La quiebra del exBanco Integrado Departamental (BID), declarada el 24 de abril de 1996, transita por estos tiempos un capítulo inesperado para muchos: el pago de intereses postconcursales que alcanzan $13.856 millones, correspondientes al noveno dividendo concursal.

Según la Ley de Concursos y Quiebras, la declaración de quiebra suspende automáticamente el devengamiento de intereses. Solo los créditos laborales y los amparados por garantías reales mantienen su derecho a cobrar intereses durante el proceso, y en este caso, ambos ya fueron cancelados en etapas anteriores.

Para los demás acreedores, los intereses postconcursales se liquidan únicamente cuando se abonó el 100% del capital verificado, lo que actualmente se cumple con el pago de un capital de $144 millones (en valor histórico). En este sentido, la página oficial de la sindicatura (www.sindexbid.com.ar) ofrece un detallado instructivo para acceder a estos pagos -el plazo vence el 31 de mayo-, incluyendo los procedimientos para familiares de titulares de créditos fallecidos.

Este noveno dividendo combina el pago de capital mencionado y la liquidación de los intereses suspendidos desde la quiebra. Para calcular esos intereses, el juzgado autorizó a la sindicatura la aplicación sobre los importes verificados que no obtuvieron intereses con anterioridad (caso Banco Central de la República Argentina), la tasa pasiva del Banco Nación, capitalizada mensualmente, y sobre ese monto total, liquidar, hasta donde las disponibilidades lo permitían, el pago de intereses. La decisión judicial responde a la necesidad de atenuar las distorsiones causadas por la inflación. Y el mecanismo de cálculo distingue entre dos grupos de acreedores. Uno es el de los que recibieron pagos parciales de dividendos (como los ahorristas, donde los intereses se ajustan considerando los pagos parciales efectuados en dividendos previos, desde 1996 hasta 2019, cuando se completó el pago, a valor histórico, de los 365 millones de capital verificado). El otro grupo es el de los acreedores que no recibieron pagos previos (generales, quirografarios y subordinados). Para ellos, los intereses se calculan desde la fecha de reconocimiento del crédito hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha de cierre de devengamiento establecida en la propuesta elevada al tribunal por la sindicatura.

Cabe recordar que, en el séptimo dividendo, en 2022, y en el octavo dividendo, en 2023, cuando se cancelaron distintas categorías de privilegios ostentados por el Banco Central de la República Argentina (en virtud de redescuentos otorgados en favor del BID), se pagó un total de $304 millones de capital y, por primera vez, $1.400 millones de intereses postconcursales.

El proceso de liquidación en vigencia es, sin dudas, infrecuente, ya que rara vez un trámite falencial logra cancelar la totalidad del capital de todas las categorías y proyectar el pago (aunque parcial) de intereses postconcursales. Además, este paso, según se vislumbra, comienza a cerrar un ciclo judicial y financiero que se extendió por más de tres décadas.

Sin embargo, recorriendo las etapas finales de este intrincado trámite -sin descartar futuras distribuciones de intereses-, la novedad debe presentarse tal cual es, con sus claros y sombras. Las circunstancias descriptas no pueden ni deben celebrarse como una reparación plena: ninguno de los ahorristas (aun con unos $8.400 millones a cobrar en concepto de intereses postconcursales en este noveno dividendo) recibirá una compensación equivalente al daño económico y moral sufrido en abril de 1995, cuando fueron víctimas de un incalificable despojo.

El déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) en Argentina alcanzó en febrero a 228.134 millones de pesos, mientras que los intereses de la deuda se elevaron a 257.456,9 millones de pesos, lo cual arrojó un desequilibrio financiero de 485.590,9 millones de pesos, según informó el Ministerio de Economía.

En un comunicado, el Palacio de Hacienda indicó que el resultado de las cuentas públicas se produce por “el incremento en la inversión pública y por la caída en los tributos del comercio exterior afectados por la sequía”.

La cartera económica puntualizó que “la suba en los ingresos -excluidos los del Comercio Exterior-, alcanzó el 105,1%, mientras que los recursos totales aumentaron 85,6%, afectados por la sequía, respecto de febrero de 2022”.

