Lo que eran Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Registro Público pasarán a conformar un solo organismo bajo la denominación Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC). Entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto, se realizarán tareas de migración de sistemas, reorganización de procesos internos y adecuación operativa, sin atención al público.

El lunes 1 de septiembre, se retomará esa ya bajo el esquema unificado y con nuevas funcionalidades digitales. A partir de entonces, los trámites podrán gestionarse de manera virtual, lo que permitirá agilizar procesos, reducir la necesidad de concurrencia presencial y ofrecer mayor seguridad y transparencia en las gestiones.

El organismo funcionará dentro del Ministerio de Gobierno, que conduce Fabián Bastia, bajo la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros a cargo de Matías Figueroa Escauriza y será conducido por Roberto Ryan.

La creación del RPJEC busca simplificar y modernizar los trámites vinculados a la vida societaria y comercial en Santa Fe. El nuevo organismo concentrará funciones que hasta ahora estaban divididas entre la IGPJ y el Registro Público, reduciendo tiempos, evitando duplicaciones y ofreciendo un servicio más ágil y eficiente. Este cambio no solo implica una reorganización administrativa, sino también un cambio cultural, orientado a superar la burocracia y reconocer el papel estratégico del registro en el desarrollo productivo de la provincia.

Entre las novedades se destacan la digitalización de procesos clave, como la presentación de balances y la inscripción de sociedades anónimas, que ya no requerirán doble trámite. Además, se garantiza la protección de datos personales y el cumplimiento de la Ley de Gobernanza de Datos, reforzando la transparencia y la seguridad de la información.

La transferencia se da en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 14.276 y su decreto reglamentario n.° 1021. Asimismo, se aclara que todos los trámites iniciados antes de la fecha de transferencia continuarán hasta su completa finalización por ante el Registro Público de Comercio con asiento en el Poder Judicial, por un plazo de seis meses, para luego trasladarse al RPJEC.

Este proceso se desarrolla en el marco de los programas de innovación de la administración pública Territorio 5.0 de transformación digital y Simple, de simplificación y desburocratización, con el objetivo de mejorar los servicios del Estado y favorecer la radicación de empresas y entidades civiles en la provincia.

En los próximos días se informarán los canales de atención virtual que estarán disponibles para profesionales y usuarios en general.

El Gobierno de Venado Tuerto a través de la Secretaria de Control Urbano continúa con el programa de retiro de vehículos y carrocerías abandonadas en la vía pública, bajo la supervisión de la Dirección de Inspección General que encabeza Esequiel Ruiz Cinalli.

Recientemente se retiró una carrocería de acoplado abandonada en la zona de Di Martino y Tucumán y un automóvil en Francia al 2500, mitigando así los problemas ambientales, de seguridad y visuales que generan esas estructuras deterioradas en los barrios afectados.

Un dato a considerar es que, en caso de tratarse de vehículos o carrocerías abandonadas de gran porte, concluido sin respuesta el proceso de notificación a sus titulares, el municipio debe afrontar con recursos propios la onerosa contratación de grúas, por lo cual se apela a la responsabilidad ciudadana.

Se considera vehículo en estado de abandono en la vía pública: la evidencia que no se ha movido por un tiempo prolongado, más de 15 días; si está en condiciones inservibles (ej. sin ruedas, sin puertas, sin motor y/o sin ejes); acumula residuos que generan un foco de infección, malos olores o fauna nociva; presenta signos claros de abandono, deterioro estructural, imposibilidad de circular por sus propios medios.

Los procedimientos se realizan bajo el marco de la Ley Nº11.856/2000 inc. b) donde expresa el retiro de lugares de dominio público, de los vehículos en estado de deterioro, inmovilidad o abandono que impliquen un peligro para la salud, o la seguridad pública o el medio ambiente.

Por denuncias de autos, autopartes o carrocerías abandonadas, comunicarse al 3462-520066 (Inspección General).

Como consecuencia de una inspección municipal y un allanamiento de fiscalía fue clausurada una empresa distribuidora de productos lácteos y mercadería en general acusada de falsificar con una máquina la fecha de vencimiento de la mercadería. El procedimiento se llevó adelante en la jornada de ayer miércoles y continuará durante este jueves.

A cargo de la investigación se encuentra el fiscal Horacio Puyrredón, quien accionó tras una denuncia presentada por las autoridades municipales de Venado Tuerto.

