El equipo de hogares de convivencia intensificó esta semana los controles sobre estos lugares de alojamiento de adultos mayores, debido a la ola de frío que azota a todo el país.

Encabezando el equipo, la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, comentó que “en estos operativos especiales, la intención es corroborar que esos establecimientos cuenten con una calefacción adecuada para protección de las personas mayores allí alojadas”.

En las inspecciones también se observa si algún residente atraviesa un cuadro de salud propio de la estación y no ha tenido la asistencia médica correspondiente.

A raíz de estos operativos, los hogares de convivencia podrían ser pasibles de sanciones en caso de detectarse irregularidades.

Cabe recordar que se ha conformado un equipo interdisciplinario para intervención en los hogares de convivencia (Ordenanza 5707/23), integrado por Rocha junto a la defensora general Gabriela Del Castillo; la auditora regional de Salud, Sabrina Burgués; y las directoras de Industria y Comercio, Geraldina Morguen, y de Seguridad Alimentaria, Cecilia Bongiovanni.

También lo conforman las trabajadoras sociales Lorena Meritano y Georgina Paulich y el inspector Leonardo Ramírez.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con los operativos de detección de irregularidades con el objetivo de reducir el hurto de energía, en el marco del Plan de Disminución de Pérdidas No Técnicas. Cabe destacar que en los últimos 9 meses, con la nueva gestión provincial conducida por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini (a cuya órbita pertenece la EPE), los operativos de detección se incrementaron notablemente.“Lo más importante es que la tasa de eficacia está creciendo: en 2022, fue de 13 % y hoy estamos llegando al 20 %. Estamos convencidos que, para tener una empresa más eficiente, hay que aumentar los controles porque la energía que alguien consume y no paga, perjudica al usuario que sí paga su factura”, destacó Puccini.Sólo durante los meses de agosto y septiembre se realizaron 22.101 inspecciones en distintas zonas comerciales e industriales de Rosario, Santa Fe y Rafaela, detectando un hurto valuado en 632 millones de pesos en energía consumida y no registrada.“Los operativos se enfocan en detectar conexiones clandestinas y robo de energía, lo que representa una pérdida significativa tanto para la empresa como para los usuarios”, destacó el presidente de la EPE, Hugo Marcucci, quien agregó que ese monto “equivale al consumo mensual de 20 mil hogares”.En la ciudad de Rosario, se encontraron 3.126 irregularidades de 7.756 suministros verificados (40,30 %). Por su parte en Santa Fe, 1.054 de 12.334 (8,54 %) y en Rafaela 89 de 2.011 (4,42 %). La energía consumida y no registrada se estima cercano a los 4 millones de kW/h.Por último, Hugo Marcucci enfatizó en el control puertas adentro y afuera de la empresa: “Los santafesinos deben comprender que cada peso producto de fraude, es dinero que pagamos todos los santafesinos. Vamos a actuar con mucha firmeza frente a aquellos que roban a los ciudadanos. Esta gestión no sólo tiene el compromiso de hacer más eficiente el funcionamiento y los recursos de la empresa sino también de rendir cuentas, investigar hasta las últimas consecuencias y erradicar los circuitos ilegales instalados que tanto daño provocan”, concluyó.

Con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública del Gobierno de la Provincia, intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos. A partir de un balance ofrecido tras 9 meses ininterrumpidos de trabajos en este sentido, desde la Secretaría de Gestión de Registros se destacó que “los controles están dando resultados positivos permitiendo desarticular distintos eslabones de la cadena delictiva que implica estos ilícitos, que causan daño a la población y al medio ambiente”.

De este modo, remarcaron que en estos meses se realizaron 49 Inspecciones en la provincia, con 19 inspecciones en la ciudad de Rosario y también se trabajó en otras 17 localidades. En todos los casos, el resultado de cada operativo derivó en la clausura de cada desarmaderos y chatarrerías inspeccionada.

A su vez, indicaron que se secuestraron $ 32 millones y U$S 10 mil; se incautaron 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. Además, subrayaron que el total de los elementos compactados en ese período asciende a 700 toneladas. Entre lo secuestrado se encontraron, placas de cementerio, crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes y cables de electricidad y ataúdes, entre otros elementos. Como dato saliente, en Venado Tuerto, una chatarrería completa resultó decomisada por la Justicia y puesta a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar todos los elementos encontrados.