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“En el periodo de referencia, los Ingresos totales del SPN ascendieron a 1.570.391,1 millones de pesos, (+85,6 % i.a.). La magnitud del impacto de la sequía redujo los derechos de exportación en un 45% interanual (i.a.) y se estima que la pérdida de estos alcanza los $ 200.000 M durante el primer bimestre. Excluyendo los tributos del comercio exterior el incremento de los ingresos ascendería a 105,1% i.a.”, explicó el Palacio de Hacienda.

Los ingresos tributarios vinculados a la actividad económica crecieron 107,2% i.a, por el lado del IVA neto de Reintegros y 99,3% i.a. por el lado del impuesto a las ganancias, mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 106,9% i.a.

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Más adelante, las autoridades económicas subrayaron que “el gasto primario del SPN alcanzó los 1.798.525,1 millones de pesos y presentó una suba de +95% i.a. Al mismo tiempo, el gasto de capital creció 246,6% i.a frente a febrero de 2022 marcando una aceleración sostenida de la inversión pública asociada a obras de infraestructura energética, vivienda y transporte”.

Finalmente, el parte oficial puso en relieve que “si bien la evolución de los gastos primarios refleja la prudencia de la administración fiscal durante el primer bimestre de 2023, la caída en la recaudación de Derechos de Exportación medida en dólares a valores cercanos a la mitad de lo recaudado en 2021 y en 2022 para el mismo periodo y la caída estimada respecto del volumen de producción agropecuaria dan cuenta de la severidad del impacto de la sequía en las cuentas públicas”.

El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP), Gabriel Real, presentó un proyecto de comunicación por el cual solicita a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se abstenga de gestionar cobros en concepto de intereses punitorios por todo el período 2020/21 en todas las categorías de usuarios del servicio de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe.

Gabriel Real, diputado provincial del PDP.

Así también pide el legislador que se proceda administrativamente con el trámite de calcular e imputar como pago a cuenta o crédito fiscal en favor de aquellos contribuyentes a los cuales se les haya facturado ese costo financiero, y habiendo realizado el pago correspondiente, se efectúe la conciliación económica pertinente, poniendo en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes.

“Mediante este proyecto solicitamos una medida excepcional de parte de la Empresa Provincial de la Energía, con claros fundamentos a partir de la situación de público conocimiento, es decir, de seguir transitando un período caracterizado por un contexto económico, social y sanitario en crisis, y en el cual estamos convencidos de que no es momento de incorporar en el cuadro tarifario o en el sistema de facturación, conceptos vinculados con el cobro de intereses punitorios”, sostuvo Gabriel Real.

En ese contexto generalizado, el conjunto de las actividades comerciales, de servicios, los oficios, los profesionales y las propias industrias recién en estos últimos días han comenzado a tener un proceso de reapertura de sus actividades, de manera segmentada y aún con ciertas restricciones en materia de ampliación de cupos, horarios y otros factores que tratan de volver a un contexto parecido al de prepandemia.

“Si buscamos darle una oportunidad de regularizar sus deudas a un grupo importante de contribuyentes que tienen atrasos impositivos y de servicios, como consecuencia de que vieron afectados claramente sus ingresos, el sentido común diría que debemos volver a plantear medidas extraordinarias en el marco de este contexto justamente extraordinario”, fundamentó el legislador.

“En este sentido las empresas prestadoras de servicios esenciales, y sobre todo siendo empresas estatales, deben ser objetivas en este punto y no pueden salir a cobrar por sus servicios impagos o pagos fuera de término, en la mayoría de los casos involuntariamente, un costo financiero absurdo por donde se lo mire”, agregó.

En este momento “se deben adoptar criterios solidarios y coherentes de funcionamiento, si no se pudo medir el consumo en su momento, si hubo y hay contribuyentes que recién ahora están viendo la posibilidad de normalizar y recuperar sus ingresos a niveles de prepandemia. El Estado mismo reconoce esas situaciones y no se puede cobrar ‘por las dudas’ ni se debe recurrir a un instrumento como el cobro financiero de intereses punitorios en este contexto de desorden global extraordinario”, finalizó Real.