Historia del hecho

En la mañana del miércoles personal del área de Control Urbano municipal llevó adelante una inspección de rutina en la empresa ubicada en calle Uruguay en inmediaciones de Ruta 8.

Según fuentes oficiales consultadas por Sur24, en primer lugar, detectaron mercadería vencida y posteriormente observaron la presencia de una máquina “que en un principio la utilizarían para falsificar las fechas de vencimiento”, contó un funcionario que formó parte de la actividad.

En base a esto, se dirigieron al Ministerio Público de la Acusación a radicar la correspondiente denuncia. Fue así que el fiscal Horacio Puyrredón solicitó una orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juez Leandro Martín.

Desde el poder judicial incautaron la máquina, sellos, tiner, tintas y algunos productos aparentemente con la fecha adulterada.

El equipo en cuestión fue definido por una fuente del caso como “una especie de máquina vieja de cine, con dos carreteles”.

El lugar fue clausurado, y en la jornada del lunes se llevará adelante la correspondiente audiencia imputativa, donde el titular de la empresa será acusado de “delitos contra la salud pública” y violación a los artículos 289 y 290 del Código Procesal Penal, relacionados con la falsificación. En caso de comprobarse el mecanismo de adulteración, el acusado se expone a una pena mínima de seis meses y a una máxima de tres años, más la multa que establecerá el Tribunal de Faltas Municipal. 

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, comunicó a través de sus redes, que en la jornada de este lunes  “gracias a los controles bromatológicos que realizamos en la ciudad, se decomisaron 1608 kg de alimentos vencidos en un comercio mayorista del barrio Rivadavia” el cual luego quedó clausurado por infringir la ley.

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En este sentido, el mandatario local felicitó “el buen trabajo” del personal de Inspección General y Servicios Públicos “realizando los controles correspondientes, contribuyendo al cuidado y consumo de los alimentos mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

“Continuaremos visitando diferentes comercios mayoristas y minoristas para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y el buen estado de la mercadería”, advirtió y finalizó.

Más tarde, desde el municipio, el titular del área, Stefano Quaglia manifestó que se viene trabajando con una rutina de inspecciones programada en el marco de un esquema de controles sanitarios integrales.

“En esta oportunidad se llevó adelante una inspección, en donde se decomisaron más de mil kilos de alimentos no aptos para su consumo, entre ellos, productos de almacén tales como harina, bizcochos, budines, artículos de repostería, lácteos y fiambres entre otros”, detalló Quaglia.

Tras el operativo, el establecimiento mayorista fue sancionado con la clausura preventiva hasta tanto obtenga habilitación municipal.

En el procedimiento prestaron colaboración inspectores de las áreas de Industria y Comercio y de Inspección General, como así también personal de Servicios Públicos.

Sobre un total de 355 vehículos abandonados detectados por el Gobierno de Venado Tuerto e igual cantidad de notificaciones a sus propietarios, se logró que 235 fueran retirados voluntariamente por sus dueños.

A través de un detallado informe, la Dirección de Inspección General precisó que el 66% de las unidades notificadas fueron retiradas por sus dueños; el 19% siguen abandonadas; el 12% fueron puestas en funcionamiento y el 3% fue enviado al Corralón Municipal (11 unidades).

El director de Inspección General y Seguridad Alimentaria, Stefano Quaglia, precisó que “tenemos relevados en toda la ciudad 355 autos abandonados, de los cuales 235 fueron retirados voluntariamente del lugar por sus dueños, luego de recibir la notificación. Hemos tenido una gran respuesta por parte de los ciudadanos que entendieron esta problemática”. El funcionario puntualizó que este trabajo se lleva adelante en conjunto entre la Dirección de Inspección General y su par de Tránsito.

Por otra parte, Quaglia invitó a los vecinos que sufrieron el retiro de su unidad que asistan al Tribunal de Faltas para regularizar la situación, dado que cumplido un plazo específico fijado por las normativas vigentes se procede a la destrucción del vehículo a través del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom).

El director de Inspección General puso el acento en la problemática ambiental que generan estos vehículos: “Son un foco de contaminación porque las autopartes, como baterías y todos los componentes del auto, tienen un factor contaminante, por lo cual no deben estar abandonados en la vía pública. Actualmente tenemos unidades que siguen en estado de abandono, a pesar de estar notificados sus dueños, muchos de ellos con el plazo de diez días corridos ya vencido”.