Como resultado de estas tareas de control, inspección y sanción, se evidencia un marcado descenso de los llamados a la línea 911 para denunciar este tipo de delitos. Teniendo en cuenta enero y agosto de este año como puntos de referencia, en Rosario se redujo un 76,34 % la cantidad de comunicaciones y en la ciudad de Santa Fe se registró una reducción del 80,38% en los llamados.

Las compactaciones realizadas se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la Provincia en relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran que estas acciones permiten controlar no sólo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos.

Las cifras señalan, asimismo, el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncias que ofrece la provincia a la población. Los controles se complementan además con tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de los comercios dedicados a estas actividades. Asimismo, tienen la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por estos comercios. Se busca así contribuir a una política del Estado tendiente a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios.

Efectivos de las comisarías 2°, 12° y 14° realizaron este jueves inspecciones en talleres mecánicos de motos ubicados en diferentes barrios de Venado Tuerto. Este tipo de operativos vienen desarrollándose con frecuencia, con el objetivo de tratar de detectar vehículos o motopartes con pedido de secuestro.

En esta oportunidad, con conocimiento previo del fiscal en turno, se realizaron los trabajos en talles situados en Avellaneda al 900, España al 2400; España al 1200; Eva Peron y Chile; Vuelta de Obligado al 1000; 3 de Febrero al 1200 y Uruguay al 600. En cada uno de estos establecimientos, los agentes tomaron contacto con sus propietarios y relevaron diferentes vehículos. Dichas medida arrojó resultados negativos.

Personal policial que presta servicio en las distintas dependencias de Venado Tuerto efectuó una serie de inspecciones en desarmaderos de esta ciudad, a los fines de determinar el destino del cableado que se viene sustrayendo del servicio de electricidad. La actividad estuvo monitoreada por el fiscal en turno y coordinada por jefatura de Zona 5.

“En los últimos días venimos recibiendo denuncias por robo del cables del tendido eléctrico, no sólo de las autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto sino de vecinos que también sufren la sustracción de cableado de sus domicilios, aprovechando cuando las viviendas están solas o en las obras de construcción, causando un grave perjuicio económico y también y -esto lo remarcamos siempre- poniendo en peligro su vida”, señalaron desde la delegación departamental del Ministerio de Seguridad.

En este contexto en la jornada de hoy se realizaron 4 inspecciones a desguazaderos o desarmaderos, con el hallazgo de una gran cantidad de cables y otros elementos usados en el sistema de electricidad en uno de los sitios inspeccionados, contando con la presencia de personal de la CEVT que los reconocieron como propios.

Personal policial visitó establecimientos ubicados en calle Marenghini, Turner y Santa Fe, con resultado negativo respecto a presencia de cables o cobre. En tanto que en un sitio de barrio Alejandro Gutiérrez se halló una importante cantidad de material, que el propietario aseguró haber comprado a bolsa cerrada.

En ellas hallaron fotocélulas, aisladores, Ignitor de alumbrado público, pedazos cables de 3×1/2, bases de fusibles, y morcetos. El poseedor de los elementos hizo entrega voluntaria del material, que fue devuelto al personal de la CEVT, informándose al CECOF de las actuaciones realizadas.

Participaron de los operativos personal de Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto, Comisaría 2°, Comisaría 12° y Comisaría 14°.

En el marco de políticas preventivas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y con el objetivo de poner coto a un delito que ocasiona pérdidas materiales a los ciudadanos y empresas de servicios, como lo es el robo de cables de electricidad, este jueves se realizaron inspecciones en chatarrerías donde se secuestró material probatorio.

El operativo estuvo a cargo del Jefe de Inspección 5ta Zona de Venado Tuerto, Mauro Herrera y personal de las Comisaría 2º, 12º y 14º de la ciudad de Venado Tuerto, con asesoramiento de personas idóneas de las empresas que han sido víctimas de los robos, a fin de determinar la procedencia del cableado inspeccionado. La medida se llevó cabo en cuatro locales donde se compra y vende metales y chatarrerías, distribuidos en distintos puntos de la ciudad y dio como resultado el secuestro de 25 Kg de cableado eléctrico, trifásico y monofásico de diversa procedencia. Las actuaciones fueron elevadas al fiscal en feria.

