Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación imputaron formalmente al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y parte de su equipo como miembros de una asociación ilícita que tenía como objetivo realizar tareas ilegales de inteligencia contra dirigentes opositores, empresarios y responsables de medios de comunicación. También se les imputa peculado, malversación de fondos y hasta el encubrimiento de apremios ilegales.  

A raíz de ello, el interbloque de la Unión Cívica Regional lanzó un comunicado manifestando su preocupación por lo sucedido y poniendo el foco en el manejo del gobierno de Omar Perotti hacia la cartera de Seguridad provincial y su relación con el acusado Sain.

Desde los bloques de diputados y senadores provinciales de la Unión Cívica Radical veníamos advirtiendo desde hace tiempo que el gobierno de Omar Perotti utilizaba el Ministerio de Seguridad para, con su estructura y recursos, realizar tareas que nada tenían que ver con mejorar las condiciones de seguridad de los santafesinos y las santafesinas sino con intentar, mediante las operaciones y el apriete, acallar voces disidentes. Nada propio de una República Democrática que está a punto de cumplir 40 años de vida. Mientras el delito aumentaba, se duplicaban los índices de homicidio con los que Perotti recibió la provincia y les negaban a las fuerzas de seguridad recursos para poder patrullar las calles, se llevaban adelante tareas de espionaje ilegal. Y el Gobernador, como mínimo, dejó pasar el aumento de la crisis de seguridad.  

Hoy no se cerró ninguna etapa. Se abre una instancia de extrema gravedad institucional en nuestra provincia. El gobernador Omar Perotti, sindicado por Sain como quien consintió todos los hechos por los que hoy se ha imputado a ex funcionarios del actual gobierno, deberá explicar con claridad cuál es su relación con esta banda delictiva que operaba desde despachos a escasos metros de su oficina. El Gobierno que tiene la responsabilidad de cuidar la vida de sus ciudadanos no puede ser el que los persiga sin que medie orden judicial. Llamamos al gobernador a no esconderse como hace ante cada problema y darle a la ciudadanía explicaciones urgentes y creíbles de este hecho que avergüenza a Santa Fe. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Este jueves, integrantes de los Bloques de Senadores y Diputados de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Fe mantuvieron una reunión de trabajo a los fines de evaluar el impacto de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de la Provincia -a través del Decreto N° 386- y demás aspectos relacionados a la segunda ola de la Pandemia del Covid-19.

El encuentro (presencial-virtual), estuvo encabezado por los presidentes de los Bloques de Senadores y Diputados, Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro, respectivamente, con la presencia de los senadores Rodrigo Borla y Leonardo Diana; los diputados Marcelo González, Fabián Bastía, Jimena Senn, Silvana Di Stéfano y Sergio Basile. En tanto, otros legisladores del interbloque participaron virtualmente.

A su término, todos coincidieron en trazar un diagnóstico de suma preocupación con relación a la actual situación de la pandemia, lo cual se plasmó en un petitorio -con carácter de urgente- elevado al Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, basado en tres ejes fundamentales: 1.- La cuestión sanitaria; 2.- La situación económica y 3.- La distribución de recursos a los gobiernos locales.

Cuestión sanitaria

En cuanto a la vacunación se requirió que sea “más uniforme ya que existe una diferencia porcentual entre los distintos departamentos. En algunos se vacunó alrededor del 20 por ciento de la población objetivo, mientras que en otros ya se superó el 35 por ciento siendo que son regiones en rojo por la gran cantidad de contagios”. Al respecto “por suerte vemos que la Ministra de Salud, Dra. Sonia Martorano, oportunamente tomó nota de este reclamo y esa diferencia porcentual se va achicando”.

Atento a que las vacunas que llegan a la Provincia no son en el número deseado, se insistió con que “se lleve a cabo gestiones de compra de dosis por medios propios y/o con las provincias que integran la región centro, tendientes a complementar las que provee el Estado Nacional”.

Asimismo, se requirió intensificar la campaña con un criterio más preciso en las distintas franjas determinadas, priorizándose a otros ciudadanos que tienen edad avanzada y/o comorbilidades aún no han sido contemplados, ni convocados, pese a estar inscriptos, lo cual es preocupante porque son personas con mayor grado de riesgo”, señalaron.

