Un amplio operativo policial logró desbaratar en Uruguay lo que las autoridades definieron como un intento de golpe delictivo de gran escala, comparable con los robos más sofisticados de la historia reciente del país. Tras meses de investigación, nueve personas fueron detenidas por su presunta participación en un plan para ingresar a un banco mediante un túnel en pleno corazón de Montevideo.

La maniobra se desarrolló en la Ciudad Vieja, una de las zonas más antiguas y transitadas de la capital uruguaya. Allí, los sospechosos habrían montado una compleja estructura subterránea con el objetivo de alcanzar una entidad financiera sin levantar sospechas, utilizando métodos que combinaron trabajo manual, logística y conocimiento del sistema de saneamiento urbano.

El caso comenzó a tomar forma a mediados del año pasado, cuando el grupo alquiló un local comercial ubicado en la esquina de las calles Colón y 25 de Mayo. Bajo la apariencia de un comercio sin actividad, los implicados habrían iniciado tareas de excavación que se extendieron durante varios meses.

Los movimientos dentro del inmueble y ciertos comportamientos detectados en la zona despertaron la atención de los investigadores a comienzos de diciembre. A partir de ese momento, se puso en marcha un seguimiento discreto que permitió reunir pruebas clave sobre la operatoria del grupo y su objetivo final.

Así es por dentro el túnel que cavaron nueve delincuentes para entrar a robar.

El trabajo de inteligencia culminó con un despliegue simultáneo que permitió concretar detenciones tanto en el local desde donde partía el túnel como en la zona de El Pinar. Entre los arrestados hay ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal con conexiones regionales.

La inspección realizada por la Policía reveló detalles que dan cuenta del nivel de planificación del plan. El acceso al túnel se encontraba cuidadosamente oculto dentro del local alquilado, desde donde descendía un pozo vertical que conectaba directamente con la red de cloacas de la ciudad.

El pasadizo subterráneo es extremadamente estrecho, al punto de que solo permite el avance de una persona arrastrándose. Las imágenes registradas por las fuerzas de seguridad muestran tramos de difícil acceso, lo que evidencia el esfuerzo físico y el riesgo que implicó la excavación.

Dentro del inmueble se encontraron bolsas con escombros, arena y materiales de construcción, producto del trabajo manual sostenido durante meses. Además, los investigadores confirmaron que el grupo utilizaba el sistema de alcantarillado como una vía de desplazamiento subterránea para acercarse al banco sin ser detectados desde la superficie.

Entre los arrestados hay ciudadanos paraguayos y brasileños.

El operativo policial permitió capturar a los nueve sospechosos antes de que el plan pudiera concretarse. Según informó el ministro del Interior, Carlos Negro, cinco de los detenidos intentaron huir al verse rodeados por los efectivos, utilizando precisamente las cloacas como vía de escape.

La peligrosidad de la maniobra y el grado de organización de la banda fueron destacados por las autoridades, que subrayaron que el accionar del grupo representaba un riesgo tanto para la seguridad pública como para la infraestructura urbana.

Con la reactivación de la actividad judicial a partir de este lunes, luego de la feria de enero, cobran fuerza las expectativas de que haya pronunciamiento en los tribunales sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

No es para menos, por cuanto son cinco las presentaciones realizadas ante el fuero en lo Contencioso Administrativo, y de ahí pasar a la propia Corte Suprema de Justicia, por vía de apelaciones o directamente por per saltum.

Estos recursos de amparo no fueron tratados hasta el momento porque ningún magistrado habilitó la feria para hacerlo. El único fue el polémico juez federal de Paraná Daniel Alonso, ante quien se había planteado un recurso de habeas corpus, quien se abocó de inmediato y rechazó la presentación.

Pero más allá del derrotero judicial del DNU, el proceso de convalidación o rechazo de la norma debería activarse en el Congreso. A tal efecto, la norma fue remitida a las cámaras, conforme al trámite previsto. No obstante, el tema no está incluido en la agenda del período extraordinario de sesiones, por lo cual habría que esperar hasta el 1 de marzo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Archivo El Litoral

A la vez, tampoco está constituida la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es la que debe dictaminar para que después el DNU llegue al recinto.

Finalmente, para que prospere el propósito de la oposición más crítica de dejarlo sin efecto, el DNU debería ser rechazado por ambas cámaras. Con una sola que lo avale, quedará firme.