El Ministerio de Seguridad a través de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego y la Secretaría de Gestión Social e Institucional de la Seguridad, realiza inspecciones en las armerías comerciales del Dpto. General López, durante los días miércoles 22 y jueves 23 de septiembre. Las mismas son realizadas por agentes civiles y policiales, en coordinación con el Registro Provincial de Armas (Repar). La inspección consiste en constatar que las medidas de seguridad de los locales se adecuen a las normas respectivas, que los permisos administrativos estén vigentes, que no haya ninguna irregularidad en materia de habilitaciones municipales, y en general, que todos los movimientos comerciales respeten la normativa nacional y provincial en materia de armas de fuego y municiones.

Al respecto, el subsecretario de la Apvaf, Lautaro Sappietro sostuvo que “estás medidas son producto del trabajo mancomunado con municipios y comunas de la provincia y permiten profundizar las políticas que acentúan el control sobre la circulación de armas de fuego y munciones en la provincia”. En el mismo sentido señaló que “el Ministro Jorge Lagna impulsa de forma constante la agenda con gobiernos locales, lo que permite tener una cercanía con las diversas situaciones que atraviesa la ciudadanía”.

En el mismo sentido, el funcionario sostuvo que “a través de las inspecciones y el trabajo conjunto con gobiernos locales y ámbitos judiciales se logró dar cuenta de diversas irregularidades respecto al mercado de armas y municiones en otras localidades como Rosario y la ciudad de Santa Fe”. En el mismo sentido, el Secretario de Gestión Social e Institucional de la Seguridad, Bruno Rossini, manifestó que “celebra la posibilidad de poder trabajar con los gobiernos locales del departamento, desarrollando líneas de prevención desde el Ministerio”. Por su parte, el delegado del Ministerio de Seguridad Hernán Porta explicó que “través del Plan ‘Santa Fe libre de armas’ se continúan realizando talleres y capacitaciones entorno a la prevención ciudadana de las violencias con armas de fuego a lo largo del territorio provincial. Esto se suma al trabajo de las fuerzas en torno a la temática que tiene como resultado que desde la el 1ero de enero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 se registraron 5.496 armas de fuego secuestradas por fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Esta cifra equivale a un promedio de un poco más de diez armas de fuego secuestradas diariamente dentro del territorio provincial”. De esta manera, el gobierno provincial continúa y ratifica las políticas públicas tendientes a reducir la violencia armada, disminuir la circulación ilegal de armas de fuego en la ciudadanía y trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Departamento Operativo de Investigaciones Región 3 realizó inspecciones en talleres de las localidades de Sancti Spíritu, Amenábar y en la ciudad de Rufino. En la oportunidad se verificaron 26 motos y 8 motores, todos resultaron sin impedimento legal. La actividad estuvo a cargo de Luis Sánchez, jefe de AIC Rufino.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que continuarán periódicamente con las inspecciones que tienen como objetivo desalentar el robo de moto y el tráfico de partes, en un recorrido por las distintas localidades del departamento General López.

“Este medio de movilidad es uno de los más económicos y de fácil adquisición, y esto es algo que vemos en las calles. Su abundante presencia representa para los delincuentes una oportunidad excepcional para abastecer el mercado negro de las moto partes”, señalaron.

Aclarando luego que la ganancia de los “roba motos” no está en tratar de venderlas sino en desarmarlas y vender las partes: motor, ruedas, plásticos que integran el armazón externo, entre otros.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, llevó adelante operativos de fiscalización a comercios adheridos a la Billetera Santa Fe.

La finalidad de dichos operativos reside en realizar un seguimiento del uso de la herramienta y obtener aportes del sector comercial en general. También, alertar sobre su correcto uso poniendo el énfasis en la prohibición de efectuar recargos en los precios por el pago con Billetera Santa Fe. En este sentido, se visitaron comercios que recibieron denuncias ante la Dirección por presuntas prácticas abusivas.

Al respecto, la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, destacó: “El precio de los bienes es único. No puede haber diferencias para el pago de contacto efectivo, con tarjeta de débito, con Billetera Santa Fe o con tarjeta de crédito en una sola cuota”.

