parte de la estafa. Y si no lo sabía, no lo tendría que haber hecho”, afirmó.

Además, consideró que la Justicia debería investigar el caso “de manera natural y oficial” y que el Congreso debería avanzar con una interpelación. “Me parece grave lo que está pasando y no se puede hacer como que no pasa nada”, advirtió. También cuestionó la reacción del mandatario ante las críticas: “Se defiende atacando, insultando y diciendo barbaridades”.

Mario Cáffaro

En la agenda de este jueves la Cámara de Diputados tiene el ingreso de dos pedidos de interpelación a funcionarios del Poder Ejecutivo por el tema seguridad. El primero fue ingresado por Rubén Giustiniani (Igualdad). El artículo primero del proyecto dispone “convocar al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, al recinto de la Cámara de Diputados con motivo de las balaceras ocurridas en la ciudad de Rosario y el aumento de la violencia y muertes derivadas de la acción del narcotráfico”.

Para el legislador se “está ante una situación grave que exige medidas urgentes para no caer en un punto de no retorno, en el cual los niveles de violencia y el incremento del delito en las principales ciudades de la provincia sea incontrolable. Para evitar esto es necesaria, como venimos afirmando hace tiempo, la articulación entre todos los niveles del Estado, por un lado, y entre todos los espacios políticos, por el otro. La emergencia en materia de seguridad que atraviesa la provincia necesita de una respuesta integral y articulada”.

En tanto, el bloque de Juntos por el Cambio y con la firma de Julián Galdeano, Ximena Sola, Alejandro Boscarol y Walter Ghione le piden al presidente de la Cámara de Diputados que cite a los ministros de Seguridad, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y al secretario de Justicia en los términos del artículo 45 de la Constitución Provincial. Además de las balaceras de Rosario pone entre los argumentos el agravamiento del delito rural así como el incrementos de robos y delitos en la ciudad de Santa Fe.

Luis Rodrigo El Litoral El ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, no perdió la calma durante la extensa interpelación en la que recibió duros cuestionamientos sobre su gestión por parte de los senadores de la oposición. Logró no alzar la voz y optó aceptar todas las preguntas y repreguntas de los senadores radicales que, en ocasiones, incluso mantuvieron un fuerte diálogo con el funcionario. Su estrategia fue la del desgaste del rival, en el duelo verbal que le planteó su visita al Senado, pero salió con heridas cuya profundidad habrá que cotejar más adelante. Los duros cuestionamientos del radicalismo en la Cámara alta se mantienen luego de las explicaciones de Capitani, a quien por momentos el presidente del bloque radical Felipe Michlig tuteó y llamó afectuosamente “Danilo”, como en los viejos tiempos, pero luego terminó tratando secamente de usted. Hubo comentarios y requerimientos puntuales del sancristobalence, y de sus correligionarios Rodrigo Borla (San Justo) y Leonardo Diana (San Jerónimo) tanto sobre la utilización electoralista de la ayuda estatal alimentaria -en especial las bolsas con comida-, así como de los subsidios otorgados a una entidad de bien público (una fundación del Departamento San Jerónimo) en la que un directo familiar suyo tiene un rol importante. “Llama la atención”, dijo Michlig que en total llegaran casi 10 millones de pesos a esa institución por parte de la cartera a cargo de Capitani. También hubo preguntas sobre los fondos públicos para otra entidad de ese departamento, que tiene como directivo al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Jorge Bortolozzi.

#Ahora en la interpelación del Senado al Ministro Capitani por las irregularidades y el uso partidista de los recursos del Estado en el Ministerio de Desarrollo Social, impulsada por @felipemichlig @germangiacomino @RodrigoBorla @lisandroenrico pic.twitter.com/ISHlYC1U8A

— Juan Cruz Cándido ? (@CacuCandido) October 20, 2021

Capitani tuvo a su favor una foto junto a un cúmulo de biblioratos y expedientes -29 gruesas carpetas que llegaron en una suerte de carrito al que en un momento se pensó en cargarle otras 30 más-, cuando la prensa cubrió su llegada a la Legislatura, pasadas las 10.30 de la mañana. En papel impreso, debidamente foliada y bajo las carátulas oficiales, esa documentación simbolizaba la contundencia de los argumentos a exponer. Pero a las 16.30 dejó la Cámara de la que fue parte durante 16 años en representación de San Jerónimo, siempre por el justicialismo, y para entonces otras imágenes reemplazaron a aquella: se multiplicaron en redes y medios fotos y videos exhibidos por la oposición radical en la que se ve a dirigentes políticos y a candidatos oficialistas en pleno reparto de mercadería. “No me consta que sean alimentos comprados por el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo en varios tramos de la interpelación. “Puede haber sucedido”, admitió cuando se le preguntó si el acto final de la llegada de comida a quienes lo necesitan, la entrega material de la ayuda estatal estuvo en manos de postulantes del PJ en los próximos comicios. “El hambre y las necesidades no se suspenden por el calendario electoral”, dijo en otro tramo del debate cuando se le preguntó cómo es que el 12 de septiembre, en pleno desarrollo de las Paso, en el departamento San Justo, apareció un vehículo con mercadería. El funcionario habló durante unas cuatro horas con los senadores que lo citaron. Respondió a preguntas formuladas solo por legisladores del radicalismo. Los bloques justicialistas del oficialismo de Lealtad y el peronismo crítico del Nes, con Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) se limitaron a observar y escuchar muy atentamente. Casi nadie dejó el recinto aunque por momentos fuera tediosa y monocorde la exposición del ministro sobre los lineamientos conceptuales generales que guían su gestión, y los principios jurídicos y doctrinarios que, además de definir sus políticas públicas, las reglan desde el punto de vista administrativo. El único gesto de respaldo desde el oficialismo y sus dos bloques llegó al terminar la jornada con algunos abrazos efusivos con barbijos y choques de puños alentadores.