Por ello, el gobierno intenta asegurarse el respaldo del PRO y radicales aliados, para blindarlo cuanto menos en el Senado. Con ello sería suficiente, pero eso no evita que el interín se sucedan los cabildeos y las especulaciones sobre cuál vaya a ser la postura del partido amarillo.

Entre tanto, desde el pasado 30 de diciembre, los agentes de la SIDE están autorizados a detener a cualquier ciudadano, sin autorización judicial. Es el punto más controvertido de una normativa que, por otra parte, recibe severas objeciones por el hecho de avanzar sobre materia penal, una órbita que la Constitución Nacional veda al Poder Ejecutivo.

El decreto de necesidad y urgencia usa la palabra “aprehensión” por parte de agentes de inteligencia. Fuentes oficiales señalaron que lo que se quiso decir es que los espías están en condiciones de “frenar” a una persona, ya sea porque corre riesgo o porque está por obstaculizar involuntariamente un operativo del servicio de inteligencia.

Pero a pesar de las intensas gestiones para sostener el decreto, las voces oficiales para defenderlo públicamente escasearon. Sorprendentemente, fue la propia SIDE la que salió a hacerlo, en un hecho prácticamente inédito, al responder a través de una publicación en redes los términos de un crítico análisis publicado por La Nación.

Fue a través de un tuit oficial conocido el el 7 de enero. En esa comunicación, el organismo que encabeza Cristian Auguadra salió al cruce de varias de las afirmaciones periodísticas (y las cuestionó), pero no aludió de manera directa a la cuestión más controvertida, la habilitación a los espías para detener personas.

Según la SIDE, el artículo periodístico “contiene falsedades y busca generar confusión con interpretaciones malintencionadas y falsas”, que por lo mismo merecen una serie de “aclaraciones” que, textualmente, desgrana de la siguiente manera:

- El Decreto 941/25 no "corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia estatal", sino que introduce una serie de cambios orientados a fortalecer la integración del Sistema de Inteligencia Nacional para que pueda cumplir con su función esencial, que es producir información estratégica para asistir la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

- Las "acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia" están claramente definidas dado que se enumeran dentro del universo de amenazas a la seguridad estratégica nacional. Esto no incluye "militancia política o el periodismo" como dice quien escribe la nota, cuestiones expresamente prohibidas en el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional.

- El Decreto no "rompe un consenso básico de la democracia argentina" al reorganizar las áreas de inteligencia de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Por el contrario, se eliminan las tareas de investigación criminal de la SIDE (delimitando estas al Ministerio de Seguridad Nacional) y se termina con la duplicación de estructuras de inteligencia militar en el Ministerio de Defensa.

- El intercambio de información dentro de la Comunidad de Inteligencia Nacional es un pilar básico de la producción de inteligencia conforme a los estándares adoptados por las principales agencias de inteligencia del mundo. La inteligencia abarca distintos fenómenos y especialidades que son analizados por diferentes organismos del Estado, tales como la economía, los minerales críticos y las infraestructuras estratégicas.

- La reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo. Ejemplo de ello es la captura del principal dictador de la región y todas sus potenciales repercusiones, que ocurrió tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo.

Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE. Foto: @SIDE_Argentina

- La República Argentina requiere contar de manera inmediata con herramientas adecuadas que le permitan anticipar, prevenir y gestionar riesgos y amenazas que puedan afectar sus intereses estratégicos, su seguridad nacional y el normal funcionamiento de las instituciones.

Sobre el final de la publicación, anticipa que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa -pero menos urgente- en la que se está trabajando”.

Y a la vez, regaña a los autores de la nota de La Nación, haciéndoles notar que “escribir en un medio de comunicación reputable (sic) sobre cuestiones de inteligencia requiere conocimiento y especialización, por lo que sugerimos a aquellos periodistas interesados informarse en lugar de arriesgarse a publicar falsedades. Ante cualquier duda el equipo de comunicación de la Secretaría se encuentra a disposición”.

De hecho, el decreto preocupa también especialmente al periodismo, porque amplía el secreto y la responsabilidad por la difusión de información supuestamente vinculada a la seguridad nacional, aunque no establece ningún límite ni tiene claridad para señalar cuál sería esa información.

En tanto, el artículo del decreto que más controversia generó, y al que la respuesta de la SIDE no alude, reza textualmente que en “el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".

En el Congreso, en tanto, el trámite será lento. Recién después de que se elijan las autoridades senatoriales y se integre la comisión bicameral, comenzarán a correr los diez días hábiles que tiene esa comisión para expedirse sobre los DNU.

