La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la solicitud presentada por la AFA para trasladar su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires. La decisión se apoyó en un punto central: la dirección declarada, según el organismo, carece de respaldo real.

En su resolución, la IGJ sostuvo que en el lugar informado por la entidad no existe ninguna oficina, autoridad ni funcionamiento administrativo, por lo que desestimó el trámite y ratificó que la AFA continúa operando legalmente en su sede histórica.

El comunicado oficial subrayó que “la AFA continúa funcionando en su sede de la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires”, dando por inválido el intento de cambio de jurisdicción.

Además, el organismo advirtió sobre un cuadro más amplio y afirmó que el ente rector del fútbol argentino acumula “graves irregularidades” y mantiene pendientes administrativas que, según IGJ, no fueron regularizadas en los últimos años.

Entre los señalamientos, la IGJ indicó que la AFA no tiene aprobada la reforma de su estatuto y que adeuda la presentación de explicaciones sobre balances y estados contables desde 2017 hasta 2024, además de no haber presentado los estados contables de 2025.

También sostuvo que la entidad no canceló su inscripción en el Registro Público y que pretende convalidar decisiones tomadas en su última Asamblea fiscalizada por autoridades provinciales, cuando la normativa exige supervisión nacional.

En el tramo final, la IGJ calificó la maniobra como un “intento deliberado de eludir la Ley” y remarcó que no permitirá que ninguna entidad “sortee sus obligaciones legales mediante maniobras irregulares”, bajo el principio de igualdad ante la ley.

La Legislatura sancionó -con modificaciones- el mensaje del Poder Ejecutivo creando el organismo que unificará la fiscalización y registro de las personas jurídicas que se conformen en la provincia de Santa Fe. Ese organismo funcionará dentro del Poder Ejecutivo tomando como la base la actual Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) que absorberá las funciones que dentro del Poder Judicial viene cumpliendo el Registro Público de Comercio.

El mensaje del Poder Ejecutivo había sido votado por el Senado antes del receso invernal y este jueves, Diputados lo aprobó con algunas modificaciones y en forma inmediata la Cámara alta aceptó esos cambios y dejó sancionado un instrumento que apunta a agilizar los trámites de inscripciones de sociedades en Santa Fe.

La iniciativa tiene el fuerte impulso del ministerio de Gobierno e Innovación Pública cuyo titular, Fabián Bastía, habló el tema largamente con los bloques políticos. Es más, dos funcionarios de su cartera fueron ayer a la Comisión de Asuntos Constitucionales para disipar dudas y acordar algunas modificaciones. Es que entre martes y miércoles, legisladores oficialistas recibieron a colegios profesionales del Derecho y las Ciencias Económicas que plantearon algunas modificaciones que no hicieron al fondo de la cuestión. En definitiva, Santa Fe avanza hacia un camino similar al dispuesto por el gobierno nacional. Ya el ex gobernador Omar Perotti había presentado un mensaje en líneas generales sobre la materia que no había avanzado en términos legislativos.

En la votación en general, en Diputados, solo el bloque del Frente Amplio por la Soberanía votó en rechazo al proyecto y luego el interbloque justicialista se abstuvo en un artículo en la votación en particular y la libertaria Silvia Malfessi en otro. En cambio, en Senado hubo votación unánime en las dos ocasiones.

Fue Astrid Hummel (Pro) la encargada de exponer por el oficialismo y luego el radical Martín Rosúa el encargado de reafirmar algunos conceptos ante los cuestionamientos del bloque del Frente Amplio por la Soberanía. "La ley sancionada será para agilizar la inscripción de personas jurídicas y sociedades comerciales y para eso el Estado adapta sus órganos para facilitar la tarea de los ciudadanos", dijo la rosarina. "Es una ley para desburocratizar el Estado, mejorar la gobernanza y mejorar la calidad institucional", acotó Hummel. Luego recordó que hasta hoy coexisten la IGPJ dentro del Ejecutivo y el Registro dentro del Poder Judicial "coexistencia que no solo duplica trámites para crear una sociedad sino también significa una doble imposición tributaria. Nos enorgullece el camino tomado por nuestro gobernador", remató la legisladora del Pro.

La izquierda, a través de Carlos Del Frade, cuestionó la tendencia a la concentración de poder por parte del Ejecutivo, reforzado con esta norma y además reprochó al oficialismo de la Cámara que solo discute los temas que llegan desde la Casa Gris cortando toda iniciativa de la oposición. Sobre el final, Rosúa insistió que la ley simplifica trámites, agiliza la tarea dentro del Ejecutivo y traslada a ese poder una función que hoy tiene el Poder Judicial y que no tiene sentido que esté allí. "Nada tiene que hacer el Poder Judicial en tareas de registración o de control de personas jurídicas", subrayó el radical.

En la IGPJ se deberán inscribir las sociedades constituidas bajo alguno de los tipos sociales previstos en el Capítulo II de la Ley N° 19.550; Sociedades por Acciones Simplificadas; los contratos asociativos; transferencias de fondos de comercio; contratos de fideicomiso, y de cualquier otro contrato cuya inscripción registral corresponda por la normativa vigente; sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursal o cualquier otro tipo de representación permanente en la provincia de Santa Fe, constituyan sociedad en la República o adquieran participaciones societarias de sociedades inscriptas en el país; asociaciones civiles con personería jurídica; fundaciones; y los colegios profesionales y otras personas jurídicas no estatales, en los casos y con el alcance que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación.