El cuestionario elaborado por los radicales contó con 28 preguntas divididas en tres tópicos: ayuda alimentaria en los llamados “bolsones”, en rigor bolsas con alimentos no perecederos, irregularidades detectadas con una tarjeta social y por último subsidios y actividades oficiales destacadas de Capitani en el departamento San Jerónimo, del que fue su representante en el Senado entre 2003 y 2019. De los tres ítems, salió mejor parado en el referido a los problemas que la propia gestión del ministro detectó con una tarjeta de asistencia a familias vulnerables. Dijo que la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación fue hecha y que está bajo un proceso de investigación si se llegó a consumar o no un desvío de recursos. Sobre ese tema hubo preguntas sólo sobre números, no cuestionamientos a su proceder. En cambio, sobre los otros dos abundaron posiciones más rígidas. En tres oportunidades Michlig le preguntó si en San Cristóbal va a seguir el reparto de alimentos en poblaciones donde gobiernan partidos opositores al PJ, cuyas administraciones son puenteadas en favor de instituciones intermedias o asociaciones en las que militan, casualmente, candidatos del peronismo. También fue fuerte el intercambio con quien sucedió a Capitani en la banca: el senador Diana que no ocultó su molestia por ver que su antecesor está presente en cuanto acto oficial provincial se desarrolle en San Jerónimo, aunque nada tenga que ver con el área de Desarrollo Social. Ahí se llevó al ministro, pregunta tras pregunta, una interpretación sobre lo que manda la Ley de Ética Pública en cuanto a las competencias e incompatibilidades. El ministro explicó que va a los cortes de cintas como un integrante más del gabinete provincial. Y Diana pareció satisfecho. Pero luego vinieron las preguntas sobre los subsidios en los que las transferencias son a dos entidades con fuertes vínculos personales con el ex senador. En un caso un familiar directo que lleva los números de esa fundación (nadie brindó un nombre) y en el otro, otro colaborador del gobernador Omar Perotti, el subsecretario Jorge Bortolozzi. Las primeras preguntas hablaban de la posibilidad de que los funcionarios se abstengan de participar en actos que pudieran susceptibles de alguna incompatibilidad; las segundas fueron a esos dos casos y estuvieron a cargo de Michlig, protagonista tan principal como el titular de Desarrollo Social de la interpelación. Capitani negó cualquier tipo de discriminación política o uso electoralista de la ayuda alimentaria a cargo de su cartera, aunque advirtió que la trazabilidad de lo que se entrega llega “en un seguimiento geolocalizado” solo hasta la institución, repartición, entidad intermedia, iglesia u ONG que se encarga de su distribución. Rechazó la acusación de la oposición de haber “puenteado” a las autoridades locales cuando no pertenecen al justicialismo y aseguró que cuando no hubo entregas de alimentos a través de comunas o municipios fue porque estos no los pidieron.

Uno de los datos salientes de la primera interpelación del Senado santafesino en la historia democrática reciente es que el jefe del interbloque del radicalismo, Felipe Michlig, anunció que enviará “a la Comisión de Juicio Político” la versión taquigráfica, con los antecedentes, las preguntas de los senadores y las respuestas del ministro Capitani, “a los fines que pudiera corresponder”.

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Pullaro, expresó: “Esperábamos menos generalidades y más precisiones del ministro Roberto Sukerman. Ante los escandalosos vacunatorios VIP en Baigorria y otras localidades, de enorme gravedad, pareciera que para el gobierno los responsables son los directores de los hospitales. Aquí existieron mayores niveles de complicidad, y no aparecen los responsables políticos”.

“Durante las horas de interpelación no logramos conocer cuáles son los mecanismos de control y transparencia en el proceso de vacunación en Santa Fe. En ese sentido le pregunté al ministro cuántos casos y cuántos vacunados VIP fueron descubiertos por los mecanismos de control. No me contestó y nos quedamos sin conocer qué nivel de información tiene el gobierno de Santa Fe”, aseveró Pullaro.

“Es innegable la existencia de vacunatorios VIP en Santa Fe, porque se dan al menos tres condiciones. Por un lado, la intención de una persona de colarse o saltarse la fila; otra es la complicidad de quienes la aplican, y por último la ausencia de controles y mecanismos de transparencia. En Santa Fe se dieron las tres”, sentenció el legislador oriundo de Hughes.