Cumplido ese plazo, y si la comisión no emitiera un dictamen, el plenario del cuerpo estará en condiciones de tratar el decreto de Milei, que reformó 40 artículos de la ley sobre el servicio de inteligencia que se aprobó en 2001 por amplia mayoría del Congreso.

En cualquier caso, con los condicionamientos que la reglamentación de los DNU (en una ley impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández, durante la presidencia de su marido Néstor Kirchner), son muy escasas las oportunidades en que se logró el rechazo parlamentario.

Tanto que el único DNU rechazado en 20 años fue uno de Milei también vinculado a la SIDE, en el que disponía un aumento de 100.000 millones de pesos para el servicio de inteligencia.

Se han presentado hasta ahora cinco pedidos de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia, que es donde se litiga contra las decisiones del Estado, para que ese decreto de necesidad y urgencia sea declarado inconstitucional.

Una vez que se haya conocido el fallo de un juez de primera instancia, cualquiera de los cinco querellantes podrá pedir un per saltum para apelar directamente ante la Corte Suprema. Será la propia Corte Suprema la que luego decidirá si aceptará o rechazará el per saltum.

En 2021, con los tres miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia ya formaban parte del tribunal (y también Juan Carlos Maqueda, que junto a Horacio Rosatti fue convencional constituyente), dejaron en claro que, desde la reforma constitucional de 1994, el Ejecutivo solo puede dictar DNU cuando el trámite parlamentario no se puede cumplir y el Congreso no puede sesionar. o cuando existe una situación grave que requiere de una urgente solución.

Miembros de la Corte Suprema de Justicia Nación.

En cuanto al contenido del decreto, si lo asume, la Corte deberá zanjar al menos dos controversias con la Carta Magna. La que dice que nadie puede ser detenido sin orden judicial, salvo en el caso de flagrancia (en cuyo caso, los agentes de seguridad deben dar aviso inmediato a la Justicia). Y la prohibición de que los DNU dispongan sobre cuestiones penales.

(Por Fiorella Carrión) - Este domingo, la 47ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda se llevó a cabo después de tres años de ausencia, lo que generó gran expectativa entre los participantes y los aficionados al deporte.

En cuanto a la seguridad, se destacó la implementación de drones para garantizar el buen desarrollo del evento. Este avance tecnológico mejoró la cobertura del operativo y marcó un hito al ser la primera vez que se utilizó esta tecnología de manera integral en una competencia de este tipo.

En este contexto, la Brigada de Drones del Departamento D3 de la Policía de Santa Fe desempeñó un papel fundamental en estas tareas, brindando soporte aéreo para el monitoreo y la seguridad de los competidores y del público presente.

Los drones vigilaron la salida y llegada de los competidores. Foto: Fernando Nicola.

En este sentido, Gustavo de Arriba, jefe de la división aérea de la Policía de la Provincia de Santa Fe, explicó a El Litoral el objetivo de su intervención.

"Brindamos prevención en lo que es la partida de la prueba, así como control de las embarcaciones; y en el arribo, desde que aparecieron los competidores hasta que salieron del agua. También se le brindó un soporte aéreo a las autoridades que iban a estar presentes en el palco de la premiación".

De Arriba destacó que la brigada no solo se ocupó de la salida y llegada de los nadadores, sino que también contribuyó a la seguridad del evento de manera integral: “Estuvimos en la largada, hicimos un servicio de seguridad y prevención, e hicimos el mismo trabajo en la llegada de la maratón”.

Según el jefe de la brigada, estos dispositivos se emplearán "en todo tipo de espectáculos públicos, eventos masivos y todo aquello donde se requiera el soporte o el apoyo de vuelo aéreo"

En este sentido, comentó que la división cuenta con la certificación y el manual necesarios para operar a nivel nacional y provincial, participando en tareas de prevención, inteligencia, gestión de catástrofes, incendios y búsqueda de personas.

Si bien los drones ofrecen un alto nivel de seguridad, también existen desafíos operativos a tener en cuenta. El subjefe de la división aérea, Gabriel Wagner, subrayó que “las inclemencias del tiempo” representan uno de los principales obstáculos, ya que condiciones como vientos fuertes o lluvias copiosas pueden poner en riesgo la operatividad de los dispositivos.

Los drones marcaron un hito en la seguridad del evento.