La norma entrará en vigencia a los seis meses de promulgada en el Boletín Oficial con la posibilidad de que -por única vez- el Ejecutivo extiende el plazo por otros seis meses.

La Inspección tendrá toda la competencia en materia de fiscalización y de registro de esas sociedades. "La IGPJ debe actuar dando especial prevalencia al principio de celeridad y facilitación de trámites y con la premisa de no entorpecer la gestión, el gobierno y la sustentabilidad del correcto funcionamiento de las personas jurídicas; propender a la digitalización de los procedimientos internos, la simplificación de los trámites, la despapelización y los demás principios establecidos en la Ley 14256 de Gobernanza de Datos e Innovación Pública", señala el artículo 5.

La ley deja en manos de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de establecer las estructuras orgánico-funcionales de la Inspección garantizando el buen cumplimiento de las competencias asignadas, debiendo priorizar la capacidad técnica en la materia de quienes ocupen los cargos que se conformen.

La Cámara de Diputados pidió al Poder Ejecutivo que informe si se ha realizado una evaluación de impacto macroecónomico en el sistema de producción local ante la aprobación, del nuevo "Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones" (RIGI), por el Congreso Nacional. Se trata de una iniciativa que había presentado el justicialista Walter Agosto y fue llegó con dictámenes de dos comisiones. En la iniciativa original apunta a conocer los impactos y las implicancias jurídicas que llevarían a la restricción de potestades y competencias propias de la provincia.

El día previo a la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos donde el santafesino Luciano De Cecco es abanderado de la delegación argentina, la Cámara de Diputados resolvió entregarle un diploma de honor. La Cámara aprobó, sobre tablas, el pedido presentado por Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).

"Quienes tuvieron la posibilidad de conocer la historia de Luciano de Cecco, no sólo como un gran deportista y reconocido en el voley, que va a llevar la bandera argentina en las Olimpiadas, sino también porque quien conoce su historia personal sabe que es una persona que reivindica el valor de la vida, tiene un gran testimonio en contra del suicidio y de salud mental, una temática que abordamos tanto en este tiempo y que es importante conocer, y principalmente porque él habla del bienestar emocional que se tiene que dar en el deporte y el acompañamiento de la familia y los amigos para evitar el tipo de conductas que atentan contra la vida. Más allá del deporte, es una persona que merece el homenaje que va a recibir en esta Cámara", subrayó la autora.

La diputada provincial Georgina Orciani, entre otras actividades, sigue brindando asistencia técnica-jurídica y asesoramiento institucional con la finalidad de mantener actualizada la documentación y la personería jurídica de las instituciones. Desde que la legisladora puso en marcha este trabajo, 40 asociaciones civiles han podido desarrollar diferentes procesos de regularización ante la Inspección General de Personas Jurídicas, logrando muchas de ellas finalizar totalmente el proceso que les correspondía.

Este acompañamiento permite a las organizaciones de la sociedad civil ejercer sus actividades sociales en pleno cumplimiento de sus obligaciones legales y contables, facilitando de esta forma el cumplimiento del objeto social, rehabilitación de la CUIT, realización de trámites bancarios, entre otros beneficios.

“Vamos a seguir trabajando, proponiendo, elaborando y coordinando sobre los aspectos normativos y reglamentarios de las personas jurídicas, ya que ellas son indispensables dentro de las comunidades y merecen funcionar dentro del marco legal”, expresó Orciani.

Esta suma de acciones, enmarcadas en un proceso de acompañamiento en el buen funcionamiento de las personerías, permitió la regularización de asociaciones civiles destinadas a la atención de personas, clubes de barrio, bomberos, cooperativas escolares, bibliotecas, etc.

“El objetivo es llevar soluciones y herramientas para el buen funcionamiento de cada asociación civil, brindando una adecuada contención y cobertura a las necesidades de los interesados en constituir y mantener en vigencia entidades civiles”, precisó la isabelense.

“Resulta evidente que existe un importante sector de la población interesada en participar en instituciones de bien público, en restablecer asociaciones que ya se encuentran autorizadas a funcionar y en capacitarse e informarse sobre los distintos aspectos que rodean su funcionamiento. Las comunidades expresan su solidaridad, su acompañamiento y ayuda mutua, su disfrute y goce de actividades, a través de estas organizaciones, sin ellas el Estado no podría abarcar los derechos de todos y creo fervientemente que son indispensables, así como es indispensable nuestro acompañamiento. Desde nuestra oficina trabajamos apoyando a estas personas que se esfuerzan todos los días por la comunidad, sea a través de un club de barrio, un centro de jubilados o una cooperadora escolar”, cerró la diputada radical.

El gobierno de Teodelina firmó oficialmente el convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas -IGPJ- donde asume las tareas de certificación de firmas y documentación que las asociaciones civiles constituidas tengan que presentar ante IGPJ.  

De esta manera, las instituciones locales podrán llevar adelante los trámites requeridos para personería jurídica desde la comuna de forma gratuita. 

“Agradecemos a la diputada Georgina Orciani por la gestión y a la IGPJ de Santa Fe por su buena predisposición y ayuda”, expresaron desde el gobierno comunal.