“Ésta es una herramienta que ha venido a acompañar al sector comercial, a promover el consumo y fundamentalmente, a cuidar el bolsillo de las y los consumidores. Debemos cuidar sus intereses económicos, garantizados por la Constitución Nacional. Para ello, debemos proteger y hacer valer esta herramienta Billetera Santa Fe como corresponde, a través de este programa las y los consumidores están eligiendo comprar en sus comercios de cercanía, lo cual ayuda enormemente al ecosistema local y al desarrollo territorial para que no tengan que movilizarse hacia otros lugares. Esto aporta al circuito económico local y permite que el dinero quede allí, en la región, y se reinvierta”, agregó la directora.

Asimismo Albrecht señaló: “Puntualmente en rubro medicamentos, es importante resaltar que el beneficio de la Billetera Santa Fe no reemplaza al descuento que corresponde por obra social. Si una farmacia cuenta con Billetera Santa Fe, debe utilizar dicho medio de pago para todas las compras, y sin ningún tipo de recargo”.

Las fiscalizaciones se realizaron en 177 comercios de las localidades de Reconquista, Santa Fe, Rafaela, Humberto Primo, Laguna Paiva, Lehmann, Gálvez, Rosario, Cañada de Gómez y Firmat. Los principales rubros fiscalizados fueron locales de venta de alimentos, de indumentaria, farmacias y perfumerías, en donde efectivamente se encontraron diferencias entre el precio de contado y el precio a abonar con Billetera Santa Fe.

Los inspectores indicaron a los comercios la manera correcta de exhibir los precios y la modalidad de operar con los diferentes medios de pago, teniendo como referencias las normativas que competen en la materia. Además, explicaron que, ante reincidencias en dichas conductas, podrían recibir sanciones y ser pasibles de exclusiones del Programa Billetera Santa Fe.

En cuanto a las fiscalizaciones Albrecht aclaró: “En esta oportunidad hemos detectado 13 comercios que aplican recargo. Lo que sucede es que muchos de estos incrementos se detectan una vez realizada la compra, por lo que la infracción se detecta insitus. Cabe aclarar que, por tal motivo, estamos incentivando los controles a fin de defender los intereses de las y los usuarios”.

“Ante los reclamos recibidos por los usuarios del programa Billetera Santa Fe estamos realizando las inspecciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la herramienta, evitando prácticas abusivas. Además recordó que “el programa cuenta con más de 600.000 usuarias y usuarios y que ya es un hecho, como indicó el Gobernador Omar Perotti, que Billetera Santa Fe seguirá durante toda la gestión. Por ello debemos garantizar que se cumplan las condiciones del mismo”, concluyó la funcionaria.

Ante reclamos por inconvenientes técnicos en el uso de la App, las y los consumidores deben dirigirse a info@pluspagos.com , y ante potenciales conductas abusivas pueden reclamar en:

La Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, al 0800-555-6768 (opción 3) o ingresando al siguiente sitio: https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=127547

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/259414/1365404/file/OMICS%2016SEP2020.pdf

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) efectuó inspecciones en cinco talleres de motos de Venado Tuerto, según lo dispuesto oportunamente por el ministro de Seguridad Dr. Jorge Lagna, en el marco del Art. 10 inciso. d) de la LOP.

Las inspecciones se realizaron en cinco talleres con resultados diversos. En los locales de Italia al 900, Almafuerte al 1600, Quintana al 1000, se inspeccionaron en total 23 motos, sin detectar en ellas ninguna irregularidad. En un taller de Larriera al 1400 se inspeccionaron 27 motovehículos, los cuales no presentaban impedimento legal alguno, similar situación que en otro local de Robert Matassi al 500, donde se verificaron seis unidades. En ambos casos los propietarios manifestaron que estaban tramitando la habilitación pertinente, por lo que se dio intervención a personal municipal a los efectos que correspondieran.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En la jornada de hoy, personal de la URVIII de Policía cumplimentó directivas ordenadas por el ministro de Seguridad Jorge Lagna, para la región cuyo objetivo es desalentar el robo y desmantelado de motos. En ese sentido el jefe de la Regional VIII Diego Bordón, dispuso que las fuerzas de seguridad realizaran inspecciones en talleres de motos de la ciudad de Firmat, tal como ya se hizo en las ciudades de Venado Tuerto y Rufino. Al respecto el delegado del Ministerio de Seguridad, Hernán Porta, recordó el carácter preventivo y rotativo de las inspecciones, ya que está previsto continuar periódicamente en otras localidades del Departamento. En la oportunidad se concurrió a ocho talleres, donde se inspeccionaron 58 motos y cinco motores, procediendo al cotejo de sus guarismos con la central 911 de la ciudad de Rosario y arrojando resultado negativo.