Además, la falta de zonas adecuadas para el aterrizaje también puede complicar las maniobras de retorno de los drones.

De esta manera, la implementación de drones en la Maratón Santa Fe-Coronda no solo marcó un avance en términos de tecnología, sino que también estableció un precedente en cuanto a la seguridad en eventos deportivos masivos.

Con la participación de la brigada aérea, los organizadores y las autoridades pudieron ofrecer una experiencia más segura para los competidores y el público presente, mientras que los drones, en su rol de apoyo aéreo, brindaron una mirada única sobre el desarrollo de la competencia.

El servicio de seguridad ruso fue implacablemente eficaz a la hora de detener a los opositores a Vladimir Putin, pero un tiroteo masivo cerca de Moscú lo tomó por sorpresa, planteando interrogantes sobre sus prioridades, recursos y recopilación de información.

Encargado de perseguir a los saboteadores ucranianos dentro de Rusia, de mantener controlados a los activistas contrarios al Kremlin y de desbaratar las operaciones de las agencias de inteligencia extranjeras hostiles, el FSB, principal organismo sucesor del KGB de la era soviética, no da abasto.

Eso, dicen exfuncionarios de inteligencia estadounidenses y analistas de seguridad occidentales, ayuda a explicar por qué puede haber pasado por alto otras amenazas, incluida la planteada por militantes islamistas, como Estado Islámico, que se atribuyó la autoría del ataque.

El FSB dijo que el atentado del viernes en la sala de conciertos fue "minuciosamente" planeado y que los agresores habían escondido cuidadosamente sus armas.

Putin afirmó el lunes que fueron islamistas radicales quienes perpetraron el atentado, pero dijo que Rusia seguía buscando entender quién lo había ordenado y afirmó que Ucrania tenía muchas preguntas que responder. Kiev niega cualquier implicación.

Cuando se le preguntó si el ataque representaba un fallo de los servicios de inteligencia, el Kremlin señaló que el enfrentamiento de Rusia con Occidente significa que las tareas de inteligencia no se están desarrollando de la forma en que solía hacerlo.

"Desgraciadamente, nuestro mundo demuestra que ninguna ciudad, ningún país, puede ser completamente inmune a la amenaza del terrorismo", admitió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que añadió que los servicios de inteligencia rusos trabajan sin descanso para defender el país.

El tiroteo del viernes, en el que murieron al menos 139 personas y 180 resultaron heridas, socavó una de las promesas que Putin hizo hace tiempo al pueblo ruso: garantizar la estabilidad y la seguridad.

Tanto si los hombres fueron contratados por el Estado Islámico, como afirman el grupo militante y Occidente, como si puede haber habido algún tipo de conexión ucraniana, como insinuó Putin -y Kiev negó rotundamente-, hubo señales de advertencia que no parecen haber sido tomadas en cuenta.

Según los analistas de seguridad, la forma en que se llevaron a cabo el ataque y la huida evidenciaba un amplio reconocimiento previo del lugar, y la prensa rusa publicó imágenes de circuito cerrado de televisión de uno de los agresores en una visita anterior.

El 7 de marzo, la embajada de Washington en Moscú emitió una alerta de seguridad a los estadounidenses, comunicándoles que estaba "siguiendo los informes de que extremistas tienen planes inminentes de atentar contra grandes concentraciones en Moscú, incluidos conciertos".

El 19 de marzo, tres días antes del tiroteo, Putin pronunció un discurso ante los jefes del FSB en el que rechazó lo que calificó de "provocadoras" advertencias occidentales sobre un acto terrorista.

John Sipher, que sirvió una temporada en Rusia durante su carrera en el Servicio Clandestino Nacional de la CIA, dijo que creía que el FSB pudo haber dejado pasar la advertencia porque estaba demasiado ocupado centrándose en las amenazas a Putin y su Gobierno.

La primera advertencia se produjo el 2 de marzo en el sur de Rusia, cuando las fuerzas especiales del FSB mataron a seis hombres armados a los que identificaron como miembros del Estado Islámico.

Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado, algo que Estados Unidos consideró creíble. El grupo difundió lo que dice que son imágenes del atentado.

Responsables estadounidenses afirmaron que habían advertido a Rusia a principios de mes de la existencia de información confidencial sobre un atentado inminente.

Cuando se le preguntó si los servicios de seguridad rusos necesitaban ayuda de Occidente, Peskov respondió: "Nuestros servicios especiales están trabajando de forma independiente, ahora no hay ninguna posibilidad de ayuda".