También se requirió que exista mayor cantidad de testeos en todo el territorio provincial y se asegure mayor presencia policial para controles en rutas y en accesos, además para fortalecer operativos de los gobiernos locales.

Se insistió con la refuncionalización y jerarquización de los Comités de Emergencia Departamental que han demostrado ser una eficaz herramienta de coordinación y de conocimiento territorial para tomar las mejores decisiones en relación con la pandemia.

Se reflejó el mal estado de la infraestructura hospitalaria en general, falta de recursos humanos y el mal estado de las ambulancias, muchas en estado obsoleto. También se propuso que el Gobierno analice la posibilidad de implementar el Boleto Gratuito para Trabajadores de la Salud Pública.

Situación económica

Los legisladores radicales repararon en la imperiosa necesidad de brindar asistencia a sectores afectados por la pandemia, señalando que “la misma tuvo y tiene un impacto económico, social y productivo que no tiene antecedentes comparables por su intensidad y duración. En solo un año el PBI cayó un 9,9 por ciento pero para algunos sectores tal caída fue de mayor gravedad. El sector hoteles y gastronomía cayó un 49 por ciento El transporte cayó un 17 por ciento, la construcción un 22% y los servicios comunitarios un 38 por ciento. Son unos ejemplos de esas caídas superiores a la media”.

Por tal motivo, exigieron que se operativice la aplicación de la Ley Provincial N° 14.009 que “sancionamos en octubre del año pasado y luego fue promulgada por el Poder Ejecutivo”.

“Esta Ley de Emergencia provincial al sector turístico y otras actividades, establece diferimientos, prórrogas y exención de impuestos, readecuación de la metodología de factores de servicios de energía eléctrica y agua y otorgamiento de subsidios o aportes no reintegrables hasta un monto de $500.000 por beneficiario, además de líneas de crédito, hasta el 30 de junio 2021, otorgando la facultad al P.E. de prorrogar por 6 meses. Además, crea el Fondo de Asistencia Financiera específico por 800 millones de pesos”.

Recursos para Gobiernos locales

Otra cuestión directamente vinculada a la pandemia que los legisladores reclaman al Gobierno Provincial es “la escasa distribución de los recursos creados por Ley N° 13.978, -conocida como Fondo COVID para municipios y comunas-Al presente, ya con el avance de la 2° ola, la Provincia solo transfirió $884 millones, menos del 30% de los $3000 millones aprobados por dicha Ley para atender necesidades derivadas de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria.”

Asimismo, se hace notar que la distribución del “Plan Incluir” no llega en un plano de igualdad para todos los MMyCC de la Provincia, estando “contaminado de favoritismos y discriminación política, según el signo partidario de los gobiernos locales”.

“Del total de lo distribuido del “Plan Incluir” en la Provincia -según presupuesto 2020-, el 59 por ciento de los Municipios y Comunas del oficialismo recibieron estos aportes, y tan solo el 11,6 por ciento de los MMyCC de la oposición. En cuanto a cifra por habitantes, esto significa que los gobiernos oficialistas recibieron 358 pesos y los de la oposición 96 pesos por personas, la relación es casi de 4 a 1, según se desprende de la información oficial”. Además, agregan que “la Ley de presupuesto cuenta con partida por $4.000 millones para el programa Incluir destinado a Municipios y Comunas”. “También, la Ley 14.025 – Tributaria 2021 incluye un capítulo especial de Exenciones Especiales para actividades afectadas por la pandemia”, menciona el documento.

Consideraciones generales

Finalmente, los legisladores radicales manifiestan que “el petitorio pretende poner sobre la mesa los problemas que venimos señalando desde hace meses, que se agravaron, y que la provincia no está atendiendo en la medida deseada. También brindamos las herramientas a nuestro alcance por la importancia de empoderar con recursos a los gobiernos locales, y la urgencia de asistir económicamente, con eficiencia y un criterio de solidaridad, a los sectores afectados por las restricciones”.

“Necesitamos un diálogo profundo, urgente, transversal, para afrontar una situación muy concreta como es frenar los contagios, y avanzar, con recursos, en una batería de políticas de asistencia económica a los afectados por las restricciones”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]