De los ocho talleres inspeccionados, solo tres contaban con la habilitación municipal, por tal motivo se solicitó personal de Inspección Municipal para labrar las correspondientes actas.

La actividad fue supervisada por el Subjefe de la U.R VIII, Subdirector Sergio Romero; jefe A.U.O.P, Subdirector Silvio Risso; jefe de A.I.C Renzo Salcedo, Subjefe de Comisaría 4ta de Firmat Torres D.; Subjefe Comisaría 13ra de Firmat, Rodríguez y jefe de Comando Radioeléctrico, Gómez E.

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]El gobierno provincial sancionará a más 140 empresas -entre comercios minoristas, mayoristas y fabricantes- por sumas millonarias, al detectar infracciones a los acuerdos de precios nacionales y provinciales en los operativos de inspecciones de oficio realizados entre marzo y abril.

Juan Marcos Aviano. Secretario de Comercio Interior y Servicios.

Así lo informó el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, que finalizó la semana pasada un operativo a partir de reclamos comerciales de sectores ligados a bienes esenciales, y mediante el cual recorrió supermercados, centros mayoristas y empresas industriales para detectar los desfases en la cadena de precios.

“Para constatar el cumplimiento de los acuerdos nacionales y provinciales, la Secretaría de Comercio Interior realizó en marzo y abril 81 fiscalizaciones, con 24 imputaciones por infracciones y están para la firma más de 140 sanciones millonarias”, informaron desde la dependencia que conduce Juan Marcos Aviano.

Las subas indebidas registradas llegaron, en algunos casos, al 115 por ciento por encima de lo establecido en la normativa del programa nacional Precios Máximos. Se llevaron a cabo inspecciones en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Esperanza, Santo Tomé, Rafaela, Reconquista, San José del Rincón y Laguna Paiva, entre otras. “Estamos en un momento de complejidad tanto a nivel comercial como de consumo. Las ventas no repuntan, los precios no encuentran referencia, y necesitamos del esfuerzo y la confluencia en el diálogo de los sectores privados y público, tanto a nivel nacional como provincial”, destacó Aviano.

También planteó que “en la provincia tenemos tres niveles de comercios a inspeccionar: las grandes cadenas nacionales, los mayoristas, y los supermercados que marcan tendencia y son de capitales provinciales. Con ellos articulamos acuerdos de precios, trabajamos Billetera Santa Fe, pero también monitoreamos juntos los movimientos de precios que se puedan generar; y si necesitamos actuar para corregir, lo hacemos”.

“Eso es lo que estamos terminando por estos días, un trabajo que iniciamos en marzo y ya queremos cerrarlo, porque con más de 80 inspecciones tenemos al 25 por ciento de los comercios con supuestos incumplimientos en los topes de precios que pueden aplicar en la canasta familiar básica”, enfatizó el funcionario.

Denuncias del consumidor

Por su parte, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, detalló que “en 2020 el consumidor fue más activo en el reclamo por precios y abastecimiento”.

Según indicó se recibieron “más de 9 mil denuncias, con un pico en abril, mayo y junio, lo que nos llevó a realizar más de 1.500 acciones de inspección a lo largo y ancho de la provincia en 43 ciudades y pueblos de Santa Fe”.

“No alcanza el esfuerzo de fiscalización sin el convencimiento de que nuevas referencias de precios se alcanzan con la participación de todos los sectores”, agregó Albrecht.

“Tenemos más de 140 sanciones para aplicar en minoristas, mayoristas y fabricantes, y la mayoría de ellas fueron anticipadas, informadas y con expectativas de que se solucionen en estos meses”, indicó la funcionaria y si eso no ocurre “vamos a disponer las sanciones económicas correspondientes, y en los próximos días serán notificadas”, detalló.

Desde el área de inspecciones y Comercio Interior de la provincia recordaron que toda la información sobre precios, regulaciones y controles, está disponible en los sitios de internet del gobierno nacional y del gobierno provincial.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]