Peskov se negó a comentar sobre detalles de inteligencia, publicó la agencia de noticias Reuters.

Sin embargo, abundó que en conversaciones con otros líderes desde el ataque, otros jefes de Estado habían sugerido mejorar los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo.

La cooperación internacional es necesaria en la lucha contra el terrorismo, pero el diálogo está actualmente suspendido debido a la escalada de tensiones globales, planteó Peskov.

"La lucha contra el terrorismo es un proceso constante que requiere una cooperación internacional a gran escala, pero ahora, que estamos pasando por un período de confrontación muy tenso, esta cooperación no se lleva a cabo en su totalidad, no se lleva a cabo en absoluto", subrayó.

Pero el presidente Vladimir Putin no mencionó públicamente al grupo miliciano islamista en relación con los atacantes, que, según especificó, intentaban escapar a Ucrania.

Putin afirmó que algunas personas del "lado ucraniano" habían estado preparadas para animar a los agresores a cruzar la frontera.

Ucrania negó de inmediato haber participado en el atentado y el presidente Volodímir Zelenski ha acusado a Putin de intentar desviar la culpa del ataque a la sala de conciertos.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, puso en duda las afirmaciones de los Estados Unidos de que Estado Islámico, que una vez buscó el control de franjas de Irak y Siria, estaba detrás del ataque.

"Atención: una pregunta a la Casa Blanca: ¿Están seguros de que es el Dáesh? ¿Podrían pensárselo de nuevo?", preguntó Zajárova en un artículo para el periódico Komsomolskaya Pravda.

Zajárova sostuvo que Estados Unidos estaba difundiendo una versión para cubrir a sus "protegidos" en Kiev y recordó que Washington apoyó a los combatientes "muyahidines" que lucharon contra las fuerzas soviéticas en la década de 1980.

Estados Unidos tiene información de inteligencia que confirma la reivindicación de Estado Islámico, según afirmaron dos responsables estadounidenses el viernes.

Armada la polémica, terció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien sostuvo que todo apunta a que el ataque fue perpetrado por Estado Islámico.

Planteó entonces que sería "cínico y contraproducente" que Rusia tratara de culpar a Ucrania.

Francia elevó su alerta terrorista al máximo nivel tras los tiroteos en Moscú, imitando las conductas de Dinamarca, Suecia y España de la semana anterior.

El ejército de Estados Unidos confirmó este lunes que logró recuperar con éxito algunas piezas correspondientes al “globo espía” perteneciente a China que fue derribado el pasado sábado 4 de febrero.

Se trata de la primera de este tipo de naves que irrumpieron en el espacio aéreo estadounidense, previo a la aparición de las otras tres. El globo en cuestión sobrevoló casi una semana.

“Los equipos han podido recuperar una cantidad significativa de escombros del sitio, incluidos todos los sensores prioritarios y las piezas electrónicas identificadas, así como grandes secciones de la estructura”, declaró el Comando Norte del Ejército de EE. UU. en un comunicado.

Frente a las acusaciones de espionaje, desde Beijing argumentaron que se trataba de una estructura con fines investigativos en base a la meteorología, agregando que se desvió de su rumbo original “afectada por los vientos” y por tener “una capacidad de autodirección limitada”.

A pesar de la respuesta china y el actual hermetismo desde el gobierno del país norteamericano, lo cierto es que parte de la relación bilateral se resquebrajó tras la suspensión de la visita del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

“No descartamos nada”: qué dijo el Pentágono sobre el origen de los objetos voladores en Estados Unidos

Estados Unidos ha reconocido que aún se desconoce mucho sobre los objetos no tripulados más recientes, incluido cómo se mantienen en el aire, quién los construyó y si pueden haber estado recopilando inteligencia.

Aún no hallaron los restos de las demás naves.

Los tres más recientes desataron todo tipo de interrogantes, llegando a teorizar sobre el posible origen extraterrestre de los mismos. Desde el Pentágono y el NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) dejaron la puerta abierta.

Otro factor de cara a los resultados que podrían arrojar los estudios de los nuevos objetos voladores es la dificultad para derribarlos. El operativo del pasado domingo requirió que el caza F-16 de EE.UU. ejecutara dos disparos tras fallar el primero.

Emerio Agretti

El orden de progresión de los acontecimientos no quedó claro en un principio, aunque sí sus implicancias. La crisis en el Ministerio de Seguridad era un hecho anunciado, y solo faltaba ponerle fecha al alejamiento de los funcionarios que en su momento conformaban el equipo de Marcelo Sain, y que permanecieron allí (contra los deseos de Jorge Lagna) después de que el controvertido ex ministro se viera obligado a dejar el cargo.

La renuncia de una docena integrantes del gabinete de Seguridad, empezando por el propio viceministro, se conoció (y se mezcló) con los operativos del Ministerio Público de la Acusación en dependencias de esa cartera, en cuyo transcurso se encontraron carpetas con datos de personalidades de distintos ámbitos de la provincia, con datos abiertos, pero también encriptados.

Una lectura apresurada podría indicar que renunciaron como consecuencia del escándalo. Pero, conforme a lo que pudo establecer El Litoral a través de la consulta y chequeo con numerosas fuentes, la relación de causa y efecto no fue esa, sino la inversa: la salida de los funcionarios es lo que precipitó los operativos.

Según esta secuencia, la renuncia de los funcionarios que responden a Sain se habría definido a principios de esta semana, posiblemente a partir de la confirmación de que el ex ministro pasaría a jugar en el equipo nacional de Aníbal Fernández. Pero lo que apresuró los tiempos de los fiscales del MPA que estaban investigando denuncias contra Sain fue el dato de lo que estaba ocurriendo en las oficinas del Ministerio: una afanosa tarea de destrucción de papeles y registros, no solamente por trituración, sino también (conforme a lo que pudo establecer este medio), a través del fuego. El rápido desembarco de los fiscales impidió que la tarea se concretara, pero dejó abiertos al menos dos interrogantes: cuál es el contenido estricto de estas carpetas (que según las distintas fuentes consultadas por El Litoral consiste en datos ilegalmente recabados de políticos, empresarios, periodistas, gremialistas y funcionarios judiciales), y qué había en las que alcanzaron a ser destruidas y quemadas.

La otra pregunta necesariamente vinculada a éstas, y que en modo alguno modifica su gravedad, tiene que ver con cuál era el uso que se daba o se pensaba dar a esos datos. A legisladores de la oposición no les tiembla la voz para resumirlos en una sola palabra: “Extorsionar”. Con lo cual, las implicancias escalarían en gravedad no sólo política e institucional, sino lisa y llanamente judicial y penal.

Pero no es necesario comprobar ese extremo para que éstas se produzcan. El propio hecho de haber recabado y almacenado esos datos sin el respaldo de una orden judicial, ya de por sí entraña una violación a la ley penal (esto es, un delito). Concretamente, a la ley 25.520 (norma nacional a la que adhirió la Provincia), que en su artículo 4 prohíbe expresamente la realización sistemática de tareas “consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas”. La pena prevista en el Código Penal es de prisión, y el eventual delito se configura cada vez que la acción se lleva a cabo. Es decir, como mínimo, una vez por cada “carpeta”.

Esto en lo específico. Pero ya de por sí no escasean en el Código Penal las figuras que contemplan acciones de este tipo: violación de secreto, violación de datos personales, e incumplimiento de los deberes de funcionario público; todos ellos agravados por la cualidad del interviniente.

A mayor abundamiento, la ley de Inteligencia castiga con pena de tres a diez años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, al que “interceptare, captare o desviare indebidamente comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisiones de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos -estableciéndose la misma sanción penal para el que comunicare a otro, publicare o hiciere publicar su contenido-”.

En cuanto a Sain, las causas en cuyo marco se dispusieron los operativos (que no son “allanamientos”, por tratarse de una dependencia pública, sino “recabación de documentación”) lo involucran en denuncias por la compra irregular de armamento (cuestión sobre la que oportunamente informó El Litoral) y también por supuesto espionaje ilegal. Es decir que, llegado el caso, y en la medida en que los fiscales cuenten con elementos suficientes y el juez interviniente así lo considere, Sain podría ser imputado por cualquiera de ellas. En caso de que lo fuera por espionaje la gravedad es mucho mayor en términos punitivos, por los valores jurídicos puestos en juego y el rango de los derechos vulnerados.

En tal sentido, una de las fuentes consultadas por El Litoral fue también categórica a la hora de evaluar las hipotéticas derivaciones de los hallazgos. “Van a ir presos”, consideró. La investigación, en todo caso, sigue adelante. Las explicaciones aún se hacen esperar.